Martes, 22 Junio 2021 05:50

Por qué el agua es el nuevo petróleo

Por qué el agua es el nuevo petróleo

La escasez del agua en el mundo, acelerada por el derretimiento de los glaciares, la contaminación y su uso intensivo, para algunos es sinónimo de negocio. Su cotización en Wall Street habilitó el mecanismo técnico para su commoditización. Mauro Fernández reconstruye el mapa de las corporaciones que, con aliados clave de la política, se convierten en “la vanguardia sensible de esta embestida sobre el bien estratégico del siglo XXI”.

Esta investigación es parte del especial Agua realizado y publicado en bocado.lat

En su mansión al norte de Nueva York, Laurence Fink, uno de los treinta hombres más poderosos del planeta se despertó con sed. Era 2 de noviembre y cumplía 66 años. Todavía no había pandemia. Se levantó de la cama a las cinco de la mañana y no tomó nada. Con la garganta reseca apretó la nariz contra la ventana de la sala de estar, mirando al parque de cuatro hectáreas. Después de veinte segundos inmóvil, tragó saliva. Las mejores ideas de su vida las había tenido siguiendo intuiciones. Nadie sabría cómo se gestó la más reciente ofensiva sobre el agua, pero Larry recordaría siempre esa sedienta mañana.

Fink tiene ahora 68 años, es más largo que alto, tiene una alopecia profunda y usa anteojos sin marco. Se ríe seguido y la comisura derecha se le levanta con picardía porteña. Su padre era zapatero y su madre, profesora de inglés. Nació en Los Ángeles y estudió ciencia política en la Universidad de California donde se unió a la fraternidad universitaria Kappa Beta Phi. Catorce años después de recibirse, fundó y se convirtió en el número uno de BlackRock, hoy el fondo de inversiones más grande del mundo. En 2020, el grupo gestionó fondos por 8,7 billones de dólares, una riqueza que lo posicionaría como la tercera potencia mundial, sólo detrás de Estados Unidos y China. El fondo es copropietario de más de diecisiete mil empresas entre las principales farmacéuticas (Pfizer), alimentarias (Bayer-Monsanto y Coca-Cola), petroleras (Exxon Mobile) y tecnológicas (Apple y AOL), entre otras. Es la cueva donde nunca descansan los mejores lobos de Wall Street; una manada de la que Larry es el macho alfa.

Si bien toma impulso con sus intuiciones, Fink siempre se basa en las proyecciones. Desde hace años que conoce los informes sobre la escasez del agua en el mundo, acelerada por el derretimiento de los glaciares, la contaminación y su uso intensivo, en particular del sector agrícola —el 72% del consumo global se utiliza de ese modo de acuerdo a la ONU—, los municipios y las industrias. Según el World Resources Institute, en los últimos cincuenta años la demanda doméstica se incrementó en más de un 600 por ciento. Pero la ONU estima que aún 2.200 millones de personas (casi un tercio de la población global) no tiene acceso seguro al agua potable, y tres mil millones no acceden siquiera a lavarse las manos con agua y jabón. Para los jugadores como Fink, gestionar e incrementar artificialmente esa escasez es una excelente oportunidad de negocios.

BlackRock avanzó en su proyecto por distintos frentes. En julio de 2020 publicó el informe Troubled Waters (aguas turbulentas), en el que advirtió que el estrés hídrico —mayor demanda que disponibilidad del recurso— produciría graves riesgos financieros en las próximas décadas. Mencionó especialmente los riesgos para el sector inmobiliario, el agrícola y la generación eléctrica. Lo vinculó, además, con las sequías y las inundaciones producto de la crisis climática. Reconoció el contexto y tomó carrera.

En diciembre de 2020, el agua comenzó a cotizar en Wall Street, esa cueva de Fink y otros popes de la economía de mercado global. Se trata, por el momento, de precios futuros para el comercio de agua de cuencas de California para el mercado agrícola. Pero también es lo que parece: el mecanismo técnico necesario para abrir formalmente el camino a la commoditización del agua. 

Luego la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reconoció que “durante años, varias generaciones pelearon guerras por el petróleo; en un corto tiempo se pelearán por el agua”. Para defender el recurso, Harris la catalogó como una “commodity preciosa”. Plantea así un escenario en el cual el agua nos llevará, o bien a la guerra formal y conocida, o otra más abstracta pero igual de sangrienta, la que deviene de ingresarla con un valor cuantificable, competitivo y comerciable. Lo que propone la vicepresidenta norteamericana es que si queremos evitar que nos arrebaten el agua al calor del hierro, debemos aceptar —y abrazar— su valorización económica. 

En 2020 Fink mostró su primer modelo de ataque. Copropietario de la farmacéutica estadounidense Pfizer, dueña de una de las vacunas que se comercializa contra la Covid-19 habría exigido que los países que querían comprar la droga pusieran activos soberanos a modo de garantía para responder ante eventuales juicios futuros. El caso fue develado por una investigación periodística del Bureau of Investigative Journalism y reiterado en Argentina por Jorge Rachid, asesor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien declararó que Pfizer le exigió a la Argentina que sancionara una ley que eventualmente permitiera embargar los glaciares andinos. Si algo salía mal con la vacuna, Argentina respondería con sus cuerpos de hielo, nada menos que sus reservas de agua. El país, hasta ahora, rechazó esas condiciones.

***

Cordillera de los Andes. Centro-oeste de la Argentina. Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza. Allí se emplaza la Reserva turística Villavicencio. Un paraíso verde entre las altas cumbres, a casi dos mil metros sobre el nivel del mar, que corona una construcción blanca de estilo andina. El Hotel Villavicencio tiene cuatro pisos y techos de tejas ocre. La reserva posee el 8% de la superficie total del departamento. El dominio de esas 72 mil hectáreas que incluyen el manantial, tres ecosistemas distintos, 240 especies de fauna y 200 especies de flora es privado. Desde el año 2000, lo administra la compañía multinacional Danone. El acceso es arancelado (hoy ingresar cuesta unos dos dólares) y parte de los caudales de agua son embotellados por esa compañía en botellas que llevan la imagen del hotel impresa y luego son vendidas a un dólar el litro.

Lejos de la figura clásica del villano de película que acompaña a las corporaciones agrotóxicas, fósiles o megamineras, las que venden agua avanzan con rostro humano y cercanía a las poblaciones. Son la vanguardia sensible de esta embestida sobre el bien estratégico del siglo XXI. 

Según datos de 2018, sólo tres corporaciones controlan el 85% del mercado del agua en Argentina: Danone, Nestlé y Coca-Cola. ¿Quién se esconde detrás de las tres? Los lobos. El 10% de Coca-Cola (Coke Inc.) es controlada por BlackRock; en Danone, aunque el principal fondo de inversión es otro —el Massachusetts Financial Services—, el gigante norteamericano tiene más del 5%; y en Nestlé ningún accionista supera el 3 por ciento, excepto la compañía de Fink. Estos gigantes financieros lanzan sus inversiones detrás de toda gran empresa global. Esto es clave para entender el criterio que aplican sobre el agua y su commoditización, así como para identificar a los ganadores y los perdedores de esta idea quedeja de ser amenaza latente para convertirse en realidad.

La intención se oculta con publicidad. Coca-Cola propone que sientas el sabor.  Nestlé habla de buena comida, buena vida. Danone va más allá: un planeta, una salud dice en un registro épico. Los sitios de las principales embotelladoras están inundados de noticias sobre sustentabilidad, medio ambiente, bienestar y reciclaje. Parecen una oenegé, cuando su core business es embotellar un derecho. La estrategia de marketing está disfrazada de responsabilidad social.

Coca-Cola, por ejemplo, acordó con el Gobierno de Salta que llevaría agua potable a la región. En principio, con una prueba piloto que aplicara veinte (sí, veinte) filtros familiares a comunidades originarias de los departamentos de Rivadavia y San Martín. No importa que para fabricar un litro de Coca-Cola se utilicen litros y litros de agua, sin contar la cantidad utilizada para el envase o el endulzante. Aunque a pesar de su rol clave en el sector del agua embotellada a través de Bonaqua y Kin, el foco de la empresa norteamericana sigue siendo su gaseosa de bandera y su estrategia comercial no logra despegarse del impacto que produce como sí intenta, con mejor éxito, la francesa Danone.

Ya sea en la promoción de lácteos como garantes de salud, como en la gestión del agua, Danone no sólo busca parecer una oenegé: también las financia. Así, junto al programa SedCero —que integra junto con el Rotary, la empresa de marketing sustentable Diamonds, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y organizaciones sociales—, lanzaron en 2018en  la Casa Rosada) la Plataforma del Agua. Esta herramienta busca, según su sitio web, facilitar procesos de “desarrollo inclusivo y sustentable”. Desde ese espacio, el último Día Mundial del Agua que se celebró el 22 de marzo, Danone, SedCero, Avina y la Universidad Nacional de Quilmes firmaron un convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El documento con la carta intención no se hizo pública ni se conocieron avances posteriores, pero tanto desde el Estado como desde las organizaciones firmantes aseguran que la colaboración pondría a disposición del Consejo la información sobre vulnerabilidad en el acceso al agua generada por la mencionada plataforma, financiada por la principal embotelladora del país. 

Los datos de escasez de agua en Argentina son alarmantes. Según el INDEC, cinco millones trescientas mil personas no tienen acceso al agua potable en sus viviendas y más del 13% de los argentinos no gozan de acceso permanente a este recurso vital. En las zonas rurales, como el Gran Chaco —donde centra su actividad el programa SedCero—, la situación se agrava y la escasez hídrica alcanza al 41% de los hogares. La inexistencia de una ley nacional para regular el agua aumenta la complejidad del abordaje, imposibilita el acceso a los datos reales y deja librada la gestión a colaboraciones con privados que se benefician con la venta del recurso que se busca garantizar. 

El Consejo Nacional es un espacio de articulación entre distintas áreas del Estado que busca optimizar los recursos en relación a las poblaciones más vulnerables. Su presidenta, Victoria Tolosa Paz, no considera que el rol del sector privado en la gestión de estos datos despierte ninguna alarma. Por el contrario: cree que los datos hay que buscarlos allí donde están, para poder cruzar la información existente con los mapas de vulnerabilidad y acceso al agua y acercar soluciones urgentes a los que más necesitan ese recurso. “Sin datos no se pueden tomar decisiones”, dice. Durante las semanas que duró esta investigación intentamos comunicarnos con la empresa pero nada logró más que una promesa de respuesta futura.

Buscando otras respuestas, aparece una declaración del exdirector financiero de Danone Argentina entre 2007 y 2010, François-Xavier Lacroix, ahora a cargo de Aguas Danone España. En una entrevista con ElEconomista.es, Lacroix reconoció que “el agua corriente no es competencia [a su negocio], pero dar agua gratis puede ser contraproducente”. Su razonamiento es el siguiente: “Hay que darle un trato adecuado al agua, porque si se ve como algo gratuito sin interés ni sofisticación, toda la categoría agua cae, y da más espacio a los productos que pueden ofrecer una experiencia de consumo más atractiva pero son menos sanos”. No es un caso aislado en el sector. En esta misma línea se expresó tiempo atrás Peter Brabeck-Letmathe, CEO de Nestlé entre 1997 y 2008: “La posición de que todo ser humano debe tener derecho al agua es extrema. […] Personalmente creo que es mejor darle al agua un valor de mercado para que todos seamos conscientes de que tiene un precio”.

La doctora Ana Torlaschi preside el Comité de Salud y Ambiente de la Asociación Médica Argentina y se especializó en el mercado del agua embotellada y el acceso al agua segura. Torlaschi cree que “las empresas privadas tienen la capacidad de ver un negocio donde tendría que haber un derecho; aprovechan el agujero que deja el Estado”. Dice que “los gobiernos deberían proveer el agua segura a la población porque el acceso al agua es un derecho humano como lo es el derecho al aire” y no duda en considerar que “el agua va a ser el oro del futuro”. Sobre el acuerdo entre el Estado y Danone, Torlaschi se pregunta sobre los datos que relevarán y exhibirán: “el que tiene la información tiene la manija”. 

***

La Veredita es un largo pasillo de casas bajas en el que se estima que viven unas ciento cuarenta familias. Está ubicado en el sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, a dos cuadras del estadio de San Lorenzo, el club del que es hincha el Papa Francisco. Algunas de esas casas no tienen las cuatro paredes de material, se arreglan con nylon y frazadas. Durante catorce años, el barrio no tuvo agua. Ni siquiera es uno de los 57 barrios de emergencia relevados en la Ciudad de Buenos Aires (que habitan unas 73.600 familias): el Gobierno de la Ciudad no lo reconoce, alejando a sus habitantes de sus derechos básicos como el acceso al agua. Desde la primera toma tuvieron varios conflictos entre vecinos por intentar acceder al recurso que ya tenía el barrio lindante, Los Pinos, y la Federación de Asociaciones Bolivianas que queda cruzando la calle.

Laura tiene menos de cuarenta años, vive con su marido, dos hijos y una nieta pequeña. Tiene pelo oscuro, un mechón violeta y usa un barbijo negro con la pipa de Nike. Tiene ojos negros y una mirada profunda. Desde hace tres años gestiona el comedor de La Veredita al que asisten unas setenta familias a buscar la comida que prepara junto con otras dos mujeres. “Yo busco donde está la solución y avanzo, te atropello”, dice. Cuenta que hace unos años, el Gobierno de la Ciudad colocó dos tanques en cada esquina. Mantenerlos funcionando es una tarea que obliga a los vecinos a mantenerse atentos: deben llamar por teléfono cuando el agua se está acabando. La distribución hacia cada casa la hacen los mismos vecinos con baldes. 

 “Esa agua la ponés en el balde y en cinco minutos se pone amarilla”, relata Laura. “Tuvimos chicos con forúnculos, diarreas, todo por esa agua”. El gobierno no lo reconoce, pero lo sabe. Por eso, para beber, cada quince días acercan a cada familia cuatro bidones de cinco litros de agua de mesa (que en realidad es agua corriente, pero envasada) que comercializa la empresa Akua S.A. bajo la marca Freezy. Por familia supone alrededor de un litro por día. La familia tipo de La Veredita tiene unos seis o siete integrantes, como mínimo. Laura atiende en el comedor a familias de nueve y hasta doce personas. Lo que les lleva el gobierno los enferma o no alcanza. El barrio está lleno de chicos que corren y juegan entre los bidones de agua que se amontonan vacíos.

La pandemia agravó varios problemas que ya existían. “Te dicen que te quedes aislada en tu casa, ¿pero cómo hacés si no tenés agua ni para lavarte las manos?”. Entre la sed y la enfermedad, Laura avanzó y atropelló. Varios vecinos del barrio se convirtieron en ingenieros hidráulicos a través de YouTube. En noviembre del 2020 buscaron un caño, lo cortaron, sellaron y canalizaron hacia el barrio. Con apoyo de una parroquia cercana consiguieron una tuneladora y pasaron los caños prolijamente por debajo del asfalto. Llevaron agua hasta los tanques del gobierno y se organizaron cada cuatro vecinos para comprar caños más pequeños para que el agua llegara hasta las casas. No cubre toda la cuadra, pero media Veredita tiene su canilla. Para los que aún no llega, usan las canillas populares que pueden abrir y cargar sus baldes con agua más segura que la que les acerca el gobierno y sin miedo a que se termine. Así pasaron la primera ola, organizándose para mejorar la higiene básica y permitiéndose el primer verano en el que los chicos pasaron el calor refrescándose en una pileta de lona.

Esta situación no es una excepción. De acuerdo al Observatorio Villero de La Poderosa, el 75% de las asambleas que integran en todo el país tienen conexiones informales, el 55% no poseen tanques para almacenarla y el 25% tienen sólo una canilla por casa. Uno de cada cinco no tiene ni una sola gota. Cuando alrededor del 40% de los habitantes de las villas tienen menos de 15 años y 7 de cada diez menos de 30, el ataque es contra el futuro. A Laura y a sus vecinos no les dejan alternativa: “No es la solución correcta, pero vamos tapando huequitos; más no podemos hacer”.

Los fondos de inversión que especulan con el precio del agua en Wall Street o las multinacionales que ocupan grandes reservas naturales para embotellar un bien público están muy lejos de estas realidades. La cotización bursátil en Estados Unidos es irrelevante en la realidad cotidiana de los vecinos de los barrios populares. Las verdaderas guerras por el agua ya se están peleando allí. La privatización del bien común, la ausencia en la gestión estatal y la profunda desigualdad social son parte de esta embestida que crece desde la sed de los lobos y las maniobras de quienes visten de corderos mientras oscurecen el futuro de los pibes en la estepa latinoamericana.

Por Mauro Fernández | 22/06/2021

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 21 Junio 2021 05:49

Fue Teté

Al término del encuentro del presidente estadunidense, Joe Biden, con su par ruso, Vladimir Putin, el jefe de la Casa Blanca aseguró que Moscú ha perdido credibilidad ante el mundo por interferir en elecciones de otros países, olvidando el historial estadunidense de intervenciones. La imagen, hace unos días en Ginebra. Foto Afp

Biden, al concluir su gran reunión cara a cara con Putin la semana pasada, comentó a los medios que Rusia ha perdido credibilidad ante el mundo: "¿Cómo sería si Estados Unidos fuera percibido por el resto del mundo como interfiriendo de manera directa en las elecciones de otros países y todos lo sabían?"

Nadie sabía si reír o llorar. Con una carrera política de décadas en el Senado e incluso jefe del Comité sobre Relaciones Exteriores, ¿es posible que Biden no sabe que su país tiene una larga historia de interferencia en los asuntos políticos, incluyendo elecciones, de otros países, incluyendo el de Putin?

Al preguntar a algunos expertos sobre política exterior, incluyendo la clandestina, concluyeron que por supuesto que lo sabe, pero lo justifica con esa infantil idea del "excepcionalismo" de que cuando Estados Unidos lo hace es por el bien y para la democracia, y que cuando otros países, como Rusia, se atreven, siempre es con fines malignos.

Estados Unidos ha intervenido en las elecciones de otros países en por lo menos 81 veces entre 1946 y 2000, casi todas en secreto, según un experto académico que ha intentado hacer una lista completa.

La primera operación clandestina mayor de la recién creada CIA fue interferir en la elección en Italia en 1948 para evitar un triunfo de los comunistas y se calcula que más de 65 millones de dólares fueron invertidos por la CIA en ese país desde entonces hasta principios de los años 70 para estos fines.

La mano estadunidense ha interferido en procesos políticos y electorales en casi todos los continentes. Esto se ha hecho de varias maneras, desde invertir fondos para partidos y conducir campañas de propaganda, hasta medidas más extremas que incluyen asesinatos de líderes políticos, apoyo a golpes de Estado e intervenciones militares directas para frenar el resultado de elecciones y de otros procesos políticos, incluyendo revoluciones y luchas de liberación nacional. La lista es larguísima y conocida: Guatemala, Cuba, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Guyana, Haití, así como Irán, el Congo, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Afganistán, Grecia, y hasta Australia, por mencionar sólo algunos.

Henry Kissinger comentó sobre la elección democrática de Salvador Allende en Chile en 1970: "no veo por qué necesitamos quedarnos quietos y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo". Tres años después, en el primer 11-S, la mano estadunidense estaba muy presente en el golpe militar contra ese gobierno.

Con Ronald Reagan se creó el Fondo Nacional por la Democracia, o NED, que reparte fondos a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, publicaciones y ONG en varios países para "promover la democracia". Según algunos, hace abiertamente lo que la CIA antes hacía de manera secreta.

El gobierno estadunidense, con Clinton, interfirió en la elección de 1996 en Rusia para ayudar en la relección de Boris Yeltsin, incluida la canalización de fondos del FMI para usos electorales, prestando consultores políticos y encubriendo el fraude electoral.

Y durante casi seis décadas ha promovido el cambio de régimen en Cuba a través del bloqueo y de un sinnúmero de operaciones clandestinas (https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2021/06/ 20/derrocamiento-del-gobierno-abel-prieto-8949.html).

Noam Chomsky, en 2017, poco después de que acusaciones de interferencia rusa en las elecciones estadunidenses en 2016 detonaron furia y protestas por políticos en Washington, recordó que "la historia de la política exterior de Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es en gran medida definida por la subversión y el derrocamiento de regímenes extranjeros, incluyendo parlamentarios, y el uso de la violencia para destruir organizaciones populares que podrían ofrecer a la mayoría de las poblaciones una oportunidad para participar en la arena política".

El ideal democrático en la política exterior estadunidense, explicó, es sencillo: "eres libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando sea lo que nosotros queremos que hagas".

The Clash. Washington Bullets. https://open.spotify.com/track/ 6vkYJbpPG8WOxv8MlbDPmw?si=dd5df1b04a89437b

Publicado enInternacional
Domingo, 20 Junio 2021 05:22

¿Unidos contra China?

¿Unidos contra China?

Por ahora, los poderes comunitarios siguen caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la potencia oriental y siguen siendo cautelosos a considerar a China como su mayor rival geopolítico, como hace Estados Unidos.

 

Entre la cumbre del G7 en Cornualles (Reino Unido), la OTAN en Bruselas (Bélgica) y la reunión entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra (Suiza), ha tenido lugar la cumbre entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE UU) con el fin de “renovar” la asociación transatlántica. La última tuvo lugar en 2017 con Donald Trump. En esta ocasión, Biden ha pretendido con su gira europea reclutar aliados para su política exterior y el enfrentamiento geopolítico con China y Rusia.

Al gobierno alemán le pareció tan relevante la visita que la canciller Angela Merkel envió a principios de junio un equipo negociador de alto nivel a Washington para preparar algunos de los asuntos más sensibles como la relación con China o la construcción del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. En mayo, Biden había retirado las sanciones a las empresa constructora, la suiza “Nord Stream 2 AG”, por colaborar con Putin, para tender la mano a Alemania. Para desactivar el conflicto, Merkel visitará a Biden en julio.

La cumbre UE-EE UU rebajó el tono en la disputa entre ambas potencias sobre las subvenciones que dan a los dos mayores fabricantes de aviones del mundo Boeing y Airbus.

El contencioso comercial de mayor duración en la historia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha estado en la mesa de tres presidentes estadounidenses, cinco representantes comerciales de EE UU y seis comisarios de comercio de la UE. Después de 17 años, miles de millones de euros en aranceles y otros tantos millones gastados en honorarios judiciales, ambas partes anunciaron la suspensión de los aranceles de represalia.

En 2004, la administración estadounidense inició un procedimiento en la OMC contra la UE, alegando que subvencionaba ilegalmente al fabricante de grandes aeronaves Airbus. La UE también presentó una denuncia contra los Estados Unidos en mayo de 2005 por sus ayudas ilegales a Boeing.

La OMC autorizó tanto los Estados Unidos —en octubre de 2019— así como la Unión —en noviembre de 2020— que impusieran aranceles punitivos a las exportaciones respectivas, afectando un valor total de 11.500 millones de dólares de intercambios comerciales entre ambas partes. Como consecuencia de ello, las empresas de la UE y de los EE UU han tenido que pagar aranceles por más de 3 300 millones de dólares, incluyendo los productos alimentarios europeos como quesos, aceite de oliva y aceitunas, carne de cerdo y licores.

Tregua de cinco años

En la mayoría de los medios de comunicación se ha celebrado la cumbre con titulares como “La UE y EE UU pactan el fin del conflicto Airbus-Boeing tras 17 años de disputa” (El País) o “Biden da una tregua a la UE en la guerra de aranceles a cambio de apoyo ante China” (Noticias de Navarra).

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se felicitó por un “acuerdo histórico en política arancelaria” y un “buen resultado para la UE y para España”. “Bien hecho”, escribió la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, al comisario europeo de comercio, Valdis Dombrovskis a través Twitter. “El acuerdo para acabar con el conflicto entre Airbus y Boeing abre una nueva etapa en las relaciones transatlánticas”, según el grupo socialista en el Parlamento Europeo.

Pero detrás de las palmaditas en la espalda entre jefes de Estado y ministros y las declaraciones triunfalistas de un supuesto cambio de paradigma de “litigio a colaboración”, la verdad es que todavía no se ha concluido nada que ponga fin a la disputa de forma permanente.

En lo que Biden calificó de “gran avance”, la UE y los EE UU sólo han acordado aparcar los aranceles de represalia, dejando sin resolver por ahora las causas fundamentales de sus desacuerdos, y darse cinco años para resolver el lenguaje jurídico y llegar a un marco mutuamente aceptable sobre las subvenciones a los oligopolios aeronáuticos.

Se creará un “Grupo de Trabajo” cuyo objetivo será “analizar y superar los desacuerdos que puedan surgir entre las partes” en materia de aeronaves civiles. Este grupo se reunirá cada seis meses.

Las dos partes no cuestionan la legitimidad del apoyo gubernamental a sus empresas aeroespaciales sino el “entendimiento sobre un marco de cooperación para grandes aeronaves civiles” busca definir cuál es el nivel aceptable de subvención y las formas permitidas tales como ciertas medidas de investigación y desarrollo y préstamos en “condiciones de mercado”. Pero las dos partes no han llegado a un acuerdo sobre los subsidios al lanzamiento de aviones Airbus, que la OMC ha declarado ilegales y que EE UU reclama que se supriman por completo. Boeing dice que la UE se ha comprometido a abordar el asunto, pero no es verdad.

Gran parte de las negociaciones frenéticas y secretas en las últimas semanas se ha centrado en la transparencia de las subvenciones y en si los Estados sigan concediendo a Airbus créditos para desarrollar nuevos modelos de avión, en virtud de los cuales la aeronáutica devuelve más o menos dinero, dependiendo del éxito que haya tenido el prototipo.

Hasta ahora, los gobiernos de Francia, Alemania, el Reino Unido y España no han publicado los detalles de los contratos por los que conceden a Airbus estas ayudas. Algo que, por cierto, no es un tema de debate en España.

La UE, por su parte, quiere que el gobierno de EE UU deje de financiar el desarrollo de aviones civiles de Boeing en virtud de contratos secretos pagados con el presupuesto de defensa, una cuestión sobre la que Bruselas no consiguió pruebas suficientes para defender su causa en los muchos años de litigio que llevó contra Washington en la OMC.

30 años de subvenciones a la industria aeroespacial

El asunto se remonta a 1992, cuando se firmó el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación del Acuerdo GATT sobre el comercio de aeronaves civiles al comercio de grandes aeronaves civiles que reconocía los subsidios a Airbus y Boeing. Nunca debería haber sido aprobado.

Desde entonces ningún gobierno ha tenido voluntad para cortar el grifo de dinero que las dos multinacionales llevan décadas cobrando ilegalmente. Es humillante que se ensalcen ahora los resultados de la cumbre UE-EE. UU. cuando se haya malversado miles de millones de euros y dólares para subvencionar un oligopolio responsable del cambio climático y el comercio de armas.

A fin de cuentas, la disputa sobre las subvenciones a la industria aeroespacial es un paradigma de cómo el capital transnacional ha puesto a su servicio las políticas económicas de los Estados. A su vez representa uno de estos “proyectos de progreso” que los gobiernos nos han vendido con el pleno condicionamiento de los principales grupos de poder económico. Se identifica como intereses generales lo que sólo son los intereses de una minoría. También desenmascara el argumento que el “libre comercio” nos ayudará “salir de la crisis” porque el dopaje de estas empresas privadas se ha pagado del bolsillo de los contribuyentes.

Recientemente, el gobierno de España ratificó su compromiso de apoyar al sector aeronáutico con más de 300 millones de euros a cargo principalmente de los fondos “Next Generation” de la UE y comprar aviones y helicópteros para el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pedro Sánchez se ha comprometido a lanzar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), dotado con un total de 185 millones de euros, y la constitución de un Fondo de Apoyo a la cadena de suministro dotado con un mínimo de 100 millones con la cooperación de Airbus y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Y a pesar de esta enorme sangría de recursos públicos, Airbus, en la que el Estado español mantiene una participación del 4,12% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha anunciado el recorte de 1.611 puestos de trabajo en España y 15.000 en el mundo.

Cuando un escaso número de firmas se va apoderando del mercado mundial, la cooperación entre Boeing y Airbus les permite reforzar su influencia en los gobiernos y una estrategia común de la UE y EE UU “contra China” es parte de la planificación privada para blindar sus beneficios.

¿En tiempos de emergencia climática y necesidad para reforzar la salud pública, ¿no deberían suprimirse estas subvenciones a la industria aeroespacial? ¿No debería el Gobierno español dejar de financiar los programas militares de Airbus? ¿Alguien con responsabilidad institucional reclamará que se devuelvan íntegramente estas ayudas?

El objetivo era... China

Aunque la cumbre no pusiera fin a la disputa comercial, sí era una señal de que los aliados transatlánticos estaban dispuestos a apartar los litigios bilaterales para centrarse en lo que han calificado como “amenaza económica común”: China.

Es lo que realmente perseguía el gobierno estadounidense con la jugada: “EE UU y la UE suspenderán los aranceles durante cinco años y trabajarán juntos para desafiar y contrarrestar las prácticas no comerciales de China en este sector de manera específica que refleje nuestros estándares de competencia leal. Esto incluye la colaboración en la inversión interna y externa y la transferencia de tecnología”, dijo Biden.

Bruselas y Washington colaborarán para ”abordar las prácticas contrarias a la competencia por parte de terceros que puedan perjudicar a sus respectivas industrias de grandes aeronaves civiles“ en clara referencia a China. No han sido capaces de resolver su propia disputa en 17 años, pero quieren dar lecciones a los demás. Es un cinismo supremo.

El comunicado de la cumbre recoge así las mismas advertencias a China que el texto final de la reciente cumbre del G7: “Tenemos la intención de consultar y cooperar estrechamente en toda la gama de cuestiones (…) hacia China, que incluyen elementos de cooperación, competencia y rivalidad sistémica”. Se mencionan las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet; la erosión de la autonomía y los procesos democráticos en Hong Kong; la coerción económica; las campañas de desinformación; la situación en los mares de China Oriental y Meridional. También tienen la intención de coordinar con China cuestiones como el cambio climático y la no proliferación de armas.

Por supuesto, ni la UE ni los EE UU asumen compromisos para hacer frente a sus propios abusos de los derechos humanos.

Aun no hay unanimidad sobre China

Las posiciones de la UE y los EE.UU. sobre las relaciones con China han ido convergiendo desde su difícil comienzo en los primeros días de la administración Biden, provocado por la conclusión del Acuerdo General de Inversiones de la UE con China en diciembre de 2020. La imposición de sanciones por parte de China a personas europeas, entre ellas eurodiputados, en respuesta a las sanciones impuestas por la UE por el trato a los musulmanes uigures puso fin a cualquier perspectiva inmediata de ratificación del acuerdo, y endureció las relaciones entre la UE y China.

En la rueda de prensa posterior a la reunión con Biden ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hicieron mención alguna a China.

Por ahora, los poderes comunitarios siguen caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la potencia oriental y siguen siendo cautelosos a considerar a China como su mayor rival geopolítico, como hace Estados Unidos.

En particular la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron advirtieron que no se debía aislar a China en un momento en que se necesita su ayuda para hacer frente al cambio climático y la salida de la pandemia.

Una razón de fondo de los desacuerdos es que la mayor parte de la industria europea depende profundamente de la producción china, especialmente los sectores automovilístico, tecnológico (informática y telecomunicación) y energético, como muestra la crisis de desabastecimiento de semiconductores (microchips), pero también de sus recursos naturales —como las Tierras Raras para las instalaciones de energías renovables—, y de su mercado para vender productos. En una reciente encuesta de confianza empresarial, el 91% de las empresas extranjeras con negocios en China afirmó que mantendría sus inversiones en el país.

Por mucho que Biden intentara unir a sus aliados en el G7, la OTAN y la UE contra China, ha sido precisamente Alemania el estado de la UE más favorable a Pekín y está aplicando su propia estrategia. Tras doce viajes a la superpotencia asiática en dieciséis años como canciller, Merkel siempre ha intentado calmar las aguas con China y fue la líder europea que más ha presionando para cerrar el acuerdo de inversiones actuando de embajadora de la poderosa industria alemana. Eso se debe, entre otros, a su gran dependencia del mercado chino, tanto para exportar como para producir. En 2020, Alemania ha exportado a China mercancías por 96.000 millones de euros y China ha exportado bienes a Alemania por 117.000 millones de euros.

Después de la era Merkel puede que el tono con China será más duro

Paralelamente, la Comisión Europea quiere frenar la creciente influencia de China en el continente con nuevas regulaciones dirigidas a las empresas estatales extranjeras. Las medidas previstas buscan blindar a las empresas europeas ante su posible compra por compañías que reciban ayudas públicas de países de fuera de la UE y las empresas extranjeras podrían ser multadas si se han beneficiado injustamente de las subvenciones públicas. Pero aunque la UE intente bloquear algunas inversiones, está tratando de atraer otras aunque sin saber cómo impulsar la producción de semiconductores en Europa. Para fabricar chips de última generación, la UE probablemente tendrá que asociarse con empresas estadounidenses o taiwanesas como Intel o TSMC. Pero Intel ya ha dejado clara una condición que necesita para invertir en Europa: importantes subvenciones públicas.

El grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo indica que Bruselas y Washington deberían “cooperar estrechamente siempre que sea posible, para un enfoque estratégico conjunto hacia China, incluyendo una discusión sobre la fase estadounidense del acuerdo y el Acuerdo de Inversiones de la UE con China”, según un documento interno. El documento sugiere una “agenda comercial transatlántica progresiva”, con prioridades multilaterales y bilaterales y cooperar más con China.

En junio de 2020, la eurodiputada del PSOE, Isabel Rodríguez-Piñero se quejó, en una entrevista en Radio Nacional, de que China podría sacar tajada de la vulnerabilidad europea por la pandemia y quedarse con las empresas estratégicas europeas, al tiempo que reconoció que es un “socio comercial esencial para la UE”.

Volviendo a las subvenciones a la aeronáutica, también esta pugna hace ver las diferentes estrategias corporativas. Mientras Airbus teme la creciente competitividad de China, el desarrollo del avión chino C919 se ha visto facilitado por las ayudas estatales de entre 49.000 y 72.000 millones de dólares al fabricante público Comac, el fabricante de vehículos Volkswagen apuesta por la colaboración con China. De hecho fue una de las principales compañías detrás del lobby alemán para cerrar el acuerdo de inversión con China.

Pero, como se ha visto en las últimas semanas, no es imposible que Biden consiga mayor apoyo de la UE para enfrentarse a Pekín, concretamente en materia de disputas comerciales, reforma de la Organización Mundial de Salud (OMS) y cooperación tecnológica.

Sin avances en el acero y el aluminio ni en la OMC

En víspera de la cumbre bilateral, Valdis Dombrovskis intentó ser tajante al exigirle a Biden que “cumpla” y tome medidas concretas para deshacer los aranceles que envenenaron las relaciones transatlánticas bajo el mandato de Trump. “Queremos avanzar de forma decisiva para resolver nuestras disputas bilaterales sobre los aviones y las medidas de la Sección 232 de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio”, dijo el comisario de Comercio en el Parlamento Europeo.

A mediados de mayo, Bruselas envió una señal al no aumentar los aranceles de represalia contra los aranceles sobre la importación de acero y aluminio.

Sin embargo, la UE no consiguió que EE UU eliminara los aranceles sobre el acero y el aluminio. Estos aranceles se introdujeron en 2018 por motivos de seguridad nacional bajo la administración Trump. El comunicado final es vago y sin compromiso.

La contienda sobre estos aranceles será aún más difícil de resolver que la cuestión de las subvenciones a los aviones y Biden no tiene prisa por derogarlos si no quiere enfadar a los sindicatos del metal en su país.

La UE se siente discriminada frente a los socios estadounidenses como Canadá o México que están exentos de esos aranceles aunque tuvieron que aceptar todas las condiciones de Trump en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en inglés). Pero ninguna parte tiene voluntad de resolver el problema de la sobreproducción en la industria metalúrgica y la necesidad de pactar otro modelo de producción que no esté dominado por las empresas transnacionales como han demostrado los casos Alcoa o Nissan en España.

También el lenguaje del comunicado sobre la reforma de la OMC es muy impreciso y comparable a lo acordado en el G7. Bruselas quiere que Washington entre a negociar cambios en el Órgano de Apelación de la OMC pero no ha logrado un compromiso de Biden.

Otros resultados de la cumbre

Además del “marco de cooperación” sobre el conflicto Boeing-Airbus, uno de los principales resultados de la reunión es crear dos nuevos espacios de cooperación: un Consejo de Comercio y Tecnología y un Diálogo Conjunto sobre Competencia Tecnológica. La UE propuso la iniciativa en diciembre, aunque los funcionarios estadounidenses son escépticos sobre cómo funcionará realmente una vez que se establezcan.

El Consejo de Comercio y Tecnología estará formado por diez grupos de trabajo, cuya composición está aún por determinar en un momento en que no se han cubierto todos los puestos relevantes por Washington. Abordarán normas tecnológicas, clima y “tecnología limpia”, “cadenas de suministro seguras”, seguridad y competitividad de las tecnologías de la información y la comunicación, gobernanza de los datos y plataformas tecnológicas, “uso indebido de la tecnología que amenaza la seguridad y los derechos humanos”, cooperación en materia de control de las exportaciones, cooperación en materia de control de las inversiones, acceso y uso de la tecnología por parte de las PYME y, por último, “retos del comercio mundial”.

Según la Comisión Europea, el nuevo diálogo sobre competencia tecnológica se centrará en “desarrollar enfoques comunes y reforzar la cooperación en materia de política de competencia y aplicación de la ley en los sectores tecnológicos.” Si estos comités de cooperación reguladora están compuestos como en el Reino Unido, que ha publicado la composición de los grupos consultivos sobre comercio, copados por las grandes empresas, entonces es de temer que las regulaciones de las grandes plataformas de internet, que afectarían a muchas empresas estadounidenses, no se harán de forma transparente ni justa.

Asimismo habrá diálogos entre Estados Unidos y la UE sobre Rusia, las ciberamenazas y la migración, otro consejo sobre competencia, un grupo de trabajo sobre las cadenas de suministro de materiales sanitarios para combatir la covid-19, un grupo de trabajo sobre los aranceles del acero y aluminio y una alianza sobre “tecnología verde”. A la UE le encantan este tipo de cosas, pero es probable no se avanzará en resolver los grandes problemas porque necesitan soluciones políticas debatidas y decididas democráticamente.

¿Qué pasa con el TTIP?

¿Habrá una resurrección del Tratado Comercial Transatlántico (TTIP por sus siglas en inglés) que la movilización social logró parar? Al menos no durante los próximos dos años y puede que tampoco hasta el final del primer mandato de Biden. Por una parte, porque la UE quiere abrir los mercados de contratación pública en EE UU y Biden no parece dispuesto a ceder en esta ámbito. Estados Unidos, por otra parte, quiere incluir el sector agrícola en un acuerdo y la UE no se atreve hacerlo, por la oposiciones de países como Francia o Bélgica.

Lo que puede haber son acuerdos parciales en materia comercial como se ha visto con la cooperación en tecnología o la pesca. Todos estas “colaboraciones” son aun menos transparentes que la negociación de un gran acuerdo comercial.

Así ocurre por ejemplo con las importaciones de gas de esquisto de EE UU que han aumentado en los últimos años, siendo España particularmente irresponsable —desde un punto de vista acumulativo es el importador número uno de la UE—. Los informes trimestrales de la Comisión Europea dan cuenta que las importaciones de gas fósil han sido extremadamente altas en la mayor parte de 2019 y partes de 2020, incluso durante algunos meses los EE UU fueron el proveedor de gas Nº 1 a Europa. Tanto la UE como los Estados miembros, como España, están vulnerando sus propias legislaciones climáticas. No sirve de mucho prohibir los sondeos y prospecciones de gas con fracturación hidráulica (fracking) en España y permitir su comercialización.

La gira europea de Biden

Su gira comenzó en Cornualles (en inglés Cornwall, en córnico Kernow) donde se entrevistó con Boris Johnson del que le separan diferencias políticas. En una ocasión llamó al primer ministro británico un “clon físico y emocional” de Donald Trump. Biden le trajo un mensaje incómodo: evitar que los desacuerdos comerciales posbrexit entre la UE y el Reino Unido socaven el acuerdo de paz del Viernes Santo. El Acuerdo de Belfast de 1998 fue negociado por EE UU, entre otros, y puso fin a décadas de derramamiento de sangre entre los unionistas de Irlanda del Norte —de religión protestante y ultranacionalistas leales a la Corona británica— y los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y partidarios de la independencia o bien la reunificación irlandesa. La línea roja para la Administración de Biden es no imponer una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.


Antes de la cumbre del G7, Biden y Johnson acordaron revitalizar la Carta del Atlántico, suscrita en 1941 por Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill y que estableció sus objetivos de cooperación después de la Segunda Guerra Mundial, para adaptarla a los compromisos de ambas Estados con la alianza militar de la OTAN y los nuevos desafíos, como el cambio climático, los ciberataques o la pandemia.

EE UU marcó la agenda comercial del G7

La reunión del G7, el club de los estados más enriquecidos del mundo, igualmente reflejó la apuesta del actual gobierno de EE UU en relaciones internacionales: China, impuesto de sociedades, COVID-19 y cambio climático.

Por su parte, los gobiernos europeos del G7 querían tratar asuntos como la reactivación de la OMC, la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido o la disputa sobre las subvenciones a Airbus y Boeing y los aranceles sobre el acero y el aluminio.

El G7 culminó sin sorpresas y la “Declaración de Carbis Bay” insiste en recetas fallidas de la globalización neoliberal como si no hubieran existido las recientes crisis globales: “prosperidad mediante el comercio y la inversión”, “poner fin a las innecesarias medidas comerciales restrictivas”, “apoyar cadenas de suministro abiertas”, reforzar las “normas de protección contra las prácticas desleales, como la transferencia forzada de tecnología” o “el robo de la propiedad intelectual” y el “desarrollo de infraestructuras”.

“Estamos unidos en nuestro compromiso con el comercio libre (…) Estamos de acuerdo en la necesidad de que el sistema comercial multilateral se reforme, con un reglamento modernizado y una Organización Mundial del Comercio (OMC) reformada en su centro”, reza la declaración.

De cara a la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en noviembre, pretenden concluir la negociación multilateral sobre las subvenciones a la pesca y avanzar en las negociaciones sobre el comercio electrónico.

Con la necesidad de reforzar la alianza transatlántica una vez fuera del club comunitario, parece que el gobierno del Reino Unido elaboró unas conclusiones de la cumbre deliberadamente favorables a EE UU, y que la UE estuviera dispuesta a aceptarlas aunque no reflejaran plenamente las diferencias políticas.

“En lo que respecta a China, y a la competencia en la economía mundial, seguiremos consultando sobre los enfoques colectivos para desafiar las políticas y prácticas no comerciales que socavan el funcionamiento justo y transparente de la economía mundial”.

Aunque la Administración Biden logró incluir en el comunicado del G7 su demanda de un estudio sobre el origen de covid-19, “incluyendo China”, no alcanzó un consenso general sobre la potencia asiática, sino que emitió una declaración separada sobre el uso de trabajos forzados en Xinjiang. El comunicado final sí hizo referencia a la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, las libertades y la autonomía en Hong Kong y “pidió a China que respetara los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con Xinjiang”.

El G7 también busca impulsar otro plan desmesurado en infraestructuras “Reconstruir mejor para el mundo” con el apoyo del Fondo Monetario Internacional que generaría nuevos endeudamientos de los países bajos y medios, sobre todo de África, por mas de 100.000 millones de dólares.

El plan “Build back better for the world” pretende contrarrestar la iniciativa china “La Franja y la Ruta” (“One Belt, One Road”), una estrategia para dominar gran parte de las infraestructuras, recursos y rutas comerciales que ha sido interpretado por algunos como la táctica más audaz de Pekín en su afán de poder mundial. La iniciativa china, para la cual Xi Jinping ha comprometido más de 1 billón de dólares, es un ejemplo de gigantismo geopolítico que agravará la emergencia ecológica y social mundial. El impulso clave detrás de “La Franja y la Ruta” consiste en utilizar la capacidad excedente de China para producir para los mercados extranjeros con el fin de hacer que sus industrias sean rentables. De hecho este proceso de externalización de la capacidad de construcción excedente que ha estado ocurriendo durante bastante más de una década.

En relación a Rusia, el G7 planteó que “ponga fin a su comportamiento desestabilizador y a sus actividades malignas, incluida su injerencia en los sistemas democráticos de otros países”, que “investigue urgentemente y explique de forma creíble el uso de un arma química en su territorio, que ponga fin a su represión sistemática de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”, y que “desbarate” los ciberdelitos.

La lectura de un comunicado de una cumbre suele ser un ejercicio aburrido en el que pesa mas lo que se ha excluido. Por ejemplo, en el comunicado de los ministerios de comercio del G7, del 28 de mayo, no se dan detalles ni plazos sobre la renovación del órgano para la solución de diferencias en la OMC ni se mencionan iniciativas más polémicas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera de emisiones de Carbono de productos importados propuesto por la UE.

Las organizaciones sociales y ecologistas afirmaron que el G7 no ha estado a la altura de los retos a los que se enfrenta el mundo. El comunicado no contenía ningún calendario para poner fin a la quema del carbón o las subvenciones a los combustibles fósiles, sólo ofrecía ayudas económicas equivalentes a 613 millones de dosis contra el coronavirus para los países más vulnerables del mundo en los próximos 12 meses, cuando se necesitan 11.000 millones según la OMS.

La gente está cansada de tanta retórica y caridad colonialista. Hay que acabar con los monopolios de las grandes farmacéuticas.

20 jun 2021 05:32

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Bennett asumió como primer ministro y puso fin a la era Netanyahu en Israel

El nuevo gobierno fue aprobado por un estrecho margen en una tensa sesión en el Parlamento

En su discurso, el flamante primer ministro hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional mientras que Netanyahu, quien ocupaba el cargo desde 2009, aseguró que hará todo lo posible para "derrocar" al gobierno.

 

Luego de varios días de negociaciones, el líder ultranacionalista Naftali Bennett asumió como primer ministro de Israel poniendo fin a la era de Benjamin Netanyahu, el premier de más larga gestión en la historia del país. Aprobado en una tensa sesión en el Parlamento con una estrecha mayoría de 60 diputados a favor frente a 59 en contra y una abstención, el llamado "gobierno de cambio" estará liderado en los dos primeros años por Bennett y en los dos siguientes por el centrista Yair Lapid

En su discurso, el flamante primer ministro hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional, mientras diputados del Likud de Netanyahu, de formaciones ultraortodoxas y de Sionismo Religioso lo interrumpieron, increparon e insultaron durante la sesión. "Bibi" Netanyahu, por su parte, aseguró que permanecerá como líder de la oposición para "derrocar" al nuevo gobierno. La histórica sesión parlamentaria del domingo fue seguida en las calles por simpatizantes de los partidos de la nueva coalición de gobierno que celebraron el éxito de la investidura, mientras que cientos de israelíes ultrareligiosos se concentraron en el Muro de los Lamentos para rezar en rechazo a Bennett y Lapid.

"Israel no es como cualquier otro país, es el sueño de generaciones de judíos desde Marrakesh a Budapest, desde Bagdad a San Francisco; cada generación tiene sus desafíos y cada generación tiene los líderes que necesita", sostuvo Bennett en su discurso desde la Knesset, horas antes de la votación. El flamante primer ministro se mostró favorable a la cooperación con Estados Unidos, aunque cree que es un error que Washington vuelva al pacto de 2015 destinado a limitar el desarrollo nuclear de Irán.

Bennett acusó al saliente Netanyahu de "fomentar una tormenta de odio" en sus últimos meses de mandato, que culminaron en "un choque de hermanos y un país paralizado". Sin embargo, el primer ministro le agradeció a "Bibi" sus 12 años de servicio a Israel. "Es el momento de pasar el liderazgo de la nación y el Estado a la próxima generación", zanjó.

El líder de Yamina anunció que cerrará tres ministerios, ampliará la educación pública, mantendrá la eximición de los ultraortodoxos en edad militar del servicio en el Ejército y los liberará para que se incorporen a la fuerza laboral. Una de las carteras más importantes, la de Defensa, seguirá en manos de Benny Gantz, líder de Azul y Blanco. Avigdor Lieberman, otro viejo conocido de la política israelí conocido por sus posturas extremistas, dirigirá la cartera de Finanzas. El ministerio de Economía quedará en manos de Orna Barbivai, de Yesh Atid, e Interior quedará en manos de la número dos de Yamina, Ayelet Shaked

Luego de mantenerse Bennett como primer ministro por dos años, el centrista Lapid (que ahora ocupará el puesto de ministro de Asuntos Exteriores) lo sucederá en el cargo en 2023. El punto más alto de polarización durante la sesión en la Knesset se produjo cuando los parlamentarios de Sionismo Religioso fueron expulsados del recinto después de protestar contra Bennett y llamarlo "ladrón de votos".

El día fue extremadamente tenso si se le suma la amenaza de un diputado de la Lista Árabe Unida de votar en contra del nuevo gobierno y por los dardos de los diputados del partido de Netanyahu, el Likud, contra los dos artífices de la coalición. De hecho, Lapid ni siquiera pudo pronunciar su discurso.

"Me salto el discurso que planeaba pronunciar hoy porque estoy aquí para decir una cosa: pedir perdón a mi madre. Tiene 86 años y no le pedimos que venga a la ligera, pero lo hicimos porque asumí que serían capaces de comportarse", se lamentó el dirigente centrista antes de abandonar el estrado.

A su turno, Netanyahu disparó un aluvión de críticas contra el nuevo gobierno. "Si estamos destinados a estar en la oposición, lo haremos con la cabeza en alto hasta que derroquemos a este peligroso gobierno", declaró el hasta este domingo primer ministro.

Netanyahu acusó al flamante primer ministro de perpetrar el "mayor fraude desde la historia de Israel" en una coalición que, entiende, lo mostrará debilitado frente a la comunidad internacional. "No tiene una posición global. No tiene la credibilidad. No tiene la competencia ni tiene el respaldo de su propio gobierno, de lo dividido que está", manifestó.

El saliente primer ministro, quien ya ocupó el cargo entre 1996 y 1999, llegó nuevamente al poder el 31 de marzo de 2009 tras las elecciones de ese año, celebradas después de que Ehud Olmert dimitiera en 2008 en medio de acusaciones de corrupción, y desde entonces ha sido la cabeza visible del gobierno israelí de forma ininterrumpida. "Bibi" sufrió un importante deterioro de su imagen en los últimos años, especialmente a raíz de su imputación por corrupción, situación que lo convirtió en el primer ministro en ser sometido a juicio estando aún en el cargo.

Además Netanyahu perdió una considerable cantidad de apoyo en el bloque de derechas. Esta situación se vio reflejada en la profunda crisis política que atraviesa el país desde finales de 2018, cuando la renuncia del entonces ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, forzó unas elecciones que abrieron un ciclo de cuatro votaciones en cerca de dos años que derivaron en parlamentos fragmentados y sin mayorías claras.

El Likud de Netanyahu logró una nueva victoria en las elecciones de marzo, si bien el bloque integrado por partidos derechistas y ultraortodoxos quedó lejos de lograr una mayoría. Así el presidente del país, Reuven Rivlin, optó por conceder el mandato a Lapid, un antiguo periodista que se distanció el año pasado del líder del opositor Azul y Blanco, Benjamin Gantz, por su pacto de coalición con el entonces primer ministro. A pesar de todo, Netanyahu sigue siendo una figura altamente influyente en el país y ya adelantó que hará lo posible por derribar a la nueva coalición de gobierno.

14 de junio de 2021


Tanto Fatah como Hamas ven escasas diferencias con la gestión saliente

La dirigencia palestina muestra escepticismo con el nuevo gobierno de Israel 

El nuevo primer ministro israelí, el ultranacionalista Naftali Bennett, aseguró que su "gobierno de cambio" no dudará en lanzar otra operación militar contra la Franja de Gaza si lo ve necesario. "Espero que el alto el fuego vigente con Hamas se mantenga", pero si el grupo islamista "elige usar la violencia contra Israel chocará contra un muro de acero", advirtió Bennett en su discurso desde el Parlamento.

Respecto al conflicto palestino-israelí Bennett, partidario de la línea dura que en el pasado bregó por la anexión de parte de Cisjordania ocupada, aseguró que "no se trata de un conflicto territorial", considerando que hay que "recordar al mundo que los enemigos de Israel aún no reconocen la existencia de un Estado judío".

Fawzi Barhoum, vocero del movimiento islamista Hamas que el mes pasado se enfrentó a Israel en la peor escalada bélica desde 2014, aseguró que "cualquiera sea la forma del Ejecutivo israelí no cambiará nuestro trato como entidad ocupante a la que se debe resistir". Por su parte el ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno palestino con sede en Ramalá opinó que "no habrá ninguna diferencia, e incluso (el nuevo gobierno) puede ser peor".

El Ejecutivo ratificado por la Knesset agrupa una coalición de ocho partidos de casi todo el espectro político, e incluye por primera vez a una formación árabe, la islamista Raam. Este grupo representa a parte de la población palestina con ciudadanía israelí.

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Sábado, 12 Junio 2021 06:01

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

La elección peruana ha generado una verdadera histeria entre las elites limeñas y una campaña de demonización del candidato cajamarquino. El escenario, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, tiene altas dosis de incertidumbre. Pero estas se vinculan poco con los fantasmas que promueve el anticomunismo zombi que recorre el país.

 

Lo que pasó en las elecciones peruanas es quizás lo más parecido a la «tempestad en los Andes» anunciada por Luis E. Valcárcel en un libro ya clásico prologado por José Carlos Mariátegui. Atraído por la idea de «mito», Mariátegui terminaba escribiendo: «Y nada importa que para unos sean los hechos los que crean la profecía y para otros sea la profecía la que crea los hechos». Lo ocurrido el pasado 6 de junio no es sin duda un levantamiento indígena como el que imaginó Valcárcel, ni tampoco uno como lo imaginara Mariátegui, como partero del socialismo. Pero fue un levantamiento electoral del Perú andino profundo, cuyos efectos cubrieron todo el país.

Pedro Castillo Terrones está lejos de ser un mesías, pero apareció en la contienda electoral «de la nada», como si fuera uno. Con los resultados del domingo, está próximo a transformarse en el presidente más improbable. No porque sea un outsider –el país está lleno de ellos desde que el «chino» Alberto Fujimori se hiciera con el poder en 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa–, sino por su origen de clase: se trata de un campesino cajamarquino atado a la tierra que, sin abandonar nunca ese vínculo con el monte, se sobrepuso a dificultades diversas y llegó a ser maestro rural; en los debates presidenciales cerraba sus intervenciones con el latiguillo «palabra de maestro». 

Desde el magisterio, Castillo saltó al escenario nacional en 2017, con una combativa huelga de maestros contra la propia dirección sindical. Un reciente documental, titulado precisamente «El profesor», da varias pistas sobre su propia persona, su familia y su entorno. A diferencia de Valcárcel, cuyo indigenismo se insertaba en la disputa de elites –la cuzqueña andina y la limeña «blanca»–, Castillo proviene de un norte mucho más marginal en términos de la geopolítica peruana. Su identidad es más «provinciana» y campesina que estrictamente indígena. Desde allí conquistó al electorado del sur andino y atrajo también, aunque en menor proporción, el voto popular limeño.

Por eso, cuando Keiko Fujimori aceptó el desafío de ir a debatir hasta la localidad de Chota y dijo con disgusto «Tuve que venir hasta aquí», la frase quedó como uno de los traspiés de su campaña. Castillo había logrado sacar la política de Lima y llevarla a los rincones lejanos y aislados del país, que recorrió uno a uno en su campaña con un lápiz gigante entre las manos. 

La irrupción de Castillo en la primera vuelta –con casi 19% de los votos– generó una verdadera histeria en los sectores acomodados de la capital. Y acorde a la actual moda del anticomunismo zombi, se expresó en un generalizado «No al comunismo», manifestado incluso con carteles gigantes en las calles. No escaseó tampoco el racismo. Perú parece tener menos pruritos para expresarlo en público que los vecinos Ecuador o Bolivia.

Por ejemplo, el «polémico» periodista Beto Ortiz echó a la diputada de Perú Libre Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la «corrección política» no llegó a sectores de las elites limeñas. Luego la llamó «verdulera» y más tarde se disfrazó de indio –con su histrionismo habitual– para darle la bienvenida de manera socarrona al «nuevo Perú» de Pedro Castillo. 

La candidatura de Castillo fue, además, víctima constante del «terruqueo» (acusación de vínculos con el terrorismo) por sus alianzas sindicales durante la huelga de maestros y, sin experiencias previas en el terreno electoral, de sus propios tropiezos en entrevistas.

Como escribió Alberto Vergara en el New York Times: «Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron los del campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Empresarios amenazaban con despedir a sus trabajadores si Castillo vencía; ciudadanos de a pie prometían dejar sin trabajo a su servicio doméstico si optaban por Perú Libre; las calles se llenaron de letreros invasivos y pagados por el empresariado alertando sobre una inminente invasión comunista». Hasta Mario Vargas Llosa abandonó su tradicional antifujimorismo –por el que incluso había llamado a votar por Ollanta Humala en 2011– y decidió darle una oportunidad a una candidata de apellido Fujimori.

Castillo está lejos de provenir de una cultura comunista. Militó varios años en la política local bajo la sigla de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, y si bien se postuló por Perú Libre, no es un orgánico de este partido, que nació originalmente como Perú Libertario. Perú Libre se define como «marxista-leninista-mariateguista», pero muchos de sus candidatos niegan ser «comunistas».

El líder del partido, Vladimir Cerrón, definió el movimiento que se alineó detrás de Castillo como una «izquierda provinciana», opuesta a la izquierda «caviar» limeña. Castillo es un católico «evangélico compatible»: su esposa e hija son activas participantes en la evangélica Iglesia del Nazareno y él mismo se suma a sus oraciones. En la campaña se posicionó repetidamente contra el aborto o el matrimonio igualitario, aunque hoy varios de sus técnicos y asesores provienen de la izquierda urbana liderada por Verónika Mendoza, con visiones sociales progresistas. Habrá que ver la convivencia de tendencias en el futuro gobierno de Castillo, que no se anuncia fácil.

Castillo se autodefine también como «rondero», en referencia a los grupos campesinos que enfrentaron a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo, aunque en Cajamarca la guerrilla fue muy débil.

La incertidumbre de un futuro gobierno de Castillo no tiene que ver, precisamente, con la constitución de una experiencia comunista de cualquier naturaleza que sea. También parece muy improbable una «venezuelización» como la que anuncian sus detractores. Las Fuerzas Armadas no parecen fácilmente subsumibles, el peso parlamentario del castillismo es escaso, las elites económicas son más resistentes que en un país puramente petrolero como Venezuela y la estructuración del movimiento social no anticipa un «nacionalismo revolucionario» de tipo chavista o cubano.

Las declaraciones del «profe Castillo» muestran cierto desprecio de tipo plebeyo por las instituciones, poca claridad sobre el rumbo gubernamental y visiones sobre la represión de la delincuencia –defensa de la justicia rondera– que pueden justificar un tipo de justicia «comunitaria» por mano propia que a menudo deriva en linchamientos puros y duros, muy comunes en el mundo andino. 

La presencia en el gobierno de la «otra izquierda» –urbana y cosmopolita– puede funcionar como un equilibrio virtuoso entre lo progresista y lo popular, aunque también será fuente de tensiones internas. Algunos comparan a Castillo con Evo Morales. Hay sin duda simbologías e historias compartidas. Pero también hay diferencias. Una es puramente anecdótica: en lugar de exagerar sus logros en una clave meritocrática, Morales dice no haber terminado el secundario (aunque algunos de sus profesores aseguran lo contrario). La otra es más importante a los efectos del gobierno: el ex-presidente boliviano llegó al Palacio Quemado en 2006 tras ocho años de trayectoria como jefe del bloque parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) y la experiencia de una campaña presidencial en 2002, además de tener detrás una confederación de movimientos sociales con fuerte peso territorial, articulador en el MAS. Castillo tiene, por ahora, un partido que no es propio y un apoyo social/electoral aún difuso.

El «miedo blanco» a Castillo se vincula, más que a un peligro real de comunismo, a la perspectiva de perder poder en un país en el que las elites habían sorteado el giro a la izquierda en la región y cooptado a quienes ganaron con programas reformistas como Ollanta Humala. Dicho de manera más «antigua»: el «miedo blanco» lo es a la perspectiva de un debilitamiento del gamonalismo, como se llamó en Perú al sistema de poder construido por los hacendados antes de la reforma agraria, y que perduró por otras vías y de otras formas en el país. Nadie sabe si las elites podrán cooptar también a Castillo, pero hay en este caso un abismo de clase más profundo que en el pasado y el escenario es de manera más general menos previsible. La «sorpresa Castillo» es demasiado reciente y en muchos sentidos es un desconocido incluso para quienes serán sus colaboradores. 

Posiblemente la tempestad electoral anuncie otras próximas si las elites quieren seguir gobernando como se habían acostumbrado a hacerlo.

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Más allá de la cueva de los murciélagos: la no “guerra fría” entre Estados Unidos y China

Estados Unidos vuelve a tensar las relaciones con China. Biden inicia una gira en la que defenderá que el país dirigido por Xi Jinping es una “amenaza” para occidente. La UE congeló en mayo el Acuerdo Global de Inversiones con China.

 

Hubo un tiempo en el que si Henry Kissinger hablaba, el resto del mundo contenía la respiración. El exsecretario de Estado de Estados Unidos durante la administración de Richard Nixon, el presidente que dio un giro de relaciones con respecto a China —con la llamada diplomacia ping-pong— emitió a principios del mes pasado una serie de juicios sobre las relaciones con el país gobernado por Xi Jinping que han revitalizado la idea de la “guerra fría” en curso entre las dos grandes potencias mundiales. 

“La confrontación de Estados Unidos y China es el principal problema para Washington; es el principal problema del mundo”, explicó Kissinger, que no rehusó la fórmula de la “guerra fría” que tanto Pekín como el Pentágono quieren eludir, al menos de momento.

La respuesta a Kissinger, el responsable de episodios históricos como el Plan Cóndor en Latinoamérica, llegó nada menos que del actual secretario de Estado, Antony Blinken. Pero Blinken no fue expeditivo, simplemente expresó que no le gusta “poner etiquetas” a una relación compleja para posteriormente entonar algunos de los mensajes que aparecen como excusa perfecta y recurrente por parte de EE UU: las referentes a los derechos humanos de la etnia Uigur en Sinkiang y el papel de China en Hong Kong durante la escalada represiva de la pasada primavera. 

Es cierto que la preocupación por los derechos humanos aumenta respecto a la etapa de Trump, pero también se debe tener en cuenta que, como se señala desde Estados Unidos, Biden ha ignorado sistemáticamente la situación de Colombia y el tratamiento de los derechos humanos por parte del Gobierno de Iván Duque.

El hecho es que el comité de relaciones exteriores estadounidense aprobó en mayo una “Ley de Competencia Estratégica de 2021”, que ha sido conocida desde entonces como la “Ley anti China”, en la que establece que la “Nación del centro” es competidora de EE UU en materia económica, tecnológica y militar.

El efecto de la ley no solo atañe a las fronteras exteriores de Estados Unidos, la Union of Concerned Scientists alertaba de que, en primer lugar, de que ese proyecto de ley “probablemente resultaría en la discriminación racial y la persecución de los estadounidenses de origen chino, así como de otros estadounidenses con vínculos personales, comerciales o profesionales con China”. 

Ese mismo grupo alertaba de que las consideraciones sobre las cuestiones de derechos humanos en el marco de esa norma se emplea como “un arma para ganar una contienda económica y geopolítica y es poco probable que ayude a las víctimas de derechos humanos”.

Así, la gira que ha comenzado Biden comienza con críticas a la “autocracia” de China y tratará temas tan delicados como la cuestión nuclear. El libreto es antiguo: Estados Unidos desea desafiar a China en el terreno militar, algo a lo que no se presta el imperio asiático, consciente de que la pandemia ha servido para acelerar la primacía económica de su modelo.

Laboratorios y murciélagos

Un mes después de las declaraciones de Kissinger, se cumplen las pautas de una escalada de hostilidad entre los dos países. El pasado viernes, 4 de junio, Financial Times publicaba que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y cara visible de la lucha contra el covid-19 en Estados Unidos, requería información adicional a sus homólogos chinos.

Fauci ha pedido los registros acerca de nueve personas que podrían haber entrado en contacto con el virus —según la hipótesis de que seis integrantes de un grupo de mineros contrajo la enfermedad en una incursión en una cueva de murciélagos en 2012— y tres en noviembre de 2019, dando lugar a la “fuga de laboratorio” de la enfermedad en Wuhan.

Es un tema, el del “escape de laboratorio” con el que se especula desde el comienzo de la pandemia y que fue descartado por una publicación de The Lancet en febrero de 2020, que solo recientemente ha sido puesta en duda por parte de la comunidad científica estadounidense. Un artículo en el prestigioso Boletín de Científicos Atómicos ha añadido la suficiente dosis de duda sobre las conclusiones emitidas por The Lancet.

 “Me gustaría ver los registros médicos de las tres personas que, según se informa, enfermaron en 2019. ¿Realmente se enfermaron y, de ser así, de qué se enfermaron?”, ha preguntado Fauci, en un movimiento que se coordina con el anuncio por parte de Joseph Biden de que ha puesto un límite de 90 días a las agencias de Inteligencia estadounidenses para dictaminar cuál de las dos teorías sobre el surgimiento del virus es la correcta: si la aceptada por la mayor parte de la comunidad científica sobre el salto de especies o si se trata de un accidente en el laboratorio de nivel de bioseguridad P4 de Wuhan.

De este modo, Biden ha retomado una de las melodías preferidas de su antecesor, Donald Trump, y se ha apoyado en la solicitud por parte del secretario de Salud estadounidense, Xavier Becerra, en el contexto de la Organización Mundial de la Salud para que la OMS retome la investigación sobre el origen del virus, a pesar de que a principios de año la oficina declaró que era altamente improbable la hipótesis de que el virus haya salido de un laboratorio. Estados Unidos ha contado con el apoyo de Reino Unido, Australia y Japón en este movimiento.

La respuesta de China ha sido atizar el fuego sobre la teoría que sitúa el “nacimiento” del virus en el laboratorio militar de Fort Detrick, Maryland, y su expansión en los juegos militares internacionales de octubre de 2019. “Si ven la teoría de la 'fuga de laboratorio' como una de las direcciones de la investigación, el Instituto de Virología de Wuhan no debería ser el único incluido”, ha publicado como editorial el medio Global Times, un importante órgano de expresión de la República Popular China.

“Desde 2019, el laboratorio biológico de Fort Detrick ha emitido muchas señales dignas de atención y debe incluirse en el primer grupo de objetivos para la investigación. Además, EE UU también ha construido una asombrosa cantidad de biolabs en Asia, e investigarlos es un proyecto urgente que debe agregarse en el rastreo de orígenes de covid-19”, ha sido la respuesta china.

El mar de fondo

La relación ha sufrido, de este modo, una degradación visible en las últimas semanas. Si hace un año Fauci negaba la “teoría de la conspiración” del laboratorio, hoy la mirada es distinta. La disputa ha llegado a la prensa mainstream y desde ahí, a la sociedad. Como se ha encargado de recordar Andre Damon en World Socialist Web Site, el autor de la nota en The Washington Post que dio el pistoletazo de salida a la escalada de preocupación gubernamental sobre el origen del Sars-Cov2 escribió también que Iraq poseía armas de destrucción masiva en 2002.

No se trata de la única controversia en torno a la pandemia. La carrera por las vacunas está siendo otro de los frentes. La República Popular China ha provisto de vacunas a 12 países de Latinoamérica, ante la mirada impotente de Estados Unidos, recelosa del 'soft power' desplegado por el Gobierno chino, que ya ha conseguido efectos como el levantamiento del veto a las redes 5G de Huawei en Brasil y República Dominicana o la reconsideración por parte de Honduras y Paraguay de su reconocimiento de Taiwán, teledirigido desde Washington. 

Desde Estados Unidos se ha mostrado “preocupación” ante esas supuestas contraprestaciones pero no se ha podido evitar que China haya puesto encima de la mesa más de la mitad de las dosis de los 143 millones de vacunas distribuidos en los diez mayores países de la región latinoamericana.

La ventaja en la carrera de las vacunas de China, que recientemente ha visto aprobada por la OMS Sinovac, su segunda fórmula tras Sinopharm, aprobada en mayo, habría sido uno de los detonantes del cambio de posición de Biden sobre la liberación de patentes, después de que EE UU rechazase formar parte de Covax, la iniciativa de la OMS para que las vacunas no tarden en llegar a países como India y Sudáfrica.

Nuevas armas

El cambio de foco desde Oriente Medio hasta Asia y a la potencia imperial china no es una casualidad, sino una tendencia de época. En conversación telefónica con El Salto, Tica Font, investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, destaca el desplazamiento de la acción militar y diplomática occidental, corroborado por el adelanto de la salida de las tropas estadounidenses —no así de los contratistas privados— de Afganistán, tras la guerra fallida lanzada hace dos décadas.


Hay enormes diferencias, no obstante. La actual disputa entre Estados Unidos y China se centra en cuál va a ser el polo de hegemonía mundial. Pese a que el país dirigido por XI Jinping ha adelantado posiciones más rápido aun de lo que se esperaba, convirtiéndose en un centro de altos rendimientos para el capital atlántico, “invirtiendo billones en activos denominados en dólares y asegurando la 'gran moderación' de los salarios y precios de Estados Unidos“, como escribía Nancy Fraser en New Left Review en 2019, la pugna tecnológica convierte a China en el gran competidor en la búsqueda de vías de recuperación económica de occidente.

China, que ha incrementado su conocimiento y capital en las tecnologías de alta sofisticación representa o es visto como una amenaza para Estados Unidos y sus aliados, que han incrementado su presencia en el océano Pacífico. En ese sentido, no ha pasado por alto el “colosal” presupuesto militar aprobado por el Gobierno de Biden, de más de 753.000 millones de dólares, justificado en la necesidad de acumular “armas de largo alcance de última generación que son más adecuadas para las operaciones en el Pacífico” dentro de una estrategia que aboga abiertamente por “contrarrestar la acumulación militar de China en Asia”.

 “China no participará en una carrera armamentística con Estados Unidos. El aumento del presupuesto de Defensa y la fuerza militar de China es el resultado natural del desarrollo económico y el progreso tecnológico. Todo sucedió de forma natural y China no necesita tomar decisiones difíciles. China no tiene la voluntad de desafiar a Estados Unidos en todo el mundo, pero no podemos permitir que Estados Unidos actúe arbitrariamente en el Pacífico Occidental, especialmente en las aguas costeras de China, para dañar los intereses de China. La determinación de China también es inquebrantable, y el desarrollo de China y el aumento del gasto militar serán suficientes para respaldar nuestra voluntad”, advertía Global Times.

Se ha acusado a Xu Qiliang, oficial militar de más alto rango en China, de rechazar hasta en tres ocasiones reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, pero el Gobierno chino se refuerza en la idea de que los contenidos de un encuentro de alto nivel deben abordar cuestiones no solo militares.

Relación tripolar

Cuestiones como la “tensión monetaria” son cruciales para entender la nueva fase en las relaciones sinoamericanas. China y Rusia, el inevitable tercer polo al que hay que remitirse para entender la actual “guerra fría”, han reforzado, especialmente desde 2014, las vías para una “desdolarización” de sus economías, algo que amenaza el punto central de la hegemonía de las finanzas estadounidenses.

Hasta ahora, los intentos de Estados Unidos de tejer una alianza con Rusia para controlar mejor a China se cuentan por fracasos. La “asociación estratégica” entre Xi Jinping y Vladimir Putin es un hecho y el pasado mes de marzo los responsables de Exteriores de ambos países coincidieron en pedir a Estados Unidos una reflexión “sobre el daño que ha hecho a la paz y el desarrollo mundiales en los últimos años, detener el acoso unilateral y dejar de entrometerse en los asuntos internos de otros países”. En la importante cita de marzo entre Sergei Lavrov y Wang Yi —titulares de Exteriores ruso y chino, respectivamente— se abordaron temas como las represalias contra Irán, la situación en Afganistán o el golpe de Myanmar.

Pekín quiere fomentar la expansión del yuan digital, en pruebas esta primavera en países de su entorno. Hong Kong, Tailandia o los Emiratos Árabes Unidos son opciones reales para esta moneda basada en la tecnología blockchain. Todo un desafío al dólar... y al bitcoin, que China no reconoce como moneda de intercambio.

Pero, tras las maniobras para eliminar progresivamente la dependencia del dólar como moneda de referencia internacional, se halla también el empeño por reducir la capacidad coercitiva que tiene Estados Unidos para imponer sanciones y medidas de bloqueo comercial.

El 7 de junio, Putin anunció un reforzamiento de las relaciones bilaterales con China que incrementará hasta 200 mil millones de dólares el volumen de comercio entre ambas potencias. El presidente de la Federación Rusa reseñó que cooperará con China para fabricación de aviones, investigación lunar, energía, protección ambiental e intercambio de población trabajadora. 

Otro de los aspectos que ha supuesto el acercamiento de Rusia hacia China es la iniciativa de la Franja y la Ruta, en un momento en el que los países de la Unión Europea han optado por su “enfriamiento”, tanto en el Parlamento Europeo como en los asuntos nacionales, en el caso de Italia, uno de los países que más avanzaron en un encuentro bilateral con el Gobierno de Xi Jinping.

Biden se reunirá con Putin el 16 de este mes en Ginebra, tras una gira que comenzó con la reunión del G7 y que se trata del primer acercamiento tras un comienzo de legislatura marcado por esa confrontación fría con China. 

Taiwán y alrededores

Las tensiones en torno a Taiwán, que alcanzaron un punto importante en 2020 con la simulación por parte de China de un ataque aéreo estadounidense, han continuado bajo la Administración Biden. En mayo, un destructor de misiles guiados de la marina estadounidense pasó por el Estrecho de Taiwán, que China reclama como propio y Estados Unidos quiere mantener como un paso internacional, es decir, bajo su influencia tácita.

Font sitúa en Taiwán uno de los focos del conflicto, si bien apunta también al paso del Ártico. En febrero, un carguero ruso atravesó la cuenca del Ártico con un cargamento de gas licuado. El efecto del calentamiento global ha convertido el punto más septentrional del planeta en un territorio en disputa. Rusia lo reclama y ha instalado nuevas bases científicas.

El paso puede dar un nuevo impulso a las relaciones entre Moscú y Pekín, que ve en las nuevas rutas una oportunidad para su economía de contenedores. También como un yacimiento de recursos naturales: petróleo y gas natural, principalmente.

La confrontación entre China y EE UU, para la investigadora del Centre Delàs, no será en ningún caso abierta: no tendrá lugar en la China continental ni en países centrales como China y Corea del Sur. En ese sentido, el Lloyd Austin, el secretario de Defensa de la Administración Biden ha anunciado que “la forma en que pelearemos en la próxima gran guerra será muy diferente a la forma en que peleamos las últimas”.

Más bien, valora Font, la chispa puede saltar en escenarios secundarios, “igual que Siria y Yemen han servido para el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán”, compara Font, la conflagración puede darse en países débiles —como actualmente en Myanmar— que pueden desestabilizar el imperio de diversas formas, seguramente, la principal a través de los flujos migratorios que generan esas guerras. También si se tiene en cuenta que China cuenta con una serie de países que funcionan como sus “talleres”, en los que la población cobra salarios más bajos que en el centro de Asia. 

En el nivel armamentístico, las palabras de Lloyd Austin toman forma en la sustitución de las bombas de pequeño diámetro y los misiles Hellfire. Según el portal Military.com, el Pentágono ha destinado 161 millones de dólares a la adquisición de 12 armas de respuesta rápida lanzada desde el aire —arrw, que suena como flecha en inglés— entre otro armamento de nueva generación.

Señala Font que las principales naciones del mundo están desarrollando nuevos programas nucleares, ante la constatación de que las armas atómicas actuales carecen de capacidad disuasoria en cuanto se antoja improbable que sean usadas. Por tanto, se están fabricando armas más pequeñas, aprovechando los avances en inteligencia artificial, lo que está dando lugar a una nueva y preocupante fase en la fabricación de armamento nuclear, indica Font. 

El hecho de que en 2017 el premio Nobel de la Paz fuera para ICAN, la campaña para prohibir las armas nucleares a nivel internacional muestra que“ en el escenario político mundial hay miedo, se ve viable que alguien use la nuclear; no es una quimera de las organizaciones civiles, hay preocupación incluso en la ONU”, señala Font.

La preparación para operaciones en el Pacífico preocupa a parte de la sociedad civil estadounidense. 65 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta en la que se expresan preocupados por la “cosmovisión peligrosamente miope que presenta a China como la amenaza existencial fundamental para la prosperidad y seguridad de Estados Unidos”

Preocupa el aumento de la carrera armamentística y su combinación con la crisis climática, un asunto trascendental según la agenda de Biden que quedaría en entredicho si se desarrolla la teoría de la contención con respecto a China. Así lo desarrollaba el profesor de estudios sobre paz y seguridad mundiales Michael T. Klare en un artículo para Counterpunch en el que recordaba que ambos países suman el 46% de las emisiones de efecto invernadero del planeta.

Para Klare, “realmente no debería haber lugar para el debate” cuando se trata de valorar “el impacto que una nueva guerra fría entre las dos grandes potencias del planeta tendría sobre las posibilidades de lograr una respuesta global con éxito ante un planeta que se calienta rápidamente”.

En el peor de los escenarios, indica este experto, “cualquier conflagración termonuclear a gran escala resultante probablemente causaría un invierno nuclear y la muerte de miles de millones de personas, haciendo que el peligro del cambio climático pasase a segundo plano. Pero incluso si no se emplean armas nucleares, una guerra entre las dos potencias podría resultar en una inmensa destrucción en el corazón industrial de China y de aliados clave de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur. Los incendios provocados en el curso de la guerra, por supuesto, agregarían carbono adicional a la atmósfera, mientras que el posterior colapso de la actividad económica mundial pospondría por años cualquier transición hacia una economía verde”.

Para Klare, la cooperación en materia climática es imprescindible y disuasoria de la estrategia de guerra fría llevada a cabo en los primeros meses del mandato de Biden.

Lo que dice la UE

En la UE, hasta la fecha, se ha optado por lanzar mensajes en contra de un marco de confrontación aunque las relaciones han retrocedido desde la salida de Trump de la Casa Blanca. El Parlamento Europeo ha “congelado” un acuerdo comercial que a principios de año la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, colocaba entre sus objetivos, y el nuevo primer ministro italiano, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo ha bloqueado los acuerdos de la “iniciativa de la ruta y la franja” firmados hace dos años.

No se estila considerar a China un “adversario”, si bien hasta la fecha Reino Unido y Francia han seguido la retórica sobre derechos humanos y respecto a las islas del Pacífico enarbolada desde Washington. “Las sanciones, las contra-sanciones y la situación internacional en general están llevando a un marco global que obliga a reflexionar sobre la relación con China y sobre cómo hacer evolucionar las cosas”, declaraba en mayo el director del think tank European Policy Centre, poniendo la letra a la música de la “congelación” del acuerdo comercial aprobada por el Parlamento Europeo con el pretexto de la preocupación por los derechos humanos.

La salida este año de la canciller Angela Merkel del poder en Alemania supone, asimismo, un posible cambio de las relaciones de la UE con China. Merkel ha defendido la menor dependencia de la UE y de su país hacia Estados Unidos, consciente de que la economía china es importante para la Unión: es el principal comprador de productos europeos y el segundo socio comercial. En 2019, Alemania exportó bienes, principalmente de la industria de la automoción por 94.000 millones a China.

La posición de España en este sentido es subsidiaria. Ni está ni se esperan pasos distintos a los que la diplomacia europea quieran avanzar en la pretensión de Biden de amarrar los apoyos de la UE en su pequeña escalada contra China. El 26 de mayo, Pedro Sánchez mantuvo una conversación con Xi Jinping de la que se reseñó que se busca “el clima de confianza necesario” para la ratificación del Acuerdo Global de Inversiones entre la UE y China.

Tras el huracán unilateral provocado por Trump, Biden se ha resuelto a invocar la multilateralidad para tratar de crear un frente común contra el que considera su adversario principal.

La llamada “Trampa de Tucídides”, por la que la tensión entre una potencia en declive y otra en ascenso puede conducirlas a una guerra hegemónica, es hoy en día una tentación para el imperio en declive, no así para China, que sigue insistiendo en que va a rehuir toda confrontación —aunque sigue reclamando sus derechos sobre el Tibet, Taiwán y las islas del pacífico sur—. Un aspecto como la crisis climática es lo suficientemente disuasorio para una solución a la vieja usanza, es decir, para la guerra. 


 El sueño de Tony Stark

Las nuevas armas y equipamientos militares ya están aquí. La inteligencia artificial y la robótica se han establecido como diferenciales en frentes de guerra como Nagorno Karabaj y Libia. La ONU publicó a finales de mayo un informe en el que se explicita que el Gobierno de Serraj Fayez Sarraj, que es apoyado por la UE y EE UU, empleó sistemas de armas autónomos letales (drones) en la guerra contra las tropas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional que controla el este del país.

 

Por Pablo Elorduy

 @pelorduy

9 jun 2021 06:00

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Sábado, 05 Junio 2021 06:35

Pronto se sabrá

Pronto se sabrá

Prevista para el día 16 de este mes en Ginebra, la reunión de los presidentes Vladimir Putin, de Rusia, y Joe Biden, de Estados Unidos, dado el preocupante deterioro de la relación bilateral, por sí sola es ya un paso adelante para intentar remover los escombros (el canciller ruso, Serguei Lavrov, dixit), en que quedaron reducidos los pactos de desarme, convenios de cooperación en diversas áreas y canales de comunicación entre el Kremlin y la Casa Blanca.

Casi todo arruinado por la creciente confrontación, exhibición de poderío militar, aplicación de sanciones y contramedidas, desconfianza recíproca, gestos hostiles y hasta desafortunados insultos personales, no cabe esperar resultados espectaculares de la cumbre.

Pero toda vez que es imposible ganar una guerra nuclear, es de suponer que Putin y Biden estarán de acuerdo en comenzar la compleja negociación para tratar de mantener el equilibrio estratégico, sin que nadie pueda augurar una pronta solución de las controversias. Los presidentes podrían dar luz verde para reanudar el diálogo en materia de lucha contra el terrorismo, ecología, ciberespacio y solución de algunos conflictos regionales como Afganistán y, de hacer concesiones mutuas, no se debe excluir que opten por restablecer el nivel de las relaciones diplomáticas anteriores al retiro de embajadores, cierre de consulados y expulsión masiva de funcionarios.

A 11 días de la cita en Ginebra, todavía no es claro si los equipos de Putin y Biden podrán concordar una declaración conjunta. Moscú y Washington no coinciden en infinidad de asuntos y manejan agendas que contienen posiciones inadmisibles para el otro. No habrá ningún avance si Biden insiste en dar clases de moral o de derechos humanos a su interlocutor, ridícula pretensión proveniente de un inquilino de la Casa Blanca, como tampoco la habrá en caso de que Putin, con el solo argumento de su arsenal nuclear, reivindique la prerrogativa de hacer lo que le dé la gana en su zona de influencia.

De Putin y Biden depende que la cumbre termine como el enésimo intercambio de acusaciones o como una oportunidad aprovechada para, aun sin resolver sus discrepancias de fondo, lograr progresos en aquellos ámbitos que convienen a ambos países y, en términos de seguridad global, también al resto del mundo. Pronto se sabrá.

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Colombia es innegociable para el Comando Sur

Ni el Pentágono ni la oligarquía van a ceder ante la calle y la sociedad colombianas, porque temen perderlo todo si dan medio paso al costado. Están dispuestos a provocar un baño de sangre antes que ceder, incluso van a hacer lo imposible por evitar una derrota electoral en mayo de 2022.

En el ajedrez geopolítico latinoamericano, el Caribe es el mare nostrum del imperio, allí donde no puede admitir ninguna oposición, ni naciones que salgan de su control. Ya se le escaparon dos, y no puede admitir una tercera, porque aceleraría su ya importante declive como superpotencia.

El más importante geoestratega estadunidense del siglo pasado, Nicholas Spykman, defendía una "América mediterránea" que incluye México, América Central y el Caribe, además de Colombia y Venezuela, que debe ser "una zona en que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada", como señala en su obra America’s Strategy in Politics, citada por el brasileño José Luis Fiori (https://bit.ly/2Tvny5f).

Sin Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia es el único país sudamericano que cuenta con salida al Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control de las estratégicas regiones andina y amazónica.

La hipótesis con que debemos trabajar, es que Estados Unidos apoyará al gobierno de Iván Duque, más allá de alguna reprimenda menor por las ostensibles violaciones a los derechos humanos. Lo que está en juego es tan importante que se pueden pasar por alto los atropellos, del mismo modo que se hace la vista gorda ante la violencia israelí en la franja de Gaza o ante la brutalidad de la monarquía saudí en Yemen.

La oligarquía colombiana es la más rancia y vetusta del continente. Nació de la derrota del proyecto de Simón Bolívar en los albores de la nueva república, se afianzó a punta de bala y metralla, y tuvo dos momentos clave que explican su continuidad ante los avances populares.

El primero es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien era el muy probable vencedor en las elecciones de 1950. Fue un líder popular que ganó prestigio a raíz de su intervención en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928 y fue asesinado por la oligarquía y la CIA, dando inicio a la guerra civil entre liberales y conservadores que causó más de 300 mil muertos.

Con Gaitán muere toda esperanza de reforma agraria y de cambios en el dominio de la oligarquía terrateniente, que en ese periodo estaba siendo desplazada en Argentina por la rebelión obrera del 17 de octubre de 1945 y los gobiernos de Perón, y en Brasil por la gestión de Getulio Vargas. En otros países, como México y Bolivia, los terratenientes fueron desplazados por sendas revoluciones, mientras en Perú y Ecuador las reformas fueron encaradas por las fuerzas armadas en la década de 1960.

El segundo es conocido como Pacto de Chicoral. Fue la respuesta de los hacendados a la burguesía reformista colombiana y al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía realizar una tibia reforma agraria inspirada en la Alianza para el Progreso, para modernizar el país y debilitar al movimiento obrero y campesino como parte del combate al comunismo.

El 9 de enero de 1972 políticos y empresarios firmaron el Pacto de Chicoral (por la población donde se realizó el encuentro), un gran acuerdo de las clases dominantes y el poder político para liquidar el reformismo agrario. De inmediato se produjo “la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las bandas de ‘pájaros’ de los terratenientes”*.

El uribismo es hijo de esta historia y aunque la DEA llegó a denunciar sus vínculos con el narcotráfico, el servicio que presta al imperio es infinitamente más valioso que los desvaríos de su principal aliado en Colombia. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) controlan las instituciones judiciales y electorales, policiales y militares, como para perpetuarse en el poder mediante masacres y fraudes electorales sin más que alguna vaga declaración de laderos como Luis Almagro.

Por tanto, no aparece en el horizonte la posibilidad de cambios a nivel del Estado, ni por la vía electoral ni por ninguna otra, habida cuenta de la cohesión adquirida por la clase dominante que se muestra dispuesta a todo, sin fisuras, para seguir aferrada al poder.

Corresponde a los miles de jóvenes movilizados, decidir el rumbo de un paro que ya supera el mes y al que no se le adivina final. La inspiración ya la tienen, luego de haber convivido con la Guardia Indígena a la que llamaron para aprender de su experiencia: autonomía y autogobierno para defender territorios y pueblos.

* León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep, Bogotá, 1987, p. 177.

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El viceministro de Defensa ruso, el general coronel Alexánder FomínGrigori Sysoyev / Sputnik

El alto oficial considera que disminuye cada vez más "el papel de las organizaciones internacionales como herramientas" para adoptar decisiones en el ámbito de la seguridad.

 

Para el coronel general Alexánder Fomín, viceministro de Defensa ruso, hoy podemos "observar la formación de un nuevo orden mundial", según declaró en entrevista con RT.

"Vemos la tendencia de arrastrar a los países a una nueva guerra fría, dividir a los Estados en 'nosotros y los otros', mientras que esos otros se definen claramente en los documentos de doctrina como adversarios", afirmó, al ser preguntado sobre las principales amenazas a la seguridad regional.

Fomín destacó que actualmente "ocurre una destrucción sistemática del sistema establecido de relaciones internacionales, de la arquitectura de seguridad", mientras paralelamente disminuye "el papel de las organizaciones internacionales como herramientas para la adopción colectiva de decisiones en el ámbito de la seguridad".

El viceministro de Defensa destacó que "aparecen armas de un tipo fundamentalmente nuevo, que alteran radicalmente el equilibrio de poderes en el mundo moderno", con lo cual el enfrentamiento armado llega a nuevos ámbitos, como el espacio y ciberespacio, lo que cambia "los principios y métodos de guerra".

Las declaraciones de Fomín se producen en vísperas de la IX Conferencia sobre Seguridad Internacional, que se celebrará en Moscú entre el 22 y 24 de junio. El viceministro hizo hincapié en que el evento desempeña un papel de plataforma "para un diálogo franco, honesto y profesional", donde pueden intervenir también "países con los cuales la cooperación es mínima o igual a cero".

Altos mandos militares de 119 países fueron invitados a la conferencia, así como los jefes de la ONU, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), de la Liga de los Estados Árabes y del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros.

Publicado: 4 jun 2021 04:20 GMT

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Trabajadores sanitarios celebran el cierre de un hospital temporal en Wuhan. TPG via ZUMA Press / dpa

Aunque la teoría principal sobre el origen del virus señala que este saltó de un animal al ser humano, la información de las agencias de inteligencia sobre la hospitalización de varios investigadores en noviembre de 2019 y la existencia de pruebas todavía sin examinar han empujado a Biden a pedir un nuevo informe

 

El coronavirus SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Desde entonces se ha extendido por todo el mundo, al menos 3,5 millones de personas han muerto por el virus y al menos más de 168 millones se han contagiado (estas son sólo las cifras de casos confirmados). Sin embargo, las investigaciones aún no han logrado identificar el origen del virus, un debate que sigue generando enfrentamientos políticos a nivel internacional y que vuelve a acaparar toda la atención tras la petición de Joe Biden a los servicios de inteligencia de "redoblar" sus esfuerzos e informarle en 90 días de sus conclusiones.

Aunque la teoría principal según la investigación de la OMS sigue siendo que el nuevo coronavirus saltó de un animal (el murciélago u otro) a los humanos pasando por un animal intermediario, de pronto, la teoría que sitúa el origen del virus en el laboratorio de Wuhan –inicialmente calificada por muchos como una conspiración sin fundamento– ha vuelto a cobrar relevancia.

¿Qué dice la investigación de la OMS sobre el origen del virus?

Un equipo internacional compuesto por 17 expertos chinos y otros 17 expertos internacionales llevaron a cabo este año un estudio conjunto sobre el origen del virus tras la resolución alcanzada en la Asamblea Mundial de la Salud. Tras una investigación en Wuhan de 28 días, de los cuales 14 los pasaron en cuarentena en un hotel, el equipo no alcanzó unas conclusiones definitivas y dejó todas las posibilidades abiertas. La investigación examinó cuatro posibles teorías y les asignó diferentes grados de probabilidad.

  • Transmisión zoonótica directa a los humanos: "considerado entre posible y probable"
  • Introducción en humanos a través de un animal intermediario: "probable a muy probable"
  • Mediante la cadena alimentaria o productos congelados: "posible"
  • Incidente en el laboratorio de Wuhan: "extremadamente poco probable"

Además, el informe final señala que aunque "muchos de los primeros casos estaban asociados con el mercado de mariscos de Huanan, un número de casos similar estaba asociado con otros mercados y algunos, con ninguno". "Actualmente no se puede trazar una conclusión firme sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote o cómo entró la infección en el mercado", concluía.

¿Por qué EEUU quiere investigar el laboratorio?

Este miércoles, el presidente Joe Biden pidió a los servicios de inteligencia un informe en 90 días que intente aclarar el origen del virus, incluida la hipótesis de que hubo un accidente en el laboratorio. "Poco después de convertirme en presidente pedí a la comunidad de inteligencia preparar un informe con su análisis más actualizado del origen de la COVID-19, incluido si salió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente en un laboratorio. Recibí ese informe este mes y he pedido un seguimiento adicional", dijo Biden. 

A día de hoy, la comunidad de inteligencia del país, compuesta por 18 organizaciones diferentes, contempla los dos escenarios. Dos de estas organizaciones se inclinan por la hipótesis del contacto humano, otra lo hace por la del laboratorio, aunque con un nivel de confianza bajo o moderado, y la mayoría cree que "no hay información suficiente para afirmar que una es más probable que la otra". 

La petición de Biden se produce después de que miembros de la comunidad de inteligencia informaran a la Casa Blanca de que todavía tienen una serie de pruebas sin examinar que requieren un análisis informático que podría aportar algo de luz al misterio del virus, según ha informado este viernes The New York Times citando fuentes de alto rango del Gobierno. Las mismas fuentes han rechazado describir ese tipo de pruebas.

China ha criticado el anuncio estadounidense, señalando que es una decisión política. "Esto muestra que la parte estadounidense ignora los hechos y la verdad y que tampoco está interesada en un rastreo serio y científico, sino que quiere utilizar la epidemia para estigmatizar, manipular políticamente y eludir responsabilidades", ha señalado el portavoz de Exteriores chino, Zhao Lijian.

¿Qué otros factores recientes promueven esta posibilidad?

The Wall Street Journal publicó el domingo una exclusiva citando un informe de inteligencia que afirmaba que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que acudir al hospital. Según China, el primer caso detectado de coronavirus fue el 8 de diciembre.

Un día después de la publicación del artículo, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas de EEUU, dijo: "No estoy convencido [de que se desarrollase de forma natural]. La gente que lo ha investigado dice que probablemente emergió de un animal que después contagió a personas, pero puede haber sido otra cosa".

La información del periódico coincide con lo publicado por la Administración Trump pocos días antes de dejar la Casa Blanca. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró: "El Gobierno tiene razones para creer que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en otoño de 2019, antes del primer caso identificado, con síntomas consistentes tanto con la COVID-19 como con enfermedades estacionales comunes".

Por otro lado, el 14 de mayo un grupo de 18 prestigiosos científicos publicó un artículo en la revista Science en el que solicitaban que se investigase con mayor atención la teoría del laboratorio. "Las dos teorías no recibieron una consideración equilibrada. Solo 4 de las 313 páginas del informe [de la OMS] abordan la posibilidad de un accidente de laboratorio". "Debemos tomar en serio las dos hipótesis hasta que tengamos información suficiente".

La extraña muerte de tres mineros en 2012

La información del Departamento de Estado sobre el personal del laboratorio enfermo también mencionaba el caso de la mina en la provincia de Yunnan.

Según una investigación de The Times, en abril de 2012 seis mineros enfermaron con síntomas similares a la neumonía tras entrar en una mina a limpiar excrementos de murciélago. Tres de ellos murieron. Poco después, científicos chinos del Instituto de Virología de Wuhan investigaron el caso y extrajeron muestras de los murciélagos en la mina. Así identificaron el que hasta ahora es el virus más parecido al que causa la COVID-19

A falta de localizar el animal que pudo haber hecho de intermediario para el contagio de humanos –según la teoría más probable en la investigación de la OMS–, muchos han vuelto la mirada al laboratorio, que ha trabajado con este tipo de coronavirus a raíz de lo ocurrido en 2012. Según informa The Guardian, identificar los animales intermediarios en brotes anteriores de coronavirus ha sido un proceso largo, complicado e incierto.

En 2018, una delegación diplomática estadounidense visitó el laboratorio de Wuhan. "Los investigadores mostraron que varios coronavirus del estilo SARS pueden interactuar con ACE2, el receptor humano para los coronavirus SARS. Este hallazgo sugiere que los coronavirus de tipo SARS de los murciélagos pueden ser transmitidos a los humanos", señalaron posteriormente en telegramas diplomáticos enviados a Washington. También alertaban del peligro y problemas de seguridad en el laboratorio.

Peticiones de una nueva investigación internacional

"Estados Unidos seguirá trabajando con socios afines de todo el mundo para presionar a China para que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas, y para que facilite el acceso a todos los datos y pruebas pertinentes", afirmó el presidente Biden el miércoles ante la falta de respuestas del primer informe.

Otros países como Australia, Japón y Portugal también han mostrado durante la Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne esta semana, su deseo de seguir investigando el origen del virus.

La investigación de principios de año solicitada por la OMS ha recibido críticas por supuesta falta de transparencia, así como falta de acceso a información relevante. También ha habido solicitudes para que la Asamblea Mundial de la Salud decida los próximos pasos en la investigación.

Por su parte, el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia creado por la OMS ha solicitado a la Asamblea Mundial de la Salud que dé más poderes a la OMS "para investigar patógenos con potencial pandémico en todos los países, con acceso a corto plazo a los lugares pertinentes, suministro de muestras y visados permanentes para la entrada de expertos internacionales a los lugares donde se produzcan los brotes".

Por Javier Biosca Azcoiti

27 de mayo de 2021 22:09h

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