Más de 300 palestinos heridos en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania

GAZA (Sputnik) — El número de palestinos que resultaron heridos en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania superó los 300, informó la Media Luna Roja Palestina.

Al menos "301 sufrieron heridas esta noche en enfrentamientos con militares israelíes en las zonas de (la aldea de) Burqa, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania", dice el comunicado.

La nota indica que 19 personas resultaron heridas por balas reales, 91 fueron alcanzadas por balazos de goma y los demás inhalaron gases lacrimógenos.

Según los palestinos, los enfrentamientos fueron causados ​​por ataques de colonos israelíes.

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Foto: Colprensa

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el 29 de octubre un auto en el que hace varias modificaciones al macrocaso 01, que pasó de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.

Allí no solo modificó el nombre de este caso sino que añadió un delito por el que serán imputados varios exintegrantes de la guerrilla, la esclavitud que ejercieron sobre los secuestrados.

La Sala determinó que la desmovilizada Farc obligó a varios de sus secuestrados a realizar trabajos forzados a su favor durante su cautiverio. En el primero de los casos, la JEP consiguió el testimonio de dos víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar forzadamente.

Una decisión que los comparecientes decidieron apelar al considerar que ya reconocieron ante el tribunal de paz que afectaron la dignidad de los secuestrados y que ahora se hable de esclavitud sería faltar a la verdad porque ellos no fueron una organización esclavista.

Pues ante ese recurso presentado por los excombatientes, la JEP, a través de un nuevo auto, decidió dejar en firme la imputación que hará por esclavitud en secuestrados.

Se trata del Auto 279 de 2021 en el que el tribunal de justicia transicional hace un análisis sobre lo presentado por la Procuraduría (que pidió a la JEP establecer la imposición de trabajos forzados por parte de las víctimas como un crimen de lesa humanidad de esclavitud), y de lo que sustentó la defensa de los exFarc.

“Los comparecientes que reconocieron los hechos y conductas determinados por la Sala de Reconocimiento, y su gravedad en cuanto crímenes no amnistiables, no están obligados a complementar su reconocimiento con un tipo penal específico para continuar en el procedimiento dialógico de reconocimiento”, detalló la JEP en esta nueva decisión.

Y aclaró que la Sala examinará si los trabajos forzados reconocidos por los comparecientes cumplen o no con los elementos del tipo del crimen de lesa humanidad de esclavitud una vez haya recibido las observaciones de estos a dicha calificación jurídica.

La JEP tiene varios testimonios de víctimas que dan cuenta de que sí hubo esclavitud dentro de las Farc. “Víctimas acreditadas describen que fueron obligadas a realizar trabajos forzados como pago por su libertad, al no contar con los recursos económicos exigidos por las FARCEP. Estos relatos parecen ser una modalidad solamente del suroccidente del país, y los reportes de las víctimas acreditadas coinciden en que sucedieron entre los años 2002-2003 en los municipios que limitan entre los departamentos de Nariño y Cauca”, se lee en el auto.

El tribunal de paz hace un salvamento y es que los comparecientes no tendrán que hacer presencia para complementar la información que tengan sobre esclavitud. “Así, por las razones anteriormente expuestas, la Sala revocará la decisión recurrida de requerir a los comparecientes complementar su reconocimiento con la calificación de crimen de lesa humanidad de esclavitud”, definió a Sala.

Agregó que con posterioridad, cuando corresponda, la Sala deberá presentar sus conclusiones sobre el reconocimiento en la respectiva resolución y deberá analizar si este reconocimiento cumple con los estándares constitucionales y legales.

Por estos casos de secuestro pero también de esclavitud, varios excomandantes de las Farc son responsables y deberán responder. Entre ellos están Rodrigo Londoño (Timochenko), como responsable de mando del crimen de lesa humanidad de esclavitud, cometido de manera concurrente con el de graves privaciones de la libertad por las unidades militares de las Farc. También relaciona a Jaime Alberto Parra conocido con el alias de El médico, Milton de Jesús Toncel Redondo conocido como Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.

24 de Diciembre de 2021

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La nueva Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada ayer en el Congreso colombiano luego de las protestas (en la imagen) contra el gobierno del presidente Iván Duque, que comenzaron en abril pasado. Foto Ap

Sólo falta la firma de Duque para convertirse en ley

La nueva norma viola el derecho a la vida y a la movilización social, denuncia senador de la oposición

 

Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, autoriza la "fuerza letal" en legítima defensa para repeler una incursión violenta a una vivienda o vehículo, en lo que sectores de la oposición consideran que afectará el derecho a la movilización social.

La nueva norma fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año –comenzaron el 28 de abril– contra una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza de la policía que dejaron más de 40 muertos y 3 mil heridos.

Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la "ley de seguridad ciudadana", como fue bautizada por el gobierno del presidente Iván Duque, que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para "contrarrestar la delincuencia en las ciudades" y regular las armas "menos letales".

Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que "viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución", como el derecho a la vida y a la movilización social, explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.

El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma de Duque para convertirse en ley. "Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano y autoriza a disparar a los jóvenes y a los indígenas", advirtió Barreras.

La iniciativa aumenta las penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad usadas durante las protestas, en particular por los integrantes de la llamada "primera línea" que se ponían como escudos humanos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Incluye también la "legítima defensa privilegiada" para particulares que se podrá ejercer cuando un "extraño" use "maniobras o mediante violencia penetre o permanezca de manera arbitraria" en lugares privados o vehículos. "La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno", aclara el proyecto de ley aprobado

Festeja el gobierno

El gobierno celebró la medida. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es "garantista" de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez "implacable" con la delincuencia.

Su par del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen a periodistas, elementos de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.

Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estallido social, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en las manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas presuntamente por policías.

Por lo pronto, 28 congresistas de los opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y Comunes enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguran que la nueva ley de Seguridad Ciudadana es un "incumplimiento" a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el contexto de las protestas antigubernamentales de este año.

"El articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social", señalaron, y destacaron que el punto de la "legítima defensa privilegiada" prescinde de responsabilidad penal a quienes la ejerzan y "fortalece acciones de autodefensa".

“La ley crea el delito de obstrucción a la función pública, al señalar que quien mediante violencia o ‘cualquier forma de coacción o intimidación obstruya, impida o dificulte la realización de cualquier función pública’, recibirá una pena de 36 a 60 meses. La condena aumentará cuando se obstruya o impida una orden de captura o procedimientos militares o de policía”, señalaron los opositores en el documento.

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Protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque en Cali, Colombia, el pasado 3 de mayo. Foto Ap

"Hubo uso desproporcionado de fuerzas del orden y se cometieron violaciones a los derechos humanos" // La mayoría de los fallecidos eran jóvenes de entre 17 y 26 años

 

Bucaramanga. El reciente estallido social en Colombia dejó 46 muertos, informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un reporte divulgado ayer.

Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.

"Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza se cometieron violaciones a los derechos humanos", aseveró Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada.

La oficina recibió información sobre la muerte de 63 personas: de ese número verificaron que 46 fallecieron en las protestas –44 civiles y dos policías–, la mayoría por armas de fuego.

En 28 de estos casos, elementos de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores, de acuerdo con el informe de la ONU. Se trata de una cifra mayor a la documentada por Human Rights Watch de 25 víctimas.

En otros 10 casos la oficina de la ONU concluyó que los presuntos responsables fueron elementos no estatales en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, manifestó su "preocupación" porque las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados de civiles contra los manifestantes.

La oficina en Colombia de la ONU pidió al gobierno investigar todas las muertes y no sólo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía por considerar que ocurrieron en el contexto de las protestas.

El Paro Nacional, como se denominó en Colombia a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal, se prolongó por tres meses pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato. Esta movilización derivó en un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo para los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma a la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Hubo protestas en todo el país y la mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, en varios puntos se bloquearon vías que impidieron el libre tránsito de personas, alimentos e insumos médicos. Más de 3 mil civiles y policías resultaron heridos.

La mayoría de las víctimas fatales, concluyó la oficina, eran jóvenes de entre 17 y 26 años, vivían en barrios pobres y eran hijos de campesinos, indígenas, afrodescendientes o desplazados por la violencia.

Durante las protestas se reportaron 60 víctimas de violencia sexual. La oficina manifestó que en 16 casos los policías habrían sido responsables.

El informe también resaltó el diálogo entre las autoridades y los manifestantes para llegar a acuerdos, así como el compromiso del presidente Iván Duque de tener cero tolerancia a los abusos de la fuerza pública.

La oficina de la ONU recomendó al gobierno colombiano aplicar "los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica", reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones.

Tras los cuestionamientos, el gobierno ha implementado una serie de reformas en la policía que incluye crear la Dirección de Derechos Humanos.

El informe basó su información en 600 entrevistas a víctimas y testigos, 500 reuniones con funcionarios, más de 370 con organizaciones de la sociedad civil, análisis forenses de los videos y misiones de verificación directa durante las protestas.

La víspera la oficina de la ONU llamó la atención sobre el uso desproporcionado de la fuerza de la policía que habría causado la muerte de 11 manifestantes entre los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, de acuerdo con un informe independiente que la ONU apoyó con asesoría técnica.

Horas después, en una ceremonia de ascensos en las fuerzas militares, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró: "no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito. La policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden".

En el mismo acto, el presidente Duque sostuvo: "prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es, en sí mismo, un ataque a la institución".

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Erika Prieto

Colombia tiene una de las constituciones más adelantadas de América Latina. Paradójicamente, encabeza la lista de países que violan los derechos humanos. En 2021, según Indepaz, han sido asesinados 162 líderes sociales y 44 firmantes del proceso de paz. Cuando no existen condiciones de posibilidad para la aplicación del derecho, palabras, artículos y leyes del ordenamiento jurídico aterrizan en la realidad del papel mojado.

Los asesinatos contra defensores de los derechos humanos no son la única forma de atentar contra procesos de vida digna en Colombia. El campo jurídico es una herramienta más silenciosa. Los montajes judiciales también interrumpen la labor militante. El movimiento Congreso de los Pueblos lo sufre de forma grosera; "desde 2002 hasta hoy el Estado colombiano ha encarcelado a más de 150 de nuestros liderazgos y mantiene vigentes más de 400 procesos penales", denuncia en un comunicado en el marco de otra persecución de la fiscalía contra una de sus dirigentes: Erika Isabel Prieto Jaime.

Pudimos acompañar a Erika en su trabajo social en Bogotá al inicio de la pandemia. En la entrega de material sanitario en las cárceles, defensa a trabajadores informales, reparto de alimentos a hogares vulnerables o el desalojo irregular de cientos de familias en pleno confinamiento. Entre tales tareas, vimos a Erika sacar tiempo para rescatar de la calle a animales abandonados, participar en eternas reuniones virtuales o acompañar a la juventud de los Escudos Azules, primera línea durante el Paro Nacional. La calidez y calidad humana que desprende esta defensora de la vida se resume con palabras como amor, ternura y compromiso. Pero en su caso aplica mejor la palabra contagio. Erika es ante todo una contagiadora de alegría, sueños y esperanzas.

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para defender su inocencia. En declaraciones a los medios, esta licenciada en derecho afirmó "obviamente, hay mucho temor, porque yo sé lo que son los manuales del Estado, sé la injusticia que se vive dentro del derecho penal, sé cómo funciona todo ese ejercicio de los poderosos en Colombia, pero aun así creo que lo que hay que hacer es dar la cara, decir que lo que hemos hecho por transformar la vida de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad, y que de ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso".

Su judicialización continúa estos días con una audiencia de legalización de captura, donde se decidirá si sigue el proceso en libertad o prisión preventiva. "La estrategia habitual de la fiscalía es intentar encarcelar a los defensores hasta que llega el juicio y ahí habitualmente el juez les absuelve, pero si han estado varios años en la cárcel les ha truncado la vida y su proceso organizativo", afirma Luis Mangrané, abogado español de la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

"Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", dice el artículo 12 de la Constitución colombiana. La Carta Magna de 1991 coincide con el proceso de modernización del Estado en sintonía con el Consenso de Washington. El proceso de neoliberalización en Colombia, a diferencia de Chile o Argentina, no llega de la mano de dictaduras militares, sino de un "Estado social de derecho". Éste se pone al servicio del libre mercado y la ideología del emprendedurismo aplicando el clásico paquete: privatización, desindustrialización, flexibilización laboral, aumento del extractivismo, fortalecimiento del sector financiero o expansión de la frontera agrícola al servicio de la economía de la cocaína. Colombia no puede entenderse sin el narcotráfico y sus vínculos con Estado y sector financiero, que se manifiestan en estructuras como el paramilitarismo, grupos criminales creados por el Estado que atentan contra el movimiento social, protegiendo los intereses del gran capital. Política, guerra contrainsurgente y narcotráfico inyectan jugosos frutos al mundo financiero. Realidad tamizada por una Constitución que conjugando elementos liberales y socialdemócratas, favorece el consenso y la reproducción del orden.

La convivencia de esta fachada jurídica con la arquitectura de la violencia es síntoma de la capacidad de resistencia del pueblo colombiano. Pero también de una crisis anunciada. La que hoy se pone de manifiesto en las estructuras del Estado, subordinadas a los intereses de la geopolítica imperial estadunidense, con al menos siete bases militares en Colombia.

Estado y mercado pueden tratar de acabar con la resistencia popular. Asesinarla, encarcelarla, tratar de anularla. Pero el pueblo colombiano seguirá pariendo a contagiadoras de sueños como Erika, capaces de transmitir la certeza de que es posible cambiar el estado de cosas actual, y de que lo vamos a lograr. En declaraciones a Telesur antes de ser detenida expresó: "quiero decir a los muchachos que vienen siendo judicializados que lo más duro de esto es sentirse vencido, y pensar que porque uno llora y está triste eso está mal; eso es lo normal, lo anormal es que fuéramos como ellos, que no sintiéramos. Nosotros sentimos con todo el corazón, pero eso no quiere decir que no vayamos a vencer".

Vanessa Pérez Gordillo* y Raúl García Sánchez**

* Filósofa

** Periodista

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Jueves, 16 Diciembre 2021 06:02

Los niños de la pandemia

Imagen: Sandra Cartasso

Jean Luc Nancy nos propone: ”Luego de la pandemia tenemos que aprender a respirar y a vivir simplemente. Algo que es mucho, difícil y largo; los niños lo experimentan. Ellos, los infantes, no saben hablar. No saben modular su aliento sobre la palabra, pero no piden más que aprende , y aprenden y hablan. Seamos niños. Recreemos un lenguaje. Tengamos esa valentía...”

Nos describe un devenir no tan lejano en el tiempo, de miedo y aislamiento. La lupa viral aumentó nuestras contradicciones y límites. Fue un principio de realidad que golpeó la puerta del principio del placer. La muerte la acompañaba. Pero una muerte ya no disfrazada y negada sino todo lo contrario, siempre presente una amenaza constante. Nos acompañaba en cada uno de nuestros movimientos y en el lugar en que situábamos al otro, otro peligroso, contagioso y hostil; acechándonos en cada esquina.

Tuvimos plena conciencia de nuestra finitud, que nos señalaba el fallido intento de ser infinitamente poderosos. Nuestras certidumbres y seguridades tambalearon y vimos caer nuestra autosuficiencia.

De todas maneras, afirma Nancy, se reavivó una interdependencia tanto del contagio como de la solidaridad, la del mantenimiento a distancia como de la consideración mutua, la de la cohesión social en la observancia de los protocolos como de la anarquía que proponía la mentira y la destrucción.

Y last but not least, “el miedo” cotidiano, miedo a un virus inasible y que alimentaba una ansiedad suplementaria y un estado de alerta permanente aun en nuestras peores pesadillas. El semejante, su proximidad y el temor al contagio, el barbijo en tanto protección y señal inquietante.

La proximidad física, el abrazo, el roce de los cuerpos tenía consecuencias mortales. Se perdieron sonrisas, imágenes, corporalidad. Por un tiempo nos transformamos en un mundo herido en sus metáforas y creencias.

En ese estado de aislamiento permanente se agotan las reservas eróticas como así también las fuerzas que mantienen unida a una sociedad.

Transitamos la desazón y el miedo y nuestra vida se organizó en clave de protocolo, control y limpieza. La recreación de nuestros vínculos quedó despojada de la posibilidad de alojar y de hospedar.

¿Qué efectos se generaron en nuestros chiques en estas condiciones? ¿Qué consecuencias en la construcción de su subjetividad y en la relación con una otredad perniciosa? ¿Podemos pensar en los niños en pandemia y qué se resignificó a posteriori?

Para Donald Winnicott, la importancia del juego y del encuentro con los pares es imprescindible en la infancia. El juego compartido con otros territorializa y genera un espacio de fronteras móviles que dan cuenta de nuestra existencia: el extremo de una cuerda, una sonrisa, una mirada que nos concede la certeza de estar vivos.

En ese instante de convite para estar con otros se descubren e inventan mundos. Es la esencia del inicio de un vínculo y el advenimiento de un sujeto como el protagonista de la aventura de vivir. Y esa cita se renueva cada día.

Este encuentro con el otro extranjero significa una experiencia cultural, surge la creatividad como antecedente de formas de enfrentamiento a conflictos o experiencias ulteriores de nuestra adultez.

Este espacio intermedio, sostiene Winnicott, se alimenta en la confianza hacia la figura materna y sus sustitutos en el mundo extrafamiliar, ellos son los que nos proponen zonas de experimentación vitales y de aprendizaje. Para el infantil sujeto, cada uno de los acontecimeintos de su cotidiano devenir son posibilidades en la construcción del lazo social.

La base o los cimientos de esta construcción se apoya en la confianza, su ausencia significa en parte una pérdida de la zona de juego y su simbología.

Para Fred Plaut, "la capacidad de juego para formar imágenes y usarlas de manera constructiva por recombinación de nuevas figuras depende, a diferencia de los sueños y fantasías, de la posibilidad del individuo para confiar”.

Los niños de la pandemia atravesaron durante días, meses, nuevas condiciones de vida necesarias para su cuidado, pero no sin consecuencias. Y en algunos casos con ausencias definitivas y sin posibilidad de despedida.

Aparecieron nuevas formas de conectarse y lo virtual se convirtió en hegemónico como única posibilidad de encuentro.

No es momento de conclusiones, sí de preguntas, esta pandemia que todavía nos amenaza nos deja como legado en los próximos años el desafío de investigar, intercambiar y generar pensamiento acerca de lo ocurrido.

Gracias a Marcela Altschul tenemos algunos testimonios de los chiques en pandemia que reflejan sus estados de ánimo, su sentido del humor y su indoblegable capacidad de juego (testimonios de su libro de próxima publicación).

..."Si salgo, necesito salir con los que no convivo! No tener que salir con los que veo todo el día hace dos meses”. Anna, 13 años.

...”Lo que me está faltando en mi vida son los espacios intermedios. Los momentos de ir y venir del cole, salir a comprar algo. Todo es un continuo, todo es igual”. Victoria, 14 años.

...”El momento más exitante del día es cuando saco la basura a la puerta”. Lucía, 10 años.

...”El finde podíamos salir pero estaba en modo paja y no quise. Ya me acostumbré a la cuarentena”.  Lara, 12 años.

...”Gané la pelea familiar. Soy el encargado de sacar el perro a la puerta". Federico, 12 años.

Es apenas un comienzo de contar con algunos de sus testimonios, para convocarnos en tanto analistas a pensar en sus miedos y en sus posibilidades creativas para jaquear el miedo y la muerte.

Hago mías las palabras de Jean Luc Nancy a modo de epílogo: ”La enfermedad de la piel de la tierra es el hombre, el ser humano en contra de lo humano y de toda forma de vida que no esté a su servicio. Su prioridad es la relación consigo mismo. Deberemos inventar un dios que baila, otras relaciones entre nosotros y resignificar la palabra humanidad".

16 de diciembre de 2021

Monika Arredondo es psicoanalista.

Bibliografía

Jean Luc Nancy: “Un virus demasiado humano”.

Donald Winnicott: “Realidad y juego”

Fred Plaut: “Analysis-analysed”.

Marcela Altschul: “Rayos y lentejas, grandes reflexiones de pequeños pensadores”.

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Dos policías reducen al abogado Javier Ordóñez en en barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá (Colombia).Redes sociale

El informe independiente solicitado por la alcaldesa Claudia López califica la respuesta a las protestas de septiembre de 2020 como una “masacre policial”

 

Bogotá - 13 dic 2021 - 13:44 COT

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Dos policías reducen al abogado Javier Ordóñez en en barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá (Colombia).Redes sociales

“No puede llamarse de otra manera”. El informe independiente de esclarecimiento apoyado por el Sistema de Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020 ha dicho con todas las letras que lo que vivió la ciudad esos dos días cuando se desataron unas protestas ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo por parte de agentes fue una masacre policial. “La policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha. Su actuación causó una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”, dijo Carlos Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación.

La investigación —solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López— determinó que la masacre ocurrió debido a la “ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes”. Es decir, que faltó un mayor liderazgo “político y operativo” tanto del Gobierno de Iván Duque como el de López para evitar que ocurriera. La alcaldesa se refirió al informe como “doloroso hasta el alma”. Con la voz entrecortada y entre lágrimas, López ofreció disculpas a las familias y amigos de los jóvenes asesinados. “Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. Todos nos equivocamos”, dijo este lunes.

La ‘Relatoría de esclarecimiento del 9S’ también alerta de que, dada la falta de avance en las investigaciones, no es posible garantizar que no se repita. “A 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes”, concluye el informe.

Los investigadores documentaron 14 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido el de Ordóñez, de los cuales 11 habrían sido a manos de agentes de la Policía, en lo que consideraron “uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad”. El informe advierte también que otros dos asesinatos ocurrieron por personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes.

Pero la masacre pudo ser mayor. La investigación documentó también que 75 personas resultaron heridas por arma de fuego, 187 por armas cortopunzantes, así como las heridas contra 216 agentes de la Policía. En total, dice el documento, se encontraron siete prácticas violentas en el contexto de las manifestaciones: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.

Juliette de Riveros, Representante de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que el objetivo del informe “no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, por el contrario el objetivo es restaurar la confianza, utilizando la verdad”. “Se plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y en la Policía”, dijo Riveros pero dijo que es necesario hacer investigaciones rápidas y creíbles, sanciones inequívocas contra quienes abusaron, reconociendo la verdad y a las víctimas y haciendo ajustes doctrinales necesarios a la Policía.

Catalina Oquendo

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra

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El hambre aumenta en el mundo y los niños pagan el precio más alto

Un efecto de la pandemia según la ONU

La pandemia ha aumentado notablemente el hambre en el mundo, mucho más que en las décadas precedentes, especialmente en los niños que están pagando el precio más alto. De acuerdo al reciente Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 realizado por varios organismos de Naciones Unidas - UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), OMS (Organización Mundial de la Salud) y PAM (Programa Mundial de Alimentos) -, en 2020 unos 811 millones de personas, la décima parte de la población mundial, padecieron subalimentación. Las mujeres sufrieron en este período una tasa de inseguridad alimentaria del 10% más alta que los hombres, frente al 6% de 2019.

Son Asia y África las regiones más afectadas pero también América Latina. En Asia las personas desnutridas en 2020 fueron 418 millones (57 millones más que en 2019), 282 millones en África (46 millones más que en 2019) y casi 60 millones en América Latina (14 millones más que en 2019), especialmente en países como Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Pero también se verificó un aumento de casos de subalimentación en varios países de Europa, entre ellos Italia.

Los niños pagan el precio más alto

La covid está amenazando los progresos que se habían logrado en relación a los niños a nivel de pobreza, salud, educación, nutrición, protección y bienestar mental. “A dos años de la pandemia, el impacto continúa a agravarse, aumentando la pobreza, radicalizando las desigualdades y amenazando los derechos de los niños en un modo jamás visto”, dijo el estudio de Unicef que calificó a esta situación como la peor que se haya verificado en los 75 años de existencia de Unicef. Se trata en particular de unos 60 millones de niños que se encuentran en familias con un nivel económico inferior respecto a antes de la pandemia.

Pero los datos alarmantes no terminan aquí. Otro elemento que agrava la situación de los niños es que se ha aumentado el trabajo de menores en un 8,4% llegando a 160 millones de niños en los últimos 4 años. Y, hasta fines de 2022, otros 9 millones arriesgan ser obligados al trabajar a causa de la pobreza aumentada por la pandemia, dice Unicef.

Sobre la situación de pobreza que viven los niños del mundo influyen también otros dos factores que preocupan notablemente a los organismos de Naciones Unidas: las guerras y conflictos y el cambio climático. A nivel global, 426 millones de niños - casi uno de cada cinco - viven en zonas en las que los conflictos son cada vez más graves y recaen pesantemente sobre los civiles, buena parte en África pero no sólo allí. Por otra parte, casi mil millones de niños – casi la mitad de la población infantil del mundo – sufren los efectos del cambio climático que aumenta el hambre en general al difundir la desertificación y otros efectos que arruinan la agricultura y la sobrevivencia. Y muchas familias deciden cambiar de residencia o de país a causa de esto, generando también inseguridad en todos sus miembros.

“En una época de pandemia global, de conflictos crecientes y ante el empeoramiento del cambio climático, hoy más que nunca es fundamental buscar soluciones concentradas en los niños. Mientras trabajamos con gobiernos, donadores y otras organizaciones para diseñar un programa para los próximos 75 años, debemos tener presente a los niños en primer lugar para las inversiones y al último para los recortes que se hagan”, dijo la directora de Unicef Internacional Henrietta Fore.

En Italia

Al parecer en América del Norte y Europa, las dos regiones con las más bajas tasas de inseguridad alimentaria en general, la pandemia aumentó también el número de casos de subalimentados. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, sobre 330 millones de habitantes, unos 37,2 millones estaban en situación de pobreza en 2020, lo que significó un aumento de 3,3 millones respecto al año anterior.

En Italia, los últimos datos del instituto de estadísticas ISTAT revelaron que sobre casi 60 millones de habitantes, más de 5,6 millones de personas viven en condiciones de “pobreza absoluta”, es decir no están en condiciones de conseguir necesario para su sobrevivencia como alimentos y bienes y servicios (ropa, medicinas, libros para la escuela, etc). De estos 5,6 millones, 1.127.000 son jóvenes de 18 a 34 años. Miles de niños y adolescentes que pertenecen a estas familias en dificultad, tienen al menos la suerte de poder gozar de un almuerzo en las escuela a las que asisten.

El aumento de los pobres en Italia fue denunciado por organizaciones de solidaridad internacional como la muy respetada organización católica Comunidad de San Egidio. Según el presidente de San Egidio, Marco Impagliazzo, “Los nuevos pobres de covid son familias con niños y dinero insuficiente como para satisfacer las necesidades elementales. Se trata de unos dos millones de familias, de las cuales 1,3 millones de personas son niños menores de edad”, dijo Impagliazzo agregando que muchos de estas familias han perdido el trabajo o han pasado de una situación de trabajo precario a condiciones super precarias, a lo que se agrega el aumento de los precios de los alimentos.

En América Latina

Unos 59,7 millones de latinoamericanos y caribeños sufrieron hambre en 2020, 13,8 millones más que el año precedente, según el informe de las agencias de Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria. El estudio también precisó que un 41% de la población en general se encuentra en inseguridad alimentaria mientras aumenta el sobrepeso y la obesidad de forma alarmante. Buena parte de este aumento tiene que ver con el impacto de la pandemia de COVID-19, que redujo los ingresos de millones de personas en la región. Sin embargo, ésta no es la única razón, ya que las cifras de hambre en la región llevan seis años consecutivos de crecimiento.

Los datos muestran que entre 2019 y 2020, en América Central 19 millones de personas sufrieron hambre. En el Caribe lo padecieron siete millones de personas, y en América del Sur 33,7 millones de personas. Pero Sudamérica fue la región donde más creció la inseguridad alimentaria: un 20,5% entre 2014 y 2020. Las mujeres latinoamericanas por otra parte, como en el resto del mundo, en 2020 sufrieron más que los hombres la inseguridad alimentaria moderada o grave: el 41,8% fueron mujeres, el 32,2 hombres.

Según las agencias de las Naciones Unidas, que hicieron varias propuestas a los gobiernos, es necesario que cada país tome medidas inmediatas para detener el aumento del hambre, de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición en todas sus formas. Y para esto los gobiernos deben actuar rápidamente transformando sus sistemas agroalimentarios, haciéndolos más eficientes, inclusivos y sostenibles, y así poder proporcionar dietas saludables para todos.

14 de diciembre de 2021

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Simpatizantes de Julian Assange protestan en Londres por la decisión de la Justicia británica de extraditar a EEUU a Assange. — Andy Rain / EFE / EPA

El letrado de Wikileaks considera que la decisión de la Justicia británica de dar vía libre a la extradición a Estados Unidos es un tremendo error y recuerda que "estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana".

 

Minar la credibilidad de Estados Unidos en materia legal, de compromisos internacionales, de protección de los derechos humanos y la libertad de prensa serán los argumentos más relevantes de la apelación que, en los próximos días, los abogados de Julian Assange expondrán ante la Corte Suprema de Londres, para intentar revertir la resolución que da vía libre a su extradición.

La sentencia del alto tribunal británico trae a un primer plano algo más que la incomodidad que para las grandes potencias y sus Gobiernos supone el ejercicio libre del periodismo como herramienta social fiscalizadora de la acción de sus gobernantes. Y, más en concreto, sienta un peligroso precedente que permitiría que cualquier periodista, en cualquier lugar del mundo y de cualquier nacionalidad, pudiera ser considerado un objetivo a capturar por la inteligencia norteamericana o de otro Estado, por el simple hecho de desvelar acciones secretas o incómodas, como los crímenes de guerra o la corrupción de las élites.

Exactamente lo mismo por lo que se persigue actualmente a Julian Assange y que se teme, a corto plazo, pudiera alcanzar a la red de colaboradores de WikiLeaks.

El fallo de Londres

La Corte de Londres tenía dos opciones para posicionarse respecto a Julian Assange, basadas en dar respuesta a cinco puntos que eran objeto de valoración legal. Tres de ellos argumentados por la defensa ponían sobre la mesa el pésimo estado de salud del periodista, quien desde 2012 no había podido tener una vida normal. Los informes médicos aportados al tribunal, supervisados por relatores de Naciones Unidas, ponían de manifiesto el alto deterioro de su salud física y mental por tantos años de cautiverio, que podrían derivar en suicidio en caso de extradición.

Y, por otro lado, la opción que finalmente fue asumida por la Corte de Londres para permitir la extradición del fundador de WikiLeaks. Consideraban y daban por creíble que Estados Unidos "habría proporcionado un paquete de garantías de que Assange no estará sujeto a SAMS (Special Administrative Measures, en inglés) ni será encarcelado en ADX (alta seguridad con 23 horas diarias en celda de aislamiento) a menos que el reo hiciera algo posterior al ofrecimiento de estas garantías que justifiquen la aplicación SAMS o la designación a ADX". Igualmente, "Estados Unidos también ha asegurado que dará su consentimiento para que el señor Assange sea trasladado a Australia para cumplir cualquier sentencia de prisión que se le imponga".

"La CIA planeó asesinar a Assange"

Para Aitor Martínez, abogado del fundador de WikiLeaks, la decisión de la Corte de Londres es un tremendo error porque el compromiso aportado por los representantes de Estados Unidos no es creíble. "¿Alguien piensa que Julian Assange no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad o se le aplicaría un tratamiento penitenciario durísimo?", señala Aitor Martínez. "Estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana", añade.

El abogado del equipo legal de Assange insiste en que "hablamos de la persona que publicó los documentos de Vault 7 , un paquete de información sensible de la CIA sobre intromisiones sistemáticas en los dispositivos tecnológicos de los ciudadanos, causando un gran impacto en la agencia. ¿De verdad pensamos que el establishment de inteligencia no someterá a Assange a un trato inhumano al llegar allí?".

El letrado hace referencia a la investigación periodística de Yahoo News en Nueva York, en la que una treintena de testimonios de exmiembros de la Inteligencia y del servicio secreto de Estados Unidos dan cuenta de los planes diseñados por la CIA en 2017, con Donald Trump en la presidencia, cuyo propósito era capturar a Julian Assange, vivo o muerto, dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.

Los Ina Papers para presionar a Lenin Moreno

La operación fue diseñada al mismo tiempo que se investigaban otras vías y medidas de presión que sirvieran para sacar a Assange de dicha embajada. Planes que incluían también al presidente electo de Ecuador, Lenin Moreno, y su familia, en busca de debilidades que utilizar para forzar al mandatario a expulsar al "huésped", como se identificaba al fundador de WikiLeaks refugiado en la embajada desde 2012, además de convencionales contactos diplomáticos entre ambos países.

En febrero de 2019 se difundían casualmente los llamados Ina Papers, documentos que acreditaban la existencia de empresas offshore y cuentas millonarias en paraísos fiscales, como Panamá y Belice, y propiedades en España a nombre de la familia del presidente de Ecuador. Dos meses después, el 11 abril, tras la difusión de vídeos y fotos de Julian Assange en la prensa y canales de televisión de todo el mundo, a través de una organización criminal asentada en España, el periodista y activista era finalmente expulsado de la embajada por orden de Moreno y detenido.

Los casos Mendoza y Biondo

El letrado del equipo legal de Julian Assange señala también que "Estados Unidos ha violado repetida y sistemáticamente las garantías diplomáticas en el marco de extradiciones con múltiples países europeos, y por tanto sus garantías no son creíbles".

Según el abogado español, "se han recopilado multitud de casos con diferentes países europeos en los que Estados Unidos se obligó mediante garantías diplomáticas a cumplir lo acordado con ciudadanos extraditados, pero, una vez entregada esa persona, Estados Unidos incumplió esas garantías". Recuerda Martínez un ejemplo de ello, entre tantos otros, como "es lo sucedido con la jurisdicción española y el caso Mendoza, quien fuera entregado a Estados Unidos con la condición de cumplir la eventual condena que se le impusiera en España. Tras ser sentenciado en Estados Unidos, se negaron a su traslado a España. El escándalo fue tan mayúsculo que el Tribunal Supremo condenó al Gobierno español por no haber podido conseguir que Estados Unidos cumpliera con la garantía diplomática otorgada a su ciudadano".

Este caso del que habla el jurista se refiere al caso de David Mendoza. Este hijo de españoles era residente en Estados Unidos cuando se cometieron los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales los que se le acusaba. En 2007 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la española.

Estados Unidos reclamó entonces su extradición por estos delitos y la Audiencia Nacional puso como condición para su extradición, aprobada por el Consejo de Ministros, que pudiera cumplir su condena en España si, en caso de ser condenado, así lo solicitaba. David Mendoza fue entregado a las autoridades estadounidenses el 30 de abril de 2009 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras ser juzgado, fue condenado a 14 años de prisión y encarcelado en una prisión de New Jersey. En febrero de 2010, el reo solicitó cumplir la pena en España, pero Estados Unidos rechazó su petición de traslado a nuestro país. Ni la Justicia española ni el Gobierno de Rajoy entonces lograron la repatriación.

Pero, como recuerda el abogado de Assange, este no es el único caso en España. Destaca el del ciudadano italiano residente en España Gabriele Biondo, acusado de delitos de narcotráfico en Estados Unidos, que solicitó su extradición y fue entregado a pesar de los recursos y la intervención del Tribunal de Estrasburgo.

"Y son sólo ejemplos de múltiples casos de violaciones a garantías diplomáticas", señala Aitor Martínez. "Básicamente, violaciones que, además, pivotan sobre una misma realidad. Y es que las garantías que pueda dar el Departamento de Justicia de Estados Unidos son papel mojado, ya que posteriormente la persona será sometida a un órgano judicial que no está obligado por esas garantías dadas por otro órgano ante el que no están vinculados. De ahí que esas garantías se violen repetidamente en Estados Unidos".

El recorrido del caso Assange aún podrá prolongarse durante algunos meses y con la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como último recurso, si llegado el momento Reino Unido accede a la extradición de Assange a Estados Unidos para ser juzgado y, previsiblemente, condenado de facto a una cadena perpetua.

Assange está reclamado por la Justicia de Virginia, sede de la CIA

El abogado del despacho de Baltasar Garzón apunta que "la alegación de Estados Unidas de que Assange tendría un juicio justo e, incluso, podría ser declarado inocente, choca con la

Aitor Martínez señala que el fundador de WikiLeaks "está reclamado por el Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia del país". Señala que "de hecho, los jurados están compuestos, mayoritariamente, por personas vinculadas al establishment de la Inteligencia del país".

En este sentido, añade que "las estadísticas en ese distrito hablan por sí solas. Es prácticamente imposible salir inocente de aquella jurisdicción, toda vez que las personas que componen esos jurados son normalmente trabajadores de las agencias, familiares de esos trabajadores o personas vinculadas"

1/12/2021 21:54

Joan Cantarero@JoanCantarero

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Stella Moris, pareja del fundador de Wikileaks, Julian Assange, pronuncia un comunicado ante el Tribunal Superior de Londres, tras conocerse el fallo que da vía libre a la extradición — Andy Rain / EFE

En su recurso contra la decisión del tribunal británico que avala la extradición, el equipo jurídico de WikiLeaks insistirá en el riesgo real de suicidio y en el deterioro psicológico que sufre Julian Assange, implorando razones humanitarias como las que llevaron a la liberación del dictador Pinochet por parte del Gobierno británico.

 

Tras el fallo del Tribunal de Apelación de Londres, este viernes, que da luz verde a la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, para ser juzgado en Estados Unidos, aún cabe una mínima esperanza de que finalmente no se lleve a cabo su entrega a las autoridades estadounidenses, que le acusan de 17 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y uno de piratería informática, por ayudar supuestamente a la militar Chelsea Manning; unos cargos que podrían suponerle a Assange hasta 175 años de condena

La defensa de Julian Assange, que tiene ahora 50 años, dispone de 14 días para presentar su apelación en la Corte Suprema, aunque, según ha informado su equipo jurídico a Público, el recurso estará listo en menos tiempo. 

Si la Corte Suprema admitiera el recurso, se prevé otra batalla judicial con Estados Unidos; si lo rechazara --lo más previsible--, el último paso en el recorrido del caso es el Tribunal de Magistrados de Westminster, competente en las solicitudes de extradición, donde un juez de distrito trasladará el expediente al secretario de Estado de Interior para decidir si se

La defensa del fundador de WikiLeaks no tira la toalla, cree que aún hay margen para impedir la entrega a Estados Unidos y está dispuesta a agotar todas las posibilidades, por lo que el proceso podría durar algunos meses más. En todo caso, la última palabra no la tendrá la Justicia británica sino el Gobierno de Boris Johnson, como indican a este medio fuentes jurídicas. En caso de ser extraditado finalmente, Assange será entregado a la Corte del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos), un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia norteamericanas.

La principal baza en la defensa de Julian Assange es el peligro para su salud psicológica, e incluso para su vida, que entrañaría la decisión de extraditarle a Estados Unidos. El periodista australiano lleva encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido a raíz del asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman acredita el alto riesgo de suicidio que existe en el caso de que Assange sea finalmente extraditado.

Descartada la motivación política

Pese a que la jueza Vanessa Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero, no tuvo en consideración el argumento principal para oponerse a la entrega a Estados Unidos esgrimido por la defensa de Assange, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón: la motivación política que denuncia el fundador de Wikileaks respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EEUU.

En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por Wikileaks quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.

El antecedente más directo del caso Assange es el que frenó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en el año 2000, cuando el entonces ministro del Interior inglés Jack Straw decidió liberarlo por razones humanitarias, pese a que la Justicia británica había acordado su extradición a España para ser juzgado por una treintena de delitos de torturas. Precisamente este caso, impulsado desde la Audiencia Nacional en España por el entonces juez Baltasar Garzón, será tenido en cuenta en el recurso de apelación de los abogados de WikiLeaks, coordinados por el propio despacho de Garzón, según ha podido saber Público.

El caso Pinochet

En octubre de 1999 el juez británico Roland Bartle aceptó la extradición del exdictador chileno a España, después de su detención en Londres hacía casi un año en virtud de la orden de detención internacional impulsada por el entonces juez Garzón desde la Audiencia Nacional. Se daba así el primer paso para que Pinochet fuera finalmente juzgado por genocidio en España, en aras a la entonces vigente jurisdicción universal.

Sin embargo, tres meses después, el ministro del Interior británico, Jack Straw, cambió el signo de los acontecimientos, al admitir una serie de informes periciales sobre la salud del dictador. "No está en estos momentos en condiciones de someterse a juicio y no es de esperar que se produzca un cambio en su situación actual", dijo Straw para rechazar la extradición. Finalmente el 2 de marzo de 2000, el ministro decidió liberar a Pinochet, que ese mismo día regresó a Chile. Pinochet falleció en diciembre de 2006 sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura chilena (1973-1990). 

El caso de Assange sólo se parece al de Pinochet en el deterioro de la salud como exigencia para pedir la liberación; en el caso del periodista, su salud mental, después de llevar privado de libertad desde 2012, cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. El Gobierno británico está obviando conscientemente, según opinan fuentes jurídicas, que Assange y su medio ejercieron su libertad de prensa en aras del derecho a la información, que nada tiene que ver con la protección a un dictador como Pinochet. 

En el caso Assange, ha sido el juez Timothy Holroyde el que, ante una sala abarrotada, ha pronunciado este viernes la fatal frase: "El tribunal admite el recurso [de Estados Unidos]". El juez ha indicado que el Gobierno estadounidense "ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental". En la balanza, han primado esas supuestas garantías ofrecidas por Estados Unidos de un juicio justo y una estancia en prisión provisional garantista sobre el riesgo real de suicidio y de problemas psicológicos acreditados por informes periciales. 

Derecho a la información

El portal WikiLeaks ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal de Apelación británico. El visto bueno a la extradición afecta en primer lugar a  Assange, pero también al resto de componentes de WikiLeaks y de otros medios y plataformas que informan sobre asuntos sensibles de Estados Unidos y desvelan información secreta. Está en juego la integridad de cientos de periodistas; en definitiva, la libertad de información. Por eso, cada paso judicial es fundamental. 

Así lo ha manifestado este viernes la abogada Stella Moris, pareja de Assange, con el que tiene dos hijos. Moris ha descrito el fallo judicial como "peligroso y equivocado" y un "grave error judicial". "¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?". 

Como ya informó Público, en 2017, tras la llegada al poder de Donald Trump y con Mike Pompeo como director de la CIA, se planeó secuestrar o asesinar a Julian Assange. A esos planes se ha referido este viernes Stella Moris frente al tribunal de Londres, donde se han congregado decenas de defensores de WikiLeaks. 

Las organizaciones de derechos humanos claman contra la extradición de Julian Assange. Amnistía Internacional incide en que las llamadas "garantías" en las que se basa el Gobierno de Estados Unidos "dejan a Assange en riesgo de malos tratos", son "intrínsecamente poco fiables" y "deben rechazarse". Amnistía alega que los cargos contra Assange tienen "motivos políticos". 

La aportación de WikiLeaks en España

WikiLeaks ha desvelado a lo largo de los años numerosas informaciones cruciales que afectan a los secretos de Estado de varios países. En España, entre marzo de 2012 y diciembre de 2015, Público dio a conocer cerca de cuarenta informaciones exclusivas gracias a los archivos de la plataforma dirigida por Julian Assange. Una de ellas, difundida el 23 de marzo de 2012, revelaba que la compañía privada de espionaje Stratfor, conocida como la CIA en la sombra, había dirigido su mirada hacia el movimiento español 15-M. 

Los cables de Wikileaks que Público difundió en exclusiva en España también aportaron datos sobre el ahora rey emérito y sus relaciones con las estructuras de poder de Estados Unidos. Este periódico dio a conocer, entre otras cosas, que la diplomacia estadounidense apostaba por Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Así constaba en un documento secreto del Departamento de Estado fechado el 23 de octubre de 1975, con Francisco Franco al borde de la muerte.

10/12/2021 21:36

Joan Cantarero / Ana María Pascual


Estas son las revelaciones de Wikileaks por las que EEUU quiere juzgar a Assange

Desde las violaciones a los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán hasta quién está detrás del nacimiento de Vox, pasando por los vínculos del emérito con EEUU: repasamos los hitos informativos de la plataforma.

10/12/2021 15:16 Actualizado: 10/12/2021 15:39

Público

Con un vídeo y más de 90.000 documentos militares estadounidense revelados en julio de 2010 echaba a andar Wikileaks. Las primeras filtraciones se publicaron de manera coordinada en varios medios internacionales y mostraban con crudeza el fracaso de las guerras de Irak y Afganistán.

El fundador de la organización responsable de la filtración, Julian Assange, que ahora se enfrenta a un proceso de extradición a Estados Unidos acusado de 18 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática, aportó luz en ese y otros asuntos sobre los que algunos buscaban que reinase la oscuridad. Repasamos algunos de los hitos informativos de Wikileaks.

Soldados de Estados Unidos acribillando a gente desarmada

El 5 de abril de 2010 Wikileaks filtró el vídeo Collateral Murder. Era la narración visual completa de cómo los tripulantes de un helicóptero de combate Apache aniquilaban a 12 civiles iraquíes en un suburbio de Bagdad. Entre ellos estaba el fotógrafo de la agencia Reuters Namir Noor-Eldeen.

Violaciones de los derechos humanos en Irak y Afganistán

En julio de 2010 más de 90.000 documentos desclasificados sobre la guerra en Afganistán vieron la luz gracias a Wikileaks. En ellos se demostraban las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la intervención militar en ese país.

Tres meses más tarde, en octubre, una filtración de otros 400.000 documentos destapaban la atrocidades ocultas en Irak, otro territorio en el que EEUU cometió –y escondió– crímenes contra civiles, al tiempo que consintió las ejecuciones sumarias perpetradas por las fuerzas aliadas iraquíes. En ellos se admitía que el 60% de las personas fallecidas en Irak entre 2003 y 2009 eran civiles.

Correos del director de la CIA en los que habla de tortura

Wikileaks también publicó los correos electrónicos de la cuenta privada del que en 2015 era director de la CIA, John Brennan, que revelan el limbo legal de los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo. En concreto, dos de ellos hacían alusión a presuntos casos de tortura.

Los archivos del 'Cablegate'

Las comunicaciones del Ejecutivo de Estados Unidos con sus delegaciones diplomáticas en distintas partes del mundo también vieron la luz con Wikileaks. Un total de 250.000 documentos del Departamento de Estado se hicieron públicos. 

Así se conoció que la embajada estadounidense en España presionaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapateropara evitar que se esclareciera el asesinato del cámara José Couso en Irak. Y se difundió información sobre el paso de los vuelos de la CIA por territorio español. A bordo viajaban presos con destino a la cárcel secreta de Guantánamo.

Guantánamo y Abu Ghraib

El 25 de abril de 2011 Wikileaks difundió fotografías y detalles inéditos sobre los interrogatorios en la cárcel de Guantánamo. Los informes revelaban que 150 personas afganas y pakistaníes habían sido detenidas sin ningún tipo de juicio. Además, se supo que el preso más joven tenía 14 años y el mayor había cumplido ya 89. Previamente, en 2007, Wikileaks había dado a conocer un manual del Ejército de EEUU para los soldados en Guantánamo

Wikileaks también difundió revelaciones sobre la cárcel iraquí de Abu Ghraib, otro lugar donde se violaban los derechos humanos bajo absoluta impunidad. Entre los documentos difundidos entonces figuraban los denominados "Procedimientos Operativos Habituales" de Abu Ghraib, Bucca (otro campo de detención en suelo de Irak) y Guantánamo.

Espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU

La Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA, por sus siglas en inglés) llegó a realizar escuchas secretas de un encuentro entre la canciller alemana Ángela Merkel y el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-Moon. Estas operaciones de espionaje vieron la luz gracias a Wikileaks.

Además, el Gobierno de Estados Unidos también espió una reunión privada entre el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el expresidente francés Nicolás Sarkozy y Merkel. Hubo además escuchas de una conversación entre Berlusconi y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Los correos de Hillary Clinton

Hillary Clinton ostentaba el cargo de secretaria de Estado en la Administración de Barack Obama cuando, en marzo de 2016 llegó la filtración de más de 30.000 correos electrónicos recibidos y enviados por ella misma. También vieron la luz 27.000 comunicaciones del Comité Nacional Demócrata (CND) y 50.000 correos electrónicos de John Podesta, jefe de la campaña presidencial de Clinton.

En ellos se dibujaban casos de disputas y maniobras internas o, incluso, una dura acusación de Clinton contra Arabia Saudí y Qatar, a quienes señalaba en un correo enviado a Podesta por suministrar apoyo de forma clandestina a la organización terrorista Estado Islámico (Dáesh).

Quién financió el nacimiento de Vox en España

Las filtraciones de Wikileaks no solo salpican a Estados Unidos y su Ejecutivo. En ellas también hay espacio para partidos políticos españoles. En concreto, la organización filtró quiénes fueron las grandes fortunas y altos ejecutivos españoles financiaron el nacimiento de Vox a partir del grupo ultracatólico Hazte Oír

Público desveló en exclusiva para España 17.000 documentos internos de Hazte Oír y CitizenGo previos al despegue meteórico del partido de Santiago Abascal incluidos los listados y aportaciones de los "grandes-grandes donantes" que hicieron posible el auge electoral de la ultraderecha.

Los vínculos del rey emérito con EEUU

Este periódico dio a conocer, entre otras cosas, que la diplomacia estadounidense apostaba por Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Así constaba en un documento secreto del Departamento de Estado fechado el 23 de octubre de 1975.

A través de distintos informes secretos revelados por Wikileaks fue posible saber que el entonces príncipe –que ya había sido elegido por Franco como su sucesor– actuaba como confidente de la Casa Blanca en las fechas previas al fallecimiento del dictador, convirtiéndose en la gran apuesta de EEUU para la España posfranquista.

Suárez y Fraga contra el PCE

Los archivos de Wikileaks difundidos en España por Público también permitieron conocer que EEUU había realizado un pormenorizado seguimiento de la actividad del Partido Comunista de España antes de su legalización. "Compartimos el escepticismo del Gobierno sobre que el PCE no es digno de confianza y que su legalización en este momento sería arriesgada", decía un cable de la diplomacia estadounidense fechado el 12 de marzo de 1976.

En ese contexto, Wikileaks recogió un cable en el que se destacaba que tanto el ministro Manuel Fraga como el presidente Adolfo Suárez habían prometido al embajador de EEUU, Well Stabler, que "los comunistas no serán legalizados ni se les permitirá tener un papel en este proceso evolutivo".

Manuales de la CIA

Las exclusivas de Público sobre los papeles de Wikileaks también trajeron otras historias, como la guía secreta que empleaban los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa bajo identidades falsas. Allí se detallaba cómo traspasar las fronteras de España, remarcando que se trataba de uno de los países que "puede requerir datos biométricos" a los ciudadanos estadounidenses a la hora de obtener pasaportes especiales para representantes gubernamentales o personas que viajan en misión oficial.

De hecho, Wikileaks descubrió además que los espías de EEUU manejaban el manual de control de fronteras de la Unión Europea (UE). Tales datos figuraban en uno de los informes del programa 'Checkpoint' de la CIA filtrados por Wikileaks y a los que tuvo acceso este periódico.

TiSA, el tratado secreto

Asimismo, los archivos obtenidos por esa organización dejaron al descubierto el denominado Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo de intercambio de servicios entre 50 países, incluida España, que se negociaba bajo absoluto secreto.

Los documentos de la negociación secreta del TiSA apuntaban hacia la eliminación de controles y obstáculos para favorecer la liberalización global de los mismos servicios financieros "innovadores" que provocaron la crisis global de 2007-2008, al tiempo que se buscaba condicionar a los estados firmantes a la hora de efectuar regulaciones o aprobar leyes que afecten a empresas multinacionales. Wikileaks reveló además que el tratado permitirá a las corporaciones financieras exportar los datos sensibles de los consumidores.

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