Replantear las políticas de bienestar Dilemas y tensiones entre igualdad y diversidad

La transición tecnológica, la financiarización del sistema, la emergencia climática y nuevas y más complejas formas de desigualdad y exclusión social, ciclos vitales más largos y menos previsibles, concentración urbana y paralela despoblación en otros espacios territoriales obligan a repensar las políticas de bienestar, que fueron concebidas a partir de premisas estatalistas y homogeneizantes. Al mismo tiempo, plantean serios desafíos a la democracia y a las formas de participación política y social.

 

En su obra clave, La gran transformación, Karl Polanyi advertía, en un lejano 1944, que el profundo movimiento de mercantilización de la vida que se había ido generando a lo largo del siglo xix e inicios del xx tuvo como respuesta un contramovimiento, que demandaba protección frente a la pérdida de referentes y capacidades sociales capaces de compensar las dinámicas empobrecedoras y competitivas que el capitalismo generaba1. La renovada difusión del pensamiento y las reflexiones de Polanyi se vincula con la continuidad, con otros formatos y concreciones, de esos dos movimientos en la actualidad. Lo podemos constatar en la dificultad de los Estados para responder adecuadamente a las demandas de protección frente a las incertidumbres, penalidades, miedos y situaciones de empobrecimiento y exclusión que la Gran Recesión de 2008 provocó al agravar los efectos que el neoliberalismo y la globalización desregulada habían ido generando.

Recordemos que la sociedad industrial se caracterizó por una ruptura clara entre trabajo y subsistencia; por fuertes dosis de innovación tecnológica llegada «desde fuera» de las experiencias laborales cotidianas; por dolorosas transiciones de campo a ciudad; por reducción de formatos familiares; y por fuertes segmentaciones en la división sexual del trabajo. Se establecieron con mayor nitidez fases o etapas vitales que separan formación, trabajo y retiro o abandono de la labor asalariada. Fue entonces, a finales del siglo xix e inicios del siglo xx, cuando los poderes públicos asumieron progresivamente labores de protección y de sustentabilidad vital, como una forma de generar transiciones menos conflictivas y socialmente soportables. Las políticas públicas fueron conformándose como la respuesta institucional (bismarckiana primero, del Estado de Bienestar después) a la dimisión forzada de la familia/comunidad con relación a esas tareas de sostén y protección vital. De esta manera, con distintas concreciones y ritmos según los países y las diversas correlaciones de fuerzas, las responsabilidades sobre las (nuevas) «problemáticas» sociales se fueron trasladando de la esfera colectiva-social (familias, comunidad, barrio, lugar de trabajo) a la esfera institucional-individual (ayudas y subvenciones de los poderes públicos, compra/mercantilización de servicios) y se mantuvo al mismo tiempo la responsabilidad del individuo, la familia y la mujer sobre los aspectos de cuidado y atención, con la colaboración económico-sanitaria de los poderes públicos.

En los últimos años se reconfiguran muchos escenarios superpuestos, que generan un auténtico cambio de época, en el que se modifican tanto las trayectorias personales como las de carácter colectivo: transición tecnológica, financiarización del sistema, nuevas y más complejas formas de desigualdad y exclusión social, menores continuidades en ciclos vitales más largos y menos previsibles, estallidos de emergencia climática cada vez más frecuentes, concentración urbana y despoblación en otros espacios territoriales, y como consecuencia de todo ello, nuevos ejes de conflicto político y social.

En ese contexto, se pone más de relieve el desajuste entre esas nuevas complejidades y los sistemas de protección construidos por los Estados-nación con un fuerte contenido homogeneizador. Estos sistemas casan hoy mal con la exigencia de emancipación y autonomía por un lado, y de reconocimiento de la diversidad por otro2. Y es precisamente en ese escenario donde la necesidad de nuevos pactos sociales, que incorporen vínculos entre autonomía, igualdad y reconocimiento de la diversidad, se vuelve patente. Pero, al mismo tiempo, alcanzar estos pactos exige la colaboración institucional con entidades sociales y de acción comunitaria, así como renovar el protagonismo de las ciudades aprovechando el valor de la proximidad. De esta manera, por un lado, se revivifica el papel de las instituciones para reforzar la capacidad de defensa de las condiciones de vida y de subsistencia de la mayoría de la ciudadanía, y, al mismo tiempo, ello no impide poner en pie procesos y dinámicas mutualistas y comunitarias de protección y de cuidado desde abajo.

Políticas sociales y desigualdad persistente

Como sabemos, se tiende a relacionar el nivel de bienestar general de una sociedad con el nivel de desigualdad existente en ella. En este sentido, podríamos afirmar que las políticas de bienestar o políticas sociales son la expresión del poder organizado para responder de forma explícita (tanto política como administrativamente) a los efectos derivados de la economía de mercado. Se busca garantizar así a individuos y familias un mínimo de protección considerado como indispensable, reducir la inseguridad que generan ciertas contingencias recurrentes (enfermedad, falta de trabajo, vejez) y asegurar el acceso universal a ciertos servicios sociales considerados en cada momento y en cada sociedad concreta como indispensables. De esta forma, la existencia de políticas sociales implica el desplazamiento de ciertas áreas del conflicto social a la esfera de la acción pública en su sentido más amplio.

Sin embargo, conviene entender que el bienestar y la cohesión social no dependen solo de políticas sociales que interactúan entre Estado y mercado, o que su impacto no se limita a la mera corrección de desigualdades materiales. En primer lugar, debemos aceptar que el mercado no es el único espacio generador de desigualdades ni es la única esfera social más allá de los poderes públicos. El nivel de bienestar de una sociedad, así como la propia dinámica de actuación de las políticas sociales, se juegan de hecho en el complejo espacio formado por las esferas pública, mercantil, familiar y asociativa. Las políticas sociales, en este escenario, pueden favorecer o no ciertos procesos de mercantilización y pueden contribuir o no a desplazar al ámbito del Estado actividades previamente asumidas por las familias o el tejido asociativo o comunitario. Y puede también ocurrir que las actuaciones que se lleven a cabo terminen operando como factor de mercantilización o de privatización familiarista o comunitaria de funciones o acciones de bienestar anteriormente asumidas por la esfera pública.

Podríamos por tanto afirmar que las políticas sociales son, de hecho, espacios de gestión colectiva de los numerosos ejes de desigualdad (de clase, de ciudadanía, de género, etc.) que atraviesan las diferentes esferas (pública, mercantil, asociativa, familiar) que presentan las sociedades contemporáneas. En la bibliografía más divulgada sobre políticas sociales y Estados de Bienestar, no ha sido habitual tratar sobre las especificidades tipológicas de los modelos de países de Europa del Sur (España, Grecia, Portugal y en parte Italia) y América Latina. A partir de las transiciones democráticas en esos países y de la consolidación de sistemas políticos democráticos, se ha ido produciendo la lenta incorporación, con evidentes diferencias entre ellos, en el universo tipológico de las políticas de bienestar. Para algunos, el modelo de estos países se define sobre todo por los bajos niveles de gasto social, con regímenes de protección social y empleo que tienen incrustaciones social-caritativas.

Lo que constatamos, por un lado, es que los parámetros globales relacionados con pobreza, enfermedad, acceso a la educación y servicios de salud han ido mejorando en los últimos años gracias a la implementación (desigual y parcial, si atendemos a los diversos territorios del mundo) de las lógicas redistributivas y compensatorias ya mencionadas. Pero, por otro lado, los estudios de Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty y otros especialistas han puesto claramente de relieve que la desigualdad interna de los países y la desigualdad global entre ricos y pobres han aumentado, con graves problemas en términos de desocupación y de reducción de las posibilidades de ascenso social3. La globalización, la facilidad de movimiento de capitales y la falta de capacidad para hacer pagar impuestos a las grandes fortunas han roto o debilitado significativamente el pacto redistributivo que estaba en la base de las políticas de bienestar.

¿Tenemos las políticas sociales adecuadas para los tiempos en que vivimos?

Más allá de la pregunta retórica que encabeza este apartado, lo cierto es que, en ese nuevo escenario, marcado por la incertidumbre y la volatilidad, se va produciendo un proceso de reestructuración de las políticas sociales que tiene notables dosis de complejidad y presenta una dimensión múltiple, con ritmos distintos en diferentes áreas geográficas. Como hemos apuntado de forma esquemática al inicio de este artículo, desde diferentes ópticas se ha coincidido en caracterizar este ciclo de reestructuración como una fase de cambio del paradigma social de alcance similar al que representó la transición del Antiguo Régimen al Estado liberal-industrial, o de este al Estado de Bienestar en pleno fordismo.

Desde el punto de vista productivo, el impacto de los grandes cambios tecnológicos ha modificado en su totalidad las coordenadas del industrialismo. La mundialización económica, combinada con la facilidad de comunicación y compra a distancia, ha permitido el aprovechamiento de los costos diferenciales a escala planetaria, desarticulando empresas y plantas de producción. Palabras como «flexibilización», «adaptabilidad» o «movilidad» han reemplazado a «especialización», «estabilidad» o «continuidad». La sociedad del conocimiento y la comunicación busca el valor diferencial, la fuente del beneficio y de la productividad en el capital intelectual y en la conectividad, frente a las lógicas anteriores centradas en el capital físico y humano, pero al mismo tiempo genera precarización y reducción salarial de forma generalizada. Incluso lo que parece estar en juego es la propia concepción del trabajo como elemento estructurante de la vida, de la inserción y del conjunto de las relaciones sociales. En este sentido, las consecuencias más inmediatas de esta reconsideración del trabajo afectan en primer lugar lo que podríamos denominar la propia calidad del trabajo disponible y, en consecuencia, la capacidad del trabajo de seguir siendo el factor clave para la supervivencia y el bienestar. El capital se nos ha hecho global y permanentemente movilizable y movilizado, mientras que el trabajo solo es local, y cada vez es menos permanente, más condicionado por la volatilidad del espacio productivo. El proceso de terciarización ha sido también evidente, reforzado por el paso de tareas antes internalizadas en las industrias y ahora subcontratadas externamente. Por consiguiente, el valor final de un determinado producto incorpora el valor producido por una multiplicidad de figuras laborales que no forman parte de una misma organización: desde las que extraen las materias primas hasta las que las transforman inicialmente, las que diseñan o ensamblan, las que produjeron el software que alimenta la robotización o la logística de distribución, etc. La financiarización de todo el proceso obliga asimismo a integrar en el esquema de análisis los distintos intereses financieros que se asignan a cada fase productiva, y todo ello cruzado además por fronteras nacionales en las que se sitúan esas distintas fases de extracción-diseño-producción-distribución-financiarización. Lo que antes estaba integrado en el universo «fábrica-empresa» queda ahora tremendamente fragmentado y segmentado, a partir de la combinación de distintos regímenes laborales, tipos de contrato y salarios y, por tanto, hay una muy difícil articulación de los trabajadores frente a los intereses corporativos o patronales, a su vez, fragmentados y diversificados, pero todos ellos financieramente dependientes. El resultado final es una sensación generalizada de desprotección frente a los cambios que se van produciendo4. El desajuste entre esta situación y políticas sociales pensadas e implementadas desde otros parámetros y en otro contexto resulta palmario.

Un efecto evidente de todo ello es la proliferación de situaciones en las que determinados colectivos permanecen en situación de pobreza a pesar de estar trabajando. Es el caso de la pobreza laboral, encarnada por los denominados working poor [trabajadores y trabajadoras pobres] o in-work poverty [pobreza activa]. La concepción tradicional del empleo lo situaba como garante del bienestar de manera multidimensional y, en cambio, concebía la pobreza como básicamente ligada al desempleo y a la inactividad laboral5. De esta forma, los sistemas de protección diferenciaban a los colectivos construidos sobre la base de su relación con el empleo, descartando, de alguna manera, que podían acabar mezclándose. Las ayudas se planteaban para quienes no tenían trabajo y, habiendo cotizado, tenían derecho a esa ayuda. Las ayudas no contributivas o asistenciales estaban pensadas para aquellos no trabajadores que presentaban situaciones de necesidad.

Frente a la concepción tradicional de la pobreza entendida como la carencia de ingresos económicos suficientes, los estudios sobre la exclusión social aportaron una mirada multidimensional a las situaciones de dificultad. La exclusión social puede ayudar a describir con mayor precisión el carácter heterogéneo, multidimensional, procesual y estructural de determinadas situaciones de dificultad experimentadas en las sociedades contemporáneas6. Pero, en cambio, genera la necesidad de superar la lógica tradicional de las administraciones públicas de basarse en la jerarquía entre esferas de gobierno y en una división competencial, cuando, de hecho, acomodar la acción pública a la lógica de exclusión exige trabajar de manera más integral (entre esferas de gobierno) y transversal (entre espacios competenciales distintos). Y, además, todo ello funciona mejor si se actúa desde cerca de los problemas, mientras que en general se acostumbra tomar las decisiones significativas en políticas sociales en la esfera del gobierno estatal-nacional, lo que implica decidir desde lejos y, forzosamente, con lógicas homogéneas. Lo cierto es que la gran mayoría de los parámetros socioeconómicos y culturales que fundamentaron durante muchos años la sociedad industrial están quedando atrás, y ello es visible en todas partes. Asistimos a una época de transformaciones de fondo y a gran velocidad. Los vectores de cambio, en cualquier tamaño de la realidad, predominan sobre los factores de estabilidad. Los instrumentos de análisis y reflexión que hemos ido desgranando, y que dieron lugar a lo que se conoce como modelo fordista y keynesiano de bienestar, resultan cada vez más obsoletos. Tenemos problemas sociales específicos del siglo xxi, a los que tratamos de dar respuesta con conceptos y estrategias más propias del siglo xx, y en no pocas ocasiones utilizando instrumentos de administración y control más propios del siglo xix y la concepción weberiana del Estado.

Igualdad, diversidad, autonomía

Las políticas de bienestar se construyeron desde lógicas de respuesta a demandas que se presumían homogéneas y diferenciadas, y se gestionaron, como decíamos, de forma rígida y burocrática. Hoy, en cambio, tenemos un escenario en el que las demandas, por las razones apuntadas más arriba, son cada vez más heterogéneas, caracterizadas por una multiplicidad que parece requerir formas de gestión flexibles y desburocratizadas. Vivimos en un mundo en el que la cuestión de la diversidad como valor va a ser clave, y no podemos olvidar que muchas veces hay una cierta confusión entre igualdad y homogeneidad. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad, y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. Se puede tratar de mejorar los aspectos relacionados con la igualdad entre las personas sin por ello tratar a todo el mundo de la misma forma. Es esta una problemática que afecta a todas las edades y situaciones. Crece la exigencia de que se reconozcan las distintas maneras de ser persona. En cuestiones culturales, religiosas, lingüísticas, pero también de identidad y opción sexual, así como de consumo alimentario, o en decisiones que afecten a la salud y a sus tratamientos, aparece la cuestión de la diversidad.

Las aportaciones desde la perspectiva de la interseccionalidad han tratado de generar un marco en el cual situar las desigualdades sociales y de poder como un tema multifacético y cambiante. Las experiencias de desigualdad y de poder no son unívocas, sino que las identidades de género o las posiciones de clase o racializadas se cruzan y combinan con las distintas situaciones de poder existentes en cada momento o circunstancia. La aportación analítica esencial es que raza, género o clase no pueden ser entendidos como variables singulares, ni tan solo como elementos incrementales de desigualdad, sino como modalidades interconectadas de poder a través de las cuales reconstruir identidades, experiencias y prácticas7. De esta manera, se trató de evitar los problemas de invisibilidad que afectaban al colectivo feminista afroestadounidense en los años 808. Esta orientación exige atender la complejidad de las situaciones de desigualdad en momentos en que hay una exigencia de reconocimiento de las distintas opciones vitales que personas y colectivos ejercen cada vez con más convicción y fuerza, tratando asimismo de entender los escenarios de cambio y de fluidez de situaciones que contrastan con visiones más fijas y esencialistas. Ha crecido la influencia de esta orientación en el debate de las políticas sociales, aunque también se cuestiona que genera una gran fragmentación de situaciones y posiciones que debilita el eje central de conflicto, centrado en el sistema capitalista y su intrínseca consecuencia inequitativa9. La reconstrucción de derechos es prioritaria, pero conviene hacerla desde parámetros distintos a los que impulsaron los paradigmas de la segunda posguerra. Sigue teniendo plena vigencia y perentoriedad la construcción de escenarios de equidad que permitan compensar la desigualdad de condiciones (y, por tanto, la insuficiencia de la lógica de igualdad de oportunidades). Pero ello ha de hacerse compatible con las dinámicas de reconocimiento de la diversidad, ya que parece irreversible la exigencia de que cada quien tenga derecho a ser como quiera ser, siendo al mismo tiempo igual que los demás en su condición de ciudadano. Y todo ello desde el fundamento de la autonomía personal, una autonomía no desvinculada, articulada comunitariamente, para evitar lógicas de individualización sin compromisos ni responsabilidades. La conjunción de grandes cambios sociales genera, como hemos venido insistiendo, nuevas complejidades, y aumentan las incertidumbres. Los padecimientos del día a día de la gente no encuentran acomodo en sistemas de protección pensados e implementados en un escenario distinto, como el que caracterizó la segunda mitad del siglo xx. En muchos países del sur de Europa y de otras partes del mundo, la familia (y la mujer en especial) ha jugado un papel clave no solo de vínculo, sino también de cuidado, seguridad y protección, y se planteó de esta manera en la propia política social10. En la práctica, ello significó que el sistema público de protección no se ocupara de los cuidados, sino que los trasladara de manera informal a las mujeres11. La mayor calificación de las mujeres, la diversificación de los esquemas familiares y el aumento en la necesidad de cuidados como resultado de la mayor longevidad han ido generando una clara crisis en la posible continuidad de ese modelo familiarista. 

Estamos pues ante una crisis profunda de la organización patriarcal de los cuidados, que no es ajena al cambio demográfico. Por otro lado, la cada vez más plural composición cultural e identitaria de las sociedades contemporáneas es una nueva palanca de exigencia de reconocimiento de la diversidad. E incluso la crisis ambiental genera problemas de desigualdad e injusticia, al afectar más a poblaciones que se ven obligadas a vivir cerca de enclaves más vulnerables o que presentan más riesgos para la salud12.

Las crisis de la familia, el trabajo y la naturaleza, además del debilitamiento de la homogeneidad nacional en virtud del fenómeno global de la inmigración, tiene puntos en común y tiene, además, dinámicas que interactúan unas con otras. La conjunción de tales dinámicas va poniendo en aprietos a las respuestas estrictamente basadas en el mantenimiento de las lógicas tradicionales de las políticas sociales o las recetas neoliberales cada vez con menor recorrido. Se necesitan respuestas que reconozcan la interdependencia entre políticas sociales, políticas de necesidades básicas y políticas de sostenibilidad, en un marco general de reconocimiento de la diversidad. La aproximación interseccional puede ayudar a identificar mejor situaciones de exclusión y desigualdad y, al mismo tiempo, facilitar alianzas entre distintos sectores que, de no tener ese marco común, tendrían más dificultades en reconocerse y actuar de manera conjunta13.

¿Crisis de la democracia?

En definitiva, los interrogantes planteados son muchos y no solo afectan a los fundamentos y el despliegue de las políticas sociales, sino que además, por la propia concepción de la democracia como una forma de gobierno en la que el funcionamiento del sistema reposa sobre un «nosotros» común y equitativo, afectan a la misma democracia. La fuerte erosión de los valores democráticos de igualdad y, por ende, de representación, ante la dificultad de mantener la capacidad redistributiva y protectora de manera generalizada, por un lado, y la indudable capacidad de las elites financieras para influir en todo tipo de decisiones en cualquier parte del mundo, por el otro, han colocado al sistema democrático en una difícil situación. Si se sigue de cerca la bibliografía académica sobre el estado de la democracia en el mundo, se observa que ese tipo de afirmaciones no son en absoluto nuevas. La democracia es una sucesión de experiencias históricas que nunca ha tenido una vida fácil, y que siempre ha tenido que vérselas con multitud de adversarios. De hecho, como afirma Nadia Urbinati, la democracia nació al mismo tiempo que sus adversarios14. Pero si bien todo ello es cierto, también lo es el hecho de que últimamente han proliferado los ensayos que apuntan a que la crisis actual de la democracia es más bien aguda o incluso terminal15.

Las sombras que ese conjunto de reflexiones proyecta sobre el devenir democrático son muy importantes. La gente se siente más vulnerable, tiene más temor en relación con el futuro, no acaba de ver cómo colocarse en un contexto crecientemente segmentado, fruto de una explosión de diversidad, y no percibe que el mensaje que le llega desde el poder constituido muestre claridad y proyecte una perspectiva creíble y sólida. La situación es preocupante, en el sentido de que esa fatiga democrática puede verse reforzada y alimentada por quienes no tienen capacidades para hacer frente a la situación por sí mismos y simplemente confían en que las instituciones públicas sigan manteniendo su dinámica de protección. Pero precisamente esa lógica de protección es demasiado genérica y no logra dar respuesta específica a la diversidad de preocupaciones que emergen. La política sigue siendo necesaria en ese escenario aparentemente bloqueado. Una política que solo puede ser democrática si queremos evitar los autoritarismos de signo distinto, autoritario populista o jerárquico tecnocrático, pero autoritarismos al fin. La política democrática ha de recuperar capacidad de protección y ha de hacerlo de manera no jerárquica ni patriarcal. Deberíamos ser capaces de lograr salidas colectivas a las emociones individuales sin posibilidad de conexión. Vivir en igualdad no significa ser homogéneamente iguales, ni excavar sin cesar en lo que nos diferencia. Implica aceptar ese vivir entre semejantes, querer vivir en igualdad reivindicando mi ser distinto y aceptando el de los demás. Se trata de una democracia reforzada desde la aceptación de su complejidad y de una incertidumbre que nos ha acompañado siempre como género humano16.

En esa encrucijada, hay quienes apuestan por la necesaria complementariedad entre un capitalismo avanzado tecnológicamente y un sistema democrático que siga garantizando protección, un sólido sistema de derechos y libertades, y la promesa de un cierto ascenso social en términos de bienestar para las generaciones futuras17. Mientras que la tendencia a salidas autoritarias y de rechazo a una globalización y cambio tecnológico que se perciben invasivos y contrarios a las propias raíces se extiende como una reacción airada, que se expresa muchas veces en otros campos, como el emocional o en la propia identidad de género18.Las coordenadas estructurales que exigen la economía del conocimiento y la innovación digital no solo no deberían poner en cuestión el sistema democrático, sino que más bien nos harían ver la necesidad de sus valores y de la capacidad de equilibrio social que incorpora para poder desplegar todo el potencial de esos nuevos parámetros de desarrollo. La dinámica competitiva inherente al capitalismo, y más en momentos de «destrucción creativa» como los actuales, no es capaz de hacer frente a los problemas de decisión colectiva que se plantean en sociedades socialmente avanzadas. Y, al mismo tiempo, los grandes decisores de la esfera económica no pueden simplemente amenazar con marcharse a espacios más propicios y con menos exigencias democráticas y redistributivas, ya que la base de innovación y creatividad no es tan fácilmente reemplazable como lo fue en su momento la base laboral del fordismo. En la medida en que el avance hacia la sociedad digital necesitará de una gama nada desdeñable de políticas de regulación y acompañamiento, tanto «nacional» como global, esa interrelación entre democracia (con la componente de políticas de protección) y una economía plural, de mercado y social, no parece nada irrelevante19.

Frente a las emociones e infortunios, no son suficientes las buenas razones. Se necesita una dosis significativa de pasión, que plantee empatía y buen hacer frente a odio y acusaciones sin fundamento. Desde una lógica estrictamente racional, se apela a los intereses a la hora de defender propuestas e iniciativas, pero eso ya no es suficiente. Como dice Pierre Rosanvallon en su último libro20, vivimos una época en la que la realidad nos plantea una gran cantidad de retos y padecimientos vinculados a la supervivencia, que se expresan en situaciones de desprecio, de injusticia, de discriminación y de incertidumbre por las que pasan cada vez más personas. Frente a ello, el reforzamiento de la democracia exige apartarse de lógicas que refuercen y agudicen esos malestares y, al mismo tiempo, ir más allá de respuestas estrictamente tecnocráticas incapaces de conectar con tales experiencias negativas. Será necesario fundamentar una representación política más cercana, más fraternal y menos sistémica y delegativa. Representar a la sociedad, compartiendo esas penas e infortunios, haciendo presentes sus emociones y razones.

  • 1.
  1. Polanyi: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo [1944], FCE, Ciudad de México, 2004.
  • 2.

Nancy Fraser: «A Triple Movement? Parsing the Politics of Crisis after Polanyi» en New Left Review No 81, 5-6/2013.

  • 3.

A.B. Atkinson: Inequality: What Can Be Done, Harvard UP, 2015; T. Piketty: Una breve historia de la igualdad, Deusto, Barcelona, 2021; Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo: Buena economía para tiempos difíciles, Taurus, Barcelona, 2020.

  • 4.

Luca Ricolfi: Sinistra e popolo: il conflitto politico nell’era dei populismi, Longanesi, Milán, 2017.

  • 5.

Imanol Zubero: «Espectadores del dolor ajeno: una imagen no vale más que mil palabras» en Revista de Estudios Sociales No 57, 2016.

  • 6.
  1. Subirats (dir.): Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea, Fundación La Caixa, Barcelona, 2004; Miguel Laparra y Begoña Pérez: Procesos de exclusión e itinerarios de inserción, Fundación FOESSA, Madrid, 2008.
  • 7.

Fiona Williams: Social Policy: A Critical and Intersectional Analysis, Polity, Cambridge, 2021.

  • 8.

Kimberle Crenshaw: «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics» en University of Chicago Legal Forum vol. 1989 No 1, 1989.

  • 9.

Ibíd., p. 29.

  • 10.

María José Añón y Pablo Miravet: «Paradojas del familiarismo en el Estado del Bienestar» en Cuadernos de Relaciones Laborales vol. 23 No 2, 2005.

  • 11.

María Freixanet: «Género, relaciones, cuidados y cambios en la cotidianidad» en R. Gomà y Gemma Ubasart (coords.): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social, Tecnos, Madrid, 2021.

  • 12.

Ian Gough: Heat, Greed and Human Needs, Edward Elgar, Cheltenham, 2017.

  • 13.
  1. Williams: ob. cit.
  • 14.
  1. Urbinati: «Introducción» en N. Urbinati (ed.): Thinking Democracy Now: Annali Fondazione Feltrinelli, Feltrinelli, Milán, 2019.
  • 15.

Daniel Ziblatt y Steven Levitsky: Cómo mueren las democracias, Booket, Barcelona, 2021; Yascha Mounk: El pueblo contra la democracia, Paidós, Barcelona, 2018; David Runciman: Así termina la democracia, Paidós, Barcelona, 2019.

  • 16.
  1. Gomà y G. Ubasart (coords.): ob. cit.
  • 17.

Torben Iversen y David Soskice: Democracy and Prosperity: Reiventing Capitalism Through a Turbulent Century, Princeton UP, 2019, p. 257 y ss.

  • 18.

Birgit Sauer: «Authoritarian Right-Wing Populism as Masculinist Identity Politics: The Role of Affects» en Gabriele Dietze y Julia Roth (eds.): Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond, Transcript, Bielefeld, 2020.

  • 19.
  1. Subirats: «Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico» en R. Gomà y G. Ubasart (coords.): ob. cit.
  • 20.
  1. Rosanvallon: Les épreuves de la vie. Comprendre autrement les Français, Seuil, París, 2021.
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En la fotografía Hugo Torres y Dora María Téllez durante los años de la Revolución en Nicaragua 1979

El pasado sábado se dio a conocer la muerte de Hugo Torres, referente histórico de la revolución nicaragüense y preso político que, junto a otros opositores y activistas fue injustamente encarcelado a mediados de 2021 entre los que se encuentra la ex comandante guerrillera e historiadora Dora María Téllez, medida que muestra el verdadero rostro de la escalada represiva y autoritaria del gobierno Ortega-Murillo.

 

Conocido como “Comandante Uno” durante la Revolución de Nicaragua, Hugo Torres Jiménez recordó en un video publicado a días de su detención que, en 1974 arriesgó su vida junto con la emblemática combatiente Dora María Téllez para liberar a decenas de presos políticos durante la dictadura de Anastasio Somoza. No provoca más que indignación la situación de su fallecimiento y hay que hacer responsable al Gobierno de Ortega-Murillo de la muerte de Hugo Torres.

Efectivamente, Hugo Torres, en 1974, comandó un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre los que se encontraba Daniel Ortega y participó también de la famosa toma del Palacio Nacional, en 1978, junto a Edén Pastora, el llamado “Comandante Cero”, y la entonces joven comandante Dora Téllez. De héroe de la revolución nicaragüense de 1979 que terminó con la dictadura somocista, ahora estaba encarcelado bajo la falsa acusación de “traidor a la patria”, por oponerse al régimen de Ortega-Murillo.

Marcado por el reciente proceso electoral altamente cuestionado y realizado a la medida del régimen que ha concluido con el cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, Torres y un grupo de opositores fue blanco de la represión sistemática ejercida por Ortega. Una represión que tuvo su salto desde la crisis de 2018 que dejó decenas de jóvenes desaparecidos, centenas de muertos y exiliados, y que desde entonces solo fue en aumento con las detenciones del 2021 en adelante.

Es dentro de este cuadro represivo que se suma recientemente la condena a ocho años de prisión para Dora María Tellez, exguerrillera e historiadora acusada de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y a trece años para Léster Alemán, el joven universitario que públicamente denunció los asesinatos y la represión de las Fuerzas Armadas orteguistas, así como de otros presos del régimen político.

Torres, emblemático guerrillero, es el primer preso político de los arrestados en 2021 que muere en la cárcel de El Chipote, la prisión que como en tiempos de Somoza sigue sirviendo como campo de detención y tortura de disidentes al actual Gobierno. Familiares, activistas y diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las condiciones de deterioro en las que se encontraba Hugo Torres, incluso durante meses se desconocía el lugar donde se encontraba detenido y la manera en que se dio a conocer la muerte del referente histórico, ya que como asevera la también ex combatiente Mónica Baldotano, Torres “ingresó a prisión en condiciones óptimas”.

Hasta el momento la Fiscalía se ha limitado a hacer público que la muerte de Torres fue “por enfermedad”, sin embargo, se tiene información que “desde el 17 de diciembre, Hugo fue sacado de su celda con dolor, casi desmayado. Sin embargo, jamás hubo un reporte oficial al respecto”, reclamó Baldotano desde el exilio.

Mientras el Gobierno Ortega-Murillo mantiene en total hermetismo el proceso de más de 170 presos políticos, las voces de los exiliados y compañeros de Hugo Torres repudian la cacería orteguista contra los principales referentes del sandinismo y otros líderes opositores. Así lo hicieron los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua y premio Cervantes en 2018, desde Madrid, España. Es más, los juicios se llevan a cabo en las propias cárceles y no en las sedes de los juzgados respectivos como establece el mecanismo procesal.

La alerta se mantiene a nivel internacional, ya que en el caso de Dora María Téllez la Fiscalía podría solicitar una pena máxima de 15 años de prisión y la inhabilitación para poder acceder a cargos públicos. Como se sabe, la actual condena por ocho años resuelta de manera exprés en menos de siete horas es parte de una práctica de aleccionamiento para más de 47 opositores, cuyo objetivo fue eliminar toda competencia ante a los comisos de noviembre pasado y perpetuar su poder. Así, el juicio de la emblemática guerrillera ha seguido la misma dirección de los primeros cuatro opositores procesados a inicios de febrero: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil.

Diferentes medios internacionales han destacado los pronunciamientos de organismos como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para condenar la muerte del activista. Sin embargo, son estas mismas instituciones los que han intentado montar el “Diálogo Nacional” junto a la oposición burguesa incluyendo a los sectores empresariales en miras de ablandar sin éxito la actual gestión de Daniel Ortega por medio de “sanciones internacionales".

Contrario a ello, en los hechos avalaron un proceso electoral viciado, restrictivo ante posibles candidatos presidenciales y antidemocrático, así como la presión que viene ejerciendo dicho organismo para aprobar una reforma electoral que en nada resuelve las demandas del conjunto de trabajadores y pueblo nicaragüense.

El imperialismo estadounidense, tanto con Trump como su continuador Biden, han tenido una política ofensiva de sacar partido de la crisis en Nicaragua y del repudio a Daniel Ortega y Rosario Murillo, alentada también por referentes opositores nicaragüenses de la burguesía local, que con un discurso demagógico de “democracia”, busca recuperar terreno en el país centroamericano.

Estados Unidos por lo que menos está interesado es por las libertades democráticas en Nicaragua, basta ver todo su historial de invasiones e imposición de gobiernos, incluso dentro de su propio territorio. Recordemos que antes que explotara la crisis económica a mediados del 2017 el propio Ortega era funcional a los intereses del FMI y de importantes grupos económicos que se beneficiaban de las políticas orteguistas a través de sus pactos incluyendo a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, mientras los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de Nicaragua se hundía en la miseria y era reprimido cuando peleaba por sus demandas.

El régimen orteguista ha venido consolidando su poder en los últimos años, sobre todo luego de la brutal represión a la rebelión popular de abril del 2018 que se extendió por tres meses con un saldo de casi 400 asesinados, miles de heridos y centenas de detenidos, y más recientemente con la ola de detenciones y las cuestionadas elecciones presidenciales que se acaban de realizar. Ese es el rostro represor del orteguismo que quienes más lo han venido sufriendo son los obreros, los campesinos, la juventud y las grandes mayorías populares, que han sido las verdaderas protagonistas de las rebeliones.

La escalada autoritaria y altamente represiva del gobierno Ortega-Murillo se ha ido acentuando y ahora da un salto con un control completo de todos los poderes del Estado, desde la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional y con el apoyo completo de las Fuerzas Armadas y de las policías.

Por ello en Nicaragua hay que pelear por la defensa de las libertades democráticas y repudiar lo sucedido con Hugo Torres. Hay que estar por la libertad de los presos políticos, siendo que el grueso lo ocupan centenares de detenidos de la rebelión del 2018, la gran mayoría oriundos de los gruesos sectores obreros, populares, campesinos, de la juventud, a los que se fueron sumando las detenciones de antes de las elecciones presidenciales. También hay que pelear por el más pleno derecho a la libertad de expresión y de asociación social, política y sindical.

Desde la red internacional de La Izquierda Diario y grupos que lo impulsan condenamos las condiciones que llevaron a la muerte de Hugo Torres dentro de El Chipote; desde la desaparición que por semanas mantuvieron contra él y otros detenidos, violaciones a las garantías más elementales, incomunicación, así como reiterar que se trata de un crimen político, sumándonos a la exigencia por la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos que mantiene el gobierno de Ortega-Murillo en el país.

Por Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Publicado enInternacional
Jueves, 17 Febrero 2022 05:12

S.O.S Nicaragua

S.O.S Nicaragua

La agitada frecuencia con que ocurren los acontecimientos en Nicaragua y la inusitada rapidez con que la nueva noticia se superpone a la anterior, dificulta escribir una crónica o sintetizarlos, pero cada suceso ratifica la decisión de la dictadura Ortega-Murillo de atornillarse en el poder y perennizarse a punta de armas, represión y miedo. El régimen no es solo dictatorial, mucho menos autoritario a secas. Es sultánico, despótico, barbárico y fascista, como lo han calificado diversos politólogos.

Presos y presas de conciencia: hijos de perra del imperialismo

En comparecencia pública, el mismo día que el Consejo Supremo Electoral lo proclamó “ganador”, Ortega calificó a todos los presos políticos de hijos de perra del imperialismo.1 En consecuencia, ellas y ellos no solo están privados de su libertad, sino que permanecen en precarias condiciones carcelarias. Hasta el 31 de enero se listaban 167 en el contexto de abril 2018 y diez antes de ese año, entre ellos Marvin Vargas, primer reo de conciencia de esta dictadura.2

La brutal ola represiva inició en mayo de 2021 con el allanamiento de la Policía del local y segunda confiscación de equipos de trabajo periodístico de Confidencial; continuó con las capturas de siete precandidatos a la presidencia de la república, además, dirigentes políticos, empresarios, campesinos e integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales, dejando más de 40 presos, quienes, por más de 90 días, fueron sometidos a condición de desaparición forzada, sin ningún contacto con su familia y ahora enjuiciados por conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional.3No se les ha permitido recibir alimentos, libros, frazadas. Nada, violándoles sus más elementales derechos.

Hay, además, una saña particular con las mujeres de Unamos. A la mítica comandante guerrillera Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, se les ha mantenido en régimen brutal de aislamiento, en pequeñas celdas oscuras, sin ventanas y sin ninguna comunicación con los otros prisioneros.

En noviembre 2021, mes de la farsa electoral, ocurrieron más capturas. En esta ocasión, vinculadas al uso de redes sociales. Varios presos y presas fueron acusados usando la recién creada Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Putin.

El 25 de enero 2022, familiares de los presos de conciencia emitieron un pronunciamiento intentando tender puentes con el gobierno, por medio de lo que calificaron Proceso de unificación ciudadana, que iniciaría con la liberación de sus presos. Su declaración fue apoyada de inmediato por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que hasta entonces se había mantenido en total mutismo.

El régimen respondió a esta iniciativa con absoluto silencio y el 1º de febrero inició juicios con causas inventadas contra los detenidos. Fusilamiento judicial, los adjetivan algunos y simulación de juicios, los llama la defensora de DD.HH., Dra. Vilma Núñez, pues los procesos han sido realizados en centros de detención, sin que los abogados defensores hayan entrevistado a sus representados. Además, fueron enjuiciados a puertas cerradas, violando todas las normas jurídicas, actuando contra ley expresa, usando de testigos a policías y presentando como pruebas: Tuits, declaraciones en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales.

Hasta el momento se han realizado más de diecisiete de estas mascaradas, y todos han sido declarados culpables. A ocho ya les dictaron sentencia. El periodista y precandidato presidencial, Miguel Mora, dueño del Canal 100% Noticias, fue condenado a 13 años de cárcel, al igual que el dirigente estudiantil, Lester Alemán. Ana Margarita Vigil fue condenada a 10 años y Dora María Téllez a 8 años de cárcel. El martes serán víctimas de esta parodia otros siete presos políticos.

En medio de estos juicios, la opinión pública fue conmocionada por la muerte del héroe de la lucha antisomocista, Comandante Guerrillero y General de Brigada (R) Hugo Torres, sacado de su celda el 17 de diciembre, después de varias semanas de estar muy enfermo, con un deterioro que fue creciendo al punto de no poder moverse ni alimentarse por sí mismo. Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo y, a gritos de sus compañeros, fue sacado de la cárcel y llevado con rumbo desconocido. Así permaneció en manos de las autoridades policiales, hasta que el día 12 de febrero se conoció de su muerte. Durante dos meses no hubo respuesta a la pregunta: ¿dónde y cómo está Hugo? Después de su muerte no hubo ningún reporte oficial del día, hora, lugar y circunstancias en que ocurrió su deceso. Murió en condición de preso, en manos de las autoridades, sin que ninguna se pronunciara sobre el hecho.

Resulta paradójico, y hasta cruel, el hecho que su carcelero, Daniel Ortega, fue uno de los prisioneros políticos rescatados de la cárcel del somocismo por un comando sandinista del que Hugo fue uno de sus principales protagonistas. Hoy se está demandando que los organismos de DD.HH. puedan volver a Nicaragua, y sea creada una instancia independiente que investigue las circunstancias de la muerte de Hugo Torres, de quien no se sabía que tuviese ninguna enfermedad precedente.4

Por todo lo que está pasando con los presos, es correcto afirmar que Ortega ha superado en destrucción de la institucionalidad de la justicia, en brutalidad y en crueldad, al dictador Somoza.

Forzando espacios en la geopolítica

En diciembre 2021, una misión presidida por dos hijos de Ortega —Laureano y Rafael—se reunió en Rusia con el vicecanciller de ese país, Sergei Ryabkov, y firmaron acuerdos de cooperación en representación del gobierno de Nicaragua. Luego viajaron a China. En esos días, y de forma abrupta, el Estado de Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y abrió relaciones con la República Popular China. Acto seguido, el gobierno expropió ilegalmente todos los bienes muebles e inmuebles de Taiwán, de quien durante 15 años recibió donaciones y otros beneficios. En un traspaso arbitrario y bochornoso, todos los bienes fueron entregados a China.

La visita a Rusia coincidió con declaraciones de Vladimir Putin, quien afirmó que Nicaragua es un socio “muy importante” de Rusia, y felicitó a Ortega por su “victoria abrumadora” en las elecciones del 7 de noviembre, mundialmente declaradas una farsa. Con estos eventos, el régimen enviaba claras señales de búsqueda de nuevos accionistas para su empresa, en un concierto internacional que le es definitivamente adverso.

En enero 2022, en medio del aislamiento internacional, Daniel Ortega escenificó un acto carente de decencia al auto colocarse la banda presidencial. Con un desabrido y repetitivo discurso antinorteamericano, y con la presencia de solo dos jefes de Estado —Díaz Canel y Maduro— e invitados cuestionados como responsables de crímenes perseguidos por Interpol, Ortega y Murillo iniciaron un nuevo período presidencial que pretenden sea de cinco largos años más.

Cierre y confiscación de universidades5

Este proceso comenzó en diciembre 2021, con la supresión de la personería jurídica del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), y de la Universidad Hispanoamericana, ambas del mismo dueño y durante muchos años conocido como orteguista. Sobre estos cierres se ha especulado que están relacionados con conflictos internos en las propias filas del régimen. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, los bienes de esa universidad pasaron al Estado.

Después fueron canceladas cinco personerías jurídicas vinculadas a otras universidades, entre ellas, la emblemática Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua (UPOLI), fundada durante el somocismo, cuyos recintos fueron centros de resistencia en la sublevación popular de abril 2018.6 De inmediato y de manera arbitraria, la Asamblea Nacional confiscó todos sus bienes sin el debido proceso ni la indemnización que manda la Constitución, aprobó la creación de otras universidades y les otorgó los bienes de las canceladas. Luego siguieron las vinculadas con sedes norteamericanas, como Thomas More y Mobile.

La razia orteguista no se ha detenido ahí, pues han sido incrementadas las cancelaciones de personería jurídicas de otras organizaciones sin fines de lucro, incluida la Asociación de Mujeres “María Elena Cuadra”, importante organización social dedicada a la defensa de los derechos laborales de las mujeres que trabajan en las maquilas o zonas francas.

Volveremos sobre el impacto del cierre y confiscación de seis universidades y centros de formación superior. La dictadura apunta a dejar, como única alternativa de educación universitaria, los espacios e instituciones férreamente controlados por Ortega y Murillo. De esta manera, en Nicaragua se pone fin a la autonomía universitaria y al derecho de los estudiantes a una educación autónoma, no partidaria y, mucho menos, proselitista.

15 de febrero 2022

1https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/09/daniel-ortega-llamó-hijos-de-perra-a-los-presos-politicos-y-dijo-que-dejaron-de-ser-nicaragüenses/

2https://desinformemonos.org/los-gulags-de-la-dictadura-de-ortega/

3 Ley dictada en diciembre del 2020 con el propósito de tipificar ese nuevo delito.

4 Una semblanza de Hugo Torres aparece en https://www.confidencial.com.ni/opinion/hugo-torres-jimenez-heroe-de-la-lucha-contra-la-dictadura-somocista/

5 Por necesidad de espacio, solo adelantamos la confiscación de algunas universidades. Después serán objeto de un artículo especial.

6https://obreradelatecla.com/cinco-universidades-privadas-obligadas-al-cierre-tras-cancelacion-de-personalidad-juridica/

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Afectadas por la vacuna contra el covid-19: “Solo pedimos que se investiguen nuestros casos”

No son negacionistas ni antivacunas. Tampoco tienen ansiedad, como son diagnosticadas la mayoría. Un grupo de personas que han enfermado tras recibir la dosis cuentan sus síntomas, que se enmarcan dentro del cuadro de un posible covid persistente, tal y como van a investigar los especialistas de CIR Long Covid.

 

A Estrella R. le suministraron la primera dosis de AstraZeneca el 7 de abril de 2021. Un día después, el Ministerio de Sanidad y las comunidades suspendían la administración de esta vacuna en menores de 60. La decisión se tomaba después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmara la relación entre esta vacuna y casos “raros” de trombos. Estrella, quien trabaja en una ONG que atiende a población vulnerable en Madrid, asegura que lanzó la propuesta para que la plantilla fuera incluida en la tanda de vacunación del sector sociosanitario. Y lo consiguió. Quería protegerse a ella y al resto.

Tras la vacuna, fueron apareciendo efectos secundarios que en un primer momento consideró “normales”. “Me pasé durmiendo toda la tarde y al día siguiente tenía un dolor de cabeza horroroso”. Luego llegaron los episodios de dismenorrea, esto es, dolor durante la menstruación. Y luego un gran cansancio. Desmayos en el centro de salud. Sospechas de hipotiroidismo, aunque analíticas en orden. Despistes en el trabajo. Hinchazón en el cuerpo. Incoherencia al hablar. Mar de dudas. “Mi médica de cabecera lo achacó a salud mental. Me mandaron antidepresivos. Pero yo no me encontraba deprimida”.

Estrella iba todos los días a trabajar en bicicleta. Tuvo que dejarlo. No podía ni bajar a comprar. El 15 de junio comenzó una baja de larga duración. Y no ha podido volver a trabajar. “Nunca relacioné los síntomas con la vacuna. El 30 de junio me puse la segunda dosis y ahí se desbocó todo. Me tienen que traer a Albacete con mis padres porque ya soy incapaz de salir de casa. En Albacete se recrudecen los síntomas con vómitos espontáneos, estreñimiento total y una inflamación de todo el cuerpo con un cansancio que me deja en la cama”.

Estrella denuncia que la incomprensión por parte de su médica de cabecera de Madrid fue total. “No entiende que esté en casa de mis padres y de manera unilateral me dice que yo tengo que estar en Madrid, porque yo tengo que estar a su disposición. Que a mí no me pasa nada, que coma más sano y beba mucha agua y me da el alta. Intento por todos los medios parar esto, estaba en una cama sin poder moverme, me tendría que presentar en mi puesto de trabajo. Lo intento y ahí es cuando acabo ingresada en el hospital”.

Después llegó el verano, un desequilibrio en su microbiota y, ante la desesperación, en septiembre, un intento autolítico. Gracias a las redes sociales, tuvo constancia de la existencia de un grupo de Whats App con personas afectadas por la vacuna. Hace dos meses que forma parte de esta comunidad compuesta por 43 mujeres y hombres que comparten sus estados y se apoyan. No son negacionistas ni antivacunas. Solo piden que se investiguen sus casos.

Datos de farmacovigilancia

Según el último informe de Farmacovigilancia de la vacuna contra el covid-19, desde el inicio de la campaña  hasta el 9 de enero se han administrado en España más de 80 millones de dosis y se han registrado un total de 55.455 notificaciones de acontecimientos adversos, un 74% registradas por mujeres. De ellas, 11.048 fueron consideradas graves.

Según este informe, y para los cuatro tipos de vacunas, además de trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de la vacunación, se han notificado en su mayoría trastornos del sistema nervioso (cefaleas, mareos) y del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia). Para la vacuna de Moderna se reconoce además la notificación de casos de parestesia, un trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin estímulo previo, como el hormigueo. En concreto hay notificados 158 casos. Para AstraZeneca y para Janssen, se reconocen la manifestación de casos de mielitis adversa —una inflamación de uno o ambos lados de la médula espinal con un único caso notificado en España—así como síndrome de trombosis con trombocitopenia —niveles bajos de plaquetas en la sangre—, con la notificación de 1.809 casos a escala mundial. No hay datos de sus notificaciones en España.

Cuadro de covid persistente

Visión borrosa es lo primero que experimentó Marta, de 25 años, tras recibir la vacuna de Pfizer el pasado 11 de julio. No habían pasado diez minutos cuando empezó a marearse. Hacía calor pero ella sentía frío. “Me eché la siesta con un edredón. Al día siguiente cuando me levanté me empezó a doler el pecho. Estaba muy fatigada y tenía palpitaciones”. Taquicardias que le acompañaron hasta la oficina donde su jefa la recetó teletrabajo. Tras cuatro días así decidió llamar al médico. “Tuve que agarrarme a las paredes para poder bajar a la consulta. Me hicieron un electro, todo estaba bien. Tenía la tensión alta, me mandaron al hospital con el corazón a 130 pulsaciones”.

Y así es como empezó su periplo médico en el que, además de ser diagnosticada con ansiedad como Estrella, ha sido derivada a diferentes especialistas. Del cardiólogo ha pasado al neurólogo y al médico internista. “Empezaron los síntomas neurológicos, las pérdidas de memoria. Estaba desubicada, me echaban la bronca en el trabajo. Tenía dificultades para decir palabras y espasmos musculares. Me hacen pruebas, me mandan de urgencias para descartar una trombosis porque me da un valor de coagulación altísimo. Me mandan a neurología y dicen que estoy perfecta”. Asegura que la mayoría de médicos han visto una posible relación con la vacuna. De hecho, la recomendaron paralizar la segunda dosis.

Marta, que también forma parte del grupo de Whats App de afectadas por la vacuna, ha recopilado diferentes investigaciones que vinculan sus cuadros clínicos con el covid persistente o Long Covid, enfermedad que atraviesan aproximadamente el 10% de individuos con antecedentes de haber pasado la infección por SARS-CoV-2. Entre ellos destaca un artículo publicado en la revista Science titulado “En casos raros, la vacuna contra el covid-19 puede producir síntomas de Long Covid”. En él se explica que el National Institutes of Health (NIH), en Estados Unidos, ya anda tras la pista.

Los síntomas más comunes del covid persistente casan muy bien con el cuadro clínico de las afectadas por la vacuna. En España, el Centro de Investigación y Difusión del covid persistente, CIR Long Covid, ya prepara ensayos clínicos al respecto. Lo confirma a El Salto el médico Francisco Mera Cordero, su presidente. “Los síntomas son muy similares a los de los pacientes con covid persistentes post infección. Astenia, niebla mental, dificultad para respirar, poca tolerancia al ejercicio, síntomas dermatológicos, neurológicos, dolor, hormigueos”, relata. Mera asegura que, si bien es necesario investigar el desencadenante, todo cuadra con una respuesta inmunitaria disfuncional, mediada por la proteína S, la proteína de la espícula, situada en la cubierta del virus.

Esta es la proteína que se inocula en el cuerpo con la vacuna, bien mediante fragmentos de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) o bien mediante un vector viral atenuado (AstraZeneca y Janssen). Después de la vacunación, las células comienzan a producir las partes de la proteína de la espícula. Esto hace que el organismo produzca anticuerpos y, en estos pacientes, lo haría de manera descontrolada. “A veces la respuesta inmunitaria no es apropiada y muy probablemente inducirá una hiperestimulación con autoinmunidad cruzada”, asegura Mera. Esto puede ocasionar que los anticuerpos ataquen a células sanas del cuerpo y se desencadena lo que se conoce como reacción autoinmune.

Desde el CIR Long Covid han detectado pocos casos, algunos con síntomas asociados a la vacunación desde marzo de 2021. Quieren conocer sus causas para buscar la solución a la dolencia de estos pacientes, por lo que tienen en mente realizar estudios clínicos donde una de las ramas sean pacientes con clínica de covid persistente post vacunal.

Sin diagnóstico en papel

Yolanda A. L. es profesora de Educación Infantil en Valencia. Tiene 44 años y lleva desde abril del año pasado de baja. El 27 de marzo le pusieron una dosis de AstraZeneca. Desde entonces no ha hecho más que coleccionar síntomas. “Tras los primeros síntomas considerados normales, tuve tres días sin nada. Al quinto día empecé con taquicardias, mareos, ahogos. Empezaron mis visitas a urgencias. He pasado por fases de parestesias, de dificultad motora, mareos, fatiga muscular, lapsus de memoria y desorientación. Algunos días he temido no despertarme de las sensaciones tan extrañas que tenía. Hoy sigo igual, no puedo ni tender la ropa”, explica a El Salto.

Igual que con Estrella o con Marta, los médicos recurrieron al recurso de los problemas mentales como desencadenante. “En el hospital me trataban como histérica, sugestionada, me llegaron a decir que había leído mucho. Me mandaron antidepresivos y para casa. En la primera quincena de abril me da la primera bradicardia, una bajada de pulso hasta 38 pulsaciones”, explica quien no vio más salida que acudir a médicos privados y buscar otras alternativas.

Belén, que ofrece nombre ficticio ante la incredulidad que le rodea en su trabajo, es sanitaria en Euskadi. Muestra a El Salto como, en su caso, durante una visita a la médica de cabecera se recoge  en el informe “reacción a la vacuna” como diagnóstico. “Me vacuno en marzo, a la media hora de ponerme Pfizer tengo visión borrosa, sensación de mareo y nauseas. Llego a casa y no recuerdo cómo. Me caí en el sillón y me quedé dormida. Me despierto a las tres horas y no me puedo poner de pie, agarrada por las paredes. Me fui a la cama hasta el día siguiente. Y ya nunca volví a ser la misma”. Aquel fue el inicio de una cascada de síntomas que han convertido su vida en un ir y venir de consulta en consulta, la mayoría de la privada, ante las listas de espera y la poca recepción que ha tenido su caso en la pública.

 “Llevo once meses sin diagnóstico, sin tratamiento y no viviendo, sobreviviendo”, asegura Belén. “A las personas a las que nos ha sentado mal la vacuna nos han dejado solas. O nos diagnostican de ansiedad para quitarse el muerto de encima. Y qué casualidad que lo que tenemos en común todas es que nos han vacunado y que casualidad que todas estamos con ansiedad”.

Más investigación

“Varios médicos me han dicho que mis dolencias pueden ser por la vacuna, pero sobre el papel nunca ponen nada. Hay una especie de tabú o de miedo a reconocerlo”. Patricia, una joven almeriense de 30 años, y afectada tras la primera dosis de AstraZeneca, resume así su recorrido por consultas públicas y privadas.

“Tras la vacuna, primero tuve la garganta dormida durante dos días. Después dolor de cabeza y mareos durante un mes, mes y medio. Después dolores de piernas e hinchazón, quemazón y todo tipo de sensaciones desde marzo hasta agosto. Después molestias y dolores en el bajo vientre y vejiga”. Por este dolor estuvo de baja dos meses. “Soy profesora y estaba impedida para estar de pie”, asegura. Hace cuatro semanas se contagió por covid y las molestias en la vejiga y los dolores en las piernas se recrudecieron. “Hay algo en el virus que a mí me hace reaccionar así”, concluye mientras espera un diagnóstico.

 “Nosotras lo que pedimos es que se investigue” expresa Estrella que hoy empieza a superar sus problemas cognitivos aunque continúa con los físicos y arrastra un microtrombo. “Entendemos que la vacuna se ha realizado en un contexto de guerra para salvar vidas pero el contexto ha cambiado, la muestra de población en la que se ha inyectado las vacunas es mayor y hay efectos que no se tenían en cuenta, que no han salido hasta el momento. La vacuna se testó pero con una muestra de gente mucho menor. Queremos que evalúen la vacuna para mejorarla”, sentencia.

Y repite que las afectadas y afectados están lejos del negacionismo. “Siento que tengo que estar hilando muy fino porque al decir públicamente que me fui a vacunar y me enfermé me meten en un saco en el que yo no estoy. Yo no digo que la vacuna sea mala, no tengo evidencia científica para poder afirmarlo. Tampoco la hay para que yo enferme a raíz de la vacuna. Pero somos unas cuantas y queremos salir del sótano”, sentencia.

Por Sara Plaza Casares

@SPlazaque
Coordinadora de Sanidad
en El Salto.

16 feb 2022

China: ¡Libertad para los Seis de Fujian! Carta abierta de un joven maoísta a las puertas de la prisión

Justo cuando comenzaba 2022, el mundo recibió la noticia de que el repartidor y organizador Chen Guojiang, conocido como Mengzhu (盟主), había sido liberado después de casi un año detenido. Pero la liberación de Mengzhu de ninguna manera significó la relajación del control sobre los activistas laborales, izquierdistas u otros disidentes en China. Justo cuando Chen fue liberado, salieron a la luz noticias sobre el destino de otros seis presos políticos.

A continuación publicamos nuestra traducción de una carta publicada el 4 de enero de 2022 por el escritor maoísta Yu Yixun (余宜), anunciando la noticia de su arresto formal y la sentencia contra otros cinco jóvenes izquierdistas con sede en Fujian que fueron arrestados la primavera pasada. La repentina detención de un grupo de oscuros maoístas es en sí misma un testimonio de estos años de fuerte represión contra los disidentes de todo tipo, especialmente contra organizaciones, redes y grupos afines de izquierda y de orientación obrera. Hace una década, la caída de Bo Xilai sacudió el suelo bajo los pies de los izquierdistas que simpatizaban y criticaban a Bo. A medida que se reducía el espacio para la discusión política a lo largo de la década de 2010, el Estado tomó medidas enérgicas contra las redes feministas, ONGs reformistas de apoyo a los trabajadorers, organizaciones LGBT+ y, por supuesto, la juventud marxista. Muchos izquierdistas habían decidido mantener un perfil bajo, hasta que un grupo de ellos hizo una demostración de fuerza audaz y, en última instancia, desastrosa en el conflicto laboral de Jasic de 2018.

Con los importantes riesgos de exposición pública que impiden cualquier intento de organización abierta, la izquierda clandestina de China (que sigue dominada por varios tipos de grupos maoístas1 ) ha sido completamente marginada, tanto que, de hecho, el arresto de los Seis de Fujian nos tomó a nosotros y a muchos en la izquierda china por sorpresa. ¿Quiénes son? ¿Qué han estado haciendo? En este caso y en otros, a veces parece que la policía rastrea a los activistas más rápido de que puedan formar redes importantes. Como resultado, las redes que existen se han visto obligadas a ser tan clandestinas que es casi imposible saber quién está en ellas y qué hacen, más allá de algunas pistan que dejan en internet.

Que quede perfectamente claro para cualquiera que defienda a la administración de Xi: el nominalmente Partido Comunista de China continua cantado alabanzas a Mao y Marx, mientras que al mismo tiempo persigue sistemáticamente a los activistas maoístas y marxistas más activos del país. Tomemos, por ejemplo, Qiu Zhanxuan, presidente de la Sociedad Marxista de la Universidad de Pekín, quien fue detenido por la policía como una "advertencia" en 2018 cuando se dirigía a celebrar el cumpleaños de Mao, y que fue detenido nuevamente en febrero de 2019, después de lo cual grabó un video diciendo que había sido torturado mientras estaba bajo custodia. Finalmente, en abril de 2019 desapareció por tercera vez mientras visitaba un distrito fabril “para experimentar la vida de los trabajadores”, y no se ha vuelto a saber de él desde entonces.

Es probable que nunca hubiéramos oído hablar de los seis prisioneros maoístas de Fujian si no fuera porque uno de ellos publicó la carta abierta que se traduce a continuación. Cualquier otra información que tengamos hoy sobre los Seis de Fujian son fragmentos en el mejor de los casos. Algunos están disponibles en publicaciones en foros de izquierda y grupos de Telegram, mientras que otras pistas provienen de capturas de pantalla guardadas antes de que pudieran eliminarse. Algunos de los detalles básicos del caso son confusos o inesperados, según lo que podemos encontrar en los documentos judiciales (archivados en RedChinaCn ). Estos muestran que cinco jóvenes relacionados con Yu fueron detenidos por la policía en Pingdingshan, Henan, el 3 de mayo de 2021, bajo sospecha del delito de "buscar peleas y provocar problemas".2 arrestados formalmente el 1 de junio y finalmente sentenciados el 30 de diciembre a hasta dos años de prisión.

Los documentos alegan que el grupo, al que se hace referencia allí como "Asociación de Cultura Roja" (红色文化会),3había registrado al menos 4 empresas y controlaba más de 20 cuentas de WeChat y 10 grupos de chat de WeChat, además de gestionar un sitio en la web. Los fiscales dijeron que los acusados ​​tenían un total de más de 30.000 amigos de WeChat y “publicaron artículos que mancharon la historia del partido”, produciendo más de 1.100 textos que generaron ingresos de alrededor de 170.000 yuanes (26.655 dólares estadounidenses), principalmente a través de pequeñas donaciones de los lectores a través de WeChat (打赏). Algunos de los artículos que presuntamente habían difamado la historia del PCCh incluían títulos como: “Históricamente, XXX es un traidor” y “¿Quién está incriminando a XXX: la verdad sobre el 50 aniversario del Gran Salto Adelante” (con los nombres de las figuras históricas omitido de los títulos). Si bien otros comentaristas en línea han señalado que las sentencias y los arrestos en provincias parecen inusualmente estrictos para un caso que no va más allá de publicaciones en línea,

La carta de Yu sugiere que el caso de los Seis de Fujian es solo la punta de un enorme iceberg de represión antiizquierdista que ha continuado en silencio, incluso cuando los medios internacionales perdieron interés en las consecuencias del Incidente de Jasic de 2018 y los arrestos posteriores de otros izquierdistas, sindicalistas,feministas en 2019. En el contexto de abogar por sentencias de prisión más cortas, Yu escribe: “Este año, en toda China, muchas personas como nosotros han sido arrestadas, pero todas sus sentencias han sido inferiores a un año”, citando un ejemplo de la cercana ciudad de tercer nivel de Xuchang. Nos preguntamos cuántos otros casos se han escapado en los últimos dos años, dejando poco o ningún rastro en línea. Sin embargo, esto también muestra que el sistema aún está lejos de ser hermético y que la gente no ha perdido la esperanza por completo. Todavía encuentran formas de reunirse y, presumiblemente, poner sus ideas en práctica fuera de línea. Si este grupo logró publicar 1.100 artículos subversivos leídos por 30.000 amigos en WeChat, nos preguntamos cuántos anticapitalistas, feministas y otros disidentes que tienen mas cuidado con su seguridad son capaces de operar sin atraer la atención de las autoridades.

Por ahora, ofrecemos la siguiente traducción con un grado de buena fe en la historia de Yu, templada con un grado de escepticismo sobre los detalles del caso y algo del lenguaje, que suena oficial como “rejuvenecimiento nacional” y la promesa de publicar artículos con más “energía positiva” en el futuro. El autor suplica explícitamente la clemencia de las personas con poder, por lo que tales frases pueden haber sido adoptadas con ese propósito en lugar de reflejar su propia ideología. Solo podemos hacer conjeturas por el momento, ya que los otros escritos de Yu han sido eliminados de Internet, y entre el amplio espectro de maoístas chinos contemporáneos hay muchos que adoptan posiciones nacionalistas.4 Sin embargo, en el contexto de las restricciones cada vez más estrictas del estado sobre el pensamiento crítico, creemos que esta carta resuena con la situación que enfrentan todo tipo de disidentes, y realmente cualquiera que exprese su descontento con la via capitalista en China hoy. Ilustra tanto la perspectiva sombría de quienes cruzan públicamente los límites oficiales como el hecho de que, sin importar cuán profunda sea la represión, siempre hay quienes continúan pensando, trabajando y organizándose bajo el radar. Chuang

10/02/2022

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Queridos camaradas 5,

Buenas noches a todos, mi nombre es Yu Yixun. Soy del condado de Minqing, Fujian. Mi número de DNI es XXXXXXXXXXXXXXXXX. Mi número de teléfono es XXXXXXXXXX.6 Soy el principal culpable entre los seis amigos rojos7 con base en Fujian que fueron arrestados al otro lado de las fronteras provinciales. El 30 de abril de 2021,El 8 de octubre fuimos detenidos por la Policía de Internet del distrito de Xinhua en Pingdingshan, Henan, bajo sospecha de “buscar peleas y provocar problemas” debido a la publicación de grandes cantidades de “información falsa” en línea.

Debido a una enfermedad, todavía no me han llevado al centro de detención y estoy temporalmente en casa.

Hoy es 31 de diciembre de 2021 (20:35). Es con profundo pesar que escribo esta carta, diciendo adiós a mis camaradas en toda China por el momento.

Esta mañana, cinco de mis seis compañeros fueron sentenciados, siendo la sentencia más grave de dos años de prisión, y las demás de menos de un año.

Desde que entré en el camino de la propagación del pensamiento de Mao Zedong en 2019, supe que llegaría este día. No hay nada de malo en propagar la cultura roja, así que tal vez el problema era que éramos “políticamente incorrectos”. ¿Por qué digo esto? Los amigos que a menudo leen mis escritos pueden haber adivinado algunas razones, ya que mientras propagaba el pensamiento de Mao Zedong, también comparé al presidente Mao con la segunda generación de líderes. No puedo negar que en el transcurso de tres años, bajo seudónimos como Sr. Bai Yun (Nube Blanca) y Sr. Wu Yun (Nube Negra), publiqué más de mil artículos desacreditando a cierto líder de apellido Deng, con alguna "influencia".

Según el estado, soy culpable de una serie de delitos que incluyen “buscar peleas y provocar problemas”, “distorsionar la historia” y “blanquear personajes negativos”.

Mirando hacia atrás, al principio porque leí muchos artículos antiguos de Deng Liqun.9 me sentí atraído por el pensamiento de Mao Zedong y desarrollé un gran anhelo por el socialismo de la era de Mao. Empecé a intentar comprender a Mao y aprender de él. Durante estos tres años de estudio me reuní con varios jóvenes que también estaban interesados ​​en la cultura roja.

Pero fue porque me escucharon que, en última instancia, todos llegamos a este final. ¡Les hice daño! Para mí, dos años en prisión pueden no ser tan aterradores, ya que puedo leer libros en el centro de detención y en prisión puedo escribir. Pero los demás aún son niños, por lo que será mucho más difícil para ellos sobrellevarlo psicológicamente.

Desde que fuimos arrestados el 30 de abril de 2021, estas palabras han estado ocultas en mi corazón. Hoy por fin siento algo de alivio al expresarlas.

Todos ellos son de familias pobres. Dos de las niñas pertenecen a una familia designada oficialmente como “empobrecida”, y su hogar está en las montañas. Por mis ideales de propagar la cultura roja, ahora están en prisión. Sus nombres [los seis compañeros, de los cuales cinco fueron arrestados] son: Zhang Zhijing, Qiu Pingqin, Yu Chaoquan, Qiu Pinghui, Huang Yao y Huang Xiaochun. Cuatro de ellas son niñas, la más joven, Huan Xiaochun, tiene solo 18 años. Qiu Pingqin y Qiu Pinghui son hermanas de la zona rural de Zunyi en Guizhou, de un hogar designado oficialmente como "empobrecido". Qiu Pinghui y Yu Chaoquan están casados ​​y tienen dos hijos en casa. Sus dos hijos aún son menores de edad, por lo que ahora deben ser criados por sus abuelos ancianos, que no gozan de buena salud. Lo más importante, aparte de Zhang Zhijing, ninguno de los otros había trabajado para mí durante más de tres meses.10

Durante estos últimos meses, he consultado con nuestro abogado sobre todo tipo de formas de defenderlos.11 Tenía la esperanza de que pudiéramos tener un juicio justo, pero eso no fue lo que obtuvimos al final. 

Este año, en toda China, muchas personas como nosotros han sido arrestadas, pero todas sus sentencias han sido de menos de un año, mientras que las nuestras se extienden hasta los dos años.

Me pregunto si sus sentencias de prisión no son demasiado largas.

En un caso similar este año en la cercana ciudad de Xuchang, cuatro camaradas fueron sentenciados a diez o seis meses cada uno, así que ¿por qué nuestras sentencias son tan largas? Todo lo que hicimos fue publicar nuestras opiniones en línea. Incluso si eso estuvo mal, ¿es justa una pena de dos años?

¿No es bueno que los jóvenes se preocupen por los asuntos nacionales? Incluso si sus palabras son radicales, creo que el [castigo] principal debería ser educativo, en lugar de apresurarse a aplastarlos con puño de hierro desde el comienzo.

¿Podría ser que [usted/ellos] quieren que todos los jóvenes simplemente se “tumben” (躺平), sin decir nada ni se preocupen por nada? Si las únicas voces que quedan en esta sociedad son solo aquellas que cantan alabanzas, ¿no sería eso algo horrendo para la nación en su conjunto? 

El secretario general Xi ha solicitado en múltiples ocasiones que estudiemos los nobles ideales de la generación anterior de revolucionarios, incluido Mao Zedong, a veces incluso citando dichos, poemas y anécdotas de Mao. Creo que finalmente ha llegado el mejor momento de que nuestra generación sea testigo del gran rejuvenecimiento de la nación china. Mis acciones al propagar el pensamiento de Mao fueron justas. Aunque mis opiniones llevaron a nuestra situación actual, ya que critiqué a cierto líder central de la segunda generación [es decir, Deng Xiaoping], después de todo esto solo puede considerarse una contradicción interna en el seno del pueblo. Si pudieran darme la oportunidad de hacer las paces y comenzar de nuevo, revisaría seriamente mis errores e insuficiencias del pasado, me mejoraría activamente y publicaría más artículos con energía positiva . .

Considero que el derecho penal es el tipo de ley más estricto, por lo que al aplicarlo debemos considerar el concepto de “modestia y moderación”. Es decir, debe evitarse el derecho penal a menos que sea necesario, en cuyo caso debe aplicarse con la mayor ligereza posible.

Tal como se expresa en el derecho penal, esto se denomina “el principio de que el castigo debe ser acorde con el delito y con la responsabilidad del delincuente por ese delito”.

Cuando la ley da paso a la tiranía (恶法), naturalmente pierde su autoridad y las acciones judiciales basadas en ella se ven comprometidas. Esto contradice los objetivos básicos del derecho penal.

La fuerza disuasoria del derecho penal no radica en la severidad del castigo, sino en la certeza (必然性) del castigo. Sería un gran error sustituir la certeza por la severidad.

Volviendo al tema de las penas de prisión [de mis empleados], en este caso, ¿el derecho penal ha perdido su intención original?

Un tribunal de justicia debe ser un lugar donde los sospechosos puedan sentirse cómodos. Si la decisión del tribunal fuera convincente, utilizando las leyes más apropiadas para llevar a cabo un juicio justo, ¿no ayudaría eso a la rehabilitación de los sospechosos? ¿No es el objetivo básico del derecho penal prevenir los delitos, más que castigar?

El presidente Mao dijo una vez: “Dejen que la gente hable, el cielo no se derrumbará”. Creo que los ministerios pertinentes han sobreestimado mi importancia. Solo soy un joven común nacido en la década de 1990 que publica algunos artículos en línea. El cielo realmente no se va a caer. Realmente me han tomado demasiado en serio.

Hoy tengo que escribir todas estas cosas para que todos puedan saber nuestra situación. Al menos dentro de unos años, alguien sabrá que hubo algunos jóvenes en Fujian que amaban a Mao Zedong, que estaban llenos de vitalidad, que se atrevieron a decir la verdad y que fueron a prisión con dignidad.

También espero que las amplias masas de amigos rojos evalúen qué significa "buscar peleas y provocar problemas": ¿es eso lo que hicimos? ¿Qué dice el artículo tercero de la Constitución?12  Si no puede resolverse un problema, ¿deberían ocuparse de las personas que lo causaron?

Para cuando se publique esta carta, probablemente ya no tendré comunicación. La siguiente parada es el centro de detención, luego la prisión. ¡Pero no tengo miedo! Si esta confesión (呐喊) puede ayudar a mis empleados a salir de prisión solo un día antes, valdría la pena.

Ruego un juicio justo para mis empleados. Si los ministerios pertinentes pueden leer esto, espero que [usted/ellos] puedan tomar una decisión de acuerdo con casos similares en toda China que pueda disipar nuestras dudas.

¡Cuidado, amplias masas de amigos rojos! Es difícil evitar contratiempos en el camino de propagar la cultura roja. Todos, relájense. ¡Aunque sea en el centro de detención, continuaré estudiando e investigando el pensamiento de Mao Zedong, contribuyendo con mis últimas fuerzas al gran proyecto de rejuvenecimiento nacional!

Nos vemos en unos años, camaradas. Ahora me voy a prisión.

Yu Yixun

31 de diciembre de 2021

Notas de los traductores al inglés:

1-La izquierda clandestina de China sigue dominada por varios tipos de grupos maoístas y otras formaciones leninistas, a pesar de la silenciosa proliferación de varias corrientes de izquierda antiautoritarias durante la última década. Planeamos delinear las diferentes corrientes y debates que caracterizan el panorama político no oficial de China de manera más sistemática en trabajos futuros. Mientras tanto, consulte “Un estado adecuado para la tarea: Conversaciones con Lao Xie ” en el segundo número de nuestra revista, Chuang 2: Fronteras , y varias publicaciones en nuestro blog, como “ Ver a través de aguas turbias, Parte 2: Una entrevista sobre Jasic & Maoist Labor Activism ” y el prefacio de “ Smart, Disaffected & Unseen”.

2-Este es probablemente el cargo más común que se aplica a los disidentes en China, explorado en nuestro artículo "Buscar peleas".

3-No sabemos si el grupo usó este nombre o si simplemente se lo asignó la policía, pero la redacción sugiere que era el nombre real de una empresa o plataforma de medios.

4-Una de las divisiones clave entre los maoístas chinos desde la década de 1990 que exploraremos en un trabajo futuro es la división entre nacionalistas e internacionalistas, una división que generalmente, pero no siempre, se corresponde con las posiciones "reformistas" versus "prorrevolucionarias" que econtraponen a "verdaderos socialistas” dentro del PCCh (o en algunos casos “campesinos”) versus “trabajadores” (y estudiantes de origen pobre) como sujeto político potencial que lucha por el cambio que los maoístas defienden. Aunque los debates sobre esto se endurecieron en una clara polarización alrededor de 2012, con los nacionalistas generalmente brindando un apoyo crítico a la administración Xi y los internacionalistas convirtiéndose en sus enemigos jurados, todavía hay algunos que se encuentran a ambos lados de la valla, y el lenguaje ambiguo de Yu puede reflejar tal ambigüedad ideológica. —si no es mera retórica destinada a obtener la misericordia del estado.

5-"Seis camaradas de Fujian arrestados: una carta abierta de despedida de un joven maoísta": esta es una traducción del título bajo el cual la carta fue publicada en línea por un autor desconocido el 4 de enero. Suponemos que se trata de una reproducción de la original de Yu, ya que la carta está fechada el 31 de diciembre y las dos últimas líneas fueron repetido en la parte superior (omitido aquí).

6-Hemos eliminado el número de identificación y el número de teléfono del autor, aunque ambos están disponibles en la carta original. Es muy probable que se ofrezcan para mostrar la sinceridad del autor y para probar su identidad. Sin embargo, esta información privada no tiene importancia real para nuestra traducción.

7-“Amigos rojos” (红友) es un término nuevo y aún poco común que también traducimos indistintamente como “camaradas” a lo largo de esta carta. Solo podemos suponer que se acuñó para distinguirlo del uso ahora casi universal del antiguo término para "compañero" (同志) para referirse a LGBTQ+, y por ser más específico políticamente que otros sinónimos que han sido populares en los últimos años, como "personas que comparten aspiraciones en un camino común” (志同道合的人).

8-Esta fecha difiere de los documentos judiciales que hemos encontrado, que dicen que fueron detenidos el 3 de mayo, arrestados formalmente el 1 de junio y sentenciados el 30 de diciembre. No estamos seguros de cómo explicar esta discrepancia.

9- Deng Liqun (邓力群, 1915 -2015) fue un teórico y también una de las principales figuras de la “vieja izquierda” del PCCh en la década de 1980. “Depurado durante la Revolución Cultural, Deng emergió en la década de 1980 como uno de los miembros más vocales del ala izquierdista del partido en el período previo a las protestas de la Plaza de Tiananmen en 1989. Abogó por la economía planificada de estilo comunista ortodoxo y se pronunció en contra de las reformas económicas de mercado y la liberalización política. Se retiró de la política activa en 1987, después de no poder obtener suficiente apoyo interno para obtener un puesto en el Politburó, lo que se atribuyó en parte a su dura postura ideológica, pero continuó agitando a favor de la línea de izquierda”.

10-La copia del texto del documento judicial que tenemos disponible en este momento contiene más información sobre los cinco detenidos. Aquí hay un breve resumen de parte de su información personal en el documento: Zhang Zhijing (hombre, 31) de Sanming, Fujian, graduado de secundaria; Yu Chaoquan (hombre, 31) del condado de Minqing, Fujian, graduado de secundaria; Qiu Pingqin (mujer, 27) de Zunyi, Guizhou, graduada de secundaria; Qiu Pinghui (mujer, 28) de Zunyi, Guizhou, nivel educativo desconocido; Huang Xiaochun (mujer, 19 años), de la escuela secundaria de Fuzhou, Fujian. Parecería, entonces, que el individuo llamado Huang Yao puede no haber sido arrestado.

11-Esta oración dice literalmente: "He pensado en todo tipo de formas, consultar con un abogado, defenderlo, etc.". Aún no está claro si realmente consultaron con un abogado.

12-Esto puede ser un error tipográfico por parte del autor, ya que el artículo tercero de la Constitución trata sobre el centralismo democrático, mientras que el artículo trigésimo quinto se refiere a la libertad de expresión.

Yu Yixun

Uno de los dirigentes de los "Seis de Fujian", grupo de jovenes maoistas chinos.

Chuang

colectivo comunista internacional que publica una revista epónima y un blog. Su contenido incluye entrevistas, traducciones y artículos originales sobre el ascenso de China a través de los escombros de la historia y las luchas de quienes se arrastran debajo de ellos.

Fuente:

https://chuangcn.org/2022/01/free-the-fujian-six-open-letter-from-a-young-maoist-awaiting-prison/

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Álvaro Herrera interpreta el corno durante una de las protestas pacíficas de 2021 en Cali, Colombia

Álvaro Herrera, el músico que durante las manifestaciones de 2021 fue torturado por la policía, habla desde el exilio con EL PAÍS

Álvaro Herrera aparece a medio cuerpo al otro lado de la pantalla. Está vestido con una camiseta y su pelo está amarrado con una coleta. Se ve cansado. Está cansado. Las últimas semanas no ha podido dormir bien. No había planeado dejar su país y menos como lo tuvo que hacer, de un día para otro, de emergencia, exiliado. Herrera fue la imagen de la persecución que vivieron los jóvenes durante las protestas del año pasado en Colombia. Es la cara de los que siguen sufriendo hoy, cuando ya han pasado varios meses de esos días en los que civiles armados salían a apuntar a cualquiera que se atreviera a manifestarse contra el Gobierno y la policía detenía arbitrariamente a quien quisiera, al que estuviera en la calle.

Su caso fue la máxima evidencia de lo que el país veía a cuentagotas en redes sociales: la represión policial sin límites. El día que a Álvaro lo detuvieron y lo obligaron a autoincriminarse, en una captura que luego fue declarada ilegal, 14 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en su ciudad, Cali. Que Álvaro esté hoy vivo es un milagro, que pueda volver a su país dependerá de otro. “Solo un milagro podría hacer que regrese”, dice desde Francia, a donde llegó con su única arma: un corno francés. Interpretando ese instrumento fue blanco de la policía, que lo detuvo la tarde del 28 de mayo de 2021. Álvaro iba camino a su casa tras participar en cacerolazo sinfónico, una protesta con música a la que se unieron varios estudiantes de la Universidad del Valle, a la que entró con mucha disciplina y esfuerzo, por lo que hoy lamenta no saber si se podrá graduar. “Siento mucha impotencia, rabia, tristeza. Tuve que dejar todo. A mi mamá, mis estudios, mis amigos”, dice y alza la voz. Álvaro Herrera tiene rabia, lo que ha vivido el último año ha sido una cadena de injusticias.

Colombia supo de él esa tarde de mayo cuando, tras estar varias horas detenido por la policía, se le vio en un video con la cara ensangrentada, sin camisa, atado de manos y diciendo ante una cámara que era un vándalo, que había lanzado piedras y que los golpes los había recibido de otros manifestantes. Las imágenes se viralizaron y fueron celebradas por sectores políticos que insistían en el discurso de que los que protestaban eran personas que solo buscaban desestabilizar al país. Un día después, una jueza le daría la razón a su familia, a sus amigos y a los que lo conocían y sabían que él no había hecho nada aparte de tocar su instrumento. Herrera había sido obligado a autoculparse. La Justicia decretó ilegal su captura y fue liberado. Desde entonces, y con su cara ya conocida en todo el país, ha vivido bajo zozobra. “En mi vida universitaria ya había sentido el estigma de ser parte del movimiento estudiantil, sobre todo el estigma de quienes estudiamos en una universidad pública, pero nunca nada tan grave como ahora. Uno no tiene palabras para expresar la ira y la rabia que se siente tener que dejar el país solo porque protesté, pero si no salía, me mataban”, dice.

Ahora, lejos de casa, dice no tener esa sensación de persecución constante, “que en Colombia sí tenía, en cualquier ciudad, donde estuviera”, pero tampoco está feliz. “No estoy tranquilo, el principio básico del ser humano es tener la tranquilidad de sentirse bien en cualquier lugar, es poder hablar con los que has amado, pero pues salir del país, dejarlo todo y saber que quedan compañeros en esa situación da mucha impotencia”. Tiene 26 años y decidió protestar porque estaba harto. Lo sigue estando. “Si los jóvenes no toman las riendas del país nadie nos va a salvar. Esto no es de partidos ni de ideologías, es de dignidad, es una cuestión de dignidad”, repite enfurecido. Tiene razón. Los estudiantes, como él, piden lo básico en un país que se dice democrático. Igualdad de oportunidades, justicia social, que los jóvenes puedan estudiar, que las universidades públicas tengan las instalaciones que merecen. “Estamos acostumbrados a mirar hacia otro lado, pero no nos miramos a nosotros mismos. La sociedad colombiana tiene que sacar valentía para hacer un cambio, no se puede vivir en un país donde la muerte está normalizada”, cuestiona el músico, que se exalta al dar las cifras de una violencia que parece no tener fin. “[El conflicto ha dejado] 9 millones de desplazados, en solo tres meses del paro nacional [las protestas de 2021] hubo más de 300 desaparecidos. Si hace unos años se hablaba de un Estado fallido, pues parece que ahora sí estamos frente a eso”, dice.

Muchos de los jóvenes que fueron retenidos y reportados como desaparecidos fueron liberados, pero sigue habiendo decenas de jóvenes enjuiciados, algunos con casa por cárcel. Las cifras son inexactas porque el Gobierno nunca se dio a la tarea de llevar un conteo real, lo que se sabe es, sobre todo, gracias a organizaciones de derechos humanos. Álvaro Herrera no se quería ir de Colombia y estaba dispuesto a volver a las calles a protestar, pero sabía que estaba en riesgo y que su familia lo estaba sufriendo. “Mientras usted esté aquí, yo no tendré vida”, cuenta que le dijo su mamá. Un mensaje suficiente para tomar la decisión definitiva. “A los que protestamos en Colombia nos ponen una lápida en la cabeza”, repite varias veces durante la conversación. Según la ONU, al menos 28 personas fueron asesinadas por la policía en las protestas del año pasado.

Es la primera vez que vive fuera de Colombia y estos días no han sido fáciles. El clima, el idioma, la soledad, volver a empezar. “Llevo más de dos semanas sin poder sentarme a estudiar mi instrumento, a pensar en mis piezas. La música es algo tan sublime que no soy capaz de estudiar si estoy mal”. Es su bálsamo, dice. Su instrumento fue lo primero que metió en el equipaje. Su corno y algo de ropa lo acompañan en este viaje, que de emocionante ha tenido poco. “Vivir fuera así, es difícil. No es una maravilla, no es turismo, no es exótico, es otro nivel”, asegura. Una bombilla le ilumina la cara, está a punto de hacerse de noche. Otra vez empieza una jornada larga en la que le costará conciliar el sueño. “Estoy despierto hasta la madrugada, sigo viendo las noticias, no puedo dejar de pensar en lo que está pasando en Colombia”. No se puede desconectar fácil, olvidarse de lo que dejó. “Jamás había experimentado algo así”, dice, pero confía en poder hacer camino en un lugar que no es el suyo aferrado a su corno. Su rabia, a la que llama una rabia digna, no es con el país en el que nació y del que tuvo que salir huyendo. “Colombia no me sacó, me sacaron los que no están de acuerdo con lo que cuestioné en una protesta”, dice.

El proceso para conseguir su asilo está en trámite, si la respuesta es positiva sabe que tendrá que estar allí por varios años. Ya está aprendiendo el idioma y lo hace él solo, con aplicaciones e internet. La erre ya le suena francesa. “Para sobrevivir aquí sé que tengo que aprenderlo y rápido”. Ante la pregunta sobre si ya fue a ver la Torre Eiffel dice que sí. Por fin se le sale una sonrisa.


“La intimidación se ha hecho más fuerte”

Sebastián Caballero, abogado de Álvaro Herrera y de otros tantos jóvenes que protestaron el año pasado, cuenta que el caso del estudiante de Música, que tuvo que salir del país por amenazas tras las manifestaciones, no es el único. También lo tuvo que hacer Noé Muñoz, un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Buenaventura. “Después de que ellos y otros estudiantes decidieron empezar un proceso legal contra el Ministerio de Defensa, la Policía y los civiles que indiscriminadamente salieron a disparar en la ciudad de Cali a los protestantes, la intimidación se ha hecho más fuerte”, cuenta por teléfono el abogado, representante de los estudiantes en el caso.

La próxima semana el proceso tendrá una nueva etapa, en la que está citado uno de los civiles que quedó registrado en cámaras de teléfonos celulares apuntando y disparando a los jóvenes y a los indígenas que intentaron unirse a las marchas en Cali y que fueron recibidos a balazos por civiles, ante los ojos de la policía. La denuncia presentada por los jóvenes, con la representación legal de Caballero, se hizo por los posibles delitos de de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio en grado de tentativa. El abogado también representa a las familias de las víctimas mortales que dejaron esos días en que estudiantes salieron con la idea de marchar, sin imaginar que algunos no regresarían a casa.

12 feb 2022 - 22:00 COT

Sobre la firma

Sally Palomino:

 

Redactora de EL PAÍS América desde México. Antes fue parte del equipo de EL PAÍS en Colombia. Ha sido reportera de la revista SEMANA en su formato digital y editora web del diario EL TIEMPO, entre otros medios colombianos. Su trabajo periodístico se ha concentrado en tem

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 Los camioneros continúan protestando contra los mandatos de vacunación en el centro de Ottawa, Ontario, Canadá. — ANDRE PICHETTE / EFE

Las autoridades impondrán multas de hasta 79.000 dólares estadounidenses y penas de no más de un año de prisión para aquellas personas que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos en la región. 

 

El Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en la que se encuentra Ottawa, ha declarado este viernes el estado de emergencia. Este viene motivado por las protestas de camioneros contra las medidas preventivas de coronavirus en Canadá y que tienen bloqueada la vía principal para el tráfico de mercancías que conecta su país con EEUU. 

Así lo ha anunciado el primer ministro de la región, Doug Ford, en una rueda de prensa. Ford, además, ha señalado que las autoridades pertinentes impondrán multas de hasta 100.000 dólares canadienses (79.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) y penas de hasta un año de prisión para aquellos que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos. 

Ford ha hecho estas declaraciones en el quinto día de bloqueo de la principal vía que une Canadá con EEUU, el puente Ambassador. Aunque poco antes de que el ministro hiciera su anuncio, los manifestantes han permitido la apertura de uno de los carriles para el tránsito de dicho puente. 

A través del puente Canadá y Estados Unidos quedan conectados por las localidades de Windsor y Detroit y, a través de él, transitan diariamente mercancías por valor de 400 millones de dólares

Grandes daños en ambas economías

El bloqueo ha motivado que las economías de ambos países estén sufriendo las consecuencias. Empresas multinacionales de la talla de General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota se han visto en la obligación de paralizar o, en su defecto, reducir su producción en plantas de ambos países por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del puente. 

Pero esta vía no es la única que se ha visto paralizada por las protestas. Al menos otros dos cruces fronterizos se encuentran en la misma situación: uno en el centro y otro en el oeste de Canadá. Además, en la capital, Ottawa, cerca de 400 camiones y centenas de personas llevan ocupando desde hace dos semanas las calles próximas al parlamento canadiense.   

Por su parte, Estados Unidos, además de pedir al gobierno canadiense que trabaje para reactivar el tráfico de mercancías entre ambas naciones, ha ofrecido su ayuda para actuar en el bloqueo del puente Ambassador.

11/02/2022 17:58

 

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La lógica geopolítica bloquea la emancipación

Si observamos lo que sucede puertas adentro de las tres grandes potencias que pugnan por la hegemonía mundial (Estados Unidos, China y Rusia), veremos cómo la prioridad de las lógicas geopolíticas y las luchas interestatales estrechan los espacios de los movimientos antisistémicos y hasta la crítica a los poderes establecidos.

Cada vez que crece la tensión entre naciones, las clases dominantes se empeñan en controlar a sus sociedades, ya que la intensificación del conflicto social puede debilitarlas en sus aspiraciones globales. En estos momentos asistimos al control cada vez más asfixiante de cualquier acción social, a través de la represión directa, de la cooptación o de una combinación de ambas.

En China el poder del Partido Comunista y de un Estado autoritario aplastan cualquier movimiento de resistencia, en una nación donde el gobierno controla férreamente la sociedad civil. No existe un sindicalismo independiente del Estado, ni movimientos sociales como los que conocimos en otros periodos de la historia china, ni la posibilidad de expresar críticas abiertas a las autoridades.

Según la emisora estatal Radio Internacional, "unas mil 650 personas fallecen diariamente en China como consecuencia de trabajar en exceso", lo que supone 600 mil muertos al año (https://bit.ly/3LmdDoW). Las feministas chinas son perseguidas y encarceladas por distribuir propaganda, en una sociedad donde el poder "es paranoico respecto de todo lo que no puede controlar" (https://bit.ly/3rzpIiL).

En un excelente texto en El Sal­to, Rafael Poch de Feliu estima que tanto en Rusia como en las ex repúblicas soviéticas asiáticas, predominan oligarquías que gestionan regímenes autocráticos. La suspicacia del Kremlin ante la menor protesta social, se debe en su opinión al "miedo a una revuelta social y antioligárquica en Rusia, algo que tarde o temprano sucederá" (https://bit.ly/3oymgmG).

En países donde no existe sociedad civil autónoma y las personas están excluidas de toda participación, sin "altavoces para expresar legalmente su disconformidad", se constata la tendencia hacia "una actitud de derribo más que de reforma o enmienda del orden establecido". Acusar a los manifestantes de agentes extranjeros, es una vieja coartada que usaban las derechas en nuestras tierras contra toda oposición de abajo.

En Estados Unidos se combinan la brutal represión contra las movilizaciones de abajo (como sucedió con las protestas a raíz del asesinato policial de George Floyd), con la más sutil cooptación de los dirigentes de movimientos, para ensanchar las bases sociales del poder y debilitar las luchas.

En su Informe 2020 sobre los derechos humanos en Estados Unidos, Amnistía Internacional asegura que "al menos mil personas murieron por disparos efectuados por la policía" (https://bit.ly/3GHldai). El informe agrega que se produjeron "numerosas y flagrantes violaciones de derechos humanos contra quienes protestaban por los homicidios ilegítimos de personas negras y pedían una reforma sistémica de la policía".

Además, denuncia que "en los estados que se permitía portar armas de fuego a la vista, hubo casos de civiles armados que se enfrentaron a manifestantes con el resultado de al menos cuatro muertes". Las descripciones que hacen Amnistía y algunos medios sobre la violencia policial, son muy similares a las que se registran diariamente en algunos países latinoamericanos, como Colombia y Brasil.

En la reunión que mantuvo la vicepresidenta Kamala Harris con la presidenta hondureña, Xiomara Castro, días atrás, la primera insistió en la importancia de "combatir la violencia sexual, de género y doméstica, y que este trabajo es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de EU para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central" (https://bit.ly/3Lop4wo).

No se puede negar que son creativos: ahora el imperio exporta feminismo, mientras llueven las denuncias de violencia contra las mujeres en las fuerzas armadas. Deborah Snyder, coronel retirada de la Armada, dijo a France 24 que "80 por ciento de las mujeres soldados han sido víctima de agresión sexual" (https://bit.ly/3gzsjTI).

Estados Unidos y las derechas impulsan las "revoluciones de color" para promover cambios de régimen, apelando al feminismo y al ambientalismo, aprovechando el descontento social para derribar gobiernos que no les resultan afines.

De modo simétrico, las izquierdas en el gobierno acusan a quienes las critican de "hacerle el juego a la derecha", como juzgan en Brasil al movimiento de junio de 2013 que luchó contra la desigualdad. No olvidemos que el Ejército Revolucionario del Pueblo fusiló a Roque Dalton por "estar al servicio de la CIA", o sea por discrepar con la línea de la dirección.

Corren malos tiempos para la lucha de los de abajo. No desesperemos; la historia nos enseña, como sucedió en 1914, que los furores estatistas se desvanecen al emerger toda la indecencia de los estados y sus fuerzas represivas.

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Viernes, 11 Febrero 2022 06:12

Desde el río hasta el mar

Un activista pro Palestina pinta un cartel en protesta contra el apartheid israelí, en Johannesburgo, Sudáfrica, 2017 AFP, MARCO LONGARI

Amnistía Internacional y el apartheid israelí

La principal organización mundial de derechos humanos se sumó al creciente consenso que acusa a Israel de cometer ese crimen de lesa humanidad en todo el territorio bajo su control. Tarde, y de a poco, las denuncias palestinas comienzan a ser escuchadas.

Siempre es igual: las denuncias que la sociedad civil palestina hace durante décadas son ignoradas por la comunidad y la opinión pública internacionales… hasta que las repiten voces occidentales o israelíes; entonces por fin el mundo escucha, y cree. En el último año esas voces «autorizadas» han hablado alto y acusado a Israel de ser un régimen de apartheid. En enero de 2021, la principal organización israelí de derechos humanos, B’Tselem, dio a conocer un informe titulado significativamente: «Un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo: esto es apartheid». En abril, Human Rights Watch (HRW) publicó un extenso informe de 224 páginas para demostrar que Israel comete los delitos de lesa humanidad de apartheid y persecución, y abonó así la investigación abierta un mes antes por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (véase «La normalidad de Israel», Brecha, 21-V-21). Este mes, Amnistía Internacional (AI) presentó su propio informe, de 278 páginas, bajo el título: «El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad».

Las tres organizaciones dejan claro que el delito de apartheid, si bien debe su nombre afrikáner al régimen racista de Sudáfrica, está codificado en el derecho internacional. La Convención Internacional sobre el Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales: 1) la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro; 2) un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo oprimido; 3) actos inhumanos cometidos por el primero hacia el segundo. Y adoptan de la Convención Internacional sobre la Discriminación Racial su definición amplia de grupo racial, que comprende no solo los rasgos genéticos, sino también la ascendencia y el origen nacional o étnico. HRW además atribuye a Israel el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo define el Estatuto de Roma: la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo, con intención discriminatoria.

UN SALTO CUALITATIVO

Más allá de sus particularidades, los tres informes coinciden en que Israel impone un régimen de apartheid sobre la población palestina en todo el territorio que controla (y no solo en los territorios ocupados en 1967). Dice B’Tselem: «En toda la región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo, el judío, sobre otro, el palestino». Y AI afirma: «Casi todas [las autoridades] de Israel, así como las instituciones […] participan en la aplicación del sistema de apartheid contra la población palestina en todo Israel y los territorios palestinos ocupados, y contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio».

Este cambio de perspectiva supone un salto cualitativo: las tres organizaciones elaboraron durante años informes que exclusivamente investigaban las violaciones de derechos humanos que Israel comete en los territorios ocupados en 1967: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Incluso AI y HRW han sido criticadas por poner en pie de igualdad la violencia del ocupante y la del ocupado. Ahora, en cambio, afirman –al igual que B’Tselem– que Israel impone un mismo sistema de dominación, segregación y discriminación, mediante distintos estatutos jurídicos, sobre los distintos grupos en que mantiene fragmentada a la población palestina: dentro de Israel tiene menos derechos que la mayoría judía, en los territorios ocupados no tiene ningún derecho y, desde 1948, Israel prohíbe el regreso de la que se encuentra en el exilio.

Esto echa por tierra la mitología del movimiento sionista y sus aliados en el mundo, que presenta a Israel como un país civilizado y una democracia plena, que tendría apenas un problema con algunos territorios que ocupa temporalmente y solo por razones de seguridad, pero que va a solucionar apenas se den las condiciones. No importa que esa ocupación temporal dure ya 54 años ni que los líderes israelíes lleven más de una década explicitando que no van a devolver los territorios ocupados y que nunca existirá un Estado palestino.

ALCANCES Y LÍMITES

El informe de AI contiene dos aspectos que lo hacen notable respecto a los de B’Tselem y HRW. En primer lugar, afirma que Israel desarrolló este sistema de dominación desde su misma creación, en 1948, como Estado judío, mediante la limpieza étnica y la destrucción de 500 localidades palestinas (lo que los palestinos llaman la Nakba), con la intención de apoderarse de la tierra y los recursos naturales –que en un 90 por ciento estaban en manos palestinas– y de sustituir a la población árabe –que era, en 1948 y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi el 70 por ciento del total– por población judía inmigrante.

Además, destaca un hecho a menudo soslayado: como elemento central de su estrategia demográfica, Israel niega el derecho al retorno de la población refugiada. Al subrayar su derecho al retorno, AI recoge el reclamo palestino de que este es central para acabar con el apartheid.

No obstante, las críticas palestinas han señalado que ninguno de los tres informes mencionados se atreve a recordar que el apartheid es inseparable del colonialismo ni que en la base de ambos está el sionismo, en tanto ideología racista y supremacista. La semana pasada, Adalah Justice Project, una organización de derechos humanos palestina en Estados Unidos, preguntó a AI a través de Twitter: «¿Es posible acabar con el apartheid sin acabar con el proyecto colonial de asentamiento sionista?».

La doctora en política y estudios internacionales palestina Lana Tatour fue categórica en una reciente columna en Middle East Eye: es fundamental «incluir el reconocimiento del sionismo como la ideología racial que impulsa el colonialismo de asentamiento y el apartheid en Palestina. Negarse a reconocer los fundamentos raciales del sionismo al hablar del apartheid israelí es como negarse a abordar la supremacía blanca al hablar del movimiento Black Lives Matter». Y el activista Mohammed El-Kurd, mundialmente célebre como vocero del barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén, sostuvo, a propósito del asesinato de tres palestinos en Nablus esta semana: «Aquí es donde el análisis del apartheid se queda corto: el proyecto colonial sionista en Palestina siempre ha consistido en eliminar a los nativos y su resistencia».

CRONOLOGÍA DE UNA MALA PALABRA

En cambio, la sociedad civil palestina lleva décadas describiendo y denunciando el apartheid israelí como producto del colonialismo y de la ideología racista del sionismo. En su comentario al informe de HRW, en un ensayo publicado por el European Journal of International Law, la abogada de derechos humanos y profesora adjunta de estudios internacionales en la Universidad Rutgers Noura Erakat señala que el intelectual palestino Fayez Sayegh desarrolló en los sesenta una teoría sobre el componente racista del colonialismo de asentamiento sionista, plasmada luego en la resolución 3.379 de la Asamblea General de la ONU (1975), que condenó al sionismo como una forma de racismo (y que fue rescindida en 1991 como parte de los compromisos de Oslo). Erakat también reseña los trabajos publicados en 2008 por una serie de ONG palestinas de derechos humanos, así como el documento estratégico de la sociedad civil palestina organizada en el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para la Conferencia de Revisión de Durban (Ginebra, 2009).

Un mérito indudable en el reconocimiento internacional del apartheid sufrido por el pueblo palestino lo tiene el movimiento BDS, que desde 2005 denuncia las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que rigen dentro de Israel, en los territorios ocupados y en el exilio. Los informes de B’Tselem, HRW y AI deben verse en el contexto de esos esfuerzos palestinos sostenidos por más de 20 años ante organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la CPI. La criminalización israelí de las principales organizaciones palestinas de derechos humanos (véase «Algo habrán hecho», Brecha, 4-XI-21) demuestra la eficacia de esa labor para hacer visible el apartheid.

En 2009, el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica publicó un extenso informe titulado «Occupation, Colonialism, Apartheid?: A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law», en el que expertos y organizaciones internacionales (incluyendo las ONG palestinas Al-Haq y Adalah) analizan las prácticas israelíes según las definiciones de colonialismo y apartheid a la luz del derecho internacional. En 2011, fue la sesión del Tribunal Russell sobre Palestina llevada adelante en Sudáfrica la que acusó a Israel de practicar el apartheid.

En la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acusó a Israel de practicar el apartheid en los territorios ocupados en su informe de 2012. En el de 2019, extendió la acusación a todo el territorio israelí. En un exhaustivo informe de 2017, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental describió el régimen de apartheid israelí. La presión de Israel obligó al secretario general de la ONU, António Guterres, a retirar el informe de la web de la comisión, lo que llevó a la renuncia de su directora, la jordana Rima Khalaf; no obstante, conceptos claves expuestos allí, como el de ingeniería demográfica, han sustentado los trabajos posteriores.

También acusaron a Israel de aplicar el apartheid los líderes sudafricanos Nelson y Winnie Mandela, el expresidente de Sudáfrica Kgalema Motlanthe, varios legisladores de ese país (incluyendo a Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente), el exministro sudafricano Ronnie Kasrils (judío y militante de la causa palestina) y el arzobispo y premio nobel de la paz Desmond Tutu. El prestigioso jurista John Dugard, también de origen sudafricano, durante su mandato como relator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados afirmó en un informe de 2007 que las prácticas israelíes tenían características de colonialismo y apartheid, tesis que desarrolló en un trabajo académico en 2013.

Paradójicamente, ya el ex primer ministro y fundador de Israel David Ben Gurion había advertido tras la ocupación de 1967: «Será mejor que Israel se deshaga de los territorios y de su población árabe lo antes posible. Si no lo hace, se convertirá pronto en un Estado de apartheid». En 1976 el entonces premier, Isaac Rabin, hizo una advertencia similar. En 2007 el primer ministro, Ehud Olmert, y en 2010 su par, Ehud Barak, advirtieron que si no se negociaba una solución de dos Estados con los palestinos, Israel se enfrentaría a una lucha al estilo de la sudafricana y sería el fin del Estado judío.


Recuadro

 

Revisar los vínculos

Reconocer que existe un apartheid en el siglo XXI tiene consecuencias legales y políticas. Por eso Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) terminan sus informes con exhaustivas recomendaciones dirigidas al Estado de Israel, a la Autoridad Palestina (a la que AI llama a suspender su «coordinación de seguridad» con Israel), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea, a la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos, a los demás Estados y a las empresas implicadas en la región para que reconozcan el apartheid y actúen en consecuencia.

Al igual que HRW, y en línea con lo que la sociedad civil palestina venía exigiendo desde hace años, AI pide a la ONU que, así como jugó un rol clave para acabar con el apartheid sudafricano, nombre un enviado o un comité específico para investigar el apartheid israelí y restablezca el funcionamiento del Comité Especial contra el Apartheid, que dejó de funcionar en 1994.

Además, exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer diversas sanciones selectivas a Israel. La principal de ellas –que reclama desde hace años– es un embargo militar total. Llama también a todos los Estados a cortar sus vínculos militares con Israel, así como a revisar los vínculos comerciales y de otra índole que mantengan con ese país, y a presionar diplomáticamente para que Israel cumpla las múltiples recomendaciones del informe.

Que los informes de B’Tselem y de HRW no despertaran una reacción tan furibunda de Israel como lo ha hecho estos últimos días el de AI puede deberse precisamente al peligro que supone una organización orientada a hacer campañas globales, con miles de activistas y grupos locales repartidos por todo el mundo (véase en este número «De los síntomas a las causas»). De cobrar fuerza, podría ser un respaldo sin precedentes para el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que lleva casi dos décadas impulsando campañas. El momento sudafricano no llegó aún para Palestina, pero hoy se ve mucho más cerca.

11 febrero, 2022

Publicado enInternacional
La vivienda no puede estar sometida a la lógica financiera

Una entrevista con Raquel Rolnik


Conversamos con Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, sobre la necesidad de impulsar programas de vivienda que respondan a las necesidades de la gente y que se apoyen en las iniciativas populares.

 

Raquel Rolnik es una arquitecta y urbanista brasileña. Lleva más de cuarenta años como investigadora en la academia pero también como activista por los derechos humanos en la participación de políticas de planeamiento, urbanismo y el problema de la vivienda. A su vez, ha sido impulsora de las políticas de vivienda popular, urbanismo y desarrollo local en el marco del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) encabezado por el expresidente Lula Da Silva. Entre 2003 y 2007 fue Secretaria nacional de los Programas urbanos del ministerio brasileño de las Ciudades.

En mayo de 2008, en plena crisis financiera hipotecaria, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU la nombró Relatora Especial de las Naciones Unidas en lo que respecta a vivienda durante seis años. En ese rol, la investigadora evaluó y acompañó las denuncias de violaciones de Derechos Humanos en materia de vivienda.

Recientemente se realizó el lanzamiento en Argentina de su último libro La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, coeditado por la Editorial El Colectivo y Lom Ediciones con apoyo de la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Desde Jacobin América Latina pudimos conversar con Rolnik en torno a la producción de la ciudad en el actual contexto y las posibles alternativas populares que responden a la financiarización del derecho a la vivienda.

CP

Tu último libro, La guerra de los lugares, recientemente publicado en la Argentina, resulta un material imprescindible para repensar la ciudad y entenderla en el entramado de relaciones de poder. Allí hablas de la colonialidad del poder y de cómo impacta a través de las finanzas globales ¿Por qué es importante hablar del poder colonial hoy?

RR

Toda la trayectoria del libro La guerra de los lugares ha salido de mi experiencia como Relatora Especial para el derecho a la vivienda adecuada para el Concejo Derecho Humanos de Naciones Unidas (ONU) a partir de 2008 que, justamente, coincidió con la crisis financiera hipotecaria. Entonces, al intentar investigar las razones y los orígenes de la crisis financiera hipotecaria, mientras hacía mi trabajo de relatora, recorriendo distintos países del planeta, me di cuenta de que estábamos ante de un proceso global, por encima de todos los procesos particulares y sus territorios.

Ahí lo tomé como una metáfora —que al final no era tanto— como una ocupación territorial del espacio construido por las finanzas. De tal manera que estamos hablando de un nuevo poder colonial ¿Por qué la idea de colonialidad es importante para intentar avanzar en nuestra comprensión de ese fenómeno? Porque estamos hablando de una triple ocuoación: material, política y cultural. Se trata de una ocupación material, porque todas las partes del territorio del planeta son capturadas por una lógica de ocupación y de gestión del lugar instaurada a través de regímenes privados de control territorial con el objetivo de generar interés para el capital invertido.

Pero es también una ocupación política, porque, por ejemplo, en Brasil, cada vez que se discuten políticas públicas nacionales se anuncia en los medios: «El mercado está nervioso». Pero, ¿qué es que el mercado «se ponga nervioso»? Es el mercado financiero. Hay algo más allá, que es abstracto, que no tiene vínculos con los territorios pero que se superpone sobre las dinámicas existentes, las controla y somete políticamente. Porque, por los «nervios» del mercado, caen presidentes, primeros ministros, coaliciones políticas, entonces es una ocupación política también.

Y finalmente, siguiendo con la metáfora de la colonialidad, esta también es una ocupación cultural. Es una imposición de ciertas maneras de organizar espacio de nuevo, si tomamos un ejemplo como los centros comerciales los shoppings centers, qué son sino una nueva manera de organizar sociabilidad y también ligadas a procesos de consumo. La imposición cultural de una manera de vivir, de una manera de existir, de estar en el planeta. La idea de colonialidad va mucho más allá de la idea del colonialismo, como algo que estuvo en el pasado. Estamos hablando de una renovación del concepto y de la presencia colonial en el planeta.

CP

En el libro, también, mencionas que el alquiler es «la nueva frontera de financiarización de la vivienda». ¿Qué lugar ocupa el mecanismo de alquiler en el sistema financiero y cuáles deberían ser las respuestas de los gobiernos?
 

RR

Es muy interesante mirarlo desde el proceso de acumulación y financiación de la vivienda. Lo que hemos podido observar en el ciclo anterior, que ha llevado hasta la crisis financiera hipotecaria, fue la promoción de la vivienda en propiedad como algo nuevo. Porque, si bien en algunos países de la socialdemocracia donde las luchas históricas de las y los trabajadores habían construido la idea de vivienda como un campo de inversión en vivienda social como una realidad, en muchos otros países fue una ilusión, como en el caso de América Latina. Pero, incluso como ilusión, también ahí estaba este cambio de que la vivienda no es un derecho social, no es parte de una política de bienestar —ya sea como realidad o como ilusión— para convertirse en una mercancía, en un activo financiero, y así han sido promovidas políticas muy amplias de inducción a la promoción de vivienda y propiedad vía crédito inmobiliario e hipotecario en todo el mundo, incluso movilizando mucho subsidio público en estas operaciones.

Las vivienda pasó a ser como un elemento de pasaje del circuito financiero, de los excedentes financieros para poder lograr interés y la vivienda. Entonces se convirtió en un activo y fue promovido también culturalmente, de tal manera que a partir de la vivienda como garantía se puede endeudar y financiar el consumo pero también financiar derechos. Es decir, financiar la educación paga, la salud privada y también como parte de la inversión de los sistemas privados de pensión, o sea, poner todo esto en un circuito permanente de valorización financiera y endeudamiento.

CP

¿Y cuál fue el resultado?

RR

El resultado de este primer ciclo fue una concentración enorme de lucros en gestores financieros y un ciclo de desposesión con la pérdida del valor, con la quiebra de constructoras, con ejecuciones hipotecarias. Estoy hablando mucho del proceso norteamericano. Pero después de este ciclo, el mismo modelo de promoción de vivienda y propiedad vía crédito inmobiliario también ha sido aplicado en la periferia del capitalismo. Esto lo vemos claramente a partir del modelo chileno, que luego se difundió en América Latina, en África, en varias partes de la periferia del capitalismo.
Claro que ni siquiera en la periferia del capitalismo de Europa y Estados Unidos han logrado acabar con el problema de la vivienda o el hecho de que mucha gente no tiene donde vivir o no tiene condiciones de pagar donde vivir y, por lo tanto, hay una nueva ola por todo lo que significó la emergencia habitacional en países del centro del capitalismo, toda una nueva ola de inversión la vivienda en esta segunda ola de alquiler.

El alquiler como un nuevo frente de financiarización de la vivienda, los mismos agentes financieros, gestores de finanzas globales que han sido involucrados en la promoción de la vivienda en propiedad, ahora se han convertido en señoríos, propietarios, corporativos de miles de viviendas de alquiler. Y ahora, en términos de política pública otra vez existe una promoción masiva en todas partes del mundo de la idea de que «hay que tener un sector profesional, corporativo de alquiler». Un poco con esto, abriendo el campo —que es exactamente lo que los Estados hacen— para esta nueva fuente financiera.

A su vez, fenómenos como el Airbnb, plataformas digitales de movilización del espacio construido junto con la privatización y venta de las de los toques de vivienda que estaban con los bancos por las ejecuciones hipotecarias para gestores financieros. Todo este proceso también ha transformado al alquiler como un nuevo frente de finalización de la vivienda trabajando ahora mucho más con la idea de extraer el interés y rentabilidad del tiempo más que del espacio. El tiempo de permanencia en la vivienda también se convierte en unidad de extracción de valor y avanza aún más hacia una nueva forma de explotación de plusvalías. Por ejemplo, en Airbnb, la gente misma pone su trabajo y su tiempo para que las plataformas digitales puedan extraer esas plusvalías.

CP

En el libro mencionas a las personas «sin lugar». En el contexto brasilero, el «sin techo» de hoy es el «sin tierra» de los años 80, lo que nos habla de una continuidad de la lógica de exclusión y marginación pero también de la permanente extracción de renta sobre el suelo rural y urbano ¿Cuáles son las experiencias de resistencia de las personas «sin lugar» hoy? Y, particularmente, ¿Cuál es el rol de las mujeres?

RR

Todo este proceso activa la lucha en torno a la vivienda. Es un proceso que genera un nuevo grupo o un nuevo segmento de desposeídos y desposeídas. En el tema de la vivienda hay una presencia femenina importante, no solamente en el proceso de endeudamiento sino también en el proceso de desposesión como en la organización y la lucha por la vivienda. Entonces hay toda una nueva generación de organización y luchas en torno a la vivienda en distintas partes del mundo. Organizaciones de afectados por las hipotecas y ejecuciones hipotecarias, sindicatos de inquilinas e inquilinos, organizaciones de inquilinos, movimientos en torno al congelamiento de alquileres, a la denuncia de los alquileres abusivos, hacia una regulación. Por ejemplo, en Brasil, hay una nueva ola de ocupaciones de viviendas en las periferias pero también en áreas céntricas; San Pablo es un ejemplo muy fuerte de esta nueva ola.
 

Desde que la vivienda se ha transformado en un campo de aplicación financiera para las finanzas globales, la presión especulativa sobre los precios es mucho mayor, porque estamos hablando de una masa inmensa de capital financiero global que está buscando donde invertir. Hay nuevos instrumentos financieros que conectan el espacio construido con las finanzas y sus dinámicas circulación, títulos financieros que conectan y permiten una entrada salida de los capitales. Es así que la pobre gente tiene que competir con sus ingresos bajos por la localización con este capital que está listo para entrar e invertir y con una expectativa de remuneración a mediano y largo plazo, no inmediata. Como es un activo financiero, ni siquiera es necesario que sea utilizado, entonces podemos hablar de una especie de «boom de precios inmobiliarios» que se mantiene incluso durante periodos de crisis que se conforma de manera más amplia y global.

De manera que se conforma una agenda de organización y lucha muy importante. En algunos países ya no se veían luchas en torno a la vivienda, y ahora esto renace. En países como Brasil y Argentina las luchas por la vivienda siempre han sido importantes y continúan de una manera aún más intensa.

CP

Hablando de Brasil, el año próximo se realizan las elecciones presidenciales. ¿Qué nos podrías decir del actual contexto y qué se juega para vos en 2022 en clave de derecho a la vivienda?

RR

Durante la era de Lula, con el gobierno del PT, Brasil conoció una financiación de la vivienda por la promoción de vivienda vía crédito hipotecario masivamente, pero que tenía también uno de los componentes pequeños de la posibilidad de crédito a entidades por autogestión. También se construyeron viviendas por el mercado con un subsidio muy alto del presupuesto público, lo que se conoció como el programa «Mi casa, mi vida», que ha producido viviendas en la ciudad y en las afueras que efectivamente no ha logrado (por el modelo mismo, por una falla de su aplicación) garantizar la calidad de vivienda para la gente.

Pero lo que pasó después del golpe contra Dilma fue la interrupción total de los programas de vivienda. Todo el subsidio que estaba movilizado en el programa «Mi casa, mi vida» se terminó. Estamos atravesando una de las crisis más serias de vivienda que hemos visto en Brasil. La cantidad de población viviendo en la calle es algo absolutamente impresionante y en una escala como nunca había visto. La cantidad de nuevas ocupaciones también es muy grande en las periferias. Y no solo no existen políticas públicas a nivel federal del gobierno de Bolsonaro, tampoco hay a nivel estadual, municipal en las ciudades es como si nada.

En este contexto, también, creo que la lucha por la vivienda empieza a crecer. Una campaña muy importante que ha ganado mucho territorialmente en Brasil es la campaña «Cero desalojos» para impedir que la gente sea desalojada durante la pandemia. Es importante en términos de real articulación en torno a la vivienda con una cierta capacidad de aprobar algunas medidas de suspensión de desalojos que ha sido importante en algunos casos y que puso sobre la mesa el tema. Sin embargo, la decisión del Supremo Tribunal Federal donde se aprobó esta suspensión de los desalojos ya se termina en marzo.

Lo que tenemos es una situación muy complicada y creo que esto va a ser un tema importante en la campaña para las elecciones. También, el tema de las vivienda porque durante todo este periodo donde no hubo política, crecieron mucho las auto urbanizaciones y las ocupaciones de edificios, así que la lucha por la rehabilitación de los edificios ocupados, la lucha por la urbanización y consolidación de los asentamientos creo que va a ser una lucha muy importante.

Espero que haya una política importante de vivienda y que no volveremos a un programa como «Mi casa mi vida» porque creo que también esta es una discusión para todo lo que es reconstrucción poscrisis y pospandemia: un poco volver a lo que teníamos, la idea de que la vivienda y las políticas de vivienda históricamente han sido dibujadas por el sector de la industria, de la construcción civil y la industria financiera tiene que cambiar. Hay que insistir con que esto no puede ser, que las políticas de vivienda no pueden estar sometidas a la lógica financiera sino a la lógica de la necesidad de la gente y así generar políticas mucho más descentralizadas. de apoyo a las iniciativas populares vivienda, a las cooperativas que ya se organizaron, a las entidades y las experiencias de autogestión, que ya tenemos. Yo espero que tengamos un apoyo mucho mayor a estas propuestas y una visión mucho más crítica a lo que los programas de promoción masiva de vivienda en general en todas las partes del mundo incluso, no solamente, en Brasil.

CP

Cómo planteas en tus trabajos, si miramos en clave global, existe actualmente un proceso de transformación que tiene que ver con la producción de la ciudad. Esto llevó a la reconfiguración del rol de los gobiernos locales y de los mecanismos de participación como así también la incorporación de organismos y leyes que atiendan la cuestión del hábitat. Sin embargo, muchas veces éstos se convierten únicamente en discursos, sin participación real. ¿Cuál es tu lectura sobre estos cambios institucionales?

RR

Yo creo que la cuestión es definir el «locus de definición de la política pública». Especialmente en la política de vivienda, el locus de definición es la conversación con la industria de la construcción civil y la industria financiera y, por lo tanto, la pregunta central es cuántas nuevas viviendas podemos producir y cuánto crédito inmobiliario podemos poner. Esta es la pregunta central y no cuál es la necesidad de la gente. Cambiar totalmente el locus de definición implica hacer una lectura mucho más clara y desde abajo de las necesidades concretas de la vivienda.

También implica cortar el vínculo que hay entre las finanzas y las viviendas. Es imaginar maneras de organizar la vivienda que sean mucho menos susceptibles a la financiación. Por ejemplo, cooperativas, comicios colectivos, o sea, maneras colectivas y solidarias de organizar el vínculo con el territorio de tal manera que podemos ir generando espacios protegidos de la finalización espacios, reservados para la vida y no para la renta. Creo que esto es muy importante y que la política pública lo que tiene que hacer es apoyar estas iniciativas con recursos públicos, en vez de diseñar iniciativas que no dialogan con nadie.

Notas.

1

Camila Parodi es una antropóloga y periodista feminista argentina integrante de Marcha. Actualmente se desempeña como trabajadora del Estado en la integración de políticas de urbanización y hábitat popular.

 
  
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