La nueva Constitución de Chile, punto por punto: Sistema Político y electoral, Derechos, Salud, Educación e Igualdad de género

La Convención Constitucional presentó el borrador que será sometido a plebiscito el próximo 4 de setiembre. Entierra definitivamente la Constitución de Pinochet con novedades en todas las áreas. Elimina el Senado e incluye el derecho al aborto entre otros muchos cambios.

 

Chile votará el domingo 4 de setiembre si aprueba o rechaza la nueva Constitución que comenzó a redactarse el año pasado. Este lunes, el pleno de la Convención Constitucional entregó el borrador del texto aprobado que contiene 499 artículos divididos en ocho capítulos con casi 48 mil palabras.

El documento pasó a la Comisión de Armonización que, si bien no podrá cambiar sustancialmente su contenido, revisará la redacción y eliminará las redundancias. De aprobarse con la extensión actual, Chile podría tener la Constitución más grande del mundo, superando la impulsada por Evo Morales en Bolivia, que tiene 411 artículos.

Tras 10 meses de debate, los constituyentes lograron varios acuerdos y dejaron atrás algunas de las propuestas más polémicas enviadas por los ciudadanos, como la “cárcel para el expresidente Sebastián Piñera”, la pérdida de autonomía del Banco Central y la protección de la vida desde su concepción.

La nueva Constitución elimina el Senado e incluye el derecho al aborto y la muerte digna, así como el reconocimiento a la pluralidad y del patrimonio de los pueblos indígenas que componen el territorio chileno.

A cuatro meses de plebiscito, las encuestas no le sonríen. El 46 % votaría el rechazo, según las últimas publicaciones de Cadem y Activa Research. En los sondeos, la aprobación tiene un apoyo de entre 38 % y el 27,1% mientras que los indecisos se sitúan entre el 16 % y el 27%.

El plebiscito es obligatorio. Si se aprueba, el presidente Gabriel Boric debe convocar al Congreso para que en un acto público y solemne, se promulgue y se prometa acatar la nueva Constitución. Si gana la opción de rechazo al nuevo texto, se mantiene la actual carta magna.

Cómo se gestó la nueva Constitución

En octubre de 2020, con el plebiscito nacional de Chile, la ciudadanía aprobó iniciar un proceso constituyente de cara a la elaboración de una nueva constitución. El texto que rige actualmente es de 1980, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se llegó a esa instancia luego de las protestas sociales de 2019, cuando durante 28 días hubo masivas movilizaciones reclamando más igualdad y terminar con un “sistema de abusos".

En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de los 155 convencionales encargados de realizar la redacción de la nueva Constitución, y tuvieron su primera sesión el 4 de julio en la ex sede del Congreso Nacional.

Desde fines del 2021 y hasta febrero de 2022, la Convención Constitucional tuvo abierto el plazo para recibir iniciativas de la ciudadanía que debían alcanzar las 15 mil firmas para ser debatidas por los constituyentes. De unas 2500 recibidas, fueron 78 las propuestas que superaron el objetivo para ser analizadas con las comisiones temáticas de la Convención.

Derechos fundamentales 

Los Derechos Fundamentales son aquellos inherentes a la persona humana, y se consideran esenciales “para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza”.

Este capítulo reúne artículos sobre libertad de expresión, seguridad individual, libertad personal ambulatoria, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, libertad de asociación, vivienda, salud, cuidados y derecho de los trabajadores.

Los artículos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos establecen, entre otros puntos, que el Estado debe garantizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar “las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Hay un artículo destinado a la educación sexual integral, que incluye el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la erradicación de estereotipos.

Sistema Nacional de Salud

La normativa vinculada a la salud implica la creación de un Sistema Nacional de Salud, que integre “a la red de prestadores públicos, a los hospitales y centros médicos vigentes de las Fuerzas Armadas y de Orden", mediante proyecto de ley presentado por el presidente en un plazo de dos años luego de que la nueva Constitución entre en vigencia.

En materia de cuidados, la propuesta de la nueva constitución incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, con “carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad”, que “prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales”.

Educación Pública

El nuevo texto de la Carta Magna propone que la educación sea de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El Sistema de Educación Pública será de carácter laico, gratuito y financiado por el Estado de forma permanente y directa, para que cumpla plena y equitativamente con los fines y principios de la educación.

El Estado debe “respetar la libertad de prensa”, “promover el pluralismo de los medios” e impedir “la concentración de la propiedad” de los medios de comunicación e información, según se detalla en el apartado Sistemas de Conocimiento.

Este capítulo regula, además, los derechos referidos al patrimonio indígena y el Pueblo Tribal Afrodescendiente, entre ellos, “obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos” así como la necesidad de “preservar la memoria” de los pueblos originarios.

Por último, este capítulo contiene el “derecho a la muerte digna” que, aunque no habla directamente de eutanasia ni de muerte asistida, asegura “el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida”.

Sistema Político sin Senado

La conformación política de Chile protagonizó debates importantes a nivel nacional y dividió a la Sala, obligando a los constituyentes a tener que negociar hasta llegar a un modelo que logró la aprobación de los dos tercios necesarios en el pleno.

Tras meses de discusión, el borrador de la nueva Constitución establece un régimen presidencial, con un legislativo bicameral asimétrico.

Por un lado, el Congreso de Diputadas y Diputados se mantendría con 155 miembros electos, “atendiendo el criterio de proporcionalidad”. Sin embargo, el Senado actual sería eliminado y remplazado por un órgano con menos atribuciones, al que denominaron Cámara de las Regiones.

Los integrantes de esta Cámara serán electos por región, al igual que los diputados, pero el número de integrantes “deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a tres, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad”.

En cuanto al jefe del Ejecutivo, el texto establece que “para ser elegida Presidenta o Presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta años de edad”, disminuyendo cinco años los requisitos actuales.

Asimismo, permite la reelección presidencial inmediata, aunque no podrá ser aplicable al mandatario actual.

Corte Constitucional de 11 miembros

En cuando al poder Judicial, el principal cambio es el remplazo del Tribunal Constitucional (TC) por una Corte Constitucional. El nuevo organismo cuenta con funciones similares, pero se compone de 11 magistrados, sumando un miembro más que el TC actual para evitar empates.

Otro cambio importante es la obligatoriedad en las elecciones para los mayores de 18 años, mientras que “el sufragio será facultativo para las personas de dieciséis y diecisiete años de edad”.

Para las instancias electorales, se “creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva”que “promoverá la paridad en las candidaturas”. Además, las listas electorales deberán ser encabezadas siempre por una mujer.

Paridad de género

De aprobarse la nueva Carta Magna, Chile tendrá por primera vez una democracia paritaria establecida desde la Constitución, bajo la premisa de que la paridad “sea un piso y no un techo”, como plantearon varios convencionales. 

De esta forma, el Poder Ejecutivo, Legislativo y de Justicia, la Administración del Estado, las empresas públicas y los órganos autónomos deberán contar con al menos un 50% de sus miembros mujeres y deberán incorporar el enfoque de género en sus funciones.

En materia de seguridad, dos articulados tratan puntos que marcaron los primeros días del presidente Gabriel Boric, que enfrenta una serie de ataques por parte de grupos mapuches, además de sucesivas protestas de transportistas que reclaman por la falta de seguridad en las rutas del país.

Políticas de seguridad

Las iniciativas del gobierno sobre el estado de emergencia generaron roces en la interna oficialista que reclama avanzar en la refundación de Carabineros, la ley de inteligencia, el control de armas y la ley de lavado de activos.

El artículo 19 del capítulo “Sistema Político” de la nueva Carta Magna indica que las policías “son instituciones policiales, no militares”, lo que llevaría a una reforma del cuerpo de Carabineros.

En la misma línea, dentro del las categorías de los Estados de Excepción constitucional se elimina el Estado de Emergencia, relacionado con la perturbación al orden interno y que fue utilizado durante el estallido social en 2019 y en la macrozona sur.

De esta forma, se mantienen el Estado de Asamblea para conflicto armado externo, de Sitio para conflicto armado interno, y el Estado de Catástrofe. “Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional” que deberá “fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción”, y, en particular, “la observancia de los derechos humanos”.

Estado plurinacional

Por último, la Convención Constitucional aprobó un artículo que define al país como un "Estado Plurinacional e Intercultural" y, de esta forma, pasa a reconocer "la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".

En total, el borrador reconoce como pueblos y naciones indígenas preexistentes a “los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk'nam” dejando margen para otros que puedan “ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.

Además, establece que “el Estado debe garantizarla efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado”.

Medio Ambiente

En su primer artículo, el capítulo sobre Medio Ambiente reconoce la “crisis climática y ecológica” mundial y responsabiliza al Estado de adoptar “acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos”, en relación con el cambio climático.

Con más de 6.435 km de Costa, la nueva constitución establece que “Chile es un país oceánico”, declara como bienes “inapropiables” el agua, el mar territorial, las playas y el aire. Responsabiliza al Estado de su protección y de administrar el agua de forma democrática, garantizando el acceso, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Para esto, establece la creación de la estatal Agencia Nacional de Aguas.

Los movimientos animalistas, que promocionaron campañas para contemplar los derechos de los animales en la constitución, lograron incluir un articulado que califica a estos como “sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.

Por último, en relación con la actividad minera, “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales (...) sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”.

“La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación”, aunque el texto no prohíbe las concesiones a empresas privadas, dejando afuera las iniciativas que pedían la nacionalización de la minería. Además, quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares y las áreas protegidas.

Autonomías regionales

Los artículos sobre Forma de Estado están vinculados al la territorialización de estado y la autonomía regional.

La nueva Carta Magna propone que Chile sea un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural "conformado por entidades territoriales autónomas”, política, administrativa y financieramente. Este artículo tiene como objetivo dejar atrás la actual forma jurídica chilena de un “Estado Unitario”.

De esta manera, el Estado estará organizado territorialmente en regiones autónomas que dispondrán de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, contarán con las competencias para gobernarse “en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la Naturaleza”.

Estas entidades tendrán “autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora”.

La elección de representantes a los cargos de las entidades territoriales será por votación popular, asegurando, entre otros requisitos, la paridad de género, y la representatividad territorial.

Los artículos más discutidos

Uno de los artículos que estuvieron más debatidos es el del “Maritorio” (darle al mar el mismo estatus que al terrritorio), que finalmente establece las garantías para la preservación, conservación y restauración ecológica de los espacios y ecosistemas marinos y marino costeros.

La normativa acerca de forma del estado también hace referencia a los tributos y la descentralización fiscal. “La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno”, dice el texto.

El documento con la propuesta constitucional incluye “mecanismos de modernización” de los procesos y organización del Estado. En su articulado establece que se tomarán las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales. Además, reconoce la ruralidad como una expresión territorial.

18 de mayo de 2022

*De la Agencia Regional de Noticias, especial para Página/12.

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Estados Unidos. "La rebelión de una generación de trabajadores está en marcha

A partir de hoy, la relación de fuerzas en la lucha de clases en Estados Unidos parece haber cambiado ligeramente.

¿Lucha de clases? ¿Qué lucha de clases? Más bien una interminable y unilateral guerra relámpago. Las grandes y pequeñas empresas, las corporaciones y las empresas de capital privado, los accionistas y los empleadores han estado apaleando a los trabajadores durante décadas. La oposición feroz y unificada del empresariado estadounidenses a reconocer a sus trabajadores y trabajadoras un mínimo de poder ha sido la base de la vida económica estadounidense durante los últimos 40 años. Pero puede que eso haya cambiado a partir de ahora.

El recuento final de los votos para constituir un sindicato en la JFK8, el gigante almacén de Amazon en Staten Island, ha dado que un resultado favorable de 2654 frente a 2131 [con 67 abstenciones]. La empresa más rica, poderosa y aparentemente indispensable de Estados Unidos perdió frente a una coalición espontánea de trabajadores y trabajadoras que hizo campaña sin afiliación ni ayuda de ningún sindicato existente. Está claro, que hay una nueva generación en movimiento[1].

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Los rumores venían de lejos, pero hasta hace poco se limitaban a sectores privilegiados de la economía. El hecho de que las y los trabajadores jóvenes se hayan llevado la peor parte del disfuncionamiento económico de Estados Unidos quedó claro desde la crisis de 2008. El deseo de que el capitalismo estadounidense tendría que transformarse radicalmente si querían obtener alguna seguridad económica se expresó claramente en su apoyo a Bernie Sanders en 2016 y 2020, así como en su entusiasmo por Alexandria Ocasio-Cortez en 2018. El año pasado, en la encuesta de Gallup, se mostraron a favor de los sindicatos en un 77%; un porcentaje superior al del conjunto de las personas encuestadas (68%); se trata, a su vez, del mayor porcentaje a favor de los sindicatos en los últimos 50 años.

Pero la dirección podría consolarse aún pensando que los restos de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que ya no protege a los trabajadores sindicados de ser despedidos (es ilegal, pero es una ilegalidad por la que ningún empleador ha sufrido consecuencias significativas en el último medio siglo), le permitiría echar por tierra las campañas a favor de sindicalizarse, independientemente de la voluntad de las y los asalariados por sindicarse. Es así como ha venido funcionando el mundo empresarial estadounidense desde principios de los años 80, con una práctica ilegal tan desarrollada que la mayoría de los sindicatos renunciaban a organizar campañas de sindicación en las empresas.

Sin embargo, en los últimos dos años, los trabajadores y trabajadoras que pensaban que sus habilidades particulares les protegía de ser  despedidos, comenzaron a sindicalizarse (para un puñado de trabajadores verdaderamente indemnes y establecidos -atletas profesionales, actores de cine, pilotos de aerolíneas- esto ha sido así incluso en los años de vacas flacas). En los últimos años, los periodistas y quienes conforman los llamados grupos de expertos, así como profesores asistentes y ayudantes de investigación, o animadores y el personal de los museos se han sindicado en masa. Se trata de una revuelta de las y los profesionales, a la que se han unido los millennials [Generación Y, nacidos en los años 80 y 90], que disfrutan al menos de cierta seguridad laboral, y los miembros de la Generación Z [nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000], que no pueden ser sustituidos. A principios de esta semana, las y los estudiantes universitarios que trabajan en los comedores del Dartmouth College votaron, en una elección supervisada por la NLRB (Junta Nacional de Relaciones Laborales) a favor de fundar un sindicato. La votación fue de 52 a 0.

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En los últimos meses, sin embargo, la revuelta se ha extendido a los millennials que no son profesionales, a quienes los empresarios podrían sustituir fácilmente. Y lo que es más importante, la revuelta se ha extendido a los camareros y camareras de Starbucks, una mano de obra desproporcionadamente joven y formada, pero sujeta a los caprichos de horarios y a las amenazas de despido que despliega la dirección. Y sí, Starbucks ha cultivado una imagen de empresa bondadosa, que no podía arriesgarse a empañar demasiado públicamente, aunque ha jugado el clásico juego de las empresas: amenazas implícitas transmitidas en reuniones antisindicales obligatorias y similares cuando pensaba que nadie le prestaba atención.

Pero las y los empleados de Starbucks ganaron en suficientes establecimientos como para que hoy en día, miles de baristas en cientos de tiendas hayan solicitado la sindicalización.

Pero Starbucks no es Amazon. Y Amazon dejó claro en Bessemer, Alabama, y en todas partes en las que su organización del trabajo fuera cuestionada, que su personal de almacén es sólo un mal necesario hasta que la empresa pueda robotizar toda su plantilla. Con su forma de actuar, Amazon ha dejado claro que no hay ningún problema con que la rotación anual en sus almacenes supere el 100%, que de hecho los puestos de trabajo están diseñados para provocar una tasa de rotación anual superior al 100%. La empresa quiere que sus trabajadores y trabajadoras se vayan; esta es una alternativa mucho mejor que la de quedarse y luchar.

Además, Amazon es la segunda mayor empresa empleadora del sector privado en el país, después de Walmart, la campeona del antisindicalismo. Hasta hace poco, la idea de que un trabajador o trabajadora de los almacenes de Amazon votara para afiliarse a un sindicato era prácticamente impensable. Pero ahora se ha pensado y se ha hecho.

Con esa victoria, se han roto muchas de las reglas estándar tanto de la sindicalización como del antisindicalismo, lo que sugiere que está ocurriendo algo más profundo en el mundo del trabajo. Reflexionemos un poco. Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU) que se encargaron de la organización del referéndum para constituir un sindicato] -recuérdese que ningún sindicato les proporcionó activistas profesionales; los líderes activistas fueron los propios trabajadores- sólo consiguieron las firmas del mínimo de trabajadores legalmente requerido para convocar la votación, que fue el del 30% [de la plantilla]. Prácticamente ningún sindicato celebra unas elecciones si no cuenta con las firmas del 70% de las y los trabajadores, porque prevén que las amenazas y la oposición de la empresa harán que esa cifra disminuya en el momento de la votación.

[Con esta votación] también se pone en cuestión la eficacia de la amenaza de la dirección de despedir a quienes reclaman su opinión sobre las condiciones de trabajo. En este sentido, la situación del mundo empresarial parece reforzar el valor de las y los empleados. [Actualmente] el número de personas empleadas que abandonan sus puestos de trabajo es el más alto de todos los tiempos. Muchas empresaras están desesperadas por contratar, lo que ha hecho subir los salarios en las habitualmente bulliciosas ciudades que intentan recuperar su dinamismo.

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Es el caso de Nueva York, donde Amazon se ha visto obligado a subir los salarios para mantener a los trabajadores y trabajdoras que tiene, si bien otras empresaras los han subido aún más. No es así, debo añadir, en Bessemer, Alabama, donde el salario de Amazon supera al de otras empresas que ofrecen empleos locales comparables. Sin embargo, incluso en Bessemer, el resultado de la segunda votación sobre la sindicalización -después de que fracasase la primera - sigue siendo demasiado ajustado [a 31 de marzo] y se decidirá mediante el recuento de las papeletas en disputa. Esto tampoco tiene precedentes; la segunda votación no suele cambiar mucho respecto a la primera.

Además, en Amazon podrían aprender del ejemplo de Starbucks: como ellas, son personas sometidas a las tensiones e indignidades del un sistema salarial ordinario, sin sindicatos, pero que superaron la oposición de la dirección para ganar el derecho a sindicarse en uno, luego en dos, luego en tres locales, y que, sin inmutarse, hicieron campaña a favor de la sindicación en cientos de otros. Si es posible en Starbucks, ¿por qué no en Amazon?

Y ahora, si es posible en Amazon, ¿por qué no en otros lugares? A veces, una sola victoria puede desencadenar una ola de victorias. Eso es lo que ocurrió en 1937, cuando la gran huelga de brazos caídos de la UAW (United Auto Workers) en las plantas de General Motors en Flint, Michigan, les hizo ganar un contrato con General Motor e inspiró a docenas de campañas similares y cientos de campañas de organización exitosas en todo el país.

Por supuesto, los trabajadores de Staten Island del almacén JFK8 de Amazon tienen ahora que negociar un contrato con su obstinada empresa (aunque el nuevo régimen de la Junta Nacional de Relaciones Laborales parece decidido a penalizar a las empresas que dan largas con la esperanza de que los trabajadores y trabajadoras se rindan). Hace casi 20 años, la plantilla de una tienda de Walmart en Quebec votó a favor de la sindicalización y al cabo de seis meses la empresa cerró la tienda. Pero Amazon, en virtud de sus compromisos de entrega en un día, simplemente no puede cerrar grandes almacenes que emplean a miles de personas en las principales ciudades donde viven muchos de sus clientes. Al contrario, la empresa necesita más infraestructura, no menos. La ubicuidad de Amazon le obliga a emplear una mano de obra que exige algo más por su trabajo.

Así que tal vez, sólo tal vez, la división económica y política entre la América urbana y la rural tiene hoy una nueva dimensión. Tal vez los millones de trabajadores y trabajadoras de servicios, del comercio minorista, de la cadena de suministro, de la hostelería y de la restauración de las ciudades se sientan no sólo lo suficientemente enfadadas, sino también lo suficientemente seguras como para hacer lo que están haciendo sus colegas de Starbucks y de Amazon, y organizarse en un sindicato. Por supuesto, esta sensación de seguridad podría desvanecerse si la Fed sube los tipos de interés lo suficiente como para detener el auge de la contratación en las ciudades. En las zonas fuera de las grandes ciudades de EE UU, donde los buenos empleos siguen siendo escasos, todavía es difícil imaginar que ocurra esto, pero en las ciudades, los trabajadores y trabajadoras de Starbucks y Amazon han mostrado el camino.

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Sin embargo, no puedo evitar pensar que esto podría presagiar el ascenso no sólo de un sector de la población activa, sino de una generación, cuya actitud política es al menos tan izquierdistas como las de cualquier otra generación en la historia de Estados Unidos. Los asalariados y asalariadas organizadores del último gran impulso sindical en el sector privado, los organizadores del CIO (Congreso de Organizaciones Industriales) que en los años 30 construyeron el único movimiento obrero verdaderamente poderoso que hemos visto en este país, eran también desproporcionadamente jóvenes. Los hermanos Reuther (socialistas) y Bob Travis (comunista), que ayudaron a dirigir la huelga de brazos caídos de la UAW, eran veinteañeros. Chris Smalls, el principal organizador del JFK8 en Staten Island, tiene treinta años; las y los camareros que dirigen las campañas de Starbucks son igual de jóvenes.

Cuanto antes desarrollen sus funciones de liderazgo trabajadores como éstos, ya sea dentro del movimiento sindical existente o en nuevos sindicatos que puedan surgir junto a los antiguos, mejor. Algunos sindicatos existentes -como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que apoya a las y los camareros de Starbucks y ha liderado la lucha por un salario mínimo de 15 dólares durante la última década- pueden ser más receptivos a dicha transformación. Otros pueden ser más desconfiados. Estoy pensando en la UAW, que, incapaz de organizar las fábricas de automóviles no sindicalizadas del sur de Estados Unidos, recurrió a la organización de los campus universitarios, y ahora se encuentra con que casi una cuarta parte de sus miembros son estudiantes graduados.

Ahora bien, [el ejemplo de] Staten Island nos dice que algo ha cambiado. Si se toman en cuenta los agravios que han estado latentes durante mucho tiempo en una generación y las sensibilidades políticas de algunos de sus miembros, y se le añaden (por ahora)  los sectores favorables [a la sindicación] en el mercado de trabajo en las ciudades estadounidenses, y relación de fuerzas que ha regido los lugares de trabajo y las vidas de las y los estadounidenses durante los últimos 40 años se podría ver alterada. Por el bien del país, esperemos que así sea.

1/94/2022

Por Harold Meyerson

9 abril 2022

Fuente: Al'Encontre

Notas:

[1] ] Un informe del New York Times del 2 de abril ofrece una visión de la brutalidad con la que la dirección de Amazon han combatido a los activistas sindicales. Amazon ha creado un equipo de combate completo, que incluye guardias de seguridad militares y especialistas en vigilancia, para acabar con la campaña de sindicalización. El primer objetivo del ataque fue Christian Smalls, que fue despedido con un pretexto, justo cuando se estaba produciendo el primer movimiento de organización; fue por la cuestión de la salud en el momento del covid. Christian Smalls pudo apoyarse en un amigo, Derrick Palmer -que había conservado su trabajo-, y organizando una verdadera red de contactos, mediante vídeos en TikTok, multiplicaron los vínculos con los empleados, en un almacén que funciona 7 días a la semana, 24 horas al día; JFK8 tiene 8000 personas empleadas. Por ejemplo, organizaron lugares de encuentro antes de que la gente volviera a casa al amanecer, con carteles que decían "Hierba y comida gratis", y los trabajadores inmigrantes llevaban sus especialidades culinarias. Christian Smalls explica: "Empezamos sin nada, con dos mesas, dos sillas y una carpa”. Recibieron una pequeña ayuda de los sindicatos. Por el contrario, según el New York Times, "Amazon gastó más de 4,3 millones de dólares sólo en consultores antisindicales en todo el país, según documentos federales [nde].

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Todas las fotografías que acompañan este artículo son de Victoria Holguín.

El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, una decisión histórica. El fallo es claro resultado de la lucha intergeneracional que busca materializar la autonomía y soberanía de los cuerpos de las mujeres, así como de unos magistrados defensores de una doctrina jurídica a tono con estas aspiraciones. Un logro que, por demás, evitará que más mujeres sean judicializadas y condenadas por este motivo, como hoy lo padecen 7.450 de ellas.

 

“La motivación para emprender la lucha por el derecho al aborto en Colombia viene desde hace mucho tiempo atrás, aquí hacemos un gran reconocimiento a la historia de las primeras mujeres feministas colombianas que empezaron a hablar de estos temas, a traerlos a la agenda nacional en medio de un montón de dificultades que impone una sociedad sumamente conservadora”.

La memoria, reconocimiento y énfasis es de Johanna Cepeda, con quien sostuvimos un diálogo ameno y lleno de enseñanzas. Johanna es una mujer joven, enfermera con maestría en salud sexual y reproductiva, que desde hace más de diez años es activista de la “Mesa por la vida y la salud de las mujeres”, y que además es cofundadora del grupo de Enfermería por el derecho a decidir.

 

 

La contactamos, entre otras inquietudes, para que nos diera su opinión sobre Causa justa, y no duda en responder describiéndola como un “movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, que lucha por la necesidad urgente de eliminar el delito del aborto del Código Penal, porque esto significa un avance para los derechos de las mujeres y un cambio favorable para la sociedad y la democracia en general. Lo impulsa la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, pero está conformado por diversas organizaciones de mujeres, académicos/as, activistas, centros de investigación, grupos de mujeres feministas, de derechos humanos, prestadores de servicios de salud y muchas personas que creen que esta causa es justa y se debe defender la libertad de las mujeres”.

Una lucha justa, necesaria y urgente

El papel de Causa Justa en la lucha por los derechos de las mujeres se da en medio de los escenarios de desigualdades y violencia de la sociedad patriarcal, la cual ataca por múltiples frentes y así como quiere asignar estéticas, formas de ser y de comportarse, quiere imponer lo que pueden hacer o no las mujeres con sus cuerpos, llegando al punto de obligarlas a parir sin su consentimiento.

Un patriarcado agresivo que no contento con lo anterior, las asesina por el hecho de ser mujeres, porque las considera un objeto de su propiedad. Esta situación puede verse con claridad siguiendo al Observatorio Feminicidios Colombia, al denunciar que entre enero y diciembre de 2020 ocurrieron 630 feminicidios y en las mismas fechas de 2021 fueron 622. En enero de 2022 se registraron 55 y la situación en lo recorrido del año va en aumento. Por su parte el informe: “La niñez no da espera 2022-Niñez Ya”, confirma que entre enero y octubre 2020-2021 creció en 10 por ciento la cantidad de niñas entre 10 y 14 años que fueron violadas y obligadas a ser madres.

 

 


Pero las negaciones, violencia y exclusiones de esta sociedad, profundamente patrialcal, también queda registrada en indicadores del Dane sobre desigualdad social entre hombres y mujeres, de acuerdo al cual en el 2019 la tasa de desempleo según nivel educativo de postgrado, educación universitaria, técnico profesional y tecnología, secundaria y primaria, es mayor para las mujeres en todos los campos (ver tabla).

 

 

Curiosamente, la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó más que la de los hombres en el periodo 2008-2019, pasando del 46,4 por ciento al 53,1. Todo un triunfo dirán algunos, pero la realidad de este incremento es que se vive en condiciones más precarias y discriminatorias para las mujeres, con mayor informalidad y menores salarios, como lo evidencia el Dane con sus estadísticas. La brecha salarial total entre hombres y mujeres con ocupación en 2019 es de 12,9 por ciento; las mujeres ocupadas sin hijos ganan 7 por ciento menos que los hombres ocupados sin hijos; las mujeres ocupadas casadas ganan 15,8 por ciento menos en el ingreso mensual que los hombres ocupados casados.


Adicional a esto, como también lo registra el Dane, el 27,5 por ciento de las mujeres en Colombia no cuentan con un sustento económico propio, proporción casi tres veces mayor que el 10,5 de los hombres que padecen igual realidad. Una diferencia agravada en el ámbito rural, donde la probabilidad de no contar con ingresos propios por parte de una mujer es cinco veces mayor a la de un hombre.


Un proceso de años

En medio de este panorama que oscurece y nubla la realidad de las mujeres, los procesos organizativos avanzan y obtienen grandes triunfos, como el de la despenalización del aborto hasta la semana 24. Al preguntarle a Jhoanna en que se basa esta lucha nos dice: “[…] en reconocer a las mujeres como sujetas de derechos, reconocer nuestras decisiones como válidas, como moralmente importantes y reconocer que el hecho que una mujer pueda tomar decisiones sobre su reproducción le permite alcanzar otros niveles de salud, estilos de vida y le permite desarrollarse como esa mujer lo desea, porque creo que el principal problema ha sido siempre mirar la maternidad como una situación obligatoria de las mujeres por tener una capacidad reproductiva. Pero al imponernos la maternidad lo que se hace es violentar nuestras expectativas como mujeres, si la maternidad no va en nuestro proyecto de vida o si sentimos que no es el momento de ser madres”.

 

 

Entendiendo que su lucha no es de ahora sino de años atrás, le preguntamos a Jhoanna su valoración de los avances en este proceso, y su respuesta llega sin titubeos, inmediata: “en esta lucha hemos tenido varios avances, por ejemplo, en el 2006 fue muy importante la despenalización parcial bajo las tres causales a nivel legal y de reconocimiento de derechos, sin embargo, después de 16 años de haber jugado las reglas de juego de la Corte Constitucional, intentando que las mujeres accedieran a estos servicios por las tres causales, lo que encontramos fue un sinnúmero de barreras de acceso, y no solamente las que impedían el servicio, sino el incremento desproporcionado del número de persecuciones y de condenas de mujeres que solicitaban un aborto” (ver recuadro: Procesos judiciales a mujeres que abortaron en Colombia).
   
“Aunque celebramos, creemos que la Corte pudo haber hecho más, podían sacar del Código Penal el delito de aborto voluntario, no lo hicieron y aún nos queda esta lucha. Esperamos que con este nuevo fallo haya un compromiso mayor del Estado y de la institucionalidad, pero sobre todo de la sociedad de entender que esta es una decisión muy íntima, muy personal, que es un derecho y que, además, se relaciona con otros múltiples derechos fundamentales de las mujeres como el derecho a la vida, que no es solamente la parte biológica, sino que implica vivir con dignidad, en línea con nuestras propias ideas, en vivir la vida como yo la quiera vivir, pero también que ninguna mujer muera por acceder a un aborto ilegal. Si hablamos del derecho a la salud, implica que tengamos el mayor estado de bienestar físico, mental y social, pues para muchas mujeres una maternidad puede significar un riesgo y una afectación inminente de cualquiera de estas tres esferas”. 


Un cuerpo embarazado que necesita desembarazarse


Una cosa es clara, esta lucha no es solo para las mujeres heterosexuales, la discusión se complejiza mucho más cuando hablamos con Natalia, feminista popular, quien nos dice, “el derecho debería estar para cualquier persona que necesite desembarazarse, eso es clave, aquí estamos peleando por condiciones, garantías, seguridad y derecho a tecnología para los cuerpos que abortan” (ver recuadros: Tratamiento con medicamentos y Tratamiento quirúrgico).

Natalia ha trabajado como prestadora de servicios de aborto seguro de manera institucional, aunque en la actualidad presta estos mismos servicios desde lo clandestino, “si las chicas necesitan una interrupción del embarazo, y yo tengo la información de cómo hacerlo, pues se las comparto. Obviamente esto se hace bajo unos acuerdos previos que son: no hay ninguna mediación económica entre ellas conmigo, si hay una complicación en el procedimiento la persona debe ir a un centro médico, el medicamento deben conseguirlo por su propia cuenta ya que yo no lo puedo distribuir. Lo que hago es acompañar a las mujeres y cuerpos que abortan, ya no desde lo institucional, sino desde el activismo”.

 

Al preguntarle sobre las barreras para acceder al aborto para personas trans y no binarias, y si hay una diferenciación en lo institucional para este tipo de población a la hora de realizarse un aborto, Natalia nos responde con claridad:

“Imagínense, si para los cuerpos de las mujeres acceder al aborto es difícil, para una persona trans o no binaria es peor, pues se les presentan muchas barreras por las múltiples discriminaciones estructurales que viven en su día a día.

Actualmente no existe una diferenciación desde lo institucional para personas trans y no binarias a la hora de acceso al aborto, tendría que existir y creo que es un trabajo fundamental que vienen realizando en Argentina, que se ha esparcido a lo largo de los coletazos de la marea verde. Entonces, hoy también nos preguntamos por la necesidad de complejizar mucho más el reconocimiento de la sociedad, mucho más allá de la heterosexualidad.

Creo que desde lo jurídico la Corte Constitucional es muy clara en abrir el tema a la ciudadanía, en sus fallos no solamente habla de mujeres, habla de cuerpos que están en gestación. Eso es un gran avance, sin embargo aún queda el reto de transformar la sociedad. Pues si te fijas, hasta en los servicios de salud que están medianamente preparados para prestar el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo se presentan barreras para las personas trans y no binarias, pues desde que te sientas en la sala de espera todos los afiches traen mensajes de mujeres que dicen “mujer, decide sobre tu cuerpo”, “la maternidad será deseada y feliz”, “mujer, toma tu anticoncepción”. Entonces, nuevamente está presente esa heteronormatividad que piensa que las únicas personas que quedan embarazadas son las mujeres heterosexuales”.

 

 

Tras un respiro fuerte, como para descansar, prosigue, “Todo se complejiza aún más cuando un chico trans decide continuar con su embarazo, pues todo el mundo pensaría que va a abortar, es lo que nos dicen que hay que pensar y no es así necesariamente, muches deciden continuar y ser padres”.

Para finalizar Natalia nos cuenta que, aunque valora y festeja lo ocurrido tras el fallo de la Corte Constitucional, “actualmente hay muchas personas diversas y mujeres feministas que saben que pueden dirigirse a una EPS para exigir que les practiquen el procedimiento de aborto, sin embargo, muchas prefieren hacerse el procedimiento con el acompañamiento de organizaciones populares como Las Parceras en Bogotá, o Las Tiguacas en Risaralda, que además de acompañar el proceso físico, acompañan la parte emocional de quien toma la decisión, evitando así los tramites, demoras, juzgamientos y limitaciones que pueden presentarse por la rigidez institucional en las EPS”. Todo un tema que profundizaremos en artículo que traerá la edición abril-mayo de nuestro periódico.

 


Procesos judiciales a mujeres que abortaron en Colombia

 

Según el informe “La Criminalización del Aborto en Colombia”*), publicado en julio de 2021, la base de datos relacionada por la Fiscalía General de la Nación trae las siguientes cifras:
Se han registrado 5.737 procesos por el delito de aborto, de los cuales 4.355 están inactivos y 4.754 están en etapa de indagación.

• 7.450 casos están en etapa de ejecución de penas, es decir, son casos en los que ya hay condena o se decretó medida de aseguramiento.
• 102 casos están en etapa de juicio, es decir, que el juez no se ha pronunciado aún en un sentido u otro.
• En 2.431 casos la noticia criminal se obtuvo por «actos urgentes», mientras que en 1.580 y 1.540 casos, respectivamente, se obtuvo por denuncia e informes. Los «actos urgentes» son los que se relacionan con delitos en progreso. Se solicita a la policía presentarse en el lugar para tomar acciones de protección a la población y proceder a la captura. Los informes, por otra parte, se refieren a actuaciones rutinarias que determinan que se ha cometido un delito.

En los últimos 15 años ha aumentado significativamente la persecución del delito de aborto y han aumentado las condenas por tal motivo. Mientras en 2006 se condenaron 12 personas, en 2007 fueron 25, y en los siguientes 13 años el promedio de condenas fue de 26.

* Ver en: https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2021/08/La-criminalizacioi%CC%80n-del-aborto-en-Colombia_LaMesa-1.pdf

 



Tratamiento con medicamentos

 

El Misoprostol es un medicamento creado para prevenir y tratar enfermedades digestivas como las úlceras gástricas, pero por una especie de accidente, cuando se lo formulaban a mujeres embarazadas, uno de los efectos que generaba eran contracciones uterinas con posibilidad de expulsión; con el paso del tiempo se empieza a utilizar en trabajos de parto para generar contracciones artificiales. De igual manera, muchas mujeres lo utilizan para abortar.

Otro medicamento que sí fue creado por científicos y científicas para abortar es la Mifepristona, que desde 1980 se utiliza en Francia para expulsión de productos uterinos (tumores, quistes, embarazos). En Colombia hasta hace muy poco se autorizó su venta, aunque hay restricciones, no es posible conseguirla sin formula médica.

Tratamiento quirúrgico

Históricamente se ha utilizado el legrado, que en la práctica es la utilización de una especie de cuchara que se introduce por la vagina para empezar a raspar las paredes del útero. En el artículo “El legrado uterino, indicaciones, beneficios y riesgos”, el ginecobstetra Miguel Ángel Alarcón Nivia*, nos brinda algunos datos históricos de esta práctica médica:

• 1723, René Croissant diseña una cucharilla para limpiar heridas de la piel mediante raspado.
• 1828, Samuel Lair usa un estilete para explorar el fondo uterino.
• 1846, el cirujano y ginecólogo francés Joseph Claude Anthélme Recamier, del Hôtel Dieu de Paris, introduce la cureta con la forma con la cual se conoce actualmente, para el raspado de la cavidad uterina.
• 1878, C. Ruge y J. Veit sugieren que el curetage puede ser utilizado con fines diagnósticos.
• 1924, Howard Atwood Kelly inicia la era de legrados en el consultorio, con sedación o sin ningún tipo de anestesia.
• 1935, Emil Novak diseña su cánula o cureta de pequeño calibre y punta aserrada para hacer biopsias. En ese mismo año, Novak diseña un sistema de aspiración y legrado, mediante la utilización de un vacuum conectado a tubos aserrados (de mayor calibre a la cureta de Novak).
• 1982, Cornier diseña una cureta flexible para conectar a un aspirador llamado vabra.
• 1986, se inicia la histeroscopia diagnóstica, con eventos aislados de biopsia o extirpación de masas polipoideas.

En la actualidad, el método tecnológico más avanzado es la aspiración manual endouterina, que realiza un vaciamiento del útero al vacío, dejando como consecuencia un sangrado similar al de la menstruación y que se supera en alrededor de 9 a 10 días. Sin embargo, acceder a esta tecnología en Colombia es limitado para las mujeres y, por el contrario, se continua con la practica del legrado que en Europa se dejó de practicar desde el siglo pasado.

* Ver en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis/article/download/1837/2215/4966

 

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Martes, 08 Marzo 2022 06:06

Una causa justa para las mujeres

El colectivo Causa Justa delante del Palacio de Justicia en Bogotá (foto: https://causajustaporelaborto.org/un-ano-de-una-causa-justa/)

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento especial al logro que supone la despenalización del delito de aborto en Colombia

Un año más llega el momento de reivindicar lo que tendría que ser norma y normalidad en cualquier sociedad democrática. De entre los numerosos acontecimientos acaecidos en el último año con la mujer como protagonista, hay que destacar uno: la legalización del aborto en Colombia durante las primeras veinticuatro semanas de gestación.  

A nadie se le escapa que la consecución de derechos para las mujeres es mucho más difícil que aquellos que “no tienen género”. Ellas necesitan luchar más y por más tiempo, sobre todo porque quienes determinan, desde las leyes y desde los gobiernos, los posibles triunfos femeninos son mayoritariamente hombres.

Naciones Unidas reconoce que las mujeres padecen “una mayor vulnerabilidad derivada de factores sociales, económicos y culturales”. Por eso, este logro en Colombia es un paso más en la consecución de la “igualdad de género hoy para un mañana sostenible” que demanda la ONU en este 8 de marzo de 2022.

La sentencia C-055 de 21 de febrero de 2022 declara “exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y, sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 de 2006”. En la misma se solicita finalmente, tanto al Congreso de la República como al Gobierno nacional, que formulen e implementen “una política pública integral en la materia”.

El fallo de la Corte Constitucional colombiana abre un nuevo panorama para ellas y sus derechos en el país y por extensión en la región latinoamericana. Con esa decisión se subsanan años de reclamar en el desierto por un derecho reiteradamente ignorado por parte de un Congreso de la República netamente macho, blanco y conservador.

Nombrar siempre supone dejar a alguien fuera de la lista, por eso no queremos poner nombres y apellidos a este día memorable. Sin embargo, hay un colectivo que merece ser recordado por su tesón y lucha para conseguir tan importante decisión jurídica: Causa Justa “un movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres”. Impulsado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, está compuesto por “otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos y diferentes actores entre quienes se encuentran activistas, prestadores de servicios de salud, referentes de la academia y centros de investigación de todo el país”.

En el proceso, la entidad colombiana ha contado con el apoyo de Human Rights Watch. Esta ONG internacional presentó un escrito amicus curiae en el que solicitaban a la Corte “tener en consideración los estándares de derechos humanos en materia de aborto”; señalando que “la criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, y destacando que, tal como se recoge en sus informes de los últimos 15 años, “los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas”.

El dictamen es, le pese a quien le pese, incluido el pelele presidente del país, un hito para las mujeres, para la autonomía sobre su propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva. Pero también es un triunfo de la democracia, un logro para que ese cincuenta por ciento de la población sienta que realmente forman parte de la sociedad a la que aportan y pertenecen, que hay equidad y justicia social.

Porque el derecho al aborto no significa el deber de abortar, supongo que para nada un trago agradable. Es dar la opción a las mujeres de que decidan sobre su cuerpo sin el estigma del delito y del señalamiento social.

Publicado en Mundo Obrero el 07/03/2022

08 Mar 2022

Publicado enColombia
Una inteligencia artificial no puede ser dueña de sus 'creaciones'

Un reciente caso planteado ante la Oficina Europea de Patentes deja claro que sólo un ser humano puede ser titular de una creación registrable. ¿Veremos algún día a la inteligencia artificial como sujeto de este tipo de derechos?

 

Imaginemos que un algoritmo basado en inteligencia artificial genera de forma 'autónoma' una solución para diseñar un envase o recomendar un producto. ¿Quién puede patentar eso? En diciembre, la Oficina Europea de Patentes (OEP) estableció que sólo un ser humano puede patentar una creación, en una interesante interpretación razonada de la normativa vigente.

En este caso, dicha oficina rechazó solicitudes de patentes al interpretar, en primer lugar, que "sólo un inventor humano podría ser inventor" en el sentido del Convenio Europeo de Patentes. Y en segundo lugar, determinó que "una máquina no puede transferir derecho alguno" al solicitante de la patente.

Hasta entonces, en la UE no se había prohibido expresamente conceder derechos sobre las obras generadas por la inteligencia artificial.

Así, según informaba la OEP en una nota del 21 de diciembre pasado, denegaba las solicitudes "EP 18 275 163" y "EP 18 275 174", en las que quien pedía ciertas patentes designaba como inventor a un sistema de inteligencia artificial denominado DABUS, supuesto "creador" de un recipiente para la conservación de alimentos y de un sistema de recomendaciones avanzado.

Esta interpretación de la OEP frena la pretensión de que una patente europea puede recoger como "inventor" una máquina de inteligencia artificial; el solicítate argumentaba que las invenciones habían sido creadas de forma autónoma por DABUS y, de hecho, presentó tal solicitud en varias jurisdicciones.

El abogado lucense e investigador en Derecho Miguel Vieito, que se confiesa un apasionado en temas de tecnología y ética, tuiteó recientemente esta resolución. En conversación telefónica con Público, Vieito razona en una línea similar a la OEP: "No se puede comparar cómo funcionan los comportamientos instantáneos de un ser humano al de una máquina, porque los primeros sencillamente no se pueden computar", afirma.

"El área de la inteligencia artificial me gusta, también las implicaciones jurídicas que puede tener, y me llama la atención el abordaje que hace la Unión Europea a la llamada 'personalidad electrónica', que trata de ajustar a las normas éticas sobre este asunto, cosa que existe desde hace unos años", afirma el letrado, quien, sin embargo, se muestra escéptico ante cualquier titular que ensalce la inteligencia artificial o el llamado 'machine learning' como algo comparable a la mente humana.

La cuestión profunda radica en que un sistema informático, como tal, no tiene capacidad legal ni es sujeto de derechos. Algunas jurisdicciones, como la británica, recogen algunos supuestos específicos. Por ejemplo, el artículo 9.3 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes, dispone lo siguiente: "En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra".

No existe una normativa vinculante sobre 'personalidad electrónica' en la UE, sino que hay orientaciones que se redactaron hace unos años sobre el asunto, especialmente en lo que toca a las posibles responsabilidades civiles.

En un artículo de 2017 publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) ya se abordaba este asunto, que concluía que los responsables del fruto de una inteligencia artificial determinada deberían ser quienes la manejasen como herramienta, y no tanto los desarrolladores de la misma.

"Es que ésa es una cuestión importante", comenta Vieito, "es decir, dónde ponemos la responsabilidad de una acción, si en el desarrollador de la herramienta, el propietario de la misma, el usuario, en el hardware o el software...".

Por tanto, ¿puede ser un robot 'dueño' de sus actos? "Mi postura es muy crítica con respecto a la inteligencia artificial, no comparto el entusiasmo exacerbado de algunos que ven un futuro inmediato en manos de máquinas, me parece una interpretación muy sesgada", comenta el experto, que plantea la posibilidad de que una máquina totalmente autónoma es un escenario muy poco improbable en el futuro.

"Para mí, el escollo de llevar el comportamiento ético a un programa informático es la comprensión humana de cómo se genera ese comportamiento, es decir, por qué algo es ético en realidad; y para poder programar (emular) eso tienes que entender primero cómo se genera ese comportamiento", sostiene el jurista, y añade: "El origen del pensamiento crítico, algo que aún desconocemos "¿Se desarrolla en la infancia? ¿Es ambiental o innato?...".

De momento, y tal y como dice la Oficina Europea de Patentes, un sistema de inteligencia artificial no puede ser dueño de una patente ni puede ceder esos derechos porque, para empezar, no es un sujeto de derechos como tal. 

No obstante, Vieito rompe una lanza en favor de incluir el comportamiento ético a cualquier desarrollo tecnológico desde el diseño, para intentar luchar contra los sesgos: "Hay técnicos a quienes la ética les parece un palo en las ruedas del avance de sus desarrollos, pero no se debe dejar de lado este aspecto: la tecnología no puede limitarse a solucionar un problema determinado abstrayéndose del resto de la realidad". 

Madrid

12/01/2022 23:43

 

Publicado enSociedad
MÁS LEÍDOS 2021: El escuadrón móvil antiderechos y la supresión violenta de la protesta

“El Estado en Colombia no viola los derechos humanos”, dice la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez como conclusión de lo que fue la visita de la Cidh1. Por su parte, el presidente Duque reconoce que ha habido casos de abusos policial pero que no es algo común, no son sistemáticos, y en todo caso, son investigados, judicializados y sancionados, incluso más rápido de lo que pasa en EEUU2

Son voces, simples voces, que reafirman que “no hay peor ciego que quien no quiere ver”, como sentencia el saber popular. Pero también expresión desnuda de lo que es el poder y el autoritarismo que lo refrenda. De ahí que después de negarse durante año y medio a dialogar y atender los reclamos del Comité Nacional de Paro, el Presidente deduzca que no hay motivos para las protestas, al negar que éstas hayan sido motivadas por una explosión de inconformidad, pues lo que él dice observar es un “estallido de emprendimientos y creatividad”, afectado por “algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad”3.

Sin embargo, la permanencia de la protesta por más de 60 días y la alarma de entidades nacionales e internacionales referidas a los graves hechos de violencia estatal muestran otra realidad. Los registros de la Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas durante estos dos meses dan cuenta de: 84 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 43 casos no se ha identificado el agresor; 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el Esmad y civiles armados no identificados; 84 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego, 298 defensoras de DDHH que hacían verificación de abusos fueron agredidos por agentes de policía; 808 mujeres han sido víctimas de violencias policiales (516 detenidas, 136 heridas, 4 asesinadas y 106 fueron víctimas de violencia basada en género); en tanto que 3.274 personas han sido detenidas, generalmente de manera arbitraria y muchas de ellas sometidas a torturas y/o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención4

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, las agresiones en contra de periodistas superan la cifra de 300, sin que hasta el momento se conozcan resultados de las investigaciones o sanciones más allá de las declaraciones públicas realizadas por la Alcaldesa de Bogotá, la fiscalía o la presidencia. Durante estos dos meses de Paro Nacional los periodistas han sufrido 102 agresiones físicas, 45 amenazas, 26 obstrucciones al trabajo periodístico, 14 robos o eliminación de material, 17 hostigamientos y 11 detenciones ilegales, entre otras agresiones5.

El Esmad, ¿protege o violenta?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– fue creado mediante Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999 de la Dirección General de la Policía, durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana. Previsto inicialmente para confrontar las movilizaciones gigantescas de los campesinos cultivadores de coca perseguidos por el Estado, se estableció de manera transitoria, pero una vez implantado el Plan Colombia con sus enfoques contrainsurgente y de “guerra contra las drogas” se decidió establecerlo de manera permanente.

Los sucesivos gobiernos le han concedido a la Policía la facultad de reglamentarse a sí misma en el ejercicio de sus actividades y procedimientos, por lo que en estos reglamentos poca coherencia con estándares de derechos humanos puede encontrarse. Ejemplo de esto son las reglamentaciones sobre el uso de armamentos que descargan contra los civiles y que a pesar de denominarlos “de letalidad reducida” han causado ya varias decenas de muertos, y cada vez más añaden nuevos dispositivos que resultan mortales. La resolución 02686 sobre dotación de armas de letalidad reducida dispone el empleo de la mayor parte de estos artefactos. Su dotación, equipamiento, accionar, tácticas operativas e ideología encarnan la más perfecta concepción de un trato a la población desde la condición de “enemiga”. 

En las condiciones impuestas al movimiento social por un gobierno como el de Iván Duque que se niega a negociar o hace uso dilatorio y burlesco del diálogo para negarse a ceder cualquier concesión a la movilización ciudadana, la noción de conservación del “orden público” o de “legalidad” se reduce casi siempre a la disolución violenta de la protesta social, previa su estigmatización y la criminalización de sus líderes o de los sectores que arriesgan para defender la vida y la integridad de los manifestantes (como el caso de la persecución, estigmatización y judicialización de jóvenes integrantes de las llamadas “primeras líneas”). 

Estas reiteradas actuaciones, perpetradas de manera arbitraria y contraria a los mandatos legales y constitucionales, llevan a que la existencia y proceder de este cuerpo de choque y contención de los derechos al reclamo y la movilización ciudadana lo hagan incompatible con los postulados básicos de un Estado Social de Derecho. No hay duda de ello, ya que no es concebible que en una democracia exista un cuerpo de agentes armados dedicados a impedir la libre expresión de los ciudadanos en las calles y a vulnerar de manera sistemática su integridad, o privarlos de su libertad o su vida cuando intentan hacerlo. La Corte Suprema de Justicia ha resumido estos patrones de actuación ilegal de este cuerpo policial afirmando que se evidencia una “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”6.

Los efectos de las actuaciones violentas, arbitrarias e indiscriminadas desplegadas con sistematicidad por este cuerpo policial desde su creación en 1999 y hasta el año 2019 causaron la muerte de al menos 59 personas7. En lo corrido del gobierno de Iván Duque la represión a la protesta social ha multiplicado las muertes de quienes reclaman en las calles, al punto que durante el año 2020 y solo hasta el mes de septiembre, la Campaña Defender la Libertad documentó 37 casos de muertes de personas asesinadas por la Policía y el Esmad en el marco de las protestas, a los que habría que añadir las 84 personas asesinadas en el marco de las protestas comenzadas el 28 de abril8

Además de los asesinatos ocasionados por el Esmad en contextos de protesta, también se denuncia que entre 2017 y 2019 la ocurrencia de 289 muertes a cargo de la Policía, según fuentes de Medicina Legal9, de las cuales solo el 0.69 por ciento ha terminado en condena, de suerte que la impunidad y connivencia estatal con sus actuaciones se convierte en un factor que impide frenar la sistematicidad de estas prácticas delictivas. En el 2020 fueron 86 las civiles víctimas de homicidios por parte de la Policía según la ONG Temblores10.

De igual manera, las denuncias indican que en 2020 se presentaron 7.992 casos de violencia interpersonal presuntamente cometida por la Policía y son la población negra y migrante los más afectados. En el caso de la población negra y contra migrantes existen 292 casos documentados. En cuanto a los casos de delitos sexuales en los que presuntamente participaron agentes policiales, se reportaron 30 durante 2020, según la ONG Temblores11. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa entre 2014 y octubre del 2020 se han iniciado 288 investigaciones que involucran a miembros de la Fuerza Pública por violencia o abuso sexual a menores de edad, de los que la institución que más reportes de investigaciones tiene es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242 procesos contra uniformados involucrados en abuso y violación de menores12

En suma, tanto por su incapacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales adecuadamente con sus principales funciones constitucionales, incluido el control del orden público y la prevención e investigación de los delitos en el marco de las protestas, como por su doctrina y resultados contrarios a cualquier estándar de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Esmad debe ser desmantelado pues ha demostrado ser estructuralmente incapaz de cumplir sus funciones con apego a la ley y respetar los derechos que deben ser garantizados en un Estado de Derecho.  

 

 

 

1Gutiérrez, N.P. (15 junio 2021). “La visita de la CIDH”. En: El Heraldo, Barranquilla. https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-visita-de-la-cidh-la-columna-de-nancy-gutierrez-825533

2 Infobae (2 junio 2021). Presidente Iván Duque reconoció que ha habido abuso policial, pero asegura que no es sistemático. En: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/02/presidente-ivan-duque-reconocio-que-ha-habido-abuso-policial-pero-asegura-que-no-es-sistematico/ 

3Cuarto de Hora (29 junio de 2021). En vez de «estallido social», Duque dice que ve «estallido de creatividad y emprendimiento». En: https://cuartodehora.com/2021/06/29/en-vez-de-estallido-social-duque-dice-que-ve-estallido-de-creatividad-y-emprendimiento/

4Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas (30 junio 2021). Boletín informativo 20: #ParoNacional. En: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/ 

5Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (30 junio 2021). Datos abiertos sobre agresiones a la prensa relacionadas con el cubrimiento del paro nacional en Colombia. En: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRhDY3s1iXi4BtoCSwYdqciHnOAyaENP7GiBMNzpSMLxFDpcNgTFiB6eKS70a6jGBjIwpruMqKmO9Wd/pubhtml 

6Corte Suprema de Justicia (22 junio de 2021). Sala Civil de la Corte Suprema ordena medidas para garantizar derecho a protesta pacífica. En: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/ 

7Wikipedia (2020). Escuadrón Móvil Antidisturbios. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n_M%C3%B3vil_Antidisturbios 

8Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas.

9Cote Lozano, J. S. (2021). “La Policía es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019: Temblores ONG”. El Espectador, 4 de enero de 2021. p. 4 

10El Espectador (24 febrero de 2021). “Policía habría participado en el homicidio de 86 personas durante 2020: Temblores ONG”. En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-habria-participado-en-el-homicidio-de-86-personas-durante-2020/?output-Type=amp

11Ibídem.

12El Tiempo (19 de octubre 2020). “Van 288 policías y militares investigados por abuso sexual a menores”. En: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/abuso-sexual-de-menores-cifras-de-militares-investigados-por-violacion-544080 

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Todas las fotografías que acompañan este artículo son de Victoria Holguín.

El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, una decisión histórica. El fallo es claro resultado de la lucha intergeneracional que busca materializar la autonomía y soberanía de los cuerpos de las mujeres, así como de unos magistrados defensores de una doctrina jurídica a tono con estas aspiraciones. Un logro que, por demás, evitará que más mujeres sean judicializadas y condenadas por este motivo, como hoy lo padecen 7.450 de ellas.

 

“La motivación para emprender la lucha por el derecho al aborto en Colombia viene desde hace mucho tiempo atrás, aquí hacemos un gran reconocimiento a la historia de las primeras mujeres feministas colombianas que empezaron a hablar de estos temas, a traerlos a la agenda nacional en medio de un montón de dificultades que impone una sociedad sumamente conservadora”.

La memoria, reconocimiento y énfasis es de Johanna Cepeda, con quien sostuvimos un diálogo ameno y lleno de enseñanzas. Johanna es una mujer joven, enfermera con maestría en salud sexual y reproductiva, que desde hace más de diez años es activista de la “Mesa por la vida y la salud de las mujeres”, y que además es cofundadora del grupo de Enfermería por el derecho a decidir.

 

 

La contactamos, entre otras inquietudes, para que nos diera su opinión sobre Causa justa, y no duda en responder describiéndola como un “movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, que lucha por la necesidad urgente de eliminar el delito del aborto del Código Penal, porque esto significa un avance para los derechos de las mujeres y un cambio favorable para la sociedad y la democracia en general. Lo impulsa la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, pero está conformado por diversas organizaciones de mujeres, académicos/as, activistas, centros de investigación, grupos de mujeres feministas, de derechos humanos, prestadores de servicios de salud y muchas personas que creen que esta causa es justa y se debe defender la libertad de las mujeres”.

Una lucha justa, necesaria y urgente

El papel de Causa Justa en la lucha por los derechos de las mujeres se da en medio de los escenarios de desigualdades y violencia de la sociedad patriarcal, la cual ataca por múltiples frentes y así como quiere asignar estéticas, formas de ser y de comportarse, quiere imponer lo que pueden hacer o no las mujeres con sus cuerpos, llegando al punto de obligarlas a parir sin su consentimiento.

Un patriarcado agresivo que no contento con lo anterior, las asesina por el hecho de ser mujeres, porque las considera un objeto de su propiedad. Esta situación puede verse con claridad siguiendo al Observatorio Feminicidios Colombia, al denunciar que entre enero y diciembre de 2020 ocurrieron 630 feminicidios y en las mismas fechas de 2021 fueron 622. En enero de 2022 se registraron 55 y la situación en lo recorrido del año va en aumento. Por su parte el informe: “La niñez no da espera 2022-Niñez Ya”, confirma que entre enero y octubre 2020-2021 creció en 10 por ciento la cantidad de niñas entre 10 y 14 años que fueron violadas y obligadas a ser madres.

 

 


Pero las negaciones, violencia y exclusiones de esta sociedad, profundamente patrialcal, también queda registrada en indicadores del Dane sobre desigualdad social entre hombres y mujeres, de acuerdo al cual en el 2019 la tasa de desempleo según nivel educativo de postgrado, educación universitaria, técnico profesional y tecnología, secundaria y primaria, es mayor para las mujeres en todos los campos (ver tabla).

 

 

Curiosamente, la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó más que la de los hombres en el periodo 2008-2019, pasando del 46,4 por ciento al 53,1. Todo un triunfo dirán algunos, pero la realidad de este incremento es que se vive en condiciones más precarias y discriminatorias para las mujeres, con mayor informalidad y menores salarios, como lo evidencia el Dane con sus estadísticas. La brecha salarial total entre hombres y mujeres con ocupación en 2019 es de 12,9 por ciento; las mujeres ocupadas sin hijos ganan 7 por ciento menos que los hombres ocupados sin hijos; las mujeres ocupadas casadas ganan 15,8 por ciento menos en el ingreso mensual que los hombres ocupados casados.


Adicional a esto, como también lo registra el Dane, el 27,5 por ciento de las mujeres en Colombia no cuentan con un sustento económico propio, proporción casi tres veces mayor que el 10,5 de los hombres que padecen igual realidad. Una diferencia agravada en el ámbito rural, donde la probabilidad de no contar con ingresos propios por parte de una mujer es cinco veces mayor a la de un hombre.


Un proceso de años

En medio de este panorama que oscurece y nubla la realidad de las mujeres, los procesos organizativos avanzan y obtienen grandes triunfos, como el de la despenalización del aborto hasta la semana 24. Al preguntarle a Jhoanna en que se basa esta lucha nos dice: “[…] en reconocer a las mujeres como sujetas de derechos, reconocer nuestras decisiones como válidas, como moralmente importantes y reconocer que el hecho que una mujer pueda tomar decisiones sobre su reproducción le permite alcanzar otros niveles de salud, estilos de vida y le permite desarrollarse como esa mujer lo desea, porque creo que el principal problema ha sido siempre mirar la maternidad como una situación obligatoria de las mujeres por tener una capacidad reproductiva. Pero al imponernos la maternidad lo que se hace es violentar nuestras expectativas como mujeres, si la maternidad no va en nuestro proyecto de vida o si sentimos que no es el momento de ser madres”.

 

 

Entendiendo que su lucha no es de ahora sino de años atrás, le preguntamos a Jhoanna su valoración de los avances en este proceso, y su respuesta llega sin titubeos, inmediata: “en esta lucha hemos tenido varios avances, por ejemplo, en el 2006 fue muy importante la despenalización parcial bajo las tres causales a nivel legal y de reconocimiento de derechos, sin embargo, después de 16 años de haber jugado las reglas de juego de la Corte Constitucional, intentando que las mujeres accedieran a estos servicios por las tres causales, lo que encontramos fue un sinnúmero de barreras de acceso, y no solamente las que impedían el servicio, sino el incremento desproporcionado del número de persecuciones y de condenas de mujeres que solicitaban un aborto” (ver recuadro: Procesos judiciales a mujeres que abortaron en Colombia).
   
“Aunque celebramos, creemos que la Corte pudo haber hecho más, podían sacar del Código Penal el delito de aborto voluntario, no lo hicieron y aún nos queda esta lucha. Esperamos que con este nuevo fallo haya un compromiso mayor del Estado y de la institucionalidad, pero sobre todo de la sociedad de entender que esta es una decisión muy íntima, muy personal, que es un derecho y que, además, se relaciona con otros múltiples derechos fundamentales de las mujeres como el derecho a la vida, que no es solamente la parte biológica, sino que implica vivir con dignidad, en línea con nuestras propias ideas, en vivir la vida como yo la quiera vivir, pero también que ninguna mujer muera por acceder a un aborto ilegal. Si hablamos del derecho a la salud, implica que tengamos el mayor estado de bienestar físico, mental y social, pues para muchas mujeres una maternidad puede significar un riesgo y una afectación inminente de cualquiera de estas tres esferas”. 


Un cuerpo embarazado que necesita desembarazarse


Una cosa es clara, esta lucha no es solo para las mujeres heterosexuales, la discusión se complejiza mucho más cuando hablamos con Natalia, feminista popular, quien nos dice, “el derecho debería estar para cualquier persona que necesite desembarazarse, eso es clave, aquí estamos peleando por condiciones, garantías, seguridad y derecho a tecnología para los cuerpos que abortan” (ver recuadros: Tratamiento con medicamentos y Tratamiento quirúrgico).

Natalia ha trabajado como prestadora de servicios de aborto seguro de manera institucional, aunque en la actualidad presta estos mismos servicios desde lo clandestino, “si las chicas necesitan una interrupción del embarazo, y yo tengo la información de cómo hacerlo, pues se las comparto. Obviamente esto se hace bajo unos acuerdos previos que son: no hay ninguna mediación económica entre ellas conmigo, si hay una complicación en el procedimiento la persona debe ir a un centro médico, el medicamento deben conseguirlo por su propia cuenta ya que yo no lo puedo distribuir. Lo que hago es acompañar a las mujeres y cuerpos que abortan, ya no desde lo institucional, sino desde el activismo”.

 

Al preguntarle sobre las barreras para acceder al aborto para personas trans y no binarias, y si hay una diferenciación en lo institucional para este tipo de población a la hora de realizarse un aborto, Natalia nos responde con claridad:

“Imagínense, si para los cuerpos de las mujeres acceder al aborto es difícil, para una persona trans o no binaria es peor, pues se les presentan muchas barreras por las múltiples discriminaciones estructurales que viven en su día a día.

Actualmente no existe una diferenciación desde lo institucional para personas trans y no binarias a la hora de acceso al aborto, tendría que existir y creo que es un trabajo fundamental que vienen realizando en Argentina, que se ha esparcido a lo largo de los coletazos de la marea verde. Entonces, hoy también nos preguntamos por la necesidad de complejizar mucho más el reconocimiento de la sociedad, mucho más allá de la heterosexualidad.

Creo que desde lo jurídico la Corte Constitucional es muy clara en abrir el tema a la ciudadanía, en sus fallos no solamente habla de mujeres, habla de cuerpos que están en gestación. Eso es un gran avance, sin embargo aún queda el reto de transformar la sociedad. Pues si te fijas, hasta en los servicios de salud que están medianamente preparados para prestar el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo se presentan barreras para las personas trans y no binarias, pues desde que te sientas en la sala de espera todos los afiches traen mensajes de mujeres que dicen “mujer, decide sobre tu cuerpo”, “la maternidad será deseada y feliz”, “mujer, toma tu anticoncepción”. Entonces, nuevamente está presente esa heteronormatividad que piensa que las únicas personas que quedan embarazadas son las mujeres heterosexuales”.

 

 

Tras un respiro fuerte, como para descansar, prosigue, “Todo se complejiza aún más cuando un chico trans decide continuar con su embarazo, pues todo el mundo pensaría que va a abortar, es lo que nos dicen que hay que pensar y no es así necesariamente, muches deciden continuar y ser padres”.

Para finalizar Natalia nos cuenta que, aunque valora y festeja lo ocurrido tras el fallo de la Corte Constitucional, “actualmente hay muchas personas diversas y mujeres feministas que saben que pueden dirigirse a una EPS para exigir que les practiquen el procedimiento de aborto, sin embargo, muchas prefieren hacerse el procedimiento con el acompañamiento de organizaciones populares como Las Parceras en Bogotá, o Las Tiguacas en Risaralda, que además de acompañar el proceso físico, acompañan la parte emocional de quien toma la decisión, evitando así los tramites, demoras, juzgamientos y limitaciones que pueden presentarse por la rigidez institucional en las EPS”. Todo un tema que profundizaremos en artículo que traerá la edición abril-mayo de nuestro periódico.

 


Procesos judiciales a mujeres que abortaron en Colombia

 

Según el informe “La Criminalización del Aborto en Colombia”*), publicado en julio de 2021, la base de datos relacionada por la Fiscalía General de la Nación trae las siguientes cifras:
Se han registrado 5.737 procesos por el delito de aborto, de los cuales 4.355 están inactivos y 4.754 están en etapa de indagación.

• 7.450 casos están en etapa de ejecución de penas, es decir, son casos en los que ya hay condena o se decretó medida de aseguramiento.
• 102 casos están en etapa de juicio, es decir, que el juez no se ha pronunciado aún en un sentido u otro.
• En 2.431 casos la noticia criminal se obtuvo por «actos urgentes», mientras que en 1.580 y 1.540 casos, respectivamente, se obtuvo por denuncia e informes. Los «actos urgentes» son los que se relacionan con delitos en progreso. Se solicita a la policía presentarse en el lugar para tomar acciones de protección a la población y proceder a la captura. Los informes, por otra parte, se refieren a actuaciones rutinarias que determinan que se ha cometido un delito.

En los últimos 15 años ha aumentado significativamente la persecución del delito de aborto y han aumentado las condenas por tal motivo. Mientras en 2006 se condenaron 12 personas, en 2007 fueron 25, y en los siguientes 13 años el promedio de condenas fue de 26.

* Ver en: https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2021/08/La-criminalizacioi%CC%80n-del-aborto-en-Colombia_LaMesa-1.pdf

 



Tratamiento con medicamentos

 

El Misoprostol es un medicamento creado para prevenir y tratar enfermedades digestivas como las úlceras gástricas, pero por una especie de accidente, cuando se lo formulaban a mujeres embarazadas, uno de los efectos que generaba eran contracciones uterinas con posibilidad de expulsión; con el paso del tiempo se empieza a utilizar en trabajos de parto para generar contracciones artificiales. De igual manera, muchas mujeres lo utilizan para abortar.

Otro medicamento que sí fue creado por científicos y científicas para abortar es la Mifepristona, que desde 1980 se utiliza en Francia para expulsión de productos uterinos (tumores, quistes, embarazos). En Colombia hasta hace muy poco se autorizó su venta, aunque hay restricciones, no es posible conseguirla sin formula médica.

Tratamiento quirúrgico

Históricamente se ha utilizado el legrado, que en la práctica es la utilización de una especie de cuchara que se introduce por la vagina para empezar a raspar las paredes del útero. En el artículo “El legrado uterino, indicaciones, beneficios y riesgos”, el ginecobstetra Miguel Ángel Alarcón Nivia*, nos brinda algunos datos históricos de esta práctica médica:

• 1723, René Croissant diseña una cucharilla para limpiar heridas de la piel mediante raspado.
• 1828, Samuel Lair usa un estilete para explorar el fondo uterino.
• 1846, el cirujano y ginecólogo francés Joseph Claude Anthélme Recamier, del Hôtel Dieu de Paris, introduce la cureta con la forma con la cual se conoce actualmente, para el raspado de la cavidad uterina.
• 1878, C. Ruge y J. Veit sugieren que el curetage puede ser utilizado con fines diagnósticos.
• 1924, Howard Atwood Kelly inicia la era de legrados en el consultorio, con sedación o sin ningún tipo de anestesia.
• 1935, Emil Novak diseña su cánula o cureta de pequeño calibre y punta aserrada para hacer biopsias. En ese mismo año, Novak diseña un sistema de aspiración y legrado, mediante la utilización de un vacuum conectado a tubos aserrados (de mayor calibre a la cureta de Novak).
• 1982, Cornier diseña una cureta flexible para conectar a un aspirador llamado vabra.
• 1986, se inicia la histeroscopia diagnóstica, con eventos aislados de biopsia o extirpación de masas polipoideas.

En la actualidad, el método tecnológico más avanzado es la aspiración manual endouterina, que realiza un vaciamiento del útero al vacío, dejando como consecuencia un sangrado similar al de la menstruación y que se supera en alrededor de 9 a 10 días. Sin embargo, acceder a esta tecnología en Colombia es limitado para las mujeres y, por el contrario, se continua con la practica del legrado que en Europa se dejó de practicar desde el siglo pasado.

* Ver en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis/article/download/1837/2215/4966

 

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Publicado enEdición Nº289
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Lo fundamental hoy para todos los actores sociales es la defensa integral de los derechos. Ahí debe centrarse la mirada y la acción para enfrentar las consecuencias de la pandemia en curso.

 

El presidente Duque había perdido toda capacidad de gobierno en noviembre de 2019. El paro del 21 fue el acontecimiento que constató ese estado de cosas. A las demandas del comité de paro se le sumaron las recomendaciones de la Misión de Sabios que el mismo Presidente había constituido. Si el pliego reivindicativo de los trabajadores era apremiante, las propuestas de la Misión tenían carácter de “urgencia”. El informe concluía con un “[…] llamado de urgencia y en altavoz al Gobierno Nacional y a la Sociedad en general”.

El Presidente y su círculo inmediato, me parece, reconocieron que la situación era apremiante y organizaron unas mesas temáticas para buscar concertar soluciones a los problemas. Hubo quienes sostuvieron que se trataba de dilatar y diluir con el paso del tiempo el imperativo de cambio que la sociedad estaba exigiendo. La llegada de la pandemia planetaria alteró todas las premisas de la existencia humana. En esas nuevas condiciones el presidente y su gobierno, asumió que ya no era necesario ocuparse de los cambios.

Hoy, abril de 2021, el gobierno sigue creyendo que no es necesario volver la vista atrás y que el paro del 21 de noviembre es sólo un mal recuerdo. Pero aunque pueda parecer cierto, realmente hoy tenemos unas demandas de cambio más solidas y apremiantes. Veamos lo concerniente con la educación.

En primer lugar está la incompetencia del gobierno para cumplir la tarea de vacunar al magisterio. Esa medida elemental ni siquiera la mencionan el ministro de Salud y la ministra de Educación. En lugar de ocuparse de esa responsabilidad han propuesto un debate lleno de insinuaciones malévolas acerca de la incompetencia de maestras y maestros y de la responsabilidad de Fecode en los malos resultados de los estudiantes en las pruebas Pisa.

Pero lo evidenciado por la pandemia es la precariedad de las condiciones en que se lleva a cabo la labor pedagógica y de la enseñanza. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta los mezquinos recursos asignados a la política educativa en sus diferentes niveles: desde el preescolar hasta la universidad. El hecho puesto de manifiesto por la pandemia de modo brutal, no es gratuito. Es el resultado de las decisiones tomadas por los gobiernos, en contravía de los postulados constitucionales y los de la Ley General 115 de 1994. Se trata de la contrarreforma iniciada en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), agudizada durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y mantenida durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Las propuestas de cambio en asuntos educativos del pliego de Fecode en noviembre del 2019 y las recomendaciones de la Misión de Sabios, todas orientadas a hacer realidad la promesa legal y constitucional del derecho a la educación, ahora cobran una dimensión más amplia. Se trata de garantizar a las familias, los estudiantes y los maestros el derecho a la salud. Sin esa garantía el derecho a la educación no es posible. Se trata, también, de la renta básica para impedir que el hambre degrade la existencia de la niñez, la infancia y la juventud. Se trata, así mismo, de garantizar una vivienda digna a todas las familias. Con la ausencia de estos derechos son inútiles los esfuerzos de formación de las nuevas generaciones.

Ahora, gracias a la pandemia es transparente que no es posible garantizar el derecho a la educación sino se garantiza también el de la salud. Y sin la garantía de una renta básica y de una vivienda digna, las familias no pueden asumir los compromisos con la educación de sus hijas e hijos. El Estado social de derecho tiene pues que operar para que la sociedad asuma su obligación. Sólo de esa manera se podrá cumplir con el postulado de la Constitución y de la Ley General de Educación que establece que la sociedad, la familia, la comunidad magisterial y el Estado convergen en la misión de formar a las nuevas generaciones.

Estamos en una nueva etapa respecto a noviembre 21 del 2019. En ese momento se trató de buscar un cambio acotado de las políticas gubernamentales. Ahora, después, de la trágica travesía que nos impuso la pandemia, lo que era una constatable incompetencia del gobierno, ahora es la experiencia del colapso de un modo de producción y de su superestructura histórico-cultural. Lo padecido aquí en términos locales tiene su realización global. La humanidad se enfrenta a una amenaza existencial desencadenada por la codicia del 1 por ciento. Ante este acontecimiento, sin antecedentes en la historia de la humanidad, se comienzan a ensayar las viejas salidas de la guerra. Algunos apelan a la famosa disculpa de la Trampa de Tucídides acuñada por Raymond Aron para justificar la primera y la segunda guerra como acontecimientos inevitables. Pero este debate sólo lo presento de manera preliminar como un llamado de atención acerca de lo que no es lo fundamental. Hoy lo fundamental es la defensa integral de los derechos.

 

 

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Publicado enColombia
Una revista alemana nombró al papa Francisco como "el hombre más sexista del mundo"

Por ser "el jefe de un sistema en el que las mujeres son personas de segunda clase"

Una revista alemana nombró al papa Francisco como “el hombre más sexista del año” porque, aunque lo reconoce como progresista en aspectos como la lucha contra el cambio climático, señala que “es el jefe de un sistema de apartheid en el que las mujeres son personas de segunda clase”.

“Hay muchas cosas buenas que decir de este Papa. Cuando el argentino nacido en Italia se mudó al Vaticano en 2013, no se instaló en los magníficos apartamentos papales, sino que en la casa de huéspedes. No lleva zapatos de cuero rojos ni estolas bordadas barrocas, sino sandalias y una sotana sencilla. Rechaza demostradamente la pompa y busca la cercanía del pueblo. Y usa su autoridad para criticar al capitalismo, al racismo, y para salvar el clima”, dice la publicación de la revista Emma.

Sin embargo, el artículo lamenta que el pontífice “tenga otras facetas completamente diferentes, que no son detalles sino temas centrales”. “Porque este Papa también es el jefe de un sistema de apartheid en el que las mujeres son personas de segunda clase. Solo por su sexo biológico, son siervas de patrones píos y limpian los pisos de las iglesias. Están excluidas de los sacramentos y de la ordenación, es decir, del acceso independiente a Dios”, agrega.

En un decreto de este año, Francisco habilitó a las mujeres a ocupar los cargos de Lectores o Acólitos, ministerios católicos que hasta ahora estaban reservados para los hombres, aunque en la práctica había mujeres que ya realizaban estas tareas.

“Incluso en el siglo XXI, el Vaticano está a la cabeza de la sociedad de hombres más antigua y hermética del mundo. En el que no es casualidad que los hombres que aman a los hombres se sientan especialmente cómodos -continúa el artículo-. Y este Papa se asegura de que siga y siga. Con desprecio por las mujeres, oculto en la idealización. Y con violencia sexual, ignorada durante mucho tiempo”.

La revista alemana, además, recuerda que Francisco está en contra del aborto y “tampoco está tratando de aliviar el conflicto sistémico” que produce la clandestinidad. “Se lanza en contra de las mujeres embarazadas desesperadas y no deseadas, y las que están junto a ellas. En su audiencia general en la Plaza de San Pedro, el 10 de octubre de 2018, el Papa declaró que ‘el mal en el mundo’ proviene del ‘desprecio por la vida’”, acusa la publicación y agrega que el Papa “es el principal responsable de estos abortos ilegales. Eso comienza con su demonización de la anticoncepción”.

“Debido a tu culpa, tu culpa, tu gran culpa, hemos llegado a creer que casi nadie en el mundo cristiano es tan responsable de la miseria de las mujeres y los niños como tú. Por eso se merece sobradamente el título de “el hombre vivo más sexista”, concluye el artículo.

27 de octubre de 2021

Publicado enSociedad
Vacuna covid-19: ¿protección, negocio o violación de derechos?

La regulación legal, base para la vacunación en Colombia, es la ley 2064 del 9 de diciembre de 2020, en la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19, la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones. Es importante resaltar que en ningún momento se regula en esta Ley sobre la obligatoriedad de participación en el proceso de vacunación; lo que especialmente aclará la misma es el principio de gratuidad, particularidad que se menciona expresamente en el artículo nueve; otro principio fundamental que deja en claro es la Universalidad.

La Ley 2064, es una previsión del proceso de vacunación que en efecto se desarrolla desde la tercera semana de febrero de 2021, y la que no previó un desafío posterior, presentado justo en el momento que se desarrolla la vacunación por etapas, y sí contemplado en múltiples decretos que desarrollan la norma: la apatía, o el temor o el rechazo directo que puede tener un sector de la población y que los lleva a la decisión de no aceptar el biológico.

Un desafió que no es menor. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 44,2 por ciento de los colombianos dijo no estar interesado en aplicarse la vacuna, situación que genera tensión frente a los espacios de la convivencia común e incluso en el ámbito laboral. Algo que para algunos eran impensable sucediera en esa magnitud. El quid del asunto es que poco a poco se llega a una obligatoriedad encubierta que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, salvo insistir en la necesidad de lograr inmunidades de rebaño a partir de coberturas masivas en la población.


¿Vacunación obligatoria o no? Derechos involucrados

Para establecer una hipotética obligatoriedad de la vacunación, es necesario establecer de manera somera los derechos que se encuentran involucrados en tensión, para decidir si se obliga o no, y nos vamos a referir a derechos fundamentales desde la Constitución en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El derecho a la vida (art. 11), libre desarrollo de la personalidad (art. 16), libertad de conciencia (art. 18), el derecho al trabajo (art. 25), esto en relación con algunos derechos fundamentales involucrados conforme el capítulo I, del título II de nuestra Constitución, y también entra en tensión uno muy importante del capítulo II, de los Derechos Sociales, económicos y culturales: Derecho a la Salud (art. 49).


La valoración de los citados derechos involucrados, nos puede llevar al mismo tiempo a decisiones contradictorias, porque sobre la base de estos mismos derechos podría negarse o imponerse la obligatoriedad. De antemano obsérvese que la balanza la puede inclinar básicamente el derecho a la salud, frente a los fundamentales de la vida, la libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, etcétera.

En este proceso hay que tener en cuenta que la vacunación requiere la introducción de una sustancia ajena al cuerpo, por lo que en principio necesita la voluntad de la persona que acepta o da su consentimiento para recibir el biológico. Desde este primer punto de vista, la vacunación nunca podría ser obligatoria ya que requiere una expresión voluntaria y libre de la personalidad del sujeto. En sentido contrario, al entenderse la vacunación como parte de un tratamiento que incluso puede considerarse preventivo, en libre expresión de su personalidad el sujeto también puede negarse a ser innoculado, blandiendo objeción de conciencia frente. Pero acá aparece otro importante derecho como obstáculo a este tipo de determinación: la salud pública, que como derecho colectivo podría imponerse sobre todo cuando es un sector amplio de la población el que se vería en riesgo frente a la actitud o el derecho de un solo individuo o en todo caso de un grupo minoritario. Consideramos entonces que esta podría ser la única excepción fuerte a la no obligatoriedad.

 

 

Que la OMS y todos los Estados hayan declarado que estamos en medio de una pandemia denominada covid-19 y que todos los Estados estén tomando medidas para contenerla, entre ellos la vacunación, y que ello obedezca a un riesgo ostensible para la salud de la mayoría deja en evidente ventaja el derecho a la salud frente a los derechos individuales en cuestión, ante una hipotética obligatoriedad de la vacuna que ya están aplicando o proyectando entre las medidas que toman los diferentes Estados.

En los derechos involucrados mencionamos expresamente el derecho al trabajo, porque este vive una tensión particular frente a los efectos de la pandemia, porque es en la población trabajadora que la tensión entre la obligatoriedad de la vacuna ha tomado un tono más fuerte, pues la consigna parece ser que la necesidad de trabajar cede frente a la voluntad de querer o no aceptar la vacunación; de hecho, es común que la empresa pública o privada envíe permanentemente links en plataformas digitales para que los empleados reporten en que momento se encuentra su proceso de vacunación.

Expertos en el área de derecho laboral se oponen abiertamente a que pueda amenazarse o derivarse algún tipo de sanción para los trabajadores que no accedan a la vacunación de forma “voluntaria” ya que atentarían contra la estabilidad laboral, y ni siquiera aceptan la imposición de otras modalidades como pasarlos a teletrabajo o a áreas que impliquen menor exposición a contagios, lo cual podría ser considerado un “castigo”. Sin embargo, en la práctica triunfa otra premisa y es que si el Gobierno o la empresa determinan que la vacunación es obligatoria, el empleado prácticamente no puede abstraerse de la obligación pues el Estado o la empresa privada resaltarán que deben garantizar un servicio no para el privilegio de uno sino de toda una comunidad. Por lo mencionado hasta este punto, todo indica que la tensión está a favor de los derechos colectivos y no de los individuales, y en tal punto podría prevalecer la obligatoriedad.


Vacunación y medias sanitarias: otro paso a la obligatoriedad


A medida que avanza la pandemia, y sobre todo la estrategia de vacunación mundial, con consecuentes desafíos y diferencias abismales entre Estados y poblaciones del primer y el tercer mundo, no hay duda que los países que imprimen la marcha en el orden mundial también van imponiendo poco a poco sus políticas públicas de obligatoriedad “velada” de la vacunación, como es el caso de la Unión Europea que a partir del 1 de julio de 2021 oficializó el Certificado covid digital de la UE, con la aplicación del reglamento acordado por los principales organismos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo), lo que han dado en llamar implementación de los pasaportes sanitarios, que incluso ofrecen un reparo desde la cantidad de información personal que recaban de los ciudadanos pero que ellos aseguran “no realizaran tráficos indebidos con los datos personales” ya que solo es con fines de autenticación de la información sobre el estado de vacunación o cantidad de dosis aplicadas.

Sin embargo, con asombro puede observarse como en la aplicación de políticas dominantes, también desde el punto de vista sanitario, este bloque de países se da el gusto de aceptar o rechazar, para efectos de permitir la circulación en el territorio Schengen, entre las vacunas homologadas; según lo cual las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), son: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson.


Tras establecer el pasaporte que en principio no es obligatorio, pero que es un requisito a cumplir esté o no vacunado el ciudadano, muchos de los países europeos lo están considerando prácticamente obligatorio para poder realizar muchas actividades de ocio y turismo, en teoría con una finalidad absolutamente preventiva ante posibles contagios masivos en las actividades descritas.

Un protocolo que están retomando los demás países del orbe, incluso en nuestra realidad, ya es común exigir el certificado de vacunación covid 19 para poder asistir a espectáculos masivos como el fútbol, conciertos, entre otras actividades. Incluso se exige un esquema de vacunación ya completo, dejando cada vez más en entredicho la no obligatoriedad de la vacuna.

Estrategia que apunta a fomentar la vacunación masiva, con el objetivo de lograr la denominada “inmunidad de rebaño”, todo ello sin tener en cuenta la afrenta que implica frente a la violación de otros derechos fundamentales, como los ya listados supra, poniendo de presente la tensión entre la reactivación económica y la posibilidad que los “desjuiciados”, sobre todo población joven, hagan valer sus derechos y se sometan a los designios de las mayorías.

Estas medidas de política pública, de restricción de ciertos derechos y resumidas en los pasaportes sanitarios, o como se les quiera denominar, ante el privilegio alcanzado por la necesaria reactivación económica, lo que pretenden es evitar los confinamientos, lastre de la producción y el mercadeo. En este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso podrían considerarse necesarias en una sociedad democrática donde la salud pública, como derecho colectivo, está por encima de unos de carácter meramente individual.


Vacunación y Bioética: qué dice la ciencia


Otro punto de vista que necesariamente debe tenerse en cuenta en este debate, es la posición de la ciencia desde la bioética, que aborda asuntos de fondo que muy posiblemente no tienen una respuesta segura en este momento, como: ¿Sí son eficaces las vacunas para prevenir la transmisión? ¿Hay en realidad acceso igualitario a la vacunación en el mundo?

Para ambientar brevemente esta discusión, nos parece oportuno referenciar al experto en Bioética Julian Savulescu, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, quien en su artículo: “Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?”* considera que sólo cabe proceder a la vacunación obligatoria cuando se dan cuatro condiciones fundamentales:

a. Hay una amenaza grave para la salud pública.
b. La vacuna es segura y efectiva.
c. Las políticas de vacunación obligatoria muestran una ratio de coste/beneficio superior a otras alternativas.
d. El nivel de coerción impuesto es proporcionado.

Responder a cada uno de estos puntos que correctamente plantea el experto, podría llevarnos a otra columna sobre la materia, pero a groso modo podemos decir que prácticamente la única premisa que se cumple es la grave amenaza para la salud pública, porque sobre la seguridad y efectividad de las vacunas por ahora no hay estudios científicos unívocos; menos sobre el coste-beneficio de la obligatoriedad, y en cuanto a la coerción de derechos de manera proporcionada, en realidad está por verse.

Recordemos, incluso que, frente a la efectividad, recientemente nos enfrentamos a la “proposición” de una tercera dosis por parte de las farmacéuticas, como es el caso de la estadounidense Pfizer, con la justificación de proteger contra la nueva variante delta del coronavirus y según datos preliminares de un estudio, que como siempre son preliminares y en desarrollo.

Sobre lo anterior obliga decir que existen numerosas variantes del virus: Cepa alfa (Reino Unido), Beta (África), Gamma (Japón) Delta (India) y Delta Plus (varios países), por lo cual otras farmacéuticas propietarias de la vacuna Moderna, AstraZeneca, Sinovac, también están “sugiriendo” tercera dosis. En Colombia, y según datos del ministerio de Salud, con la variante Delta el país completó 61 linajes covid.

El problema de las variantes, advierte la OMS, es que las mismas están asociadas a un aumento de la transmisibilidad o cambio en la epidemiología del covid-19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos disponibles.

Lo anterior indica que ni el virus está resuelto, ni está completamente diagnosticado, pero que alguien está tomando ventaja en el comercio “obligado” de las vacunas, y que lo que podrían ser solo dos dosis para obtener un “pasaporte sanitario” podría convertirse en dosis periódicas y necesarias siempre frente a las nuevas fuentes de riesgo biológico y, por lo tanto, los derechos siempre estarán en permanente tensión frente a la obligatoriedad.

A todo lo expresado, el tema nos obliga volver al origen y preguntarnos sobre todo en estos países del trópico de una fuerte tradición ancestral indígena: ¿Por qué no volvemos a las hierbas y a las raíces de los árboles? ¿Por qué, aunque sin el supuesto sustento científico (como tampoco lo tienen ciertamente las vacunas hasta ahora homologadas) no ayudamos a enfrentar la pandemia con las recetas tradicionales y sus propiedades que también han salvado vidas, y sin obligar a nadie?

Es una opción viable, junto con otro tipo de medicinas, que ha evidenciado efectividad en barrios populares, penales, comunidades indígenas y campesinas en general, incluso aplicada de distinta manera por galenos de amplia trayectoria que actúan en silencio ante el temor de perder su licencia profesional. Todo lo cual evidencia que la solución no puede ser solo la obligatoriedad a la que nos conducen los intereses de las multinacionales farmacéuticas, del empresariado y de los gobernantes para obtener pasaportes sanitarios, que por lo visto y por el nivel de dificultad que ofrece el virus en cuanto a desarrollo y variantes, nunca serán suficientes.

* Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? Disponible en: https://jme.bmj.com/content/47/2/78 BMJ Journal of Medical Ethics. Consultado 8(08/2021.

 

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Publicado enEdición Nº283
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