El aumento de precios de los alimentos incrementará el hambre en el mundo

Impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros factores

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) advirtió que las poblaciones más vulnerables actualmente pagan más por menos cantidad de alimentos.

 

En su informe semestral sobre la Perspectivas Alimentarias en el mundo difundido esta semana, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) advirtió que las poblaciones más vulnerables del mundo actualmente pagan más por menos cantidad de alimentos. “Los países gastarán este año un récord de 1,8 billones de dólares en la importación de los alimentos que necesitan, pero la cantidad de comida que comprarán no será más sino menos”, advirtió la FAO, cuya base mundial está en Roma. Y el mayor riesgo es que estos aumentos de precios lleven a un incremento del número de personas subalimentadas en el mundo.

​ Y ésta podría ser la consecuencia no sólo del aumento de los precios de los alimentos, de los insumos que se requieren para la producción de alimentos y de los costos de transporte sino también de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto entre dos superpotencias agrícolas que representaban el 30% del comercio mundial de trigo y el 78% de las exportaciones de aceite de girasol.

​ Desde el comienzo de la guerra, los precios del trigo aumentaron un 40%, lo que afectó a más de treinta países, importadores netos de trigo que dependían de estos dos países para al menos un 30% de sus importaciones. Esos 30 o más países han visto limitadas sus importaciones no sólo de cereales sino de fertilizantes que producían los dos países en guerra. La exportaciones rusas de cereales estaban destinadas principalmente a Egipto, Túnez y Turquía además de otros países africanos y asiáticos. Mientras en el caso de Ucrania, el 75% de la producción agrícola era exportada en tiempos normales, a China, Europa y países africanos. En 2021 Ucrania había tenido una súper cosecha que alcanzó los 106 millones de toneladas de cereales.

Los precios de los alimentos también aumentaron porque se incrementó el precio del petróleo, derivado de las sanciones que se han impuesto al petróleo y gas rusos a causa de la guerra. Ha influido asimismo el cambio climático que se está viviendo en todo el mundo.

Según el informe de la FAO, el costo mundial de las importaciones de alimentos aumentará en 51.000 millones de dólares en comparación con 2021. Se calcula igualmente que los países más pobres, entre ellos los de África subsahariana, registrarán un incremento de los costos totales a pesar de la reducción de las cantidades importadas.

El cambio climático ha provocado sequías en muchísimos países, incluida Italia por dar un ejemplo, donde el río Po, que riega toda la zona de cultivos de la llamada Padania, se ha visto notablemente reducido por la falta de lluvias.

Disminuirá la producción de cereales

“En vista del aumento de los precios de los insumos, las preocupaciones suscitadas por las condiciones atmosféricas y el incremento de la incertidumbre del mercado como consecuencia de la guerra de Ucrania, las últimas previsiones de la FAO apuntan a la probabilidad de que se contraigan los mercados alimentarios y de que los costos de las importaciones de alimentos alcancen un nuevo récord”, comentó el economista Upali Galketi Aratchilage, editor líder del informe Perspectivas Alimentarias.

La FAO asimismo prevé que la producción mundial de los principales cereales como trigo, maíz y arroz, entre otros, disminuirá en 2022 por primera vez en los últimos cuatro años y que la utilización mundial de ellos también disminuirá por primera vez en los últimos 20 años.

La producción mundial de trigo, por ejemplo, disminuirá a 771 millones de toneladas, según la FAO. La agencia de la ONU resalta un contexto tenso, con cosechas inciertas debido a la guerra en Ucrania o incluso a sequías, como la que tiene lugar en la India o en Argentina. Según informó la agencia AFP, Argentina, octavo productor de trigo del mundo, informó recientemente que su superficie sembrada con trigo será de 6,2 millones de hectáreas, la menor de los últimos 12 años.

Baja la producción de carne

La organización internacional advirtió asimismo que en el mundo no sólo disminuirá la producción de cereales sino también de carne, entre otros alimentos. Según los pronósticos de la FAO, en Argentina, la Unión Europea y Estados Unidos la producción de carne disminuirá, aunque no se especificó cuánto. Pero a nivel mundial se prevé en cambio un aumento del 1,4% gracias al incremento previsto en la producción de carne porcina en China. Las reservas mundiales de trigo aumentarán ligeramente en el año, principalmente debido a la acumulación previa de existencias en China, en la Federación de Rusia y en Ucrania.

Se prevé que la producción y utilización mundial de maíz alcanzarán nuevos récords a causa del incremento de la producción de etanol (biocombustible hecho con maíz o caña de azúcar según los países) en Brasil y Estados Unidos y de la producción industrial de almidón de maíz en China. También se espera que la producción mundial de azúcar aumentará después de tres años de descenso, impulsada por incrementos en la India, Tailandia y la Unión Europea

Fondo de ayuda para los países pobres

Ante este panorama y ante la posibilidad de que la inseguridad alimentaria aguda empeore a nivel mundial, haciendo registrar probablemente condiciones de hambruna localizadas en distintas partes del planeta, la FAO ha propuesto a los países miembros y ante el G20 (foro intergubernamental de coordinación económica y financiera), la creación de un Fondo de Financiación de las Importaciones de Alimentos a fin de dar apoyo a las naciones de bajos ingresos que dependen en mayor medida de las importaciones de alimentos. Se necesitan por tanto medidas urgentes a escala mundial para prevenir el hambre y las crisis alimentarias en los países vulnerables y en los hogares más pobres que, dados sus altos niveles de endeudamiento, no tienen acceso a fuentes alternativas de financiación.

Según los cálculos de la FAO, la guerra en Ucrania podría dar lugar a que el número de personas que padezcan hambre entre 2022 y 2026 aumente en 13,1 millones con respecto a un escenario que ya había crecido a causa de la covid-19 (se habló de un aumento de 13,8 millones de los que padecían hambre en 2021). Varias organizaciones de Naciones Unidas como FAO, OMS (Organización Mundial de la Salud) y Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) entre otras, estimaron que en 2020 las personas subalimentadas en el mundo habían llegado a un total de 811 millones, cerca de la décima parte de la población mundial.

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▲ Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo merecen titulares cuando les llega la muerte, como los que habitan en el campamento de refugiados más grande del mundo creado en 1992 en Bangladesh, donde más de 923 mil personas sobreviven en 194 mil viviendas improvisadas, levantadas con trozos de bambú y plástico, o con láminas, según datos de la ONU. El éxodo se acentuó en 2017, cuando los insurgentes rohingyas atacaron puestos policiacos y militares de Myanmar. Fotos Acnur/ Andrew McConnell y Roger Arnold / Arturo Cano

Una frase resume el "cambio de actitud" frente a las migraciones. Se ha repetido de mil formas en televisoras de todo el mundo, a propósito de la guerra de Ucrania: "Son rubios, como nosotros".

La Europa que acoge con entusiasmo a los ucranios es la misma que rechaza a los desplazados por otros conflictos bélicos (13 millones de sirios, por ejemplo).

Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo merecen titulares cuando les llega la muerte.

La trágica noticia es la misma, una y otra vez, cuando se trata del campo de refugiados más grande del mundo: "Se confirma que 15 refugiados murieron en el incendio y más de 560 resultaron heridos" (marzo de 2021); "El fuego arrasó mil 200 viviendas" (enero de 2022); "Sexto incendio en el campo cobró la vida de dos niños y dejó sin vivienda a centenares de familias" (marzo de 2022).

Los titulares se refieren al campamento de refugiados Kutupalong, en Bangladesh, donde sobreviven cientos de miles de personas. En la actualidad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que en Kutupalong y otros campamentos ubicados en el distrito Cox’s Bazar, de Bangladesh, hay poco más de 923 mil refugiados.

Una buena parte de ellos, 700 mil, cruzaron la frontera en 2017, cuando arreció la "limpieza étnica" contra el pueblo rohingya, de mayoría musulmana, conducida por el gobierno de Myanmar (antes Birmania). El golpe militar de 2021 en esa nación de mayoría budista no ha mejorado la situación.

Según la ONG Acción contra el Hambre, la inestabilidad política de Myanmar ha tenido entre sus principales víctimas a las minorías étnicas. Es el caso del pueblo rohingya, "que ha tenido que huir durante décadas del hambre, la violencia y las torturas del régimen militar y sus políticas de limpieza étnica" (desde 1982, los rohingyas son tratados como inmigrantes ilegales).

Odisea, hallar un árbol

Kutupalong se encuentra a unos 400 kilómetros de la capital de Bangladesh, Dhaka, en el golfo de Bengala, y es considerado por el Acnur el campo de refugiados más grande del mundo. Para el organismo internacional, se trata de la crisis humanitaria de mayor magnitud en las recientes décadas.

Un reporte de Médicos sin Fronteras da cuenta de la situación. Hacia 2018, describe, el gigantesco campo estaba dividido en 22 pequeños que seguían creciendo. Conseguir agua o leña para cocinar resulta toda una odisea. "No quedan árboles en los alrededores; para encontrar alguno se puede tardar unas tres horas a pie"; en los campos nuevos, muchas familias no son tan afortunadas y tienen que caminar lejos hasta llegar a los escasos pozos y letrinas”.

En los 22 campos de Kutupalong-Balukhali, el organismo humanitario ha levantado cinco hospitales, 10 puestos de salud y tres centros médicos.

La tragedia es persistente. Apenas hace unos días, las redes sociales se llenaron nuevamente de las terribles imágenes de un nuevo incendio.

Kutupalong fue creado en 1992. Pero alrededor de lo que fue el campamento original fueron creciendo, con el correr de los años, asentamientos todavía más precarios (el Acnur contabiliza 194 mil viviendas en todos los campos de la zona). Hoy es un amontonamiento de viviendas improvisadas, levantadas con trozos de bambú y plástico, o con láminas. Ahí vive una población equivalente a la de Morelia, Michoacán.

El escaso interés mundial frente a la tragedia de los refugiados puede explicarse cuando la Organización de Naciones Unidas asegura que los rohingyas son un pueblo "sin Estado" y "virtualmente sin amigos".

Limpieza étnica y crisis humanitaria

Hacia agosto de 2018, el Acnur reseñaba así el drama: “En el punto más alto de la crisis, miles de personas cruzaban diariamente a Bangladesh. La mayoría caminó durante días a través de junglas y montañas, o desafió peligrosos viajes por mar… Llegaron exhaustos, hambrientos y enfermos, necesitados de protección internacional y asistencia humanitaria”.

Un año antes, los despachos de las agencias internacionales explicaban los motivos del masivo desplazamiento: “La violencia y el éxodo comenzaron después de que insurgentes rohingyas atacaron puestos policiales y paramilitares de Myanmar, en lo que describieron como un intento de proteger a su minoría étnica de la persecución de las fuerzas de seguridad, en un país de mayoría budista. En respuesta, el ejército lanzó operaciones de limpieza para expulsar a los insurgentes” (La Jornada, 4 de septiembre de 2017).

De cuando en cuando, una celebridad visita los campos a invitación de la ONU y atrae los reflectores. En marzo de 2018 fue la ganadora del Óscar Cate Blanchet quien alertó sobre una "catástrofe programada" con la llegada de las lluvias monzónicas, otro de los riesgos que deben afrontar los refugiados.

Cuando no es el agua, es el fuego, pues son frecuentes los incendios que dejan muertos y heridos, además de acabar con las precarias viviendas. Apenas el pasado 8 de marzo, un incendio en Kutupalong 05 (los asentamientos han sido numerados para efectos del reparto de la ayuda) dejó dos menores muertos, decenas de heridos y unas 250 viviendas destruidas.

Los llamados de organismos internacionales son siempre insuficientes para atender las necesidades básicas de los refugiados.

Diferente trato para morenos y negros

Un reporte del Acnur aborda una crisis derivada, la de refugiados que han buscado dejar Bangladesh por vía marítima y que se han quedado en el océano durante meses: “En Bangladesh encontraron refugio, pero apenas tenían capacidad para decidir su propio futuro… cavaron zanjas y fortificaron albergues en preparación para los monzones y visitaron a sus vecinos para compartir información sobre el covid-19. Y aun así vivían en condiciones muy duras, en campamentos masificados en Kutupalong, sin posibilidad de conseguir educación formal o permisos de trabajo ni de moverse libremente”.

El Acnur ha señalado que la crisis de refugiados de Ucrania debe abrir la discusión sobre el crecimiento de la xenofobia, la discriminación y la exclusión, así como sobre las políticas "tóxicas" hacia los desplazados.

Lo puso de otro modo Judith Sunderland, directora de Human Rights Watch para Europa y Asia Central: "La maravillosa muestra de solidaridad con los refugiados ucranios contrasta fuertemente con el trato que reciben los migrantes y refugiados de otras partes del mundo, la mayoría de ellos morenos y negros".

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Colombia vive su peor crisis humanitaria desde la firma de los Acuerdos de Paz

Lorenzo Caraffi, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), presentó el miércoles 23 de marzo un nuevo informe sobre la situación humanitaria que registra Colombia (ver aquí) y en el cual registra, como también lo han afirmado otros organizaciones no gubernamenetales, que la firma de la paz no sirvió para contener el conflicto armado en el país, y que la violencia continúa dejando una estela de muerte, desplazamiento, amenazas, territorios minados, despojo, confinamiento, con el 2021 como el año de más altos registros de estos sucesos e, incluso, con signos crecientes en lo corrido del 2022.

De acuerdo a los registros presentados por el CICR, durante el 2021 las víctimas de artefactos explosivos se elevan a 486 (en el 2020 fueron 392), el 53 por ciento civiles, y entre estos 40 de las víctimas son menores de edad. De las 486 víctimas 50 murieron.

La disputa entre agrupaciones armadas prosigue por el territorio nacional, y algunos espacios están siendo copados por organizaciones armadas por narcotraficantes. Es notable la ausencia de fuerzas estatales o su respueta tardía ante diversos sucesos de este tipo.

Los desplazamientos forzados tampoco cesan y el CIRC registra, tomando como base datos oficiales, 53 mil personas a lo largo del 2021, "lo que representa un incremento del 148% respecto a 2020". 

Pero no solo esto, el confinamiento de miles de personas también fue notable durante el 2021, y de ello dan cuenta cerca de 45 mil campesinos e indígenas por estuvieron obligados a no salir de sus áreas de vivienda, obligados así por quienes disputan el control de estos territorios. un 60 por ciento más que el año anterior.

Un signo trágico del prolongado conflicto armado que marca la historia de Colombia, la desaparición forzada, tambien registró en el 2021, y según el CIRC […] cada dos días, en promedio, se registró un nuevo caso de desaparición relacionado con los conflictos armados y la violencia", la estadística más alta de los últimos cinco años. 

Una realidad, la de las personas desaparecidas que va dejando a Colombia como una extensa fosa. La ubicación en cementerios de diversos municipios del país, de cuerpos no registrados como enterrados y su posterior exhumación va dejando constancia de los más de cien mil desaparecidos que registra el país, y que algunas fuentes no oficiales elevan incluso en otros miles, cifras que no registraron, ni de cerca, las dictaduras que vivieron distintos países del continente.

"Estas cifras resultan dolorosas y aun así no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y la desesperanza que experimentaron miles de personas a causa de los conflictos armados en Colombia", manifestó Lorenzo Caraffi jefe del CIRC.

Pero la situación no parece tener límite, y en el 2022 “[…] el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado". 

De acuerdo al jefe del organismo humanitario, en los dos primeros meses del 2022 se registraron el 25 por ciento del total de víctimas por artefactos explosivos documentados en 2021, por lo cual enfatizó: Vemos una continuación de esas tendencias y estamos notando una aceleración en los primeros meses del 2022". 

Una vez conocido el informe, y como es típico en Colombia, el Gobierno se expresó en contra de lo afirmado. Jefferson Mena, Consejero Presidencial para los DD. HH. y asuntos internacionales, expresó que “[…] causa extrañeza que en el informe del CICR no se identifique a los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia”.

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:58

La farsa

La farsa

La "querida ciudad verde" –significado de Glasgow en gaélico– fue elegida como el lugar para la última mascarada verde. Los asistentes poderosos un día maldijeron a Trump por abandonar los acuerdos de París. Esos mismos poderosos también los abandonaron, incumpliéndolos. La "cumbre" de la COP1 tuvo lugar en Berlín en 1995. A la par de las 26 "cumbres", el cambio climático avanzó depredando el planeta, mediante el fácil expediente del incumplimiento de los acuerdos. En la COP26, China, EU, Australia, India, rechazaron abandonar el uso del carbón en sus actividades industriales y comerciales.

Las responsabilidades por país, son muy distintas. Así lo muestra el incisivo estudio del antropólogo suazi Jason Hickel "Quantifying national responsibility for climate breakdown", publicado por The Lancet (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2820%2930196-0). La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) incluye el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas". En el marco de la Cmnucc el cálculo se centra en las emisiones territoriales anuales actuales. Hickel señala una impostura en ese método.

Existe consenso en que 350 ppm (partes por millón) de CO2 atmosférico, es el límite planetario seguro. Actualmente es de 415 ppm. La última vez que se registró en la Tierra una concentración así fue hace entre 3 y 5 millones de años. La temperatura era entonces de dos a tres grados más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual, pero no había humanos. Las concentraciones de CO2 superaron las 350 ppm en 1990. El exceso sobre 350 ppm causó lo que Hickel llama ruptura climática.

Hickel calcula las proporciones de ese exceso, atribuibles a cada país, a partir del total del CO2 acumulado desde 1850. En su estudio el norte global comprende a Estados Unidos (EU), Canadá, Unión Europea (UE, 28 miembros), Israel, Australia, Nueva Zelanda, y Japón. El sur global incluye a América Latina, África, Oeste Medio y Asia. La distribución del exceso: EU, 40 por ciento; UE28, 29 por ciento; resto de UE, 13; resto del norte global, 10; sur global, 8 por ciento. Los países que causan el rebasamiento del límite, además producen daños aterradores continuos sobre los de baja emisión, la inmensa mayoría. Hay países ricos deudores de reparaciones climáticas y países acreedores. ­Hickel lo ha estimado. La ruptura climática continuará abrasando y ahogando a los seres humanos. Todo mil veces peor en el sur global. La farsa en la "cumbre" también continuará.

Nací en Jicaltepec, Veracruz, un pueblito de unos 500 habitantes a la vera del río Nautla, poblado por sucesivas olas de labriegos franceses, a partir de 1834 y campesinos llegados del Totonacapan. Vivieron ahí mis bisabuelos y abuelos maternos: una vida campesina de franca estrechez sin apremio alimentario. Entre mis cuatro y 12 años volví dos veces por año con mi familia. Después volví solo, unas ocho o 10 veces hasta los años 90. Dos veces más, después del año 2000. Vi la destrucción. De niño me deslumbré mil veces con la selva veracruzana, con las parvadas de loros y de guacamayas; con los colectivos de monos aulladores desplazándose velozmente por los árboles; con las enormes iguanas de colores; con los árboles inmensos de caoba, cedro, guayacán, huanacastle y todos los árboles frutales imaginables.

A partir de los años 60 comenzó el derrumbe. En esos años los estadunidenses consumían enormes cantidades de carne de res, que importaban. Apareció la plaga de los ganaderos rapando las selvas de la margen derecha del río Nautla, acaparando tierras de los campesinos, creando conflictos agrarios sin fin. Lo mismo ocurría en zonas cada vez mayores del país. El clima comenzó a cambiar, el río estaba cada vez más contaminado y su agua, antes potable, dejó de ser; las acamallas, desaparecieron. Los tremendos arribazones de pez bobo, cesaron. Cuando era niño los campesinos de Jicaltepec sabían hacer todo. Cultivar maíz, chile, calabaza, plátano, hortalizas, legumbres. Mi abuelo hizo su casa de guayacán y piso de tierra apisonada, su cayuco de roble, domó algún caballo, mató cerdos, cultivó por años y años su parcela de casi tres hectáreas. El ultraje capitalista acabó con todo lo que una vez fue.

Lo que veía en el nivel micro, ocurría de mil modos en el sur global. Leo a Julian Aguon: “En mi rincón, Micronesia, los hechos son aterradores. Estamos asistiendo a una subida del nivel del mar dos o tres veces superior a la media mundial. Algunos científicos creen que la mayoría de nuestros países con atolones de coral de baja altitud podrían ser inhabitables a partir de 2030… En Fiji, el gobierno lleva su propia lista de la muerte: un registro oficial de todas las aldeas que podrían tener que ser reubicadas debido a la subida del nivel del mar… Cuando hablé con Sailosi Ramatu, el jefe de la aldea, en julio, me dijo que el traslado fue lo más duro para los ancianos… No todos hicieron el viaje…”

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Leyner Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, durante un encuentro en Ibarra, Ecuador. Comisión de la Verdad / EFE

La Comisión de la Verdad recoge y presenta testimonios del exilio para hacer un reconocimiento a los refugiados en zonas fronterizas

 

 “Si hay algo característico del exilio es el olvido brutal”. Contra ese diagnóstico trabaja la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC —ahora convertida en partido político— para dar reconocimiento a las víctimas de lo que hoy podría considerarse el conflicto armado más largo en términos del exilio. Carlos Beristain, español, es el único comisionado extranjero en las entidades que trabajan para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. “Asumí esa responsabilidad de empezar un ejercicio de exploración en el mundo, de estrechar el contacto con las víctimas para animarlas a dar su palabra”, cuenta por teléfono desde España, a pocos días de su visita a la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Luego de tres años de mandato, la comisión debe emitir este año su esperado informe final.

En la ciudad de Ibarra se ha celebrado el segundo Encuentro por la Verdad para dar voz a los desplazados durante décadas. Ecuador es uno de los países que más colombianos ha acogido en todo el proceso y aún hoy, matiza Beristain, siguen atravesando esa frontera unas 400 personas al día. Más de 12.000 víctimas del conflicto colombiano han dado su testimonio. De ellas, 1.600 están en el exilio y de estas, 250 hablaron con la comisión sobre su experiencia como refugiados en Ecuador. Uno de los problemas, detecta el comisionado, es que pese a ser un exilio masivo, la invisibilidad ha convertido las tribulaciones de las víctimas en problemas de índole individual. “Las condiciones de marginalidad son mayores”, describe Beristain.

Habla de la necesidad de una respuesta regional, no país por país, para todos los desplazados del territorio colombiano, que no siempre encuentran una salida en recibir la condición de refugiado. “Debido a las dificultades para encontrar trabajo o a la falta de respuesta inmediata de una visa de refugio, hay quienes optaron por trasladarse bajo las condiciones de una visa Mercosur o de los acuerdos andinos para poder quedarse en el país”. Eso, razona, les ha dado “estabilidad para poder quedarse y trabajar en el país de acogida, pero no les da protección. Pueden tener un trabajo, pueden alquilar una casa. O sea, las cosas de la vida. Pero también les pueden echar del país”. Ahí es donde entra el registro ampliado de exiliados, que no solo incluye a quienes efectivamente tienen la condición de refugiado, sino a todos los desplazados fuera de las fronteras.

Las cifras que maneja la Comisión de la Verdad, con base en lo recogido por ACNUR, hablan de al menos 524.496 personas colombianas que solicitaron protección internacional en los cinco países con los que Colombia tiene frontera. Ecuador está a la cabeza, con 240.901 peticiones, y por eso ha sido sede de la segunda convocatoria de la comisión. Le siguen Venezuela, con 200.000; Panamá, con 68.000; Brasil, con 8.242; y Perú, con 7.353.

“El 85 o 90 % de los refugiados no quiere volver a Colombia, no ven condiciones para volver. Pero hay un 15 % de gente que quisiera volver. Se necesitan condiciones para ello. Porque el retorno no es ponerse de nuevo en la frontera con una maleta y volver a lo mismo. El retorno es, además, un nuevo desplazamiento”. Esto, aboga el comisionado, da cuenta de la necesidad de una política regional, un acuerdo regional, en un momento en que el conflicto colombiano se encuentra en un nuevo punto de inflexión. “O frena o este conflicto se reinicia otra vez. Aquí. Estamos ante un nuevo ciclo de diez o quince años más de guerra o, digamos, se toman en serio las recomendaciones”. Y el informe de la Comisión de la Verdad, apunta Beristain, recogerá pautas para que haya una transformación efectiva, lo que Colombia necesita para que ese reciclado del conflicto no se siga produciendo, con especial énfasis en las víctimas.

“Al colombiano se le ve como con sospecha”, denuncia, y recuerda una anécdota que le contó una mujer que buscó acogida en Chile en una de sus entrevistas para la visibilización de las víctimas. “¿Sabes lo que más me ha dolido? Lo que más me duele es una pregunta que me han hecho muchas veces: ¿qué he hecho yo para tener que irme de Colombia?”. Es lo que le compartió sobre su experiencia como desplazada y es lo que, según el comisionado, parte del trabajo de reconocimiento que aún debe hacerse a las víctimas por el contexto emocional que han enfrentado. “Hay mucho estereotipo que funciona como enemigo”.

Por Sara España

Guayaquil - 08 mar 2021 - 00:43 UTC

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Más de 37 millones de desplazados por guerras ‘contra el terror’ de EU

Nueva York. Entre 37 y 59 millones de personas han sido desplazadas por la llamada “guerra global contra el terror” de Estados Unidos desde 2001 al presente -más que en cualquier otra guerra o desastre a lo largo del siglo 20 con la excepción de la Segunda Guerra Mundial- según una nueva investigación del Instituto Watson de la Universidad Brown presentada hoy.

La investigación del reconocido proyecto Costos de Guerra calcula que por lo menos 37 millones de personas huyeron de sus hogares en las ocho guerras más violentas lanzadas por Estados Unidos, o en las que ha participado, desde octubre de 2001 cuando lanzó la primera de éstas contra Afganistán y después la invasión de Irak en 2003.

“Al final, desplazar a 37 millones -y tal vez hasta 59 millones- presenta la interrogante de quién tiene la responsabilidad para reparar los daños padecidos por los desplazados”, afirma el informe, “Creando refugiados: desplazamiento causado por las guerras pos-11/9 de Estados Unidos”.

El informe afirma que los desplazados -aquellos obligados a abandonar sus hogares para buscar refugio en otros países o ser desplazados internos dentro de su propio país- como resultado de las guerras realizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 2001 superan por mucho los provocados por cualquier otra guerra o desastre desde 1900, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial.

El número total es equivalente a hacer huir de sus hogares y tierras a casi toda la población de Canadá o toda California.

Los desplazados, combinando refugiados que salieron del país y los internos, en Afganistán es de por lo menos 5.3 millones (un 26 por ciento de la población antes de la guerra), para Irak es de 9.2 millones (37 por ciento de la población), Siria, 7.1 millones (37), Pakistán 3.7 millones, Libia 1.2 millones, Yemen 4.4 millones, Somalia 4.2 millones y Filipinas 1.7 millones.

“Cualquier número es limitado en reflejar el daño del desplazamiento. Las personas detrás de los números son difíciles de ver, y los números no pueden comunicar cómo se puede sentir uno al perder su hogar, sus pertenencias, su comunidad y tanto más. El desplazamiento ha causado daño incalculable a individuos, familias, pueblos, ciudades, regiones y países completos de manera física, emocional y económica”, afirman los investigadores.

Y estos números son sólo los de las ocho guerras más violentas ya que las fuerzas armadas de Estados Unidos han participado en conflictos armados en por lo menos 24 países dede 2001.

El proyecto Costos de Guerra también calcula de manera constante los costos humanos y económicos de las guerras estadunidenses pos-11s. Las tabulaciones más actualizadas (noviembre 2019) registran un total de entre 770 mil a 800 mil muertos por violencia directa de las guerras en Afganistán, Irak y Paquistán, incluyendo unos 335 mil civiles, y 536 periodistas o trabajadores de medios. Un número aún superior pero no contabilizado ha perecido por consecuencias indirectas de estas guerras.

Más de 7 mil combatientes estadunidenses han perecido en esas tres guerras, y cientos de miles más han sido heridos a lo largo de los últimos 19 años.

Desde 2001 hasta el año fiscal 2020, el gobierno de Estados Unidos ha dedicado 6.4 billones de dólares en las guerras en Afganistán, Paquistán e Irak.

El presidente George W. Bush anunció su “guerra global contra el terror” poco después de los atentados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, y ahora es la guerra más larga en la historia del país.

Washington está por iniciar el vigésimo año de su llamada “guerra contra el terror” el 7 de octubre cuando inició sus operaciones bélicas en Afganistán.

David Brooks, Corresponsal | martes, 08 sep 2020 18:07

Para consular la investigación y otros datos: https://watson.brown.edu/costsofwar/

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Viernes, 28 Agosto 2020 06:11

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Los malos gobiernos que administran estados policiales están lanzando una fenomenal ofensiva militar contra los pueblos en toda América Latina. En las favelas de Brasil, en las periferias urbanas de Argentina, en las áreas rurales de Colombia, en territorios en resistencia mapuche y en la Chiapas zapatista.

Allí donde la dignidad de los abajos sigue intacta, donde la fuerza colectiva de los pueblos resiste y construye otros mundos, es donde los de arriba están aprovechando las cuarentenas que se autoimponen aquellos para contener la pandemia, para intentar destruir las resistencias a los megaproyectos extractivos.

El 22 de agosto, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron casas y almacenes del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, en el sitio crucero de Cuxuljá, en la comunidad rebelde de Moisés Ghandi, municipio de Ocosingo, Chiapas (https://bit.ly/3lj4qB5).

Como señala el comunicado del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, los paramilitares operan junto al partido Morena y al gobierno regional, como parte de "la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas".

En Colombia, la ofensiva paramilitar asesinó a 33 personas en apenas 11 días, en cuatro masacres "a manos de grupos financiados por el narcotráfico" (https://bit.ly/3aWQaJw). Este año se produjeron 33 matanzas. Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, donde los pueblos agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca ofrecen tenaz resistencia al modelo de muerte.

En el Cauca, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra recuperó 16 fincas en casi cinco años, donde siembran vida y cuidan 26 mil 200 ojos de agua y 123 lagunas naturales (https://bit.ly/3jfhAgB). En la cuarta parte del Cauca se busca petróleo y en 40 por ciento de la superficie se explora en busca de metales. Además se pretenden construir dos grandes carreteras y un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

En Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional registró, del 20 de marzo al 6 de agosto, 92 muertes a manos de integrantes de la fuerzas estatales, cuando “no existía situación real de peligro para el ‘matador’ o terceros”. De ese total, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia en cárceles o comisarías, cuatro fueron feminicidios y tres desapariciones forzadas (https://bit.ly/2QmFmLi).

Además denuncian, en el mismo periodo, alrededor de 100 casos de uso abusivo de la fuerza policial, con "golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas". Todo esto sucede bajo un gobierno que se autodenomina "progresista".

En Brasil, las muertes policiales durante la pandemia crecieron 26 por ciento, "a pesar de la reducción de gente en las calles", según una encuesta realizada por el diario O Globo (https://glo.bo/3gvBZvP). Menos personas en las calles, significa "menor control social de la actividad policial", lo cual redunda en mayor impunidad, ya que se constata "una policía sin control".

Un informe de la Universidad Federal Fluminense señala que “el número de muertes en las favelas de Río de Janeiro cayó 72.5 por ciento en el mes en que fueron suspendidas las operaciones policiales en esas comunidades” (https://bit.ly/31onaH8). El patrullaje militar en favelas fue suspendido en mayo por el Tribunal Supremo Federal, luego de una masacre de 12 personas en el Complexo do Alemão (https://bit.ly/3hnTYpo).

En los territorios mapuche, de Chile, se ha incrementado la represión, con la activación por parte del Estado de grupos paramilitares integrados por agricultores, quienes ocupan tierras usurpadas a las comunidades (https://bit.ly/31njy8w).

Tres consideraciones finales:

La primera es que la violencia contra los abajos se incrementó en toda la región, con gobiernos de derecha, como en Colombia, Chile y Brasil, y con gobiernos "progresistas", como en Argentina y México. Es, por tanto, una violencia estructural y sistémica.

Las segunda es que las clases dominantes están aprovechando la pandemia para quebrar las resistencias al despojo que representan los pueblos en movimiento. Para conseguir ese objetivo, aceleran la militarización y la guerra contra las comunidades.

La tercera es que sólo la autodefensa colectiva de los pueblos puede frenar esta ofensiva. Debemos tener claro que estamos en las primeras fases de una extensa guerra contra los pueblos originarios destinada a rediseñar el mapa del mundo, expulsando a las comunidades de sus tierras para profundizar el extractivismo.

En esta guerra los de arriba utilizan ejércitos estatales, paramilitares, narcos y una brutal desinformación. Nosotros no resistimos la muerte con la muerte. No actuamos de forma simétrica. La reacción del EZLN ante el asesinato del maestro Galeano, en mayo de 2014, nos inspira: seguir construyendo nuestros mundos, mientras resistimos.

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

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Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

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