Sábado, 29 Mayo 2021 06:37

La inmoralidad del Estado colombiano

La inmoralidad del Estado colombiano

Mientras asesinan a dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, líderes campesinos y de pueblos originarios, el Estado colombiano se entrega por completo a la estrategia contrainsurgente diseñada por Estados Unidos para la región.

No hay tregua. Ni los acuerdos de paz han sido respetados ni las comisiones de seguimientos han podido desarrollar su labor. Las amenazas y la impunidad con la cual actúan los grupos paramilitares, amén de la violencia implementada por las fuerzas armadas y la policía, han dejado un reguero de muerte. Según Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), tan sólo en 2021 han sido asesinados 66 líderes sociales, defensores de los derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Y en el marco del Paro Nacional, desde el 28 de abril al 23 de mayo, se cuentan 61 víctimas mortales. Según la misma institución, se han perpetrado 40 masacres con 149 víctimas entre niños, hombres y mujeres. El objetivo: desarticular, descabezar los movimientos sociales y las organizaciones populares.

Bajo el manto de la seguridad democrática, se niegan derechos políticos, suspenden las garantías del habeas corpus y se generalizan las detenciones ilegales. Los falsos positivos, aquello que se suponía formaba parte del pasado, emerge con mayor intensidad. No es únicamente Iván Duque o su mentor Álvaro Uribe quienes definen las estrategias y apoyan las acciones genocidas. Ellos son hombres de paja, sus decisiones no les pertenecen. Colombia ha renunciado a ejercer la soberanía sobre su territorio, sea en los aspectos de seguridad, justicia o relaciones internacionales. Las líneas maestras las diseña el Pentágono, la Casa Blanca, las trasnacionales, las agencias de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Central de Inteligencia (CIA) el embajador de Estados Unidos y el lobby armamentista.

En las recientes dos décadas, 107 mil 573 militares colombianos han sido entrenados en territorio estadunidense. Sus fuerzas armadas hablan el lenguaje de la muerte y la guerra sucia.

Dependientes tecnológica e ideológicamente del imperialismo del país del norte, juegan, además, un rol activo en la política desestabilizadora en Venezuela. Baste recordar el fiasco del llamado concierto Venezuela aid live, celebrado en febrero de 2019, con el fin de apoyar el paso de camiones con supuesta ayuda humanitaria desde Cúcuta, bajo la mirada del grupo de Lima, la presencia de Juan Guaidó, los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, el paraguayo Mario Abdó e Iván Duque, que cumplía las órdenes de Elliot Abrams y Mike Pompeo. En este panorama, el presidente de turno se ve relegado a ser una figura de segundo orden. Su rol se reduce a impedir que tenga éxito cualquier proceso democrático y participativo que altere su papel como gendarme en la región. Washington tiene en Colombia su colonia más preciada. Aunque formalmente no existen instalaciones militares de su propiedad, la presencia de contratistas y enclaves con personal estadunidense se realiza mediante la utilización de bases aéreas: Palanquero, Apiay y Malambo, los fuertes Tres Esquinas y Tolemaica, entre otras y las navales de Cartagena y Bahía Málaga, todo, eso sí, bajo un acuerdo de cooperación etiquetado como lucha contra los cárteles de la droga y el narcotráfico.

En Colombia, no hablamos de militarismo, sino de necropolítica y militarización del Estado. Las fuerzas armadas han incrementado sus tropas 100 por ciento en lo que va de siglo XXI, situándose por encima de los 480 mil efectivos, con un gasto militar equivalente a 16 por ciento del total del presupuesto, sólo por detrás de Estados Unidos para todo el continente.

Asimismo, en 2020 la ayuda militar de Washington alcanzó la cifra de 244,4 millones de dólares. Colombia se ha convertido en un país en el que la represión se ejerce bajo la fórmula de violencia extrema, siendo el terrorismo de Estado la manera que tiene el poder para frenar los movimientos populares, y las luchas democráticas. Nunca en América Latina hubo un Estado sin control judicial ni límites políticos para acometer la represión de sus clases populares, la juventud, los pueblos originarios, si no fuese bajo la fórmula de un golpe de Estado. Pero Colombia realiza dicho genocidio amparándose en una fachada democrática. En Brasil, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, las políticas de exterminio y el asesinato político se llevaron a cabo bajo la doctrina de la seguridad nacional, con dictaduras y al margen del estado de derecho. En el punto más álgido de la guerra fría, lograron una coordinación regional gracias al apoyo del entonces secretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger. Así se gestó la Operación cóndor. Sus acciones, detención ilegal, tortura y la desaparición forzada se llevaron a cabo de forma clandestina. Pero en Colombia no hace falta una dictadura formal, lo es de hecho. Bajo una Constitución dizque democrática se avalan, permiten, defienden y fomentan el asesinato político, criminalizando la protesta social, negando a su pueblo el derecho de vivir en paz.

La tragedia de ver cómo en Colombia su juventud, sus mejores hijos e hijas son acribillados, torturados y violadas, deja al descubierto el desprecio por la vida de los otros, los valores democráticos y la indignidad de una élite que ha decidido vender su país a cambio de unas migajas.

Sólo merecen el desprecio. La dignidad está donde siempre: en la gente de los pueblos y ciudades de Colombia que salen a las calles y luchan por recuperar su independencia y soberanía, secuestradas por una plutocracia al servicio de fuerzas extranjeras.

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Para Bachelet, los ataques de Israel a Gaza podrían ser "crímenes de guerra"

"Las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones"

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que los recientes ataques de misiles israelíes en la franja de Gaza, que causaron al menos 242 muertos y 74 mil desplazados podrían constituir “crímenes de guerra”.

Así lo afirmó titular de ese organismo, Michelle Bachelet, quien señaló que esos ataques "siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional".

Si se demuestra que esos hechos fueron indiscriminados y desproporcionados, "podrían constituir crímenes de guerra", puntualizó la alta comisionada durante una sesión especial de ese organismo, que debatió acerca de la reciente escalada del conflicto palestino-israelí.

Los hechos a los que se refirió Bachelet fueron las respuestas del ejército israelí a los ataques lanzados por Hamas y otros grupos armados palestinos contra territorio israelí, que causaron al menos 10 muertos. Precisamente, la respuesta a esto fue una serie de misiles a gran escala que destruyeron viviendas, oficinas de organizaciones humanitarias, centros médicos y medios de comunicación.

"Pese a que Israel defiende (sostiene) que muchos de esos edificios acogían grupos armados o eran utilizados con propósitos militares, no hemos visto evidencias en este sentido", indicó la expresidenta chilena.

La alta comisionada matizó, además, que los ataques de Hamas también son "una violación de la ley internacional” por “ubicar recursos militares en zonas civiles densamente pobladas o atacar desde ellas". No obstante, aclaró que "las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones".

Bachelet también comparó la situación de los civiles en Israel y Palestina. Dijo que mientras los ciudadanos israelíes "disponen de la Cúpula de Hierro y fuerzas militares profesionales para defenderlos”, los palestinos “no tienen protección alguna ante ataques aéreos contra una de las zonas más densamente pobladas del mundo".

Además, "no tienen lugar al que escapar debido al bloqueo por tierra, mar y aire implementado en los últimos 14 años" por Tel Aviv, agregó.

En tanto, el relator de la ONU para los derechos humanos en el territorio palestino, Michael Lynk, agregó que los palestinos de Gaza "viven en una desesperada situación que Naciones Unidas ha calificado de insostenible e invivible, una forma de castigo colectivo".

También denunció que los desalojos de palestinos en Jerusalén Este, uno de los desencadenantes del reciente conflicto, forma parte del plan israelí de aumentar los asentamientos ilegales con el fin de establecer un reclamo ilegal de soberanía, pese a las repetidas peticiones de la ONU para detener esa práctica.

Lynk reiteró su petición, emitida recientemente junto a otros responsables de derechos humanos de Naciones Unidas: que los recientes incidentes en Gaza y Cisjordania sean investigados por la Corte Penal Internacional.

Bachelet dio por su parte la bienvenida al alto el fuego alcanzado entre palestinos e israelíes el 21 de mayo, aunque subrayó que "mientras los problemas de raíz de esta violencia no sean enfrentados, será cuestión de tiempo que una nueva oleada de enfrentamientos comience".

"Debe haber un genuino e inclusivo proceso de paz que afronte esos problemas de raíz y acabe con la ocupación", concluyó.

27 de mayo de 2021

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José Miguel Vivanco y Marta Lucía Ramírez. / HWR

El director de esa organización para las Américas, José Miguel Vivanco, se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para hablar de la situación del país y abogó por una restructuración de la Policía.

La vigilancia por parte de ONG nacionales e internacionales no se ha detenido desde el inicio del paro nacional, el pasado 28 de abril. Es por eso que, Human Rights Watch acaba de sumar una preocupante cifra de fallecidos a sus llamados para que el Gobierno de Estados Unidos haga más exigentes los parámetros para prestarle ayuda y financiación a las fuerzas armadas colombianas.

De acuerdo con lo publicado por el director para las Américas de dicha organización, José Miguel Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, a la fecha “hemos recibido denuncias creíbles sobre 63 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas”. De estas, agregó, hay 26 de manifestantes o transeúntes y dos policías) tienen relación con las manifestaciones.

Las cifras son mucho mayores a las publicadas por otras entidades como el Ministerio de Defensa de Colombia, que en su último informe habla de 45 fallecimientos de civiles (17 relacionados con la protesta y 9 en proceso de verificación) y dos de miembros de la Policía; o Temblores ONG, que da cuenta de 43 casos de violencia homicida presuntamente por parte de esa institución (18 de estos en proceso de verificación”.

Dichas cifras, además, le dieron pie a HRW para elevar un llamado al Gobierno colombiano para que se haga una transformación completa, desde la institucionalidad, a la Policía. Así lo señaló el mismo Vivanco tras su reunión con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

“Le expuse nuestra preocupación por graves violaciones de DDHH, así como por el vandalismo. Insistí en necesidad de reforma policial y de permitir una visita pronta de CIDH. Se comprometió a garantizar visita de CIDH”, dijo el experto en derechos humanos.

Igualmente, señaló que su organización ya está trabajando en un reporte sobre la difícil situación que atraviesa el país en términos de violencia, abusos de autoridad y excesos de la fuerza. El mismo debería ser entregado en los próximos días y presentará los “fuertes reparos” que tiene la ONG hacia el accionar de la fuerza pública y principalmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En ese sentido, citó RCN Radio: “la situación es extraordinariamente tensa en el caso de Colombia. Nosotros lamentamos los abusos y la violencia y creemos que aquí hace falta iniciar un proceso de reforma, por parte de las autoridades de Gobierno, hacia la Policía, para que Colombia pueda contar con una Policía profesional, de alto rendimiento, cuyo desempeño no esté en cuestionamiento y que pueda satisfacer las necesidades del país, sin que esto se traduzca en violación a los Derechos Humanos”. Por ello, advirtió que esperan dar a conocer dicho informe a la opinión pública colombiana.

Vivanco también agregó sobre su reunión que “Le he reiterado a la Vicepresidenta nuestras objeciones a las actividades que no hacen parte de la protesta pacífica como son los bloqueos, el vandalismo, la destrucción de propiedad y los ataques a la propia Policía por parte de algunos que se manifiestan con violencia”.

Valga agregar, que de igual manera se refirió a las expresiones cuestionables de otros grupos que se han convertido en actores visibles del paro nacional, como aquellos que bloquean, reconociendo que dichas actividades “generan desabastecimiento y afectan la salud de la población. Son actividades ilícitas que deben ser judicializadas, pero no de cualquier manera, hay que tener mucho cuidado en cómo se logran liberar esas vías. Ojalá sobre la base de la persuasión y el diálogo y con el menor uso de fuerza pública posible”.

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Reportan fosas comunes, «casas de pique» y sitios de detención clandestinos para manifestantes en Colombia

 Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos comunicaron las denuncias que han recibido desde el pasado 13 de mayo sobre los sitios de detención clandestinos y posibles fosas comunes a donde llevan a las personas y a los cuerpos de los manifestantes del Paro Nacional de Colombia.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informaron sobre los relatos que han recibido acerca de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yombo a donde se llevan los cuerpos de jóvenes caleños manifestantes; además del uso del CAM como centro de operaciones encubiertas a donde llevan a los jóvenes para después transportarlos en camionetas polarizadas.

Las organizaciones compartieron también información sobre la movilidad de camiones que hacen parte de los medios que usa la policía colombiana para llevar a los manifestantes al sector de Mulaló, a 30 minutos de Cali, donde también descargan cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en la movilización y se encuentran desaparecidos.

Reportaron que los jóvenes son detenidos, reportados como desaparecidos y “ajusticiados” en lugares alejados de Cali por grupos de civiles armados protegidos por la policía. Denunciaron que las “dinámicas de represión se han ido sofisticando con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y criminal”.

Las organizaciones señalaron que estas operaciones violentas clandestinas demuestran la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes, víctimas y blancos directos de planes criminales.

Instaron a los entes de investigación y protección del Estado y particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a tomar en cuenta la información reportada y actuar conforme a ella. Con base en la garantía y los derechos a la verdad, exigieron a las autoridades que adopten medidas eficaces e investiguen junto con expertos forenses y observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

A continuación el comunicado completo:

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del Valle desde abril 28 a hoy:

  1. Alejandro Castro
  2. Alejandro Duque González
  3. Alejandro Hoyos Salgado
  4. Alexander Martínez
  5. Andrés Arango
  6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
  7. Angie Amaya
  8. Antony Jaramillo
  9. Antony López Brando Molina
  10. Brando Stiven Blandón Pérez
  11. Brayan Cavadias
  12. Brayan Steven Rayo
  13. Bryan Steven Mesa
  14. Bryan Varela
  15. Camila Jaramillo
  16. Carlos Alberto Vásquez Usma
  17. Carlos Andrés Benavides
  18. Carlos Castillo
  19. Carlos Mayorc
  20. Claudia Ospina
  21. Cristian Andrés Ocampo
  22. Cristian Camilo Duque
  23. Cristian Estiven Rentería Valencia
  24. Cristian Zúñiga
  25. Cristopher Rodriguez
  26. Daniel Becerra
  27. Daniel Steven Bonilla
  28. Daniel Zuluaga García
  29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
  30. Deivy Alexis Gómez
  31. Devin Alegría Camacho
  32. Deyvi Farley Orozco
  33. Diana Cruz
  34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
  35. Diana Ruiz Diego Botero
  36. Eduardo Galeano
  37. Edwin Santiago Martínez Garcés
  38. Elberth Orozco
  39. Esteban Rodríguez
  40. Estiven Jaramillo
  41. Estiven Marulanda
  42. Fabier Londoño Medina
  43. Felipe Arias Felipe Ruiz
  44. Francisco Durán
  45. Francisco Javier García
  46. Héctor Valencia
  47. Heilen Bravo
  48. Isabella Martinez
  49. Jesús David Lozano
  50. Jhon Alexander Aguirre
  51. Jhonatan Lenis
  52. Joan Francisco Herrera
  53. Joan Stiven Vélez
  54. Job Alejandro Moreno
  55. Johan Esteban Torres Urbano
  56. Jorge Alexander Lozano Perez
  57. Jose David Hurtado Moreno
  58. Jose Esteban C Angulo
  59. Juan Camilo Maiman
  60. Juan Camilo Pérez
  61. Juan Camilo Sánchez
  62. Juan Carlos Gironza Hoyos
  63. Juan Carlos Peña Meneses
  64. Juan Diego Ulloa
  65. Juan Esteban Alvarez
  66. Juan Pablo Gutiérrez
  67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
  68. Karol López
  69. Kelvin Josué Plaza Castillo
  70. Kevin Aguilar
  71. Kevin Alexis Bedoya
  72. Kevin Jiménez
  73. Kevin Perea
  74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
  75. Leonardo Andrés Villegas Arana
  76. Lizeth Arévalo
  77. Lizeth Valencia
  78. Luis Dayan Montes Betancourt
  79. Luis Fernando Chávez
  80. Luis Mario Maicol
  81. Andrés Medina Ortiz
  82. Manuela Ruiz Taborda
  83. Marcela Valencia
  84. Marco Andrés Arango
  85. María Angélica Cano
  86. María del Carmen Carabai Barrera
  87. Mario Alberto Arcila Martínez
  88. Marvin Santiago Trejos
  89. Mauricio Cáceres
  90. Michele Arteaga
  91. Michell Torres
  92. Miguel Angel Escobar
  93. Miguel Ángel Henao
  94. Miguel Bolaños
  95. Mónica Mosquera
  96. Nicolás Flórez
  97. Nicolas Suarez
  98. Oscar Eduardo Arroyo
  99. Ramiro Parmenio
  100. Robert Steven Londoño Ospina
  101. Santiago Muñoz Quiroga
  102. Santiago Cruz
  103. Santiago Posada
  104. Santiago Arce
  105. Sebastián Arce
  106. Sebastián Cortés
  107. Sebastián Escobar
  108. Sebastián Ospina
  109. Sofia del Mar Gaviria
  110. Steven Riveros
  111. Valentina Campos
  112. Valentina Marin Quintero
  113. Valentina Ramirez Sánchez
  114. Valeria Serna Vanessa Navia
  115. Verónica Valencia
  116. Víctor Manuel Agudelo
  117. Wilson Loaiza
  118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
  119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
  120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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Un policía muerto y otros dos heridos tras disturbios en el barrio Calipso de Cali

En la madrugada de este sábado, en medio de confrontaciones entre uniformados de la Policía y vándalos que saqueaban establecimientos comerciales en Cali, un policía, de 21 años resultó muerto por herida con arma de fuego.

 

De acuerdo con información suministra por el Mayor General de la Policía Jorge Vargas, en medio de una rueda de prensa, el uniformado y patrullero, Juan Sebastián Bríñez, perdió la vida cuando ejercía labores de control de vandalismo en el barrio Calipso, en la ciudad de Calí. Según información preliminar, el joven de 21 años, que hacía parte del grupo de carabineros, fue impactado por una bala en su tórax durante un ataque armado a un almacén de cadena.

“Rechazamos de manera contundente el hecho registrado en Cali, donde criminales disparan contra nuestros policías que se encontraban restableciendo el orden en el sector de Calipso. Allí pierde la vida un patrullero del Escuadrón Móvil de Carabineros y dos más del Escuadrón Móvil Antidisturbios resultan gravemente heridos”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía.

Según el reporte de la Policía, el uniformado asesinado, al ser herido fue trasladaron a la clínica Fundación Valle del Lili, donde falleció debido a la gravedad de la herida. Bríñez, de 22 años, llevaba tres en la Policía.

Los dos uniformados del ESMAD heridos fueron identificados como Marlon Ovidio Araújo España de 33 años de edad, con herida de fuego en el brazo izquierdo y Andrés Felipe Santoyo de 22 años de edad con herida por disparo en el pie derecho.

De igual manera, la Policía Metropolitana de Cali reportó que vándalos incineraron el CAI Galerías ubicado en la autopista Simón Bolívar con carrera 56, al suroriente de la ciudad.

Estos hechos de violencia se generaron luego de que las autoridades descartaran las denuncias de que en el almacén Éxito de Calipso estuvieran escondiendo cuerpos de personas fallecidas.

Por otro lado, también en la noche de este viernes amanecer sábado, un grupo de personas incendió el CAI de la carrera 56 con autopista Simón Bolívar.

“La Policía está de luto: fue asesinado nuestro patrullero Juan Sebastián Briñez, de Carabineros de Cali, cuando cumplía con honor su deber constitucional de salvaguardar la vida de la comunidad en Cali. Se nos va un joven héroe nacido hace 22 años en Yopal”, trino el general Vargas.

De igual manera, el alto mando de la Policía afirmó que en los corrido de las protestas, el CAD y la línea 123 ha recibido 1160 denuncias de ataques con armas de fuego a uniformados de la Policía. Agregó que antes los lamentables hechos, una comisión especial de investigación criminal llegará a la ciudad de Cali, para determinar los hechos en los que murió el patrullero y así poder entablar los responsables para su respectiva judicialización.

Por el momento, no se ha determinado el tipo de arma o proyectil que terminó con la vida del patrullero Juan Sebastián, pues están a la espera de los resultado de los peritos y del protocolo de necropsia al cuerpo del joven, el cual en horas de la tarde, será trasladado al municipio de El Espinal, en el departamento de Tolima, donde lo está esperando su familia.

Ante los hechos, el presidente Iván Duque condenó el hecho y ordenó una investigación: “He dado instrucciones a Mindefensa y al director de la Policía para que se capture a los autores del vil asesinato del patrullero Juan Sebastián Briñez, víctima en Cali de un ataque perpetrado por criminales que utilizaron fusil”.

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Supermercado del grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali

La denuncia se conoció por vecinos y periodistas. Denuncian la colaboración con la policía para realizar detenciones ilegales.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Sábado 22 de mayo | 16:28

El grupo Éxito es una empresa de origen colombiano con presencia en varios países de Latinoamérica, hoy su mayor propietario es el grupo francés Casino y el grupo empresarial antioqueño. El grupo es líder en el sector del retail en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y con su marca de centros comerciales Viva. También tiene presencia en Uruguay con las marcas Grupo Disco y Grupo Devoto, y en Argentina con los hipermercados Libertad.

La empresa quedó relacionada con la brutal represión a las protestas que se está viviendo en el país. En el marco del Paro Nacional el 19 y 20 de mayo, producto de las denuncias de los vecinos del almacén Éxito Calipso en la ciudad de Cali, se supo que manifestantes fueron detenidos en el interior del almacén, los vecinos denunciaron que escucharon gritos de auxilio, además de ver salida y entrada de camiones de basura y otros vehículos.

Grupos de manifestantes, en especial de la “primera línea” de Cali y junto a periodistas hicieron presencia en el lugar y por medio de videos se demostró que tanto en la zona de máquinas, ropa y cuartos fríos se encontraban rastros de sangre, al igual que en banco AV Villas.

La policía que se hallaba en el lugar impidió durante el día la entrada de periodistas y derechos humanos, se cree que con intensión de borrar las evidencias pues se encontró además de rastros de sangre, jabón y aceite derramado. Durante la noche del 20 de mayo las personas que asistieron al lugar resaltaron la falta de placas de los camiones en los que se desplazaba la policía y policías de civil manejándolos. Hasta la media noche del día 20 de mayo no había aun presencia del CTI de la Fiscalía.

La presión de los vecinos y manifestantes ante lo que ocurría en el lugar llevó a que delegados de la alcaldía de Cali se hicieran presentes en el almacén Éxito de Calipso, la funcionaria que atendió el requerimiento se limitó a levantar un acta y a decir que los hechos serán materia de investigación pues además de las denuncias la policía y el ESMAD (grupo antimotines de la policía) hacia presencia poco usual en el sector.

Los hechos recuerdan los peores años de complicidad empresarial con la represión estatal contra las protestas. En nuestro continente muchas veces poderosas patronales han colaborado con la represión, incluso prestando sus instalaciones como se demostró con la automotriz Ford en tiempos de la dictadura militar argentina, para torturar y desaparecer, propio de la alianza perversa contra los trabajadores y el pueblo que sale a defender sus derechos.

La ONG Temblores informa que al día 21 de mayo se registran 2.905 casos de abuso policial, 855 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente a manos de la policía, esto sin tener en cuenta los cuerpos desmembrados que están apareciendo en el río Cauca y en el sur de Bogotá que son materia de investigación; 1,264 detenciones arbitrarias, de las que se tienen conocimiento traslados y obstaculización del debido proceso; 575 intervenciones arbitrarias por parte de la policía, 39 víctimas de agresiones en los ojos y 21 víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el aumento de las cifras registradas por la ONG Temblores, es evidente que la represión por parte del gobierno de Duque aumenta tras la resistencia del pueblo colombiano en búsqueda de hacer retroceder las marchas, bloqueos, expresiones artísticas, entre otras expresiones presentes en el Paro Nacional. Y también es evidente que el grupo Éxito colabora con la represión prestando sus instalaciones al gobierno en el intento por amedrentar a los manifestantes.

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2020, el año más violento en la última década con 199 líderes asesinados

 

Un reporte de Somos Defensores calificó al 2020 como “nefasto” en materia de derechos humanos.

 

Este 20 de mayo, Somos Defensores, el espacio de protección conformado por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, Asociación MINGA, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, publicó el informe anual 2020 “La Mala Hora-Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia - SIADDHH”.

El reporte señala que 2020 fue el año más violento en más de una década para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 199 líderes que trabajaban por la vida, el territorio o la paz. Esto fue calificado como “nefasto” por la organización.

Dicha cifra supone un incremento del 60,4 % en relación con 2019, año en el que hubo 124 asesinatos. “Del 2010, cuando se registraron 32 hechos, se pasó a 199 asesinatos en 2020, lo cual representa un incremento del 522 % (167 casos más), superando incluso al 2018 que en su momento presentó la cifra más alta con 155 casos”, advirtió Somos Defensores.

Asimismo, el informe indicó que desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016 los asesinatos han venido en aumento. De igual forma, una de las situaciones más alarmantes que Somos Defensores puso en evidencia es que en medio de la pandemia los defensores de garantías básicas “quedaron aún más desprotegidos y expuestos a la violencia”.

La ONG señala también que los agresores aprovecharon el encierro estricto que rigió en el país entre marzo y septiembre para encontrar a sus víctimas “en sitios cercanos a su residencia o dentro de ella”, lo que devela “la ineficacia de las políticas” del gobierno para protegerlos, anotó.

“Las personas defensoras de derechos humanos también fueron víctimas de amenazas, atentados, judicializaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y robos de información. Y vimos con preocupación cómo se han incrementado estos hechos contra liderazgos como los juveniles, sindicales, LGBTI, comunitarios, comunales, académicos y defensores de DDHH; esto significa que la violencia selectiva está afectando a un espectro más amplio de causas de defensa de los derechos humanos y, por ende, a un número mayor de personas defensoras”.

Las zonas más afectadas

De acuerdo con Somos Defensores, los departamentos con mayor número de casos fueron Cauca (52), Antioquia (23) y Nariño (22), todos con alta presencia militar. En los tres departamentos operaban las FARC y ahora repunta el conflicto de la mano de grupos armados que se disputan miles de hectáreas de narcocultivos y rentas de la minería ilegal.

De igual forma, aseguró que la mayoría de los homicidios se encuentran en la impunidad y asimismo señaló que, desde 2016, la Fiscalía ha logrado condenas en un 16 % de los 417 casos que investiga.

Solo en 30 casos se ha determinado la responsabilidad de grupos herederos del paramilitarismo; en 25, de disidentes que se marginaron del pacto con las FARC, y en nueve, de guerrilleros del ELN. Ocho agentes de la fuerza pública están implicados en asesinatos de defensores, especificó la organización.

Otra de las situaciones preocupantes que visibiliza Somos Defensores es que, “los cientos de asesinatos y las miles de agresiones siguen sin alarmar a la institucionalidad que tiene el deber de proporcionar garantías para las vidas de quienes defienden los derechos humanos y de sus comunidades o colectivos, pero contrario a esto, como se ha enunciado en los últimos años, el Gobierno sigue insistiendo en la implementación de estrategias poco efectivas”.

Pese a esto, la organización resalta que, “la defensa de los derechos avanza en cada rincón del país a pesar de las amenazas y de los vacíos del Estado.

“Nos seguimos preguntando ¿hasta cuándo seguiremos restando vidas?”, concluyó Somos Defensores.

21 de Mayo de 2021

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Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

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Martes, 18 Mayo 2021 11:26

Colombia. La masacre no cesa

Registro de la reunión en Compensar de las delegaciones del Gobierno y del Comité de Paro en procura de abrir una negociación

Como una honda expansiva que va recorriendo el país, la energía del paro nacional llega cada día a diversidad de municipos del país, no solo grandes, como el caso de las capitales de departamento, sino también a medianos y pequeños, como resaltó con el industrial municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.

En efecto, el pasado domingo 16, con prolongación durante el lunes 17, la protesta social fue reprimida en Yumbo, carcano a la capital vallecaucana, conocido por ser territorio industrial y punto de acopio de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y multinacionales.

Según denuncias, el Esmad, como ya es conocido, llegó a disolver la protesta pacífica de la comunidad y con ella a la Minga Indígena, la cual denunció que fue atacada con armas de fuego. En un trino la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic– denunció: “[…] la situación en Yumbo, Valle, es gravísima: El ESMAD está disparando contra los participantes en la Minga que se concentra en el punto de Ecopetrol. Continúa la vulneración a los Derechos Humanos”.

El mismo alcalde local reconoció el carácter pacífico que reinaba entre los manifestantes: “Estaban haciendo una protesta pacífica, tranquila, que lastimosamente se ha visto empañada por la violencia”. Y agregó: “Gobierno nacional, siéntese ya a debatir esas exigencias que le están haciendo. Sean responsables porque nosotros somos los que estamos pagando esa situación de orgullo del Gobierno nacional”. Horas después se supo que supuestos manifestantes atacaron su vivienda.

Por el ritmo violento y represivo de los acontecimientos el mandatario local también denunció: “Yo, alcalde del municipio de Yumbo, Jhon Jairo Santa María, quiero poner en conocimiento esta situación a la comunidad internacional, porque necesitamos la presencia de ustedes para garantizarles las vidas a nuestros yumbeños, a nuestros compatriotas, a nuestra comunidad”.

Su denuncia y preocupación por lo que estaba sucediendo no era gratuita ya que, como lo reportó el periodista Luis Alfonso Mena S. en artículo titulado: Yumbo; 24 horas de terror policial: “La violencia oficial se prolongó durante 24 horas, pues llegada la medianoche del martes 18 de mayo se seguía experimentando el terror policial, que dejó tres jóvenes asesinados a balazos, 30 heridos, la mayoría con armas de fuego, y numerosos detenidos.

Durante todo el día y la noche se produjo un incesante asedio y ataque de la policía que obraba como fuerza de ocupación en avenidas y barrios contra la población, incluso con francotiradores desde la llamada Mega Estación, a pesar de lo cual la comunidad movilizada no cedió, siguió en las calles y se enfrentó a las fuerzas coercitivas del Establecimiento,

Las personas asesinadas fueron identificadas como Maicol López Cano, de 32 años de edad; Michael Joan Vargas López, de 23 años, con heridas de bala en la cabeza, y Jhon Alexander Yotengo Chagüendo, de 21 años.

Rodrigo Vargas, defensor de derechos humanos de Yumbo, quien fue víctima de la represión y fue lesionado también por la policía, reveló el siguiente primer listado de heridos en las primeras horas del lunes: Reinaldo Manzano, Alejandro Cárdenas, José Wilmer Valencia y Andrés Cerón.

Luego, el Hospital La Buena Esperanza confirmó que allí fueron atendidos con heridas causadas con armas de fuego las siguientes personas: Héctor Manuel Vargas, Néstor Julián Bermúdez, Jarry Alejandro Bermúdez, Nicolás Peñuela Salazar, Sebastián Mosquera, Ronald Alexis Llantés Sánchez, Johanson David Preciado, Harold Yesid Medina Borrero, Daniel Andrés Ramos Domínguez, Aníbal Armando Solarte Méndez, Nicolás Arroyo Moreno y Cristian Andrés Muñoz Rendón.

En video difundido desde la entrada al hospital de Yumbo en horas de la madrugada del lunes Armando Solarte dijo que fue herido por la policía frente a su propia casa.

Heridos con arma blanca fueron atendidos en el Hospital La Buena Esperanza los ciudadanos Jaime Ángel Cabal, Víctor Manuel Rodríguez, Jean Carlos Villanueva Mesa, Brayan Alexander Guzmán y Steven Lenis.

Intoxicados con gases lacrimógenos llegaron al hospital Lesly Yulieth López, Angie Tatiana Vasco Arango y Cristhian David Acevedo.

Otras personas heridas fueron Jorge Alberto López, Óscar Payán y Miguel Amézquita.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N informó que nueve jóvenes que habían sido detenidos en horas de la mañana del lunes fueron dejados en libertad luego de sus gestiones ante instancias judiciales.

Defensores de derechos humanos denunciaron que el joven Brayan Sti Parra, de 19 años de edad, fue detenido por la policía en el sector de Ecopetrol y se encontraba desaparecido”.

En el curso de la refriega, y en repudio por la acción policial, los manifestantes llegaron hasta el CAI del barrio Las Acacias para encarar a quienes lo custodiaban. Allí la balacera también fue notable.

En medio de ello, y en lo que parece a todas luces una provocación para inculpar a los manifestantes de terrorismo o similares, o justificar una mayor matasona, personas no identificadas atentaron contra un tanque de Ecopetrol, acción que pudo transcender en un suceso de graves consecuencias para los pobladores que habitan en los alrededores del terreno donde la petrolera nacional acopia combustible.

Este lunes, Iván Duque y su gabinete se reunió con los miembros del Comité del Paro por segunda vez pero no hubo consenso. Se espera que vuelvan a encontrarse para negociar el levantamiento de las protestas el próximo 20 de mayo.


Otros territorios

 

Desde el departamento del Huila ganó eco el potencial de la movilización campesina y ciudadana, la cual mantiene vivos 23 bloqueos viales a lo largo de su territorio y los cuales impactan de manera especial sobre 13 municipios de su jurisdicción.

Un hecho sin claridad sobre quiénes lo protagonizaron afectó al municipio de La Plata, con intento de incendio del edificio municipal.

Los bloqueos se mantienen a lo largo del país, y de lo cual dio cuenta la propia policía de carreteras al informar que al día lunes 17 estos afectan 86 vías principales y 5 secundarias., también confirmó la existencia de 46 concentraciones sobre distintas vías nacionales.

En Antioquia, en cercanías a Medellín, se vivieron momentos de alta tensión por protestas por la entrada norte como sur a la ciudad, en sucesos con epicentro en los municipios de Bello –jurisdicción de Niquia– y en Caldas. También hubo intentos de bloqueo sobre la vía Las Palmas.


La negociación

 

Estos hechos acontecen mientras un segundo encuentro entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional no logra sintonía, y queda citado una tercera ronda para el jueves 20.

El intento para definir una hoja de ruta que encauce de manera próspera las negociaciones está bloqueada por el rechazo del gobierno a dos solicitudes de la contraparte, reconocimiento efectivo del derecho a la protesta pacífica: 1. Que el ministro de Defensa, Diego Molano, rinda excusas públicas por los abusos policiales a los manifestantes en distintas zonas del país; 2. Retirar tanto al Ejército como del Esmad, y que la Policía Nacional no utilice armas en el control de las manifestaciones sociales.

Solicitudes ante las cuales el gobierno no responde, pero si levanta una exigencia: que quienes protestan levanten los bloqueos que mantienen sobre diversas autopistas del país. Una exigencia que va reforzada con una amplia campaña de difusión por medio de la cual quienes protestan son señalados como causantes del deterioro económico del país, así como creando el ambiente propicio para una acción represiva de amplio espectro para abrir esas vías a sangre y fuego.

Consecuente con ello, y al tiempo que las delegaciones representantes de las partes trataban de ponerse de acuerdo para instalar la mesa de negociación, el presidente Duque en mensaje al país ordenó el “despliegue de la fuerza pública” para recuperar las vías bloqueadas. De esta manera, y con los antecedentes de violencia y terror materializados por los cuerpos armados del establecimiento, cualquier cosa puede suceder en los días que vienen. Una orden librada sobre el diagnóstico maniqueo que de la protesta tiene el Gobierno, para el cual los bloqueos son realizados por delincuentes con el claro propósito de “afectar y de sabotear”.

No es casual la preocupación expresada por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del Comité de Paro, enfatizando que con la orden presidencial el presidente “Le declara la guerra al paro al ordenar desplegar el máximo de las Fuerzas Militares y de Policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país”.

Un pulso difícil de sostener, toda vez que el terrorismo en Colombia no escatima en grados de violencia y muerte. Pese a ello, el Comité de Paro Nacional convocó a una nueva jornada de parálisis para el miércoles 19, y las partes acordaron para el jueves 20 otra jornada de diálogo para ver si logran un acuerdo que de vía a la instalación de la mesa de negociaciones.

El jueves en el curso del día se conocerá si el pulso se inclina hacia alguno de los ángulos.

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Violación de derechos y derrumbe cada vez más total del Estado

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como ya en muchas otras ocasiones, se ve en el deber de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de un ente exterminador que no descansa en su propósito de acabar con nuestro proceso de vida.

Nos encontramos en momentos de movilizaciones sociales en todo el país y en otras partes del mundo. La raíz de todo esto es el afán de los poderosos de eliminar o marginar cada vez más a sus víctimas. Se enfrentan los gobiernos contra su propia ciudadanía sin que se garantice siquiera el derecho elemental a la protesta. Es claro que no les importa la vida de la gente; reformas y estrategias de “seguridad” están dirigidas a causar más hambre, exclusión y exterminio de quienes estorban los intereses de las élites.

Mientras en la ciudad se reclama por una vida digna, en los campos del país el paramilitarismo no cesa de someter a la población civil, la silencian y la atemorizan con armas amparadas por el Estado y mediante pan etos continuos la amenazan por no someterse a sus órdenes. En nuestra zona, los paramilitares tratan de cooptar a más y más gente en su propósito de exterminar nuestra Comunidad de Paz. Se apoyan en funcionarios públicos para elaborar tutelas y darle apariencia legal a su lucha de exterminio contra nosotros. Policía y Ejército están lejos de proteger a la población vulnerable; es evidente su estrategia de tolerancia total al paramilitarismo y sus componendas con ellos para alejarse tácticamente de los sitios donde ellos van a actuar y así poder responder con su fórmula trillada: “no teníamos tropas en esa área”. No entendemos para qué sirven instituciones de protección que no protegen y además toleran y usan las “ollas” de consumo de drogas.

Los fallos de tutela siguen estando a favor de los victimarios, mientras que a las víctimas se les quiere amordazar e impedirles lo más elemental: hacer conocer sus sufrimientos de la sociedad y del mundo. Los derechos a la expresión, a la denuncia y a la protesta están siendo eliminados a bala en Colombia: el número de muertos y heridos en las protestas es escalofriante y la eliminación de líderes y lideresas sociales sigue un ritmo constante, incentivado por el anonimato y la impunidad.

Los hechos más recientes que nos afectan son los siguientes:

- El martes 4 de mayo de 2021, según algunos pobladores de la zona, el señor CÉSAR JARAMILLO, después de la reunión del 01 de mayo en la vereda La Esperanza, donde convocó a las juntas de acción comunal para hacerlas rmar un pacto de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, empezó a llamar a los presidentes de juntas que no asistieron a dicha reunión, para que le rmaran el documento del pacto de exterminio.-  El jueves 6 de mayo de 2021, llegó a nuestro conocimiento por informaciones de pobladores de la zona, la presión de los paramilitares para comprar terrenos ubicados en lugares estratégicos, como los los de montaña, para poner allí sus centros de operaciones. Ya han amenazado a varios pobladores que no han querido vender sus parcelas.

 

-  El viernes 7 de mayo de 2021, en horas del día en la vereda Arenas Altas personas ajenas a nuestra Comunidad de Paz destruyeron nuestras vallas las cuales son nuestras insignias como proceso de vida.

 

- El sábado 8 de mayo de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que un grupo de pobladores de la vereda La Esperanza planearon pedirle a CORPOURABA que lleguen hasta la propiedad privada de nuestra comunidad allí y se midan 30 metros de ribera del río para iniciar la construcción de una carretera sin nuestro consentimiento.

 

-  El domingo 09 de mayo de 2021, llegó a nuestra Comunidad informaciones de que el paramilitar e integrante de la junta comunal de La Unión, ADOLFO GUZMÁN, habría lanzado amenazas contra un miembro de nuestra comunidad en la vereda la Unión.

 

-  El martes 11 de mayo de 2021, en horas de la madrugada en el casco urbano de San José y sus alrededores los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región dejaron pan etos y escritos en las paredes de las viviendas con las siglas (AGC presente).

 

-  El miércoles 12 de mayo de 2021, en horas del día, tres reconocidos paramilitares portando armas largas entraron al caserío de la vereda La Unión e ingresaron a la vivienda de un poblador.

 

- El jueves 13 de mayo de 2021, recibimos llamadas y mensajes de muchas personas, alarmadas porque se habían enterado de que la Corte Constitucional, en una votación de 5 contra 4, había decidido mantener el núcleo de la Sentencia 342/20, que le daba cierta razón a la Brigada XVII del ejército en su Acción de Tutela contra nuestra Comunidad de Paz, a rmando que nuestras Constancias ofendían su buen nombre y no debían permitirse mientras no estuvieran sustentadas en fallos judiciales. Aunque no conocemos aún el texto del fallo y ni siquiera se ha emitido el comunicado de prensa de la Corte, la noticia revela ya un derrumbe muy profundo del Estado de Derecho. Si nuestra Comunidad radicó una demanda de nulidad contra esa sentencia, la petición de nulidad la respaldamos en abundantísima jurisprudencia internacional y nacional, que a todas luces le da la primacía al derecho a la libre expresión como elemento esencial de cualquier democracia, jurisprudencia que también prohíbe que el derecho al “buen nombre” se interprete como anexo a cargos o dignidades o prescripciones, puesto que el BUEN NOMBRE se construye esencialmente con el BUEN COMPORTAMIENTO

que lleva a ganar aprecio y respeto, pero en el caso de la Brigada XVII existen condenas por crímenes de tribunales nacionales e internacionales e incluso de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En el proceso se anexaron numerosos aportes de eminentes juristas de muchos países, los cuales se apoyaron en numerosas citas de la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, la decisión de la Corte, en un momento de tanta violencia estatal y caos jurídico, sólo añade una gota más a los millares de argumentos que en estos días se propalan sobre la ilegitimidad del Estado y el derrumbe total del Estado de Derecho.

  • -  El viernes 14 de mayo de 2021, paramilitares que controlan la zona prohibieron a pobladores de la vereda Arenas Bajas tumbar monte para sembrar productos de pan coger en sus ncas heredadas de sus ancestros.

  • -  El sábado 15 de mayo de 2021, en horas del día llegaron informaciones que en la vereda La Unión se habría organizado en reunión de Junta de Acción Comunal retirar sin nuestro consentimiento la malla de protección del monumento a La Memoria construido allí por nuestra Comunidad en memoria de las víctimas de la masacre cometida por militares y paramilitares el 8 julio del 2000, según es para construir allí un supuesto parque infantil aprobado por La Alcaldía de Apartadó, el mismo presidente de la junta mani esta que ya es una decisión aprobada.

    Nuestra Comunidad de Paz que ha defendido la vida por más de 24 años rechazamos rotundamente la destrucción de nuestra la memoria histórica y a la vez le dejamos claro al gobierno local y nacional que no callaremos ante la barbarie que se viene cometiendo contra nuestro proceso de vida y la integridad de toda la población civil por parte de estructuras paramilitares, fuerza pública y demás instituciones del gobierno que con alianzas oscuras buscan cómo acabar con la vida digna de nuestra región.

    En estos tiempos en que el país está volcado en las calles en defensa de sus derechos, por la imposición de reformas que oprimen al pueblo colombiano y bene cian más bien el mismo bolsillo del gobierno, y donde las muertes violentas de los inconformes se multiplican día a día, las instituciones viven encapsuladas en un modelo de Estado represor cada vez repudiado por las grandes mayorías del pueblo.

    Hoy más que nunca agradecemos a las diversas personas y comunidades que desde el país y el mundo nos han apoyado en este largo y difícil camino, especialmente en su respaldo para insistirle a la Corte Constitucional que abriera los ojos para entender que la sentencia impugnada violaba principios muy esenciales y elementales de un Estado de Derecho y de una democracia, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y asociaciones eminentes de juristas de varios países, así como tantas personas que conceptuaron que el mismo sentido común más elemental era el que debería predominar. Aunque los resultados no fueron los esperados, creemos que hemos ganado dignidad frente a una Corte que no le importa la vida del campesino y que se dejó cooptar por los intereses y el inexistente “buen nombre” de una brigada militar que sólo ha acumulado motivos de mal nombre, dada su enorme trayectoria criminal impune, la que quieren camu ar de “buen nombre” contra toda ética, contra toda razón y contra el sentido común más elemental.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó Mayo 17 de 2021

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