Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

Este artículo indaga sobre la fuerza hegemónica del Pacto Histórico, los escenarios de gobernabilidad y la viabilidad de su propuesta de Acuerdo Nacional para realizar las reformas urgentes que requiere el país, los ajustes institucionales, acoplar el Presupuesto General de la Nación 2023 y aprobar el Plan de Desarrollo que materialice su programa de gobierno 2022-2026.


Al igual que los individuos, las sociedades no cambian porque existan mejores opciones; mutan cuando llegan a la conclusión que no les queda otra opción. La sociedad colombiana no es la excepción: tres de cada cuatro electores estuvo a favor del cambio en la primera vuelta de la elección presidencial y lo ratificaron en la segunda. Con el triunfo del Pacto Histórico (PH), su fórmula presidencial Gustavo Petro-Francia Márquez y el lema “Cambio por la vida”, le corresponde a esta coalición sociopolítica liderar y orientar el giro político, económico y social que se abre para el país.


Gobernabilidad y Acuerdo Nacional


La historia de la humanidad muestra que las revoluciones están basadas en contratos sociales cuyo rasgo dominante es que la autoridad procede desde abajo y que la gente se siente con capacidad de contribuir al cambio y mejorar su bienestar. La democracia no existe a menos que la población tenga el control de las decisiones más importantes que determinan sus condiciones de vida.


En esta senda, Colombia necesita construir consensos con el Estado, el sector empresarial privado, cooperativo y popular, la sociedad civil, las diversas regiones y las entidades internacionales, en trabajo unido para establecer metas a mediano plazo y responsabilizar a los gobiernos por ellas. Aunque debe basarse en condiciones financieras y técnicas, esta es una tarea política de negociaciones, alianzas y consensos. Con este propósito, la nueva fuerza de gobierno viene sumando apoyos, en el marco del acuerdo nacional que buscan construir y que han denominado “Frente amplio”.


También muestra la historia que las sociedades modernas exitosas han forjado un amplio consenso político a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, el incremento de la competitividad en el mercado global, la inserción, cooperación y solidaridad en un mundo multipolar, la transformación del Estado hacia una entidad de derecho inclusiva, eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, la protección de la propiedad y la promoción del emprendimiento individual y colectivo, la inclusión social y pluriétnica (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar universalmente los derechos humanos y la justicia), la construcción de la paz estable y duradera, la reducción significativa de las fuerzas armadas y de policía reorientándolas para desempeñar un rol democrático, la articulación de la participación ciudadana deliberativa con la institucionalidad democrática (sobre todo en el nivel territorial) y la implementación de un modelo de desarrollo democrático libertario, ambientalmente sostenible, animando, a la vez, un cambio cultural consciente y crítico, un nuevo sentido de la vida y la política y que encuentra en su búsqueda y construcción colectiva a la dignidad y la convivencia solidaria como referencias de la existencia humana cotidiana. Estas directrices son el fundamento del proyecto promovido por el PH. (Ver recuadro: Apartes del histórico giro que pretende el PH).


De ello emana la gobernabilidad, que debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz. Los grados y niveles de gobernabilidad involucran una serie de “acuerdos” básicos entre las élites dirigentes y la diversidad de “agentes estratégicos”. Tras ese propósito, el PH cuenta con un amplio margen de gobernabilidad para gerenciar y consensuar el cambio demandado por la sociedad colombiana, tanto en el Congreso como con el sector empresarial y la sociedad civil.


Gobernabilidad que debe construirse: “Realizaremos diálogos regionales creando un Gran Acuerdo Nacional que nos oriente hacia los cambios que Colombia necesita para lograr la paz y el progreso. Nuestra propuesta de cambio nos convoca a todos y todas a unir fuerzas para empezar a crecer con transparencia, con respeto a los derechos, con igualdad, con democracia, paz y solidaridad”, expresó la triunfante fórmula presidencial. Un deseo también desprendido de la realidad, en tanto el PH quedó bastante sub-representado en el Congreso de la República: 20,2 por ciento de las curules del Senado y 13 por ciento de la Cámara de Representantes (gráficos 1a y 1b). Un gobierno de consensos, como el primero de sus objetivos, que de hacerse realidad y marcar sus cuatro años de gestión permitirá afirmar que se destacó por ser un presidencialismo de coalición.


Y en efecto, sus primeros pasos van en esa senda. Los representantes del Pacto expresan que “Somos conscientes de que la segunda vuelta quedó 50 y 50 y en este caso no se trata de tener las mayorías, sino de llegar a un consenso para tratar de acabar con la polarización que hay en Colombia”.


Entretejido de voluntades que comienza por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias inician el 20 de julio, órgano del poder político en el que, según el Estatuto de la Oposición, las colectividades deberán declararse de gobierno, independientes o de oposición. Hasta ahora y según los acuerdos logrados, con distribución de ministerios y otras cuotas burocráticas, el nuevo gobierno cuenta con el respaldo de la coalición que lo llevó al triunfo, el partido Comunes, representantes a la Cámara de las curules de paz, las circunscripciones indígenas y una amplia bancada de congresistas de los partidos Liberal, de la U, Cambio Radical y la Alianza Verde, una suma de apoyos que le garantiza una solvente gobernabilidad, con dos terceras partes de las curules del Congreso para sacar avante su proyecto de cambio. Estratégicamente, el PH da inició al nuevo Congreso contando y disponiendo del poder que otorga la Presidencia del Senado, en cabeza del senador Roy Barreras, para impulsar jurídicamente los tres ejes fundamentales de su programa de gobierno: i) consolidación de la paz total e integral; ii) cierre de las brechas sociales y garantía universal de los derechos humanos; iii) lucha contra el cambio climático y reorientación del modelo de desarrollo hacia su sostenibilidad; además, aprobar la Reforma Tributaria que requiere el nuevo gobierno para hacer viable financieramente su proyecto político y social.


En oposición se declararon los sectores que representan la extrema derecha y la lumpenoligarquía colombiana, agrupados bajo las etiquetas del Centro democrático, el Partido Conservador (varios senadores conservadores que harán parte del nuevo Congreso han expresado su apoyo a la agenda del PH, generando una crisis al interior de su partido) y los movimientos políticos de las iglesias cristianas, que sumados alcanzan una tercera parte del Congreso.


Desafíos


Varios retos de gobernabilidad le esperan al nuevo Presidente. Uno de los primeros proyectos en los que se verá su relación con el Congreso será el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, iniciativa que debe ser radicada por la actual administración, pero aprobarse hacia septiembre a manos del gobierno entrante. Seguramente la estructura del PGN no será muy diferente al hoy vigente, diseñado y gestionado por la presidencia de Duque (gráfico 2).

 


El PGN está predeterminado por un alto volumen de inflexibilidades; el nuevo gobierno, en alianza con las bancadas del Congreso que le garantizan su gobernabilidad, deberá ajustarlo y armonizarlo de acuerdo con el proyecto histórico demandado por las tres cuartas partes de los connacionales, consecuentes con una de sus características principales: ser síntesis y reflejo de la lucha de clases.

Un presupuesto con amarres y deberes: de los $350,4 billones del valor aforado del PGN de 2022, el 59,7 por ciento se destina a costear el funcionamiento del Estado, el 21,4 al pago de la deuda pública y el 18,9 a inversión. Para crecer alrededor del 5 por ciento anual y reducir el desempleo a un dígito, por lo menos el 26 por ciento del PIB colombiano debe ir a inversión, el principal motor del crecimiento. Al tiempo que así actúa, el nuevo gobierno tiene que ayudar a incrementar la tasa de ahorro e inversión del país.

Ahorro, para nuevos énfasis en la inversión, que puede lograrse a partir de promover una restructuración del gasto mediante la renegociación de la deuda pública, haciendo más eficiente al Estado y reduciendo los gastos de funcionamiento, bajando drásticamente los gastos militares y de policía en la medida en que se reduzca el conflicto armado interno y se consolide una paz integral y total; ésta reducción debe apoyar el aumento del gasto social y la garantía de los derechos humanos, financiar las políticas ambientales y de sostenibilidad del desarrollo e incrementar la inversión, la innovación, la diversificación y el cambio en la matriz energética hacia tecnologías limpias y amigables con el ambiente.

Los principales gremios económicos (Andi, el Consejo Gremial Nacional –CGN– Fenalco y otros) reconocieron el triunfo del PH y felicitaron a los dos líderes de la presidencia, al tiempo que manifestaron su voluntad para trabajar de la mano con el próximo Gobierno y llamaron la atención sobre la importancia de cumplir y respetar la ley. En este sentido, el CGN destacó que como representante de los empresarios y del sector productivo está listo para trabajar por una “Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones”, e invitó al nuevo gobierno a reunirse e integrar una agenda conjunta.

A la par de ellos, el cambio demandado por la ciudadanía debe ser el producto del trabajo mancomunado de todos, mucho más cuando el triunfo del PH es el resultado de la participación consciente de la juventud (23% del Censo electoral), las mujeres (51% de la población), los pueblos originarios negros, indígenas y Room (14% de la población), los sectores populares y las clases medias democráticas (80% de los habitantes), del pueblo trabajador y sus organizaciones sindicales y, en general, de las organizaciones sociales, tradicionales y nuevas, de los movimientos culturales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos. El giro que se inicia requiere de la organización y participación activa de estos colectivos, poder político esencial del nuevo gobierno, para demostrar su fuerza, apoyo, creatividad y espíritu constructivo, solidario, cooperativo y democrático.

Uno de los retos más fuertes es la transformación de la naturaleza del Estado Colombiano. En la indagación al “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James Robinson distinguen entre instituciones económicas y políticas “inclusivas”, las cuales protegen los derechos de propiedad, la equidad, los derechos humanos y fomentan la innovación y el cambio tecnológico, y las instituciones económicas y políticas “extractivas” que están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de la mayoría de la sociedad trabajadora para beneficiar a un pequeño subconjunto de rentistas y explotadores. En Colombia, las instituciones políticas y económicas extractivas impuestas por los invasores europeos al finalizar el siglo XV, han perdurado condenando a gran parte de la población a la pobreza, la ignorancia y la exclusión.


Un primer cambio institucional anunciado por el nuevo gobierno es la creación del Ministerio de Igualdad y Mujer, el cual estará dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva cartera tendrá cuatro objetivos: i) Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; ii) Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión; iii) Ingreso vital: medio salario mínimo a la madre cabeza de familia; iv) Con la reforma agraria y la economía popular hacer a la mujer titular de propiedad y sujeto de crédito de fomento para emprender.


Viabilidad del proyecto de cambio histórico


El modelo de desarrollo sostenible e inclusivo impulsado por el nuevo gobierno clasifica en los denominados progresistas o neodesarrollistas por contraste con el neoliberalismo. En el neodesarrollismo es el Estado el motor del crecimiento económico y de distribución del ingreso y la riqueza, interviniendo activamente en los procesos de producción, innovación, mercado y consumo, como también en la construcción de infraestructura, aunque sin estatizar ni centralizar el sistema económico.


Tras esta senda, una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento anual es la cifra que se establece empírica y convencionalmente como condición necesaria y mínima para un funcionamiento satisfactorio del capitalismo moderno; sin embargo, con las amenazas actuales de una estanflación global, este crecimiento mínimo del PIB parece cada vez menos sostenible. Después de la caída abrupta de la economía mundial y colombiana en 2020 producto de las medidas drásticas que se tomaron para enfrentar la pandemia, las economías registraron un efecto rebote con altos crecimientos durante 2021-2022 pero sin vigor para sostenerse, como se proyecta para los años 2023-2024 (gráfico 3).

 

 


Además, al nuevo gobierno le tocará enfrentar los graves desequilibrios macroeconómicos heredados de la administración Duque (2018-2022) (Ver recuadro: La herencia).


Reforma tributaria estructural


Con al menos esa tasa de crecimiento económico en la mira, y en procura de oxígeno para concretar sus propósitos sociales, el nuevo gobierno enfrenta el reto de realizar un ajuste fiscal que incluya tanto el gasto como los ingresos (ver gráficos 4 y 5).

 

 

 
El reto principal que mantendrá ocupado a Gustavo Petro y a su equipo de gobierno es el análisis realista en materia financiera y jurídica del costeo fiscal de sus propuestas. Un estimativo preliminar de los recursos financieros requeridos para implementar el programa propuesto es de $55 billones, esto es, 15,7 por ciento adicional al PGN de 2022 que tiene un valor de $350,4 billones. En términos del PIB se requieren entre 3 y 5 puntos porcentuales adicionales para financiar de manera sostenible el gasto público anual para el período 2022-2026.


Para lograr reunir esos recursos, dos son las alternativas: mayor endeudamiento público o implementar una reforma tributaria. El nuevo gobierno se decanta por la segunda opción, y las características de la misma implican:

 

  • • Objetivo: recaudar $55 billones adicionales
  • • Criterios generales:


Desmonte gradual de los beneficios tributarios no justificados. Habría una sola tabla de impuesto de renta con tarifas iguales para rentas laborales, dividendos o ganancias ocasionales. De $80 billones anuales son las pérdidas para el Estado colombiano fruto de los descuentos, los beneficios tributarios, las exenciones y las tarifas diferenciales otorgadas. Desmontar de forma gradual beneficios tributarios que incentivan la extracción minero-energética y privilegian a personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio.
La reforma tendrá su énfasis en el impuesto de renta. Aumentar el recaudo sobre las personas de más ingresos (se estima que este grupo privilegiado está integrado por unas 40.000 personas). Actualmente, la tasa efectiva del impuesto de renta a la que tributan el 1 por mil de las personas más ricas del país es del 1 o 2 por ciento; en cambio los trabajadores promedio tributan a una tasa cercana al 20.
En contravía de los países de la Ocde, en Colombia prevalece una estructura tributaria que depende mucho de los impuestos a las empresas y muy poco de los impuestos a las personas naturales (20% lo aportan las personas naturales y 80% las corporaciones), lo cual desincentiva la inversión, al tiempo que impide gravar de manera justa a las personas de más altos ingresos. Revertir este fenómeno es uno de los ejes, reduciendo las tasas de impuestos corporativos principalmente en los sectores claves para el proceso de industrialización, agrarización y de la transición energética, a la par que se elevan las tasas para las personas naturales.
Para que esta reestructuración cumpla con los objetivos de recaudo, se pretende clarificar la delimitación entre empresas y personas naturales. Los activos de una empresa que estén vinculados al cumplimiento de su objetivo social deben ser gravados a las tasas corporativas. Los demás activos, aquellos que simplemente están para ofrecer servicios a personas naturales sin ninguna conexión con la actividad principal de la empresa deben ser desvinculados de la misma y los flujos de ingreso que generen deben ser gravados como rentas de personas naturales. Así se corregirá una anomalía de vieja data que ha sido una cuantiosa fuente de elusión fiscal.
No recurrir a los impuestos regresivos. No sobrecargar a las empresas pequeñas y medianas con cargas impositivas superiores. Controlar la evasión de la propiedad rural (controlar las grandes extensiones de tierra con más impuestos o mayor productividad).

Personas Naturales:

  • • No disminuirá umbral para declaración de renta
  • • No cambios en el IVA. No se extenderá el IVA a la canasta familiar. Nuevos “impuestos saludables” sobre los alimentos “chatarra”.
  • • Impuesto de Renta aumenta para salarios altos (más de $200 millones al año).
  • • Pago de impuesto al patrimonio a partir de $1.000 millones.
  • • Gravar las pensiones más altas, de más de $10 millones (en Colombia hay aproximadamente 25.000 personas que tienen pensiones de más de diez salarios mínimos, estas son las que entrarían dentro de la línea de un pago de impuestos; ingresos pensionales inferiores a este umbral no pagan impuesto).
  • • Aumento del impuesto a los dividendos
  • • La actualización del catastro multipropósito es una prioridad.

Personas Jurídicas:

  • • Disminuirá la carga tributaria, especialmente para las Pyme. Menos impuestos para las empresas productivas pequeñas y medianas que trabajen el agro con energías limpias.
  • • Eliminación de exenciones.
  • • Revisión de contratos de estabilidad jurídica
  • • No pagan impuesto al patrimonio
  • • Gravar activos improductivos, en particular los latifundios.

En resumen:

  • • Las propuestas fiscales proyectadas pueden agruparse en siete ítems: i) Gasto del Estado: aumentar a estándares internacionales; ii) Tamaño del recaudo: aumentarlo entre 3 y 5 por ciento del PIB; iii) IVA: No se toca en general, pero se aumenta para alimentos no nutritivos y se baja para los nutritivos; iv) Impuesto de renta, a) personas: aumentarlo y separarlas de las empresas; b) empresas: bajarles la tarifa; v) Impuesto al patrimonio: sí, base de patrimonio líquido de $1.000 millones; vi) Impuesto a las altas pensiones; vii) Aumento impuesto a los dividendos.

Incertidumbres:

  • • Colombia, aunque no es potencia petrolera, vive principalmente de la renta de los hidrocarburos (en particular, la Hacienda Pública). En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto el petróleo representa el 40 por ciento del valor exportado por Colombia al resto del mundo; en los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) los ingresos petroleros contribuyen con el 10,2 por ciento del total en 2022. Pese a lo anunciado por el gobierno del PH, no será fácil la transición energética y sustituir estos recursos en el mediano plazo. En 2022 se espera una meta de producción diaria de 825.000 barriles de crudo (gráfico 6). Está activa una amplia campaña de perforación, con más de 70 pozos exploratorios; en términos de firmas de contratos, que es donde todo comienza, el gobierno Duque ha firmado 69. Si los precios continúan altos y el ambiente de inversión sigue siendo atractivo, la producción puede superar 900.000 barriles en los próximos cuatro años; hasta 2025 o 2026 seguirán aumentando hasta los niveles prepandemia, y de ahí en adelante, por más que haya inversión, empezará a declinar.
  • • Las regalías constituyen la principal fuente de financiación de los proyectos de inversión de las regiones a través del Sistema General de Regalías. En 2021 se obtuvieron $7 billones en regalías y fueron las más altas desde el año 2014. De seguir esa tendencia es posible llegar a lo recaudado en el 2012, que fue el año más alto en materia de regalías de la historia del país ($17,7 billones en el bienio 2013–2014). Hay factores a tener en cuenta, como la devaluación del peso, pero se debe evaluar también que los precios están altos y la producción se está recuperando. En esas condiciones, las regalías en el 2022 pueden rondar los $9 billones.
  • • El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (Fepc) fue creado para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade, vía precios, a los consumidores. Colombia tiene el tercer precio por galón de gasolina más barato de América Latina, alrededor de US$2,3. La razón de ello es el papel que cumple el Fepc, que absorbe la diferencia entre el costo establecido y el precio de paridad internacional. Según el MinHacienda, los precios se ubican para Gasolina Motor Corriente (GMC) y Acpm en 44 y 39 por ciento por debajo de la media de los países latinoamericanos, respectivamente.
    El plan gubernamental para subsidiar los precios, si bien ha sido beneficioso para el consumidor, ha prendido las alertas en el Gobierno y se anunció que desde este mes de junio se llevarán a cabo aumentos para la gasolina y el Acpm: el incremento será gradual y seguirá hasta 2023 para cerrar paulatinamente la brecha en relación con el precio internacional.


Esta alza es una medida adecuada para reducir el faltante, pero podría ser insuficiente por cuenta de los precios internacionales. Al cierre de 2022 se espera un déficit del Fepc entre $31 y $34 billones, cifra que representa 2,7 por ciento del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). De esta manera, el nuevo Gobierno tendría que girar $28,5 billones al Fepc para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025. El aumento del precio cada mes afectará los costos de transporte; los incrementos irían entre $200 y $400 mensuales en el caso de la gasolina y hasta $250 en el caso del diésel. El nuevo gobierno deberá evaluar si adopta la medida o toma otras decisiones para paliar el déficit. Un aumento desbordado en el precio de los combustibles puede desprestigiar al gobierno por no cumplir sus promesas y encarecer el costo de vida, además de animar un clima de protesta y desborde social.

  • • Las remesas son el nuevo ‘dorado’ de la economía. Un negocio de US$8.600 millones es igual a las exportaciones de café y carbón juntas, que en millones suman US$3.091 y US$5.652, respectivamente. Es un caudal de dinero silencioso que creció a un ritmo de 24 por ciento en 2021 y que se convertirá en la próxima década en uno de los pilares de ingresos externos más importantes para la economía colombiana. Vivir de los compatriotas que giran desde el exterior es una tendencia en crecimiento en regiones como el Suroccidente, el Eje Cafetero y Antioquia, remesas que representan más para sus economías que las exportaciones tradicionales. Este es un tema sobre el cual aún no existen regulaciones legales o política pública; el nuevo gobierno deberá tomar cartas en este asunto de vital importancia económica y social.
  • • La deuda pública es un elemento estructural del funcionamiento del sistema económico y fiscal; con el paso del tiempo se va acumulando y se convierte en una renta perpetua que cobra el capital financiero al conjunto de la sociedad. El aumento de la deuda recorta el gasto social. Si se mantiene la renta petrolera con los precios elevados actuales, la deuda neta del Gobierno Nacional Central podrá estabilizarse en una cifra cercana al 54 por ciento del PIB durante los próximos 11 años (gráfico 7). La administración Petro-Márquez tendrá que intervenir el tema de la deuda pública buscando la renegociación de una parte, y limitando drásticamente su crecimiento, al tiempo que requiere abrir campo al financiamiento del Plan de Desarrollo 2022-2026.

 

 

 

 

Es recurrente decir que una cosa es estar en campaña electoral y otra en la administración de la cosa pública, y la realidad nacional confirma esta constante. Si bien es cierto, como lo sustenta lo sucedido y las negociaciones en marcha, que la coalición sociopolítica Pacto Histórico cuenta con la suficiente fuerza hegemónica y con escenarios de gobernabilidad favorables, ello no es suficiente para cumplir con sus promesas, así limitado por la insuficiencia de recursos necesarios para financiar el conjunto de programas en que se fundamenta su propuesta de giro reformista para modernizar el capitalismo –de rostro humano, le dicen los socialdemócratas–, lo cual lo acerca a un amplio espectro de incertidumbres. Una propuesta y una acción para llevar este programa reformista más allá de la modernización del modelo económico, social y político vigente, tras autonomía, autogestión y fortalecimiento de la economía popular fundada en criterios colectivos, y que confronte al capital internacional interesado en un retoque de la economía nacional, queda en manos de la sociedad, llamada a la deliberación, movilización, propuesta, acción y construcción en todas las regiones del país.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Hegemonía del Pacto Histórico


El PH obtuvo el triunfo con la votación más alta de la historia, 11.277.407 sufragios, equivalentes al 50,5 por ciento de las 22.637.351 personas que ejercieron su derecho democrático. El Censo electoral registró una cifra de 39.002.239 connacionales; en consecuencia el 58,1 por ciento de los votantes autorizados acudieron a las urnas el pasado 19 de junio. Con base en los resultados, la segunda vuelta se convierte en la jornada electoral para elegir presidente con la abstención más baja en los últimos 20 años: 41,9 por ciento del total potencial de votantes. En Colombia se registra una correlación entre el aumento de la participación y el voto por los candidatos de izquierda democrática: a menor abstención, mayor votación por la opción alternativa (gráfico 8).

 

 


La noción de hegemonía alude a la supremacía de una organización política sobre otras; en contraste con el autoritarismo, la supremacía cultural es hegemónica sólo si los afectados por ella también consienten y luchan por su sentido común. La geopolítica (gráfico 9) y los resultados de las votaciones por presidente en segunda vuelta muestran aparentemente un país dividido por mitades, esto no es tan cierto. El análisis estadístico y la medición del grado de hegemonía dejan ver, con evidencia empírica, el alto grado de hegemonía de la coalición sociopolítica PH

 

Cuadro 1. Colombia: Estadísticas descriptivas de la elección presidencial, Pacto Históricoa 1ª y 2ª vuelta

  % Votación G. Petro 1ª vuelta % Votación G. Petro 2ª vuelta
Media 42,651,5
Desviación estándar16,016,8
Rango 56,6 61,1
Mínimo15,820,9
Máximo72,481,9
Coeficiente de variación % (Des Est/Media)37,632,6


En efecto, el mapa que arma las votaciones según el criterio de grado de hegemonía permite concluir que esta alianza es altamente hegemónica en 17 de las 33 unidades territoriales (incluido Bogotá, D.C.) que integran al país (51,5%) al obtener el triunfo con más de la mitad de los votos válidos; en doce departamentos (36,4%) la hegemonía es media (la votación se encuentra en un rango entre más de 33% y 50%) y sólo en 4 (12,1%) la hegemonía es baja, esto es, un voto favorable al PH inferior a la tercera parte del total de sufragios válidos del departamento.

 

 


Entre la primera y la segunda vuelta, el grado de hegemonía de esta coalición sociopolítica creció (cuadro 1). La votación media que le favoreció se elevó 8,9 puntos porcentuales, de 42,6 aumentó a 51,5 por ciento. El rango de votación por el PH añadió 4,5 puntos porcentuales en sentido positivo: el mínimo de la segunda vuelta fue de 20,9 por ciento en contraste con el de la primera de 15,8; el máximo aumento de 72,4 por ciento a 81,9. La votación por Gustavo Petro y Francia Márquez fue más alta, compacta y homogénea: el coeficiente de variación disminuyó 5 puntos porcentuales, de 37,6 bajó a 32,6 por ciento. γ

 

 


 

La herencia


En la balanza comercial de 2022, el total de las exportaciones apenas representan comparativamente el 79,3 por ciento del valor de las importaciones; en 2015 alcanzaban al 69,8 de las importaciones, mejoramiento explicado por las rentas petroleras producto del acelerado aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional: en noviembre de 2021 el barril se cotizaba en US$73 dólares y al finalizar junio de 2022 se vendió a US$115 (gráficos 6 y 10). El déficit en las cuentas con el exterior equivale a 7 por ciento del PIB;
El exceso de gasto del gobierno ha implicado un salto en el déficit fiscal de 2,3 por ciento durante 2012-2013 a 7,1 del PIB en 2021. Los ajustes previstos en las finanzas públicas permiten prever una reducción del déficit fiscal al 2,0 por ciento en 2024 para luego aumentar a 3,3 en 2026 ante la previsible caída en el precio internacional del barril de petróleo debido a la estanflación global que se avecina;


El gobierno saliente financió parte de su gasto a través de créditos; en 2012 la deuda Bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) como porcentaje del PIB era de 34,2 y durante 2020-2021 llegó a 61 por ciento; en 2025-2026 se espera una reducción y estabilización alrededor del 54 por ciento (gráfico 11), lo que exige un fuerte ajuste económico y fiscal (en ingresos y gastos) por parte del nuevo gobierno;


La pérdida de valor del peso refleja, entre otras causas, los déficit que causó el exceso de gasto de la administración y el acelerado endeudamiento público por parte del gobierno Duque. Una severa tendencia hacia la devaluación del peso, en el marco de una inestabilidad en la tasa de cambio: al inicio de la administración Duque era de $2.956 por cada dólar, en junio de 2021 la tasa de cambio aumentó a $3.780 por dólar, en mayo de 2022 alcanzó el máximo de $4.110 por dólar. Al finalizar el mes de junio la tasa representativa del mercado (TRM) se cotizó en un promedio de $4.129.9 por cada dólar estadounidense, ante temores de una recesión global.
La inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos pasan su costosa y elevada factura a la población de clase media y baja, empobreciéndola aún más a través del incremento acelerado y sostenido en el índice de precios al consumidor (IPC), en particular debido a la inflación registrada en el rubro de los alimentos: durante los años 2018 a 2022 los precios aumentaron a una tasa anual de 3,2 por ciento hasta 9,1; en los alimentos el incremento fue mayor, de 2,4 a 21,6 por ciento; no controlar la inflación implicará una destrucción de los avances en productividad, al igual que una caída en la demanda de los hogares (gráfico 12);
El nuevo gobierno se verá abocado a realizar un fuerte ajuste, con un recorte drástico del gasto público y un aumento de los ingresos fiscales –reforma tributaria–. Además, tendrá que equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la intención de reducir la desigualdad social y mitigar entre los ciudadanos más pobres los efectos de las múltiples crisis que vive el capitalismo.


Los principales indicadores que reflejan el sufrimiento social de la sociedad colombiana registran un deterioro o agravamiento durante el período 2016-2022: i) la concentración del ingreso, una constante histórica (la labor del Estado colombiano en temas pro-equidad es realmente lamentable), aumenta significativamente; actualmente Colombia tiene un elevado Gini de 0,53, ii) la tasa de desempleo aumentó de 8,9 por ciento en 2015 y actualmente se encuentra en 11,2; iii) la pobreza por ingresos aumentó de 34,7 por ciento en 2018 a 42,5 en 2020 y actualmente se ubica alrededor del 40,0; iv) la violencia homicida viene aumentado a un ritmo anual del 14 por ciento (gráfico 13).
No es casual, por tanto, que la mayoría social anhele un cambio, y así lo interpretó Gustavo Petro en su discurso al ganar la elección presidencial, al asegurar que lo que viene para el país es “un cambio de verdad”. Agregó: “mi deseo es disminuir la pobreza, construir una Colombia más igualitaria, cerrar las brechas económicas entre las mujeres y los hombres, consolidar la paz y priorizar la transición energética responsable de cara al futuro”.

 

 

 

 



Apartes del histórico giro que pretende el PH

  • • Propone desarrollar el capitalismo en Colombia con una vocación de crecimiento económico para distribuir la riqueza por medio de una reforma agraria; asimismo, propone incentivar la producción agroecológica, el desarrollo de la industria nacional de fertilizantes e insumos y planes de cinturones agroalimentarios. Igualmente referencia una política de aranceles a los bienes e insumos del agro para estimular la producción.
  • • Transitar hacia una industria con mayor productividad, innovación y neutral emisión de carbono. La defensa a la industria nacional se realizará a través de la protección arancelaria. Articulación de pactos de productividad entre empresas privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado, así como el desarrollo de cadenas de valor agregado.
  • • Renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
  • • Creación del Ministerio de la Industria.
  • • Construcción de una red ferroviaria eléctrica “sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial”. Recuperar la navegabilidad sostenible de los ríos. Aumentar la capacidad aeroportuaria. Construir nuevas vías terciarias.
  • • Transición energética: pasar de un sistema que depende del carbón y del petróleo a uno basado en energías renovables, girando hacia uno centrado en la productividad agraria. Cese de la contratación de exploración de petróleo. Modelo de Desescalamiento gradual del modelo extractivista. Creación de un fondo para esa transición con recursos de las regalías y de los ‘beneficios tributarios’ del sector de hidrocarburos, minería de carbón e hidroeléctricas. Ecopetrol continuaría, por lo menos durante los próximos 15 años, para “garantizar los combustibles que el país requiere, y hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, investigación y para que contribuya con impuestos, regalías y dividendos al Estado”. Creación del Instituto Nacional de Energías Limpias. No construcción de más hidroeléctricas de embalse. Prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detención de los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Reforma al código de minas.
  • • Reforma agraria, en la que se realizaría el catastro multipropósito, se potenciaría el Fondo de Tierras y se harían Planes de Desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo de Paz. Las poblaciones rurales deben hacer parte del nuevo modelo de “economía productiva” e implementar programas que “garanticen ingresos seguros”.
  • • El Pacto Histórico propone un cambio por el campo. Dejaremos, dicen, de importar millones de toneladas de alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. El propósito es bajar los precios de los alimentos. Dentro del modelo de país económico con que sueña Gustavo Petro, la “soberanía alimentaria” es otro de sus fundamentales.
  • • La política de hábitat, servicios públicos y vivienda ordenada se basará en el agua. Ajuste normativo de las leyes de Ordenamiento Territorial. Revisar la reglamentación de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y desarrollar un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.
  • • Garantizar el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua.
  • • El turismo será el protagonista en la transición económica. Apoyarán proyectos turísticos comunitarios, culturales, de salud y de naturaleza.
  • • El cambio por el trabajo promueve su dignidad y decencia. Petro promete defender que el Salario Mínimo aumente de manera justa en proporción al aporte real de los trabajadores. Reconocerá el trabajo comunitario de 1 millón de jóvenes con un salario básico que dependa de su incorporación al sistema formativo. Otro gran pilar de la Colombia que promete es su programa de empleo garantizado. La propuesta central es que el Estado actúe como empleador de última instancia.
  • • Pensiones. Transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, fortaleciendo a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían pero no tendrían la relevancia actual. Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: i) El solidario básico, garante de un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión; ii) El contributivo, en el que tendrían que cotizar en Colpensiones todas las personas que ganen entre 1 y 4 salarios mínimos y solo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente; iii) El ahorro voluntario, complementario para los que lo deseen. Además, asegura, que no se afectarían los derechos adquiridos y que no se incrementará la edad.
  • • Garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población, sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Modelo de salud preventiva impulsado por una red de prestadores y conformada por equipos médicos que cubrirán todo el territorio nacional.
  • • Educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Implementar progresivamente educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles.
  • • Cultura. Se construiría el estatuto laboral para el arte y la cultura, y se revitalizarán 46 centros históricos del país.
  • • Reubicar a la Policía Nacional en el ministerio del Interior o de Justicia y desmonte del Esmad. El servicio militar dejará de ser obligatorio. Reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz.
  • • Reforma de la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, elección del Fiscal General independiente del gobierno nacional; reforma de la Procuraduría y de la Contraloría, eliminando duplicidad de funciones y reduciendo nóminas nacionales y territoriales y la implementación, en varios campos, de la justicia restaurativa, apostando por el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.
  • • Reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y abrir espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia. Construir la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, e impulsar la participación de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas.
  • • Respeto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc con implementación efectiva y financiación. Reducción de los índices de violencia y garantía real de los derechos humanos. El propósito es lograr una paz total y definitiva, parte de lo cual es la negociación con el ELN; en esta intención coincide, de una parte, la exigencia del grupo insurgente con relación al establecimiento de los mecanismos y condiciones de participación de la sociedad civil en la definición e implementación del acuerdo para un proceso de paz y, de otra, la afirmación del líder del Pacto Histórico que durante su gobierno propiciará “diálogos regionales vinculantes”, en donde lo que se logre convenir para la resolución de problemas se “vuelva norma”.
  • • Relaciones internacionales. Establecer y fortalecer los diálogos con países vecinos. Promoción de la integración política, económica, comercial, social y cultural de Colombia con la Patria Grande: Latinoamericana y el Caribe.

 

Como puede deducirse, un programa para 20 o más años: ¿logrará el PH tal control de lo público, valiéndose para ello incluso del llamado a la sociedad, en el denominado “Frente amplio”, para construir un nuevo marco constitucional? ¿O su gestión en sus primeros cuatro años solo servirá para sanear y modernizar el capitalismo, arrinconando a la oligarquía terrateniente y abriéndole espacio a la industrial-financiera vinculada al capital global?

 


De la primera a la segunda vuelta, diez cambios claves

  1. 1.La proporción de quienes ejercieron su voto en la segunda vuelta es la mayor en las dos últimas décadas; en consecuencia, la abstención cayó de 45,1 por ciento (primera vuelta) a 41,9 (segunda vuelta), esto es, bajó 3,2 puntos porcentuales. Entre las dos vueltas el número de sufragios creció en 1.217.125 (5,8%). De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta cifra se explica, de una parte, por la participación de quienes votaban por primera vez (jóvenes entre 18 y 21 años de edad), de otra, por el entusiasmo que generó la coalición sociopolítica Pacto Histórico y sus candidatos Petro-Márquez, pero también por el rechazo a la institucionalidad representada por los personajes Uribe-Duque. El triunfo de los líderes del Pacto Histórico sobre sus contendores Hernández-Castillo fue por la diferencia de 2.574.559 votos en la primera vuelta y de 700.601 en la segunda vuelta de la elección presidencial; esto es, la disparidad se redujo de 30,2 a 6,2 por ciento (cuadro 1).
  2. 2. El crecimiento en el número de votos entre ambas vueltas fue mayor en la campaña del ingeniero Hernández (77,7%) en relación al aumento que benefició a Petro-Márquez (32,3%). Hernández-Castillo recibieron 4.627.203 votos adicionales a los obtenidos en la primera vuelta, en su mayoría provenientes de los partidos políticos de extrema derecha que perdieron en la primera vuelta. Petro-Márquez añadieron 2.753.245 sufragios en la segunda vuelta, provenientes de los votos del Centro político que viraron hacia la izquierda y al ingreso de la fuerza juvenil al proceso electoral (cuadro 1).
  3. 3. Si bien el voto en blanco no tenía validez legal para los resultados de la segunda vuelta, sí reflejaba el rechazo de la ciudadanía que tomó esta opción por cualquiera de los dos oponentes, opción que aumento en 135.364 papeletas entre la primera y la segunda vuelta, con un incremento de 36,9 por ciento.
  4. 4. En las 33 entidades territoriales (incluida Bogotá D.C.) que conforman la nación, las dos campañas aumentaron la participación relativa de la votación obtenida en segunda vuelta respecto a la primera. En el promedio simple, Hernández registró el doble de incremento (19,1 puntos porcentuales) respecto a los resultados del Pacto Histórico (10.1). El mayor crecimiento lo obtuvo Hernández en el departamento de Antioquia al incrementar en 45,6 puntos porcentuales los votos relativos entre las dos vueltas. Petro-Márquez tuvieron una agregación superior en todo el Sur del país, en particular en Nariño al registrarse un crecimiento de 10,8 puntos porcentuales (gráfico 1)
  5. 5. Los promedios simples de los votos relativos obtenidos por los dos contendientes a nivel territorial aumentaron en 15,9 puntos porcentuales para Hernández y 8,9 para Petro. La dispersión de los resultados se redujo en las dos campañas; el coeficiente de variación (% desviación estándar/media) bajó en 4,9 puntos porcentuales en los resultados obtenidos por Petro-Márquez y 21,4 en el caso de Hernández-Castillo. El rango (distancia entre mínimos y máximos) en los votos recibidos por Hernández-Castillo creció en menor medida respecto a los resultados de Petro-Márquez: 1,7 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente. Los cambios relativos en los mínimos y máximos registran aumentos alrededor de 10 puntos porcentuales hacia arriba en los resultados obtenidos por las dos campañas (cuadro 2).
  6. 6. En el campo de las confrontaciones políticas se enfrentan diversas fuerzas de naturaleza económica, clase social, ideológica, etaria, género, cultural, étnica y territorial que operan en un espacio vectorial. El resultado, el vector ganador tiene tres elementos: módulo (magnitud), dirección y sentido. Por zonas urbano-rural, los dos candidatos a la presidencia perdieron intención de voto en las zona rural entre la primera y la segunda vuelta; Petro perdió 9 puntos porcentuales de preferencia en lo urbano (aunque mantuvo el respaldo en las grandes capitales de alta votación numérica, como Bogotá D.C.) y Hernández aumentó en 5,1 el favoritismo (cuadro 3)
  7. 7. En todos los estratos socioeconómicos la tendencia favorable al Pacto Histórico cayó entre la primera y la segunda vuelta, principalmente en los estratos 4, 5 y 6 donde bajó la inclinación al voto en 7,9 puntos porcentuales. Hernández-Castillo perdieron favorabilidad relativa en los estratos uno y dos; sin embargo, aumentaron en una proporción significativa la intención del voto en el estrato tres y principalmente en los estratos socioeconómicos 4 a 6 (cuadro 3).
  8. 8. El cambio en la intención de voto de las mujeres, entre ambas vueltas, fue desfavorable para las dos campañas. Respecto al voto masculino, el cambio relativo fue favorable a Hernández y desfavorable a Petro.
  9. 9. La decisión de votar por Petro-Márquez fue muy importante en los rangos de edad más jóvenes, esto es, de 18 a 34 años de edad, en cuanto le agregaron un 17,1 de favorabilidad; en contraste, Hernández-Castillo perdieron este caudal de voto etario joven en la misma proporción. En los más adultos y viejos, mayores de 35 años, el Pacto Histórico perdió intención de voto relativo; espacio que fue ganado por Hernández-Castillo, particularmente en el rango etario de 55 o más años de edad. En la elección presidencial de 2022 se registró un antagonismo generacional, entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y el cambio (cuadro 3). El antagonismo también fue entre clases sociales y estratos socio-económicos; además, hubo un rechazo al racismo y una insurgencia de los pueblos originarios en defensa de las identidades y la pluralidad.
  10. 10. El poder del Estado, la fuerza del capital, el control de la opinión pública por parte de muchos de los grandes medios de comunicación, la presión de las mafias de la lumpenoligarquía, las iglesias cristianas y el dominio de los partidos del establecimiento, en conjunto se movieron, feroz y estratégicamente, en contra de la coalición finalmente triunfante (por poco margen) y a favor de la campaña del empresario constructor-prestamista Rodolfo Hernández.

 

 


Pese a esa conjunción de factores por el statu quo, finalmente pudieron más la fuerzas sociopolíticas de la juventud, la ‘Colombia profunda’ del Sur, la población ilustrada y democrática de las ciudades capitales, la red nacional de medios de comunicación alternativos, los partidos de izquierda, los sindicatos, los sectores populares y los movimientos sociales, culturales, ambientalistas y defensores de derechos humanos para otorgarle el triunfo a Petro-Márquez y su propuesta de Cambio por la vida.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

Publicado enColombia
Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

Este artículo indaga sobre la fuerza hegemónica del Pacto Histórico, los escenarios de gobernabilidad y la viabilidad de su propuesta de Acuerdo Nacional para realizar las reformas urgentes que requiere el país, los ajustes institucionales, acoplar el Presupuesto General de la Nación 2023 y aprobar el Plan de Desarrollo que materialice su programa de gobierno 2022-2026.


Al igual que los individuos, las sociedades no cambian porque existan mejores opciones; mutan cuando llegan a la conclusión que no les queda otra opción. La sociedad colombiana no es la excepción: tres de cada cuatro electores estuvo a favor del cambio en la primera vuelta de la elección presidencial y lo ratificaron en la segunda. Con el triunfo del Pacto Histórico (PH), su fórmula presidencial Gustavo Petro-Francia Márquez y el lema “Cambio por la vida”, le corresponde a esta coalición sociopolítica liderar y orientar el giro político, económico y social que se abre para el país.


Gobernabilidad y Acuerdo Nacional


La historia de la humanidad muestra que las revoluciones están basadas en contratos sociales cuyo rasgo dominante es que la autoridad procede desde abajo y que la gente se siente con capacidad de contribuir al cambio y mejorar su bienestar. La democracia no existe a menos que la población tenga el control de las decisiones más importantes que determinan sus condiciones de vida.


En esta senda, Colombia necesita construir consensos con el Estado, el sector empresarial privado, cooperativo y popular, la sociedad civil, las diversas regiones y las entidades internacionales, en trabajo unido para establecer metas a mediano plazo y responsabilizar a los gobiernos por ellas. Aunque debe basarse en condiciones financieras y técnicas, esta es una tarea política de negociaciones, alianzas y consensos. Con este propósito, la nueva fuerza de gobierno viene sumando apoyos, en el marco del acuerdo nacional que buscan construir y que han denominado “Frente amplio”.


También muestra la historia que las sociedades modernas exitosas han forjado un amplio consenso político a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, el incremento de la competitividad en el mercado global, la inserción, cooperación y solidaridad en un mundo multipolar, la transformación del Estado hacia una entidad de derecho inclusiva, eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, la protección de la propiedad y la promoción del emprendimiento individual y colectivo, la inclusión social y pluriétnica (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar universalmente los derechos humanos y la justicia), la construcción de la paz estable y duradera, la reducción significativa de las fuerzas armadas y de policía reorientándolas para desempeñar un rol democrático, la articulación de la participación ciudadana deliberativa con la institucionalidad democrática (sobre todo en el nivel territorial) y la implementación de un modelo de desarrollo democrático libertario, ambientalmente sostenible, animando, a la vez, un cambio cultural consciente y crítico, un nuevo sentido de la vida y la política y que encuentra en su búsqueda y construcción colectiva a la dignidad y la convivencia solidaria como referencias de la existencia humana cotidiana. Estas directrices son el fundamento del proyecto promovido por el PH. (Ver recuadro: Apartes del histórico giro que pretende el PH).


De ello emana la gobernabilidad, que debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz. Los grados y niveles de gobernabilidad involucran una serie de “acuerdos” básicos entre las élites dirigentes y la diversidad de “agentes estratégicos”. Tras ese propósito, el PH cuenta con un amplio margen de gobernabilidad para gerenciar y consensuar el cambio demandado por la sociedad colombiana, tanto en el Congreso como con el sector empresarial y la sociedad civil.


Gobernabilidad que debe construirse: “Realizaremos diálogos regionales creando un Gran Acuerdo Nacional que nos oriente hacia los cambios que Colombia necesita para lograr la paz y el progreso. Nuestra propuesta de cambio nos convoca a todos y todas a unir fuerzas para empezar a crecer con transparencia, con respeto a los derechos, con igualdad, con democracia, paz y solidaridad”, expresó la triunfante fórmula presidencial. Un deseo también desprendido de la realidad, en tanto el PH quedó bastante sub-representado en el Congreso de la República: 20,2 por ciento de las curules del Senado y 13 por ciento de la Cámara de Representantes (gráficos 1a y 1b). Un gobierno de consensos, como el primero de sus objetivos, que de hacerse realidad y marcar sus cuatro años de gestión permitirá afirmar que se destacó por ser un presidencialismo de coalición.


Y en efecto, sus primeros pasos van en esa senda. Los representantes del Pacto expresan que “Somos conscientes de que la segunda vuelta quedó 50 y 50 y en este caso no se trata de tener las mayorías, sino de llegar a un consenso para tratar de acabar con la polarización que hay en Colombia”.


Entretejido de voluntades que comienza por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias inician el 20 de julio, órgano del poder político en el que, según el Estatuto de la Oposición, las colectividades deberán declararse de gobierno, independientes o de oposición. Hasta ahora y según los acuerdos logrados, con distribución de ministerios y otras cuotas burocráticas, el nuevo gobierno cuenta con el respaldo de la coalición que lo llevó al triunfo, el partido Comunes, representantes a la Cámara de las curules de paz, las circunscripciones indígenas y una amplia bancada de congresistas de los partidos Liberal, de la U, Cambio Radical y la Alianza Verde, una suma de apoyos que le garantiza una solvente gobernabilidad, con dos terceras partes de las curules del Congreso para sacar avante su proyecto de cambio. Estratégicamente, el PH da inició al nuevo Congreso contando y disponiendo del poder que otorga la Presidencia del Senado, en cabeza del senador Roy Barreras, para impulsar jurídicamente los tres ejes fundamentales de su programa de gobierno: i) consolidación de la paz total e integral; ii) cierre de las brechas sociales y garantía universal de los derechos humanos; iii) lucha contra el cambio climático y reorientación del modelo de desarrollo hacia su sostenibilidad; además, aprobar la Reforma Tributaria que requiere el nuevo gobierno para hacer viable financieramente su proyecto político y social.


En oposición se declararon los sectores que representan la extrema derecha y la lumpenoligarquía colombiana, agrupados bajo las etiquetas del Centro democrático, el Partido Conservador (varios senadores conservadores que harán parte del nuevo Congreso han expresado su apoyo a la agenda del PH, generando una crisis al interior de su partido) y los movimientos políticos de las iglesias cristianas, que sumados alcanzan una tercera parte del Congreso.


Desafíos


Varios retos de gobernabilidad le esperan al nuevo Presidente. Uno de los primeros proyectos en los que se verá su relación con el Congreso será el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, iniciativa que debe ser radicada por la actual administración, pero aprobarse hacia septiembre a manos del gobierno entrante. Seguramente la estructura del PGN no será muy diferente al hoy vigente, diseñado y gestionado por la presidencia de Duque (gráfico 2).

 


El PGN está predeterminado por un alto volumen de inflexibilidades; el nuevo gobierno, en alianza con las bancadas del Congreso que le garantizan su gobernabilidad, deberá ajustarlo y armonizarlo de acuerdo con el proyecto histórico demandado por las tres cuartas partes de los connacionales, consecuentes con una de sus características principales: ser síntesis y reflejo de la lucha de clases.

Un presupuesto con amarres y deberes: de los $350,4 billones del valor aforado del PGN de 2022, el 59,7 por ciento se destina a costear el funcionamiento del Estado, el 21,4 al pago de la deuda pública y el 18,9 a inversión. Para crecer alrededor del 5 por ciento anual y reducir el desempleo a un dígito, por lo menos el 26 por ciento del PIB colombiano debe ir a inversión, el principal motor del crecimiento. Al tiempo que así actúa, el nuevo gobierno tiene que ayudar a incrementar la tasa de ahorro e inversión del país.

Ahorro, para nuevos énfasis en la inversión, que puede lograrse a partir de promover una restructuración del gasto mediante la renegociación de la deuda pública, haciendo más eficiente al Estado y reduciendo los gastos de funcionamiento, bajando drásticamente los gastos militares y de policía en la medida en que se reduzca el conflicto armado interno y se consolide una paz integral y total; ésta reducción debe apoyar el aumento del gasto social y la garantía de los derechos humanos, financiar las políticas ambientales y de sostenibilidad del desarrollo e incrementar la inversión, la innovación, la diversificación y el cambio en la matriz energética hacia tecnologías limpias y amigables con el ambiente.

Los principales gremios económicos (Andi, el Consejo Gremial Nacional –CGN– Fenalco y otros) reconocieron el triunfo del PH y felicitaron a los dos líderes de la presidencia, al tiempo que manifestaron su voluntad para trabajar de la mano con el próximo Gobierno y llamaron la atención sobre la importancia de cumplir y respetar la ley. En este sentido, el CGN destacó que como representante de los empresarios y del sector productivo está listo para trabajar por una “Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones”, e invitó al nuevo gobierno a reunirse e integrar una agenda conjunta.

A la par de ellos, el cambio demandado por la ciudadanía debe ser el producto del trabajo mancomunado de todos, mucho más cuando el triunfo del PH es el resultado de la participación consciente de la juventud (23% del Censo electoral), las mujeres (51% de la población), los pueblos originarios negros, indígenas y Room (14% de la población), los sectores populares y las clases medias democráticas (80% de los habitantes), del pueblo trabajador y sus organizaciones sindicales y, en general, de las organizaciones sociales, tradicionales y nuevas, de los movimientos culturales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos. El giro que se inicia requiere de la organización y participación activa de estos colectivos, poder político esencial del nuevo gobierno, para demostrar su fuerza, apoyo, creatividad y espíritu constructivo, solidario, cooperativo y democrático.

Uno de los retos más fuertes es la transformación de la naturaleza del Estado Colombiano. En la indagación al “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James Robinson distinguen entre instituciones económicas y políticas “inclusivas”, las cuales protegen los derechos de propiedad, la equidad, los derechos humanos y fomentan la innovación y el cambio tecnológico, y las instituciones económicas y políticas “extractivas” que están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de la mayoría de la sociedad trabajadora para beneficiar a un pequeño subconjunto de rentistas y explotadores. En Colombia, las instituciones políticas y económicas extractivas impuestas por los invasores europeos al finalizar el siglo XV, han perdurado condenando a gran parte de la población a la pobreza, la ignorancia y la exclusión.


Un primer cambio institucional anunciado por el nuevo gobierno es la creación del Ministerio de Igualdad y Mujer, el cual estará dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva cartera tendrá cuatro objetivos: i) Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; ii) Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión; iii) Ingreso vital: medio salario mínimo a la madre cabeza de familia; iv) Con la reforma agraria y la economía popular hacer a la mujer titular de propiedad y sujeto de crédito de fomento para emprender.


Viabilidad del proyecto de cambio histórico


El modelo de desarrollo sostenible e inclusivo impulsado por el nuevo gobierno clasifica en los denominados progresistas o neodesarrollistas por contraste con el neoliberalismo. En el neodesarrollismo es el Estado el motor del crecimiento económico y de distribución del ingreso y la riqueza, interviniendo activamente en los procesos de producción, innovación, mercado y consumo, como también en la construcción de infraestructura, aunque sin estatizar ni centralizar el sistema económico.


Tras esta senda, una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento anual es la cifra que se establece empírica y convencionalmente como condición necesaria y mínima para un funcionamiento satisfactorio del capitalismo moderno; sin embargo, con las amenazas actuales de una estanflación global, este crecimiento mínimo del PIB parece cada vez menos sostenible. Después de la caída abrupta de la economía mundial y colombiana en 2020 producto de las medidas drásticas que se tomaron para enfrentar la pandemia, las economías registraron un efecto rebote con altos crecimientos durante 2021-2022 pero sin vigor para sostenerse, como se proyecta para los años 2023-2024 (gráfico 3).

 

 


Además, al nuevo gobierno le tocará enfrentar los graves desequilibrios macroeconómicos heredados de la administración Duque (2018-2022) (Ver recuadro: La herencia).


Reforma tributaria estructural


Con al menos esa tasa de crecimiento económico en la mira, y en procura de oxígeno para concretar sus propósitos sociales, el nuevo gobierno enfrenta el reto de realizar un ajuste fiscal que incluya tanto el gasto como los ingresos (ver gráficos 4 y 5).

 

 

 
El reto principal que mantendrá ocupado a Gustavo Petro y a su equipo de gobierno es el análisis realista en materia financiera y jurídica del costeo fiscal de sus propuestas. Un estimativo preliminar de los recursos financieros requeridos para implementar el programa propuesto es de $55 billones, esto es, 15,7 por ciento adicional al PGN de 2022 que tiene un valor de $350,4 billones. En términos del PIB se requieren entre 3 y 5 puntos porcentuales adicionales para financiar de manera sostenible el gasto público anual para el período 2022-2026.


Para lograr reunir esos recursos, dos son las alternativas: mayor endeudamiento público o implementar una reforma tributaria. El nuevo gobierno se decanta por la segunda opción, y las características de la misma implican:

 

  • • Objetivo: recaudar $55 billones adicionales
  • • Criterios generales:


Desmonte gradual de los beneficios tributarios no justificados. Habría una sola tabla de impuesto de renta con tarifas iguales para rentas laborales, dividendos o ganancias ocasionales. De $80 billones anuales son las pérdidas para el Estado colombiano fruto de los descuentos, los beneficios tributarios, las exenciones y las tarifas diferenciales otorgadas. Desmontar de forma gradual beneficios tributarios que incentivan la extracción minero-energética y privilegian a personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio.
La reforma tendrá su énfasis en el impuesto de renta. Aumentar el recaudo sobre las personas de más ingresos (se estima que este grupo privilegiado está integrado por unas 40.000 personas). Actualmente, la tasa efectiva del impuesto de renta a la que tributan el 1 por mil de las personas más ricas del país es del 1 o 2 por ciento; en cambio los trabajadores promedio tributan a una tasa cercana al 20.
En contravía de los países de la Ocde, en Colombia prevalece una estructura tributaria que depende mucho de los impuestos a las empresas y muy poco de los impuestos a las personas naturales (20% lo aportan las personas naturales y 80% las corporaciones), lo cual desincentiva la inversión, al tiempo que impide gravar de manera justa a las personas de más altos ingresos. Revertir este fenómeno es uno de los ejes, reduciendo las tasas de impuestos corporativos principalmente en los sectores claves para el proceso de industrialización, agrarización y de la transición energética, a la par que se elevan las tasas para las personas naturales.
Para que esta reestructuración cumpla con los objetivos de recaudo, se pretende clarificar la delimitación entre empresas y personas naturales. Los activos de una empresa que estén vinculados al cumplimiento de su objetivo social deben ser gravados a las tasas corporativas. Los demás activos, aquellos que simplemente están para ofrecer servicios a personas naturales sin ninguna conexión con la actividad principal de la empresa deben ser desvinculados de la misma y los flujos de ingreso que generen deben ser gravados como rentas de personas naturales. Así se corregirá una anomalía de vieja data que ha sido una cuantiosa fuente de elusión fiscal.
No recurrir a los impuestos regresivos. No sobrecargar a las empresas pequeñas y medianas con cargas impositivas superiores. Controlar la evasión de la propiedad rural (controlar las grandes extensiones de tierra con más impuestos o mayor productividad).

Personas Naturales:

  • • No disminuirá umbral para declaración de renta
  • • No cambios en el IVA. No se extenderá el IVA a la canasta familiar. Nuevos “impuestos saludables” sobre los alimentos “chatarra”.
  • • Impuesto de Renta aumenta para salarios altos (más de $200 millones al año).
  • • Pago de impuesto al patrimonio a partir de $1.000 millones.
  • • Gravar las pensiones más altas, de más de $10 millones (en Colombia hay aproximadamente 25.000 personas que tienen pensiones de más de diez salarios mínimos, estas son las que entrarían dentro de la línea de un pago de impuestos; ingresos pensionales inferiores a este umbral no pagan impuesto).
  • • Aumento del impuesto a los dividendos
  • • La actualización del catastro multipropósito es una prioridad.

Personas Jurídicas:

  • • Disminuirá la carga tributaria, especialmente para las Pyme. Menos impuestos para las empresas productivas pequeñas y medianas que trabajen el agro con energías limpias.
  • • Eliminación de exenciones.
  • • Revisión de contratos de estabilidad jurídica
  • • No pagan impuesto al patrimonio
  • • Gravar activos improductivos, en particular los latifundios.

En resumen:

  • • Las propuestas fiscales proyectadas pueden agruparse en siete ítems: i) Gasto del Estado: aumentar a estándares internacionales; ii) Tamaño del recaudo: aumentarlo entre 3 y 5 por ciento del PIB; iii) IVA: No se toca en general, pero se aumenta para alimentos no nutritivos y se baja para los nutritivos; iv) Impuesto de renta, a) personas: aumentarlo y separarlas de las empresas; b) empresas: bajarles la tarifa; v) Impuesto al patrimonio: sí, base de patrimonio líquido de $1.000 millones; vi) Impuesto a las altas pensiones; vii) Aumento impuesto a los dividendos.

Incertidumbres:

  • • Colombia, aunque no es potencia petrolera, vive principalmente de la renta de los hidrocarburos (en particular, la Hacienda Pública). En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto el petróleo representa el 40 por ciento del valor exportado por Colombia al resto del mundo; en los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) los ingresos petroleros contribuyen con el 10,2 por ciento del total en 2022. Pese a lo anunciado por el gobierno del PH, no será fácil la transición energética y sustituir estos recursos en el mediano plazo. En 2022 se espera una meta de producción diaria de 825.000 barriles de crudo (gráfico 6). Está activa una amplia campaña de perforación, con más de 70 pozos exploratorios; en términos de firmas de contratos, que es donde todo comienza, el gobierno Duque ha firmado 69. Si los precios continúan altos y el ambiente de inversión sigue siendo atractivo, la producción puede superar 900.000 barriles en los próximos cuatro años; hasta 2025 o 2026 seguirán aumentando hasta los niveles prepandemia, y de ahí en adelante, por más que haya inversión, empezará a declinar.
  • • Las regalías constituyen la principal fuente de financiación de los proyectos de inversión de las regiones a través del Sistema General de Regalías. En 2021 se obtuvieron $7 billones en regalías y fueron las más altas desde el año 2014. De seguir esa tendencia es posible llegar a lo recaudado en el 2012, que fue el año más alto en materia de regalías de la historia del país ($17,7 billones en el bienio 2013–2014). Hay factores a tener en cuenta, como la devaluación del peso, pero se debe evaluar también que los precios están altos y la producción se está recuperando. En esas condiciones, las regalías en el 2022 pueden rondar los $9 billones.
  • • El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (Fepc) fue creado para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade, vía precios, a los consumidores. Colombia tiene el tercer precio por galón de gasolina más barato de América Latina, alrededor de US$2,3. La razón de ello es el papel que cumple el Fepc, que absorbe la diferencia entre el costo establecido y el precio de paridad internacional. Según el MinHacienda, los precios se ubican para Gasolina Motor Corriente (GMC) y Acpm en 44 y 39 por ciento por debajo de la media de los países latinoamericanos, respectivamente.
    El plan gubernamental para subsidiar los precios, si bien ha sido beneficioso para el consumidor, ha prendido las alertas en el Gobierno y se anunció que desde este mes de junio se llevarán a cabo aumentos para la gasolina y el Acpm: el incremento será gradual y seguirá hasta 2023 para cerrar paulatinamente la brecha en relación con el precio internacional.


Esta alza es una medida adecuada para reducir el faltante, pero podría ser insuficiente por cuenta de los precios internacionales. Al cierre de 2022 se espera un déficit del Fepc entre $31 y $34 billones, cifra que representa 2,7 por ciento del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). De esta manera, el nuevo Gobierno tendría que girar $28,5 billones al Fepc para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025. El aumento del precio cada mes afectará los costos de transporte; los incrementos irían entre $200 y $400 mensuales en el caso de la gasolina y hasta $250 en el caso del diésel. El nuevo gobierno deberá evaluar si adopta la medida o toma otras decisiones para paliar el déficit. Un aumento desbordado en el precio de los combustibles puede desprestigiar al gobierno por no cumplir sus promesas y encarecer el costo de vida, además de animar un clima de protesta y desborde social.

  • • Las remesas son el nuevo ‘dorado’ de la economía. Un negocio de US$8.600 millones es igual a las exportaciones de café y carbón juntas, que en millones suman US$3.091 y US$5.652, respectivamente. Es un caudal de dinero silencioso que creció a un ritmo de 24 por ciento en 2021 y que se convertirá en la próxima década en uno de los pilares de ingresos externos más importantes para la economía colombiana. Vivir de los compatriotas que giran desde el exterior es una tendencia en crecimiento en regiones como el Suroccidente, el Eje Cafetero y Antioquia, remesas que representan más para sus economías que las exportaciones tradicionales. Este es un tema sobre el cual aún no existen regulaciones legales o política pública; el nuevo gobierno deberá tomar cartas en este asunto de vital importancia económica y social.
  • • La deuda pública es un elemento estructural del funcionamiento del sistema económico y fiscal; con el paso del tiempo se va acumulando y se convierte en una renta perpetua que cobra el capital financiero al conjunto de la sociedad. El aumento de la deuda recorta el gasto social. Si se mantiene la renta petrolera con los precios elevados actuales, la deuda neta del Gobierno Nacional Central podrá estabilizarse en una cifra cercana al 54 por ciento del PIB durante los próximos 11 años (gráfico 7). La administración Petro-Márquez tendrá que intervenir el tema de la deuda pública buscando la renegociación de una parte, y limitando drásticamente su crecimiento, al tiempo que requiere abrir campo al financiamiento del Plan de Desarrollo 2022-2026.

 

 

 

 

Es recurrente decir que una cosa es estar en campaña electoral y otra en la administración de la cosa pública, y la realidad nacional confirma esta constante. Si bien es cierto, como lo sustenta lo sucedido y las negociaciones en marcha, que la coalición sociopolítica Pacto Histórico cuenta con la suficiente fuerza hegemónica y con escenarios de gobernabilidad favorables, ello no es suficiente para cumplir con sus promesas, así limitado por la insuficiencia de recursos necesarios para financiar el conjunto de programas en que se fundamenta su propuesta de giro reformista para modernizar el capitalismo –de rostro humano, le dicen los socialdemócratas–, lo cual lo acerca a un amplio espectro de incertidumbres. Una propuesta y una acción para llevar este programa reformista más allá de la modernización del modelo económico, social y político vigente, tras autonomía, autogestión y fortalecimiento de la economía popular fundada en criterios colectivos, y que confronte al capital internacional interesado en un retoque de la economía nacional, queda en manos de la sociedad, llamada a la deliberación, movilización, propuesta, acción y construcción en todas las regiones del país.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Hegemonía del Pacto Histórico


El PH obtuvo el triunfo con la votación más alta de la historia, 11.277.407 sufragios, equivalentes al 50,5 por ciento de las 22.637.351 personas que ejercieron su derecho democrático. El Censo electoral registró una cifra de 39.002.239 connacionales; en consecuencia el 58,1 por ciento de los votantes autorizados acudieron a las urnas el pasado 19 de junio. Con base en los resultados, la segunda vuelta se convierte en la jornada electoral para elegir presidente con la abstención más baja en los últimos 20 años: 41,9 por ciento del total potencial de votantes. En Colombia se registra una correlación entre el aumento de la participación y el voto por los candidatos de izquierda democrática: a menor abstención, mayor votación por la opción alternativa (gráfico 8).

 

 


La noción de hegemonía alude a la supremacía de una organización política sobre otras; en contraste con el autoritarismo, la supremacía cultural es hegemónica sólo si los afectados por ella también consienten y luchan por su sentido común. La geopolítica (gráfico 9) y los resultados de las votaciones por presidente en segunda vuelta muestran aparentemente un país dividido por mitades, esto no es tan cierto. El análisis estadístico y la medición del grado de hegemonía dejan ver, con evidencia empírica, el alto grado de hegemonía de la coalición sociopolítica PH

 

Cuadro 1. Colombia: Estadísticas descriptivas de la elección presidencial, Pacto Históricoa 1ª y 2ª vuelta

  % Votación G. Petro 1ª vuelta % Votación G. Petro 2ª vuelta
Media 42,651,5
Desviación estándar16,016,8
Rango 56,6 61,1
Mínimo15,820,9
Máximo72,481,9
Coeficiente de variación % (Des Est/Media)37,632,6


En efecto, el mapa que arma las votaciones según el criterio de grado de hegemonía permite concluir que esta alianza es altamente hegemónica en 17 de las 33 unidades territoriales (incluido Bogotá, D.C.) que integran al país (51,5%) al obtener el triunfo con más de la mitad de los votos válidos; en doce departamentos (36,4%) la hegemonía es media (la votación se encuentra en un rango entre más de 33% y 50%) y sólo en 4 (12,1%) la hegemonía es baja, esto es, un voto favorable al PH inferior a la tercera parte del total de sufragios válidos del departamento.

 

 


Entre la primera y la segunda vuelta, el grado de hegemonía de esta coalición sociopolítica creció (cuadro 1). La votación media que le favoreció se elevó 8,9 puntos porcentuales, de 42,6 aumentó a 51,5 por ciento. El rango de votación por el PH añadió 4,5 puntos porcentuales en sentido positivo: el mínimo de la segunda vuelta fue de 20,9 por ciento en contraste con el de la primera de 15,8; el máximo aumento de 72,4 por ciento a 81,9. La votación por Gustavo Petro y Francia Márquez fue más alta, compacta y homogénea: el coeficiente de variación disminuyó 5 puntos porcentuales, de 37,6 bajó a 32,6 por ciento. γ

 

 


 

La herencia


En la balanza comercial de 2022, el total de las exportaciones apenas representan comparativamente el 79,3 por ciento del valor de las importaciones; en 2015 alcanzaban al 69,8 de las importaciones, mejoramiento explicado por las rentas petroleras producto del acelerado aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional: en noviembre de 2021 el barril se cotizaba en US$73 dólares y al finalizar junio de 2022 se vendió a US$115 (gráficos 6 y 10). El déficit en las cuentas con el exterior equivale a 7 por ciento del PIB;
El exceso de gasto del gobierno ha implicado un salto en el déficit fiscal de 2,3 por ciento durante 2012-2013 a 7,1 del PIB en 2021. Los ajustes previstos en las finanzas públicas permiten prever una reducción del déficit fiscal al 2,0 por ciento en 2024 para luego aumentar a 3,3 en 2026 ante la previsible caída en el precio internacional del barril de petróleo debido a la estanflación global que se avecina;


El gobierno saliente financió parte de su gasto a través de créditos; en 2012 la deuda Bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) como porcentaje del PIB era de 34,2 y durante 2020-2021 llegó a 61 por ciento; en 2025-2026 se espera una reducción y estabilización alrededor del 54 por ciento (gráfico 11), lo que exige un fuerte ajuste económico y fiscal (en ingresos y gastos) por parte del nuevo gobierno;


La pérdida de valor del peso refleja, entre otras causas, los déficit que causó el exceso de gasto de la administración y el acelerado endeudamiento público por parte del gobierno Duque. Una severa tendencia hacia la devaluación del peso, en el marco de una inestabilidad en la tasa de cambio: al inicio de la administración Duque era de $2.956 por cada dólar, en junio de 2021 la tasa de cambio aumentó a $3.780 por dólar, en mayo de 2022 alcanzó el máximo de $4.110 por dólar. Al finalizar el mes de junio la tasa representativa del mercado (TRM) se cotizó en un promedio de $4.129.9 por cada dólar estadounidense, ante temores de una recesión global.
La inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos pasan su costosa y elevada factura a la población de clase media y baja, empobreciéndola aún más a través del incremento acelerado y sostenido en el índice de precios al consumidor (IPC), en particular debido a la inflación registrada en el rubro de los alimentos: durante los años 2018 a 2022 los precios aumentaron a una tasa anual de 3,2 por ciento hasta 9,1; en los alimentos el incremento fue mayor, de 2,4 a 21,6 por ciento; no controlar la inflación implicará una destrucción de los avances en productividad, al igual que una caída en la demanda de los hogares (gráfico 12);
El nuevo gobierno se verá abocado a realizar un fuerte ajuste, con un recorte drástico del gasto público y un aumento de los ingresos fiscales –reforma tributaria–. Además, tendrá que equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la intención de reducir la desigualdad social y mitigar entre los ciudadanos más pobres los efectos de las múltiples crisis que vive el capitalismo.


Los principales indicadores que reflejan el sufrimiento social de la sociedad colombiana registran un deterioro o agravamiento durante el período 2016-2022: i) la concentración del ingreso, una constante histórica (la labor del Estado colombiano en temas pro-equidad es realmente lamentable), aumenta significativamente; actualmente Colombia tiene un elevado Gini de 0,53, ii) la tasa de desempleo aumentó de 8,9 por ciento en 2015 y actualmente se encuentra en 11,2; iii) la pobreza por ingresos aumentó de 34,7 por ciento en 2018 a 42,5 en 2020 y actualmente se ubica alrededor del 40,0; iv) la violencia homicida viene aumentado a un ritmo anual del 14 por ciento (gráfico 13).
No es casual, por tanto, que la mayoría social anhele un cambio, y así lo interpretó Gustavo Petro en su discurso al ganar la elección presidencial, al asegurar que lo que viene para el país es “un cambio de verdad”. Agregó: “mi deseo es disminuir la pobreza, construir una Colombia más igualitaria, cerrar las brechas económicas entre las mujeres y los hombres, consolidar la paz y priorizar la transición energética responsable de cara al futuro”.

 

 

 

 



Apartes del histórico giro que pretende el PH

  • • Propone desarrollar el capitalismo en Colombia con una vocación de crecimiento económico para distribuir la riqueza por medio de una reforma agraria; asimismo, propone incentivar la producción agroecológica, el desarrollo de la industria nacional de fertilizantes e insumos y planes de cinturones agroalimentarios. Igualmente referencia una política de aranceles a los bienes e insumos del agro para estimular la producción.
  • • Transitar hacia una industria con mayor productividad, innovación y neutral emisión de carbono. La defensa a la industria nacional se realizará a través de la protección arancelaria. Articulación de pactos de productividad entre empresas privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado, así como el desarrollo de cadenas de valor agregado.
  • • Renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
  • • Creación del Ministerio de la Industria.
  • • Construcción de una red ferroviaria eléctrica “sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial”. Recuperar la navegabilidad sostenible de los ríos. Aumentar la capacidad aeroportuaria. Construir nuevas vías terciarias.
  • • Transición energética: pasar de un sistema que depende del carbón y del petróleo a uno basado en energías renovables, girando hacia uno centrado en la productividad agraria. Cese de la contratación de exploración de petróleo. Modelo de Desescalamiento gradual del modelo extractivista. Creación de un fondo para esa transición con recursos de las regalías y de los ‘beneficios tributarios’ del sector de hidrocarburos, minería de carbón e hidroeléctricas. Ecopetrol continuaría, por lo menos durante los próximos 15 años, para “garantizar los combustibles que el país requiere, y hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, investigación y para que contribuya con impuestos, regalías y dividendos al Estado”. Creación del Instituto Nacional de Energías Limpias. No construcción de más hidroeléctricas de embalse. Prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detención de los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Reforma al código de minas.
  • • Reforma agraria, en la que se realizaría el catastro multipropósito, se potenciaría el Fondo de Tierras y se harían Planes de Desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo de Paz. Las poblaciones rurales deben hacer parte del nuevo modelo de “economía productiva” e implementar programas que “garanticen ingresos seguros”.
  • • El Pacto Histórico propone un cambio por el campo. Dejaremos, dicen, de importar millones de toneladas de alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. El propósito es bajar los precios de los alimentos. Dentro del modelo de país económico con que sueña Gustavo Petro, la “soberanía alimentaria” es otro de sus fundamentales.
  • • La política de hábitat, servicios públicos y vivienda ordenada se basará en el agua. Ajuste normativo de las leyes de Ordenamiento Territorial. Revisar la reglamentación de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y desarrollar un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.
  • • Garantizar el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua.
  • • El turismo será el protagonista en la transición económica. Apoyarán proyectos turísticos comunitarios, culturales, de salud y de naturaleza.
  • • El cambio por el trabajo promueve su dignidad y decencia. Petro promete defender que el Salario Mínimo aumente de manera justa en proporción al aporte real de los trabajadores. Reconocerá el trabajo comunitario de 1 millón de jóvenes con un salario básico que dependa de su incorporación al sistema formativo. Otro gran pilar de la Colombia que promete es su programa de empleo garantizado. La propuesta central es que el Estado actúe como empleador de última instancia.
  • • Pensiones. Transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, fortaleciendo a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían pero no tendrían la relevancia actual. Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: i) El solidario básico, garante de un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión; ii) El contributivo, en el que tendrían que cotizar en Colpensiones todas las personas que ganen entre 1 y 4 salarios mínimos y solo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente; iii) El ahorro voluntario, complementario para los que lo deseen. Además, asegura, que no se afectarían los derechos adquiridos y que no se incrementará la edad.
  • • Garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población, sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Modelo de salud preventiva impulsado por una red de prestadores y conformada por equipos médicos que cubrirán todo el territorio nacional.
  • • Educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Implementar progresivamente educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles.
  • • Cultura. Se construiría el estatuto laboral para el arte y la cultura, y se revitalizarán 46 centros históricos del país.
  • • Reubicar a la Policía Nacional en el ministerio del Interior o de Justicia y desmonte del Esmad. El servicio militar dejará de ser obligatorio. Reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz.
  • • Reforma de la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, elección del Fiscal General independiente del gobierno nacional; reforma de la Procuraduría y de la Contraloría, eliminando duplicidad de funciones y reduciendo nóminas nacionales y territoriales y la implementación, en varios campos, de la justicia restaurativa, apostando por el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.
  • • Reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y abrir espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia. Construir la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, e impulsar la participación de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas.
  • • Respeto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc con implementación efectiva y financiación. Reducción de los índices de violencia y garantía real de los derechos humanos. El propósito es lograr una paz total y definitiva, parte de lo cual es la negociación con el ELN; en esta intención coincide, de una parte, la exigencia del grupo insurgente con relación al establecimiento de los mecanismos y condiciones de participación de la sociedad civil en la definición e implementación del acuerdo para un proceso de paz y, de otra, la afirmación del líder del Pacto Histórico que durante su gobierno propiciará “diálogos regionales vinculantes”, en donde lo que se logre convenir para la resolución de problemas se “vuelva norma”.
  • • Relaciones internacionales. Establecer y fortalecer los diálogos con países vecinos. Promoción de la integración política, económica, comercial, social y cultural de Colombia con la Patria Grande: Latinoamericana y el Caribe.

 

Como puede deducirse, un programa para 20 o más años: ¿logrará el PH tal control de lo público, valiéndose para ello incluso del llamado a la sociedad, en el denominado “Frente amplio”, para construir un nuevo marco constitucional? ¿O su gestión en sus primeros cuatro años solo servirá para sanear y modernizar el capitalismo, arrinconando a la oligarquía terrateniente y abriéndole espacio a la industrial-financiera vinculada al capital global?

 


De la primera a la segunda vuelta, diez cambios claves

  1. 1.La proporción de quienes ejercieron su voto en la segunda vuelta es la mayor en las dos últimas décadas; en consecuencia, la abstención cayó de 45,1 por ciento (primera vuelta) a 41,9 (segunda vuelta), esto es, bajó 3,2 puntos porcentuales. Entre las dos vueltas el número de sufragios creció en 1.217.125 (5,8%). De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta cifra se explica, de una parte, por la participación de quienes votaban por primera vez (jóvenes entre 18 y 21 años de edad), de otra, por el entusiasmo que generó la coalición sociopolítica Pacto Histórico y sus candidatos Petro-Márquez, pero también por el rechazo a la institucionalidad representada por los personajes Uribe-Duque. El triunfo de los líderes del Pacto Histórico sobre sus contendores Hernández-Castillo fue por la diferencia de 2.574.559 votos en la primera vuelta y de 700.601 en la segunda vuelta de la elección presidencial; esto es, la disparidad se redujo de 30,2 a 6,2 por ciento (cuadro 1).
  2. 2. El crecimiento en el número de votos entre ambas vueltas fue mayor en la campaña del ingeniero Hernández (77,7%) en relación al aumento que benefició a Petro-Márquez (32,3%). Hernández-Castillo recibieron 4.627.203 votos adicionales a los obtenidos en la primera vuelta, en su mayoría provenientes de los partidos políticos de extrema derecha que perdieron en la primera vuelta. Petro-Márquez añadieron 2.753.245 sufragios en la segunda vuelta, provenientes de los votos del Centro político que viraron hacia la izquierda y al ingreso de la fuerza juvenil al proceso electoral (cuadro 1).
  3. 3. Si bien el voto en blanco no tenía validez legal para los resultados de la segunda vuelta, sí reflejaba el rechazo de la ciudadanía que tomó esta opción por cualquiera de los dos oponentes, opción que aumento en 135.364 papeletas entre la primera y la segunda vuelta, con un incremento de 36,9 por ciento.
  4. 4. En las 33 entidades territoriales (incluida Bogotá D.C.) que conforman la nación, las dos campañas aumentaron la participación relativa de la votación obtenida en segunda vuelta respecto a la primera. En el promedio simple, Hernández registró el doble de incremento (19,1 puntos porcentuales) respecto a los resultados del Pacto Histórico (10.1). El mayor crecimiento lo obtuvo Hernández en el departamento de Antioquia al incrementar en 45,6 puntos porcentuales los votos relativos entre las dos vueltas. Petro-Márquez tuvieron una agregación superior en todo el Sur del país, en particular en Nariño al registrarse un crecimiento de 10,8 puntos porcentuales (gráfico 1)
  5. 5. Los promedios simples de los votos relativos obtenidos por los dos contendientes a nivel territorial aumentaron en 15,9 puntos porcentuales para Hernández y 8,9 para Petro. La dispersión de los resultados se redujo en las dos campañas; el coeficiente de variación (% desviación estándar/media) bajó en 4,9 puntos porcentuales en los resultados obtenidos por Petro-Márquez y 21,4 en el caso de Hernández-Castillo. El rango (distancia entre mínimos y máximos) en los votos recibidos por Hernández-Castillo creció en menor medida respecto a los resultados de Petro-Márquez: 1,7 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente. Los cambios relativos en los mínimos y máximos registran aumentos alrededor de 10 puntos porcentuales hacia arriba en los resultados obtenidos por las dos campañas (cuadro 2).
  6. 6. En el campo de las confrontaciones políticas se enfrentan diversas fuerzas de naturaleza económica, clase social, ideológica, etaria, género, cultural, étnica y territorial que operan en un espacio vectorial. El resultado, el vector ganador tiene tres elementos: módulo (magnitud), dirección y sentido. Por zonas urbano-rural, los dos candidatos a la presidencia perdieron intención de voto en las zona rural entre la primera y la segunda vuelta; Petro perdió 9 puntos porcentuales de preferencia en lo urbano (aunque mantuvo el respaldo en las grandes capitales de alta votación numérica, como Bogotá D.C.) y Hernández aumentó en 5,1 el favoritismo (cuadro 3)
  7. 7. En todos los estratos socioeconómicos la tendencia favorable al Pacto Histórico cayó entre la primera y la segunda vuelta, principalmente en los estratos 4, 5 y 6 donde bajó la inclinación al voto en 7,9 puntos porcentuales. Hernández-Castillo perdieron favorabilidad relativa en los estratos uno y dos; sin embargo, aumentaron en una proporción significativa la intención del voto en el estrato tres y principalmente en los estratos socioeconómicos 4 a 6 (cuadro 3).
  8. 8. El cambio en la intención de voto de las mujeres, entre ambas vueltas, fue desfavorable para las dos campañas. Respecto al voto masculino, el cambio relativo fue favorable a Hernández y desfavorable a Petro.
  9. 9. La decisión de votar por Petro-Márquez fue muy importante en los rangos de edad más jóvenes, esto es, de 18 a 34 años de edad, en cuanto le agregaron un 17,1 de favorabilidad; en contraste, Hernández-Castillo perdieron este caudal de voto etario joven en la misma proporción. En los más adultos y viejos, mayores de 35 años, el Pacto Histórico perdió intención de voto relativo; espacio que fue ganado por Hernández-Castillo, particularmente en el rango etario de 55 o más años de edad. En la elección presidencial de 2022 se registró un antagonismo generacional, entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y el cambio (cuadro 3). El antagonismo también fue entre clases sociales y estratos socio-económicos; además, hubo un rechazo al racismo y una insurgencia de los pueblos originarios en defensa de las identidades y la pluralidad.
  10. 10. El poder del Estado, la fuerza del capital, el control de la opinión pública por parte de muchos de los grandes medios de comunicación, la presión de las mafias de la lumpenoligarquía, las iglesias cristianas y el dominio de los partidos del establecimiento, en conjunto se movieron, feroz y estratégicamente, en contra de la coalición finalmente triunfante (por poco margen) y a favor de la campaña del empresario constructor-prestamista Rodolfo Hernández.

 

 


Pese a esa conjunción de factores por el statu quo, finalmente pudieron más la fuerzas sociopolíticas de la juventud, la ‘Colombia profunda’ del Sur, la población ilustrada y democrática de las ciudades capitales, la red nacional de medios de comunicación alternativos, los partidos de izquierda, los sindicatos, los sectores populares y los movimientos sociales, culturales, ambientalistas y defensores de derechos humanos para otorgarle el triunfo a Petro-Márquez y su propuesta de Cambio por la vida.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

 

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Viernes, 08 Julio 2022 09:45

Un Presidente incómodo

Nicolás de la Hoz (Cortesía del autor)

El repudio al presidente Emmanuel Macron es azotador. Al ocurrir poco después de su reelección al Elíseo, confirma que su victoria de abril pasado fue alcanzada por descarte. En las elecciones legislativas que siguieron, Macron efectivamente perdió su mayoría parlamentaria a pesar de un método de escrutinio que sobrerrepresenta a los candidatos en el poder y de una tasa de participación particularmente baja (47%), que incrementa el peso relativo de su electorado acomodado y mayor. Contrariado, sorprendido, Macron no sabe qué hacer, ni con quién. Su estrategia consistía en anestesiar al electorado al no comprometerse sobre nada preciso. Fracasó y la realidad de su impopularidad lo alcanzó.


No podemos calificar de “crisis” el hecho de que la composición de la Asamblea Nacional se haya vuelto más representativa de la voluntad de los electores. En 2017, no contaba más que con diecisiete miembros de La France Insoumise (LFI), ocho representantes de la extrema derecha, una ecologista, es decir el 4,5 por ciento de las bancas para tres partidos que representan a más del 40 por ciento de los electores. Sin embargo, todo iba bien en ese entonces ya que Macron podía gobernar a su antojo... El Presidente de la República se ve obligado ahora a acordar con otros más que su jefe de Gabinete. Esto no debería molestar más que a aquellos que esperaban que reformaría las jubilaciones como desmanteló el estatuto de los ferroviarios, “suavizó” la ley laboral y endureció las condiciones para acceder a las ayudas al desempleo.

Recolectar descontentos

Gracias a la alianza de izquierda imaginada por Jean-Luc Mélenchon, las fuerzas que la componen están hoy en día mejor representadas en la Asamblea (LFI cuadriplica su contingente de diputados). Pero el avance de Rassemblement National (RN) es aun más espectacular. El partido de Marine Le Pen multiplica por diez su número de representantes, un resultado que no premia ninguna estrategia creativa, sino que traduce el continuo crecimiento en número de sus electores. Escrutinio tras escrutinio, RN amplía su influencia y se populariza. Hasta ahora, las elecciones legislativas no lo favorecían; esta vez duplica sus votos, saltando en cinco años del 8,75 por ciento al 17,3 por ciento. Durante la segunda vuelta de la elección presidencial, su candidata ya había ganado 2,5 millones de votos.


El RN no tiene ninguna necesidad de reunir comités de expertos, de disponer de un programa, de exhibir personalidades que certifiquen sus competencias. Le basta con recolectar los descontentos. Desde la disminución del poder de compra hasta los tumultos en el Stade de France, no propone nada, pero todo le sirve. Como hasta ahora sus chances de acceder al poder o incluso de tener peso en las instituciones de la República eran nulas, votarlo parecía no tener consecuencias*. Y tenerlo como adversario equivalía a asegurarse la victoria gracias al “voto rechazo” que se ponía en marcha en su contra. Con su acostumbrado cinismo, Macron primero se aprovechó de esto para ser electo y reelecto con el apoyo de la izquierda. Luego enfrentó cara a cara a “los extremos” con el fin de impedir la victoria de la alianza de izquierda en las elecciones legislativas.


El hombre que en 2016 proclamaba: “Si no renacemos en cinco años, o en diez años, el Frente Nacional estará en el poder” reside desde hace tiempo en el Elíseo. ¿Dónde estará Le Pen en diez años?

* “El Frente Nacional, cerrojo del orden social”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, febrero de 2016.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

 

 

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Publicado enInternacional
Jueves, 07 Julio 2022 11:55

Un Presidente incómodo

Nicolás de la Hoz (Cortesía del autor)

El repudio al presidente Emmanuel Macron es azotador. Al ocurrir poco después de su reelección al Elíseo, confirma que su victoria de abril pasado fue alcanzada por descarte. En las elecciones legislativas que siguieron, Macron efectivamente perdió su mayoría parlamentaria a pesar de un método de escrutinio que sobrerrepresenta a los candidatos en el poder y de una tasa de participación particularmente baja (47%), que incrementa el peso relativo de su electorado acomodado y mayor. Contrariado, sorprendido, Macron no sabe qué hacer, ni con quién. Su estrategia consistía en anestesiar al electorado al no comprometerse sobre nada preciso. Fracasó y la realidad de su impopularidad lo alcanzó.


No podemos calificar de “crisis” el hecho de que la composición de la Asamblea Nacional se haya vuelto más representativa de la voluntad de los electores. En 2017, no contaba más que con diecisiete miembros de La France Insoumise (LFI), ocho representantes de la extrema derecha, una ecologista, es decir el 4,5 por ciento de las bancas para tres partidos que representan a más del 40 por ciento de los electores. Sin embargo, todo iba bien en ese entonces ya que Macron podía gobernar a su antojo... El Presidente de la República se ve obligado ahora a acordar con otros más que su jefe de Gabinete. Esto no debería molestar más que a aquellos que esperaban que reformaría las jubilaciones como desmanteló el estatuto de los ferroviarios, “suavizó” la ley laboral y endureció las condiciones para acceder a las ayudas al desempleo.

Recolectar descontentos

Gracias a la alianza de izquierda imaginada por Jean-Luc Mélenchon, las fuerzas que la componen están hoy en día mejor representadas en la Asamblea (LFI cuadriplica su contingente de diputados). Pero el avance de Rassemblement National (RN) es aun más espectacular. El partido de Marine Le Pen multiplica por diez su número de representantes, un resultado que no premia ninguna estrategia creativa, sino que traduce el continuo crecimiento en número de sus electores. Escrutinio tras escrutinio, RN amplía su influencia y se populariza. Hasta ahora, las elecciones legislativas no lo favorecían; esta vez duplica sus votos, saltando en cinco años del 8,75 por ciento al 17,3 por ciento. Durante la segunda vuelta de la elección presidencial, su candidata ya había ganado 2,5 millones de votos.


El RN no tiene ninguna necesidad de reunir comités de expertos, de disponer de un programa, de exhibir personalidades que certifiquen sus competencias. Le basta con recolectar los descontentos. Desde la disminución del poder de compra hasta los tumultos en el Stade de France, no propone nada, pero todo le sirve. Como hasta ahora sus chances de acceder al poder o incluso de tener peso en las instituciones de la República eran nulas, votarlo parecía no tener consecuencias*. Y tenerlo como adversario equivalía a asegurarse la victoria gracias al “voto rechazo” que se ponía en marcha en su contra. Con su acostumbrado cinismo, Macron primero se aprovechó de esto para ser electo y reelecto con el apoyo de la izquierda. Luego enfrentó cara a cara a “los extremos” con el fin de impedir la victoria de la alianza de izquierda en las elecciones legislativas.


El hombre que en 2016 proclamaba: “Si no renacemos en cinco años, o en diez años, el Frente Nacional estará en el poder” reside desde hace tiempo en el Elíseo. ¿Dónde estará Le Pen en diez años?

* “El Frente Nacional, cerrojo del orden social”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, febrero de 2016.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

 

 

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Gustavo Petro: “No traicionaremos…”

El festejo fue, es y será intenso. Una multitud de gentes, mujeres y hombres de todas las edades pero en su mayoría jóvenes, coparon las calles, avenidas y parques de sus ciudades y barrios de residencia. El alborozo no era –es– para menos: con 11’281 mil dos votos –50.44 por ciento– Gustavo Petro, cabeza del Pacto Histórico venció a Rodolfo Hernández que alcanzó el apoyo de 10 millones 580 mil 399 sufragantes –47.34 por ciento. La radiografía del país quedó refrendada, placa también tomada el pasado 29 de mayo, y el reto de una línea de gobierno que logre unir sus partes queda como uno de los mayores quehaceres de quienes fueron favorecidos por la voluntad popular. (Ver editorial desdeabajo Nº292, "Zurcir con la totalidad que somos")

Un triunfo alcanzado en segundo vuelta, con la movilización decidida de la juventud factor determinante en el resultado final, y el crecimiento de más de 2 millones quinientos mil votos a favor del Pacto Histórico entre esta ronda y la primera, rompiendo de esta manera el mito sobre el techo de la izquierda (enlace artículo ¿Momento o techo de la izquierda?. El aumento experimentado por Rodolfo Hernández también fue mayúsculo –4.641.514 votos– pero no suficiente para ser elegido, pero sí para que los movimientos sociales no pierdan de vista el país que dibujó esa campaña y se pregunten por cómo concitar esos millones de personas, y lograr su participación en la agenda de cambio que Colombia requiere.

Una ruptura del techo histórico lograda por la acción decidida de quienes podemos denominar como fuerza sociopolítica del cambio. Conmovida por el triunfo logrado mucha de ella, para el caso de Bogotá, pasadas las 4 de la tarde, vitoreaba al interior de los buses de Transmilenio cada que escuchaba el reporte del Consejo Nacional Electoral, al tiempo que desde el interior de las estaciones de los buses formaba con sus manos corazones y se estrechaba en viva voz con el “tenemos Presidente” que salía por las ventanas de los buses.

Una marea humana, como si de un evento deportivo se tratara, también transportada en vehículos particulares y con destino hacia el sitio contratado para recibir el resultado final de la jornada electoral. Cientos, miles de personas, con rostros alegres, con ojos vivaces, gozosos, radiantes por que por primera vez el país, ellos y ellas, tienen un presidente –pero también una vicepresidenta– del pueblo y que los reivindica.

A ellos y a ellas, a lo largo del país, se refirió Gustavo Petro en la primera parte de su intervención para celebrar lo que también él valoró como un logro histórico, para unos segundos después asegurar: “No traicionaremos a este electorado…”.

Un electorado que también está integrado por decenas de activistas que han acompañado al ex M-19 en más de cuatro décadas de lucha: “Vencimos […] son más de 40 años de lucha”, dijo a las afueras del Movistar, coliseo donde se congregó la multitud para celebrar, Gloria Carreño, profesora y activista que no ha dado el brazo a torcer en todos estos años de resistencia y construcción por el cambio y que esta vez, como lo hizo hace cuatro cuando el triunfo se escabulló, portaba la bandera del M-19.

Cientos, miles de personas, unas lograban ingresar a la celebración y otras, al no poder ingresar tomaban rumbo hacia la Plaza de Bolívar, con la esperanza de que la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez finalmente llegaran allí para festejar. Con seguridad, en su alborozo no escuchaban lo que decían desde seguridad: “La celebración no puede darse allí pues no hay despliegue para eliminar los riesgos de seguridad”.

Mientras unas y otros seguían bregando por ingresar, o retomaban rumbo por la Avenida 30 hacia el centro de la ciudad, Francia Márquez empezaba a celebrar el suceso, acompañada con total fuerza y convicción por una juventud feminista que ve en ella la posibilidad de profundizar la lucha contra el patriarcado, contra la desigualdad salarial, contra la violencia de género, pero también contra el racismo y la exclusión social. “Acabaremos con el patriarcado…”, aseguró la hoy vicepresidenta y futura Ministra de la Igualdad.

Sus palabras fueron breves pero suficientes para que las 14 mil personas que abarrotaban el coliseo la ovacionaran, en un reconocimiento a lo que su liderazgo significó para este triunfo, y a la inmensa responsabilidad que llevará sobre sí en los cuatro años que siguen, una carga que seguramente reposará en gran medida en su comunicación, conexión y coordinación con los movimientos sociales para que el gobierno no quede secuestrado por las redes clientelistas que también integran y están en el interior del Pacto Histórico.

Con sensibilidad de lidereza y agilidad política, al ver que Petro llegaba al recinto, junto con su familia, saludó al nuevo Presidente, “[…] a nuestro Presidente…” y le cedió la palabra, destacando éste desde un primer instante el propósito que fue uno de los ejes programáticos de la campaña: “[… ] Colombia, potencia mundial de la vida…”, con sus tres soportes: paz, justicia social, justicia ambiental.

La seguridad de sus palabra es recibida con entusiasmo por la concurrencia, a cuyos vítores debe imponerse con voz pausada: “(y para hacer realidad este propósito vamos a sellar) un acuerdo nacional, construido desde las regiones, con poder de mandato” […]. Un acuerdo nacional para construir la paz. Desde el 7 de agosto, paz integral para Colombia…”. Un propósito inmenso y que desde ya le abre un reto a los actores sociales.

¿Cómo recibirán las fuerzas alzadas en armas, entre ellas el Eln, este mensaje? El lunes 20 esta organización alzada en armas se expresó en un corto mensaje al país que titula “Vamos con los cambios y la paz” y en el cual, luego de algunos planteamientos de línea programática y retos estructurales que deberá encarar y resolver el nuevo gobierno, asegura:

“Si el Presidente elegido se posesiona el 7 de agosto para hacer los cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimientos para las mayorías, un plan de Reforma Agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al Proceso de paz, Colombia tendrá un Gobierno respaldado por el movimiento popular, pero si se instala para hacer ‘más de lo mismo’ tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021”.

Comunicado que cierra llamando a retomar la agenda de diálogo iniciada en el 2017: “El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017”.

Es una agenda y un modelo de negociación que, como es público, tiene diferencias notables con la seguida por las Farc, y que las llevó a su desmovilización. ¿Qué deberá esperar el país con respecto a nuevas agendas de negociación? ¿Cómo serán incluidas en ello las llamadas “disidencias” de las Farc? ¿Cómo los actores paramilitares.

Paz, justicia social, acuerdo nacional, acuerdos regionales, una agenda que permite deducir que hay un reconocimiento desde el próximo mandatario que sin movilización social no será posible gobernar, no será factible vencer las fuerzas del poder profundo que controlan economía, burocracia, fuerzas armadas, justicia, y mucho más. Según Petro, en lo caso de lo regional, se trata de “[…] diálogos regionales, que den pie para las reformas que necesita Colombia para construir la paz”. Reformas para tener “[…] derechos constitucionales vivos; derechos constitucionales vivos; una Constitución viva que pueda realizarse cada día”.

Un propósito imposible de concretar si los actores sociales pierden su autonomía frente al poder e iniciativa –así ese poder hoy esté en manos de dos de los suyos–. En este sentido, tal vez le faltó decir al hoy ungido jefe de Estado: “A esa marea juvenil que decidió hoy tomarse las urnas […] si nos equivocamos confróntenos, si dudamos, empújennos…”, recordándoles que un gobierno de real talante democrático debe ser del pueblo, con el pueblo y para el pueblo.

Retos inmensos todos estos, pero que pueden hacerse realidad toda vez que Colombia cuenta hoy con un ascendente social, en creciente desde hace varios años, que con fuerza y constancia paralizó al país en el 2021 durante varias semanas. Fuerza social juvenil, en su mayoría, que como lo anunció con estadísticas el mensuario Le Monde diplomatique edición Colombia en la edición en circulación, un importante porcentaje de esa juventud que en primera vuelta había votado por Rodolfo Hernández, al ver que había recibido el apoyo de la derecha uribista, le quitó de inmediato su apoyo y giró hacia la campaña del Pacto Histórico.

Esa reacción la marcaron las encuestas. Como también marcaron, y lo aseguró Libardo Sarmiento en ese artículo, la abstención se reduciría y ese quiebre favorecería a quien venció en las urnas. Además de recordar que el ascendente juvenil era el sector social en Bogotá, lo cual también fue ratificado por los resultados alcanzados en la capital del país.

Bien, sin el control y movilización constante de esa inmensa marea, como de otros sectores sociales que están por un cambio real en el país, profundo, no es posible concretar un gobierno del cambio, un gobierno que logre prolongarse más allá de un periodo electoral, y hacerse fuerza autónoma, cooperativa, solidaria, interrelacionada entre experiencias a lo largo de todo el país, conformando órganos paralelos de gobierno en los territorios, etcétera, para así gobernar más allá del centro político y más allá de un periodo de tiempo dado, consciente que en otra campaña electoral el Ejecutivo puede ser retomado por los poderes tradicionales.

Acción crítica, constante. Mandar obedeciendo. El realismo político, tratar de equilibrar por ‘arriba’ puede tender un distanciamiento entre gobierno y actores sociales, por eso es importante que la sociedad no deje de criticar, de exigir, de presionar, que no abandone las calles, pero tampoco los auditorios donde se discutirán los acuerdos regionales, “vinculantes” en subrayado, que como savia recorrerán el cuerpo gubernamental y, en forma de proyectos de ley llegarán al Congreso, en donde las fuerzas opuestas seguramente los obstruirá. ¿Podrán hacerse realidad estos sin confrontar ese Congreso, sin generar una acción ejecutora y en cadena con raíz en los distintos territorios? Pero también, ¿podrán hacerse realidad parte de esos proyectos, ojalá la mayoría, de manera directa por parte de los mismos actores sociales, en sus territorios, sin depender para ello del visto bueno de los legisladores?

Esta debería ser una vía expedita para no perder de vista que las autonomías sociales son fundamentales para llevar a cabo en el largo y el mediano plazo cambios de fuerte impacto para reducir la injusticia social que prima en el país, así como las exclusiones de todo tipo, entre ellas las que deberá liderar Francia Márquez al coger el timón del novísimo ministerio con que contará el país.

Una autonomía y un potencial social que muestra caminos en el sur del país, con especial relieve en Nariño, departamento en el cual la fortaleza de los movimientos sociales ha sido reafirmada en estas elecciones; una fortaleza que deja en claro que un logro tal se construye en años de acción y se acelera con experiencias de gestión y acción de diverso tipo, en todo lo cual autonomía y liderazgo social, colectivo, es deteminante.

 


Recuadro

¡Actuar ya!

“Queremos que Colombia, y será la prioridad de la política diplomática, se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. La ciencia nos ha dicho que como especie humana podemos perecer en el corto plazo, que la vida en esta Tierra hermosa puede perecer en el corto plazo, que las dinámicas de acumulación que un mercado desaforado, que unos deseos de codicia y ganancia desaforados, que un proceso de consumo desaforado, está a punto de acabar con las bases mismas de la existencias […]


Si la ciencia nos lo dice toca actuar ya. No somos uno de estos países que emiten enormes cantidades de Co2 y de gases de efecto invernadero, pero estamos aquí, al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases de efecto invernadero que otros países arrojan: la selva amazónica, las selvas de América Latina. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad.


Nos han criticado porque proponemos una transición energética, quizás rauda dicen los críticos, hacia las energías limpias en las que Colombia tendría enormes ventajas, pues bien, se trata de establecer ahora el diálogo en las Américas.


Proponemos un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación en toda la diversidad que es América. Creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi ningún otro país gases de efecto invernadero y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva Amazónica.


Si allá se emite y acá absorbemos ¿por qué no dialogamos? ¿por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad, puedan ser más eficaces.


Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América, sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América.
¿Cómo un gobierno pretende ser el gobierno de la vida no podía proponer la construcción de una economía de la vida?

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Democracia y ciudadanía (foto: Iñaki Chaves)

La victoria del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de Colombia inaugura una nueva era llena de esperanza

¡Enhorabuena a Colombia y a lxs colombianxs! Un inapelable triunfo de la ciudadanía y de la democracia que han hecho posible el tan ansiado cambio. Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta. Una dupla novedosa por muchos motivos: primera vez que la política tradicional no gobernará el país del sagrado corazón; primer presidente a la izquierda de la sempiterna derecha y primer exguerrillero en ocupar la casa de Nariño; primera mujer afro, ambientalista y lideresa social en la vicepresidencia; primera vez que lxs de abajo están más cerca de lxs de arriba y primera vez que las movilizaciones sociales han provocado un verdadero cambio.

Dicho esto, toca detener un momento el tiempo y reflexionar sobre lo que supone y cómo abordarlo. Comienza lo más difícil: gobernar para todo el país y todas sus gentes en un territorio históricamente dividido y socialmente fraccionado. No será fácil. Habrá que tener mucho tacto para introducir los cambios necesarios y habrá que tener mucha paciencia para lograrlos.

No sólo en las calles para cumplirle a la gente, que deberá armarse de estoicismo y mantener la ilusión, sino en la Cámara de Representantes y en el Senado en donde el Pacto Histórico tendrá que saber navegar con firmeza pero con flexibilidad para mantener la nave del cambio a flote y en su rumbo.

La metamorfosis social no se verá de la noche a la mañana. No nos acostaremos como un complejo y cabizbajo G. Samsa y nos levantaremos como una bella y alegre mariposa amarilla. El camino será tortuoso y largo, y las piedras dificultarán su recorrido; aunque caminar nos acercará al sueño, a la utopía del cambio. No valdrá con cuatro años, se necesitarán más, tal vez toda una generación para lograrlo. Pero es un primer, trascendental y necesario paso adelante.

Con todas las dificultades, con todos los enemigos de siempre y con los amigos repentinos e interesados, con las violencias estructurales y con las desigualdades e inequidades, que no desaparecerán de repente; pero el momento, por fin, ha llegado. Coraje y fuerza, hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que vivir sabroso sea lo natural y hasta que Colombia se convierta en una potencia de vida.

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Lunes, 20 Junio 2022 09:19

Zurcir con la totalidad que somos

Zurcir con la totalidad que somos

El mapa lo dice todo. La cartografía electoral que arroja el mapa de Colombia, producto de las elecciones del 29 de mayo es una nítida fotografía de la realidad social y política que padecemos: en el centro del país, con pocas extensiones sobre departamentos de los denominados periféricos, se congrega el país que votó por Rodolfo Hernández. Es casi un círculo ampliado de los departamentos que cuentan con mayor desarrollo económico y en los que habitan –si no lo hacen en Estados Unidos u otros países de sus ensueños– los sectores más pudientes de nuestra sociedad, una minoría que se ha beneficiado de las políticas de Estado que protegen, financian, apadrinan, acolitan, a quienes “crean la riqueza nacional”.

Bordeando este círculo, en forma de óvalo, con extensiones hacia el norte, el occidente, el sur y el oriente del país, en un porcentaje superior a favor del Pacto Histórico, y con apoyo mayoritario en los departamentos que más han padecido los efectos negativos de las políticas económicas y sociales de Estado que marcan nuestro ser nacional, los sectores marginados, una mayoría de connacionales que sufren la exclusión, el desconocimiento y los efectos, además, de la política militar que prevalece como recurso para resolver la conflictividad social.

En estas dos Colombias, con presencia significativa pero no detallada en su configuración por la cartografía electoral, habita otro país, constituido por más de una tercera parte de quienes están en edad de votar pero no lo hacen y cuyos motivos pueden ser diversos, como lo son los millones que allí están sumados. Aquellos no tienen confianza en la clase política, no los convoca el canto de un prometido cambio institucional que entona la izquierda, tienen rabia con el establecimiento, pues lo único que reciben del mismo es palo y promesas incumplidas; no se sienten recogidos en los programas que abanderan las campañas electorales… Tenemos, por tanto, no uno ni dos sino por lo menos tres países, cada uno motivado por circunstancias disímiles y opuestas entre sí.

La lógica política, económica, social, militar, en boga, indica que –de salir electo el candidato que promete ahondar las políticas neoliberales, achicando el Estado como principal empleador, por ejemplo– esto continuará, y la sociedad que resumimos no estará convocada a reencontrarse y permanecerá dividida entre polarizaciones y tensiones.

De salir elegida la candidatura que ofrece la superación de lo construido hasta hoy, en tanto en el eje de su programa está la inversión social acrecentada, mayores impuestos para los más pudientes, reconocimiento de grupos excluidos, y similares, encontrará sintonía y empezará a bordar un país para las mayorías pero no para la totalidad.

En su ejercicio de cambio, de ponerse en boga un amplio proyecto cultural y educativo, además de económico y no militar para contener la inconformidad social, alimentará energías para que muchas de las personas que no sienten sintonía alguna con el establecimiento se acerquen, al menos, para ver qué está pasando y “metan el dedo en la llaga” y así comprueben su veracidad.

Tenemos aquí un zurcido que empieza a unir pedazos de país. Tal vez el secreto para que eso permanezca y no se descosa al primer jalón sea hilar en Z, quizás en M. Las opciones son varias pero encontrar cuál es la que une con más fortaleza es labor de quienes estarán en los años que vienen como funcionarios de lo público.

Lo cierto es que esas puntadas tienen que pasar con su hilo por la concreción efectiva de una reforma agraria que sea integral, acompañada por una política de protección a la producción y el mercado nacionales, con una red para acercar los productos del campo a las barriadas, en clara disputa con las redes de mercadeo que ahora intentan monopolizar este sector de la economía del país. Es un esfuerzo en el cual se deberá citar y lograr la concurrencia de pequeños y medianos tenderos, como de micro, pequeños y medianos productores urbanos de bienes destinados al consumo diario, para que se asocien y faciliten este proceso y se beneficien del mismo –en calidad de trabajo, en precios favorables, en líneas de crédito para operativizar su labor, en proceso de capacitación, etcétera.

Aquel es un hilar que deberá cruzar y tensar el cumplimiento de los acuerdos de paz, a fin de crear así un ambiente regional para la participación y el liderazgo social sin correr riesgo de muerte; a la par de otras muchas hiladas que recojan, por ejemplo, la creación de una industria nacional con ejes en diversos segmentos estratégicos de una economía de punta y en sintonía con la revolución industrial en curso, pero también que haga sentir sus puntadas en la política educativa, garantizando el soñado anhelo de educación superior para toda aquella persona que lo anhele y cumpla con los mínimos académicos que exijan en uno u otro centro de estudios.

El recorrido de las agujas es mucho más amplio y diverso, pues el tamaño de lo aplazado en el país es mayúsculo para que se pueda hablar de reducción sustancial de la pobreza y eliminación de la miseria. ¿Qué decir de una política de paz para el diálogo y la apertura política con quienes estén dispuestos a aunar esfuerzos, de modo que el país viva una oportunidad de reencuentro? ¿Qué de una política ambiental en realidad consecuente con todo lo que implica no aportar al incremento del cambio climático? ¿Qué de una política urbana que vaya al fondo de la crisis que sobrelleva la ciudad del mercadeo y el consumo?

En ese zurcir con delicadeza, y con la alegría de quienes están construyendo una pieza por vestir engalanados, hay quienes desde un principio se sentirán excluidos, pero en esta ocasión no son los de siempre sino quienes desde décadas atrás no han dejado de beneficiarse de las políticas de Estado que priman en el país.

Con el solo hecho de cobrarles más impuestos, de llamarlos a pagar mejor a sus trabajadores y empleados, con el efecto de que el chorro de beneficios estatales dirigidos hacia ellos se corte o reduzca, estas y otras realidades los llevarán a conspirar contra el nuevo gobierno y atizar asimismo el descontento social, incrementado, seguramente, por la fuga de capitales que propicien, por el bloqueo de la agenda legislativa y –esto no es extraño– por el estímulo al ahondamiento del conflicto armado que hoy padece el país. El factor Estados Unidos calentando el ambiente político podrá estar en el trasfondo de algunas de esas reacciones.

Se podría decir, entonces, que en este punto, ante un cuero duro, la aguja se partirá y el país seguirá roto, tal vez en menos pedazos pero roto. La pregunta que corresponde hacerse a quienes diseñen las políticas de Estado, ojalá en diálogo dinámico con toda la sociedad, es: ¿Qué se debe hacer para neutralizar esta realidad de fractura, entre minorías y mayorías, entre ricos y pobres, entre quienes desean el cambio y quienes aspiran a prolongar al status quo?

La tarea no es sencilla de resolver pero, seguramente, revisando nuestro profundo ser nacional, sus valores y mejores tradiciones, así como las experiencias vividas en otras coordenadas, se encontrarán luces y material para reforzar las agujas y el hilo necesarios para reencontrar al país como una sola pieza. Con detalles, con bolsillos y ojales que significan clases e intereses dispares pero que integran una sola pieza que, bien tejida, debe ser cómoda en su uso, de manera que a la vuelta de algunas décadas la realidad de vida digna y democracia participativa, directa, radical, plebiscitaria, haya echado raíces en todo el territorio nacional y en lo más profundo de nuestro ser cultural. Tremendo reto. ¡Ojalá no se frustre nuestro destino posible! n atizar nuevas protestas sociales.

 

 

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Abril 2021, vía Twitter

En la campaña electoral para elegir quien encabece el país en el periodo 2022-2026, y contrario a lo anunciado por las grandes cadenas de comunicación, se presenta un giro en la intención de voto a favor de la coalición sociopolítica Pacto Histórico, en el trasfondo de lo cual está la juventud. Un acercamiento a la exclusión y negaciones que la afectan, y las políticas oficiales diseñadas, supuestamente, para superarlas, permite comprender este cambio.

 

El domingo 19 de junio, fecha de la segunda vuelta para elegir Presidente para el cuatrienio 2022-2026, tendrá lugar una confrontación intergeneracional, clasista y de cosmovisiones. Los más jóvenes, entre 18 y 34 años de edad (cerca del 40 por ciento del censo electoral) son afines políticamente y partidarios de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, con su fórmula presidencial Petro-Márquez y el lema “Cambio por la vida”. Un amplio segmento de la juventud está por los cambios sociales y políticos que requiere el país, confirmando un principio de la democracia representativa: la posibilidad de las transformaciones pacíficas mediante el sistema electoral.

Es una actuación viva, de alguna manera una prolongación de su copamiento de calles y confrontación directa con el Esmad y las fuerzas de choque que actuaron a su alrededor y que duró varias semanas tanto en 2019 como en 2021, agitando sus banderas de cambio, evidenció las históricas exclusiones que los afectan, y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo.

Estamos ante un suceso fundamental. En mayo 19, en la primera vuelta, un porcentaje de jóvenes cercano al 50 por ciento votó por Rodolfo Hernández. Algo sorprendente pero explicable: vieron este candidato al sujeto anti establecimiento que podría romper con una tradición de negaciones y exclusiones, con gobiernos de ricos y para ricos. Pero en unas semanas, tal identidad cambió. ¿Qué lo propició?

En política es frecuente que sumar implique restar. Todo indica que lo fundamental fue la llegada de la extrema derecha y la lumpenoligarquía para asociarse o aliarse a la campaña de quien decía, no de manera explícita pero sí como consecuencia de su discurso antipolítico y anticorrupción, estar contra ella. La juventud vio el verdadero rostro de Rodolfo Hernández tras la máscara construida por sus asesores de estrategia y decidió quitarle su apoyo y acompañar a su contendiente de izquierda democrática. Entre los meses de mayo y junio de 2022, el empresario constructor y prestamista perdió 17,1 puntos porcentuales del apoyo de la población entre 18 y 34 años de edad; cantidad relativa que aumentó las preferencias en este rango etario por el tándem Petro-Márquez (gráfico 1).


Su silencio, su insistencia en que no acepta acuerdos con el uribismo, que “está picho” no convenció a la juventud que, según encuestas de reciente realización, giraron hacia el Pacto Histórico. Es un segmento social que va desde los 18 y hasta los 34 años de edad. Luego de esa edad, la mayoría de la población, defensora del “statu quo” y temerosa del cambio, opta por el llamado Ingeniero. De igual manera, los estratos socio-económicos altos se inclinan por el candidato de la centro-derecha y menos por el de la izquierda democrática1.

Las mismas encuestadoras indican que el 19 de junio la votación será mayor. En la primera vuelta, el 29 de mayo, el 54,91 por ciento de los colombianos aptos para sufragar se acercó a las urnas, según la Registraduría; para la segunda vuelta el 62,5 de las personas afirma que “definitivamente sí votara”. Con una novedad que no debe pasar desapercibida: del total de las 39.002.239 personas aptas para concurrir a las urnas 8.986.997 son jóvenes de entre 18 y 28 años, 50 por ciento son mujeres (4’526.801) y la otra mitad hombres (4’460.196); es decir, 1 de cada 5 del gran total de quienes pueden votar hacen parte de la juventud. Bogotá es la ciudad donde hay mayor cantidad de menores de 28 años que pueden ejercer su derecho al sufragio: 1’192.036. Que son, como en el porcentaje nacional, el 23 por ciento del total del censo electoral en la capital. Por lo anterior, no es simple coincidencia que en 10 de las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de la subdivisión urbana de Bogotá, el “Pacto Histórico sea hegemónico en los resultados de la primera vuelta y en la intención de voto para la segunda (el candidato empresario Hernández ganó, en la primera vuelta, en las dos UPZ donde viven los más ricos, al norte de la ciudad).

Además, según los resultados de la primera vuelta, tres de cada cuatro electores demanda un cambio en el destino del país. Un cambio fundamental es garantizar la vida digna, el goce de los derechos humanos, la justicia, la paz y la democracia sustantiva para que la juventud pueda florecer plenamente de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Un pacto histórico con la juventud es la demanda y la necesidad actual de la sociedad colombiana.

Una historia de organización y participación juvenil por la democracia y la vida digna en Colombia. El concepto de juventud es producto de la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en el país es referente existencial en las biografías de las cuatro últimas generaciones. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: la violencia de mediados del siglo XX y la Constitución Política de 1991.

La primera actuó, una vez más, como partera de la historia –las identidades juveniles nacieron en medio de la guerra–. Adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas y represión. Transcurridos 43 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de 1991 (CP) reconoció las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía. Desde entonces las juventudes del país han luchado de manera organizada por tener una vida digna, con garantías en el ejercicio de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. La historia no ha sido fácil, veamos2:

  • • Años 1960-1970. Confrontación a la exclusión del régimen del Frente Nacional impuesto arbitrariamente por los partidos del establecimiento (liberal y conservador). Lucha por las reivindicaciones políticas de la ciudadanía juvenil. Influencia del movimiento contracultural y político europeo y norteamericano.
  • • 1980-1991. Lógica del “No futuro”; la sociedad se mostró incapaz de atender e integrar las dinámicas y necesidades que presentaba la juventud, siendo expulsada hacia los límites sociales, aplicando una visión estigmatizada y peligrosa, justificando ideológicamente la respuesta represiva del Estado ante sus demandas. Incorporación de los jóvenes a grupos armados y a la delincuencia organizada.
  • • 1991-1997. La Constitución Política (CP) incorpora las políticas poblacionales y de identidad, pero sin cambiar su estructura sectorial; también abre espacios de participación y toma de decisiones. Reconocimiento explícito de la ciudadanía juvenil, creación de la democracia escolar y formulación de políticas públicas de juventud.
  • • 1998-2003. reevaluación crítica de los preceptos establecidos en la CP en medio de un conflicto interno armado, donde el mayor porcentaje de víctimas –en todos los escenarios de la crisis– corresponde a esta población. Incapacidad del sistema político nacional para abrir nuevos espacios democráticos y de posibilidades de acción y transformación social incluyente.
  • • 2004-2015. la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, injustas, excluyentes y profundas causas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa únicamente del conflicto interno, hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, de últimas, pero no menos importante, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales, que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por lo menos suman 6.402, cuyas víctimas correspondían a jóvenes empobrecidos, campesinos y urbanos.
  • • 2016. Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc para poner fin al conflicto armado interno desembocaron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
  • • 2017-2022. Pasadas tres décadas de aprobación de la CP se exacerba la contradicción entre una juventud cada vez más ilustrada y empoderada vs. la negación de derechos por parte del Estado y un modelo de desarrollo que los excluye. La creciente de protestas en demanda de educación, cese a la impunidad y otras reivindicaciones ganaron cuerpo entre los años 2013 - 2021. Las medidas del Gobierno se caracterizaron por la represión, la falta de diálogo y por una calificación generalizada que definía a los manifestantes como “vándalos”.
  • • Como cierre de estas constantes, el gobierno de Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar los alzamientos sociales de 2019 y 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado diciembre de 2021. El rechazo fue la respuesta, dejando en claro la profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de este sector social en los asuntos estratégicos del país.

Un pacto histórico con la Juventud. Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Teniendo esto claro, Pierre Bourdieu pudo afirmar que “el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente”.

En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional se ubicó en 18,1 por ciento en 2020. Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. En general, el horizonte de posibilidades es reducido y cerrado para tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes.

Una realidad que permite comprender por qué se levantaron, protestaron y resistieron con tanta vehemencia en 2019 y 2021, ya no solo estudiantes universitarios sino también, y sobre todo, hombres y mujeres que en la flor de sus vidas padecen un No futuro. Lo saben, lo sienten, y por ello tratan de conseguir por propia mano el peso diario para salir adelante, junto a sus familias, actuando para ello por medio de bandas y otro tipo de estructuras que los socializan, cohesionan y les hace sentir fuertes.

Ahora, como no se ha registrado en otras elecciones, están llegando a las urnas. De las múltiples encuestas que circularon al día último en que podían publicarse (11 de junio), una afirma que hay un cambio sustancial en la tendencia del voto y ella favorece al Pacto Histórico por efecto del giro optado por el sector juvenil; las restantes persisten en registrar la delantera de Hernández por un escaso punto, o un poco menos, es decir, un empate técnico, y una decisión que puede girar a favor de uno u otro, en lo cual el factor juvenil marcará la pauta.
En caso de confirmarse el triunfo de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, lo más probable según las tendencias, el nuevo Gobierno y la sociedad colombiana deben concertar una política pública de juventud (ver recuadro) y materializarla a través de un Plan de Juventud que materialice el “espíritu” de la Constitución Política y esté integrado orgánicamente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Existe una deuda histórica con ellas y ellos, y es hora de pagarla.

 


¿Qué es una política pública de juventud?

Es el conjunto coherente de principios, objetivos, metas y estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de las juventudes (construcción sociocultural que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente), da vigencia y garantía al disfrute de sus derechos humanos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre las juventudes, el Estado, la Sociedad, la cooperación internacional y el sector empresarial, privado, cooperativo y comunitario. Esta política y plan deben fundamentarse en la Ley 1622 de 2013, que establece las competencias de la Nación, los departamentos, los municipios y el Distrito Capital.
Definición de Juventud: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica y social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (Ley 1622 de 2013, Estatuto de ciudadanía juvenil).


 

 

En la década de 1990 los adolescentes y los jóvenes pasaron a ser sujetos de la política pública nacional. El núcleo articulador y el mecanismo de gestión de esas políticas es el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ). La Ley de Juventud 1622 de 2013 define ese Sistema como el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas (ECJ, artículo 22). Una revisión a la política e institucionalidad formal que prevalece en el país para atender a este sector social nos permite una radiografía de lo existente y unas conclusiones sobre el particular1. La línea de tiempo adjunta describe la evolución de las instituciones, políticas y estrategias de juventud.

Nueve conclusiones pueden extraerse del análisis de la evolución del marco jurídico, institucional y de políticas públicas:

• El desarrollo jurídico es prolífico y ha animado la creación de instituciones especializadas en políticas poblacionales en el nivel nacional y en las entidades territoriales (si bien son una mezcla abigarrada de enfoques poblacionales y sectoriales: infancia, adolescencia, jóvenes, adultos mayores, etnias, género, salud, educación, empleo, emprendimiento, etc.). No obstante, no existen espacios reales y permanentes de participación democrática (excepto los recién electos Consejos de Juventud) y los recursos financieros son marginales e insuficientes.
• Los documentos Conpes son reiterativos y repetitivos en el diseño de estrategias y políticas que buscan la inclusión de los jóvenes como ciudadanos plenos, y su inserción, junto a los adolescentes, en el ámbito socioeconómico, y la titularidad de los derechos reconocidos en la CP. No existe una evaluación integral de los alcances, limitaciones, desarrollos y fallas de los Conpes de juventud. La ley de juventud de 1997, el código de la infancia y la adolescencia de 2006 y la Ley Estatutaria de Juventud de 2013 tampoco han sido evaluadas ni se sabe de su apropiación por parte de los actores y agentes del SNJ.
• La estrategia e instrumento principal de las políticas públicas es el SNJ sin embargo, su diseño, operación, gestión y coordinación es confuso y, desde su propuesta inicial –Ley 375 de 1997– no ha funcionado como han operado otros sistemas más robustos (educación o salud, por ejemplo).
• Junto al retroceso, en la década de los noventa, del modelo que consideraba, de manera épica, a los adolescentes y jóvenes como protagonistas del cambio necesario de la sociedad, a un anacrónico modelo preconstitucional que los califica de nuevo como grupos poblacionales “de riesgo y en riesgo” y como objetos de políticas asistenciales, se presenta también un recular de dos décadas en la institucionalidad de juventud.
• En el nivel nacional se registra, tanto una duplicación de funciones y roles en relación con la adolescencia y la juventud, como una falta de coordinación y ausencia de comunicación entre las políticas poblacionales de juventud (Colombia Joven o ICBF, por ejemplo) y las sectoriales (educación, salud, formación para el trabajo, entre otras).
• Pasadas tres décadas de promulgada la Constitución de 1991 y 24 años de haber sido aprobada la primera Ley de la Juventud (375 de 1997), el desarrollo del Sistema Nacional de Juventudes es débil, precario o inexistente, según se observa en al ámbito nacional o en la diversidad territorial.
• En general, el subsistema institucional en el nivel nacional y territorial es poco especializado y carece de fortalezas técnicas, políticas y financieras. La organización y el funcionamiento del subsistema de participación igualmente son desiguales, descoordinados, aislados, poco representativos y sin logros evidentes.
• A partir de la década de los años 1990, la mayoría de los planes de desarrollo nacional incluyen la formulación de la Política Pública de la Juventud, pero sin llegar a materializarla. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no es la excepción, una de sus metas contempla la formulación de la Política Pública Nacional de Juventud y sus estrategias de seguimiento y evaluación, pero el Gobierno Duque incumplió esta promesa; a manera de compensación precaria y apresurada, en agosto de 2021, el Gobierno aprobó el Documento Conpes 4040 “Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la Juventud”; al igual que los Conpes precedentes, reitera una y otra vez lo ya escrito, no contiene contenidos sustanciales, estructurados y sostenibles, no aporta mayores recursos financieros o presupuestales, ni avanza en resolver el conflicto institucional entre una organización sectorial y el desarrollo de políticas poblacionales y de identidad.
• En Colombia las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y promover la participación de la juventud registran un comportamiento cíclico con sus fases diferenciadas de promoción, auge, declive y crisis. Entre 1990 y 1993 el país vivió un entusiasmo y promoción de las temáticas de juventud; entre 1994-1998 se registró un auge legislativo y de construcción de políticas públicas de juventud; entre 1999-2012 se registra un declive en la evolución de la institucionalidad, la legislación, las políticas y los recursos financieros orientados a favorecer a las juventudes del país; en 2013 se expide el estatuto de ciudadanía juvenil que pretende generar las condiciones para que la juventud pueda ejercer su ciudadanía y sus proyectos de vida individuales y colectivos; el entusiasmo que despertó esta Ley Estatutaria 1622 alcanza hasta el año 2017; entre 2018 y 2022 el Estado desanda o recula frente a lo construido y vuelve a la vieja sociedad tradicional, cerrada al pensamiento crítico y reluctante al cambio; los jóvenes son estigmatizados y se aplica una política deshumanizante, excluyente, represiva y violenta frente al movimiento juvenil.

Las políticas de juventud, una fachada sin contenidos estructurados y sostenibles. Las personas jóvenes viven hoy con mayor dramatismo, que el resto de la población, una serie de tensiones y paradojas2:
• Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).
• También gozan de más acceso a información y menos al poder. Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones.
• Desean más autonomía, pero tienen menos opciones para materializar su emancipación.
• Se hallan más previstos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad específica.
• Son más móviles pero al mismo tiempo están más afectados por trayectorias migratorias inciertas y los desplazamientos forzosos.
• Son más cohesionados hacia adentro pero con mayor impermeabilidad hacia afuera. La inclusión hacia adentro va tensionada, en términos de valores e identidad, con exclusión hacia afuera.
• Más aptos para el cambio productivo pero más excluidos de este.
• Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio.
• Viven una tensión entre la expansión del consumo simbólico y la restricción en el consumo material.
• Son actores de una doble dualidad: autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización por otra.

1 Sarmiento Anzola, Libardo. (2022). Diagnóstico de la garantía de los derechos humanos en adolescentes y jóvenes en enfoque diferencial, estructural e histórico, según censos de 1993, 2005 y 2018. Fondo de Población de las Naciones Unidas-DANE; Colombia; pp. 35-38.
2 Organización Iberoamericana de Juventud-CEPAL. (2004). La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Chile, pp. 17-20.

 


1 Cifras basadas en la encuesta INVAMER S.A.S. de junio de 2022. Fuente de financiamiento: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. Objetivo: Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Universo: hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural. Margen de error: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, se encuentran entre el 2 y el 5 por ciento dependiendo de la región geográfica. Fecha de recolección de los datos: del 3 al 7 de junio de 2022.
2 Sarmiento Anzola, Libardo. (2004). Política pública de juventud en Colombia: logros, dificultades y perspectivas; en Construcción de políticas de juventud. Programa Presidencial Colombia Joven, Organización Iberoamericana de Juventud, Unicef, GIZ, et alt; Colombia, p. 118.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

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Publicado enColombia
Domingo, 19 Junio 2022 06:28

Colombia en una disyuntiva

https://actualidad.rt.com/actualidad/431314-gustavo-petro-rodolfo-hernandez-pasan

Contiene este artículo reflexiones alrededor de la coyuntura electoral, a partir del análisis de algunos resultados de las elecciones a Congreso, con el propósito de establecer líneas de continuidad y tensión con la primera vuelta presidencial, y como referente para analizar lo que está en juego en la segunda vuelta.

El pasado 13 de marzo, en las elecciones al Congreso, y el 29 de mayo en la primera vuelta para la elección presidencial, presenciamos un cambio político electoral, notable, pero que no representa el fin de los partidos políticos tradicionales ni de sus prácticas políticas, ni tampoco es el fin de la derecha o el comienzo de un giro a la izquierda en el país. Una realidad, en pugna, fotografiada en el intento de fraude electoral sintetizado en la diferencia de más de un millón de votos entre el preconteo (el día de las elecciones) y el escrutinio, una cantidad de sufragios tal que niega que responde a errores puntuales.

Contrario a lo deseado, lo acontecido en estas dos votaciones parece más bien una reconfiguración del espectro en el que el centro político pierde apoyo, la extrema derecha –ante el fracaso de sus candidatos propios– se camufla detrás de un político regional que se presenta como antipolítico y antisistema, y gana cuerpo un proyecto político más cercano a la izquierda, debiendo aceptar alianzas incómodas para sumar votos pero que además enfrenta la tradicional guerra sucia electoral.
Elecciones a Congreso

Si se pueden establecer algunas características generales de los resultados electorales estas tienen que ver con los altos niveles de abstención. Las movilizaciones sociales de 2019 y 2021 se constituyeron en escenarios de repolitización de una ciudadanía popular encarnada en sectores como las juventudes, los grupos étnicos, las mujeres de sectores empobrecidas, las víctimas del conflicto armado y los sectores afines al proceso de paz, quienes de múltiples maneras manifestaron la necesidad de tomar el poder político y pasar de la resistencia en las calles a las curules del Congreso de modo que se reemplazara a los actores de la política tradicional.

Se esperaba entonces, con este antecedente, una masiva participación, pero la abstención una vez más fue cercana al 55 por ciento y los votos en blanco superaron el millón en el caso del Senado. Esto da cuenta de que persiste la incredulidad sobre los mecanismos de la democracia como vía para alcanzar los cambios estructurales que la movilización social reclamó. Quienes si acudieron a las urnas y escogieron permitieron la configuración del Senado que se presenta en la siguiente tabla:

xxSenado Nacional        
  Partido xx Votos xx % xx Escañosxx
  Pacto Histórico  2.800.730   17,3   20 
 Partido Conservador 2.223.061  14,1  15 
 Partido Liberal  2.100.083  13,3  14 
 Verde y CE 1.954.792 10,7  13 
 Cambio Radical  1.610.651  8,8  11 
 Partido de la U 1.508.031 8,4  10 
 Mira-Justas 578.195 3,1  4 
 Comunes      5 

En síntesis, las 17 fuerzas agregadas en el Pacto Histórico lograron 20 de las 105 curules disponibles lo que implica que es la coalición política más votada, pero que quedó bastante lejos de una mayoría que le permita actuar con independencia de otras fuerzas o, en otras palabras, que tendrá que buscar alianzas con otros movimientos que le permitan tener una actuación protagónica en la legislatura. En todo caso, es un Senado fragmentado en donde las negociaciones deberán ser permanentes, aunque su funcionamiento dependerá mucho de quien sea electo como Presidente ya que las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en Colombia están tradicionalmente marcadas por el intercambio de favores y prebendas que terminan por primar a la hora de conformar mayorías para la aprobación de iniciativas.

En el particular de la Cámara el comportamiento de la abstención y del voto en blanco fue prácticamente idéntica al Senado. Una diferencia importante está en el número de votos nulos que en este caso fue cercano a los 850 mil, lo que sin duda cuestiona acerca del diseño del tarjetón que puede inducir al error a los votantes. Los resultados pueden observarse de manera general en la siguiente tabla:

 

  Cámara de representantes   
xx Partido o movimientoxxEscaños xx
  Pacto Histórico  34 
  Partido Liberal  32 
  Partido Conservador  25 
  Centro Democrático  16 
  Cambio Radical  16 
  Partido de la U  15 
 Alianza Verde  11 
 Coalición Centro Esperanza  2 
 Liga de Gobernantes Anticorrupción  2 
 Alternativos (Alianza Verde-Polo Democrático Alternativo)  1 
 Coalición MIRA – Colombia Justa L.  1 
 Nuevo Liberalismo  1 
 Coalición CR-Colombia JL-MIRA  1 
 Coalición Conservador-Partido de la U  1 
 Coalición Conservador-Centro Demo.  1 
 Coalición Pacto Histórico-Alianza Verde  2 
 Coalición Liberal-Colombia JL  1 
 Coalición Partido de la U-Colombia JL  1 
 Juntos por Caldas  1 
 Fuerza Ciudadana  1 
 Colombia Renaciente  1 
 Gente en Movimiento  1 

 

La situación es la misma para el Pacto Histórico, que a pesar de ser la fuerza más votada y alcanzar 34 escaños de los 167 disponibles apenas tiene un peso del 20 por ciento por lo que de nuevo las alianzas serán necesarias para impulsar cualquier iniciativa.

Tanto en el caso de Senado como de Cámara hay que destacar que los tradicionales partidos Liberal y Conservador siguen siendo fuertes electoralmente entre los votantes que los situaron entre las fuerzas más votadas. Finalmente, cabe destacar que el gobernante partido Centro Democrático perdió la preponderancia que alcanzó en los comicios de 2018, producto de la pésima gestión de la presidencia de la República que, entre denuncias de masivas violaciones de derechos humanos, represión y atentados permanentes a la democracia, dilapidó el capital electoral acumulado por años alrededor de la imagen de Álvaro Uribe Vélez.

Cabe destacar que a pesar de los numerosos obstáculos que debió sortear se llevaron a cabo las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que a partir de los Acuerdo de Paz de 2016 tienen como propósito garantizar la representación política de las víctimas en los territorios más afectados por la guerra en el país. Aunque las denuncias acerca de que no todas las personas que resultaron electas proceden de procesos organizativos o comunitarios de víctimas, no deja de ser una señal favorable para un país que funciona de espaldas a estos territorios.

Elecciones presidenciales: primera vuelta


Si hay una línea de continuidad entre las elecciones legislativas y la primera vuelta corresponde precisamente el descrédito de la autoridad electoral y el establecimiento de rápidas alianzas para intentar frenar el impulso del Pacto Histórico. El primer paso lo dio el Centro Democrático cuyo candidato Óscar Iván Zuluaga renunció muy rápido para adherir a Federico Gutiérrez, de la Coalición Equipo por Colombia, que resultó ganador de esa consulta y en principio pareció recibir el apoyo de los sectores de la derecha, sin embargo, la apuesta fue arriesgada y perdieron con una figura que no se posicionó frente a su electorado.

Quienes sí se posicionaron fueron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El primero gracias a su aplastante victoria en la consulta interna, pero también por la acertada decisión de escoger como su fórmula presidencial a quien quedó en segundo lugar de dicha consulta, la lideresa Francia Márquez, que renovó los apoyos hacia esta candidatura y aseguró el soporte de múltiples sectores que vieron cómo el racismo estructural se expresó de formas violentas contra la candidata a vicepresidenta. Esta fórmula obtuvo, el pasado 29 de mayo 8.542.020 votos, que equivalen al 40,3 por ciento de la votación.

Por otro lado, Rodolfo Hernández quien en dos semanas dio vuelta a las encuestas y se ubicó en segundo lugar, mantuvo una campaña con un discurso antipolítico, con las banderas de la anticorrupción y antipartidos, pero que, sin embargo, termina siendo muy cercano a las ideas políticas de la derecha, lo que fue suficiente para obtener 5.965.531 votos, equivalentes al 28,17 por ciento de la votación. Con estos resultados no hubo un ganador con más del 50 por ciento que exige la norma, así que estos dos candidatos pasaron a segunda vuelta, con escena el 19 de junio.

Hasta el momento ha sido una campaña difícil para la fórmula Petro-Márquez. Al siguiente día de las elecciones los medios hegemónicos intentaron mostrar su victoria como una derrota e incluso algunos dieron por seguro ganador a Hernández. La guerra sucia, la construcción de escándalos y la generación de miedo hacia este proyecto político han marcado unas semanas convulsas en las que se disputan uno a uno los votos. Las encuestas, en constante empate técnico, dan cuenta del rigor de la disputa.

Como hace 4 años, candidatos perdedores como Sergio Fajardo, que se posiciona en el centro político, prefirió promover el voto en blanco, aunque después de que intentara acercamientos a Hernández lo que puede ser tomado como una confirmación de que el centro en realidad en el espectro ideológico es más cercano a la derecha, incluso a una peligrosa que defiende un proyecto político autoritario y personalista como el que encarna Hernández.

Cada día los anuncios de adhesiones parecen ratificar la hipótesis de un campo político dividido entre quienes privilegian a la fórmula que sustenta su candidatura en un programa político estructurado y quienes simplemente se ubican del otro lado, aunque todo dependa de una figura voluble y con poco conocimiento del país o sus realidades.


Hacia la segunda vuelta

Es imposible hacer un vaticinio sobre los resultados de la segunda vuelta y, sin embargo es posible caracterizar el panorama que enfrentará quien resulte ganador. El balance de los últimos cuatro años es adverso: democracia aún más debilitada, concentración de poder en la figura presidencial del saliente Duque, toma de las instituciones por una élite cleptocrática que odia a quienes ven como inferiores, es decir, al país empobrecido, al país indígena, al país negro, al país que lucha por la paz y la justicia social. Además, un paramilitarismo fortalecido y presente en el territorio nacional con alianzas con trasnacionales criminales del narcotráfico que fortalecieron su filtración incluso en los altos mandos militares. El nuevo gobernante enfrentará una grave falta de legitimidad porque el país quedará dividido y la animadversión entre ganadores y perdedores se mantendrá.

Así mismo, enfrentamos un escalamiento del conflicto que revictimiza a las gentes en el Pacífico, el Caribe y en el sur del país: asesinatos selectivos, masacres, confinamientos, paros armados y desplazamientos forzados de nuevo nos llevarán a profundizar la crisis humanitaria que parece no tener fin. La crisis económica no entendida ni atendida por Duque y que ya llevó a millones a la pobreza seguirá avanzando dado que la crisis del capitalismo es global y, por ello, sus defensores atizan la guerra en Europa en un intento de detener su caída.

En un contexto de disputa y cambio, la derecha intentará realinearse y recuperar fuerzas en las elecciones locales de 2023 y por ello atacarán sin ninguna consideración a quien salga electo. Esta idea, sin embargo, no debe llevar al equívoco de creer que es igual quien resulte ganador en segunda vuelta. De ganar Hernández todas estas situaciones se verán magnificadas dado que hemos sido testigos de lo que pasa cuando alguien sin capacidad ni inteligencia llega a la presidencia: otros cuatro años como los del gobierno de Duque condena a millones de personas en Colombia a más hambre y más guerra. Rodolfo Hernández no es un cambio en ningún sentido, representa por el contrario la continuidad del proyecto de unas élites que apuestan por los títeres que pueden manejar a su antojo para materializar sus reformas aporofóbicas y guerreristas.

Esperanza

Votar por Gustavo Petro es intentar detener el espiral de muerte, es una cuestión de sobrevivencia. No porque sea un alquimista con la fórmula perfecta, o porque no vaya a tener una oposición feroz y sucia sino porque volver sobre el Acuerdo de paz, volver a plantear la necesidad de poner fin a la guerra, respaldar el llamado de verdad, justicia y reparación para las víctimas, hablar de derechos y libertades, poner en debate el modelo económico y tener a la cabeza del país dos personas conectados con lo que le sucede a la gente es fundamental para abrir espacios para un cambio sustantivo frente al elitismo de la tecnocracia que nos ha gobernado.

Hoy las diferentes encuestas muestran un empate técnico entre los candidatos. Muchas de estas encuestas contratadas para mostrar a Hernández como un candidato viable o serio, ante la indiferencia de muchos que prefieren quedarse en su peldaño de superioridad moral y buenas formas, porque al final tienen cómo librarse de los males del hambre y el miedo, pueden huir o simplemente quedarse en la comodidad de sus privilegios. Estamos, por tanto, ante cambios necesarios. Es por ello que puede decirse que en estas elecciones se juegan muchas cosas, pero tal vez las más importantes sean detener el bombardeo de campesinos inermes, la represión de la juventud que protesta, la desaparición y el asesinato de jóvenes para hacerlos pasar por caídos en combate. Aunque parezca un cliché, para muchas personas, en particular las que se encuentran en condiciones más vulnerables, estas serán unas elecciones de vida o muerte.

 

 

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Publicado enColombia
Sábado, 18 Junio 2022 09:48

Una fórmula infalible

https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/colombia/elecciones/elecciones-en-colombia-ni-petro-ni-hernandez-participaron-en-el-cierre/2022-06-12/181624.html

En cuestión de pocos meses el candidato Rodolfo Hernández, un personaje que la víspera era absolutamente desconocido para el 99 por ciento de los colombianos, se convirtió en el probable presidente de la República. Y no por mérito alguno pues, en todos los campos, es menos que mediocre, sino en virtud de una fórmula propagandística harto conocida pero siempre eficaz. Cosas de las campañas electorales que suelen acabar por convertirse en simple tribuna de demagogia. Detrás se esconden, desde luego, intereses muy concretos, o mejor dicho, factores de poder. Habían descubierto, en primer lugar, que, después de Duque, pese a la popularidad persistente del uribismo, la imagen de continuidad se había convertido en un obstáculo, así que decidieron ofrecer otra supuesta opción de “cambio”. Y en la trampa han caído hasta las organizaciones y personas que menos se pensaba. Se trataba, en segundo lugar, de encontrar una consigna atractiva.

El tema escogido fue la lucha contra la corrupción, tema en el cual todo el mundo parece estar de acuerdo, comenzando por los corruptos; durante años llevado y traído, se asocia fácilmente con la mundialmente conocida tendencia “antipolítica”, expresión primaria, aunque equivocada, del descontento frente a la democracia representativa. Bastaba entonces con fabricar no solamente un “outsider” sino un “guerrero” que nos llevara a la victoria pues, en este caso, a diferencia de temas como el hambre o la desigualdad, que también se utilizan, da la impresión de que, siendo un asunto de moral, lo que se necesita es una “mano fuerte”. No gratuitamente ha formado parte siempre de los discursos justificativos de las propuestas autoritarias, desde el ascenso del nazifascismo hasta los golpes militares latinoamericanos.


No es la primera vez que en Colombia la corrupción se coloca en primera plana; ya había agitado la opinión pública desde enero del 2017 hasta 2018 cuando, ante el fracaso de la “consulta” anticorrupción (no logró el mínimo de votos), fue el recién posesionado Duque quien supo convertirse en su adalid hasta el hundimiento de sus proyectos de ley en el Congreso. También entonces hasta El Tiempo celebró el intento como un “mandato” que de todas maneras era necesario tener en cuenta, y como un gran paso en el “cambio” político del país*. Tal vez la novedad sea ahora que el llamamiento ya no se dirige solamente a los jóvenes de la clase media escolarizada sino también a las amplias capas del pueblo empobrecido, capitalizando su innegable ira.

Sobra decir que, en esta forma, el mal a combatir se queda en su abstracción. Un recurso tan eficaz como cómodo. Es cierto que se ofrece un diagnóstico y se ubica un enemigo pero se elude precisarlo e identificarlo; no es necesario explicar cómo se va a curar la enfermedad, basta con dejar la tarea en manos del líder; confiar en que él, macho como el que más, sabrá castigar los “ladrones” y salvarnos de ellos. –Tal es el atractivo que la consigna ha tenido para los hombres y mujeres de este pueblo desesperado y hastiado de la politiquería, que se suman a los millares de nostálgicos de Uribe–. Sin embargo, fácil es prever que, una vez en el gobierno, si bien nos va, solamente nos entregará las cabezas de un par de chivos expiatorios, preferiblemente de la oposición, y nada más. Es el moralismo, obviamente hipócrita, al que nos ha llevado el “centrismo” que, en nombre de la paz, terminó imponiéndose como cultura política en el país.

El fenómeno de la corrupción es ciertamente, tan extenso, tan fuerte y tan profundo, que da la impresión de ser la fuente de todos los males incluida la miseria. La causa incausada. Una cuestión de mal comportamiento que algunos identifican como de naturaleza “cultural” –No olvidemos que hubo aquí un político “antipolítico”, un intelectual “outsider”, que, en el colmo del rebuscamiento ilustrado, decidió llamar “cultura ciudadana” a las normas de urbanidad–. Pero la cultura es también un tejido material que remite en última instancia a la configuración del poder. Es necesario indagar en las condiciones sociales de la producción y sobre todo de la reproducción de la corrupción. De lo contrario permaneceríamos en el campo de la prédica que algunos intelectuales, para darse buen tono, llamarían ejercicios “performativos”.

El habilidoso recurso de campaña que estamos padeciendo se apoya de manera interesada en la idea de que la corrupción tiene que ver ante todo con el funcionamiento del Estado. De ahí que, en el imaginario que promueven, baste con la “depuración” de la planta de empleados públicos, los elegidos pero también los nombrados. Muy coherente con la cantinela neoliberal de lo conveniente que sería “menos Estado y más Mercado”; cantinela que por fortuna ha venido perdiendo fuerza con las luchas sociales.

Sin embargo, es, por cierto, en el mercado, que supone un conjunto de instituciones, jurídicas y consuetudinarias, donde se incuban las prácticas del abuso, del ventajismo, del fraude, de la estafa o del robo. Justamente porque, en favor del interés privado individual, desaparece la noción de lo público, entendida no como lo estatal, sino como lo atinente al interés general, de todos, de la sociedad. Como se dice ahora: “el común”. El neoliberalismo, como sustento cultural, acabó difuminando las fronteras entre lo público y lo privado. Eso en un país como Colombia donde se liquidó el aparato productivo, permitiendo el avasallamiento del narcotráfico, es de suma gravedad.

La corrupción se ha vuelto parte del engranaje. No de otra forma puede funcionar este sistema económico que, anclado en un precario “extractivismo”, nos ha dejado solamente, en un polo, el de los pobres, el rebusque comercial y en el otro, el de los ricos, la especulación inescrupulosa. Un sistema donde el “buen comportamiento” se convierte en un obstáculo. Es por eso que aquí la corrupción va estrechamente ligada con la violencia. El cumplimiento de los contratos, cuando los hay, no se asegura mediante la institución judicial sino bajo la amenaza de la fuerza. He ahí la fuente de la descomposición del Estado. Aunque parezca una absurda paradoja, la verdad es que aquí hasta la violencia se ha corrompido. La definición weberiana del Estado como monopolio legítimo de la fuerza es apenas una broma macabra.

Si se quisiera enfrentar de manera genuina la corrupción habría entonces que empezar por sus fundamentos materiales. Pero no es eso lo que está ahora en juego en esta campaña electoral. Por el contrario, son los mismos corruptos de las altas esferas del poder, o por lo menos una parte de ellos, los que concibieron esta fórmula y fabricaron este candidato. Es parte del ejercicio del poder y no como creen algunos, producto de la genialidad de algún publicista venal. Es el triunfo del mundo patas arriba: Rodolfo, que se presenta como adalid de la lucha contra la corrupción, recibe el apoyo de los politiqueros tradicionales. No debería sorprendernos: no se trata de un cambio. Pero si nos toca en suerte este mundo los que tendrán la palabra serán los movimientos sociales y sólo ellos. Por fortuna, ya es posible aprender de las experiencias que están viviendo otros pueblos en América Latina.

 

* Ver Moncayo S, Héctor-León, “De la anticorrupción a la gobernabilidad”, Periódico desdeabajo, Nº 250, septiembre de 2018.

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