Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia

Informe de organismos de derechos humanos

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes.

 

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el Gobierno, que insistió en la necesidad de “levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, en una jornada en la que se renovaron algunas manifestaciones callejeras unificadas ahora en el único reclamo de cesar la represión y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de 379 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.

Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

La represión, en la mesa de Duque con la oposición


Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que condenaron "de manera vigorosa" la represión. "Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas", señaló el grupo integrado por exgobernadores, legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La reunión marcó el segundo día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él busca poner en el centro de la escena.

“Enfatizamos en la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.

Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica", señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.

En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.

08 de mayo de 2021

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"No lo hemos visto nunca en América Latina": HRW responde al ministro de Defensa colombiano sobre el uso de lanzadores Venom contra manifestantes

Previamente, la organización denunció que los policías usaron "tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada". 

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que la organización nunca ha visto "en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos" que los policías usaran "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales" como, según había denunciado previamente, ocurre en Colombia.

De esta manera, Vivanco respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien destacó que las armas en cuestión se usan en caso de disturbios que "afectan la tranquilidad y la seguridad" o cuando puede generarse violencia. Declaró durante una entrevista con Deutsche Welle que se usan "frente a terceros, frente a otros ciudadanos con destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan". "De ninguna manera desde esas tanquetas puede haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano", dijo.

Arma indiscriminada

"La explicación es muy pobre", afirmó en respuesta Vivanco, también durante una conversación con DW. En ese contexto, sugirió que "el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles", agregando que "acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad". Cabe señalar que Molano se desempeña como ministro de Defensa desde el 1 de febrero de 2021 y asumió el cargo después de que su predecesor, Carlos Holmes Trujillo, falleciera a finales de enero a causa del covid-19.

Vivanco detalló que las tanquetas están equipadas con un tipo de "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales, no hacia arriba, horizontales, que pueden lanzar aparentemente bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada".

"Esto parece un procedimiento altamente peligroso, de alto riesgo, y creo que este tipo de prácticas son las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial", reiteró.

La polémica comenzó después de que Vivanco publicara este miércoles un video en el cual se puede ver cómo policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia manifestantes en Colombia. "Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", escribió en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada".

El ministro de Defensa, a quien Vivanco había pedido dar explicaciones, señaló que la grabación está bajo investigación.

El lanzador múltiple de proyectiles Venom

Mientras tanto, El Espectador informa que el arma en cuestión no es nueva, es un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos, denominado 'Venom'. De acuerdo con el periódico, es "una de las armas 'no letales' más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] para dispersar manifestaciones", que, según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, cuesta aproximadamente 400 millones de pesos (118.794,11 dólares).

El arma tiene 3 compartimientos de carga, cada de los cuales puede alojar 10 cartuchos electrónicos. Realiza disparos a una distancia de hasta 150 metros.

Venom usa dos tipos de munición: cartuchos eléctricos de aturdimiento que generan un destello de luz y sonido y cartuchos que generan una dispersión de humo y gas, señala El Espectador.

Mientras, el político Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá y la región de la Orinoquia (partido Comunes), señaló en su cuenta de Twitter que un proyectil de Venom cuesta 71,17 dólares.

Asimismo, difundió una imagen con características del arma, tomada del catálogo de la compañía CSI Combined System. El lanzador de 37mm "puede ser instalado en vehículos, trípodes e instalaciones estáticas", indica la foto. Las municiones de destello-estruendo ofrecen "capacidades de distracción y advertencia por lapsos prolongados durante operaciones diurnas y nocturnas", mientras que otras tienen "capacidad de lanzar densos volúmenes de irritantes o de humo para cubrir un área amplia en pocos segundos".

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.

Publicado: 9 may 2021 01:46 GMT

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Bety Ruth Lozano

Entrevista con la docente universitaria y líder afrofeminista

esde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afrofeminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestrxs, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertxs, desaparecidxs, violaciones y cientos de heridxs. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aún así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

-El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen lxs jóvenes. Lxs de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que lxs jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellxs, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

-Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensorxs de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

-La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

-A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

-Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena...

-Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

-Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

Por Verónica Gago

08 de mayo de 2021

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Datos biométricos y capitalismo de vigilancia

La reciente creación de un Padrón Nacional de Usuariosde Telefonía Móvil, que obliga al registro de los datos biométricos de todos los usuarios, ha abierto un debate necesario sobre sus impactos potenciales. No obstante, faltan elementos de contexto fundamentales.

La conversión de nuestras características personales y de identificación a datos digitales, son un componente clave del capitalismo actual, llamado atinadamente "capitalismo de vigilancia" por Shoshana Zuboff. Los datos biométricos, especialmente rasgos faciales e iris, no sólo identifican a una persona, también son de enorme relevancia para interpretar emociones, lo cual es esencial para la lucrativa industria de venta de "futuros conductuales", o sea, la apuesta y manipulación de nuestras conductas para empujarnos a hacer lo que deseen las empresas / gobiernos que lo paguen. Además, son fundamentales para el reconocimiento facial desde cámaras de vigilancia, incluso en aglomeraciones, sea con fines de control, represión o comerciales.

Todo se hace más grave porque el volumen de datos que implica este tipo de registro en poblaciones enteras sólo se puede almacenar y manejar en enormes nubes de computación, un sector brutalmente concentrado en pocas empresas. Más de la mitad del mercado global lo tienen las estadunidenses Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e IBM, seguidas de la china Alibaba. También Oracle y Dell tienen porcentajes significativos. Las tres primeras, junto a Apple y Facebook, controlan, además, más de la mitad del mercado global de plataformas electrónicas, y junto a las chinas Alibaba y Tencent, más de dos tercios. Aunque las grandes empresas telefónicas colecten los datos –y los puedan usar para sus negocios– la mayoría, como Telcel y Telmex, contratan servicios de las anteriores.

Peor aún, varios niveles de gobierno, desde el federal a estados y municipios, albergan los datos electrónicos de parte o todas sus actividades –incluso registros de población o sectores de ésta (como estudiantes, pacientes, derechohabientes de diversos sistemas)– en esas mismas nubes, conectadas a sus plataformas. Dirán que hay regulaciones sobre acceso de éstas a los datos que almacenan, gestionan y/o dan servicio, pero además de muy insuficientes, no pueden controlar realmente lo que hacen estas gigantes. Hay ejemplos de abuso con impactos tremendos, como el de Cambridge Analytica que resultó en la elección de Trump, Macri, Bolsonaro y otros.

Esta nueva forma de organización capitalista se basa en la digitalización en todos los rubros industriales, junto a la plataformización electrónica de relaciones sociales, transacciones de comercio, financieras, compras domésticas y otras. También la instalación de mecanismos cada vez más avanzados de vigilancia dentro y fuera de los hogares, para avanzar en la conexión de todos los aparatos, para conocer –y sugerir, persuadir, empujar– nuestras conductas.

Todo ello ha causado múltiples impactos sociales, económicos, políticos, ambientales, laborales, en la salud; la mayoría negativos. Con la pandemia, la invasión electrónica de nuestra vida y trabajo se expandió enormemente e incorporó masivamente aspectos esenciales como educación, atención de la salud y reuniones de todo tipo.

Aunque la vigilancia con fines de control y represión por parte de gobiernos y autoridades es un efecto extraordinariamente magnificado y facilitado en esta nueva era capitalista, el interés principal de las empresas es la vigilancia de nuestra vida cotidiana para poder influir y manipular nuestras elecciones de consumo, políticas, sociales y educativas.

La extracción y almacenamiento de datos de las personas (además de ciudades, ecosistemas, territorios) que son cruzados con otros registros, manejados e interpretados con algoritmos de inteligencia artificial son una de las principales fuentes de ganancia de las gigantes tecnológicas. Es tan cuantiosa que nueve de las 10 mayores empresas con más alto valor bursátil son tecnológicas, varias con valor de mercado mayor que todo el PIB de México.

Ese lucro se basó en la primera generación de extracción y explotación de nuestros datos.

El siguiente paso fue no sólo vender datos agrupados por segmentos de interés para los anuncios de las empresas, sino vender la predicción y la modificación de las conductas de esos grupos. Para ello, la cantidad y calidad de datos que se puedan agregar y cruzar entre sí –como ubicación geográfica, educación, nivel de ingresos, preferencias de consumo, estado de salud, etcétera, son fundamentales. Por ello han crecido vertiginosamente las industrias de biometría y reconocimiento facial, porque permiten vigilar, interpretar y manipular mejor las emociones, un producto de alto valor para las empresas.

Pese a la alta penetración de esta realidad, la discusión social de los impactos del capitalismo de vigilancia es muy limitada, pero hay un debate importante desde organizaciones y activistas de base (https://tinyurl.com/vwmf4wzb).

Las regulaciones nacionales e internacionales necesarias para controlar y/o prohibir estas actividades, cuestionar los monopolios, etcétera, son ridículamente insuficientes o no existen. Refieren, además, a opciones y derechos individuales, cuando se trata de una explotación global y poblacional a la que necesitamos responder con debates y derechos colectivos. En este difícil contexto, hacer obligatoria la entrega de nuestros datos biométricos –sueño de las gigantes tecnológicas– es una pésima idea.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Organizaciones defensoras reportan 376 desaparecidos durante el paro nacional en Colombia

Las 26 organizaciones pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia exigieron que se active el mecanismo de búsqueda urgente de estos ciudadanos.

 

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Colombia solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el ‘Mecanismo de Búsqueda Urgente’ de 379 ciudadanos reportados como desaparecidos durante las manifestaciones del paro nacional en el país.

La Mesa de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, integrada por 26 organizaciones sociales, entregó este jueves la base de datos de las personas que aún siguen desaparecidas a la Fiscalía y a la Defensoría para que se activen los protocolos de búsqueda de manera urgente.

“Estamos exigiendo que se active para cada una de ellas el mecanismo de búsqueda urgente de la manera más pronta posible, ojalá antes del próximo lunes, cuando el Comité Nacional de Paro se reunirá con el Gobierno nacional, y en donde el primer punto es la aparición de todas y cada una de las personas que han sido desaparecidas en el marco de las protestas”, indicó el miembro de la Coordinadora Alberto Yepes.

Esta información es obtenida por las Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada por medio de los familiares, amigos, redes y organizaciones asociadas que han registrado estos casos que desde el pasado 28 de abril. A la fecha suman 471 registros que dan cuenta de 379 desaparecidos en el país.

Asimismo, Yepes indicó que muchos de los casos reportados corresponden a personas que son detenidas arbitrariamente por miembros de la fuerza pública, “seguida de una negativa entrega de información por parte de las autoridades”.

“La Unidad de Búsqueda en el marco de sus competencias debe procurar la no repetición de hechos que sucedieron durante el conflicto armado, como la desaparición de las personas. Durante el paro nacional y las movilizaciones sociales la Unidad ha tenido conocimiento de la desaparición de más de un centenar de personas durante esas protestas”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.

En ese sentido, la directora indicó que este mecanismo del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, promueve el diálogo entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado, para que se actúe de manera veloz y efectiva ante las desapariciones presentadas en las nueve jornadas de manifestaciones en el país.

De igual manera, la unidad indicó que no entregó ninguna información sobre los desaparecidos a la ‘Mesa de Información de Desaparición Forzada y Homicidios” de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sino que apoyó a las organizaciones sociales durante el evento, con el que se espera la aparición de estos ciudadanos.

ONU condena el uso “excesivo de la fuerza” en el marco de las protestas en Colombia

Tras varios días de protestas sociales en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en Colombia, quienes salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra la reforma tributaria y el gobierno de Iván Duque.

Hasta el momento, en el marco del Paro Nacional, se han registrado, al menos 19 muertos, por lo que la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el que exhortó a la calma para las próximas manifestaciones.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, expresó Hurtado.

7 de Mayo de 2021

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. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

Publicado enInternacional
Sábado, 01 Mayo 2021 17:41

Colombia: Garantía de muerte

@CristinaRevolt  - vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 

¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

Por su parte el Personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés, certificó el asesinato de 3 personas y el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía.

Al tiempo que así actuaban, se intenta infiltrar la protesta y hacerla pasar como “vándalos” y “saqueadores”, pero hasta ahora no logran su propósito, a pesar de sí confundir sobre el verdadero motivo y carácter de la protesta con imágenes de medios de comunicación donde dan más realce a los saqueos que a la amplia protesta ciudadana. Pero, como quedó registrado por decenas de personas, los propios activos de la protesta lograron recuperar parte de lo hurtado y regresarlo a sus propietarios.

Bogotá 28 de abril de 2021.

También quedó evidente para decenas de personas, como algunos saqueadores que habían sido aprendidos in fraganti por manifestantes y entregados a la policía, fueron minutos después dejados en libertad. ¿En realidad eran infiltrados? Lo actuado por las “autoridades” así lo confirma. Una actitud de pretender deslegitimar la protesta que también queda evidente en los varios uniformados que han quedado en registro visual cambiando sus trajes de batalla por ropa de particulares, para así vincularse a las filas de los inconformes. Personajes que también actúan como civiles desde motos y automotores.

Veedores de derechos humanos, como James Larrea, integrante de redes de Derechos Humanos del suroccidente del país y en diálogo con desdeabajo, acusan la existencia de una maquinación macabra detrás de estos sucesos.

No es raro que así fuera, ya que el control de las unidades policiales de la ciudad, junto a otras 4 mil trasladadas desde distintos sitios del país, entre ellos 300 soldados, quedaron bajo el mando del Ministro de Defensa y altos oficiales de la Policía que instalaron un Puesto de Mando en Cali, ejecutando un efectivo “golpe de Estado” al alcalde de la ciudad quien en efecto quedó relegado y sometido a la visión de fuerza impuesta por el establecimiento.

Una visión de mando represiva que concreta lo indicado por el adalid del autoritarismo en el país, el innombrable, quien reclamó el derecho de los uniformados de utilizar sus armas de fuego para defenderse. Desnuda así, una vez más, esa concepción arrasadora de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que permite apreciar, sin tapujo alguno, como entiende, no solo él sino un importante segmento del establecimiento, “la democracia”. Mano armada, con “derecho a utilizar las armas de fuego” que ya tiene regado su testimonio por varios barrios de la ciudad, al igual que lo sucedido en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre de 2020.

Entre la dignidad y la indignidad

Miles de voces se alzaron en Cali y lograron ser escuchadas. Protestan contra la pretensión de reforma tributaria, pero también por vida digna. Al mirar de cerca lo allí ocurrido desde el 28A y hasta el día 30, es claro que hay dos sectores en confrontación: por un lado, la mal llamada ‘fuerza pública” (fp) y por otro centenares de jóvenes. Una disputa desigual, ya que unos van blindados con armas de fuego, bombas aturdidoras y cientos de bombas de gases lacrimógenos, concreción de una guerra química que dicen está prohibida por los convenios internacionales; mientras los otros van desarmados, aunque profundamente indignados con un gobierno que si bien cedió migajas de una reforma tributaria que extrema la pobreza de millones, aún se mantiene en una postura que miles de manifestantes desaprueban.

 

Loma de la Cruz, Cali, 1 mayo de 2021

 

En esa desigual disputa los muertos, violentados, reprimidos y negados en sus derechos fundamentales son los sectores populares. Así lo atestigua James Larrea, quien denuncia la muerte comprobada de varios ciudadanos, con temor que la cifra ascienda a 7 e incluso hasta 14 víctimas, o mucho más, 120 heridos, 3 desaparecidos, 84 detenidos, algunos de los cuales ya recobraron su libertad, y las golpizas y manoseo a que fue sometida Diana Fernanda Díaz por parte de efectivos del Esmad.

En el caso de los desaparecidos, que están en comprobación, hay sospecha de tal proceder con la ilegal retención de una joven por “entes de la fuerza pública” que la subieron a una camioneta roja de platón, para luego, ante la presión ciudadana que con registros telefónicos daba cuenta del hecho, dejarla libre. Una vez en libertad, sin ocultar el pánico vivido, comentó que fue amenazada. Como puede deducirse, se trata de un terrible síntoma que deja entrever las oprobiosas irregularidades en las que opera la Policía Nacional para reprimir e infundir miedo.

Arrestos, así como golpizas y otros vejámenes en la humanidad de los manifestantes, denunciados tanto por defensores de derechos humanos, pero también por el senador por el Polo Democrático Wilson Arias, quien increpa a oficiales de policía para que suelten a las víctimas de estos atropellos en la ciudad de Cali, como quedó registrado en video.

(https://www.facebook.com/watch/?v=1167471867015797)

 Asumiendo la resistencia

Son jóvenes de todas las comunas, movilizados en operación avispa y convicción y disposición para defenderse ante el Esmad, cuya sola aparición les enerva y les hace brotar el odio acumulado en los sectores populares contra la policía en general –“la cara amable del poder”– que los persigue, amenaza, chantajea, les cobra vacuna, los apresa y violenta.

Su convicción de protesta procede de un acumulado de negaciones de derechos, (educación, recreación, salud, alimentación, vivienda, trabajo) así como por la persecución por parte de los uniformados que pretenden disciplinarnos a golpe de bolillo, cuando no de manera más ruda.

Una juventud que toma la batuta de la resistencia social y asume su rol en el tablero de acciones, con las movilizaciones como principal medio de acción, con manifiesta desconfianza ante todas las instituciones y con decisión de confrontación, si así lo deciden desde el el puesto de control y mando liderado por el jefe de la cartera de Defensa y la alta oficialidad uniformada.

Del puente para allá…

Más allá de la capital vallecaucana, en la región del Valle del Cauca se vivieron el día 29 y 30 de abril bloqueos en Yumbo, Jamundí, Villa Rica y La Delfina (vía a Buenaventura), donde los pobladores tomaron la decisión de no ocultar más su descontento con el actual gobierno y recibieron, como respuesta los ataques violentos del Esmad.

Con la ciudad y la región prácticamente militarizada, y con la decisión oficial de llenar los calabozos de presos, la policía dispuso como sitio inicial de reclusión el coliseo Las Américas. Al tiempo que esto sucede, los equipos humanos defensores de derechos humanos han quedado enfrentados a obstáculos de todo tipo para poder ejercer su función.

¿Qué ocultan quienes persiguen, golpean, gasean, disparan…? Es el cuestionamiento que realizan estas organizaciones veedoras de los derechos humanos pues se han visto imposibilitadas en el ejercicio de su labor con efectividad, ya que la Personería de la ciudad pretende ejercer un rol “garante” de los derechos humanos, aunque es parte de la misma alcaldía, lo que la ubica en una posición manifiesta de conflicto de intereses, que de entrada ya la inhabilita para cumplir con las funciones de organizaciones externas e imparciales.

Por otras geografías

Tres días durante los cuales la inconformidad social ha dejado huella por diversas ciudades del país, y de lo cual hay testimonio en infinidad de videos que circulan por las redes sociales, pero también, en las voces de sus protagonistas, los cuales han tenido que enfrentar la acción violenta de la llamada ‘fuerza pública’.

En Bello (Antioquia), por ejemplo, sector Niquia, decenas de manifestantes bloquearon el paso de la autopista Norte y dieron cuenta de un peaje allí instalado y que la ciudadanía llevaba meses pidiendo que lo retiraran. Rechazar el peaje, es rechazar la real privatización de las vías públicas, como sucede en ciudades como Cartagena y como también lo pretenden en otras ciudades del país.

En Pasto, por su parte, las manifestaciones de inconformidad también han dejado testimonio. Su magnitud se refleja en la disposición del disponer el coliseo del Barrio Obrero para llevar allí a los apresados.

En el departamento del Cauca, distintos municipios vivieron jornadas de resistencia, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

En Bogotá, bloqueos se vivieron a lo largo y ancho de la ciudad, con puntos como Suba, la avenida ciudad de Cali con Américas, la autopista norte a la altura de la 170, Yomasa, y otros muchos.

En la parte central de la ciudad también se han realizado mítines, en uno de los cuales perdió una de sus ojos Leidy Natalia Reyes al ser impactada por un disparo proveniente de una de las armas usadas por el Esmad.

Un resumen de la violencia desplegada por los “defensores del orden”, indica que:

El 28 A: 286 personas fueron detenidas en Cali, Bogotá, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. 6 perdieron la vista por dispararon del Esmad; 105 resultaron heridas, etnre ellas 4 por tiros de arma de fuego.

En Medellín: sufrieron detención arbitraria 159 personas, al tiempo que se denuncian 226 agresiones a manifestantes, defensores de dd.hh y colectivos de prensa.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación realizó el día 28 nueve allanamientos y capturó 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué.

El día fueron 30 detenidos 4 defensores de DD.HH en Pasto, ciudad donde fueron capturas y llevadas al Coliseo del Barrio Obrero, 150 personas entre ellas varios menores de edad.

En camino

El gobierno Duque está al desnudo. Su carácter violento y represivo no aguanta más ocultamiento. Tampoco su decisión de gobernar a favor de los ricos. Un gobierno que no escucha ni concreta, que no quiso escuchar la infinidad de voces que le demandaron no presentar la reforma tributaria, las mismas voces que han demandado la implementación de una política económica y social de emergencia para que el pueblo colombiano tenga como afrontar la crisis económica que lo golpea, la que sume a miles de hogares en pobreza, así como otros muchos en miseria.

Pero la soberbia del poder pueda más que la realidad, de la cual los recientes informes de instancias oficiales como el Dane han dado cuenta al confirmar la realidad de un 30 por ciento de la población colombiana que ahora no tiene el dinero indispensable para surtir sus hogares con los alimentos necesarios para procurarse las tres comidas del día. Informes que también confirman que 3,6 millones de connacionales ingresaron en estos meses en pobreza monetaria.

Para unos y para otros son insuficientes los pírricos subsidios condicionados destinados por el gobierno; para ellos, como para un total de 30 millones de colombianos la situación económica es tal que es obligatorio aprobar una renta básica extraordinaria, no condicionada, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Tendrá ahora oídos abiertos este gobierno para dar el giro necesario a su política económica, social, de derechos humanos, guerrerista, negacionista del conflicto y del acuerdo de paz firmado con la insurgencia?

 

[1] Joven que fue impactado con varios disparos por haberle propinado un puntapié a una moto policial, como lo registran videos que muestran al efectivo accionando su arma.

Los datos referenciados son de: https://twitter.com/Coljuristas/status/1388577837276348418?s=20

 Texto adjunto

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El barco de Women on Waves.

Women on Waves es una organización que lleva casi 20 años ayudando a mujeres de todo el mundo. Educación sexual, talleres, charlas sobre enfermedades. O, lo más llamativo, abortos que se realizan en alta mar, huyendo de legislaciones restrictivas y ancladas en el pasado. Esta es su historia.

 

Javiera tiene 32 años y anda por Santiago de Chile. En 2019 quedó embarazada. Su pareja, más de un lustro juntos. Aún siguen. Sin casarse, sin descendencia.
De aquella vivía con su madre, con su hermano. Dice que al principio pensó en un atraso. "Ya me había pasado antes, falsa alarma". Esta vez no. Compró un test, salió positivo. Ese mismo día contactó con Women on Web, la versión digital de Women on Waves.

Me cuenta sobre su caso. Los síntomas, que fueron fuertes. Nauseas extremas, que no la dejaban dormir. Por la calle llevaba una bolsita, por si le atacaban ganas de devolver. Todo a escondidas, en secreto. "No podía decirle a nadie, tenía que disimular, hacer que todo está como siempre. Ni pedir ayuda o consejos a alguna amiga, hablar con mi familia". Nada. Solo lo sabía su pareja. "Lloraba por todo. Andaba muy ansiosa. Tenia mucho sueño, me costaba levantarme. Odiaba estar así". Preocupaciones de salud, claro. Riesgos. "Mi vida durante esas once semanas fue un calvario. Aunque el apoyo de mi pareja, su amor y preocupación, lo hiciera todo un poco más llevadero".

Al Adelaide lo construyeron en Francia. Año 2002. Un velero, uno de esos que llaman sloop fraccionado. Palo único, el foque envergado al estay de proa. La vela mayor es cangreja, y cuenta además con motores diésel de veintinueve caballos para cuando el viento no sopla en la dirección adecuada. Su interior está decorado en brillantes tonos azules, con muchos cojines aquí y allá. Un espacio confortable.

Al menos así lo describe Ian Urbina en el maravilloso libro Océanos sin ley (Capitán Swing). Es allí donde escuché hablar por primera vez de Women on Waves.

"Siempre supe que no iba a tener el bebé", continúa Javiera. Y recuerda la historia familiar. Padre y madre trabajando, una niña a la que cría su abuela. Mujer fuerte, de esas que tienen historia. Cuando joven tuvo una pensión, ponía puestos de comida tradicional en las festividades. Trabajo sol a sol, partiéndose el lomo. "Entonces mi abuela entró en la Escuela de Artes y Oficios, que en ese tiempo era gratuita para todos. Se convirtió en profesora de Modas, una carrera que ya no existe. Nunca ejerció la docencia, pero sí fue modista, hacía desde vestidos de novia hasta disfraces para las representaciones de los colegios. Siempre fue independiente y veló por sí misma. Cristiana, pero a su manera, no comulgaba ni con la Iglesia ni con los curas. Nunca dependas de ningún güevón, me decía".

También hablaban de otras cosas. "Ella se hizo abortos, tenía un médico amigo que practicaba raspajes. Tuvo el hijo que quiso tener, e insistía en que nadie me puede obligar a tener hijos. Yo de niña no lo entendí, pero ahora veo que sin sus lecciones jamás sería la mujer que soy". "El problema es que en mi país el aborto es ilegal para los pobres. Sí, para los pobres, porque las hijas de burgueses pagan a clínicas privadas una operación y ya. Apendicitis, le llaman. Eso es sabido desde siempre". Ideas fijas, casi inamovibles. "Yo no veo la religión como una autoridad moral. Los que más se golpean el pecho en nombre de Dios son los primeros en abandonar al prójimo, la experiencia me ha enseñado que es así. Entonces... mi vida es mía y que cada quién haga lo que crea que es mejor para cada quién...".

Una milla náutica mide 1.852 metros. Nada que ver con la milla terrestre, algo más de 1.600, que ha sido objeto de tortura atlética desde que algún chiflado se pusiese el primer dorsal de la historia. Solo que no es en todos los países igual, lo de la milla náutica, porque algunos añaden o quitan cachitos. Tampoco se me echen manos a la cabeza, porque donde vivo yo, en Cantabria, medimos la superficie por carros de tierra, y los carros de tierra arrojan medidas distintas dependiendo del valle. Ya ven, unas risas.

Pero... redondeamos. Una milla náutica son 1.852 metros. Haciendo sencilla multiplicación... doce millas náuticas serán algo más de veintidós kilómetros. Y esto es importante, porque hasta aquí llega el mar territorial.

Al menos desde el año 1982. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Doce como mar territorial, veinticuatro como zona contigua, hasta las doscientas recibe el nombre de zona exclusiva. Aun hoy algunos países abogan porque ese primer concepto llegue a las doscientas millas, casi cuatrocientos kilómetros...

Y es que es trascendente. Simplificando mucho, el Mar Territorial es, a todos los efectos, un trozo del estado que tenga la titularidad. Vamos, que usted puede caminar por la Puerta del Sol o chapotear diez kilómetros mar adentro desde la Isla de los Conejos (enfrente de Suances) y la soberanía será idéntica.

Ocurre que a partir de ese punto, esas doce millas, todo cambia. Allí empiezan aguas internacionales, con la muy peculiar legislación marítima. Digamos que, una vez en ese inmenso azul, la soberanía corresponde al país bajo cuyo pabellón se navegue. Y las leyes a aplicar serán las de ese Estado. Lo que, huelga decirlo, facilita todo tipo de picarescas, abusos y golfadas por parte de quienes podemos llamar "malos de la película".

Solo que a veces es otra cosa. Hay otra gente.

Rebecca Gomperts es de estos últimos. Y viaja a bordo del Adelaide.

"Yo de Women on Web supe a través de una revista universitaria. Allí se mencionaban varias organizaciones a las que una podía acudir en caso de embarazo no deseado. De hecho esa revista salió en otros medios por tener esas informaciones", sigue Javiera. "Al principio pensé que podría ser falso, porque no conocía a nadie que hubiese tenido relación con ellas. Pero decidí arriesgarme y contacté a través de su web. Rellené un formulario y apenas pasó tiempo antes hasta que respondieron. No sé si un día. Fue muy rápido. Desde entonces toda la comunicación se realiza a través de mails. Muy fluida, sin demorarse en las respuestas. Tenía seguridad en que contestarían cualquier cosa que les plantease".

Women on Waves nace en 1999. Rebecca Gomperts, su ideóloga, lo hace unos añitos antes. En Paramaribo, por más señas, así que es holandesa. Dobles estudios. Artes, Medicina. Recién licenciada de lo segundo trabajó en un pequeño hospital, territorio de Guayana, y pudo ver qué efectos causan los abortos clandestinos. Lo que ocurre, sus consecuencias. Cada año se practican unos veinte millones de abortos clandestinos en todo el mundo. La cifra es impactante, pero hay otra que lo resulta aún más. Alrededor de 47.000 mujeres fallecen a resultas de esas actuaciones. Rebecca pensó que aquello era un drama. Pensó que, quizá, podría hacer algo.

Posó sus ojos en el océano. Más allá de donde llegan las leyes estatales, inmenso espacio con pequeños barquitos navegando soberanías sobre las olas. Sí, podría funcionar. Junto con Joep van Lieshout diseñó el Adelaide, concebido como una clínica móvil. ¿En pocas palabras? Un espacio donde embarcar a mujeres embarazadas desde territorios donde el aborto estuviese prohibido. Navegar, después, allende esas doce millas. Proporcionarles, más tarde, medicamentos que les provocasen un aborto. Misoprostol, mifepristona. Atención, apoyo, ayuda. Todo perfectamente legal. Bajo vericuetos jurídicos, si quieren, pero legal.

Llamó a su proyecto Women on Waves.

Mujeres sobre las olas.

 (Joep van Leishout montó más tarde, con motivo de la Bienal de Venecia, una exposición mostrando maquetas de la clínica y sus diseños originales sobre el papel).

El proceso, Javiera... ¿cómo es el proceso? "Bueno, primero te envían mucha información que debes leer antes, para prepararte. Instrucciones, posibles preguntas. También los riesgos, claro. Cada poco tiempo me contactaban y estaban pendiente de mí. Luego ellas se encargaron de conseguir medicamentos, me los enviaron con una receta firmada por médico". El miedo, también. "Era una de mis preocupaciones. Que las pastillas no llegasen, que las requisasen en la aduana. Si no tenía acceso a ellas quizá hubiese tenido que recurrir al mercado negro, con los riesgos que conlleva. Y eso en el mejor de los casos".

Me comenta Javiera también sobre dinero. "Tienes que pagar una suma para retribuir la ayuda que brindan. Es una forma de que el capital siga fluyendo para auxiliar a otras mujeres en otras partes del mundo. Ocurre que en aquel momento yo no podía permitirme pagar el costo completo. No importó, no hubo ningún problema. Jamás pensé que pudiera ser así. Ellas me dieron libertad de decisión por mí y por mi cuerpo...".

A veces es imposible. Llegar a todos los rincones. El mundo es muy grande, y hay injusticias por cualquier lado. Para eso surgió, en 2005, Women on Web. Redes digitales en lugar de marítimas. Olas de datos. Una página donde cualquiera puede acudir a informarse. ¿Cómo conseguir Misoprostol, cómo usar los contraceptivos de emergencia? Cualquier pregunta. También, claro, un contacto. Apoyo, asistencia. Hacer que llegue ayuda a los sitios donde esa ayuda resulta ilegal. Es la parte trascendental del proyecto, aunque el barco resulte, claro, más espectacular.

Por existir existe incluso lo que ellas llaman abortion robot, un dron operado desde los Países Bajos que entrega píldoras abortivas a mujeres que lo soliciten. Operación a distancia. Legal en el territorio donde se encuentra quien maneja al "robot". Otra vez los límites del ordenamiento, sus lagunas.

No se busca resolver el problema, porque eso es imposible. Sí echar una mano en lo que se pueda. "Yo estoy aquí por ideología", me cuenta Verónica, una española que colabora con Woman on Waves. "Ayudamos a mujeres, y también concienciamos sobre esta problemática. Creo en la libre disposición sobre tu cuerpo, y pienso que nuestra labor es útil en ese sentido". Me explica cómo se lleva a cabo el proceso, los pasos que van dando quienes utilizan este servicio. "Ayuda", me corrige, "lo que ofrecemos es una ayuda, no un servicio". Comenta que tienen problemas con las autoridades de algunos países, que hay pasillos grisáceos en las legislaciones donde se pueden hacer cosas. Va desgranando cómo entran en contacto con ellas. "Si vamos a algún puerto con el barco lo anunciamos antes. A asociaciones que defiendan ideas parecidas a las de Women on Waves, también periodistas. Así se puede enterar quien necesite nuestra ayuda. Y también nos sirve para explicar nuestras ideas".

Porque luego está lo otro. Estigma, sobreentendidos. Abortar continúa siendo un crimen en muchos lugares del mundo. Respuesta jurídica. Sumen a esa la sanción social. Javiera lo tiene claro. "Creo que hablar sobre el tema nos ayuda a normalizarlo. Muchas mujeres no saben realmente lo que ocurre, y confían en noticias o prejuicios. Que es asesinato, que te vas a arrepentir toda la vida. Y no. El respeto al otro es fundamental, y yo necesito respeto con las decisiones sobre mi propia vida y mi cuerpo". Hablar, entonces. Conocer, compartir. "Al principio yo no quería platicar del tema, porque lo pasé realmente mal y quería seguir mi vida lo más rápido posible, hacer como que estaba bien. Pero en una ocasión se lo confesé a unas personas y ellos se asombraron muchísimo. Sigue siendo tabú, algo que se asocia al sufrimiento, a lo ilegal. Ahora cada vez que puedo lo digo. Hasta a mis sobrinas, a ellas les conté todo el proceso, para que sepan que es algo seguro, que es algo real, que tienes la opción de decidir, que puedes tener apoyo en caso de que lo necesites. Que todo va a salir bien. Un poco como hizo mi abuela conmigo...".

La labor de Gomperts ha despertado recelos en muchos lugares. Visto en abstracto es incluso comprensible. Más allá de aspectos puramente íntimos e ideológicos no son pocos quienes han visto los actos del Adelaide como un salto a su legislación, incluso a su cultura. Las fronteras de la tierra se diluyen allá por los mares, supongo.

Aún antes de partir, incluso. El Ministerio de Transportes de los Países Bajos amenazó con retirarle su licencia de navegación. Gomperts argumentó que la clínica portátil era una obra de arte, titulada A-Portable. No hubo réplica posible.

El primer viaje que hizo Women on Waves fue a Irlanda, cuando el aborto era aún ilegal en aquel país (fue aprobado en 2018, un sesenta y cuatro por ciento de los irlandeses votaron a favor en el referéndum). Luego sitios como Portugal, Polonia, Marruecos. También España. València, año 2008, con ruido (mediático y de otro tipo) por parte de las asociaciones en que ustedes seguramente están pensando. Ah, por seguir con nuestro país, durante el confinamiento de 2020 la web Women on Waves fue bloqueada por parte de los proveedores de internet más importantes. Pasó también en otros sitios como Brasil, Turquía o Arabia Saudí.

A veces las actuaciones son menos sutiles. En 2005 el barco no pudo llegar hasta las costas de Portugal, por causas justificadas. Que se crucen en tu camino dos barcos de guerra son, sin duda, causas justificadas. El acto levantó una (comprensible) polémica, y Gomperts recibió una invitación de la tele portuguesa para que explicase su postura. Acudió, pero, en lugar de plantear excusas o exponer proyectos, dedicó esos minutos a explicar, con todos los detalles, cómo interrumpir un embarazo con Misoprostol. En Pakistán hubo protestas encendidas después de que Women on Waves y diversos grupos feministas pakistaníes pusiesen a disposición de las mujeres una línea telefónica a través de la cual aconsejaban sobre cómo usar medicamentos para inducir un aborto espontáneo y seguro. Algunos políticos tacharon el asunto de "colonial" y "anti-islámico". Eso fue en 2011. Algunos cálculos hablaban de 890.000 abortos clandestinos practicados en Pakistán cada año.

También han actuado en América Latina, claro. Guatemala, de cuyas aguas fue expulsado, con escolta incluida del Ejército guatemalteco hasta aguas internacionales. O México. En 2017 el Adelaide estuvo fondeado en costas aztecas. Ixtapa, estado de Guerrero. Ayudó a entre sesenta y setenta mujeres, según los cálculos.

Recientemente Argentina despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce de gestación. Treinta y ocho votos a favor, una abstención, veintinueve en contra. Antes a eso se le consideraba un delito, salvo que concurriese riesgo vital para la madre o hubiese mediado violación. La antigua ley databa del año 1929.

Si lo analizas desde fuera podrías pensar que algo está cambiando. Es una imagen distorsionada, sin duda. En toda América Latina, por ejemplo, solo se ha despenalizado el aborto en Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guayana y Guyana Francesa, además del caso argentino. Hasta cinco naciones lo prohíben sin excepción (Haití, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua). Entre medias... una miríada de supuestos, excepciones, condicionantes. También políticas federales propias en aquellos sitios donde rige ese sistema, como México.

"Yo lo veo un poco lejano", me cuenta Javiera cuando le pregunto sobre los avances que se van consiguiendo. "En Chile el tema no se trata mucho, y diría que en países vecinos tampoco. Una cosa es discutirlo, pero disposición para hacer algo... Los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres, unos no saben de dónde sacar para mantener a sus niños y otros se operan de apendicitis en clínicas. Pero día a día somos más los que ampliamos criterios y nos nutrimos de experiencias distintas. Y eso cuestiona lo tradicional".

Y concluye, esperanzada.

"Quién sabe, quizá en unos años podamos tener acceso al aborto de manera segura y gratuita".

01/05/2021 08:28

Marcos Pereda@MarcosPereda2

Publicado enSociedad
Viernes, 30 Abril 2021 05:27

Pasaporte covid a la exclusión

Pasaporte covid a la exclusión

 La ONG Access Now, dedicada a la defensa de los derechos digitales, ha encendido las luces de alarma ante la inminente puesta en marcha del pasaporte COVID, que desde gobiernos como el de España se está impulsando. En un reciente informe titulado Protocolo de exclusión: Por qué los "pasaportes" de la vacuna contra el COVID-19 amenazan los derechos humanos, Access Now destaca los riesgos que supone, no sólo para la privacidad y seguridad de millones de personas, sino también la ventana que se abre a la exclusión y la discriminación. La propia OMS (Organización Mundial de la Salud) se opone a esta fórmula, alertando de cómo se aislará a los más pobres.

No es casual que los países como España, que más dependen del turismo, sean los que más impulsan este tipo de salvoconductos digitales. El objetivo principal es salvar la economía pero, al hacerlo se privilegia a ciertos grupos sociales en detrimento de otros. La desigualdad en el acceso a las vacunas por una mera cuestión económica no sólo está creando ciudadanos de primera y de segunda en todo el mundo, sino que está extendiendo el riesgo global para la salud, como demuestran variantes como la sudafricana o la india, en cuya generación el escaso acceso a las vacunas que existe en esos países tiene mucho que ver.

La libertad de movimientos quedará restringida para un elevado porcentaje de la población mundial. No sólo eso, sino que incluso internamente en los países se producirá situaciones de discriminación en el acceso a los servicios. Como destaca el informe, ya está  sucediendo en países como Dinamarca o Israel, en los que para acudir a un bar, una peluquería, al dentista o al cine es preciso contar con uno de estos pasaportes COVID.

Más allá –aunque no es un tema menor- de que se está realizando una vacunación obligatoria encubierta (o te vacunas o te quedas sin acceso a los servicios), incluso quienes sí quieran vacunarse podrán quedar excluidos. Varias organizaciones están alertando ya en España de la exclusión sanitaria que se está dando en nuestro país, dejando fuera de la vacunación a colectivos vulnerables. Con el pasaporte COVID, además de estar más expuestos al coronavirus, sufrirán la discriminación social impidiéndoles acceso a servicios. Sobre quienes más han sufrido las peores consecuencias de la pandemia será donde más riesgos de exclusión caerán con el pasaporte COVID.

La privacidad amenazada

Access Now comparte también su preocupación por el modo que se recopilarán y procesarán masivamente todos estos datos de salud, abriendo nuevos riesgos a la privacidad de las personas. Tal y como expone en su informe, los sistemas centralizados de identidad digital conllevan riesgos de vigilancia, elaboración de perfiles, exclusión, violaciones de la privacidad y amenazas de ciberseguridad.

La directora adjunta legal de Access Now, Carolyn Tackett, indica que "los gobiernos de todo el mundo se están apresurando a implementar nuevas tecnologías como la solución general para volver a la normalidad tras la pandemia. Sin embargo, en su precipitación, muchos han descartado o ignorado los riesgos de estas herramientas de seguimiento rápido, incluidos los certificados digitales de vacunación".

Además de garantizar una vacunación universal, una de las primeras medidas que reclama la ONG es aumentar la transparencia sobre este tipo de herramientas digitales, permitiendo las auditorías tanto de su diseño como de su implantación. No parece muy coherente confrontar la voluntariedad de las vacunas con la obligatoriedad de entrar en estos nuevos sistemas de identidad digital centralizados que pueden vulnerar Derechos Humanos (DDHH).

En cuanto al acceso a los servicios, Access Now tiene claro que la privacidad y protección de los datos personales han de garantizarse, velando porque existan cláusulas de caducidad y periodos estrictos de retención de datos. Los temores de que la implantación de pasaportes COVID sirva para ampliar la vigilancia y restringir derechos fundamentales como el de reunión o libre circulación ya se han puesto encima de la mesa. El propio gobierno español, según destaca el informe, al tiempo que ha asegurado que estos salvoconductos digitales respetarán escrupulosamente la legislación sobre protección de datos ha afirmado que compartirá estos datos sensibles con otros socios europeos.

30 abril, 2021

Publicado enInternacional
Venezuela rechaza el "infame" reporte de HRW sobre abusos de fuerzas de seguridad

Caracas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó ayer el "infame" reporte de la organización Human Right Watch (HRW), que denuncia "abusos aberrantes" de las fuerzas de seguridad del país contra la población durante los operativos en la frontera, donde persisten combates con grupos irregulares colombianos.

Arreaza tuiteó que las acusaciones tienen lugar "ante la imposibilidad de derrocar al gobierno bolivariano" y denunció que ahora "los agresores coordinan sus acciones mediáticas", al asegurar que “artículos del New York Times y otros medios, así como el infame reporte de HRW buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”.

La situación en la frontera entre Venezuela y Colombia ha empeorado desde marzo con combates y escaramuzas casi diarias que han dejado cerca de una veintena de muertos y miles de desplazados.

De acuerdo con HRW, el operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas del pasado 21 de marzo en el estado de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca, derivó en "la ejecución" de al menos cuatro campesinos, así como en detenciones arbitrarias, torturas y procedimientos judiciales contra civiles en tribunales militares por su su

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó ayer que continúan los operativos en la zona, después de los "cruentos combates" del fin de semana que dejaron un "importante número de bajas" entre los “narcos colombianos”.

"Desde Apure continuamos ejecutando operaciones para expulsar a grupos irregulares, narcotraficantes y terroristas colombianos a los que hemos dado fuertes golpes", tuiteó Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

Añadió que en enfrentamientos de las últimas 72 horas murieron militares venezolanos y miembros de los grupos armados, sin dar cifras.

Venezuela ha denunciado que los grupos irregulares colombianos han colocado minas antipersona en la zona fronteriza, luego de que dos vehículos militares y un auto de trabajadores de electricidad fueron víctimas de estos explosivos y pidió el apoyo de Naciones Unidas para desactivarlas.

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