Marcha multitudinaria a 40 años del golpe en Argentina

En una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, más de cien mil manifestantes encabezados por Abuelas y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S de desaparecidos marcharon este jueves aquí para recordar cuatro décadas del golpe militar que instaló la dictadura más cruenta del país. La movilización llevó el lema 40 años de lucha, memoria y militancia: sin derecho no hay democracia.


Fue la primera marcha en el gobierno del presidente derechista Mauricio Macri, a quien llovieron críticas y reclamos. También fue la primera vez en que todos los medios de comunicación, tanto privados –salvo Crónica TV– como estatales, que ahora controla el gobierno, ocultaron las concentraciones y las marchas. Fue tan evidente que muchos de los manifestantes consultados mencionaron una y otra vez la palabra censura, que no sólo sucede con esta situación, desde que asumió Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre.


Aquí, en todas las capitales regionales y en otras ciudades del país decenas de miles marcharon este jueves. En Córdoba, Rosario, Sante Fe, Mendoza, Paraná y en el resto de las provincias, incluso en la turística Bariloche, donde estuvieron unas horas el presidente estadunidense Barack Obama y su familia, hubo marchas.


¡Macri basura, vos sos la dictadura!, fue uno de los cánticos más repetidos durante el acto en esta capital, donde acompañaron a los organismos de derechos humanos agrupaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. Asombró la cantidad de personas que llegaron con sus familias y se movilizaron de manera independiente.


En esta capital, al terminar el acto de la marcha central, entraron a Plaza de Mayo otros miles de manifestantes convocados por el colectivo Encuentro, Memoria Verdad y Justicia y por otra parte Hebe de Bonafini, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, llegó en un camión, junto a militantes y algunos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para realizar la ronda de los jueves, que se mantuvo en todos estos años desde 1977.


Durante el acto central, Estela de Carlotto leyó un documento firmado por Abuelas, Madres, H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Hermanos de Desaparecidos por Razones Políticas ante una plaza colmada, como lo estaba la Avenida de Mayo y calles adyacentes.


A 40 años del golpe genocida nos sentimos nuevamente convocados a defender la democracia, leyó De Carlotto, y afirmó que el cambio de gobierno significa a diario la vulneración de derechos.


En estos primeros cien días del nuevo gobierno, nuestra democracia retrocedió demasiado. Con decretos de necesidad y urgencia se violentaron leyes como la de servicios de comunicación audiovisual e instituciones como el Congreso, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte Suprema. La necesidad y urgencia que los corría (alentaba) era la de desarmar el país que teníamos, integrado a la patria grande, con un Estado para el pueblo. En pocos días lo cambiaron por un país entregado a las corporaciones y con un Estado a espaldas al pueblo, señala el documento.


De igual manera se condenó el intento de asegurar este modelo neoliberal con un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta social y el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea demonizado.


Hubo referencia a los más de cien mil despidos, a la persecución política, al cierre de programas sociales, a las leyes que se están votando contra el pueblo y a la represión que ha regresado, por lo que nos convoca en esta plaza la necesidad de defender la democracia.


Reclamaron además que sean juzgados los civiles que participaron en la dictadura, con fuertes críticas a la corporación judicial que continúa defendiendo a sus socios, cómplices económicos y a los medios de comunicación que se beneficiaron del terrorismo de Estado.


En ese tramo recordaron cómo los periódicos derechistas Clarín y La Nación colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos y mostrando como enfrentamientos los crímenes de lesa humanidad, con los argumentos de la teoría de los dos demonios. Cuarenta años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen mintiendo, afirmaron en el comunicado leído por De Carlotto.


Reivindicaron a los ex presidentes Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner por sus políticas de derechos humanos y defendieron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, víctima de las operaciones del macrismo para apartarla del cargo.
En el mismo documento se exigió la libertad de la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur Milagro Sala y la renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien puso en duda el número de 30 mil desaparecidos. No vamos a permitir que nadie, ni menos que un funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30 mil.


Los organismos también advirtieron sobre un doble discurso del gobierno de Macri, cuando habla de la continuidad de los juicios contra los represores pero al mismo tiempo despide a los trabajadores que los garantizan. Las políticas de memoria, verdad y justicia sólo se sostienen con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Exigimos que se terminen los despidos, reclamaron.
Aunque se valoró el anuncio de Obama sobre la desclasificación de archivos secretos vinculados con la dictadura, De Carlotto exigió que se cumpla ese compromiso y se extradite al genocida Norberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, cuando 16 personas fueron asesinadas en una base de la Marina, en 1972.


“Esperamos acceder a toda la información que tiene Estados Unidos, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante las dictaduras de la región y el Plan Cóndor”, dijo De Carlotto, y añadió que Washington debe dejar de violar los derechos humanos, tanto en su territorio como en la cárcel de Guantánamo y en otros lugares del mundo.


Por último, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, repudió los intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y entre aplausos llamó a abrazar al pueblo de Brasil en defensa de la soberanía popular.
Añadió que van por (Nicolás) Maduro en Venezuela, por Evo (Morales) en Bolivia, por Dilma (Rousseff) y (Luiz Inacio) Lula (da Silva) en Brasil; las corporaciones no tienen fronteras; van por nuestra libertad y nuestros derechos.


Con la misma emoción de siempre, en esta marcha como en todos los años, se desplegó una larguísima bandera argentina con las fotografías de miles de desaparecidos, como un doloroso símbolo de lo que significaron los años del horror.

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Viernes, 25 Marzo 2016 08:11

En la Cepal encendieron las alarmas

En la Cepal encendieron las alarmas

Llama a potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, porque una política fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales y económicos de la población si los niveles de gasto social se reducen.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió proteger los avances sociales logrados en los últimos años en la región ante un escenario de menor crecimiento económico. Según su informe Panorama Social de América Latina 2015, en 2014 la tasa de pobreza fue de 28,2 y la tasa de indigencia de 11,8 por ciento, pero el organismo estima que el año pasado la pobreza habría aumentado a 29,2 por ciento y la tasa de indigencia a 12,4 por ciento. En términos absolutos eso significa que América latina tendría 175 millones de personas en la pobreza y 75 millones en la indigencia. “Si queremos lograr el primer objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas, América latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal.


En el informe, presentado el martes en Santiago de Chile, se expone la situación actual en términos de pobreza y distribución del ingreso, sobre la base de los datos disponibles al año 2014. De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, las tasas medias de pobreza e indigencia no se alteraron en forma significativa en el conjunto de la región entre 2012 y 2014, lo que, a la luz del contexto económico actual, plantea dudas respecto de las posibilidades de progreso en estos ámbitos en los próximos años. Sin embargo, la desagregación de las cifras al nivel de los países da cuenta de avances logrados por varios de ellos en la disminución de los indicadores de pobreza e indigencia, así como de retrocesos en otros países.


En el promedio de los países que cuentan con información reciente, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014. Ahora bien, al comparar las últimas cifras disponibles con las de inicios de la década de 2010, se constata una reducción más significativa. En 2010 el coeficiente regional se situaba en 0,507, por lo que hasta 2014 acumuló una caída del 3,2 por ciento a una tasa anualizada de 0,8 por ciento. En ese período se registraron variaciones estadísticamente significativas en nueve de los 16 países considerados. Las reducciones más importantes fueron en Uruguay (-2,7 por ciento anual), Argentina (-2,3) y Ecuador (-2,2 por ciento).


La Cepal advierte que los avances registrados en los últimos años corren riesgo, tal como se observa en el crecimiento de 2015. Luego agrega que en América latina se ha observado históricamente un sesgo procíclico de la política fiscal, así como del gasto público y el gasto social en particular. Por ese motivo, el organismo llama a potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, principalmente porque una política fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales y económicos de la población si los niveles de gasto social se reducen. En esta edición del Panorama Social se reafirma ese llamado, pero haciendo énfasis en que, en términos generales, el gasto social debería ser neutro respecto del ciclo económico: “los servicios de calidad para garantizar derechos sociales como la educación, la salud y la protección social no deben depender del ciclo económico. Sin embargo, considerando la magnitud de las brechas que persisten en la región en esas áreas y la necesidad de avanzar en la construcción de un sistema de protección social universal, se recomienda ampliar el gasto social en las fases de prosperidad, con el debido recaudo de proteger la estabilidad macroeconómica. Complementariamente, en situaciones de crisis económica, el gasto social debe ser contracíclico en lo que se refiere a los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de políticas de erradicación de la pobreza y protección del empleo”, remarca el informe.


“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria, al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos porcentuales.


A comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región como promedio ponderado, aumentando a 19,5 por ciento del PIB regional en 2013-2014.
El incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 puntos porcentuales entre 1991 y 2014) obedece en primer lugar al crecimiento del gasto en seguridad social y asistencia social (3,5 puntos porcentuales), seguido de educación (1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales).


El documento analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las persistentes desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el mercado laboral. Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). El coeficiente pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 era de 0,507. Pese a este descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10 por ciento de mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40 por ciento de menores ingresos.


En el estudio, la desigualdad también es medida según los resultados de escolaridad en los diferentes tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los importantes avances registrados en acceso y inclusión, en especial en la educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas: mientras un 80 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en 2013, sólo 34 por ciento de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.


Las desigualdades, plantea la Cepal, se hacen más patentes al cruzar otras variables. Si se miden, por ejemplo, los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, etnia y años de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadruplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes.


Según la comisión, el 80 por ciento de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social, “es la llave maestra para la igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señala el estudio.


En el informe se revisan 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de 21 países de la región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se trata de iniciativas importantes, dice el organismo, pero su éxito depende tanto del aumento de la escala de esos programas como de su articulación con otros instrumentos de la política social, económica, productiva y de mercado de trabajo.


En toda la región, agrega la Cepal, deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.


Finalmente, el estudio examina la institucionalidad para el desarrollo social existente en la región. Junto con destacar sus avances en los últimos 25 años, enfatiza la necesidad de potenciarla para mejorar la calidad de las políticas en términos de impacto, eficiencia, sostenibilidad, participación y transparencia. Aboga, asimismo, por la construcción de sistemas integrales de cuidado como un pilar fundamental de la protección social en América latina.

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Las enormes limitaciones del modelo neoliberal: el caso de la sanidad estadounidense

Una de las características del pensamiento económico y social neoliberal es creer en la superioridad del sector privado sobre el público, favoreciendo la privatización y mercantilización de los bienes y servicios, atribuyendo a tal mercantilización una mayor eficiencia de la distribución de recursos que la que existe en la esfera pública. Como bien dijo el gran referente del pensamiento neoliberal, el Presidente Reagan de EEUU, “el Estado no es nunca la solución. En realidad, es siempre el problema”.


Esta visión y creencia se extiende en dicho pensamiento a todos los sectores de la sociedad, incluyendo los servicios e instituciones sanitarios, mostrando la sanidad estadounidense (donde la propiedad, financiación y gestión de las instituciones sanitarias es primordialmente privada) como modelo de eficiencia y de eficacia. En aquel país la mercantilización de la medicina ha alcanzado su máximo desarrollo, considerándose tal mercantilización como la responsable de su gran supuesta eficiencia, y presentándose como ejemplo de ello las grandes instituciones hospitalarias estadounidenses, la mayoría privadas, reconocidas por su gran renombre y prestigio (como Hopkins, la Mayo Clinic, el Mount Sinai Hospital en Nueva York y un largo etcétera).


Esta visión, muy generalizada en España, es, sin embargo, profundamente errónea. Y los datos están ahí para demostrarlo. Basta comparar indicadores de eficiencia y eficacia de la sanidad estadounidense con la de otros países, incluido España, de semejante desarrollo económico, con financiación pública de su sistema sanitario, para ver que el pensamiento neoliberal está idealizando el modelo neoliberal. Veamos primero cuánto se gasta EEUU en sanidad para ver más tarde qué es lo que consigue con este gasto.


Una característica de la sanidad estadounidense es lo enormemente cara que es la atención médica. La sociedad estadounidense se gasta muchísimo más per cápita en sanidad, 8.713 dólares, que cualquier otro país capitalista desarrollado. Canadá se gasta 4.351 $, Francia 4.123 $, Alemania 4.818 $, Japón 3.713 $, Suecia 4.904 $, Reino Unido 3.234 $ y España (la que se gasta menos) 2.898 $. En todos estos países la financiación de la atención médica es predominantemente pública (la mayoría de datos proveídos en este artículo proceden de la base de datos de la OCDE: Health Expenditure and Financing; Health Care Utilisation, Consultations; Health Care Resources, Nurses; Health Care Utilisation, Hospital average length of stay by diagnostic categories; and Demography and Population. También proceden de los informes anuales de Physicians for a National Health Program).


¿Por qué el gasto sanitario es tan elevado?


Los pensadores liberales han intentado argumentar que el hecho de que el gasto sanitario en EEUU sea mucho más alto que en el resto de países a los dos lados del Atlántico Norte se debe a que los estadounidenses utilizan el sector sanitario mucho más frecuentemente que la población de los otros países. Los datos, sin embargo, muestran lo contrario. El número de visitas al médico por habitante durante el año 2012 fue en EEUU de solo 4 visitas, el número más bajo de visitas entre países comparables por su nivel de desarrollo económico. En Australia fue de 6,9 visitas; en Canadá 7,7 visitas; en Dinamarca 4,7 visitas; en Francia 6,7 visitas; en Japón 12,9 visitas; en Reino Unido 5 visitas; y en España 7,4 visitas. España es uno de los países con mayor número de visitas por habitante (fuente: OCDE, Health Care Utilisations and Consultations).


Una situación semejante ocurre en cuanto a la utilización hospitalaria. El promedio de días que los enfermos pasan en el hospital en EEUU es uno de los más bajos en los países de semejante nivel de desarrollo, 4,8 días en el hospital por enfermo, más bajo que en Australia con 5,7 días, que en Francia con 5,6 días, que en Suecia con 8,6 días, y que en España con 6,7 días. No es cierto, por lo tanto, que EEUU gaste mucho más que cualquier otro país debido a que la población utilice más los servicios que en otros países. En realidad, los datos muestran que los utilizan menos, y no más, que aquellos países que tienen financiación pública.


Otro argumento que se utiliza para justificar y/o explicar el elevado gasto sanitario por habitante es el supuesto elevado número de profesionales trabajando en el sector. De nuevo, los datos muestran lo contrario. EEUU es uno de los países con menos profesionales sanitarios, un número que en algunas profesiones, como enfermería, es especialmente bajo. Tiene, por ejemplo, 11,1 enfermeros por cada 1.000 habitantes, un número por debajo del existente en Dinamarca con 16,3, en Alemania con 12,61 y en Noruega con 16,53. En España, por cierto, es incluso más bajo que EEUU. Solo 5,24 enfermeros por 1.000 habitantes, dato que debería considerarse preocupante debido a la enorme importancia que la enfermería tiene para garantizar la atención continuada a la población.


Por último, otra explicación (incorrecta) que se ha dado de este elevado gasto sanitario es el gran porcentaje de la población que tiene más de 65 años, el sector de la población que consume más recursos sanitarios. Pero de nuevo, los datos muestran que EEUU es el país con un porcentaje de personas por encima de los 65 años más bajo. Concretamente, solo el 13,7% de la población son personas de más de 65 años, comparado con Canadá 14,9%, Francia 17,5%, Alemania 20,7%, Italia 20,6%, Japón 24,1%, Suecia 19% y España 17,5%.


Las causas reales del elevado gasto sanitario


La mayor causa de este elevado gasto sanitario en EEUU es la financiación, provisión y gestión privada de la sanidad y la mercantilización de la medicina. La financiación de los servicios médicos y su gestión es primordialmente privada, realizándose a través de las compañías de seguros médicos, que controlan la financiación y gestión del sistema. Y estas compañías son enormemente rentables, habiendo creado una estructura administrativa enorme como resultado del pago por diagnóstico, que conlleva una enorme carga administrativa. Son estas estructuras administrativas (la burocracia privada) las que consumen gran cantidad de recursos, estando los dirigentes de estos conglomerados del aseguramiento privado entre los empresarios mejor pagados del país. El director de una de las compañías de seguros médicos más grandes de EEUU, United Health Group, es un tal Stephen Hemsley, que recibe una compensación de 66 millones de dólares al año (o 254.328 dólares al día). El número de administradores ha crecido desde el año 1990 exponencialmente, mucho más rápidamente que el crecimiento de profesionales en el sector.


Otro sector enormemente rentable –además de las compañías de seguros médicos- es el de la industria farmacéutica, que es la industria que genera mayores beneficios en EEUU.


Características del modelo sanitario liberal: limitadísima eficiencia y eficacia


Además de su enorme carestía, el sistema sanitario estadounidense es sumamente impopular. En realidad, EEUU es uno de los países donde la población está más insatisfecha con el sistema de financiación y organización de las instituciones sanitarias. Al paciente le gusta el médico y el hospital, pero no le gusta nada cómo se financian y cómo se gestionan. El porcentaje de la población estadounidense que está harta de la privatización de la medicina es el más elevado entre los países a ambos lados del Atlántico Norte. Nada menos que el 40% de dicha población desearía un cambio profundo y radical del sistema sanitario, comparado con solo un 12% en Canadá y en el Reino Unido.


Además, a pesar del enorme gasto, la cobertura sanitaria es muy ineficaz. La mercantilización de la medicina determina una sobreutilización de los servicios sanitarios por parte de los profesionales y de las instituciones médicas. EEUU es el sistema sanitario que tiene mayor número de intervenciones quirúrgicas que son inapropiadas y/o innecesarias. Y un indicador que resume dramáticamente el nivel de inhumanidad a la cual llega dicha mercantilización es que el 38% de pacientes con enfermedades terminales (es decir, que se están muriendo) expresan gran preocupación sobre cómo ellos o sus familiares podrán pagar las facturas médicas.


Ante este hecho, ¿cómo es que el sistema sanitario no cambia?


A primera vista, parece una paradoja que la gente no esté satisfecha con el sistema de financiación y gestión privada de la sanidad, y en cambio la clase política no cambie el sistema. En un sistema que se define como democrático tendría que suponerse que la clase política decide e implementa lo que la mayoría de la ciudadanía desea. Pues bien, esto no ocurre en EEUU, donde el proceso electoral también se financia con fondos privados. El Congreso de EEUU está financiado principalmente por aquellos intereses económicos (tales como las compañías de seguros médicos y las industrias farmacéuticas) que consiguen grandes beneficios de financiación de la sanidad. De ahí que el Congreso, que está controlado por tales intereses financieros y económicos, se oponga a esos cambios. La financiación tanto de los servicios sanitarios como del proceso electoral es la nueva expresión, no del famoso mercado, sino de los grupos de poder financiero y económico que controlan el país.


De ahí que sus consecuencias hayan sido y continúen siendo sumamente negativas para la salud y bienestar de las poblaciones expuestas a tales privatizaciones y la calidad de sus instituciones democráticas. La extensión de las privatizaciones que han realizado los partidos conservadores y liberales en España (incluyendo en Catalunya), el PP y Convergència, a los que hay que añadir ahora Ciudadanos, dañará la sanidad española, cuyo mayor problema es su enorme subfinanciación pública. Las voces, próximas al capital financiero –la banca y las compañías de seguro- que constantemente promueven (con la ayuda de las cajas de resonancia que les proveen los medios) la percepción de que el gasto público sanitario es excesivo o satisfactorio, están contribuyendo a mantener una situación que debería considerarse como inaceptable.

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Lunes, 21 Marzo 2016 11:52

Espejos

Espejos

El presidente Barack Obama inició su viaje a Cuba y Argentina esta semana, subrayando que el tema de los derechos humanos será prominente en sus intercambios con sus contrapartes y en sus mensajes a esos pueblos. Prometió que abordará las diferencias que tiene con el gobierno de la isla, y, por otro lado, abordará la historia complicada (como caracterizaron sus asesores) de su país con los regímenes golpistas de la época de la guerra sucia en América del Sur. Para ayudar facilitar este diálogo, aquí ofrecemos algunos puntos que podría abordar en su llamado por la defensa de los derechos fundamentales y la transparencia.

1. Libertad de expresión: el gobierno ha empleado una ley antigua contra el espionaje para fiscalizar y perseguir dos veces más personas en los últimos siete años que todos los regímenes anteriores combinados desde 1917. Los acusados son funcionarios y periodistas que buscaban dar a conocer al público violaciones de libertades civiles y abusos de derechos humanos por las autoridades. Una organización nacional de defensa de periodistas afirmó que las medidas de control de información por el régimen actual son las más agresivas desde hace 40 años, y periodistas veteranos de los principales medios acusan que es entre los gobiernos menos transparentes y de ataques sin precedente contra la prensa libre.


2. Elecciones libres: existe amplia documentación sobre las graves irregularidades del sistema electoral, entre ellas casos de fraude, supresión del voto (incluyendo la anulación del derecho al voto a aproximadamente 6 millones de personas por tener antecedentes criminales), el hecho de que no todos los votos son contados y corrupción extensa.


3. Represión policiaca: mil 145 civiles murieron a manos de fuerzas policiacas en 2015; de ellos 226 estaban desarmados. Minorías sufren dos o tres veces más muertes que sus contrapartes de la mayoría. Cada año se ofrece documentación de abusos fiscos y uso de fuerza indebida por las autoridades contra ciudadanos. Hay repetidos incidentes del uso de la fuerza policiaca contra manifestaciones y actos de protesta no violenta.


4. Detención arbitraria e indefinida: el país mantiene un número no conocido de sospechosos en centros de detención, incluido un campo de concentración, sin cargos ni juicio, en algunos casos, por más de 14 años.


5. Tortura: el gobierno ha rehusado investigar y fiscalizar a funcionarios y oficiales que usaron técnicas de tortura prohibidas por el derecho internacional y las leyes nacionales.


6. Violencia armada: unos 88 ciudadanos mueren en promedio cada día por armas de fuego, algo que Amnistía Internacional considera crisis de derechos humanos y que afecta a decenas de miles anualmente.


7. Disidentes: varios presos políticos permanecen encarcelados, mientras otros son o han sido obligados a buscar refugio político en otros países.


8. Transparencia: el actual gobierno ha marcado récord en el número de solicitudes rechazadas, como el nivel de censura de documentación, según las leyes de acceso a la información y transparencia.


9. Presos: el país tiene la población encarcelada más grande del mundo, con 2.37 millones de presos. De ellos, aproximadamente 100 mil están en aislamiento, algo que organizaciones de derechos humanos han documentado como tortura.


10. Derechos laborales: en amplias regiones del país no se respeta el derecho a la sindicalización, se violan las normas de salud laboral y cientos de miles de menores de edad trabajan en los campos de cultivo sin derechos mínimos. Hay condiciones de esclavitud tanto en sectores agrarios como en maquiladoras urbanas.


11. Albergue de terroristas y criminales de guerra: varios acusados de actos de terrorismo son fugitivos de las justicia internacional y son protegidos en el país.


12. Derechos de no ciudadanos: durante los últimos años se ha ampliado el uso de la detención de madres y niños que buscan refugio de la violencia en sus países. Más aún, menores de edad son detenidos, procesados sin representación legal y deportados a países de los que huyen de violencia y muerte. Algunas de estas prácticas violan leyes nacionales e internacionales. Incluso, se han realizado un número de deportaciones sin precedente por el régimen actual.


13. Vigilancia gubernamental: el espionaje masivo a la ciudadanía ha sido denunciado como una violación de las libertades civiles fundamentales.
Amnistía Internacional resumió que ese país americano ha contribuido a la erosión de los derechos humanos a nivel mundial al no cerrar centros de detención ilegales, rehusarse a dar la bienvenida a refugiados, fracasar en cuanto a reformar el sistema de justicia criminal y no actuar contra la violencia armada.


Esto sólo es parte de lo que ocurre en un país americano, pero ese país no es caribeño ni sudamericano. Ese país se llama Estados Unidos.
Ojalá el pueblo cubano y el argentino puedan ofrecer sugerencias, recetas y propuestas al presidente Obama para ayudar al pueblo estadunidense a abordar y resolver algunos de estos problemas. No se trata de injerencia extranjera, sino de ofrecer un espejo como acto de solidaridad.


Fuentes:1. Comité para Protección de Periodistas. El gobierno de Obama y la prensa; 3. The Guardian. The Counted; 4 y 5: el caso más notorio es Guantánamo: Informes anuales de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Center for Constitutional Rights; 7. Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal, Chelsea Manning y Edward Snowden, entre ellos; 8. Reportaje de la agencia Ap del 19 de marzo; 9 y 10. Human Rights Watch Informe anual y Coalición de Trabajadores Immokalee; 11. Entre éstos: Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, varios oficiales militares salvadoreños, así como varios funcionarios (de bajo y alto rango) que han sido acusados de cometer crímenes de guerra, como el ex secretario de Estado Henry Kissinger, entre muchos más; 12. Amnistía Internacional, Human Rights Watch; 13. American Civil Liberties Union.

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Cuestión de respeto, evitar complicidad en violaciones a derechos humanos

Poco después de la medianoche del jueves 3 de marzo, Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, fue asesinada por hombres armados en el domicilio de su hermano.


Berta Cáceres era una mujer de especial valentía y principios. Encabezó la resistencia contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, que supuestamente se está construyendo sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y amenaza con interrumpir su forma de vida y acceso al agua.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas de protección a la señora Cáceres, que trabajaba muy de cerca con mi oficina.


Menos de dos semanas más tarde, el pasado 15 de marzo, Nelson García, otro miembro de Copinh, fue asesinado por hombres desconocidos después de un desalojo forzoso llevado a cabo por fuerzas de seguridad en la comunidad indígena lenca de Río Chiquito.


Los asesinatos de Cáceres y de García son sólo los más recientes en una serie de muertes violentas de defensores de los derechos humanos relacionados con conflictos de tierras y proyectos de desarrollo en Honduras.


Éstos y otros asesinatos que se han producido en Honduras han generado una condena global, y con razón. Sin duda alguna recae sobre el gobierno la responsabilidad principal de investigar los hechos y llevar a todos los autores de esos crímenes ante la justicia y controlar los procesos de desarrollo que se llevan a cabo en el país.


Honduras es, supuestamente, el país más peligroso para ser activista del medio ambiente. El gobierno debe hacer todo lo posible para romper el círculo vicioso de violencia e impunidad.


Pero los financiadores internacionales de proyectos de desarrollo también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.


La represa de Agua Zarca está financiada por el banco nacional de desarrollo holandés FMO, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.


FMO y Finnfund se han comprometido formalmente a respetar los derechos humanos en relación con los proyectos que financian. Ambas instituciones han condenado públicamente el asesinato de la señora Cáceres y han demandado una investigación a fondo. Ambas han ofrecido también información pública sobre su contribución y futuras acciones en relación con el proyecto. Y el 16 de marzo, a raíz de las informaciones sobre el asesinato de Nelson García, FMO decidió suspender todas sus actividades en Honduras, pendiente de realizar consultas con las comunidades aledañas a la represa de Agua Zarca y llevar a cabo una investigación sobre todos los proyectos que apoya en el país.


Sin perjuicio de que las informaciones aportadas por FMO y Finnfund deban ser verificadas, su actuación representa lo mínimo que cabría esperarse de una institución financiera en una situación como esta. Me gustaría instar al BCIE y al resto de las entidades que apoyan el proyecto a que hagan lo mismo; también a que todos los bancos de desarrollo lleven a cabo revisiones de riesgo de violaciones de derechos humanos en Honduras y exijan debida diligencia en términos de derechos humanos para el desarrollo de nuevos proyectos.


La producción de aceite de palma ha sido otra de las principales causas de conflicto social en Honduras.


El 23 de septiembre de 2012, Antonio Trejo, abogado del movimiento campesino que lucha contra la usurpación de tierras para plantaciones de palma africana, fue asesinado a tiros cuando salía de una iglesia en la que asistía a una boda.


Al igual que en el caso de la señora Cáceres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado al señor Trejo medidas de protección, sin ningún resultado.


Sólo durante el periodo 2012-2014 se reportaron 64 supuestos asesinatos de miembros del movimiento campesino y defensores de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán. Tenían en común haberse opuesto a las inversiones en el sector agroindustrial, respaldadas por la Corporación Financiera Internacional, el Banco Alemán de Desarrollo y otros financistas.


Los mecanismos de derechos humanos de la ONU habían llamado la atención sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán durante el periodo previo a la inversión realizada por estas instituciones. Algunos de éstos han intentado tomar medidas correctivas con posterioridad, pero el remedio no sustituye la prevención.
Este tipo de problemas no son exclusivos de Honduras. El espacio de la sociedad civil se ve amenazado por todas partes. Se han reportado violaciones de los derechos humanos y de dejación de la diligencia debida en el marco de proyectos de inversión apoyados por bancos de desarrollo en países como Serbia, Paraguay, Uzbekistán, Etiopía, Kenia, Camboya, Laos y Panamá, por citar sólo algunos ejemplos recientes.


¿Cómo podrían anticiparse y evitarse los riesgos para los derechos humanos?


El punto de partida debería ser un conjunto de políticas de salvaguardia ambiental y social que establezcan claras exigencias en relación con la diligencia debida que corresponde a las instituciones financieras. Estas políticas de salvaguardia deberían basarse en el compromiso explícito del prestamista de respetar las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, así como de poner en práctica todas las medidas que sean necesarias para evitar que los proyectos que financian puedan llevar a sus prestatarios a incumplir sus obligaciones internacionales de ámbito social, ambiental o de derechos humanos.


Si el compromiso de respetar los derechos humanos no es claro y explícito, y si no se establecen claramente cuáles son las consecuencias de este compromiso para las operaciones de estas instituciones, éstas nunca podrán evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales adecuadamente. La calificación del riesgo del proyecto no será correcta, no se realizarán los análisis pertinentes, no se llevarán a cabo consultas con las personas indicadas y las medidas correctivas serán insuficientes o se pondrán en marcha demasiado tarde, hacia el final del ciclo del proyecto, cuando la influencia del prestamista ya es mínima.


En los últimos años, los principales bancos multilaterales de desarrollo han adoptado o puesto al día sus políticas de salvaguardia social y ambiental, y varias de estas políticas incluyen compromisos de respetar los derechos humanos. Ochenta y tres bancos de todo el mundo se han adherido a los Principios de Ecuador como medio para gestionar los riesgos sociales, principios que incluyen también un compromiso expreso con los derechos humanos.


No hay forma de traer de vuelta a Berta Cáceres, a Nelson García o a Antonio Trejo, o a los muchos otros que han muerto en la defensa de los más débiles.
El Estado es el principal responsable de los derechos humanos y debe rendir cuentas. Pero al menos los que financian proyectos de desarrollo deberán demostrar que toman en serio los riesgos para los derechos humanos y que simplemente no son parte del problema.


* Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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El número de asesinatos de defensores de derechos humanos se dispara en Colombia

BOGOTÁ.— La penúltima víctima ha sido Klaus Zapata, a quien un grupo de sicarios asesinó el pasado domingo en Soacha, extrarradio de Bogotá, mientras practicaba deporte con otros jóvenes de la localidad. Zapata estudiaba último curso de Comunicación Social y era líder comunitario y fundador de una Escuela Itinerante de Derechos Humanos. Al día siguiente, varios pistoleros mataron en El Bagre (región de Antioquia) a William Castillo, activista de derechos humanos y líder de la oposición a la minería ilegal en la región, que ocasiona graves desastres ecológicos.

Pocos días antes, desaparecía en Tibú (norte de la región de Santander) Henry Pérez, líder del Comité por la reparación colectiva a las víctimas de la zona. Según el Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, citado por el diario El Espectador, "Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los Derechos Humanos, sobre todo en áreas rurales". La organización denuncia una deficiente protección del Estado y la falta de interés de la Fiscalía para investigar las amenazas y los crímenes perpetrados por los paramilitares, a los que las autoridades llaman "Bandas Criminales", para no darles un carácter político. El propio ejército es el segundo sospechoso de los atentados.


Como destaca a Público uno de los más importantes líderes campesinos de Colombia, César Jerez, portavoz de las Zonas de Reserva Campesina, "existe un plan para perseguirnos y liquidarnos ante la pasividad del Gobierno, que siempre habla de casos aislados que nunca se investigan a fondo".

Durante el pasado año se produjeron 682 amenazas a defensores de los Derechos Humanos y según la oficina de Naciones Unidas 69 terminaron en asesinato. En 2014 los crímenes fueron 56. En los últimos cinco años se han producido más de 2.000 agresiones contra líderes sociales.


A estas cifras hay que añadir las amenazas y homicidios contra los campesinos que tratan de regresar a sus tierras expoliadas, acogidos a la Ley de Reparación y Restitución entre los seis millones de desplazados en Colombia en los últimos años, víctimas de caciques locales y líderes políticos corruptos que se sirven de ejércitos irregulares.

En el fondo de este escenario están las decenas de miles de desaparecidos que llenan los centenares de cementerios clandestinos esparcidos por todo el territorio colombiano. Christoph Harnisch, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, tiene registrados y en proceso de búsqueda 70.000 de estos casos, pero estima que van a ser bastantes más, una vez se movilicen los familiares.

Tras la disolución formal del paramilitarismo durante el Gobierno de Uribe y la extradición de sus principales figuras a Estados Unidos, éste se ha reconstruido y actúa abiertamente y con sus uniformes en numerosas zonas del país, con absoluta impunidad, como denuncia el sociólogo Alfredo Molano.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, en informe que recoge la revista Semana, el 40% de las Bandas criminales están comandadas por ex miembros de los paras o Autodefensas Unidas de Colombia y mantienen relaciones con políticos (decenas de exparlamentarios se encuentran presos por la llamada parapolítica). Un 30% de las Bandas Criminales están dedicadas a proteger la corrupción, y otro 30% son mercenarios que se venden al mejor postor y "se prestan para matar a líderes sociales incómodos para los intereses de los grupos regionales de poder".

Esta situación complica extraordinariamente las perspectivas del "posconflicto", una vez que se hayan firmado los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno en La Habana. Se teme con fundamento que el paramilitarismo, con ánimo revanchista, ocupe las zonas que abandone la guerrilla. Por otra parte los dirigentes guerrilleros se preguntan con qué garantías de seguridad van a integrarse en la vida civil, incluso acceder una vez desmovilizados a puestos de representación democrática.

Con muy escasa efectividad, el Gobierno del Presidente Santos ha anunciado una ofensiva mediante el Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales en el que participan cinco ministerios, reconociendo las dificultades que genera el gran mercado de armas y sicarios que se da en Colombia.

Según la exgobernadora de la región de Córdoba, Marta Saénz Correa, el paramilitarismo y la criminalidad común son el primer empleador en algunas zonas, por delante de la caficultura o la ganadería, hasta ahora principales fuentes de empleo en el campo colombiano.

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Sábado, 12 Marzo 2016 06:11

“La estrategia es no hacerse cargo”

“La estrategia es no hacerse cargo”

Sin soluciones, Europa quiere sólo contener la ola migratoria. Los países de la península balcánica decidieron cerrar sus fronteras a los refugiados, pero no toda Europa está de acuerdo. Los inmigrantes usarán otras rutas.


Mientras en el mar Egeo siguen muriendo migrantes (455 en 2016), niños especialmente, Eslovenia, Croacia y Serbia además de la ex república yugoslava de Macedonia, todos países de la península balcánica, decidieron cerrar sus fronteras a los refugiados. No toda Europa está de acuerdo. Sin embargo, los países balcánicos no quieren recibir más sobrevivientes que escapan de la guerra en Siria e Irak y que, después de haber atravesado Turquía y el mar Egeo, caminan por Grecia hasta llegar a la frontera, esperando alcanzar el lugar de sus sueños, países como Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia. Desde principios de 2016 han llegado unos 150.000 inmigrantes a Europa a través de Turquía y miles de ellos están todavía acampados en carpas miserables pese al frío invernal, en las fronteras de Grecia con Macedonia o de Macedonia y Serbia.

El cierre del llamado “camino de los Balcanes” ha provocado no poca incertidumbre y protestas de parte de los migrantes pero también en algunos países europeos, como Italia y Alemania, que dicen no querer levantar barreras porque saben que no es la solución. Porque el cierre de un camino significa simplemente un desvío de la ruta, no el final del problema. Maurizio Ambrosini es profesor de la cátedra de Sociología de las Migraciones de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Milán y autor, entre otros, del libro titulado Non passa lo straniero? (¿No pasa el extranjero?, ed. Citadella).

–Según Eurostat, el ente de las estadísticas europeas, en 2015 pidieron asilo en Europa un total de 1.255.000 personas. Los gobiernos europeos han dado algunos pequeños pasos para ayudar a esta gente pero muy lentamente. ¿Qué se podría hacer en su opinión para apurar esa decisiones?


–Yo diría más bien que la Unión Europea (UE) ha dado pasos hacia atrás no hacia adelante. En septiembre parecía que se había abierto una puerta para resolver algunos problemas, conmovidos los europeos por lo que estaba pasando en ese momento (en el mar Egeo, donde se ahogaron decenas de niños). Pero desde entonces la UE y los gobiernos de la UE han ido para atrás, han comenzado a construir muros, a no querer hacerse cargo de cuotas de refugiados como se debe, a tratar de descargarlos en los países vecinos, a dejarlos en Grecia. La última decisión ha sido la de financiar sin muchos escrúpulos a Turquía para que tenga en su casa a los refugiados o reciba aquellos que serán expulsados de Europa. La estrategia de la UE se está delineando claramente. Es una estrategia de contención, de no hacerse cargo.


–¿Y cuál es la solución según usted?


–La solución de este problema requiere intervenciones a distintos niveles. La primera es estabilizar Siria y permitir que los que han pedido asilo puedan retornar al propio país. El segundo grupo de medidas, en mi opinión, ya solicitado por numerosas organizaciones internacionales, es la creación de “corredores humanitarios”. Hay una pequeña experiencia en este sentido en Italia, organizada y financiada por la Confederación de Iglesias Evangélicas y la Comunidad de Sant’Egidio, que es católica, quienes de acuerdo con las autoridades italianas han creado dos puntos de reunión para los que piden asilo, uno en Marruecos y el otro en Líbano. A las personas que tiene una razonable posibilidad de ser acogidas como refugiados, se les proporcionan regulares documentos y se los envía de modo seguro a Italia donde son recibidos en estructuras preparadas para ello.


–Me pregunto si países no europeos, por ejemplo de América latina, podrían abrir sus puertas a estos refugiados...

–Al menos desde septiembre pasado, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, se han ofrecido para recibir a un cierto números de prófugos sirios. Creo que si se trabajara correctamente sobre los corredores humanitarios se podría involucrar a países de todo el mundo que tengan la voluntad política de recibir a esos exiliados. Los países emergentes de América latina podrían ser seguramente incluidos en una política mundial de recepción de los que piden asilo.

–¿Quién debería organizar todo esto, la ONU?


–La ONU ha intentado hacerlo a través de Acnur que se ocupa de los refugiados. Entre sus tareas están los canales humanitarios. Los instrumentos existen. El problema es que los países de la ONU firman los acuerdos pero no siempre los ponen en práctica. La ONU no puede hacerlo por si sola sin el OK de los países donde esas personas podrían ser enviadas.

–Según usted el cierre de la ruta balcánica podría hacer que los inmigrantes llegaran a Italia a través del Adriático? ¿Cuáles son sus previsiones para el futuro próximo?


–En términos generales, si se cierra verdaderamente la ruta balcánica, los refugiados buscaran otra vía. No hay pruebas en este momento pero es una hipótesis plausible. Si no se ponen en marchas los corredores humanitarios, no descarto que se pueda reactivar la ruta líbica para la llegada de refugiados o que a través de Grecia y Albania puedan intentar llegar a Italia por el Adriático. Mis previsiones son que nosotros en Italia tendremos necesidad de los migrantes. Que si la economía repunta como parece, tendremos necesidad de nuevos trabajadores. La alternativa a la inmigración es el estancamiento del país, es la declinación económica y social. Yo espero que tengamos necesidad de los migrantes pero también espero que seamos más conscientes de esa necesidad, y que los hagamos entrar al mercado del trabajo en mejores condiciones que hasta ahora. También espero que se facilite la llegada de las familias porque las familias de los inmigrantes son más fáciles de integrar a la sociedad que los recibe. Creo, en definitiva, que deberíamos recibir a los que piden asilo por razones humanitarias, a los trabajadores por razones económicas y sociales y a las familias para una mejor estabilidad e integración.

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¿Por qué hoy es el Día Internacional de la Mujer?

En 1975, la asamblea general de la ONU declaró oficialmente el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. El origen no está muy claro y existen varias versiones. La más verosímil es que fue un 8 de marzo del año 1857 cuando un grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Sería una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales. Distintos movimientos y sucesos se sucedieron a partir de esa fecha.


La fecha siempre ha estado ligada a movimientos de izquierda en defensa de la igualdad de género y de la emancipación de las féminas.


Uno de los más destacados ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes que tenían entre 14 y 23 años. Fue el desastre industrial más mortífera de la historia de la ciudad y suposo la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en EEUU.


Luego, el 28 de febrero de 1909 Nueva York y Chicago acogieron un acto que bautizaron con el nombre de ‘Día de la Mujer’, organizado por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt.


En Europa, fue en 1910 cuando durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes: marzo.


Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Coincidiendo con la primera guerra mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra.


La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Socialista de 1917. Le siguieron muchos países. En China se celebra desde 1922, mientras que en Cuba se hace desde 1931. El acto tuvo por sede el Centro Obrero que radicaba en la capital y fue organizado por la Central Nacional Obrera de Cuba y la Federación Obrera de La Habana. En España se celebró por primera vez en 1936, cuando estaba en el poder la República que golpeara el dictador Franco.


Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando la ONU institucionalizó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Con un objetivo, que hoy en día sigue vigente: luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. “El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”, recuerda la ONU.


(Con información de El Periódico/Cubadebate)


Continúa brecha salarial entre hombres y mujeres


Dos décadas después de que la mayor reunión de mujeres a nivel mundial adoptara un programa ambicioso para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la situación apenas ha mejorado con respecto a la igualdad en el trabajo.


“Las mujeres que trabajan, ¿se encuentran en una posición mejor que hace 20 años?”, dijo el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. “La respuesta es un sí condicional. ¿Este progreso ha satisfecho nuestras expectativas? La respuesta es decididamente no. Necesitamos ser innovadores para reformular el debate y concentrarnos en garantizar los derechos de las mujeres en el trabajo, promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres”.


Los progresos alcanzados en la puesta en práctica de la Declaración y la Plataforma de Acción adoptados en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995 son heterogéneos, señala la OIT en una nota informativa preparada para el Día Internacional de la Mujer .


Al mismo tiempo, la OIT ha publicado un nuevo documento de trabajo sobre la “brecha salarial relacionada con la maternidad”, que además con frecuencia penaliza a las mujeres por encima de la diferencia salarial que ya experimentan.
De acuerdo con The motherhood pay gap: A review of the issues, theory and international evidence (La brecha salarial relacionada con la maternidad: Un análisis de los problemas, teorías y datos internacionales), las madres con frecuencia ganan menos que las mujeres sin hijos, según el lugar dónde viven y cuántos niños tienen.


Algunos avances, varios desafíos


En términos de políticas, legislación y ratificación de las normas internacionales del trabajo, se han registrado avances importantes. En 1995, por ejemplo, 126 Estados miembros de la OIT habían ratificado el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y 122 el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) . Hoy en día, las cifras son 171 y 172, respectivamente.


Sin embargo, las mujeres siguen enfrentando una discriminación y desigualdad generalizadas en el lugar de trabajo. En la mayoría de las regiones del mundo, las mujeres con frecuencia ocupan empleos infravalorados y mal remunerados; carecen de acceso a la educación, la formación o las oportunidades de trabajo; tienen un poder limitado de negociación y de toma de decisiones, y siguen cargando con la responsabilidad de la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado.


A nivel mundial, la disparidad de las tasas de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres disminuyó sólo ligeramente desde 1995. En la actualidad, alrededor de 50 por ciento del total de las mujeres trabaja, frente a 77 por ciento de los hombres. En 1995, estas cifras eran de 52 por ciento y 80 por ciento respectivamente. Se estima que reducir la brecha de la participación entre los hombres y las mujeres en los países del G20 para 2025 incorporaría a más de 100 millones de mujeres a la fuerza laboral.


El acceso a la protección de la maternidad ha mejorado, aunque muchas mujeres todavía están excluidas. Si bien, a nivel mundial, el porcentaje de países que ofrecen 14 semanas o más de licencia por maternidad, ha aumentado de 38 por ciento a 51 por ciento, más de 800 millones de trabajadoras, o 41 por ciento de todas las mujeres, aún no tienen una cobertura de adecuada de la maternidad.


Al mismo tiempo, los Estados reconocen cada vez más las responsabilidades familiares de los hombres. En 1994, 28 por ciento de los países examinados ofrecía alguna forma de licencia parental. Para 2013, esta cifra llegó a 47 por ciento.


Hoy día, las mujeres son propietarias y dirigen más de 30 por ciento de todas las empresas, pero tienden a estar concentradas en las micros y pequeñas empresas. Las mujeres ocupan puestos en los consejos de administración del 19 por ciento de las empresas a nivel mundial, y sólo cinco por ciento o menos de los directores ejecutivos de las mayores empresas del mundo son mujeres.


Si bien los hombres comienzan a asumir más responsabilidades familiares, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo de cuidado, lo cual limita con frecuencia su acceso a un empleo remunerado del todo, o las confina en empleos a tiempo parcial, que en general no son tan bien remunerados. Por ejemplo, en la Unión Europea (UE), las mujeres dedican un promedio de 26 horas semanales a las actividades domésticas y de cuidado, frente a las nueve horas para los hombres.


La violencia sigue siendo un factor que mina la dignidad de las mujeres y el acceso al trabajo decente. Alrededor de 35 por ciento de las mujeres son víctimas de violencia física y/o sexual, que afecta su asistencia al trabajo.


Aún persiste la brecha salarial de género, tanto para las mujeres con y sin hijos. En general, las mujeres ganan en promedio 77 por ciento de lo que ganan los hombres, con la diferencia absoluta que se amplia para las mujeres mejor remuneradas. La OIT señala que al ritmo actual, sin una acción dirigida, la igualdad salarial entre hombres y mujeres no será alcanzada antes de 2086, es decir, dentro de al menos 71 años.


Además, la OIT sostiene que al parecer la diferencia de remuneración no ajustada relacionada con la maternidad tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados.


A nivel mundial, la brecha salarial relacionada con la maternidad aumenta con el número de niños que tiene la mujer. En muchos países europeos, por ejemplo, un solo hijo tiene sólo un pequeño efecto negativo, pero las mujeres con dos y, sobre todo, tres hijos experimentan una sanción salarial. En los países en desarrollo, los datos sugieren que el sexo de los hijos también puede ser importante, ya que es más probable que las hijas ayuden con las tareas domésticas y de cuidado, reduciendo la brecha relacionada con la maternidad.


“La conclusión principal 20 años después de la Conferencia de Beijing es que, a pesar de los progresos marginales, tendrán que pasar años o décadas antes de que las mujeres disfruten de los mismos derechos que los hombres en el trabajo”, declaró Shauna Olney, Jefa del Servicio de género, igualdad y diversidad de la OIT.


“La OIT lanzó la iniciativa del Centenario las mujeres en el trabajo a fin de acelerar sus esfuerzos dirigidos a apoyar la acción mundial para hacer frente a este desafío y cumplir con el programa de transformación sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres establecido en los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos por la ONU. Este cambio no se producirá de manera automática. Para que esto ocurra, son necesarias intervenciones políticas específicas, concretas y valientes”.

Ni los países más “desarrollados” escapan de este problema. Se muestran datos de la desigualdad laboral en la Unión Europea. Autor: The Huffington Post.


(Con información de OIT Noticias)


Conseguir que se cumplan sus logros, siguiente paso del feminismo

Blanca Juárez

Periódico La Jornada

Ha sido una historia de más de 200 años: en 1782 Mary Wollstonecraft exigió que se reconociera la igualdad de sexos, y además se atrevió a publicar su propuesta; hoy día, en pleno siglo XXI, muchas se arriesgan a denunciar y luchar por impedir el asesinato sistemático de mujeres. El feminismo ha pasado por diferentes etapas y se ha diversificado en diversas corrientes. Actualmente, entre sus asuntos apremiantes están el aborto, el acoso callejero, el trabajo doméstico y el cuestionamiento sobre la existencia natural de sólo dos géneros.


Tras conseguir –en varios países– el derecho al voto, a la educación, al trabajo, a tener cargos políticos, al matrimonio consensuado e incluso a la libertad de indumentaria, entre otros, el siguiente paso ha sido pelear por que esos derechos se cumplan. Las pugnas se dan en las calles, en las familias y en los juzgados.


Las olas del movimiento


El feminismo es la revolución más exitosa de la historia, asevera en entrevista la investigadora Hortensia Moreno Esparza. Ha logrado, señala, grandes cambios sociales, y todos de manera pacífica. Algunos autores lo dividen en olas y, aparentemente, estamos en la cuarta, aunque es sólo desde una mirada europea y colonial, objeta la activista Luisa Velázquez Herrera. Para la antropóloga Márgara Millán, es mejor hablar de feminismos situados, como el indígena o el zapatista.
Feminismo académico, queer, indígena, institucional, anarcofeminismo y lesbofeminismo son algunas de las segmentaciones. Como sea, para muchos la sola palabra es casi un insulto o una etiqueta que da mala fama, así que regresan el agravio en el calificativo de feminazi.


Aunque varias mujeres la precedieron, la mayoría de los investigadores ubica el primer impulso en el siglo XVIII, cuando Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein, escribió Vindicación por los derechos de la mujer. Exigía el derecho a la educación y que se admitiera que ellas son seres racionales y sexualmente independientes.


La segunda ola abarca del siglo XIX hasta alrededor de 1950. El derecho al voto se vuelve una de las principales consignas, al tiempo que las afrodescendientes evidencian que la desigualdad no es sólo entre hombres y mujeres. En la tercera oleada, con la revolución sexual, la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, se convierte en obra de referencia.


En los años 60, en la Ciudad de México, para que una mujer casada tramitara su pasaporte, debía llevar la autorización por escrito de su marido. Es absurdo, pero así era. Los cambios son visibles, y el pendiente es lograr una transformación cultural profunda que remonte la apreciación más allá de lo que se tenga entre las piernas, expresa Moreno Esparza.


Para proteger los avances hemos tenido que recurrir al ámbito judicial, agrega la feminista y sicóloga Elsa Conde. Otras, ante el despojo de tierras, la desaparición y criminalización de sus parejas, se han convertido en líderes indígenas, señala Millán, quien ha seguido de cerca la lucha zapatista. En ese movimiento, afirma, ellas participan y deciden. Su forma de vida es una alternativa, añade.


Al enfrentar la dominación masculina han tomado varios caminos y enfoques de lucha. Sin embargo, para Luisa Velázquez, de la organización Lesboterroristas, hay que cuestionar la heterosexualidad. Gran favor le hacen las parejas al capitalismo, asegura, en el que las mujeres trabajan gratis y el Estado no gasta. Al optar por el lesbianismo como postura política, en realidad no tiene que ver con quién se folle, pues las parejas gay también reproducen el modelo capitalista, sostiene.


Estamos en una cuarta y quizá hasta quinta ola. Desde hace mucho tiempo tomó, como otros movimientos críticos, una forma dispersa, múltiple, polivalente, apunta Millán. Así que ahora sería mejor hablar de feminismos situados, que se crean en ciudades o en comunidades indígenas y responden a su entorno.

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Miércoles, 02 Marzo 2016 06:47

Un error que terminó en muerte

Un error que terminó en muerte

Las fuerzas israelíes rescataron del campo Qalandya a dos soldados aplicando un protocolo que habilita la máxima potencia de fuego: un palestino murió y una decena resultó herida.

 

Un palestino murió y unas 15 personas resultaron heridas en altercados que estallaron cuando dos soldados israelíes entraron por error en un campo de refugiados palestinos. Los efectivos ingresaron por equivocación al campamento, ubicado al norte de Jerusalén, tras utilizar una aplicación móvil para circular en la Cisjordania ocupada. Tuvo que intervenir una delegación militar israelí para permitir la huida de los militares extraviados, que iban a ser linchados por los habitantes del asentamiento.


El ejército y la policía israelíes indicaron que los dos soldados entraron en jeep el lunes por la noche en el campo de Qalandya. Este campo, muy cerca de Jerusalén pero al otro lado del muro de hormigón construido por Israel, es como una pequeña ciudad, llena de callejuelas. Citado por el periódico The Independent, el portavoz del ejército israelí, Peter Lerner, dijo que los dos soldados, que no formaban parte de una unidad de combate, estaban de vuelta hacia la base en el marco de una misión administrativa. “Estaban usando una aplicación de navegación satelital, pero habían apagado una función que advierte contra la entrada a las áreas palestinas consideradas peligrosas para los israelíes”, dijo. Por lo tanto, se dirigían al campamento, que fue una de las “zonas calientes” durante la ola de violencia que sacudió Jerusalén y Cisjordania en los últimos cinco meses. Según la agencia de la ONU para los refugiados (Unrwa, por sus cifras en inglés), unos 13.000 refugiados que huyeron de sus casas con la creación del Estado de Israel, en 1948, se amontonan en ese campo.


Otro portavoz del Ejército, el general Moti Almoz, dijo que una vez dentro del campo, el vehículo fue atacado con piedras y botellas incendiarias. Los dos soldados tuvieron que abandonar el patrullero en llamas. Uno se escondió en el patio de una casa y disparó para defenderse y señalar su posición, mientras que el otro huyó hacia Kohav Yaakov, una colonia israelí cercana. La llegada de los refuerzos israelíes provocó nuevos enfrentamientos. Los palestinos lanzaron artefactos explosivos y los soldados israelíes abrieron fuego.


Cuando los militares extraviados perdieron el contacto con la base a la que debían regresar, sus superiores comenzaron a sospechar que el vehículo había sido secuestrado e invocaron a un controvertido procedimiento, conocido como directiva “Hannibal”, la misma que había sido utilizada en 2014 con resultados devastadores para los palestinos durante la guerra de Gaza. El protocolo habilita la máxima potencia de fuego, aún a riesgo de matar al soldado secuestrado. “Da por sentado que todo el mundo entiende que existe una situación de secuestro y desvía las capacidades y los recursos militares para tratar de desactivarlo”, dijo Lerner. Como parte del operativo, helicópteros y aviones no tripulados fueron utilizados, que finalmente permitieron la evacuación del asentamiento.


Las autoridades palestinas señalaron que un palestino resultó muerto y otros diez heridos. Del lado israelí, cinco guardias fronterizos resultaron heridos, uno de ellos grave. El hombre muerto fue identificado como Iyad Omar Sajdia, un estudiante de periodismo de 22 años, que al fallecer como producto de un disparo en la cabeza, dejó un reguero de sangre en el tejado donde se encontraba. Todas las tiendas del campo cerraron en señal de duelo, a la espera de los funerales.


Por su parte, la compañía Waze, de la cual Google es propietaria, aseguró ayer que la aplicación de navegación no tenía nada que ver con el hecho de que los militares entraran en esa zona. Un portavoz de la firma indicó que los soldados habían desactivado el parámetro que evita trayectos peligrosos o que cruzan sectores prohibidos para los israelíes. Esta opción está activada por defecto, lo que significa que los soldados de- sactivaron esta función de forma deliberada. “Además, el conductor se apartó de la ruta sugerida (por la aplicación) y entró en una zona prohibida”, agregó.


La entrada por error de soldados en Qalandya suscitó interrogantes en el seno del Ejército de Israel, mundialmente famoso por ser uno de los más avanzado a nivel tecnológico. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, dijo que los soldados se extraviaron porque no conocían el terreno. “Se tiene que verificar quién los envió en misión, lo que sabían y lo que no sabían y cómo reaccionar, cuando en tiempos modernos es Waze el que muestra el camino”, precisó. “Aprendí hace tiempo, cuando el GPS entró en servicio, que no se puede olvidar cómo utilizar un mapa, que sobre todo se tiene que conocer su entorno”, agregó el ministro.

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Albert Woodfox, el último de “Los Tres de Angola”, es libre al fin

Albert Woodfox cumplió 69 años el viernes. Ese día también fue liberado de prisión, después de haber estado detenido durante 43 años en confinamiento solitario, más tiempo que ninguna otra persona en la historia de Estados Unidos. En la primera entrevista televisada tras su liberación, brindada a Democracy Now!, Albert Woodfox dijo sobre la coincidencia de fechas: “Es un gran regalo de cumpleaños”. Woodfox es un testimonio vivo del poder de resistencia del espíritu humano cuando se lo somete al castigo cruel e inusual del confinamiento solitario. Su caso también es un importante recordatorio de la injusticia que atraviesa el sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Woodfox era un veinteañero cuando fue enviado a prisión por robo a mano armada en 1971. Fue enviado al centro penitenciario estatal de Louisiana (Louisiana State Penitentiary, en inglés), un complejo carcelario conocido con el nombre de Angola y uno de los más duros de Estados Unidos. La cárcel alberga a 5.000 reclusos y se sitúa en una zona rural de Louisiana, donde antiguamente había una plantación que utilizaba esclavos. Se la denomina popularmente “Angola” porque ese era el país de origen de la mayoría de esos esclavos.

Las condiciones en la prisión Angola en 1971 eran tan violentas y terribles que Woodfox, junto a otro prisionero, Herman Wallace, fundó una de las primeras secciones del partido de las Panteras Negras de Estados Unidos en prisión. En 1972, Woodfox y Wallace fueron acusados de asesinar al guardia de prisión Brent Miller, a pesar de que no había pruebas físicas que vincularan a los hombres con el delito. Una huella dactilar ensangrentada hallada en la escena del crimen, que no coincidía con las huellas dactilares de Wallace ni con las de Woodfox, no fue considerada por las autoridades. Robert King, otro prisionero que se sumó a las Panteras Negras en la cárcel, fue acusado de cometer otro delito dentro de la prisión. Los tres fueron enviados a confinamiento solitario, donde permanecieron durante décadas, siempre afirmando su inocencia.

Cuando hablé con Albert Woodfox apenas días después de su liberación, recordó aquellas primeras épocas en que se estaban organizando dentro de Angola: “Ver a un espíritu humano abatido es lo más triste del mundo. Y eso es básicamente lo que les sucedía a los jóvenes que llegaban a Angola. Decidimos que si realmente creíamos en lo que estábamos intentando hacer, valía la pena adoptar las medidas que fueran necesarias para detener eso”.

Incluso en aquel entonces, “Los tres de Angola”, como se los llamaba, conocían muy bien los posibles efectos del confinamiento solitario. Woodfox recordó durante la entrevista: “Cuando nos colocaron por primera vez en el régimen de aislamiento, en el ’72, a mí, a Herman Wallace y a Robert King, sabíamos que si queríamos tener la mínima posibilidad de mantener la cordura y no permitir que el sistema de cárceles nos abatiera, debíamos seguir centrándonos en la sociedad y no volvernos prisioneros”. Le pregunté a Albert Woodfox qué leía en la cárcel: “Libros de historia, libros sobre Malcolm X, el Dr. Martin Luther King, Frantz Fanon, James Baldwin. Toda la literatura que pudiera conseguir”.

Pronto comenzó a crecer un movimiento a nivel mundial para pedir la liberación de “Los tres de Angola”. Amnistía Internacional y otras organizaciones solicitaron su liberación. Se hicieron muchos documentales sobre el caso. En uno de ellos, la viuda de Brent Miller se sumó al pedido de liberación y afirmó: “Estos hombres, si no son culpables, y creo que no lo son, han vivido una pesadilla durante 36 años”.

Dos impedimentos fundamentales para su liberación fueron el director de la cárcel, Burl Cain, y el fiscal general de Louisiana, James “Buddy” Caldwell. Cain era el responsable de tomar la decisión de mantener a los prisioneros en régimen de confinamiento solitario. En una deposición realizada en 2008 en el en la causa por la liberación de Woodfox, Cain afirmó: “Sé que aún está tratando de ejercer el activismo con las Panteras Negras”. Si bien el juicio contra Woodfox fue anulado en tres ocasiones y un juez federal ordenó su liberación, el fiscal general Caldwell insistió varias veces en que se realizara un nuevo juicio. Cain renunció en diciembre, tras haber sido acusado de violar la ética del estado y afrontar una investigación penal por negocios realizados durante su mandato como director de la cárcel, cargo que ocupó durante más tiempo que ningún otro director en la historia de la cárcel de Angola. El fiscal Caldwell perdió la reelección ante otro republicano, Jeff Landry, que permitió que Woodfox saliera de la cárcel con la condición de que no impugnaría el cargo de homicidio culposo.

Mientras hablaba en el programa Democracy Now!, sentado frente a la cámara, Albert Woodfox entrecerraba los ojos. Los años de confinamiento solitario en una celda de 2 por 2 dañaron su visión. Está orgulloso de su activismo. “Hemos sensibilizado a la población estadounidense, a la población del mundo acerca del problema del confinamiento solitario. Y esto es solo el comienzo. Hemos llegado al punto en que no se trata solo de “Los 3 de Angola”, sino también del confinamiento solitario”.

Robert King fue liberado en 2001. Su condena fue anulada después de haber pasado 29 años en régimen de aislamiento. Herman Wallace fue liberado en 2013, únicamente después de que un juez federal amenazara con enviar a Cain a prisión si se negaba a liberarlo. Wallace murió de cáncer de hígado al día siguiente de ser liberado. El lunes, le preguntamos a Albert Woodfox sobre sus planes para el futuro: “Estuve tanto tiempo encerrado en una cárcel dentro de otra cárcel que tengo que aprender a vivir como una persona libre. Estoy tratando de aprender a ser libre”.

 

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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