HRW acusa a Israel de crímenes de lesa humanidad y apartheid contra palestinos

Jerusalén. Las autoridades de Isreal cometen “crímenes de lesa humanidad, de apartheid y persecución contra los palestinos que forman parte de su población y los que viven en los territorios ocupados”, aseveró ayer Human Rights Watch (HRW), acusación que fue refutada por Tel Aviv.

HRW señaló en un informe publicado ayer que esta conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los judíos sobre los palestinos, y en los graves abusos cometidos en territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.

Algunas ONG israelíes han usado el término apartheid para referirse a las políticas de Israel hacia los palestinos que viven en su territorio, que descienden de aquellos que se quedaron en sus casas en 1948, tras la creación del Estado de Israel, y hacia los palestinos de Jerusalén-Este, Cisjordania y la franja de Gaza.

No obstante, es la primera vez que una ONG internacional califica estas políticas de apartheid.

Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, sostuvo que esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo estos crímenes.

Antes de la publicación del informe, la cancillería israelí declaró a la agencia de noticias Afp que se trataba de "un panfleto de propaganda sin vinculación con los hechos o la verdad", y añadió que fue redactado por "una organización movida desde hace tiempo por una agenda antisraelí".

La Autoridad Nacional Palestina consideró que el reporte es "testimonio fuerte y creíble del sufrimiento de los palestinos".

El documento de HRW, que puede consultarse en https://bit.ly/32RF6dt, estimó que casi 700 mil colonos israelíes viven en terriorios palestinos, en asentamientos que iban a ser "temporales" y se han convertido en construcciones "permanentes" por falta de acuerdo para el reconocimiento de un Estado palestino.

Citó las restricciones de movimiento, las confiscaciones de tierras, el traslado forzoso de población, la negación de los derechos de residencia y la suspensión de derechos civiles como ejemplos de los abusos que Israel comete contra los palestinos.

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Casi 30 mil desplazados en Colombia en el primer trimestre: Defensoría

Bogotá. Unas 27 mil 435 personas fueron desplazadas en Colombia durante el primer trimestre de 2021, lo que significó un aumento de 177 por ciento respecto del mismo periodo de 2020, empujadas por un rebrote de violencia en el país, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2021 hubo 65 "desplazamientos masivos", casi el doble de los 35 reportados en los primeros tres meses del año anterior, añadió la Defensoría.

Las principales causas que explican la huida de miles de personas en el país son amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, colocación de artefactos explosivos, enfrentamientos entre grupos armados y combates entre el ejército y grupos ilegales.

Desgarrado por casi seis décadas de lucha interna, Colombia creía haber pasado su peor página de la guerra con el desarme de los paramilitares en 2006, y el de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2017, tras la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016.

Pero un nuevo ciclo violento afecta el país con una explosión de grupos que se adelantaron al Estado en la reconquista de zonas dejadas por los antiguos rebeldes.

La Organización de Naciones Unidas rechazó ayer la violencia ejercida contra comunidades, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, así como ex combatientes de las antiguas FARC-EP, situación que se ha agravado en las últimas semanas.

De acuerdo con el organismo mundial, siete ex guerrilleros fueron asesinados en una semana.

El partido de izquierda Comunes, que sustituyó a las desarticuladas FARC tras el acuerdo de paz, asegura que en total han matado a 271 firmantes del pacto suscrito en 2016.

Según el observatorio Indepaz, en lo que va de 2021 Colombia registra 31 matanzas (o asesinatos de mínimo tres personas en la misma acción) con 116 víctimas. El año pasado el mismo organismo dio cuenta de 91 matanzas.

Sólo el domingo pasado cinco personas fueron asesinadas a tiros en una hacienda cafetera del departamento de Antioquia.

Aunque el pacto de paz alivió la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, dejando más de 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

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Lunes, 26 Abril 2021 05:41

En los límites del control

Libertad vigilada Pintura por Saúl Nagelber

Lo bueno para nuestros antepasados, incluidos los más recientes, es que ya no están aquí para ver en lo que andamos. Algunos lo previeron, con la esperanza de equivocarse. En lo que nos hemos convertido. Avanzamos cada día más rápido hacia los establos del control, y conforme pasa el tiempo, de mejor gana. Si nos falta entusiasmo es indolencia, ni siquiera fatalismo. Nos han curado del espanto de pensar que la vigilancia y el control constante son enemigos de lo humano. Aprendemos que la libertad es relativa, no muy importante. Preferimos la seguridad. Cómplice clave del control es el miedo.

Se trivializa lo ominoso y todos tranquilos. La omnipresencia del Gran Hermano de George Orwell y la limitación del pensamiento en Farenheit 451 hace rato se cumplieron, son antecedentes de una realidad más obtusa, y sin embargo más sofisticada. La intimidad, la soledad y el derecho al secreto desaparecen rápidamente, con el total respaldo de las víctimas que lo ven como algo lleno de ventajas. Ríanse del síndrome de Estocolmo. Estamos enamorados de los carceleros y en el fondo soñamos con ser como ellos.

Del panóptico en prisiones, clínicas y cuarteles pasamos al mercado libre, o el mercado negro, gracias a la obligación de entregar nuestros datos biométricos y existenciales. La unicidad de nuestro rostro es detectable en medio de una multitud y la meta es que pronto no haya calle, corredor, rincón, sótano o ático fuera del alcance de cámaras, micrófonos y alarmas.

Colaboramos alegremente; sin que nos lo pidan hacemos pública y notoria nuestra localización exacta todo el tiempo. Si alguien quisiera clavarnos un misil en la mollera ahora mismo, sólo necesitaría una rápida consulta a las bases de datos para dispararlo derechito y sin daños colaterales, o no muchos; los drones antiislámicos de Israel y Estados Unidos tienen cierto margen de error en bodas y entierros donde los objetivos se confunden con familiares e invitados.

Si alguien quiere halagarnos o envenenarnos, sabe perfectamente qué nos gusta más comer y cómo. Pero no temamos, las intenciones son buenas. Nos conviene. Si el banco y las aduanas ya poseen nuestra huella, nuestro rostro y nuestro antecedentes íntimos, qué más da que los grandes consorcios y los gobiernos nos tengan bien checados. De por sí saben dónde localizarnos, es inútil esconderse. Traemos la señal en el bolsillo o pegada al oído, cerca del cerebro.

Las nuevas generaciones desconocen qué era lo clandestino, lo privado, lo secreto, lo oculto, lo especial y único en las zonas de júbilo o refugio. De manera automática lo personal deviene clientelar (ya no político, como proclamábamos hace medio siglo).

Si alguien cultiva algún vicio o peca de tal o cual modo propio, está en condiciones permanentes de pasar al dominio público. Vivimos la ilusión de que todo lo visible está permitido. Uno se masturba en público si quiere, y si no quiere también. El infierno omnímodo de Los juegos del hambre (Suzzane Collins, 2008) puede ser un blando paraíso, según anuncian quienes dicen protegernos: "Evitemos que los delincuentes se salgan con la suya; suavecito y cooperando, total no tenemos nada que esconder". Y nos conviene acumular "puntos sociales" (¿recuerdan Black Mirror?) Claudicamos ante el control sin la necesidad de conceder un clic.

La película Anon (Andrew Nicol, Netflix, 2018) supone una sociedad como ésta, donde ya todos son identificables, espiables, ubicables. Cuando "aparece" alguien anónimo, sin expediente ni huella digital, resulta preocupante, nadie debe ser ya invisible ni inexistente. Es delito. Grave. Y su ex le puede pedir al protagonista: "Enséñame tus últimos 10 minutos" para saber si ha estado bebiendo.

La realidad va más rápido que la ficción. Una profecía, utopía o distopía hecha con ingenio o malicia pronto será alcanzada por el futuro. Ya sólo la locura y el surrealismo nos harán libres. Los sueños de la razón, la tecnología y la política han parido monstruos que llegaron para quedarse. De ahora en adelante viviremos en La Nube y quien así lo desee podrá investigarnos, invadirnos, delatarnos o seducirnos con las golosinas baratas del capitalismo interiorizado. Las redes escuchan nuestras conversaciones. Si en la sobremesa decimos Acapulco, calzones rosas o tamarindo enchilado, en tiempo real nos bombardearán con ofertas y novedades sobre Acapulco, calzones rosas o tamarindos.

Si nos quejamos del control nos miran de soslayo. Los jóvenes de plano se sorprenden, qué te pasa, de dónde sacas esos recelos, si la omnipresencia del Gran Hermano en barata es de lo más chido, aprende a dar las gracias. Es por tu bien si tu zaguán sale en Google Maps a la vista de todos, tu historia clínica es potencialmente pública, así como tu registro crediticio, tu expediente judicial o los recados que mandas a tus primos. Podemos ser espías. Todos son nuestros "amigos" y damos el sí a desconocidos. Un espejismo se materializa en nuestro pobre cerebro. Fáciles y felices renunciamos a la libre intimidad y nadie lo lamenta.

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Viernes, 23 Abril 2021 06:12

Madriguera, nido, albergue, amparo

AFP, PHILIPPE LOPEZ

También en Europa la posibilidad de tener un techo ha sido conculcada para millones de ciudadanos por fondos especuladores que, en ocasiones, concentran partes enteras de las principales ciudades. Hasta hacía poco, esos capitales parecían no encontrar límites por parte de los poderes públicos. Pero eso ha empezado a cambiar.

El drama de la vivienda no es el mismo en Europa que –pongamos– en América Latina, y hasta puede parecer horrible, viendo la magnitud de lo que pasa por aquí –más ahora–, preocuparse de lo que pasa por allá. Pero a veces hay que ir a ver qué sucede en los países ricos para darse cuenta de que las tensiones que los atraviesan son las mismas que por acá y que los razonamientos para enfrentarlas –las ideologías– también.

En el mundo rico, la crisis de 2008 fue un parteaguas. Tal vez, el equivalente al que habrá sido para sus habitantes de las primeras décadas del siglo pasado la crisis del 29. Hace casi 15 años empezaron a notarse por esos lares cosas, fenómenos que ya estaban pero no salían a la luz. El estallido de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, hizo que millones de personas en Estados Unidos y Europa fueran despedidas de sus trabajos, no pudieran pagar sus elevadísimas deudas y perdieran sus casas. Muchas de ellas quedaron, literalmente, en la calle.

Los años previos habían sido casi de fiesta. La fiebre por el ladrillo, que acompañaba un boom del consumo, aumentaba una sensación de bonanza que los gobiernos de entonces se empeñaban en sostener, fueran ellos liberales o socialdemócratas. Guarda quien intentara pinchar el globo: era tratado de agorero por los gobernantes, por los empresarios, por los banqueros. Con la crisis de las subprimes de 2008 y la crisis de la deuda de 2010, el castillo se desmoronó. No hay que ser adivino para deducir quién pagó los platos rotos. Muchas familias que se habían endeudado para comprar sus casas debieron entregarlas a sus acreedores –por lo general, bancos–, que en los años siguientes engrosaron su cartera de apartamentos y casas, y luego los transfirieron a fondos de inversión. Pagar el alquiler se hizo, a su vez, insostenible para cada vez más gente, fundamentalmente en las principales ciudades, donde el proceso de gentrificación iniciado años antes se fue acentuando.

De acuerdo a los datos de Eurostat (la oficina de estadística de la Comisión Europea), en 2020, antes de la pandemia –que empeoró todo–, alrededor de 700 mil personas en la Unión Europea (UE) vivían en la calle, un 70 por ciento más que diez años atrás. Dos años antes, otras estadísticas indicaban que el 17 por ciento de los europeos vivía en condiciones de hacinamiento y que 82 millones de residentes en los por entonces 28 países de la UE (uno de cada cuatro de los 440 millones de habitantes del bloque, que todavía incluía al Reino Unido) destinaban, en promedio, más del 30 por ciento de sus ingresos –y un 10 por ciento, más del 40– a pagar alquileres o hipotecas. Diez años antes, eran muchísimos millones menos.

El porcentaje variaba grandemente de un país a otro, pero el fenómeno afectaba a la gran mayoría. Incluso a Francia, donde cada vez más gente empezó a tener problemas para asumir el pago de un alquiler y los gastos corrientes. El número de personas desalojadas en Francia creció un 40 por ciento entre 2002 y 2011, según los datos oficiales citados por El País de Madrid (13-XI-12). Y si allí las cosas no se desbordaron, como sucedió en otros países del sur europeo (España, Grecia), se debió a que entraron en juego mecanismos de compensación y asistencia propios de un Estado de bienestar más sólido que en la media de la UE. Aun así, los suicidios por desalojos, casi inexistentes en años anteriores, fueron en Francia algo suficientemente significativo como para ser destacados como preocupantes por algunos municipios en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, de acuerdo al diario Libération.

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El problema de la vivienda fue creciendo tanto desde 2008 en Europa que a comienzos de la década pasada comenzaron a multiplicarse en la región los movimientos centrados en ese tema, que pasaron a abarcar ya no tanto a los dejados de lado tradicionales –como los inmigrantes– como a los nativos de clase baja o media expulsados de sus casas o al borde de serlo. En marzo de 2019 unas 80 asociaciones de 20 países lanzaron una iniciativa ciudadana para obligar a los países de la UE a invertir más en vivienda pública, hacerla accesible a los sectores populares, penalizar a los tenedores de casas vacías y prohibir los desalojos sin alternativa habitacional digna. La iniciativa, a la que llamaron Housing for All (‘vivienda para todos’), necesitaba recoger 1 millón de firmas en un año, un plazo que vencía en marzo de 2020, para que pudiera ser debatida por las estructuras de la UE. Los cambios de normativa causados por el Brexit y la exclusión de las firmas conseguidas en Gran Bretaña obligaron a abandonar la campaña antes de fecha. «Íbamos por el buen camino», dijeron los responsables de la campaña. Y consideraron que, de todas maneras, el debate estaba instalado.

La pandemia, con su secuela de nuevos desalojos, reactualizó ese debate. En enero, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre la situación de la vivienda en la UE presentado por la eurodiputada verde holandesa Kim van Sparrentak. En la Europa de hoy, decía la legisladora ecologista, «grandes compañías –en especial, bancos– están comprando partes enteras de las ciudades, concentrando en sus manos un poder enorme, con gigantescas consecuencias urbanísticas, de ordenamiento territorial, habitacionales, ambientales». Pero esas empresas sólo responden ante sus accionistas y en muchos países «no encuentran límites por parte de los poderes públicos». El informe de Van Sparrentak reclamaba que se establecieran esos límites. Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, respaldó a su colega holandesa. «La vivienda no es solamente un sector económico: es también un derecho y hay que garantizar su aplicación», dijo.

El informe fue aprobado por una amplia mayoría (352 votos a favor, 179 en contra), pero representantes de asociaciones que impulsaron la iniciativa Housing for All creen que no va a tener mayores consecuencias, que será un texto más, como lo son las constituciones de tantísimos países, que reconocen el derecho a una vivienda digna como un derecho humano básico que no puede ser librado a los vaivenes del mercado, y sin embargo… «Exigiremos, a pesar de todo, el respeto de esas leyes allí donde existen y no se aplican. Mejor que estén a que no estén, aunque no nos hagamos ilusiones», dijo, por ejemplo, un integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de España, uno de los movimientos europeos por la vivienda más fuertes de Europa.

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España ha sido en las últimas décadas el país europeo donde más vivienda se construyó, pero también uno de los que registran un mayor número de casas y apartamentos vacíos y un mayor número de desalojos. Sólo entre 2008 y 2012, señalaron los investigadores universitarios madrileños Raquel Rodríguez Alonso y Mario Espinoza Pino en De la especulación al derecho a la vivienda (Traficantes de Sueños, 2017), unas 245 mil familias fueron desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres. Los números se mantuvieron más o menos en los mismos niveles en los años siguientes. A mediados del año pasado había unos 200 desalojos diarios (La Marea, 16-IX-20). «Ante la ausencia de alternativas habitacionales por parte de la administración, el destino de estas familias suele ser la miseria y la exclusión», apuntaron los investigadores. «El mazazo [de la crisis de 2008] hizo aparecer de golpe todas las contradicciones sobre las que se había articulado el ciclo inmobiliario: el sobreendeudamiento familiar, las consecuencias de una forma de crecer devastadora en el medioambiente, las malas prácticas de las entidades financieras, la negligencia y la complicidad de las instituciones de control, la debilidad de un mercado de trabajo dependiente del monocultivo del cemento. […] El final de la “fiesta del ladrillo” se saldó con una resaca de miles de desahucios», dijeron.

El modelo español de boom inmobiliario, sostenido con matices tanto por el conservador Partido Popular (PP) como por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tenía entre sus pilares la sobreoferta de vivienda. «Uno podía suponer que, ante tanta casa construida, los precios bajarían. Pero no: aumentaron. Era pura especulación, apoyada en una burbuja de consumo», destacaba recientemente Jaime Palomera, presidente del Sindicato de Inquilinos de Cataluña.

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El año pasado, cuando negociaron la formación del gobierno español, Unidas Podemos (UP) y el PSOE acordaron reformar la ley de vivienda, regulando el mercado inmobiliario, frenando los desalojos, estableciendo un impuesto a las viviendas vacías, fijando un tope a los alquileres, promoviendo la vivienda social. Era, en realidad, una propuesta de los liderados por Pablo Iglesias que los socialistas se vieron obligados a aceptar: a la coalición UP la apoyaban los otros partidos que permitieron, con su abstención en el Parlamento, que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno, como los catalanes de Izquierda Republicana y los vascos de EH Bildu, así como 9 mil organizaciones sociales y las centrales sindicales. Estaba escrito negro sobre blanco, pero, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, los socialistas dieron marcha atrás.

El alma liberal que anida en el PSOE –que está mediada, sobre todo, por las voces del ministro de Transportes, encargado del área de vivienda, José Luis Ábalos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño (una economista ligada al mundo de las finanzas que estuvo a punto de convertirse en presidenta del Eurogrupo)– atendió los reclamos de los grandes intereses inmobiliarios, muy bien representados en la dirigencia socialista. En las últimas semanas Ábalos dijo que se opone a la intervención del Estado en el mercado inmobiliario. Dijo también que la vivienda es, «además de un derecho humano, un bien de mercado» –el énfasis lo puso en la segunda parte de la oración–, que los propietarios necesitan seguridad jurídica y que los «maximalismos» son «ineficaces y peligrosos». Si de él dependiera, la intervención del Estado en materia de vivienda se limitaría a «otorgar incentivos fiscales» a los propietarios para que alquilen sus viviendas a precios rebajados y a aumentar el parque de vivienda social. Y poco más: acaso prohibir los desalojos en tiempos de pandemia y luego sin alternativa habitacional.

A Ábalos y a Calviño los seduce la ley de vivienda que desde 2019 aplican sus correligionarios socialistas en Portugal, basada en los mismos principios de incentivos fiscales para los propietarios que fijen alquileres inferiores al precio de mercado. Pero ha sido muy poco efectiva la ley portuguesa, dijo Palomera a El Salto (23-II-21): en sus primeros meses de vigencia la norma portuguesa generó unas pocas decenas de alquileres sociales. No movió la aguja. Si se confirma la propuesta de Ábalos y Calviño, agregó el presidente del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, «los fondos buitre no sólo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límite, sino que gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación y las políticas de vivienda». «En resumen, más favores fiscales para los que más tienen», concluyó.

«Qué sabrá usted de un techo», le escribió a Ábalos la periodista Cristina Fallarás, columnista de Público que en el «putísimo año 2008» fue desalojada de su casa junto con una hija de 4 años y uno de 10, y embarazada de ocho meses. «Ustedes hablan de alquileres, de arrendatarios y arrendadores, hablan de términos idiotas por negarse a decir techo. Techo, techo, techo; de eso se trata. Madriguera, nido, albergue, amparo. Qué sabrán ustedes al sentarse sobre sus cálculos de mierda, que no tienen en cuenta el significado de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital», escribió. Pero la carta de Fallarás no conmovió a Ábalos. Menos que menos a Calviño. Y es de suponer que aún menos a Joan Clos, un socialista que fue alcalde de Barcelona y ministro de Industria, Turismo y Comercio, y el año pasado se convirtió en presidente de dos organizaciones patronales del sector, la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias y la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler, a las que pertenece, por ejemplo, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor propietario de viviendas de España en la actualidad.

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Los socialistas españoles de «alma liberal» tal vez se hayan congratulado por la noticia que el 15 de abril llegó desde Alemania: allí, el Tribunal Constitucional anuló la ley de congelación de alquileres vigente desde hacía algo más de un año en Berlín, la capital del país, gobernada por una alianza entre socialdemócratas, ecologistas y los poscomunistas de La Izquierda. Aprobada en febrero de 2020, la ley berlinesa fijaba un tope al precio del metro cuadrado en una ciudad cada vez más cara, en la que el 85 por ciento de los 3,7 millones de habitantes son inquilinos. De un alcance de cinco años, abarcaba casas y apartamentos construidos antes de 2014, aproximadamente 1,5 millones. Pero el Tribunal Constitucional consideró que se trata de un asunto de competencia federal y no de los estados (Berlín es una ciudad-estado) y la declaró sin valor. En su año de vigencia, la ley permitió que los alquileres bajaran un 7,6 por ciento respecto a 2019. Su lado negativo es que los constructores trasladaron su obra nueva a zonas periféricas de la capital. «Eso pasa siempre cuando a un poderoso se lo intenta limitar, pero hay que seguir por ese lado para favorecer a los más pobres. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, va a haber en Berlín una verdadera emergencia social que, en primer término, se hará sentir en el tema de la vivienda. La ley de 2020 había sido una buena solución», comentó la Asociación Berlinesa de Inquilinos.

Ábalos pronostica que en Cataluña puede suceder algo similar a lo que sucedió en Berlín. En setiembre, el Parlamento catalán aprobó, con el apoyo de 4 mil asociaciones y buena parte del espectro político –desde Podemos y la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular hasta los centroderechistas de Junts per Catalunya–, una ley de congelación y rebaja de alquileres aplicable en las 60 localidades más castigadas por la especulación inmobiliaria. Siguiendo el camino de sus correligionarios alemanes que impugnaron la ley berlinesa, el PP denunció la ley catalana en el Tribunal Constitucional y en enero el tribunal controlado por los «populares» acogió la denuncia.

El ejemplo catalán muestra que no sólo ciudades o países con gobiernos en los que participa la «izquierda radical» habilitan al Estado a intervenir en el mercado inmobiliario. «Media Europa y algunas ciudades de Estados Unidos tienen leyes así», dice Palomera. En Europa, las más avanzadas y favorables a los inquilinos rigen en grandes ciudades –como las francesas París y Lille, y la austríaca Viena– y a nivel estatal –como en Suecia, Países Bajos y Suiza–. La ley holandesa –aprobada a fines de marzo, tras una dura negociación entre liberales, socialdemócratas y verdes– establece que durante tres años los alquileres no podrán subir más del 1 por ciento sobre el nivel de inflación en la franja privada del mercado inmobiliario, que abarca a unas 560 mil viviendas (El País, 26-III-21). En el mercado regulado, el de la vivienda social –que comprende a más de 2,3 millones de hogares, un 80 por ciento del total de los arrendamientos–, ya regía, desde febrero, un congelamiento de los alquileres. El Parlamento holandés también aprobó una partida de 450 millones de euros para mejorar los barrios más deprimidos y facilitar el acceso a la vivienda social a las personas que viven solas.

La resistencia a medidas de este tipo en filas de la derecha holandesa había sido muy dura. La conservadora ministra del Interior, Kasja Ollongren, se había opuesto a aceptar una resolución anterior del Senado holandés de bajar temporalmente los alquileres por la crisis sanitaria. Que los inquilinos negocien con los propietarios individualmente, pues habrá quienes se apiaden, llegó a decir. Fue censurada en el Parlamento, incluso por legisladores de su propio partido, y debió ceder. La ley aprobada ahora va bastante más allá de una simple bajada temporal de los arrendamientos.

«Los mercados del alquiler se han convertido en mercados muy especulativos con dinámicas parecidas a las de los mercados financieros», dijo Palomera a El Salto. Regularlos se impone. Va de justicia social mínima, piensa. Sus colegas berlineses coinciden. Y afirman que en el debate sobre si la vivienda es un derecho humano básico o un bien de mercado se juega la vida de la gente. Como le lanzaba a la cara Fallarás a Ábalos y al «alma liberal» de los socialistas españoles: «Qué sabrán de un techo».

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Amazon presentó un algoritmo para explotar trabajadores según el uso muscular

Jeff Bezos en su última carta como CEO de Amazon, presentó un plan para aumentar la productividad mediante la gestión algorítmica de los cuerpos de los trabajadores.

 

El ritmo y la intensidad del trabajo en los almacenes de Amazon brutal y las lesiones son sistemáticas. En su última carta como CEO de Amazon, Jeff Bezos, ofreció una solución que parece estirar la definición de microgestión: pensar algorítmicamente a los trabajadores en función de qué grupos musculares y tendones utilizan en cada puesto del almacén para evitar su desgaste o lesiones.

"A pesar de lo que hemos logrado, tengo claro que necesitamos una mejor visión para el éxito de nuestros empleados", escribió Bezos. "Siempre hemos querido ser la empresa más centrada en el cliente de la Tierra. No cambiaremos eso. Pero Me comprometo con una mejora. Vamos a ser el mejor empleador de la Tierra y el lugar más seguro para trabajar ".

Bezos afirma que no se "consuela" con la reciente derrota de una campaña sindical en un almacén de Bessemer, Alabama , y agrega: "Necesitamos hacer un mejor trabajo para nuestros empleados".

Con ese fin, Bezos afirma que Amazon seguirá una serie de iniciativas centradas en mejorar las condiciones de seguridad en sus almacenes. Un programa parece aprovechar la red de vigilancia de Amazon dentro de los almacenes, que ya se dirige a los trabajadores, y que ahora se utiliza para minimizar los agotadores movimientos repetitivos que conducen a una cantidad significativa de lesiones, específicamente trastornos musculoesqueléticos o TME.

Según Bezos esta gestión algorítmica a nivel micro de los cuerpos de los trabajadores será "central" para la estrategia de la empresa en el futuro.

Este programa parece encajar en la tendencia general de las empresas de tecnología que buscan soluciones aún más complicadas al problema del exceso de trabajo, sin abordar el problema estructural de fatiga y destrucción corporal. El objetivo es aumentar o sostener los mismos ritmos de producción a partir de una mayor explotación intensiva de los cuerpos de los trabajadores.

En este sentido, la carta de Bezos lamenta los efectos supuestamente inevitables del exceso de trabajo y plantea "soluciones" complicadas, sin reconocer soluciones obvias, como la desaceleración del ritmo de trabajo. Los problemas de seguridad e higiene de Amazon son la otra cara de su alta productividad. Por la cantidad de envíos en el mismo día y cada día los trabajadores del almacén y los conductores de entrega se ven obligados a arriesgar sus cuerpos o arriesgarse a perder sus trabajos.

Estas escandolosas soluciones no son nuevas. Recientemente hubo denuncias de que Amazon niega, y mismo tiempo obliga, que los trabajadores orinen en botellas por las largas distancias que deben recorrer los trabajadores para llegar hasta los baños.

Amazon es un gigantee logístico que disfruta de un monopolio en gran cantidad de ciudades y países, esto le da el poder, entre otras cosas, como para suprimir el precio de la mano de obra (salarios) en general. Esta es la clave del “éxito” de su empresa. Por esta razón es que invierte en ideas “innovadoras” para aumentar la explotación intensiva de los trabajadores.

Exige que sus trabajadores cumplan con cuotas inhumanas de trabajo durante todo el año volviéndolas cada vez más exientes. Mientras logre alejar toda oposición o resistencia dentro de la empresa, como intentaron los trabajadores con la sindicalización en Alabama, su nuevo objetivo es convencer a los trabajadores hagan un trabajo agotador en el almacén por 15 dólares la hora.

Martes 20 de abril | 13:21
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La mitad de las mujeres de 57 países en vías de desarrollo no puede decidir sobre su cuerpo, según la ONU

Las cifras varían entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos del 40%.

 

Tomar decisiones sobre su propio cuerpo (desde con quien tienen relaciones sexuales a si usan anticonceptivos o si quieren ver a un médico) sigue siendo una quimera para cientos de millones de mujeres en todo el mundo, según denunció este miércoles el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En su informe anual, la agencia de la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva analiza por primera vez en profundidad la situación del derecho a la autonomía corporal y concluye que, en buena parte del planeta, casi la mitad de las mujeres siguen sin poder ejercerlo. "En todo el mundo hay mujeres y niñas a las que no se permite asumir el control de sus cuerpos y de sus vidas", señaló en una conferencia de prensa la directora ejecutiva del Fondo, Natalia Kanem.

El derecho a la autonomía corporal se ve violado cuando se practica a una niña la mutilación genital, cuando se fuerza a una mujer a abortar, cuando un hombre la deja embarazada en contra de su voluntad, cuando es violada o cuando se le hace una llamada prueba de virginidad, enumeró Kanem como parte de una larga lista de abusos que son habituales.

57 países con su población femenina sometida sexualmente

El estudio del UNFPA  analiza principalmente tres cuestiones: si la mujer puede decir que no a relaciones sexuales, si puede decidir sobre anticonceptivos y si puede decidir sobre atención médica.

Según el informe, que se basa en datos de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial), únicamente el 55 % de las mujeres están plenamente empoderadas para tomar sus propias decisiones en esos tres ámbitos.

Esos porcentajes, sin embargo, varían de forma importante entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica y el Caribe y en el Este y Sudeste de Asia alrededor de un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos de un 40%.

En tres países del África Subsahariana (Mali, Níger y Senegal) menos de un 10% de las mujeres pueden tomar todo tipo de decisiones autónomas sobre su cuerpo, según el estudio.

En algunos países, como Mali, el informe muestra que una clara mayoría de mujeres decide sobre anticonceptivos, pero apenas un 22% puede hacerlo a la hora de buscar cuidados médicos y solo una de cada tres puede rechazar relaciones sexuales, lo que hace que quienes ven respetados sus derechos en las tres áreas sean muy pocas.

El UNFPA, en todo caso, reconoce que los datos recopilados son muy básicos y tienen carencias, por lo que pueden no reflejar con total exactitud la realidad, aunque sí ofrecen una aproximación.

Para la doctora sudanesa Nahid Toubia, activista contra la mutilación genital femenina, se trata, en todo caso, de un informe "histórico" y "revolucionario" que pone una nueva mirada sobre problemas que la mujer sufre desde siempre. "La pregunta es, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, año 2021, ¿cómo podemos aceptar que un ser humano pueda ser propiedad de otro ser humano? Creíamos que esa idea se había quedado en el siglo XIX (...), sin embargo cuando se trata de mujeres (...) pueden ser de otros", denunció Toubia.

La situación, según el UNFPA, ha empeorado además durante la pandemia de la covid-19 debido a los confinamientos y a las dificultades para acceder a servicios de salud y de planificación familiar.

La ley ampara el machismo

El informe analiza además las políticas en vigor en estos países y destaca que un 25% de ellos no asegura legalmente acceso igualitario a anticonceptivos o que un 20% no tiene normas para apoyar la salud sexual.

Además, pone sobre la mesa legislaciones que siguen infringiendo los derechos de la mujer, entre ellas las llamadas leyes conocidas como "casarse con su violador", en vigor en veinte países o territorios y que establecen que un hombre puede evitar ser perseguido por una violación si se casa con la víctima.

También recuerda que hay 43 países que no tienen legislación contra las violaciones dentro del matrimonio y que hay más de treinta Estados que restringen la libertad de las mujeres de moverse fuera del hogar.

"Todas las sociedades tienen que hacer más para lograr la igualdad de género. Ningún país está ahí todavía. Los gobiernos tienen que tener un papel de liderazgo cumpliendo con sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos. Los gobiernos pueden alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que refuerzan normas desiguales por género", defendió Kanem en ese sentido.

madrid

16/04/2021 11:11 Actualizado: 16/04/2021 11:13

EFE

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Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Viernes, 09 Abril 2021 06:15

Exilio igual a desconfianza

Exilio igual a desconfianza

Los acontecimientos y circunstancias de los (campesinos) latinoamericanos exiliados que buscan un lugar donde refugiarse y, si es posible, vivir en Estados Unidos o en las ciudades mexicanas, dan lugar a múltiples especulaciones en torno a la evolución y consecuencias a que dan lugar.

El lenguaje, la palabra, nunca termina de dar cuenta de aquello que se escapa, se oculta y es el centro del problema. Aquello, que por enigmático, no resulta descifrable, no obstante, si atendemos a lo percibido, aunado a la interioridad, existen posibilidades de establecer nuevas lecturas de los hechos.

Frente a la dolorosa sensación de desamparo que están viviendo en su paso al país vecino del norte, los exiliados latinoamericanos experimentan una sensación de desconfianza y miedo que recorre y se desliza mientras los gobiernos establecen negociaciones.

Como en el castillo de Kafka, Estados Unidos no es el fin, sino lo inaccesible. Una puerta conduce a otra. Un secreto que oculta a otro secreto… siempre quedará lejos mientras sigamos hablando.

Una desconfianza que hace interminable cada punto, cada coma, cada pausa, cada palabra que pueden ser llevados al infinito.

Desconfianza en los límites del encuadre: tiempo, lugar, personas, formas de expresión, respeto mutuo, que a su vez se tornan ilimitados.

Desconfianza en el orden para plantearse los problemas, reflejos de experiencias en que es abolida la conciencia, abierta a lo inimaginable, promotora de severos matices persecutorios y querulantes y proscribe palabras que corresponderían a su dominio. Desconfianza que pone de manifiesto un abismo construido de desconfianzas mutuas entre autoridades de naciones en desacuerdo y el lenguaje es motivo de interminables sospechas. La falta de confianza básica pone de relieve el instante, la fugacidad del instante, los instantes trágicos en que el significado se destruye.

Desconfianza que habla de algo inaprensible, de una ruptura que surge del interior mismo de las palabras y en fisuras de las mismas palabras en que se escapa el significado al transformar lo real en "expresiva" mudez. Las palabras existen al margen de lo que expresan, desligadas de contenido, disociadas y escindidas de significado. La desconfianza revelada en silencios, rupturas del diálogo, inasistencias, sello característico de la impotencia (omnipotencia) recíproca frente al doble discurso sin legitimidad racional, cuando la visión no encuentra representación se inmoviliza y aparece el horror, el pánico, la parálisis. La palabra desaparece, se congela y un penoso esfuerzo de querer decir se desmorona frente a la negación cultural del rechazo del diferente.

Así, la palabra operará de manera hueca, sin eco, sin resonancia, sin referente y sin destinatario.

Lo que se traducirá en actuaciones irracionales, verbalizaciones como descarga, en lugar de actos racionales precedidos por la reflexión producto de un acto de pensamiento complejo.

Ahí se incuba la desconfianza que impide reconocer el lenguaje que cubre la angustia y el miedo a lo incognoscible. El poder de lo que está en juego excede al poder de lo que se dice, cada palabra tirando de otra, creando una base de significación que es desplazada. Las palabras sugiriendo, punteando, haciendo sospechar…

Un bebé exiliado de su madre se enfrenta a un mundo que se moviliza entre muy ricos y muy pobres.

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

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Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional fue fundada sobre la máxima del Nunca Más"

La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual

Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que tomaron el legado del Juicio a las Juntas.

 

"La Corte Penal Internacional (CPI) fue construida sobre las duras lecciones que dejó la historia por las atrocidades espantosas que durante siglos permanecieron impunes", destacó Fatou Bensouda, quien lidera el primer organismo permanente capaz de juzgar a individuos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nacida en Gambia, Bensouda tiene bajo su órbita dos casos emblemáticos: los crímenes de guerra que involucran a las tropas estadounidenses en Afganistán, y aquellos que salpican a los soldados israelíes desplegados sobre territorio palestino. Pero tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisprudencia de la CPI, y el gobierno del expresidente Donald Trump llegó al extremo de aplicar duras sanciones financieras y retirarle la visa a Bensouda.

La fiscal general, sin embargo, se mostró satisfecha con el trabajo que viene realizando el tribunal con sede en La Haya. "Su creación es uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la humanidad", aseguró quien dejará su cargo en junio para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Bensouda reconoció que en sus inicios la CPI retomó el legado del histórico Juicio a las Juntas realizado en Argentina en 1985. La abogada especializada en derecho marítimo manifestó que, como deuda pendiente, es necesario avanzar sobre delitos que habitualmente no son reportados: "los crímenes sexuales que involucran a mujeres y niños".

Bensouda participó del ciclo de conferencias online organizado por la Universidad Di Tella. Bajo el título "La importancia de una Corte Penal Internacional permanente y cómo apoyarla", la charla estuvo moderada por Alejandro Chehtman, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Casada y con tres hijos, uno de ellos ya fallecido, sustituyó en 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI desde su puesta en marcha en 2002. 

Los orígenes de la CPI se remontan a los juicios de Nuremberg y Tokio, que condenaron los crímenes sistemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. "Los horrores del Holocausto shockearon la conciencia de la humanidad y demandaron la creación de una corte internacional permanente con la aspiración de asegurar que quienes cometieron estos crímenes, sin importar cuán poderosos fueran, debían rendir cuentas", planteó Bensouda. La fiscal gambiana explicó que la Corte "fue fundada sobre la máxima del 'Nunca Más'".

Bensouda destacó la importancia del juzgamiento a los militares en Argentina tras la sangrienta Dictadura iniciada en 1976: "El Juicio a las Juntas es un ejemplo de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento necesarios para investigar estas atrocidades". En 1998 más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma y en 2002 el tratado entró en vigor con 60 ratificaciones, lo que significó el inicio de las actividades del tribunal internacional.

Estados Unidos en Afganistán

Antes de dilatar la entrega del mando a la nueva administración demócrata, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a la CPI y le rechazó visados a Bensouda y a algunos de sus colaboradores. El motivo era evidente: la abogada había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. El viernes pasado el gobierno de Joe Biden, aún "en total desacuerdo" con la mirada de la CPI, levantó los castigos.

La fiscal general de la Corte explicó la forma en que las sanciones estadounidenses afectaron sus tareas cotidianas. "Hemos tenido que reorganizar la Corte para que no nos golpeara con tanta fuerza. A nivel financiero, las principales cuentas con base en Estados Unidos fueron cerradas", remarcó Bensouda, aunque valoró la forma en que la Corte reaccionó: "El equipo trabajó muy bien para conseguir transferencias económicas por nuevas vías. Conseguimos el asesoramiento legal que se necesitaba para ver cómo podíamos trabajar con eficacia sin tener que expulsar a parte del staff".

Pero lo más difícil, aseguró Bensouda, fue comprender que "las sanciones estadounidenses son merecidas por terroristas, por quienes violan derechos humanos, son para ellos y no para quienes trabajan para proteger la ley". Con la llegada de Biden al poder, la abogada apunta a "resetear la relación". Sin embargo, para evitar dificultades a futuro, Bensouda planteó la necesidad de "desarrollar un mecanismo que de forma sistemática proteja a la CPI y su integridad de cualquier ataque".

Ataque a territorios palestinos

El tribunal internacional también inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El gobierno israelí es un aliado incondicional de Estados Unidos que también rechaza la autoridad de la CPI, al contrario de Palestina que acepta la jurisdicción de la Corte. El primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente juzgado por corrupción y fraude, criticó el inicio de la investigación y la calificó de "esencia misma del antisemitismo".

La CPI le dio en marzo a Israel y a los palestinos un mes para que puedan solicitar el aplazamiento de la investigación, siempre que puedan demostrar que están llevando a cabo sus propias averiguaciones. "En Palestina recibimos un pedido de investigación. Ellos aceptaron nuestra jurisdicción y la cuestión jamás estuvo relacionada a determinar si el territorio palestino es considerado o no un Estado", destacó Bensouda. La prestigiosa jurista evitó referirse a la férrea postura israelí, sin embargo aseguró: "Mi oficina exige actividades imparciales constantemente, no trabajamos bajo consideraciones políticas".

La pandemia y el rol del Estado

Consultada respecto a la posibilidad de encuadrar como crímenes humanitarios a la gestión de algunos gobiernos frente a la pandemia de coronavirus, Bensouda reconoció que "algunos líderes mundiales podrían haber respondido mejor", aunque para dar lugar a una acusación semejante "se debe detectar un ataque sistemático y directo a civiles e intención para hacerlo".

Sobre el caso particular del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fiscal general admitió que la CPI recibió "distintas comunicaciones" denunciando su gestión de la pandemia. En efecto, Bolsonaro fue denunciado por más de un millón de profesionales de la salud a fines de julio de 2020 bajo el cargo de "genocidio". Un mes más tarde, el cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, le pidió al tribunal internacional que investigue al mandatario de ultraderecha por "crímenes contra la humanidad"

A la hora del balance de su gestión, Bensouda destacó que la oficina de la CPI alcanzó "un número importante de éxitos en litigios y decisiones históricas". Mencionó en ese sentido la sentencia dictada en la jurisdicción de la frontera Myanmar-Bangladesh, que le permitió mantener abierta una investigación por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohingya, que Naciones Unidas describió como ejemplo de "limpieza étnica".

Bensouda también aseguró que el procesamiento del expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", sirvió para confirmar que "nadie está encima de la ley". En Congo, la CPI "logró que por primera vez en la historia se declarara esclavismo sexual y violación de mujeres y hombres". Con una leve mueca de satisfacción, Bensouda consideró que "hay suficiente evidencia para creer que el trabajo de la CPI contribuye a la protección de los derechos humanos". 

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