No lo llames "cerco": Washington tensa el lazo alrededor de China

La palabra cerco no aparece en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de 2022, ratificada por el presidente Joe Biden el 27 de diciembre, ni en otras declaraciones recientes del gobierno sobre su política exterior y militar. Tampoco figura ese clásico término de la guerra fría que era contención. No obstante, los máximos dirigentes de EE UU han consensuado una estrategia encaminada a cercar y contener a la nueva gran potencia, China, a base de alianzas militares hostiles, a fin de impedir que ascienda a la categoría de plena superpotencia.

La voluminosa ley de defensa de 2022 ‒aprobada con el apoyo aplastante de ambos partidos‒ contiene un esquema detallado del cerco a China mediante una red potencialmente asfixiante de bases y tropas militares estadounidenses y países aliados cada vez más militarizados. El propósito es capacitar a Washington para encerrar al ejército chino dentro de su propio territorio y posiblemente paralizar su economía en una hipotética crisis futura. Para los dirigentes chinos, que sin duda no pueden tolerar que el país quede rodeado de esta manera, esto es una invitación abierta a… bueno, no hay razón para quitar punta a la expresión… a romper como sea el confinamiento.

Al igual que todas las leyes de defensa precedentes, la NDAA de 2022, que fija un gasto de 768.000 millones de dólares, está repleta de obsequios sumamente generosos a los proveedores del ejército en forma de pedidos de las armas predilectas del Pentágono. Estos incluirían cazas F-35, submarinos de la clase Virginia, destructores de la clase Arleigh Burke y un amplio surtido de misiles guiados. Tal como señala la comisión de asuntos militares del Senado en un resumen de la ley, también incorpora una serie de partidas concretas e iniciativas políticas destinadas a cercar, contener y potencialmente subyugar a China. Entre estas figura una cantidad extra de 7.100 millones de dólares para la Iniciativa de Disuasión del Pacífico, o PDI, un programa iniciado el año pasado con vistas a potenciar las fuerzas estadounidenses y aliadas en el Pacífico.

Tampoco se trata de partidas aisladas en esta ley de 2.186 páginas. La ley de autorización incluye una medida de “sentido cooperativo” centrada en tejer “alianzas y colaboraciones de defensa en la región indopacífica” que proporcione un programa conceptual de cara a esta estrategia de cerco. De acuerdo con dicha ley, el ministro de Defensa ha de “reforzar las alianzas y colaboraciones con EE UU en la región indopacífica a fin de reforzar la ventaja comparativa de EE UU en la competencia estratégica con la República Popular China” (PRC).

El hecho de que la NDAA de 2022 se aprobara sin apenas oposición en el Congreso y el Senado indica que el apoyo a estas medidas y otras similares es sólido en ambos partidos. Algunos Demócratas progresistas trataron de reducir la cuantía del gasto militar, pero sus colegas de la comisión de asuntos militares de ambas cámaras votaron, por el contrario, a favor del aumento de la asignación de este año al Pentágono, que de por sí ya resulta abrumadora, en otros 24.000 millones de dólares, particularmente para contener (o combatir) mejor a China. La mayor parte de esos dólares de la población contribuyente que se han añadido se destinarán a la construcción de misiles hipersónicos y otras armas avanzadas que apuntarán contra la RPC, a la realización de más maniobras militares y al refuerzo de la cooperación en materia de seguridad con los aliados de EE UU en la región.

Para los gobernantes chinos no puede haber ninguna duda sobre el significado de todo esto: diga lo que diga Washington sobre la competencia pacífica, el gobierno de Biden, como el de Trump bajo la anterior presidencia, no tiene intención de permitir que la RPC alcance la paridad con EE UU en el escenario mundial. De hecho, está dispuesto a utilizar cualquier medio, incluida la fuerza militar, para impedir que esto ocurra. Así, a Pekín solo le queda una alternativa: o bien ceder a la presión estadounidense y aceptar ser un país de segunda en los asuntos globales, o bien desafiar la estrategia  de contención de Washington. Resulta difícil imaginar que el liderazgo actual del país acepte la primera opción, mientras que la segunda, si se aprobara, conduciría con toda seguridad, pronto o tarde, al conflicto armado.

La sempiterna tentación del cerco

De hecho, la idea de rodear a China mediante una cadena de potencias hostiles se postuló por primera vez como política oficial durante los primeros meses de la presidencia de George W. Bush. En aquel entonces, el vicepresidente Dick Cheney y la consejera de seguridad nacional  Condoleezza Rice decidieron establecer un sistema de alianzas antichinas en Asia, siguiendo las directrices expuestas por Rice en un artículo publicado en enero de 2000 en la revistas Foreign Affairs. En el mismo, la autora lanzó una advertencia frente a los esfuerzos de Pekín por “alterar el equilibrio de fuerzas en Asia a su favor”, una dinámica a la que EE UU debía responder profundizando “la cooperación con Japón y Corea del Sur” y manteniendo “su compromiso con una presencia militar robusta en la región”. Además, señaló que había que “prestar más atención al papel de India en el equilibrio regional”.

Esta noción ha seguido formando parte desde entonces del guion de los sucesivos gobiernos de EE UU, aunque en el caso del gabinete de Bush su aplicación quedó aparcada abruptamente el 11 de septiembre de 2001, cuando combatientes islámicos atentaron contra las torres gemelas de Nueva York y la sede del Pentágono en Washington, D.C. y el gobierno declaró la “guerra global contra el terrorismo”.

Pasó una década hasta que en 2011 la política oficial de Washington recuperó la estrategia de Rice-Cheney de rodear a China y cercenar o suprimir su creciente poder. En noviembre de aquel año, en un discurso ante el parlamento australiano, el presidente Barack Obama anunció el “giro a Asia” de EE UU: una iniciativa encaminada a restablecer el predominio de Washington en la región induciendo a sus aliados de allí a intensificar los esfuerzos por contener a China.“Como presidente, he… tomado una decisión deliberada y estratégica”, declaró Obama en Canberra. “Como nación ribereña del Pacífico, EE UU desempeñará un papel más activo y a largo plazo en la configuración de esta región y de su futuro… He ordenado a mi equipo de seguridad nacional que a medida que concluyamos las guerras actuales [en Oriente Medio], dé prioridad a nuestra presencia y nuestra misión en la parte asiática del Pacífico”.

Sin embargo, al igual que anteriormente el equipo de Bush, la presidencia de Obama se vio absorbida por los acontecimientos en Oriente Medio, concretamente la conquista en 2014 de partes importantes de Irak y Siria por el Estado Islámico, viéndose forzada a dejar en suspenso su giro al Pacífico. Tan solo en los últimos años de la presidencia de Donald Trump volvió  cobrar protagonismo la idea de rodear a China en el pensamiento estratégico estadounidense.

Dirigido por el secretario de Estado Mike Pompeo, el esfuerzo de Trump resultó ser mucho más sustancial, pues comportó la ampliación de las fuerzas estadounidenses acantonadas en el Pacífico, la intensificación de la cooperación con Australia, Japón y Corea del Sur en el terreno militar y una mayor atención a India. Pompeo incorporó además varios nuevos elementos a la panoplia: una alianza cuatrilateral de Australia, India, Japón y EE UU (llamada Quad); lazos diplomáticos más estrechos con Taiwán; y la demonización explícita de China como enemiga de los valores occidentales.

En un discurso pronunciado en julio de 2020 en la Biblioteca Presidencial Richard Nixon, Pompeo expuso con claridad la nueva política con respecto a China. Para impedir que el Partido Comunista Chino (PCC) acabe con el “orden basado en reglas que nuestras sociedades se han esforzado tanto en construir”, declaró, “hemos de dibujar en la arena líneas comunes que no puedan ser borradas por los tratos o halagos del PCC”. Esto no solo exigía incrementar las fuerzas estadounidenses en Asia, sino también crear un sistema de alianzas similar al de la OTAN para frenar el crecimiento ulterior de China.

Pompeo lanzó asimismo dos iniciativas cruciales dirigidas contra China: la institucionalización de la Quad y la expansión de las relaciones diplomáticas y militares con Taiwán. La Quad, cuyo nombre formal es Diálogo de Seguridad Cuatrilateral, se había formado inicialmente en 2007 por decisión del primer ministro japonés, Shinzo Abe (con el apoyo del vicepresidente Dick Cheney y de los dirigentes de Australia e India), pero quedó en suspenso durante años. Se reavivó en 2017, cuando el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, se reunió con Abe, el primer ministro indio Narendra Modi y Trump con ánimo de impulsar un mayor esfuerzo por contener a China.

Con respecto a Taiwán, Pompeo subió la apuesta aprobando el envío de misiones diplomáticas a su capital, Taipei, compuestas por altos cargos del gobierno, como el secretario de Salud Alex Azar y el subsecretario de Estado Keith Krach, los miembros de mayor rango del gobierno estadounidense que visitaban la isla desde 1979, cuando Washington rompió las relaciones formales con el gobierno taiwanés. Ambas visitas fueron criticadas rotundamente por las autoridades chinas, que las calificaron de graves violaciones de los compromisos contraídos por Washington ante Pekín al amparo del acuerdo por el que establecía relaciones con la RPC.

Biden adopta la estrategia de cerco

Al acceder a la Casa Blanca, el presidente Biden prometió revertir muchas de las políticas impopulares de su predecesor, pero estas no incluían la estrategia con respecto a China. En efecto, su gobierno ha hecho suya de buena gana la estrategia de cerco diseñada por Pompeo. A resultas de ello, los preparativos de cara a una posible guerra con China constituyen ahora, por desgracia, la máxima prioridad del Pentágono, como en el caso del departamento de Estado el aislamiento diplomático de Pekín.

De acuerdo con esta perspectiva, el requerimiento presupuestario del departamento de Defensa para  2022 señala que “China constituye el principal desafío a largo plaza para EE UU” y que por tanto “el departamento dará prioridad a China como nuestro desafío número uno y desarrollará los conceptos, recursos y planes operativos adecuados para reforzar la capacidad de disuasión y mantener nuestra ventaja competitiva”.

Mientras tanto, como instrumento clave para reforzar los vínculos con sus aliados en la región  Asia-Pacífico, el gobierno de Biden ha hecho suya la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (Pacific Deterrence Initiative, PDI) impulsada por Trump. El gasto propuesto para la PDI se incrementó un 132 % en el requerimiento presupuestario del Pentágono para 2022, pasando de los 2.200 millones de dólares de 2021 a 5.100 millones este año. Y si se quiere calibrar el clima actualmente imperante con respecto a China, tómese nota de lo siguiente: incluso este aumento resultaba insuficiente para la mayoría de congresistas Demócratas y Republicanos, que han añadido otros 2.000 millones de dólares a la asignación al PDI en 2022.

A fin de dejar todavía más claro el compromiso de Washington con una alianza antichina en Asia, los dos primeros jefes de Estado o de gobierno extranjeros invitados a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Biden fueron el primer ministro japonés Yoshi Suga y el presidente surcoreano Moon Jae-in. En sus respectivas entrevistas, Biden subrayó la importancia de unir esfuerzos frente a Pekín. Tras su reunión con Suga, por ejemplo, Biden insistió públicamente en que su gobierno está “comprometido a cooperar para hacer frente a los desafíos planteados por China… a fin de asegurar un espacio indopacífico libre y abierto”.

El 24 de septiembre, líderes de la Quad se reunieron en primicia con Biden en una cumbre en la Casa Blanca. Aunque el gobierno de EE UU destacó iniciativas no militares en su informe oficial sobre los resultados de la reunión, el principal punto del orden del día fue sin duda el refuerzo de la cooperación militar en la región. En este sentido es revelador que Biden aprovechara la ocasión para sacar a relucir un acuerdo que acababa de firmar con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, con el fin de facilitar a este país la tecnología de propulsión para una nueva flota de submarinos de propulsión nuclear, una iniciativa que evidentemente apunta contra China. Hay que señalar asimismo que pocos días antes de la cumbre, EE UU constituyó una nueva alianza con el Reino Unido y Australia, llamada AUKUS, que también apunta contra China.

Finalmente, Biden ha seguido incrementando los contactos diplomáticos y militares con Taiwán, incluso en su primer día en el cargo, cuando Hsiao Bi-jim, el embajador de facto de Taipei en Washington, asistió a su toma de posesión. “El presidente Biden estará al lado de amigos y aliados para impulsar nuestra prosperidad compartida, nuestra seguridad y nuestros valores comunes en la región Asia-Pacífico, y esto incluye a Taiwán”, declaró un portavoz de la presidencia por aquellas fechas. Pronto siguieron otros contactos de alto nivel con autoridades taiwanesas, inclusive personal militar.

Una estrategia general de contención

De lo que han carecido hasta ahora todas estas iniciativas es de un plan general para frenar el ascenso de China, asegurando de esta manera la supremacía permanente de EE UU en la región indopacífica. Los autores de la NDAA de este año han prestado especial atención a esta deficiencia y varias disposiciones de la ley contemplan la elaboración precisamente de este plan general. Se trata de una serie de medidas encaminadas a incorporar a Taiwán en el sistema de defensa estadounidense alrededor de China y de la exigencia de elaborar una estrategia general de contención de este país en todos los frentes.

Una medida oficiosa prevista en esta ley otorga una coherencia general a esas iniciativas inconexas, estipulando la creación de una cadena ininterrumpida de Estados centinela armados por EE UU que se extiende desde Japón y Corea del Sur en el norte del Pacífico hasta Australia, Filipinas, Tailandia y Singapur en el sur, con India en el flanco suroccidental de China, con el fin de rodear y contener a la RPC. Taiwán también está incluida en la proyectada red antichina.

El futuro papel que se contempla para esta isla en el plan estratégico previsto se pone de manifiesto en una disposición titulada “Proposición no vinculante sobre las relaciones con Taiwán en materia de defensa”. Esencialmente, esta medida insiste en que la promesa hecha por Washington en 1978 de poner fin a sus lazos militares con Taipei y el tratado subsiguiente entre EE UU y China, suscrito en 1982, en que el primero se compromete a reducir la calidad y la cantidad de sus suministros de armas a Taiwán, han dejado de tener validez debido al “comportamiento cada vez más coercitivo y agresivo” de China con respecto a la isla. Así, la proposición aboga por reforzar la coordinación militar entre los dos países y la venta a Taiwán de sistemas de armas más sofisticados, junto con la tecnología para su fabricación.

Sumando todo esto tenemos la nueva realidad de la presidencia de Biden: la disputada isla de Taiwán, a un tiro de piedra del territorio continental de China y considerada una provincia por la RPC, se convierte ahora en una aliada militar de facto de EE UU. Difícilmente puede haber una transgresión más directa de una línea roja china: el principio de que pronto o tarde la isla debe aceptar la integración pacífica con el continente o enfrentarse a una acción militar.

Además de reconocer que la política expuesta en la NDAA de 2022 representa una amenaza fundamental para la seguridad de China y su deseo de desempeñar un papel más importante en el ámbito internacional, el Congreso indicó asimismo al presidente que presentara una “estrategia general” con respecto a las relaciones de EE UU con China en los próximos nueve meses. Dicho documento debería incluir una evaluación de los objetivos globales de este país y un inventario de sus recursos económicos, diplomáticos y militares que requiere EE UU para frenar su ascenso. Por otro lado, insta al gobierno de Biden a examinar “los supuestos y el resultado o los resultados finales de la estrategia estadounidense a escala global y en la región indopacífica con respecto a la RPC”. No se explica el significado de la expresión “el resultado o los resultados finales”, pero es fácil imaginar que los autores de esta propuesta estaban pensando en el posible colapso del gobierno comunista chino o alguna forma de guerra entre los dos países.

¿Cómo responderán los gobernantes chinos a todo esto? Nadie lo sabe todavía, pero el presidente Xi Jinping dio al menos una pista sobre lo que podría ser la respuesta en un discurso del 1 de julio, pronunciado con motivo el centenario del PCC. “Nunca permitiremos que una fuerza extranjera nos acose, oprima o subyugue”, declaró mientras desfilaban los blindados, misiles y cohetes más nuevos de China. “Quienquiera que lo intente se situará en un rumbo de colisión con una gran muralla de acero forjada por más de 1.400 millones de personas chinas.”

Bienvenidas a la guerra fría del siglo XXI en un planeta que necesita desesperadamente otra cosa.

13/01/2022

https://tomdispatch.com/none-dare-call-it-encirclement/

Traducción: viento sur

Publicado enInternacional
Una foto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken (izq.), y al Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov (der.), antes de su reunión. en Ginebra, Suiza, 21 de enero de 2022. - EFE

Washington enviará en los próximos siete días a Moscú una respuesta oficial a la petición de Putin de que la OTAN congele su expansión hacia el este de Europa. Durante el encuentro de este viernes, Lavrov ha asegurado que no quieren invadir Ucrania y Blinken ha respondido que, si es así, retire las tropas de la frontera.

 

La reunión entre el el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, ha terminado con un tímido acercamiento, pero sin ningún acuerdo. De hecho, las ruedas de prensa de ambos han constatado sus diferencias. Lavrov ha insistido en que Rusia no quiere invadir Ucrania. Blinken ha vuelto a amenazar a Vladimir Putin y ha aseverado que, si de verdad no quieren hacer un ataque, retiren las tropas de las fronteras.

Lavrov dijo, no obstante, que Blinken le ha prometido que la próxima semana Moscú recibirá las respuestas por escrito que reclama a sus propuestas relacionadas con la congelación de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. En concreto, Vladimir Putin exige que se retiren las tropas de Rumanía y Bulgaria.

Rusia esperaba que EEUU llegase a la reunión de Ginebra con esas respuestas, las que considera que podrían servirle de garantías formales.

El ministro ruso indicó también que luego de que se reciban esas respuestas escritas y de que su Gobierno las examine se verá cuál es el camino indicado a seguir, aunque en principio habrá nuevos contactos diplomáticos entre ambos países, pero no se puede adelantar a qué nivel. En el aire dejó la posibilidad de un encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin.

Lavrov, además, señaló a los periodistas que había reiterado al jefe de la diplomacia estadounidense que Rusia no tiene la intención de atacar a Ucrania y que la inestabilidad en este país no es consecuencia de las acciones rusas, sino de sus propios problemas internos, recoge Efe.

"No he escuchado ningún argumento hoy que sostenga la postura estadounidense sobre lo que ocurre en la frontera ruso-ucraniana. Sólo preocupación, preocupación y preocupación, pero nuestra preocupación alude a hechos reales que nadie oculta: el suministro de armamento a Ucrania, el envío de cientos de instructores militares occidentales", declaró.

En este sentido, criticó la intención de la Unión Europea de crear una misión de entrenamiento militar en Ucrania. "Eso ya es un interesante giro en las ambiciones de la UE", dijo.

Blinken, por su parte, ha insistido de que ha trasladado a Lavrov que van a defender la frontera de Ucrania. "Vamos a ser firmes, si Rusia invade, responderemos de manera severa", ha afirmado en rueda de prensa.

"Estados Unidos y Europa están listos para encontrarse con Rusia en cualquiera de estos dos caminos", advirtió Blinken en la rueda posterior al encuentro. "Hemos escuchado (a Lavrov) repetir que no tienen la intención de invadir Ucrania, pero hay cosas que todos vemos, por lo que le dije que para convencer al mundo podrían llamar de vuelta a las fuerzas que tienen en la frontera y seguir comprometidos con la vía diplomática", aseguró Blinken.

La reunión "fue más un intercambio de puntos de preocupación más que una negociación", añadió sobre el encuentro.

Además, en relación a la demanda rusa de que la OTAN se comprometa a que Ucrania nunca entrará en este Alianza, Blinken insistió en que "el pueblo ucraniano es quien debe escribir su futuro y en este sentido no hay espacio para la discusión". Aunque Blinken admitió que no se han logrado grandes avances en el diálogo de hoy, sí afirmó que "Lavrov tiene ahora una mejor comprensión de nuestra posición y viceversa".

 

21/01/2022 13:21

Publicado enInternacional
Reconocimiento facial.- Pexels

Desde hace bastante tiempo, aunque de forma casi imperceptible, gran parte de la sociedad ha comenzado a estar condicionada por la Inteligencia Artificial (IA). Más allá de aplicaciones tecnológicas que facilitan el día a día, como coches que aparcan solos o teléfonos móviles que monitorizan la salud, la IA también incluye un mecanismo invisible de vigilancia y escrutinio social que se está encargando de decidir las posibilidades de futuro de millones de personas.

Sistemas automatizados de toma de decisiones (algoritmos) deciden cuestiones tan relevantes como quiénes serán preseleccionadas para un empleo, qué familias obtienen ayudas sociales, a qué personas se admitirán en un centro educativo, quiénes reciben un préstamo hipotecario, e incluso qué perfil de mujeres víctimas de violencia de género merecen contar con una orden de alejamiento de su agresor.

Los defensores de la IA afirman que su aplicación permite desarrollar un trabajo más rápido y eficiente y que, al operar con ecuaciones matemáticas, se obtiene una mayor precisión y "neutralidad" en los resultados. Sin embargo, esta asepsia que siempre se nos ha vendido como inherente a la IA es fuertemente cuestionada por una serie de expertas/os quienes afirman que, contrario a lo que se nos dice, los algoritmos lo que hacen es reproducir patrones históricos de poder y privilegio.

Para el científico peruano, Omar Flores, doctor en Ciencias de la Computación que ha trabajado en Silicon Valley diseñando un algoritmo de reconocimiento facial que oculte datos como el género y la raza, es imposible que la IA sea neutral por una razón muy simple: los algoritmos son programados por personas y, por tanto, contienen los mismos sesgos de raza, género y clase (entre otros) que tienen las personas que los programan. En este sentido, afirma que "todo algoritmo es un punto de vista".

En la misma línea, Virginia Eubanks, autora de La automatización de la desigualdad, sostiene que "la tecnología es todo menos neutral". Esta cientista política, que en su obra analiza en detalle cómo las políticas estadounidenses basadas en algoritmos reproducen desigualdades sociales, afirma que en la IA "los sesgos de raza, género y clase son estructurales y sistémicos".

Algo que no nos debería sorprender si pensamos en el perfil endogámico de quienes diseñan los algoritmos en las grandes empresas tecnológicas: hombres blancos de clase media, o media alta, que han pasado por las mismas universidades y que la mayoría de las veces viven en los mismos barrios y se desenvuelven en los mismos círculos sociales.

El problema del sesgo algorítmico

En lenguaje sencillo, la IA es la combinación de algoritmos que se instalan en un sistema con el propósito de simular los procesos cognitivos de la inteligencia humana. De esta manera, se "entrena" a las máquinas para que realicen acciones que antes hacían los seres humanos, como tomar decisiones o hacer análisis predictivos.

El problema ocurre cuando este entrenamiento se hace con algoritmos que parten de una base sesgada. Por poner un ejemplo simple: si se "enseña" a un ordenador a predecir perfiles de potenciales delincuentes descartando los datos de aquellas personas que han cometido "delitos de guante blanco" (fraude fiscal, malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, etc.), difícilmente la máquina va a arrojar como posible perfil a una mujer o a un hombre blanco de clase alta, residente del barrio Salamanca en Madrid.

Por el contrario, si solo se incluyen datos de personas que han cometido delitos comunes (hurtos, robos, tráfico de drogas, etc.), el perfil que se obtendrá probablemente sea el de una mujer u hombre de clase media o media baja, residente en algún barrio obrero con alta presencia de población migrante y racializada.

En este ejemplo, el "perfil" del potencial delincuente va es estar claramente determinado por los prejuicios de quien programó el algoritmo al decidir incluir unos datos y descartar otros, lo cual podría determinar que la atención policial se concentre en determinados barrios y sobre determinadas personas, produciendo y reproduciendo el círculo de criminalización y estigmatización. Algo que ya está ocurriendo en varias ciudades de Estados Unidos mediante la implementación de la llamada "policía predictiva": un software que predice dónde, cuándo y qué perfil de personas van a cometer un delito, y que deriva en una sobrepresencia policial en barrios de personas latinas y afroamericanas.

Además, teniendo en cuenta el carácter sistémico del racismo y la manera en la que este condiciona la realidades materiales de las personas migrantes y racializadas, así como por la forma en la que se actúa policialmente contra ellas, los datos que alimentan esta programación tienen una raíz condicionada. Podríamos preguntarnos si las actuaciones policiales en barrios obreros y racializados responden a unos índices de criminalidad o a la necesidad de proyectar una determinada imagen que legitime su presencia y alimente una lógica (e industria) de la securitización, y también si hay más criminalidad en barrios pobres y racializados como consecuencia de una mayor fiscalización.

La denuncia de los sesgos algorítmicos no es nueva. En 1988 la Comisión de Igualdad Racial de Reino Unido acusó a la Escuela de Medicina del Hospital St. George’s Geoffrey de discriminar por raza y sexo en sus pruebas de admisión. Esta facultad realizaba un primer cribado mediante un programa informático que crearon en los años 70 y que analizaba, entre otras cosas, el nombre o el lugar de nacimiento del candidato/a. De este modo, durante años fueron descartadas de forma automática mujeres y hombres de origen no europeo.

¿Cuántas personas al realizar una solicitud ante una entidad pública o privada han recibido por respuesta "lo siento, el sistema no aprueba/acepta la operación"? ¿Qué sabemos de los algoritmos que se están utilizando para acceder a una entrevista de trabajo, obtener una beca o una ayuda social?

En España, de los 2,3 millones de personas que estaba previsto que recibieran el ingreso mínimo vital (IMV), solo 800 mil personas han podido acceder a esta prestación, según los últimos datos publicados por el gobierno. De hecho, un informe reciente de Cáritas señala que solo uno de cada cinco hogares postulantes consigue obtenerlo. Diversas informaciones apuntan a que uno de los grandes problemas en esta materia se relaciona con el empadronamiento. Si dos unidades familiares solicitantes están empadronadas en la misma vivienda, se les niega la prestación. Si un miembro de una unidad familiar solicitante está empadronado en una dirección distinta al resto de su familia, también se les niega la prestación.

Según el Análisis de Impacto sobre Igualdad Racial (AIIR) desarrollado por organizaciones antirracistas y coordinado por Righst International Spain, el principal motivo de denegación es la pertenencia a una Unidad de Convivencia diferente a la de la solicitud realizada (29,77%). Esta situación afecta gravemente a familias de personas migrantes y gitanas que, por cuestiones estructurales, además de compartir viviendas suelen empadronar a familiares y amigos, o empadronan a sus hijas/os en direcciones diferentes para poder acceder a una plaza en un centro educativo. Esta misma investigación identifica como principales obstáculos la brecha digital y las trabas burocráticas que plantea una prestación destinada a los más vulnerabilizados

La falta de transparencia en materia de utilización de la IA a nivel gubernamental nos impide conocer qué tipo de programas informáticos se están utilizando en el análisis de las solicitudes del IMV, pero observamos un sesgo racial y de clase, que impide que este beneficio llegue a todas las familias que lo necesitan.

Software que no reconocen tu rostro o te confunden con un animal

Otro de los grandes problemas demostrados en la IA es el relativo a los algoritmos de reconocimiento facial, es decir, la identificación de personas a través de una imagen digital. Se trata de un mecanismo que conlleva la vulneración de los derechos más fundamentales como lo son los relativos a la privacidad o a tener conocimiento de que estos datos se están registrando, además de los riesgos de seguridad que plantea la filtración de una información de la que no nos podemos deshacer.

Por otra parte, estos algoritmos plantean el problema descrito por la investigadora del MIT y fundadora de la Algorithmic Justice League, Joy Buolamwini, de ascendencia ghanesa, que descubrió que diversos programas de reconocimiento facial eran incapaces de "leer" su rostro, a menos que se pusiera una máscara blanca.

Tras esta experiencia, Buolamwini decidió probar la precisión de los sistemas de IBM, Microsoft y Megvii sobre una base de datos de 1.270 rostros de políticos. Al finalizar las pruebas, estableció dos cosas: primero, que los software identificaban con mayor precisión a hombres que a mujeres; y segundo, que identificaban mejor a hombres de piel blanca que de piel oscura y que también identificaban mejor a mujeres de piel blanca que de piel oscura. Mientras que en el caso de varones blancos el margen de error era inferior al 1%, este aumentaba a 35% cuando se trataba de rostros de mujeres negras.

Las deficiencias en los programas de reconocimiento facial llevan años poniéndose sobre la mesa. En 2019, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, agencia de la Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, analizó 189 algoritmos de 99 desarrolladores, entre ellos, Microsoft, Intel y SenseTime.

Tras analizar 18,27 millones de imágenes de 8,49 millones de personas, el estudio concluyó que la mayoría de software de reconocimiento facial tienen problemas graves para identificar rostros de personas no caucásicas. En concreto, descubrieron que se producían "falsos positivos" con rostros de personas negras y asiáticas, es decir, que los programas identificaban a dos seres humanos diferentes como si fueran la misma persona.

Cuatro años antes, en 2015, Google se vio obligado a pedir disculpas tras demostrarse que su aplicación Google Photos etiquetaba a personas negras como "gorilas". Algo similar ocurrió el año pasado con Facebook, que también debió ofrecer disculpas públicas cuando se descubrió que uno de sus algoritmos identificaba a hombres negros con primates en un vídeo.

La IA perpetúa e intensifica la discriminación al destinarse sobre todo a grupos raciales sistemáticamente vigilados y controlados, a los que se les aplica de manera desproporcionada y sin las mismas garantías que al resto de población europea. Así es el caso del gobierno italiano, que frente a los dos millones de imágenes digitales de personas italianas que tiene registradas, alberga casi tres veces más imágenes de personas migrantes y refugiadas.

Esta lógica de funcionamiento se vuelve todavía más problemática cuando se aplica a las fronteras. A fines del año pasado supimos que el gobierno de España tiene pensado implementar durante la segunda mitad de 2022 la denominada "frontera inteligente" en Ceuta y Melilla, con el objetivo de regular las entradas y salidas de personas extracomunitarias del espacio Schengen y "combatir el terrorismo". Esta herramienta registrará a todos los viajeros de terceros países, e incluirá sus nombres y datos biométricos, es decir, huellas dactilares e imagen facial.

Tomando en cuenta los numerosos fallos que arrojan los programas de reconocimiento facial, y la gran situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas racializadas y migrantes que entran por frontera sur, podemos suponer el terrible impacto que va a provocar esta herramienta, la que vendrá a actuar como un nuevo dispositivo racista dentro del Estado español.

Además de los debates legales y éticos que plantean estos mecanismos, y que son omitidos cuando las personas afectadas son migrantes, no se aporta información sobre quiénes o qué organismos e instituciones se encargarán de registrar y almacenar esos datos o cuáles serán los protocolos para evitar se den usos aún más perversos de los mismos.

La IA no solo no es neutral por estar sesgada, también lo es por emplearse en un contexto social y político donde no hay neutralidad. Lejos de tratarse de un sistema aséptico que reduce las desigualdades, amplifica y reproduce viejos patrones de discriminación racial y social. Ante esta situación, es imprescindible que desde el antirracismo se comience a abordar esta problemática con voz propia. Algunas ya formamos parte de proyectos que están intentando visibilizar esta realidad.

La IA no puede ser un campo que quede fuera del escrutinio público y la vigilancia de los movimientos sociales, porque está determinando el futuro de millones de personas. Es un nuevo frente de lucha para las comunidades y pueblos racializados, y debemos estar preparadas para ello.

18/01/2022

Rusia, UE y EEUU no logran pactar un deshielo y los tambores de guerra suenan con fuerza tras 30 años

 

La ofensiva diplomática para prevenir una nueva guerra Ucrania concluye en punto muerto. En Bruselas temen que el reciente ciberataque sobre Kiev sea el preludio de una ofensiva militar rusa y Estados Unidos asume que Moscú ya la prepara.

 

El maratón internacional celebrado a lo largo de toda la semana para prevenir una nueva invasión rusa en las fronteras finaliza con parálisis. Y la tensión de amenaza bélica a las puertas de la UE no da visos de mejora. "El riesgo de guerra en la región es ahora mayor que en cualquier momento pasado de los últimos 30 años", ha advertido Zbigniew Rau, ministro de Exteriores de Polonia, país que mantiene la Presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). "Los tambores de guerra suenan con fuerza", ha coincidido Michael Carpenter, embajador estadounidense ante este foro internacional.

Ginebra, Bruselas, Viena y Brest. Cinco días y cuatro reuniones entre Occidente y Rusia en el marco de la OTAN, la OSCE y la UE apenas dejan puntos de encuentro. Lejos de restaurar la confianza y encauzar la situación con el Kremlin, estadounidenses y europeos han certificado que la relación con Vladimir Putin da poco margen al optimismo.

Los encuentros han concluido dejando patentes las "diferencias significativas" que les separan desde hace años. Ninguna de las partes ha cedido. Rusia mantiene sus líneas rojas: evitar la expansión de la OTAN al Este (principalmente la entrada de Ucrania y Georgia a la Alianza) y la retirada de las tropas occidentales en el flanco oriental. Y los aliados reiteran su negativa a ceder ante unas demandas "inaceptables". Moscú no tiene derecho a crear áreas de influencia y vetar o condicionar el futuro de las ex repúblicas soviéticas, reiteran. No obstante, los 30 aliados no tienen intención de incluir a Ucrania en el corto plazo, aunque sí le abrieron los brazos en 2008 a través de la declaración de Bucarest. Aceptar a un país con problemas democráticos y económicos y que cuenta, además, con una parte de su territorio invadida supondría un precio muy elevado que nadie está dispuesto a asumir. Pero el Kremlin avisa. Y quiere esta garantía por escrito.

El diálogo hacia el deshielo llegaba con las expectativas bajas. La OTAN se sentó por primera vez con Rusia en más de dos años sobre unas demandas exclusivamente dibujadas en Moscú e inasumibles para los occidentales. La Alianza ha ofrecido un calendario para continuar con las negociaciones, pero no ha obtenido respuesta a esta oferta. "Estamos abiertos al diálogo con Rusia pero nunca a expensas de nuestra libertad, independencia y soberanía", ha afirmado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, al final de un Consejo de Exteriores extraordinario celebrado en la ciudad francesa de Brest. Diplomacia sí, pero no a cualquier precio, en lo que los europeos sienten como una negociación que transcurre con una pistola en la sien por es amenaza constante de Rusia a intimidar a las repúblicas ex soviéticas.

En Bruselas desconocen las intenciones de Putin, pero temen que el presidente ruso pueda utilizar un potencial fracaso de estas conversaciones como justificante y pretexto para invadir Ucrania, donde ha desplazado a más de 100.000 soldados y material bélico pesado en los últimos meses.

Los europeos, marginados

La tensión actual tiene tintes del pasado. Putin ha pedido recientemente regresar a la situación de 1997, antes de la expansión de la OTAN al Este y a los Bálticos. Amparándose en sus declaraciones en las que afirmaba que la caída de la Unión Soviética era "la mayor desgracia de la historia rusa" y la "mayor catástrofe geopolítica" del siglo XX, algunos analistas señalan que sus verdaderas intenciones son regresar al mundo bipolar en la que las grandes potencias movían los hilos de buena parte del planeta.

Aunque es sillón permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, una potencia nuclear y partícipe en diálogos internacionales en torno al conflicto sirio, libio o al acuerdo nuclear, la Rusia de Putin no tiene mucho afecto por el multilateralismo. De hecho, su aversión a la UE es patente. La Comisión geopolítica que dirige Ursula von der Leyen no tiene línea directa con el Kremlin, que prefiere dirigirse directamente a las capitales en Berlín o París.

La UE, como institución, no ha estado representada en ninguna de las conversaciones acontecidas esta semana, que arrancaron en Ginebra con el encuentro entre las delegaciones estadounidenses y rusa. La sensación en los pasillos de Bruselas es que Rusia busca dividir al bloque e ignorarlo y quieren darle la vuelta a este sorpasso estrechando su relación con la Casa Blanca, que desde Trump no atraviesa su mejor momento. Pero Borrell avisa: "Los rusos tendrán que hablar con nosotros, les guste o no".

El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto la celebración de una cumbre a tres con Kiev, Moscú y Washington, pero sin Bruselas. Al poco o nulo apetito del presidente ruso o de la unilateralidad de la Administración Biden para incluir a los europeos, se unen los problemas internos y estructurales de la propia UE como actor global: división de los 27 Estados miembros y carencia de una política exterior común maniatada por la unanimidad y la falta de competencias.

Ciberataque, ¿la antesala?

Ucrania ha amanecido este viernes con un ciberataque masivo a sus páginas gubernamentales. La agresión se une a la tensión que el país acumula desde hace meses por el despliegue militar ruso en el Donbás ocho años después de la anexión de la península de Crimea.

Las respuestas y el apoyo a Kiev ante "intentos para desestabilizarlo" no se han hecho esperar. La OTAN ha mostrado su interés en rubricar con Ucrania un mecanismo de cooperación contra los ciberataques, porque no creen que sea el último. La reunión de ministros de Exteriores también se ha saldado con la advertencia de una "respuesta robusta" ante los temores de que este ataque online sea el preludio para una acción militar por parte de Moscú a su vecino.

Los rumores sobre una nueva Crimea planean por el Viejo Continente desde hace semanas. Aunque el Kremlin siempre ha rechazado que estas sean sus intenciones. Nadie se atreve a aventurar si se llevarán a cabo, pero ante la posibilidad, Occidente quiere estar preparado y que no le pille con el pie cambiado como ocurrió en 2014, cuando la UE tardó semanas en ser capaz de reaccionar.

La CNN recoge este viernes en exclusiva que la inteligencia estadounidense tiene constancia de que Rusia prepara una operación para justificar la invasión. El polvorín geopolítico se ha visto doblemente azuzado por las declaraciones del representante ruso flirteando con enviar efectivos militares a Cuba y Venezuela si no se satisfacen las demandas rusas. Un escenario que deja para muchos el sabor de una suerte de Guerra Fría en 2022.

Y, ¿ahora qué? La semana de negociaciones clave da paso a una fase más crucial: los próximos días. Rusia da una especie de ultimátum y aguarda una respuesta a sus demandas de la OTAN por escrito. Y el tono no se presupone conciliador: "Nos estamos quedando sin paciencia", asegura Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

 

14/01/2022 19:53

María G. Zornoza@MariaGZornoza

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“La democracia necesita defensores”, dijo Biden al abrir su Cumbre.. Imagen: EFE

Entre la Cumbre para la Democracia, un boicot a Pekín y una charla con Vladimir Putin

Un sector de Washington parece genuinamente preocupado por la degradación de las democracias, incluida la propia. El objetivo es aislar a sus principales rivales geopolíticos.

Desde Washington

Cuando le falta poco más de un mes para cumplir su primer aniversario como presidente, Joe Biden apuesta a mostrar a Estados Unidos como faro de la democracia. Con pocos logros que exhibir en el ámbito interno, el mandatario destinó la última semana a desplegar la estrategia de la Casa Blanca para combatir el autoritarismo. Una política exterior que, basada en la proclamación de los valores democráticos, tiene un único fin: aislar a sus principales rivales geopolíticos, Rusia y China.

“La democracia necesita defensores”, dijo Biden el jueves pasado al abrir su Cumbre para la Democracia, un encuentro virtual que reunió a unos 100 participantes entre gobiernos, integrantes de la sociedad civil y líderes del sector privado. La invitación no fue enviada a China, Rusia y Turquía. Tampoco llegó a Hungría, el único miembro de la Unión Europea que quedó fuera. En Latinoamérica y el Caribe, los excluidos fueron Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Al abrir el evento, Biden sostuvo que pensó la cumbre “ante los continuos y alarmantes desafíos” a los derechos humanos. Tendencias que, agregó, son exacerbadas “por la presión exterior de los autócratas” que pretenden “exportar y ampliar su influencia en todo el mundo”. Esa influencia es la que preocupa a Washington y a un gobierno demócrata que asumió enfocado en recuperar el terreno internacional que, según su análisis, Estados Unidos perdió durante el gobierno de Donald Trump.

Biden también advirtió contra las “voces que buscan avivar las llamas de la división social y la polarización política”. “Lo más preocupante de todo –añadió–, lo hacen aumentando el descontento con los gobiernos democráticos de personas de todo el mundo que consideran que no satisfacen sus necesidades”.

Un sector de Washington parece genuinamente preocupado por la degradación de las democracias, incluida la propia. En el discurso de apertura, Biden citó un informe de Freedom House, una ONG con sede en la capital estadounidense que dice que 2020 fue el decimoquinto año consecutivo en el que las libertades retrocedieron a nivel mundial. “He querido organizar esta cumbre porque aquí, en Estados Unidos, sabemos tan bien como cualquiera que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante”, dijo el mandatario. Una referencia a la forma en la que terminó el gobierno de su antecesor y empezó su presidencia: entre denuncias infundadas de fraude, un ataque al Capitolio en Washington y una ceremonia de investidura militarizada.

En el tablero mundial que lo enfrenta a China y a Rusia, la cumbre le sirvió a Biden para mostrar a sus aliados y a los países que Washington todavía considera dentro de su zona de influencia. El G7, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, que comparte con Japón, Australia e India, y parte de Latinoamérica.

No es una casualidad: el gran objetivo de la presidencia demócrata este año en materia de política exterior fue intentar recomponer la relación con los aliados que, según analizan en la Casa Blanca, quedó profundamente herida con Trump en el poder. La desastrosa retirada de Afganistán en agosto pasado no colaboró con esa misión. La pandemia, que no solo no terminó sino que sigue sumando casos, tampoco: si Biden quería viajar para recomponer las relaciones personalmente, se encontró con nuevas variantes del virus que impidieron cualquier tipo de certeza y previsión en el movimiento internacional. Como recurso, le quedaron las cumbres virtuales.

Durante el encuentro, la Casa Blanca anunció la Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, un fondo de hasta 454 millones de dólares destinados a cinco áreas que el gobierno estadounidense juzga “cruciales” para la transparencia y la rendición de cuentas. A través de USAID, la agencia con la que Estados Unidos distribuye fondos a nivel internacional para iniciativas alineadas con su política exterior, buscará apoyar “medios libres e independientes”. Otros ámbitos que apoyará esta iniciativa serán la lucha contra la corrupción, tecnología cívica, grupos activistas por la igualdad de género y comunidades LGBT y los procesos electorales “libres y justos”.

La cumbre también le fue útil para mencionar parte de la agenda interna demócrata. “Aquí en casa, esto significa trabajar para que toda la promesa de Estados Unidos se vuelva una realidad”, dijo al cerrar el encuentro virtual. Para Biden, esto incluye aprobar proyectos de ley que permitan avanzar en los derechos electorales, un ámbito que sufrió retrocesos este año en estados gobernados por el Partido Republicano. “El derecho sagrado a votar, a votar libremente – el derecho a que tu voto sea contado es el umbral de la libertad para la democracia”, sostuvo.

En forma paralela a la cumbre, la diplomacia de Washington se encargó la última semana de mover sus fichas contra Rusia y China. En el primer caso, con una videollamada entre Biden y el presidente ruso, Vladimir Putin, que tuvo lugar el martes pasado. Los ojos de la Casa Blanca están puestos en la situación en la frontera con Ucrania, tras los recientes movimientos militares rusos.

En la videollamada, según la versión que dio a conocer el Gobierno de Biden, el mandatario “reiteró su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y llamó a frenar la escalada y a volver a la diplomacia”. También discutieron sobre seguridad digital y sobre el trabajo conjunto en temas regionales, como Irán, según el comunicado difundido por la Casa Blanca.

El jueves Biden también mantuvo una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según difundió la Casa Blanca después de la charla, Biden le manifestó “la profunda preocupación” de Estados Unidos y de sus “aliados europeos” sobre las “acciones agresivas de Rusia” y le aseguró que “responderían con fuertes medidas económicas y de otro tipo en el caso de una mayor intervención militar”. Un alto funcionario del gobierno dio luego más detalles sobre qué otro tipo de respuesta ya tiene en mente Washington: “Darle material defensivo adicional a Ucrania y fortificar a nuestros aliados de la OTAN en el flanco oriental”.

Contra China, Estados Unidos anunció el lunes un boicot diplomático. No enviará ninguna representación oficial a Pekín para los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 ni para los Juegos Paralímpicos. La razón, según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, es "el genocidio y los crímenes contra la humanidad que ocurren en Sinkiang y otros abusos contra los derechos humanos" de parte de China. Se refirió así a uno de los principales conflictos en el noroeste del gigante asiático: Naciones Unidas denuncia que allí las autoridades estatales detuvieron masivamente a miembros de la etnia uigur, una minoría musulmana, y los encerró en lo que el gobierno chino llama "campamentos de reeducación".

Desde un país en el que el deporte tiene un papel central en la vida cultural, la funcionaria también tuvo que agregar que la delegación deportiva estadounidense tendrá “todo el apoyo”, pero que el gobierno no colaborará “con la fanfarria de los Juegos”. Para China, la decisión de Washington es simplemente “manipulación política” y un “grave insulto a 1.400 millones de chinos”.

12 de diciembre de 2021

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. Imagen: AFP

La decisión obedece a "los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Partido Comunista Chino", señaló la vocera de Joe Biden. El gobierno del país asiático calificó la medida como una "provocación política" y anticipó que tomará "firmes contramedidas".

Estados Unidos anunció este lunes que no enviará a ningún representante oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing por los "abusos contra los derechos humanos" cometidos "por el Partido Comunista Chino". 

El país asiático calificó la medida como una "provocación política" y anticipó que tomará "firmes contramedidas"

"El Gobierno de Biden no enviará a ningún representante oficial ni diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 ni a los Juegos Paralímpicos", aseguró Jen Psaki, vocera del presidente Joe Biden.

La decisión obedece a "los actuales genocidios y crímenes contra la humanidad del Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang y otros abusos contra los derechos humanos", agregó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Los atletas estadounidenses, sin embargo, podrán competir en los juegos de febrero próximo y "tendrán todo el apoyo del Gobierno de su país", aclaró Psaki.

El vocero de la Cancillería china Zhao Lijian había acusado horas antes a Estados Unidos de politizar el deporte. Este lunes, en su intervención diaria ante periodistas en Beijing, dijo que la decisión de Estados Unidos de boicotear los juegos era una "provocación política total". 

"Si Estados Unidos se inclina a hacer lo que quiere, China tomará firmes contramedidas", adelantó.

6 de diciembre de 2021

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El panorama del derecho al aborto en Colombia

En Colombia mueren aproximadamente 70 mujeres al año por tener que someterse a abortos inseguros, 136.000 requieren atención medica post aborto, siendo la tercera causa por muerte materna en Colombia. Aun así, la decisión de la despenalización está en manos de 9 magistrados y en espera de respuesta de un impedimento presentado por uno de ellos, frente a una situación que incumbe a millones de mujeres.

 

En Colombia se estima que el 44% de los embarazos no planeados terminan en un aborto inducido (Allan Guttmacher Institute -AGI, 2010). El grupo de mujeres más afectadas son jóvenes, de zonas rurales, pobres y deslazadas. Es la tercera causa de mortalidad materna en Colombia, lo que corresponden al 16% según el Ministerio de la Protección Social (2004). De acuerdo a un estudio de la OIM (2008) 70 mujeres mueren anualmente en Colombia por tener que someterse a procedimientos riesgosos.

Aproximadamente cada año, un total de 132,000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas y riesgosas. La proporción de mujeres que sufre complicaciones y son atendidas en un centro de salud depende de su lugar de residencia y de su condición socioeconómica, siendo las mujeres de las zonas rurales las que menos atención reciben, un 53%, mientras que en las zonas urbanas es un 24% de mujeres pobres que no reciben atención postaborto en instituciones de salud.

En Colombia existe la sanción C355 de 2006 que permite el aborto bajo tres causales: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto.

Sin embargo, en cuanto al reconocimiento del aborto como un derecho que respeta la libre decisión, la equidad, la vida, más allá de las tres causales de la sanción C355, lo que se busca es la legalización y reconocimiento del aborto como un derecho que debe ser reglamentado e implementado por el Estado, y no solo sacarlo del código penal, lo que es importante, pero la exigencia de este derecho también debe contener la implementación de educación sexual, acceso a los anticonceptivos y disposición para procedimientos seguros en las entidades prestadoras de salud para abortar.

La sentencia C355 de 2006 sigue permitiendo el lucro a los servicios de abortos clandestinos e inseguros que pone en peligro la vida de muchas mujeres. El pasado 18 de noviembre la Corte Constitucional retomó la discusión sobre la despenalización del aborto debido a las dos demandas interpuestas, una de ellas por la organización Causa Justa que congrega 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer.

Actualmente, la Corte se encuentra compuesta por 9 magistrados de los cuales se sabe que 5 están de acuerdo con la despenalización y los otros 4 no. Se conoce que las ponencias a discutir en la Corte fueron presentadas por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, se presentó un impedimento por uno de los magistrados por lo que se debe esperar la respuesta de un conjuez que posiblemente dé su veredicto este mes lo que permitiría retomar la discusión sobre la despenalización del aborto en dicho órgano judicial.

La despenalización sería un gran avance, pero es importante ir más allá y exigir que se legisle sobre su implementación, legalizándolo, y así reconocer el aborto como un derecho que debe garantizar el Estado. No obstante, no se puede obviar el avance de la iglesia, la ultraderecha y la derecha quienes vienen presionando a la Corte Constitucional para que no despenalice el aborto.

Ejemplo de lo anterior, es la cita de la revista la Silla Vacía que publicó recientemente un estudio de la Universidad Externado en el que afirma que “solo entre el 2 y 3 de octubre la Corte recibió 1.672 correos anónimos exactamente iguales que dicen que la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano judicial”, siendo su objetivo que la Corte no despenalice el aborto y no por alguna cuestión democrática. Este medio también afirma que esta estrategia se hizo mediante una convocatoria de la organización “Unidos por la Vida”, que tiene conexión con “CitizenGo”, que a su vez es filial de la española “Hazte Oír”, organizaciones con presencia mundial, llamados grupos de presión, católicos y de derecha, que buscan no permitir que avance el reconocimiento de derechos para las mujeres, los pobres, los migrantes y otros grupos oprimidos por el capitalismo.

De igual manera el partido de gobierno Centro Democrático de Iván Duque es en general una de las organizaciones políticas que más miembros tiene en estos grupos internacionales de presión, varios de sus funcionarios como los del Ministerio de Salud y el de Justicia, y la misma Procuradora Margarita Cabello se han manifestado en contra de la despenalización. Incluso este año en el Congreso se conformó una “bancada Provida” con 23 parlamentarios de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y Decentes, de las tendencias de ultra derecha, derecha, y progresismos.

Para las próximas elecciones ningún partido ni candidato a congreso o a presidente se ha pronunciado ni puesto en su agenda el derecho al aborto y la salud sexual y reproductiva, pero ya se sabe la posición de la mayoría de los partidos como los indicados más arriba, que se oponen tajantemente al derecho al aborto. Para Gustavo Petro, progresista y el más probable candidato por la alianza Pacto Histórico tienen una posición cerrada de “aborto cero”, su coalición con el pastor evangélico Alfredo Saade como precandidato presidencial por la alianza de Petro deja clara su simpatía con la posición de Saade frente al derecho al aborto, sumándose a toda la ola reaccionaria contra este derecho fundamental de las mujeres.

Luis Carlos Galán del Partido tradicional liberal se hace a un lado y argumenta que son las mujeres las que deben abordar el tema porque se trata de la soberanía sobre sus cuerpos. En cuanto a Alejandro Gaviria quien por venir de la carrera académica se creía de pensamiento más progresista parece no tener en ningún punto del programa el derecho al aborto. El único que se manifestó a favor de la despenalización y la implementación fue Sergio Fajardo.

Lo anterior indica que no hay que esperar a que los políticos que aspiran a la presidencia tengan en su agenda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, y que hay que conquistarlos en las calles. Pero hay que dar un vistazo a las organizaciones y como vienen avanzando. Se pueden reconocer en Colombia varias organizaciones de mujeres cuyo eje es en algunos casos la paz, la etnia, la educación, entre otras, no necesariamente todas estas organizaciones se suman a la lucha por el derecho al aborto. Algunas de las que estuvieron dentro del grupo que presentó las demandas interpuestas a la Corte Constitucional y que se agruparon con Causa Justa son La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia y Dejusticia.

En cuanto a las organizaciones obreras, juveniles, las movidas barriales y las batucadas feministas surgen apoyando los espacios de movilización y protesta en pro del derecho al aborto. Está también el gremio docente que se moviliza por causas como el 25N, aunque no hay un apoyo abierto como organización al derecho al aborto. En zonas más conservadoras del país prefieren ser las organizaciones identificadas como movimientos de mujeres mas no feministas, hay temor a las ideologías por la estigmatización que puede surgir y fuertes creencias morales y religiosas aun influyentes.

Es necesario nuclear todas esas luchas que muchas compañeras están llevando en sus barrios y localidades, en sus lugares de trabajo y de estudio, para hacer más fuerte, visible y organizada la lucha por los derechos de las mujeres, seguir el ejemplo de la marea verde de las compañeras argentinas y fortalecer la presencia en las calles y conquistar en Colombia el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Domingo 5 de diciembre

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Perú: la ultraderecha promueve el golpe parlamentario contra Pedro Castillo

A cuatro meses de haber asumido, lo acusan de "incapacidad moral"

Los últimos cálculos revelan que la oposición tiene posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar al presidente al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. 

 

Este martes la democracia peruana se juega una jornada clave. Ese día, la extrema derecha buscará aprobar en el Congreso un pedido para iniciar un proceso sumario contra el presidente Pedro Castillo, que asumió hace sólo cuatro meses, para destituirlo del cargo. Se alega una supuesta “incapacidad moral permanente” del maestro rural y sindicalista cuya sorpresiva victoria electoral llevó a la izquierda al gobierno y remeció a los grupos de poder y la derecha, que ahora buscan su caída. Tres bancadas de extrema derecha, entre ellas el fujimorismo, promueven el golpe parlamentario, con importante respaldo mediático. Estos sectores intentaron desconocer el triunfo electoral de Castillo sobre Keiko Fujimori, no pudieron y desde el primer día de su gobierno han maniobrado para sacarlo de la presidencia. 

Se necesita 52 votos, el 40 por ciento de los 130 legisladores del Parlamento unicameral, para darle luz verde al debate de la moción de vacancia (destitución) del presidente por “incapacidad moral”. Si se alcanzan esos votos, Castillo enfrentará en los siguientes días un proceso sumario que duraría unas dos semanas y que no pasa por las instancias de un juicio político. El ambiguo cargo de “incapacidad moral” da para ser interpretado como los intereses de los legisladores determinen. Se requieren dos tercios de la cámara, 87 votos, para concretar el golpe que promueve la extrema derecha. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 55 por ciento se opone a una posible destitución de Castillo, quien ganó la presidencia con el 50,12 por ciento.

Los últimos cálculos revelan que los golpistas tienen buenas posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar a Castillo al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. Las tres bancadas que promueven el golpe suman 43 votos y tendrían el respaldo de legisladores de otros grupos de derecha. No alcanzar esos 52 votos significaría un rotundo fracaso para los golpistas. Analistas coinciden que si se llega a abrir un proceso de destitución, es difícil que se alcancen los 87 votos para concretarla. Pero la política peruana ya ha demostrado su vocación por los resultados inesperados. El partido oficialista Perú Libre (PL) y sus aliados progresistas de Juntos por el Perú suman 42 votos, solo dos menos de los 44 que necesitan para neutralizar una destitución de Catillo. A ellos se sumarían tres votos del centrista Partido Morado, que ya se han pronunciado en contra de la destitución del presidente. Pero parlamentarios del sector considerado de extrema izquierda de PL, encabezado por su secretario general, Vladimir Cerrón, que se ha distanciado de Castillo acusándolo de haberse moderado, no han rechazado la conspiración golpista y han dicho que están “evaluando” la postura que tomarán, dejando así abierta la posibilidad de respaldarla, lo que sería un suicidio.

Hace un mes, 16 legisladores de PL votaron con la derecha en contra del voto de confianza al gabinete ministerial. Cuatro bancadas de centro derecha y derecha, que suman 41 votos, se expresaron inicialmente en contra de la vacancia, pero con el pasar de los días varios de sus legisladores han ido cambiando de posición y no hay seguridad de cómo votarían estas bancadas.

Reuniones con los partidos

En un intento por neutralizar el golpe parlamentario, Castillo ha comenzado reuniones con los líderes de los partidos. Las bancadas de extrema derecha promotoras de su destitución han rechazado el llamado al diálogo, las otras lo han aceptado. Esas reuniones comenzaron el viernes y continúan este lunes. Después de hablar con el presidente, hubo declaraciones de dirigentes opositores a favor de “la gobernabilidad y la democracia”, pero han sido intencionalmente ambiguos al momento de comentar cómo votarán sus bancadas.

"Incapacidad moral"

La derecha acusa de “incapacidad moral” a Castillo por supuestamente haber presionado para el ascenso de cinco militares, que no fueron ascendidos, una acusación hecha por dos generales luego de ser pasados a retiro y que está en investigación; por una denuncia de financiamiento ilegal de la campaña de PL, que también está en investigación, en la cual no está incluido Castillo; las movidas de su exsecretario Bruno Pacheco -a quien en una intervención fiscal se le encontraron 20 mil dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno- a favor de algunas empresas ante las autoridades tributarias, quien ya fue separado de su cargo; por una supuesta relación con el “terrorismo” de funcionarios del gobierno, una imputación en la línea de la recurrente acusación que sin pruebas suele hacer la derecha contra la izquierda; a lo que se suman afirmaciones tan absurdas como calificar de “incapacidad moral” el reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.

Errores del gobierno, denuncias comprometedoras y reacciones tardías, debilitan a Castillo en medio de esta grave crisis. En los últimos días la situación del mandatario se ha complicado luego que un programa de televisión revelara que el presidente mantenía reuniones por fuera de la agenda oficial en una casa en el barrio popular de Breña, una vivienda prestada por un amigo en la que vivió durante la campaña electoral y despachaba antes de asumir el cargo. El caso ha dado lugar a que se hable de una “agenda paralela” y de “reuniones clandestinas”. Muchas de esas reuniones han sido con ministros y congresistas, encuentros que no tienen nada de extraño ni sospechoso, aunque se cuestiona que se hayan dado al margen de la agenda oficial, pero una de esas citas en la casa de Breña fue con una empresaria relacionada a un consorcio que ha ganado una licitación para construir un puente. Esta es una reunión que compromete a Castillo y sobre la que no se ha dado una explicación. El presidente ha admitido haber cometido errores, pero ha negado estar involucrado en actos de corrupción.

La figura de la destitución sumaria del presidente por “incapacidad moral” ha sido fuente de inestabilidad en los últimos años. Por esa razón cayó Pedro Pablo Kuczynski -PPK-, quien se libró de un pedido de destitución en diciembre de 2017 -un año y cuatro meses después de haber asumido la presidencia-, pero tres meses después renunció cuando se consideraba seguro que perdería un segundo pedido de destitución. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre de 2020, dos meses después de haber zafado de un primer pedido para sacarlo de la presidencia por “incapacidad moral”. La destitución de Vizcarra gatilló masivas protestas en rechazo a lo que se calificó como un golpe parlamentario, y su reemplazante, el legislador de derecha Manuel Merino, tuvo que renunciar solo cinco días después de asumir la presidencia. Ahora, otra vez aparece la amenaza del golpismo parlamentario y de la inestabilidad, y vuelve el recuerdo de las protestas en las calles y la brutal represión como un riesgo de repetición si se consuma otro golpe desde un Congreso que tiene 75 por ciento de rechazo. 

5 de diciembre de 2021

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Sábado, 04 Diciembre 2021 09:52

Nueva contradicción

Nueva contradicción

Las maniobras del Kremlin, más políticas que militares –aunque concentrar 114 mil soldados y armamento moderno en la frontera con Ucrania convirtió el riesgo de una eventual invasión en tema número uno en el catálogo de reclamaciones recíprocas entre Moscú y Washington, con el propósito de que los países de la OTAN tomen en cuenta las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad– hacen que sea crucial la próxima cumbre de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden.

Aún sin fecha acordada, circulan insistentes rumores en el sentido de que la cumbre pudiera celebrarse a distancia, por videoconferencia, la semana entrante, tentativamente este martes, porque los mandatarios parecen conscientes de que mientras más tarden en verse las caras, para pasar de las acusaciones a la búsqueda de consensos, mayor será el peligro de un estallido accidental de una guerra que, en el fondo, a nadie conviene.

Ya no se trata sólo de dar luz verde para que comiencen las labores de los grupos de funcionarios y expertos que han conformado Rusia y EU para negociar distintos aspectos del control de armamento y otras inquietudes en materia de seguridad.

Ahora Putin y Biden van a tener que defender posiciones irreconciliables: el primero, las líneas rojas que nadie debe cruzar –la expansión hacia el este de la OTAN y la admisión en su seno de repúblicas ex soviéticas como Ucrania o Georgia– y el segundo, lo que considera un derecho inalienable de cualquier país soberano como simple eufemismo de sus pretensiones hegemónicas.

El problema es que la iniciativa que va a presentar Putin a Biden –firmar un acuerdo jurídicamente vinculante que otorgue garantías de seguridad– permite que cada cual invoque principios nodales del derecho internacional para aceptar o rechazar el pacto. Exigir que ningún país vecino ingrese a la OTAN es para Rusia un derecho, pero también es una prerrogativa que corresponde decidir sólo a la población de esos países, y cada cual lo va a interpretar a su manera, como cuando se plantea un referendo de separación y unos reivindican la libre determinación de los pueblos, mientras otros se aferran a la integridad territorial.

Este tipo de contradicciones no pueden resolverse sin consenso, sin concesiones mutuas. ¿Están listas Rusia y EU para hacerlo ahora? Pronto lo sabremos.

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Lunes, 29 Noviembre 2021 05:57

China y la tensión en Taiwán

China y la tensión en Taiwán

Sólo hay una China en el mundo y Taiwán es parte inseparable de China. Esa fue la postura que llevó el líder asiático, Xi Jinping, a la reunión virtual que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde el conflicto sobre el estrecho de Formosa fue el tema principal del encuentro. “Cualquier reconocimiento formal de la independencia de Taiwán dará lugar a medidas contundentes”, subrayó el mandatario chino.

El conflicto, nacido al calor del triunfo de la revolución y la fundación de la República Popular de China, en 1949, atraviesa su peor momento desde que se consagraron las relaciones diplomáticas. Incluso, Estados Unidos rompió su posición neutral e hizo público su apoyo al gobierno taiwanés frente a lo que consideran una amenaza real de Pekín sobre la autonomía de la isla.

En las últimas horas, la agencia estatal Xinhua publicó unas declaraciones del presidente Xi en las que denuncia que Estados Unidos intenta usar a Taiwán para controlar a China. “Esa tendencia es muy peligrosa y es como jugar con fuego, y quienes juegan con fuego se queman”, añadió.

Se conoció también que más de un centenar de aviones chinos sobrevolaron la zona de identificación de defensa aérea en respuesta a la presencia militar norteamericana en el estrecho de Formosa. La situación se agravó cuando un submarino estadounidense Connecticut colisionó, el pasado octubre, contra una montaña submarina que hasta ese momento se desconocía. El incidente provocó una catarata de acusaciones cruzadas. China exigió saber qué hacía el submarino en esa zona y Estados Unidos contestó que no correspondían las explicaciones porque la nave estaba haciendo ejercicios de rutina en aguas internaciones. En ningún momento, Washington hizo mención a las causas del accidente y los motivos por los que había enviado un submarino de semejantes proporciones al estrecho a ese lugar.

Lo cierto es que desde hace varios años el Mar meridional de China es una zona de conflictos entre las dos potencias del mundo. A los fines de contener el crecimiento de la influencia china en el Este Asiático, Estados Unidos convirtió la región marítima en el epicentro de su avanzada militar, dotando de armamento y logística a la isla.

La historia entre China y Taiwán, que se inició con la decisión separatista de una parte de los militares y funcionarios administrativos del Kuomintang que escaparon a la isla tras la derrota, suma, por estas horas, un capítulo con final impredecible que atenta con la estabilidad y la paz en la región. Será cuestión de esperar que la política y la diplomacia le ganen a las armas. 

28 de noviembre de 2021

Por Gastón Fiorda, licenciado en Filosofía. Magister en DDHH. Autor del libro Vietnam, genealogía de la Resistencia

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