Fuentes: Instituto Tricontinental de Investigación Social [Imagen: Mao Xuhui (China), Dejo el rastro de las alas en el aire, 2014–2017]

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes.

En octubre de 2021, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró un seminario sobre la pandemia y los sistemas educativos. Las cifras son impresionantes: el 99% de las y los estudiantes de la región pasaron un año académico entero con interrupción total o parcial de las clases presenciales, mientras que más de 600.000 niñxs lucharon con la pérdida de sus cuidadorxs debido a la pandemia. Además, se estima que la crisis podría obligar a 3,1 millones de niñxs y jóvenes a abandonar la escuela y a más de 300.000 a trabajar. En el seminario, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que la combinación de la pandemia, las turbulencias económicas en la región y los retrocesos en la educación han provocado «una crisis silenciosa».

La situación en todo el mundo es igualmente grave, y la frase «crisis silenciosa» quizá necesite una aplicación más global. Las Naciones Unidas señalan que «más de 1.500 millones de estudiantes y jóvenes de todo el planeta se ven o se han visto afectadxs por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia de la COVID-19»; al menos 1.000 millones de escolares corren el riesgo de quedarse atrás en sus estudios. «Lxs niñxs de los hogares más pobres», dice la ONU, «no tienen acceso a Internet, computadores personales, televisores o incluso radios en casa, lo que amplifica los efectos de las desigualdades de aprendizaje existentes». Cerca de un tercio de todos lxs niñxs —al menos 463 millones— no tienen ningún acceso a las tecnologías para la educación a distancia; tres de cada cuatro de estos niñxs proceden de zonas rurales, la mayoría de los hogares más pobres. Debido al cierre de las escuelas durante los confinamientos y a la falta de infraestructura para el aprendizaje en línea, muchos niños y niñas «se enfrentan al riesgo de no volver nunca a la escuela, deshaciendo años de progreso en la educación en todo el mundo».

En 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que debían cumplirse en un plazo de quince años. Todo el proceso de los ODS, que comenzó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza en el año 2000, contó con un amplio consenso. El cuarto ODS consiste en «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Como parte del proceso para avanzar en este objetivo, las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrollaron conjuntamente un concepto llamado «pobreza de aprendizaje», definido como «ser incapaz de leer y comprender un texto sencillo a los 10 años». La medida de «pobreza de aprendizaje» se aplica al 53% de lxs niñxs de los países de ingresos bajos y medios y hasta al 80% de lxs de países pobres. Antes de la pandemia, estaba claro que para 2030 las aspiraciones de los ODS no se lograrían para el 43% de los niños y niñas del mundo. Las Naciones Unidas informan ahora que en 2020 otros 101 millones, o el 9% de lxs niñxs de las clases 1 a 8, «quedaron por debajo de los niveles mínimos de competencia en lectura» y que la pandemia ha «anulado los avances en materia de educación logrados en los últimos 20 años». Ahora se reconoce universalmente que el cuarto ODS será irrealizable durante mucho tiempo.

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes. Calculan que «esta generación de niñxs arriesga ahora perder 17 billones de dólares en ingresos de por vida en valor actual, o alrededor del 14% del PIB mundial actual, debido a los cierres de escuelas relacionados con el COVID-19 y a las crisis económicas». Lxs estudiantes no solo van a perder billones de dólares en ingresos de por vida, sino que también se van a ver privadxs de la sabiduría y las habilidades sociales, culturales e intelectuales vitales para el avance de la humanidad.

Las instituciones educativas, desde los primeros años hasta la universidad, ya hacen hincapié en la comercialización de la educación. El declive de la formación básica en humanidades se ha convertido en un problema global, privando a la población mundial de una base en historia, sociología, literatura y artes, disciplinas que crean una comprensión más rica de lo que significa vivir en una sociedad y ser un ciudadano del mundo. Este tipo de educación es un antídoto contra las formas tóxicas de patrioterismo y xenofobia que nos llevan a la aniquilación y la extinción.

Las instituciones culturales son las que más problemas tienen en la «crisis silenciosa». Un estudio de la UNESCO sobre el impacto de la pandemia en 104.000 museos de todo el mundo reveló que casi la mitad de estas instituciones experimentaron una reducción significativa de la financiación pública en 2020, con ganancias limitadas al año siguiente. En parte debido a los confinamientos y en parte a los problemas de financiamiento, la asistencia a los museos de arte más populares del mundo se redujo en un 77% en 2020. Además de la pandemia, el auge del capitalismo de plataformas —actividad económica arraigada en las plataformas online— ha acelerado la privatización del consumo cultural. Las formas públicas de exposición cultural a través de la educación pública, los museos y galerías públicas y los conciertos públicos no pueden seguir el ritmo de Netflix y Spotify. El hecho de que solo el 29% de la población del África subsahariana tenga acceso a Internet hace que las desigualdades de la vida cultural sean una preocupación aún más acuciante.

La forma en que se ha tratado a las y los profesores durante la pandemia demuestra la poca importancia que se da a este trabajo crucial y a la educación en general en nuestra sociedad global. Solo en 19 países se colocó a lxs profesores en el primer grupo de prioridad con lxs trabajadores de primera línea para recibir la vacuna COVID-19.

En el transcurso de las últimas semanas, este boletín ha destacado Un plan para salvar el planeta, que hemos desarrollado junto a 26 institutos de investigación de todo el mundo bajo el liderazgo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Seguiremos señalando ese texto porque desafía significativamente la visión del statu quo sobre cómo debemos proceder en nuestras luchas globales compartidas. En lo que respecta a la educación, por ejemplo, estamos construyendo nuestro marco para el planeta basándonos en las necesidades de las y los profesores y alumnos, no en el PIB o el valor del dinero. En cuanto a la educación, tenemos una lista de once demandas que no son exhaustivas, pero sí sugerentes. Pueden leerlas aquí.

Les pedimos que lean atentamente el plan. Esperamos sus comentarios, por favor envíenoslos  a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Si estas ideas les parecen útiles, les rogamos que las difundan ampliamente. Si se preguntan cómo proponemos financiar estas ideas, echen un vistazo al plan completo (por cierto, actualmente hay al menos 37 billones de dólares en paraísos fiscales ilícitos).

En Honduras se están dando pasos en esta dirección. El 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro tomó las riendas del país, convirtiéndose en la primera mujer jefa de gobierno en la historia nacional. Inmediatamente se comprometió a dar electricidad gratuita a más de un millón de los casi diez millones de habitantes de Honduras. Esto mejorará la capacidad de la población hondureña más pobre para ampliar sus horizontes culturales y aumentará las posibilidades de que los niños y niñas puedan participar en el aprendizaje en línea durante la pandemia. El día de la toma de posesión de la presidenta Castro, leí las hermosas palabras de la poeta nicaragüense-salvadoreña Claribel Alegría, cuyo compromiso con el progreso de los pueblos de Centroamérica se refleja en sus brillantes poemas. En 1978, justo antes de la revolución nicaragüense, Alegría ganó el Premio Casa de las Américas por su colección Sobrevivo. Con D. J. Flakoll, escribió la historia definitiva de la Revolución Sandinista: Nicaragua, la revolución sandinista: una crónica política 1855-1979, publicada en 1982. El fragmento de su poema “Contabilizando» de su libro Fugues (1993) nos enseña la importancia de la poesía y la epifanía, y la importancia que el sueño y la esperanza tienen para el avance humano:

No sé cuántos años soñando
con la liberación de mi pueblo
algunas muertes inmortales
los ojos de aquel niño desnutrido
Tus ojos cubriéndome de amor
una tarde nomeolvides
Y en esta hora húmeda
las ganas de plasmarme
en un verso
en un grito
en una espuma

 

Por Vijay Prashad | 05/02/2022

Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/crisis-educacion/

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Unos 50 mil camioneros canadienses, integrantes del convoy de la libertad, rechazan las medidas restrictivas por el covid-19. En la imagen, la policía permite el paso a uno de los manifestantes en Toronto, capital de la provincia de Ontario.Foto Afp

La revuelta de 50 mil camioneros propietarios en Canadá –miembro de la OTAN, del Comando Norte/NORAD y del geoeconómico T-MEC– tiene ya fuerte impacto en su frontera con Estados Unidos. Se escenifica una feroz colisión entre, por un lado, el connotado comentarista de Fox News, Tucker Carlson (TC), el expresidente Donald Trump, el hoy hombre más rico del mundo, Elon Musk (https://bit.ly/34jcNIX), y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y, por otro lado, los epígonos del megaespeculador israelí-húngaro-anglo-estadunidense George Soros.

Trump sentenció que apoya "en toda la ruta (sic) a los grandes camioneros canadienses (Daily Mail, 30/1/22)", mientras el primer Justin Trudeau, de 50 años, abandonó la capital Ottawa con su familia a un lugar desconocido bajo el pretexto de haber contraído covid-19.

En el "convoy de la libertad" brilló el eslogan "Hacer a Canadá grande de nuevo". En contrapunto al wokenismo, que le ha valido a Canadá su apodo de wokestán, surgió lo inesperado: un "convoy de la libertad" de 50 mil camioneros que protestan contra las medidas restrictivas del covid-19, las cuales han sitiado a Ottawa y a su Parlamento, además de poner en jaque al primer Trudeau en Canadá: paradójicamente, país pacifista "doméstico" y simultáneamente bélico foráneo como miembro de la OTAN, donde azuza y atiza la confrontación en Ucrania contra Rusia.

El fondo financiero creado para subvencionar a los contestatarios camioneros, GoFundMe, ha alcanzado 10 millones de dólares (https://bit.ly/35FOtRW), cuyo origen procede en su mayoría de agrupaciones trumpianas de Estados Unidos que los financian generosamente.

Elon Musk apoyó sin tapujos a los camioneros que formaron un impactante convoy de 3 mil 218 kilómetros desde Vancouver (British Columbia), en la costa del Pacífico, hasta la capital Ottawa (Ontario). Musk sentenció por tuit que "los camioneros canadienses gobiernan", mientras el atribulado primer Justin Trudeau los despreció como "racistas" y de "minoría marginal" (https://bit.ly/3GtHqbC).

La asombrosa revuelta alcanzó al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y hasta a Rusia, cuando el conductor estelar de Fox News, TC, desnudó el "control secreto" (sic) de George Soros sobre Hungría y sus multimedia globalistas (https://fxn.ws/3AXqUjh).

TC fustigó a Soros de socavar y ser el enemigo de la "civilización occidental" cuando entrevistó al primer húngaro Viktor Orban –que, por cierto, se acaba de reunir con el zar Vlady Putin en el Kremlin para desactivar el contencioso de Ucrania–, quien exhibió las tendencias globalistas de Soros, personaje que "condensa el símbolo de todo aquello que odian los húngaros". La mendaz estatal CBC difundió en forma bizarra y sin nula evidencia la peregrina "teoría de conspiración" con "actores rusos" (sic) que se encuentran detrás de la revuelta (Daily Mail, 2/2/22). No comment!

Los ardientes camioneros en pleno invierno son propietarios de sus camiones y ya desde el 15 de enero habían sido conminados a ser vacunados para poder atravesar la frontera de la provincia de Alberta, Canadá, con Estados Unidos.

La situación política se le ha complicado a Trudeau cuando el opositor Partido Conservador le exhorta a encontrar una "solución política" e iniciar el diálogo. La postura del Partido Conservador arrojó debajo del autobús a su pusilánime líder Erin O’Toole, quien fue sustituido por la más aguerrida parlamentaria Candice Bergen (CB, https://tgam.ca/3GqXxXt). CB exultó en la Cámara de los Comunes que los contestatarios camioneros son "apasionados, patriotas y pacíficos", (sic) por lo que "merecen ser escuchados y merecen respeto". CB urgió a Trudeau, cercano a Soros, a reunirse con los camioneros, ya que era su responsabilidad "aportar alguna solución".

El primer atribulado Trudeau no sabe arreglar un relativo asunto menor en Canadá –que se le salió de las manos y nunca debió haber llegado a la situación presente–, y ahora busca participar en forma absurda con la OTAN y el megaespeculador globalista George Soros en una guerra nuclear contra Rusia (https://bit.ly/3opDUJt).

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Las mujeres acceden al mundo laboral un 20% menos que los hombres, según el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que, de media, las mujeres de todo el mundo hacen al día dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres. Hay  también grandes diferencias entre países.
 

El promedio de participación femenina en el mercado laboral global sigue siendo un 20% más bajo respecto a la tasa masculina, al igual que las brechas de género que se acentúan en los salarios y el acceso a la educación.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, ha alertado sobre la situación de empleo entre las mujeres de todo el mundo tras la pandemia de la covid, en la cual se han perdido muchos trabajos relacionados con el área de servicios y cuidados, con gran presencia femenina.

Según los datos de la primera mujer en liderar el FMI, existen dos grupos de mujeres que han sido excluidas del mercado laboral y que no han regresado en la misma posición.

El primer grupo consta de las mujeres con niños menores de cinco años que no encuentran guarderías asequibles donde los pequeños puedan aprender mientras ellas vuelven al trabajo. Mientras que el segundo abarca a las mujeres de más edad preocupadas por los riesgos que la pandemia ha podido suponer para su salud.

Además, las alertas sobre las brechas de género sobre los salarios y el acceso a la educación continúan acrecentándose, al igual que las desigualdades en el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el propio hogar al cuidar de sus familiares.

Un nuevo modelo que permita prosperar a las mujeres

Otro factor importante que impide el regreso de las mujeres a nuevos puestos de trabajo corresponde al cambio del modelo laboral: los nuevos empleos están vinculados a la rama de la economía digital, sobre todo, comercio e internet. Georgieva insiste en que el resto de la población debe ayudar a las mujeres para que desarrollen este tipo de habilidades para pasar de un sector a otro.

La gerente del FMI ha considerado que el mundo necesita un "nuevo modelo" que permita prosperar a las mujeres que tienen un gran talento, pero a las que aún se las exige que cuiden de forma gratuita a jóvenes y personas de mayor edad.

El FMI ya había avisado en varias ocasiones sobre la situación de las mujeres que cargan de manera desproporcionada las responsabilidades del trabajo no remunerado con las tareas del hogar y el cuidado de familiares.

De media, las mujeres de todo el mundo hacen al día dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres con grandes diferencias entre países, según el Fondo.

04/02/2022 21:39

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Foto: Una mujer mayor vista en una calle con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia de policía nacional de Venezuela, al fondo, en Caracas, Venezuela | Alamy

Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria, mientras ella estaba en casa. Llorando.

Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crió a un delincuente, por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo, desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.

—Pásame una bala de otro calibre.

—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios, mientras ella los observaba desde la calle.

Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida, de la organización Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a manos de policías y militares en toda Venezuela.

Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le dice su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores, presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pero tampoco ha sido apresado.

En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones Unidas que estuvieron en el país.

Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a siete mamás y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares, aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.

En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos

Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.

Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son. Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.

—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.

A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita, una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.

Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años, era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.

—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en 2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones pronunciadas.

Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso. Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en barriadas populares retiradas del centro de la capital.

Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.

—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.

Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.

El 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal

Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30% existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales, como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los responsables.

Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a los funcionarios al menos seis veces.

—La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.

Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos. Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.

En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su visita a Venezuela, en 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

Datos de la exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.

Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.

El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.

“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos quedado en la casa”, dijo Miyanllela.

Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.

Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento, estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.

En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso. Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.

2 febrero 2022

Publicado originalmente en Open Democracy

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Cartel en calles de La Habana, en imagen de archivo.Foto Afp

Apenas llegó al poder, intensificó la presión que había impuesto Eisenhower a Cuba // La CIA ya admitió el fracaso de esta política // Es un símbolo de "hostilidad perpetua": experto

 

Nueva York. Hace 60 años, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva que impuso "un embargo sobre todo comercio con Cuba", medida que nació de una recomendación de política exterior de Washington de que la mejor manera para provocar un cambio de régimen en la isla era "generando hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno".

La orden ejecutiva conocida como Proclamación 3447 fue firmada por Kennedy el 3 de febrero de 1962 e implementada el 7 de febrero imponiendo un bloqueo "sobre todo comercio" que, seis décadas después, sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser una política que la propia CIA en los años 80, y el gobierno de Barack Obama hace sólo ocho años, calificaron de fracaso, y que ha sido explícitamente reprobada por casi todos los países cada año en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Los documentos oficiales desclasificados que establecen esta política, una selección de los cuales fueron presentados ayer por el National Security Archive –organización independiente de investigaciones y documentación sobre política exterior de Estados Unidos–, demuestran que el propósito de un bloqueo total era generar "dificultades" y "desencanto" entre el pueblo cubano para minar su apoyo a la revolución, que era lo que más entorpecía los deseos de Washington de cambiar el régimen en La Habana.

De hecho, el famoso memorando elaborado por el subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos Lestor Mallory, fechado el 6 de abril de 1960, resume el razonamiento oficial con que se desarrolló la política del bloqueo. El tema del memorando es "El declive y caída de (Fidel) Castro". Enumera consideraciones sobre el gobierno de la isla: que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro; no hay una oposición política efectiva, la "influencia comunista" está creciendo dentro del gobierno; oposición "militante" a Castro desde el exterior "sólo serviría a su causa y a la comunista" y que dado todo esto “el único medio que se puede vislumbrar para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto… basado en la insatisfacción y dificultad económica”.

El memorando de Mallory concluye que ante estas consideraciones "todo medio posible debería ser llevado a cabo cuanto antes para debilitar la vida económica de Cuba" a través de medidas como "negar dinero y suministros, reducir los salarios reales y monetarios, generar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Aunque se conocía este texto, el Archive por primera vez difundió una imagen del original (https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/2022-02/Embargo1-Mallorymemo.pdf).

Eisenhower amplió las sanciones comerciales a Cuba en octubre de 1960, a pesar de su preocupación de que eso podría provocar una reacción adversa de México y también fomentar división en la Organización de Estados Americanos. Sus asesores sugieren eximir del embargo medicinas y alimentos para aplacar posibles posturas contrarias a la medida entre la opinión pública estadunidense

Pero no sería hasta febrero de 1961, apenas un mes después de que Kennedy llegó a la Casa Blanca, que se intensificó la presión política para ampliar el embargo comercial parcial de su antecesor. Su secretario de Estado, Dean Rusk, ofreció su evaluación sobre las implicaciones de imponer un bloque comercial total, concluyendo que prohibir importaciones de Cuba pondría en desventaja económica a Castro y sería superior a cualquier beneficio político que Castro podría lograr al acusar a Estados Unidos de agresión económica y la aplicación de medidas unilaterales.

Más aún, Rusk aseguró a Kennedy que un bloqueo "ofrecerá apoyo moral y alentará a aquellos que están resistiendo al régimen de Castro" y que era la mejor opción para minar al gobierno de la isla.

Poco más de 20 años después, en una evaluación extensa del impacto de sanciones económicas estadunidenses en el mundo, la CIA concluyó que después de dos décadas las sanciones estadunidenses contra Cuba "no han cumplido con ninguno de sus objetivos". En esa misma evaluación, la CIA señala que aunque en público Washington promueve su meta de "una Cuba realmente libre e independiente", el objetivo real siempre ha sido "remover a Castro del poder".

Según Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Cuba del Archive, 60 años después "este embargo eterno se ha convertido en un símbolo perdurable de la hostilidad perpetua en la postura de Estados Unidos hacia Cuba".

La colección de documentos difundida ayer ofrece la evolución de esta política, desde el embargo parcial del presidente Dwight Eisenhower, hasta el bloqueo impulsado por Kennedy, así como modificaciones y maniobras de los siguientes presidentes y otros funcionarios desde Lyndon Johnson, Richard Nixon y Jimmy Carter. (Para ver la colección de los documentos y una cronología del bloqueo: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cuba/2022-02-02/cuba-embargoed-us-trade-sanctions-turn-sixty).

 

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Nicaragua: liberar a los presos políticos y suspender el estado policial

Desde el dolor y la desesperación por el deterioro físico y emocional de los que hoy sufren la injusticia y la tortura en las cárceles, más de un centenar de familias de ciudadanos presos políticos han relanzado el reclamo nacional por la liberación de los 170 reos de conciencia, demandando, además, la anulación de los juicios políticos en su contra, para preservar todos sus derechos y garantías constitucionales.

Sin embargo, la única respuesta del régimen ha sido programar más juicios políticos en las cárceles del Chipote contra 12 reos de conciencia: Yader Parajón, Yaser Muhammad Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyen Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaurre, María Oviedo, Irving Larios y Freddy Navas.

El pasado 17 de enero fue condenado en Chinandega Donald Margarito Alvarenga, un ex combatiente sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza, ex oficial del Ministerio del Interior en los años 80, el primer preso político procesado bajo las llamadas leyes de "ciberdelitos" y "defensa de la soberanía" de la dictadura Ortega-Murillo.

Por expresar sus opiniones contrarias al régimen en Facebook y WhatsApp, lo acusaron de los presuntos delitos de subversión e incitación al odio y la violencia. Todos los testigos que declararon en el juicio en su contra y presentaron "pruebas" fueron los mismos siete policías que lo espiaban y lo secuestraron. La audiencia judicial, presidida por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, duró 13 horas, se realizó en un solo día, y cinco días después emitió una condena de culpabilidad con pena de siete años y medio de cárcel. Veinticuatro horas después, la jueza rectificó su sentencia, no para reconocer y reparar las aberraciones jurídicas del juicio, sino para aumentar la pena a 12 años de cárcel.

Así son los "juicios" con que el régimen pretende legalizar la condena de todos los reos de conciencia; no son verdaderos juicios con derecho a la defensa bajo un estado de derecho o un Poder Judicial autónomo, sino únicamente un trámite de ordeno y mando para ejecutar la venganza política, que se decide y se ejecuta de forma discrecional desde El Carmen.

Entre los 170 presos políticos de Ortega y Murillo, hay mujeres y hombres de todas las edades y departamentos del país; precandidatos presidenciales y líderes cívicos; líderes políticos de partidos de derecha, centro e izquierda, y una mayoría de ciudadanos sin partido; dirigentes campesinos y líderes estudiantiles; intelectuales, diplomáticos y ex militares; empresarios, productores, banqueros y líderes gremiales; periodistas y defensores de derechos humanos. Ellos representan una muestra de la pluralidad y la unidad nacional de la Nicaragua azul y blanco que resiste y demanda un cambio democrático, que el proyecto totalitario de Ortega y Murillo no ha podido aplastar.

Todos, los 170 presos políticos, son inocentes porque no han cometido ningún delito, su único pecado es haber protestado durante la rebelión cívica, demandado justicia y democracia, y haber aspirado a liderar el reclamo de elecciones libres de todos los nicaragüenses, que fue conculcado por la fuerza el 7 de noviembre.

Las encuestas de opinión han reflejado el clamor nacional de esa gran mayoría que no está pidiendo un indulto o una amnistía, sino la liberación incondicional de todos los presos políticos, la anulación de los juicios y la suspensión del estado policial.

Durante el segundo diálogo nacional en 2019, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero Ortega solamente cumplió de forma parcial el acuerdo, para lo cual recurrió a una autoamnistía, pero mantuvo en la cárcel a más de un centenar de reos de conciencia que nunca fueron liberados.

Pero, además, la delegación oficial encabezada por el canciller Denis Moncada firmó el 29 de marzo de 2019 un "acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas", asumiendo el compromiso de levantar el estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales. El gobierno nunca cumplió el acuerdo, y los representantes del Vaticano y la OEA, que actuaban como testigos internacionales de la negociación, también fracasaron en su obligación de garantizar su cumplimiento. Por el contrario, Ortega reforzó el estado policial con las leyes represivas aprobadas a finales de 2020 y desató una nueva ola represiva de encarcelamientos hasta liquidar el proceso electoral en 2021.

De manera que hablar de un eventual "diálogo" sin precondiciones con el gobierno, como sugiere el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), o imponer un monólogo económico, sin liberar a los presos y sin levantar el estado policial, como ha anunciado el gobierno, no le traerá al país ninguna expectativa de paz.

Para devolverle al país la esperanza se necesita primero sumar fuerzas y ejercer máxima presión, nacional e internacional, para exigir y lograr la liberación de todos los presos políticos, la anulación de los juicios y la suspensión del estado policial. Ese es el punto de partida para lograr una solución humanitaria, que libere del sufrimiento a los reos de conciencia y a sus familiares, y también para buscar una solución política a la crisis nacional.

La salida empieza por recuperar las libertades para derribar los muros de esa gran cárcel nacional en la cual somos rehenes todos los nicaragüenses, incluidos los servidores públicos –civiles y militares–, así como decenas de miles de exiliados, para encontrar entre todas las fuerzas vivas del país, sin los carceleros, una solución nacional a través de elecciones libres.

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Lunes, 31 Enero 2022 05:26

Mirar y mejor no ver

Imagen: Bernardino Avila

En el centro de la ciudad de Bogotá hay un barrio industrial con la particular fisonomía de presentar manzanas enteras de esqueletos de casas demolidas. Puente Aranda se llama. Esos esqueletos de hormigón y revoltijos de basura albergan a quienes se debería mencionar como personas en situación de calle --hay quienes luchan y ponen toda su energía solidaria para considerar lo provisorio de esa “situación”-- que en el ámbito local la jerga los destrata como “los sintecho”, pero que en Bogotá, más realistas y nada mágicos, lisa y llanamente los conocen como “los desechables”.

Desechables, descartables, como autos para el desguace, como mueble viejo, como plásticos no reciclables, como residuos patológicos o pilas.

En fin, personas a desechar.

Bogotá no es dueña original de esa producción de “desechables”. Mas bien, nacen en todo el mundo como personas, como cualquiera, y las circunstancias --no de su vida, sino de las políticas más crueles que ha promovido el neoliberalismo-- las dejan con escasísimas (o ninguna) herramientas para mantenerse dentro del sistema, en Bogotá, en Buenos Aires, en Nueva York, en Madrid, en todas las ciudades del mundo, especialmente las grandes, que convocan multitudes con promesas de futuro y escupen una enorme proporción de ellas. Las que el sistema juzga que están de más.

En Vidas precarias, Judith Butler sostiene que en la construcción de la realidad hegemónica hay quienes merecen la pena de tener luto por ellos y hay quienes no, como una construcción de la mirada hegemónica que decide quienes sí y quienes no.

Desde otra perspectiva, en Vidas desperdiciadas, Zygmunt Bauman hace hincapié en la adictiva producción de vidas miserables, residuos de la industria de la vida en metrópoli y subraya la inseguridad que provoca que esas personas, consideradas residuos, reclamen, se levanten, protesten, busquen apoyos en la comunidad a la que pertenecen y de la que son despojados.

No son los únicos autoras o autores, ni es noticia. Esas muertes en vida son provocadas en una guerra cotidiana y no siempre silenciosa, en la que nadie quiere quedar implicado, quedar sometido a los vapuleos de una vida fuera de los conceptos mercantiles de lo que es vida.

Son los despojos humanos que la sociedad no ve, no quiere ver, la sociedad de la inmensa ceguera autosumergida y autosustentada. No ver lo que no se quiere ver, como explicación apriorística de que no existe. Negacionismo desparramado a niveles insospechados, porque excede los límites de lo que hoy apuntaríamos como antivacunas o antiderechos en los casos de género, cuya negativa resulta de una postura execrable, pero consciente, pensada, intencionada.

No, en este caso se trata de otro tipo de negacionismo vinculado a la invisibilidad producto de la no videncia, al no te metás, al mirar para otro lado que se llega tarde al trabajo, o a donde sea, porque cualquier lugar será más tabla de salvación que ver e interrumpir lo rutinariamente programable. No es una posición que resulte confortante, porque es escurrirse a la realidad, y por dentro se sabe de esto, pero hay algo que lleva a naturalizar esa ceguera involuntaria aunque voluntariamente. Hay algo que lleva a no ofrecerle a alguien verlo, a no ofrecer ver esas personas, a no incluirlas como parte nuestra.

El miedo es protagonista fundamental en esta fórmula naturalizada de anulación mediante la invisibilización. El miedo introducido por el mensaje de la inseguridad selectiva, que juzga qué es peligroso y qué no, sin necesidad de que ese peligro tenga algún tipo de ancla con la realidad. La inseguridad real está compuesta por muchas más aristas y más profundas que la reconocible como “delincuencial”. Ni siquiera lo “delincuencial” tiene una mirada clara, sino que también hay una profunda selectividad incorporada en los mensajes, que hacen que el robo y humanicidio cotidiano del sistema mediante desajustes, pauperización, aumentos, devaluaciones, destrucción de humedales, talado de árboles, predominio del negocio del cemento inmobiliario, explotación extrema de los campos, destrucción de la fauna, por mencionar algunos, no sea visto como peligroso, pero sí una persona que yace en el piso.

Miedo a que al mirar se vea demasiado, y haya que involucrarse más de lo que se puede, porque la mayor parte de las personas está dispuesta a hacer algo, pero todo ese algo se aparece de dimensiones tan monstruosas, que lo hace imposible.

Ese miedo sugerido en miles de mensajes instruye a que implicarse es solo de manera individual, sin manos, sin abrazos, una mirada individual de nuestro propio aislamiento, lo que hace proponer cualquier intención solidaria como una osadía que mejor dejar para alguien más osado.

Mejor pasar de largo y pensar en la comida de los pibes.

Pero ese miedo naturalizado tiene errores también en su horroroso sistema de selectividad. Más que errores, muestra a una máquina que tritura lo que encuentra a su paso y eso es lo que alimenta el miedo. No todos están dispuestos a exponerse y mirar, con todo lo que significa ver.

Hace unos días, murió René Robert, fotógrafo suizo del flamenco, a los 84 años. Murió en la calle, dicen que por hipotermia, pero murió de no ser visto. En una de las calles más transitadas de París, a pocos metros de su casa.

Nadie durante nueve horas se le acercó. La noticia dio la vuelta al mundo por eso, por la sorpresa de haberle ocurrido a alguien a quien no le estaba reservada esa horrible distancia de los demás.

Dijeron que murió de frío, pero no. Murió de distancia.

Nadie sabe si fue visto o no hasta el momento en que alguien con necesidad de ver lo vio y pidió ayuda.

Es probable, como parte de las conjeturas optimistas, que si lo hubieran visto caer hubiese sido otra la reacción. Es imaginable, porque sería identificarlo como no desechable, y entonces, sí verlo y socorrerlo como a uno de los “nuestros”. Pero al estar caído, un bulto humano más como tantos en la calle... Mirar y mejor no verlo.

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ONU asegura que la inseguridad alimentaria se agudizará en Colombia

 

Haití y Honduras serán las naciones más afectadas por el hambre durante 2022

 

El Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revelaron un informe este 27 de enero donde Colombia, en cuanto a seguridad alimentaria aguda, no queda muy bien posicionada.

Según lo dicho en el informe, la situación se agravará entre febrero y mayo de 2022 en tres países de América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití.

El informe titulado ‘Focos de Hambre’ sostiene que la falta de comida seguirá ganando terreno en el país, debido a la inestabilidad política, la pandemia, la crisis migratoria, el desplazamiento interno, y la inestabilidad regional.

De acuerdo con el estudio de necesidades humanitarias de 2022, 7,3 millones de colombianos precisarán asistencia alimentaria este año y hasta julio de 2021 había 1,1 millones de migrantes venezolanos en el país en situación de inseguridad alimentaria, aunque reporta que esto ha mejorado ligeramente.

Asimismo, el documento resalta que el número de migrantes venezolanos ha venido creciendo ya que en agosto del año pasado llegaban a 1,8 millones acogidos en Colombia y adelantó que esa cantidad podría aumentar. A ese colectivo se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.

Otro ítem que desencadenará el hambre en el país es la inestabilidad política debido a los retrasos en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre las Farc y el Estado colombiano, lo que ha llevado a un recrudecimiento de la violencia y nuevos desplazamientos internos, que podrían llevar a crecer el malestar social y los posibles baches económicos.

Señala que la pandemia ha amplificado la desigualdad y apunta a que el alto nivel de la inflación seguirá afectando el poder de compra de las familias pobres.

Asimismo, la FAO y el PMA indicaron que el acceso a la asistencia humanitaria en el país está muy restringido y podría ser peor debido al recrudecimiento del conflicto armado en las zonas más peligrosas del país.

Por último, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida, así como la distribución de insumos agrícolas y el establecimiento de áreas para la producción rápida de alimentos, atención médica veterinaria, apoyo a la producción de forraje y ayuda para preservar los medios de vida.

Los compañeros de Colombia: Haití y Honduras

En Honduras los factores son otros. La poca precipitación acumulada en 2021 por lluvias debajo del promedio en octubre y noviembre de 2021, y la crisis derivada de la pandemia son los dos principales motivos del empeoramiento de la inseguridad alimentaria en los meses por venir en el país, sobre todo en el Corredor Seco, donde las familias más pobres necesitarán asistencia humanitaria.

Aunque la producción de maíz disminuiría sólo un 3 % en comparación con la media de los cinco años anteriores, la reducción de 60 % que se espera en la producción de sorgo afectaría los medios de vida agrícolas.

Además, según el Banco Mundial, el 32% de las personas empleadas perdió o abandonó su trabajo como resultado de las perturbaciones derivadas de la pandemia.

Por su parte, en Haití la crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerbaría los alarmantes niveles de hambre en el país, especialmente en los departamentos del sur.

Según cifras de la ONU, al inicio de febrero de 2022 unos 4,3 millones de personas requieren ayuda alimentaria de emergencia y de marzo a junio el horizonte se agravaría para alcanzar a 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.

La depreciación de la divisa haitiana y el alza de los combustibles y las materias primas erosionan más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica cuesta un 40 % más que hace un año por el aumento de los precios de los productos importados como el aceite vegetal, la harina de maíz y el trigo.

Por otra parte, la inseguridad y la inestabilidad política seguirán siendo altas en los próximos meses, dificultando el acceso y las operaciones humanitarias.

27 de Enero de 2022

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Ofensiva derechista en EU busca anular libertades civiles y derechos de minorías (I)

 Pretenden revocar el derecho al voto, al aborto, conquistas de la comunidad gay y una purga de libros

 

Una ofensiva de una constelación de fuerzas derechistas en Estados Unidos está promoviendo no sólo la anulación del sufragio efectivo, sino revertir derechos y libertades constitucionales de mujeres, minorías raciales y la comunidad gay, prohibir libros y la enseñanza de historia social, incluyendo el racismo, impulsar campañas contra medidas para mitigar la pandemia como el uso de cubrebocas y el rechazo de vacunas, parte de un ataque contra la ciencia, y algunas corrientes se preparan para acciones armadas con el fin de, según ellos, defender su país contra "comunistas", "anarquistas" y otros "radicales", incluidos demócratas centristas.

Mucho de esto no es nuevo, pero sus dimensiones y poder político son suficientes para provocar alarmas entre la Casa Blanca, legisladores, organizaciones de defensa de derechos y libertades civiles y prominentes intelectuales, de que están amenazando los fundamentos democráticos de la república estadunidense.

Es parte del legado activo que cultivó Donald Trump, a quien se ha subordinado casi todo el Partido Republicano junto con extremistas, y que incluye un asalto al Capitolio como parte de una intentona de golpe de Estado, hecho sin precedente en la historia del país.

La agenda política derechista que ocupó el poder nacional con Trump durante cuatro años continúa hoy a nivel federal con legisladores republicanos frenando esfuerzos para defender el sufragio efectivo y a través de la mayoría conservadora en la Suprema Corte donde, entre otras cosas, está en riesgo el derecho constitucional al aborto, pero aún más efectivos son los esfuerzos derechistas a nivel estatal y local con gobiernos republicanos.

Es en los estados y condados donde la ofensiva para suprimir y hasta subvertir el voto se está impulsando. Más de 440 iniciativas de ley para obstaculizar y dificultar el ejercicio del voto, sobre todo de minorías y pobres, han sido impulsadas en 49 estados, y 19 entidades han aprobado 34 de estas leyes, reporta el Brennan Center for Justice.

Republicanos en estados donde controlan la legislatura y la gubernatura están usando ese poder para redibujar distritos electorales diseñados para consolidar ese control y dividir al electorado que suele votar en su contra, los demócratas han hecho lo mismo, pero no de manera tan efectiva, en entidades que ellos dominan.

Más aún, desde el nivel estatal han impulsado leyes para anular el derecho de las mujeres a servicios de salud que incluyen el aborto, así como para cancelar avances en la defensa de derechos civiles de la comunidad gay, ampliar la influencia de iglesias conservadoras en la política, "proteger" y ampliar el "derecho" de comprar y portar armas de fuego (casi todo lo relacionado con armamento privado se regula a nivel estatal en Estados Unidos).

Los republicanos y sus aliados de la derecha se han enfocado también en organizar y tomar control al nivel local, desde juntas escolares a puestos administrativos y de regulación a nivel municipal y de condados desde los cuales han impulsado medidas que afectan desde el programa de estudios de escuelas públicas, hasta qué libros se permiten o no en las bibliotecas, censura que se expresa cada vez más abiertamente en diversas partes del país.

Por ejemplo, esta semana, una junta escolar en Tenesi votó de manera unánime (10-0) a favor de prohibir la novel gráfica famosa, y ganadora del Premio Pulitzer, Maus de Art Spiegelman, la cual ya no podrá ser usada en sus aulas porque contiene material "inapropiado", incluyendo algunas palabras y una figura desnuda. La obra es sobre el Holocausto.

También esta semana un alcalde del pueblo de Ridgeland en Misisipi se rehusó a entregar 110 mil dólares en financiamiento destinando al sistema de bibliotecas públicas en el condado exigiendo una purga de todos los libros sobre los gay antes de soltar los fondos.

En Virginia, el nuevo gobernador conservador acaba de instalar un sistema para que ciudadanos puedan denunciar a escuelas y maestros que estén abordando el tema del racismo de manera extensa.

En Texas una nueva ley busca limitar la enseñanza de historia reduciendo o eliminado referencias a la discriminacion contra mexicanos y a la esclavitud, parte de una ofensiva conservadora que hasta ha logrado frenar cualquier alusión crítica al Álamo. Un legislador republicano estatal texano circuló una lista de 850 libros a oficiales escolares del estado donde incluyó tanto libros ya viejos como nuevos por autores reconocidos como Margaret Atwood o hasta Quinceañera de Ilan Stavans.

En un distrito escolar en Kansas se retiraron 29 títulos de las bibliotecas, incluyendo una de las obras de la Premio Nobel Toni Morrison.

En York, Pensilvania, maestros y estudiantes lograron revertir con sus protestas una prohibición sobre varios libros escritos desde la perspectiva de niños latinos, afroestadunidenses y gay. Entre los libros había dos para niños sobre Martin Luther King y Rosa Parks.

Líderes conservadores han sido exitosos en detonar un debate nacional al atacar lo que llaman "teoría crítica de raza" –frase académica que aborda el estudio del racismo sistémico en Estados Unidos– al calificarlo de "antiestadunidense".

En Florida se promueve un proyecto de ley estatal para limitar el enfoque sobre racismo, justificado por, textualmente, "no haga sentir incómodo, culpable, angustiado o cualquier otro tipo de destreza (a un individuo) por su raza".

La Asociación de Bibliotecas de America (ALA) reportó que recibió 156 solicitudes para remover 273 libros en 2020, pero en el último trimestre de 2021, esa cifra se elevó a 330.

Desde enero 2021, se han introducido 122 proyectos de ley a nivel estatal para prohibir, limitar o condicionar libros en educación pública y bibliotecas en 33 estados, 10 de esos se han promulgado en ley en nueve estados, reporta PEN America. Según varios medios, ciertos libros ya han sido recogidos de escuelas en Texas, Pensilvania, Utah, Virginia y Wyoming.

Un observador de todo esto circuló una vieja cita de Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, como advertencia: "Donde quemen libros, también, al final, quemarán a seres humanos".

(En la segunda parte: el neofascis- mo y la ofensiva contra mujeres, minorías e inmigrantes).

Por David Brooks, corresponsal

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Maduro impone condiciones inalcanzables para un referéndum revocatorio

 

 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional Electoral, anunció sorpresivamente condiciones incumplibles para impulsar una consulta popular sobre la continuidad o no del mandato de Maduro.

 

El día 26 será una mala pantomima para aparentar respeto al derecho constitucional de realizar un referéndum revocatorio del presidente de la nación. Faltando poco para las 9 de la noche del viernes 21, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que menos de una semana después, el miércoles 26, sería la fecha única para la recolección de firmas necesarias para activar el mecanismo constitucional del referendo revocatorio.

Serán solo 12 horas (de 6 am a 6 pm), un día de semana, en pleno auge de contagios por la variante Ómicron de la Covid-19, para recoger un mínimo de 20% del registro electoral en cada una de los estados del país, debiendo sumar poco más de 4 millones 253 mil firmas, tomando como base el registro validado para las pasadas elecciones regionales, que asciende a casi 21 millones de electores y electoras (20.929.987).

Esto no solo implica una convocatoria con apenas cuatro días de antelación, sino que en promedio tendrían que procesarse 5 firmas de apoyo por cada minuto en cada uno de los centros definidos para la recolección (1.200, en contraste con los 14.400 centros habilitados para las elecciones de noviembre). Algo que objetivamente no tiene viabilidad ni posibilidad de hacerse realidad.

Como corolario, el cronograma es bastante compulsivo e inconsistente: el 21 en la noche se anunciaron las condiciones, en la tarde del día siguiente se anunció que la presentación de testigos estaba habilitada desde el propio 21 –aunque nadie lo sabía entonces, porque recién lo informan el 22– hasta el 24, la acreditación de estos está pautada para el mismo 22 –aunque el CNE lo informó pasadas las 2 de la tarde de ese día y recién después de las 3 de la tarde es que estuvo disponible en la página web del CNE la planilla de presentación de los testigos– hasta el 25. Para ayer 23 de enero sería “el despliegue lineal de los equipos tecnológicos para la jornada e igualmente inicia el proceso de capacitación de los agentes que prestarán servicio en la Jornada de recepción de manifestación de voluntad”. Para este martes 25 sería la instalación de los equipos tecnológicos.

No solo se está ante un tiempo irrisorio para organizarse quienes quisieran llevar adelante la recolección, incluso para la labor elemental del ente electoral y de los involucrados de informar a la población sobre el mecanismo, aclarar duras, etc., sino que la posibilidad real de promover y organizar testigos, auditar máquinas y el sistema de procesamiento de los votos, etc., es prácticamente inexistente. De hecho, el cronograma no contempla ninguna fase de verificación del software a usarse. Amén de la cifra imposible de 5 firmas por cada minuto de las 12 horas de recolección en cada uno de los centros definidos. Por si fuera poco, en un día laboral.

Es a todas luces un madrugonazo del gobierno para anular, por la vía de los hechos, la posibilidad de activación de ese derecho democrático establecido en la propia constitución que el chavismo hizo votar iniciando su ascenso al poder. El 17 de enero el CNE dio respuesta pública a las solicitudes introducidas el día 10 por algunas organizaciones del pequeño sector de la oposición que está decidido a impulsar ese mecanismo, ese día anunció que “procedían” las solicitudes y que el próximo paso sería elaborar un cronograma. Cuatro días después, las condiciones estaban listas y aprobadas por la mayoría de 3 rectores chavistas que responden al Gobierno, con el voto salvado de los 2 rectores que responden al arco opositor.

Cabe recordar además que, al tratarse del cargo de Presidente de la República, aunque el distrito electoral que corresponde es el país como un todo, el Gobierno de Maduro se valió del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para emitir una sentencia en 2016 (17/10/2016), en la cual la Sala Electoral modificó la normativa para la recolección de firmas, estableciendo que no sería ya el 20% del electorado nacional, sino el 20% de cada una de las entidades del país. Lo que implica esto es que si en un solo estado del país no se consiguiese alcanzar el 20% de las firmas, aun cuando sí se hubiesen conseguido en todos los demás y el total nacional sumara el 20% del electorado, no procedería la activación del referendo.

Una verdadera trácala electoral que violenta el principio lógico más elemental de que si el distrito electoral para elegir al Presidente es el nacional, tomándose el país como distrito único, así también debe ser la recolección de firmas. Para ser elegido Presidente de la República a Maduro no se le exigió tener un mínimo de votos en cada unas de las entidades del país, ¿cierto? Se toma todo el país como un único distrito electoral y se gana el cargo independientemente de la proporción de votos obtenidos en cada uno de los estados… pero en 2016 se inventaron que para activar un referendo revocatorio ya no valía el país como distrito único.

Obviamente son obstáculos adicionales que fue colocando un gobierno cada vez más vaciado de base social, como parte de su giro antidemocrático. Violenta completamente la posible voluntad mayoritaria, pues en un país con una distribución territorial de la población bastante desigual, donde la mayor parte se concentra en determinados estados que son el centro económico, social y político del país, aun cuando de ese total de la población haya claramente el porcentaje necesario manifestando la voluntad de ir a un revocatorio, estaría bloqueada esa posibilidad si no se logra la misma proporción en cada estado, así represente un porcentaje muy minoritario de la población.

La ponente de esa sentencia fue la presidenta de la Sala Electoral, Indira Alfonzo, quien años después fue, ella misma, nombrada por el TSJ como Presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Volviendo al tramposo cronograma, el CNE anunció que luego del 26, “La auditoría de huellas de las solicitudes de manifestación de voluntad se desarrollará entre el 7 y 10 de febrero y la declaratoria de procedencia o improcedencia quedó fijada para el 13 de febrero”. Tanto el CNE como el propio gobierno se han encargado de recordar que, de acuerdo a la ley, solo se puede activar una solicitud de referendo revocatorio a lo largo del mandato, por lo cual, si en esta ocasión no se consiguen los requisitos, no hay segundas oportunidades.

Nunca faltan el chantaje y la intimidación: pedirán el listado de los firmantes

Por si hicieran falta elementos en contra para el ejercicio de esta consulta popular, como al autoritarismo del gobierno no le faltan los elementos de coacción a la hora de forzar algún resultado electoral, esta vez se hacen presentes también. Es así que el día de ayer, lunes 24, Diosdado Cabello dio una rueda de prensa a nombre del PSUV señalando, entre otras cosas, que luego de la recolección de firmas, ellos, es decir, el Gobierno, solicitarán al CNE el listado de las personas que hayan manifestado voluntad favorable a la realización del referendo.

Que Maduro tiene derecho a saber quiénes son las personas quieren revocarlo, fue la cínica argumentación del segundo vicepresidente del partido de gobierno. No está de más recordar que luego de la realización del referendo revocatorio a Chávez en 2004, el listado de quienes firmaron a favor de esa consulta se convirtió en una “lista negra” que servía para negar puestos de trabajo en instituciones públicas o directamente despedir. Esta lista y otras siguen usándose en la actualidad, cuando la profunda descomposición autoritaria ha llegado al punto de chantajear, en los sectores populares, con negar el acceso a la bolsa de alimentos (CLAP) o el suministro de las bombonas de gas doméstico, a quienes no manifiesten lealtad electoral al Gobierno-PSUV.

Para más acoso, también anunció Diosdado que el PSUV desplegará sus “testigos” el día de la recolección de firmas, porque tienen derecho a verificar que el proceso se cumpla acorde a las reglas, dijo.

“Fast-track” para quitarse un embrollo de encima y bloquear un derecho democrático

Claramente estamos ante una jugada más del autoritarismo del gobierno para dar por pasada ya la página del revocatorio, la implementación a su medida de una vía rápida para tramitar y dar por cerrado este importante problema político. Una jugada acorde con la serie de mecanismos tramposos y proscriptivos con que ha encarado los diferentes procesos electorales de los últimos años.

Quienes militamos en la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), siendo parte del arco de los que nos oponemos por izquierda al régimen de Maduro y las FFAA –y por tanto también nos oponemos a la oposición de derecha y al imperialismo estadounidense–, repudiamos claramente estas descaradas acciones antidemocráticas.

La Constitución del ’99 consagró en su artículo 72 la opción de convocar referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, una vez cumplida la mitad del mandato. Un nuevo derecho democrático que, como todos los otros aspectos democráticos novedosos de la nueva constitución, no solo convivía con el hecho fundamental de mantener una sociedad de clases basada en la explotación –lo que ya de por sí impone un régimen social antidemocrático–, sino además con la pervivencia y aumento de la concentración de poderes en la figura presidencial.

Tras la debacle del régimen puntofijista, en medio de una crisis terminal de sus instituciones, y con el ingrediente central de la entrada en escena del movimiento de masas a partir de la rebelión del ’89, que a pesar de la sangrienta derrota marcó el inicio de un importante ascenso de luchas y movilizaciones en toda la década de los 90’s, el nuevo régimen político que ascendía apoyado en ese descontento y aspiraciones populares no podía asentarse sin hacer concesiones a esas expectativas. Apoyado en el movimiento de masas, Chávez y el chavismo introdujeron algunos mecanismos relativamente democráticos, que resultaban novedosos para la limitada democracia burguesa venezolana (e incluso en algunos casos para la democracia burguesa en general).

Uno de esos mecanismos fue la figura de los revocatorios. No es el objetivo aquí desarrollar el conjunto de mecanismos y el por qué de lo relativos y bastante limitados desde el punto de vista de un régimen político en el que, según los publicitas de la democracia burguesa, “la soberanía resida en el pueblo”. Nos basta por ahora con señalar el hecho fundamental de que tales “poderes” o “decisiones” quedaban siempre subordinados a los poderes económicos y políticos reales de la sociedad burguesa: la clase de los capitalistas, su Estado, sus Fuerzas Armadas. Y en ese marco es pertinente señalar que al mismo tiempo se profundizaba el histórico “presidencialismo” de los regímenes anteriores, brindando mayores condiciones formales para el desarrollo de un régimen personalista y bonapartista.

Es en ese entramado que existe el derecho al revocatorio, un derecho bastante limitado desde el punto de vista de lo que se le vende al pueblo como “ejercer la voluntad popular”, pero que no deja de ser una posibilidad para que, en determinados momentos, el pueblo pueda expresar su parecer, aun en los estrechos márgenes que brinda. Desde ese punto de vista, rechazamos de plano y denunciamos esa nueva afrenta del gobierno de Maduro y las FF.AA., tal como lo hemos hecho siempre ante cada maniobra autoritaria y antidemocrática gubernamental.

La organización y movilización de las trabajadoras y los trabajadores, lxs jóvenes y las mujeres por nuestras demandas económicas, sociales y políticas, sigue siendo una necesidad para recuperar la capacidad de lucha. Para pararle la mano a este gobierno y a los empresarios y patronos de conjunto, que pretenden avanzar hacia una “recuperación” económica y una nueva etapa de convivencia política sobre las ruinas de nuestros derechos y nuestras condiciones de vida.

Por Ángel AriasSociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

Martes 25 de enero

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