El padre Lerroux le entrega a Gustavo Petro el Informe Final de la Comisión de la Verdad. — Javier Sulé / Público

El trabajo recoge el testimonio de miles de víctimas de los 60 años de guerra, expone cómo parte de la sociedad le dio la espalda a quienes más sufrieron y propone una serie de recomendaciones que Gustavo Petro, asegura, asumirá.

 

Colombia ha vuelto a vivir un día histórico a partir del cual deberá saber dimensionar su propia tragedia, la ocasionada por un conflicto armado de más de 60 años que todavía persiste y que causó más de 10 millones de víctimas, el 80% civiles. La Comisión de la Verdad ha entregado este martes su Informe Final en el que cuenta qué fue lo que pasó en la guerra, por qué pasó, quiénes lo hicieron y cómo gran parte de la sociedad colombiana que no sufrió el conflicto directamente miró para otro lado sin dar ninguna respuesta a los horrores cometidos por paramilitares, guerrillas y agentes del Estado. El Informe resalta la capacidad de las víctimas para resistir en medio de la guerra y hace un llamado a la reconciliación y la convivencia.

El Informe, que tiene 5.000 páginas repartidas en diez tomos, es el resultado de cuatro años de investigación sobre más de medio siglo de conflicto armado y aporta luz para comprender, analizar y conocer las razones y las múltiples verdades de la guerra.

Un amplio equipo de investigadores, con 11 comisionados, ha recorrido todo el país y han escuchado cerca de 29.000 testimonios de víctimas de toda condición; indígenas, afros, mujeres, niños y niñas, campesinos, también de miembros de grupos armados ilegales, de la Fuerza Pública, de políticos, empresarios y otros actores que tuvieron que ver con el conflicto armado colombiano. A diferencia de otras comisiones de la verdad en el mundo, han recogido la voz de cientos de exiliados y exiliadas colombianos en 23 países que tuvieron que dejar el país por la violencia. En definitiva, miles de historias sobre la inhumanidad de la guerra.

La Comisión ha recibido también más de 1.100 informes de distintas organizaciones e instituciones que han contrastado y sistematizado. Ha investigado 730 casos en profundidad, como la difícil situación de los pueblos indígenas y comunidades negras, y ha impulsado múltiples espacios de encuentro, diálogo, de reconocimientos de responsabilidad y de dignificación a víctimas.

Al acto de presentación del Informe celebrado en el teatro Jorege Eliecer Gaitán de Bogotá asistieron unas 3.000 personas y ha contado con la presencia del presidente electo Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. El presidente actual Iván Duque no fue pese a estar invitado. Se ha excusado por estar en Portugal y recibirá a la Comisión en julio, pero su ausencia denotó una cierta molestia entre los comisionados.

En su discurso, el presidente de la Comisión, el cura jesuita y filósofo Francisco de Roux ha puesto el acento en el hecho que Colombia sea un país geográfica y culturalmente muy rico y diverso, donde ha destacado el coraje de las mujeres, la audacia de los jóvenes y la fuerza secular de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. Al mismo tiempo, ha señalado que "es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados como la desigualdad, el racismo, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo y la seguridad que no da seguridad. Eso es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos".

De Roux aseguró que la escucha de las víctimas les ha impactado brutalmente y ha lanzado una profunda crítica al país, que ahora con el conocimiento del Informe estará frente a su propio espejo. El presidente de la Comisión se ha preguntado por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde el principio, para negociar una paz integral.

"¿Cuál fue el papel del Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron los religiosos, los educadores, los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continúe?", ha lamentado.

De Roux ha convocado a "la construcción de la paz grande" y ha entregado el Informe Final al presidente electo Gustavo Petro que se ha comprometido a tener en cuenta sus recomendaciones durante su gobierno. En su primer discurso público tras ser elegido presidente, Petro ha sido muy enfático en ese compromiso. "Existe la posibilidad de pasar a una era de paz. Cuántos procesos de paz hemos firmado y cuántas veces hemos vuelto a la violencia. Debemos cortar los ciclos de la venganza", insistió al tiempo que afirmó que la verdad tiene un sentido que es el diálogo, el acuerdo, la convivencia y la reconciliación. "Debemos convertir los espacios de la verdad en espacios de reconciliación", continuó.

Para el español Carlos Beristain, uno de los comisionados autores de la investigación en el capítulo del exilio, el Informe debería servir para tomar conciencia de lo que ha sucedido y no debe volver a suceder. "La sociedad y el mundo deben ser conscientes de cuáles fueron los mecanismos que hicieron posible el horror a gran escala que ha vivido Colombia y también recordar los bloqueos de todos los tratados de paz que se han intentado dar en estos últimos 40 años. El Informe muestra un camino de salida, las acciones y las líneas de trabajo para el futuro", afirma para Público.

Gustavo Petro afirma que la verdad tiene un sentido que es el diálogo, el acuerdo, la convivencia y la reconciliación

Por su parte Leyner Palacios, otro de los comisionados que ha realizado la investigación, opina que el Informe ha de conseguir que se pueda reconocer ese pasado doloroso y lograr un compromiso con la reconciliación. "Este es un Informe que nos enrostra una realidad dura, es una crítica sobre ese pasado, pero también es una interpelación a que identifiquemos qué debemos transformar y en ese sentido hay una serie de recomendaciones sobre qué debemos cambiar", señala a Público.

Palacios también fue víctima del conflicto armado como superviviente de la masacre de Bojayá, una localidad de la región del Chocó, donde en un enfrentamiento entre paramilitares y la guerrilla de las FARC murieron 79 personas, la mayoría mujeres y niños y niñas que se refugiaban en la iglesia de los combates y en ese fuego cruzado una bomba lanzada por la guerrilla cayó fatídicamente en el altar del templo.

Recomendaciones

La Comisión de la Verdad le dejará a Colombia no solo un relato sobre la memoria de lo que sucedió sino múltiples recomendaciones para avanzar hacia la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Algunas de ellas son que se reconozca a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias, así como a comprometerse con su reparación y que se implemente de manera integral el acuerdo de paz firmado hace cinco años entre el Gobierno que presidía Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

También pide tomar la iniciativa para alcanzar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con otros grupos armados, frenar la impunidad, dar prioridad a garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, dar a los campesinos el lugar que merecen, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión o reconocer la incursión del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y, al mismo tiempo, poner en marcha una nueva estrategia de regulación contra las drogas donde Colombia, por la historia sufrida.

Las dimensiones de la violencia vivida muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. El Informe Final de la Comisión de la Verdad indica que 50.770 personas fueron secuestradas, 121.768 desaparecidas, 450.664 asesinadas y 7,7 millones desplazadas forzadamente, entre otras modalidades de violencia, como las miles de víctimas de violencia sexual.

Muchos son rostros y sucesos criminales que cuesta imaginar siquiera como el de los llamados falsos positivos, donde 6.402 civiles inocentes fueron asesinados por el Ejército que los hacía pasar por guerrilleros para mostrar resultados, o como más de 30.000 niños y niñas fueron vinculados a la lucha armada cuando tenían 15 años o menos. Entre los capítulos que se pueden encontrar en el Informe hay uno precisamente dedicado a los impactos que la guerra tuvo en niñas y niñas, otro dedicado a los impactos del conflicto en las mujeres y la población LGTB y otros sobre la desaparición forzada, el secuestro, el desplazamiento, el exilio y otras modalidades de violencia que se vivieron.

En el teatro Eliecer Gaitan había precisamente algunas de esas víctimas del conflicto como la reconocida periodista Jineth Bedoya, violada por paramilitares mientras realizaba una investigación periodística. "Nuestro gran sueño es que el Informe sirva para que mucha gente entienda que es lo que hemos vivido, cómo lo tuvimos que afrontar y que esa otra Colombia, que no fue tan golpeada, entienda que el conflicto existió, generó mucho daño y nos dejó grandes heridas", dice a Público.

29/06/2022 09:21

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Miércoles, 29 Junio 2022 05:18

Assange y Solzhenitsyn

Assange y Solzhenitsyn

La persecución contra Julian Assange no es diferente en esencia a la que tuvo la Unión Soviética contra Solzhenitsyn. No lo persigue un Estado, cierto, pero sí un estado de cosas: gobiernos, empresas que han visto en sus filtraciones un sótano bastante pestilente que se niegan a mostrar.

Más que un periodista o editor, Assange es una conciencia que nos ha permitido conocer con detalle el horror de un mundo donde los poderes político y económico cierran filas para mantenerse a cualquier costo, una red micelial ponzoñosa donde todo bajo tierra se conecta.

Nada nuevo que no se haya supuesto en muchos casos y demostrado en algunos, pero sin duda la mejor prueba documentada con cientos de miles de archivos. Aunque a mayor escala hizo lo mismo que el jefe de la FBI Mark Felt, el famoso "Garganta profunda" del caso Watergate: abrir la cloaca para que las cosas cambien.

La brutal reacción contra Assange (persecución internacional, aislamiento absoluto en una cárcel de máxima seguridad en Londres y la promesa de cadena perpetua en Estados Unidos) nos muestra que el periodismo de investigación seguirá siendo un problema para los regímenes políticos con tentaciones autoritarias.

Mucho se juega con el caso Assange porque la libertad de expresión no es un elemento más de la democracia sino, me parece, su centro de gravedad. No hay democracia sin libertad de expresión.

No deja de sorprender que recientemente un país democrático como Inglaterra decidió entregar a otro país democrático como Estados Unidos a Julian Assange. Para condenarlo, así, a 175 años de prisión por las revelaciones que hizo en el portal WikiLeaks.

Lo acusan de espionaje. Esto significa que Londres y Washington consideran como acto de espionaje cualquier ejercicio periodístico de investigación que documente las violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el poder.

Miles de documentos militares filtrados por WikiLeaks sobre las guerras de Afganistán e Irak son la causa de la acusación. Pero también, y sobre todo, la evidencia de que, entre otras cosas, un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos matara a tiros a periodistas de Reuters y niños en Bagdad.

Y si la extradición se cumple no enfrentaríamos un caso judicial aislado, el de Julian Assange, sino el del precedente para que el gobierno de Estados Unidos solicite la extradición de cualquier periodista que considere nocivo.

Tendría razón Stella Moris, la pareja de Assange: la solicitud de extradición sería una represalia disfrazada, otro ejemplo de la invasión de Estados Unidos a la soberanía de otros países.

Me sorprende que los principales medios periodísticos en todo el mundo, que le dieron una gran cobertura a las revelaciones de WikiLeaks, no hayan reaccionado con la misma fuerza y claridad respecto a la persecución que ha padecido Assange. ¿Validarán con su silencio que el mensajero es el culpable?

La extradición de Assange y la reciente criminalización del aborto en Estados Unidos son muy malas noticias para la democracia en ese país y en el mundo. ¿Qué sigue? ¿La homofobia institucionalizada?

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Viernes, 24 Junio 2022 05:45

Movimientos precongresuales en el PCCh

El presidente de China, Xi Jinping, junto a soldados de la guardia de honor en una ceremonia de entrega de medallas en el 70 aniversario de la Victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, en la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. REUTERS / Jason Lee

Con el horizonte del XX Congreso del PCCh a la vista, los movimientos en la política china revisten gran interés en la medida en que es en estos meses previos cuando las grandes decisiones se van cerrando de cara a la crucial cita de otoño.

Pasado el momento de tensión por los rebrotes de la Covid-19 en importantes ciudades del país, el Consejo de Estado ha reaccionado con un millonario plan de impulso económico con vistas a estabilizar la situación general y garantizar al máximo el cumplimiento de los objetivos principales para el presente ejercicio. En ese contexto, las especulaciones en torno al resurgimiento político del primer ministro Li Keqiang, incluso sugerido como hipotético rival de Xi Jinping, carecen de sustento. Ese protagonismo, plasmado en la videoconferencia con 100.000 gestores clave de todo el país el pasado 25 de mayo, es revelador de la situación de emergencia de la economía china y sus prioridades absolutas pero en modo alguno traduce otras certezas respecto al futuro político de Li, condicionado por una jubilación inminente y prácticamente cerrada a día de hoy.

Por su parte, el presidente Xi multiplica sus apariciones y movimientos, a la par que en su entorno se propician los indicios que avisan a navegantes de la firme consolidación de su posición y expectativas de cara al congreso. Su gira de inspección en Sichuan, que el 1 de junio sufrió un fuerte terremoto, rememora aquel espíritu con el que inició su mandato en 2012, de "cercanía con el pueblo", aletargado (y también por ello, criticado) en otras calamidades similares en las que, a diferencia de Li Keqiang, no supo responder con la debida celeridad.

Se especula ahora con su presencia en los fastos por el 25 aniversario de la retrocesión de Hong Kong, el próximo 1 de Julio, para certificar la estabilización de la región tras las multitudinarias protestas de 2019. Trataría con ello de capitalizar los beneficios políticos de todo ello, pasando de puntillas respecto a cuanto ha supuesto en términos de daño a la imagen internacional de China. No obstante, internamente, su reivindicación del patriotismo y la seguridad como claves de bóveda para la solución del problema se ha impuesto sobre cualquier otra expectativa.

De igual modo, Xi ha tendido otro puente con una política que le hizo ganar popularidad en los primeros años: la lucha contra la corrupción, objeto de una reciente sesión de estudio grupal del Buró Político, con vistas a capitalizar también la severidad exhibida en este aspecto frente a "tigres, moscas y zorros", que ha alcanzado niveles nunca vistos en la China reciente.

Huang Kunming, máximo responsable de propaganda en el Comité Central del PCCh, quien también inspeccionó recientemente la provincia de Anhui, va dando el tono territorial para ensalzar "los grandes logros de la nueva era". Otro tanto se puede esperar de sus más fieles en el Buró Político y en su Comité Permanente. A partir de ahí, es previsible que asistamos en las próximas semanas a un torrente de pronunciamientos de líderes provinciales para significar la lealtad a Xi. Y también de autoridades centrales relevantes como el propio Hu Chunhua, que se afirma como claro sustituto de Li Keqiang el próximo año y figura en ascenso como número dos del PCCh. El coro de reconocimientos de la condición de "núcleo" de Xi y de su pensamiento como guía rectora del Partido marca el ritmo hacia el inusual tercer mandato, a pesar de las resistencias que pueda encontrar.

En lo discursivo, la multiplicación de publicaciones antológicas de sus discursos en diversas áreas revelan el pleno apogeo del xiísmo, acompañada de su presentación como el impulsor de una nueva etapa histórica en la sinización del marxismo, solo comparable doctrinalmente al salto sugerido por Mao cuando se distanció del dogmatismo soviético. He Yiting, subdirector de la Escuela del Partido, no ha dudado en calificar el xiísmo como "el marxismo del siglo XXI". La reciente publicación del "esquema de estudio del pensamiento económico de Xi Jinping", podría marcar el inicio de un nuevo salto en la canonización de su pensamiento y en su equiparación normativa con el de Mao.

En su agenda internacional inmediata, es previsible algún contacto telefónico con Joe Biden, mientras una cumbre presencial deberá esperar a finales de año si las cosas no se tuercen en el plano bilateral, un afán que en estos momentos ambos líderes parecen compartir a fin de controlar el delicado marco de disensiones. Si bien las espadas siguen en alto (como se evidenció en el foro de seguridad de Shangri-La del 10 al 12 de junio), algunos signos de apaciguamiento se manifestaron en el encuentro no anunciado previamente entre Yang Jiechi y Jake Sullivan en Luxemburgo el 13 de junio.

Frente a algunas críticas de excesiva proximidad de Xi a Putin, la conversación telefónica mantenida por ambos el 15 de junio, hizo alarde de una cooperación que no se verá sustancialmente afectada por la guerra de Ucrania.

Por tanto, la reafirmación de los ejes determinantes de su doble mandato condiciona la precampaña de Xi Jinping y su programa de cara a ese tercer quinquenio al frente de los destinos del PCCh y de China que se avizora como imperioso.

A la espera de la cumbre informal de verano en Beidaihe, la reunión llevada a cabo del 10 al 14 de junio en la capital china, preparativa de los documentos del XX Congreso, ha validado ya decisiones trascendentales como la no modificación del límite de dos mandatos de los dirigentes del partido y del Estado o los límites de edad de los dirigentes; no obstante, todo indica que alguna excepción habrá.

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

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La insoportable reducción de la complejidad

Caímos en la burda simplificación de clasificar todos los sistemas políticos en un registro binario que los divide entre órdenes democráticos o autoritarios. ¿En qué momento? Los pensadores griegos morirían de risa de esta inopinada reducción. Para Aristóteles, por mencionar tan sólo uno, existen tres formas políticas instituyentes (la monarquía, la aristocracia y la politeia –léase: la república–) y otras tres derivadas (la tiranía, la oligarquía y la democracia). Y en la práctica, sólo operan combinaciones de esta complejidad, donde cada una de las "constituciones" merece su diferenciación específica. En el caso de la democracia, por ejemplo, hay democracias fundadas en agricultores, otras más que se apegan al sitio donde se nace, o las que admiten hombres de cualquier lugar –"hombres libres"– como posibles representantes, etcétera. ¿Qué es lo que tenía en mente la sutileza de esta tipología? En primer lugar, la pregunta de cuál de ellas era capaz de preservar el buen gobierno y una relativa paz. Y, en segundo, cómo responder a la interrogante que los griegos nunca lograron responder: ¿cuál de ellas redundaba en una estabilidad ascendente y fructífera en la gestión del "bien común"? Todo esto de acuerdo con el principio básico de que a cualquier forma política se le debe clasificar en función de quiénes la representan y, en segundo término, de los resultados y dividendos que arroja sobre la población. Las ciudades griegas nunca encontraron lo que dio vida a siete siglos de historia romana: el senado y, durante vastos periodos de zozobra e incertidumbre, la república.

La historia de las formas políticas modernas no es menos compleja. Se inicia acaso con el surgimiento del Estado absolutista en el siglo XVI y, un siglo después, con la instauración del paradigma que trajo consigo la revolución inglesa en el XVII: la monarquía parlamentaria. Por cierto, una forma híbrida que buscaba poner un límite al poder del monarca absoluto y que sedujo a toda Europa durante siglo y medio. Pero fueron las revoluciones de Estados Unidos y Francia las que descubrieron un orden que no requería de un monarca para ser gobernado y que se sostenía en el principio del gobierno representativo. Desde entonces, se discuten sin cesar las formas óptimas de esta representación.

Hay dos corrientes al respecto. Una, que se podría llamar formalista, se atiene estrictamente a los mecanismos que convalidan a la representación misma. Por ejemplo, la democracia estaría definida por elecciones libres, pluralismo político e ideológico, una vida parlamentaria abundante y división de poderes. La otra corriente de interpretación es menos inocente, digamos más escéptica, pues no basta con observar las formas de la representación, es preciso tomar en cuenta los efectos de esa representación sobre la configuración de las sociedades. Si un gobierno electo con amplia representación no actúa para mejorar la calidad de la vida de la gente –sino, con frecuencia como sucede en la actualidad, en sentido estrictamente contrario–, ¿puede definirse como democrático? ¿O sería preciso, según el procedimiento de Aristóteles, definir distintas formas de democracia? Ni hablar del dilema, donde líderes distintivamente autocráticos, como Bolsonaro, en Brasil, Trump, en Estados Unidos, o Putin, en Rusia, llegan al poder por la vía de las elecciones y preservan incluso el formalismo democrático.

La interpretación formalista pretende incluir bajo un solo concepto, el de "democracia liberal", a sociedades tan disímbolas como Estados Unidos, Suecia, Japón o Polonia. ¿Pero cómo poner en un solo canasto a Suecia, que cuenta con una maximalización de la distribución del ingreso, con Estados Unidos, que suma después de la pandemia 39 por ciento de pobreza nacional? La vieja, y a la postre inmóvil, democracia estadunidense ha entrado en una zona cubierta por la lógica del armamentismo y las grandes corporaciones, una suerte de democracia de (y para) élites, valga el oxímoron.

En el otro extremo se encuentra el paradigma de la democracia social. Es decir, sociedades que han encontrado en la gestión democrática un instrumento para reconfigurar toda su estructura social, desde los ingresos hasta la salud y la educación. El dilema para la izquierda en América Latina que, en sus más diversas acepciones, gobierna hoy a la mayor parte de los países del continente, reside en cómo pasar de un parlamentarismo oligárquico –al que inopinadamente se le ha llamado "democracia"– a sentar las bases mínimas para allanar el camino en búsqueda de una democracia social. En Colombia, Chile, Honduras y los otros países gobernados por coaliciones de centro-izquierda, ya no basta con aplicar disciplinadamente el esquema neoliberal soñando que si se le agregan consumidores a través del gasto social algo va a cambiar. Es preciso cambiar el concepto mismo de democracia, tal y como ha sucedido varias veces en la historia moderna. Y esta redefinición pasa inevitablemente por reconsiderar las bases sociales profundas que hacen posible el fenómeno democrático.

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En El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty evitó defender el socialismo. Ahora ha adoptado el término. (Foto: Universidad Centroeuropea / Flickr)

Hace años que Thomas Piketty viene articulando una convincente crítica del capitalismo del siglo veintiuno. Ahora parece estar avanzando más allá de la crítica y convoca a un socialismo del siglo veintiuno.

El artículo que sigue es una reseña de ¡Viva el socialismo! Crónicas 2016-2020 de Thomas Piketty.

Es un un signo de época que uno de los intelectuales más importantes publique un libro de ensayos titulado ¡Viva el socialismo! Como explica Piketty en la larga introducción a esta obra, «si en 1990 alguien me hubiese dicho que en 2020 publicaría una compilación de artículos titulada en francés Vivement le socialisme!, hubiera pensado que era un mal chiste».

Sin embargo, como sucedió con tantas personas en todo el mundo, las últimas tres décadas de lo que Piketty denomina «hipercapitalismo» lo llevaron a cuestionar las verdades heredadas sobre el sistema económico dominante. Y aunque el autor todavía rehuía defender el socialismo cuando publicó El capital en el siglo XXI, su obra magna sobre la desigualdad y éxito de ventas en 2013, ahora acoge la palabra argumentando que, más allá de la carga que imponen sus connotaciones estalinistas, «sigue siendo el término más apropiado para describir la idea de un sistema económico alternativo al capitalismo».

Pero la cuestión está lejos de agotarse en una disputa terminológica. Como explica Piketty, su reconciliación con el socialismo refleja su nueva convicción de que «uno no puede estar “en contra” del capitalismo o del neoliberalismo: uno debe estar también y sobre todo “a favor” de otra cosa, y eso implica precisamente designar el sistema económico ideal que uno desea establecer». Alimentada por una desigualdad brutal y por la sombría catástrofe climática, la furia contra el capitalismo está bastante extendida. Por eso, según Piketty, ahora necesitamos más que nada persuadir a todo el mundo en función de una «alternativa explicada con claridad». 

Un socialismo nuevo

Piketty resume su defensa de «una nueva forma de socialismo» con los adjetivos «participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico, multirracial y feminista». La perspectiva que nos convida empalma sin duda con la tradición del socialismo democrático, que busca profundizar y expandir las instituciones representativas y las libertades políticas codificadas en las democracias capitalistas contemporáneas. Lejos de avizorar un levantamiento insurreccional, Piketty argumenta que «no es nada improbable avanzar gradualmente hacia un socialismo emancipador mediante la transformación del sistema legal, fiscal y social».

Desde su punto de vista, esta transición está en marcha: «Si asumimos una perspectiva de largo plazo, la larga marcha hacia la igualdad y hacia el socialismo participativo empezó hace bastante tiempo». Aunque el progreso se detuvo en la época neoliberal, Piketty destaca que la gran historia de los países capitalistas desde el siglo diecinueve es la historia de la «reducción aguda» de las desigualdades y del crecimiento imponente del Estado de bienestar. 

En Europa Occidental —foco geográfico del libro— el gasto público total de comienzos del siglo veinte representaba apenas un 10% de los ingresos nacionales. Hoy oscila entre el 40 y el 50%, y está dedicado sobre todo a financiar servicios como la educación, la salud y las jubilaciones. De acuerdo con Piketty, este progreso es el resultado de la presión popular codificada en las políticas gubernamentales, es decir, no se trató de una maniobra de la clase dominante para impedir el cambio radical, ni es la consecuencia inevitable del desarrollo capitalista librado a sus propias fuerzas.

Aunque Piketty argumenta que promover la expansión de los servicios públicos —que debería incluir, sobre todo, medidas para hacer que la educación superior sea accesible para todos— es esencial para avanzar hacia el socialismo, su perspectiva no se reduce a reconstruir Estados de bienestar robustos. Si queremos una igualdad real, debemos repensar «todo el espectro de relaciones de poder y dominación». En el núcleo de su concepción sobre la transición al socialismo está la redistribución de la riqueza combinada con la extensión del poder de influencia de los empleados en las empresas privadas. 

Una de las propuestas más innovadoras de ¡Viva el socialismo! es incrementar considerablemente los impuestos progresivos para garantizar que todos tengan un «mínimo de herencia» de aproximadamente 180 000 dólares cuando cumplan los veinticinco años. A través de esta política, Piketty prevé la construcción de una sociedad en la que «todos poseerán unos cuantos cientos de miles de euros, algunos tal vez poseerán unos cuantos millones, pero las grandes fortunas […] solo serán temporarias y serán rápidamente aplanadas por el sistema impositivo hasta alcanzar niveles más racionales y más útiles en términos sociales». 

Garantizar que todos tengan un colchón financiero generoso traería muchos beneficios, entre los que cabe destacar que liberaría a los trabajadores de las presiones que ejerce la necesidad material y que los lleva a aceptar malas condiciones de trabajo, bajos salarios y despotismo fabril. En síntesis, una redistribución general de la riqueza que opere de arriba abajo ayudaría a «redefinir el conjunto de relaciones de poder y de dominación social».

Con el fin de profundizar este desplazamiento de poder, Piketty también propone que todos los países adopten un sistema de cogestión en el que representantes elegidos por los trabajadores ocupen la mitad de las mesas directivas de todas las grandes empresas. Esta política, destaca, existe en algunos países como Suecia y Alemania, y produjo una «transformación considerable de la lógica accionaria clásica». 

Sin embargo, Piketty también advierte contra la idealización de las formas en que este sistema de cogestión fue implementado en el pasado, argumentando que es posible diseñar formas más ambiciosas. El autor concluye su argumentación a favor del socialismo destacando que todas sus propuestas tienen un carácter provisional: las políticas específicas que elabora «apuntan a abrir el debate, nunca a cerrarlo» porque el «socialismo participativo que defiendo no vendrá de arriba».

Un cambio bienvenido

El hecho de que un pensador tan influyente como Piketty haya acogido el socialismo es significativo en sí mismo y pavimenta el camino a que cada vez más personas comiencen a imaginar un mundo más allá del capitalismo. Pero, ¿qué decir de su perspectiva de transformación socialista?

Sin duda, el discurso de un avance hacia el socialismo relativamente gradual y que está en marcha hace bastante tiempo hará que muchos radicales, formados en la escuela de la ruptura revolucionaria en el Estado y en la economía, levanten las cejas con escepticismo. Sin embargo, no debemos subestimar esta perspectiva gradualista. 

La verdad es que no tenemos ninguna manera de predecir con precisión la forma que adoptará la transición al socialismo en una democracia capitalista avanzada. Es probable que la insistencia de Piketty en el hecho de que las reformas radicales que propone deberán conquistarse a través de la lucha contra el poder empresarial —y no adecuándose a sus mandatos— baste como horizonte estratégico en el futuro próximo. Aunque cabe esperar que una ruptura revolucionaria más rápida y menos pacífica llegue a estar en agenda cuando se haga sentir la reacción minoritaria de los patrones, la verdad es que la proyección de una revolución inmediata como única vía posible no responde a la necesidad ni implica un beneficio político.

Algunos radicales también desconfiarán de la insistencia de Piketty en que la transición al socialismo está en marcha según los datos del crecimiento del Estado de bienestar y de la disminución correlativa de la desigualdad económica. Pero el autor también tiene un punto en este caso: las reformas conquistadas por los socialistas, por los trabajadores organizados y por los movimientos sociales durante el siglo pasado efectivamente tuvieron consecuencias sobre las relaciones mercantiles. 

A pesar de los estragos del neoliberalismo, el Estado de bienestar sigue existiendo incluso en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido, y las luchas presentes y futuras por la desmercantilización se desarrollan sobre una base social mucho más elevada que la de, por ejemplo, los años 1930. En ese sentido, la crítica más pertinente contra la socialdemocracia —y Piketty está de acuerdo— no es que hayan sido gradualistas, sino que en última instancia mostraron ser incapaces de ser gradualistas efectivos. En vez de transmitir cada vez más poder y control a manos de los trabajadores, los partidos socialdemócratas, a partir de los años 1980, abandonaron en gran medida este proyecto frente a la crisis económica, la globalización y la resistencia patronal.

Tampoco tiene sentido criticar a Piketty por omitir el llamado a nacionalizar las instituciones económicas más importantes. Existen buenos argumentos para sostener que los mercados de bienes privados son perfectamente compatibles —y tal vez hasta sean necesarios— con una sociedad socialista próspera, en la que se supone que el Estado socavó radicalmente el poder y la riqueza de los capitalistas, que la democracia económica en los lugares de trabajos es un hecho y que las políticas de bienestar garantizan que todo el mundo acceda a los servicios necesarios. Dicho todo esto, la defensa que Piketty hace del socialismo podría haber sido más convincente si se hubiera comprometido con las propuestas de democratizar completamente las empresas, como anticipaba el célebre plan Meidner de Suecia. 

Ni un paso adelante sin los trabajadores

Una limitación más significativa es que Piketty no dice casi nada sobre la importancia de reconstruir el poder de los trabajadores organizados. Se contenta con algunas observaciones al pasar cuando habla de «repensar las instituciones y las políticas, incluidos los servicios públicos y, en particular, la educación, la legislación laboral, las organizaciones y el sistema impositivo», cuando dice que hay que «terminar con el menosprecio de los sindicatos, el salario mínimo y las escalas salariales». Sin embargo, la relativa desatención del autor hacia el trabajo organizado no deja de ser sorprendente dado el encomiable cuidado que pone en la urgencia de recuperar la política de la clase obrera, y su conocimiento consistente de la importancia histórica que tuvieron los sindicatos en la reducción de la desigualdad. 

Tal vez Piketty, priorizando su experticia en el relevamiento de datos que permite identificar tendencias históricas y soluciones políticas, siente que es mejor dejar que otros doten de espesor a las líneas estratégicas necesarias para conquistar el horizonte que nos propone. Como sea, sin un movimiento obrero revitalizado, que apunte a cambiar el equilibrio de poder entre las clases, es improbable que se concreten las soluciones más ambiciosas del autor, y muchas otras podrían desembocar en consecuencias indeseadas. 

La cogestión de los trabajadores, por ejemplo, efectivamente puede servir en términos generales como una herramienta para incrementar la influencia de los trabajadores, siempre que esté acompañada por sindicatos robustos. Pero sin la relación de fuerzas relativamente favorable que garantizan las organizaciones de la clase obrera, y sin la amenaza creíble de una acción obrera en los lugares de trabajo, los planes de cogestión corren el riesgo de convertirse, en el mejor de los casos, en un instrumento desdentado, y, en el peor, en un mecanismo de control que fuerza a los trabajadores a ratificar las prerrogativas de los patrones.

Nada de esto desmerece la importancia de ¡Viva el socialismo! ni la fortaleza de la perspectiva que nos convida. El esfuerzo que Piketty pone en esbozar una alternativa al capitalismo debería ser un motivo de reflexión para todos los progresistas que todavía mantienen su escepticismo frente a la «s» de socialismo. Y los militantes más radicalizados, cuya efectividad política en las democracias capitalistas tiende a debilitarse por el apego doctrinario a fórmulas articuladas en otras épocas y en otros contextos políticos, harían bien en considerar las obras de este autor francés. En la tarea de conquistar un mundo mejor, es probable que la apertura intelectual de ¡Viva el socialismo! termine siendo más útil que sus propuestas políticas concretas.

Por Eric Blanc

Traducción: Valentín Huarte

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Una bandera chilena desplegada durante una movilización contra el expresidente Sebastián Piñaera en Santiago de Chile. (Marcelo Hernandez / Getty Images)

Entrevista cion Elisa Giustinianovich

Una mirada desde adentro del debate en la Comisión de Normas Transitorias, responsable de articular la larga y compleja transición entre la Constitución pinochetista y la aprobada este año, después de la inmensa revuelta social chilena.

Este martes 14 de junio se aprobaron las últimas Normas Transitorias que establecen los términos en los cuales se implementará la nueva Constitución de Chile. De entre esas normas destacan la obligación del gobierno de presentar proyectos legislativos para instaurar sistemas nacionales que garanticen derechos sociales. Además, se establece el fin del Senado en el año 2026, dando paso a un nuevo período en la historia política del país, con una representación regional más profunda en la nueva Cámara de las Regiones. Finalmente, todavía se siente en el aire la tensión por el debate por el quórum y el mecanismo de reforma constitucional, que dejó claro que la implementación de la nueva Constitución no va a ser un proceso pacífico sino uno de fuertes disputas entre los sectores populares y la elite.

Pablo Abufom, de Jacobin, conversó con Elisa Giustinianovich, convencional constituyente por la Coordinadora Social de Magallanes, en el extremo sur de Chile, participante del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, quien fuera coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. En esta conversación se explora la importancia de las normas transitorias para los próximos años, la conducta de los bloques políticos al interior de la Comisión, y los desafíos que abre esta transición para los sectores populares. 

 

PAS

Sabemos que una vez terminada la redacción del borrador de la Constitución se crearon tres comisiones: de Normas Transitorias, de Armonización y de Preámbulo. ¿Podrías contarnos cuál fue la tarea de la Comisión de Normas Transitorias y por qué es tan importante? 

EG

Se ha creado una comisión ad hoc para poder construir las normas transitorias. En principio llegaron propuestas preliminares aprobadas en general desde las comisiones temáticas, pero era muy necesario crear una comisión transitoria para poder profundizar y dar una visión más sistémica, considerando el borrador completo de la nueva Constitución, con todo el sistema de normas aprobadas y poder pensar en normas de carácter general que permitieran acompañar a la nueva Constitución en sus primeros años de vida. Esto último es muy importante: un sistema de normas transitorias ayuda en el tránsito de habilitación de un nuevo orden constitucional y permite acompañar este cambio del actual orden al nuevo orden constitucional. Ese tránsito efectivamente está en manos de los poderes constituidos, pero evidentemente ayuda muchísimo poder pensar desde el poder constituyente en las eventualidades, en las dificultades, y en cualquier problema que pudieran tener aquellos poderes en el momento de habilitación.

Hay ciertos nudos que tienen que ser resueltos, idealmente de manera anticipada, para no generar conflictos de carácter técnico, administrativo e incluso político a la hora de generar o implementar estos cambios y transformaciones, ya sean de orden orgánico o adecuaciones legislativas. Hay varias materias que hay que anticipar, porque efectivamente una Constitución entra en vigencia in actum, pero hay que abordar todo lo que tiene que ver con el derecho anterior. Uno podría hacer una analogía con un corazón y su sistema circulatorio: tú estás haciendo una cirugía de trasplante de corazón, pero todo el engranaje, todo el sistema circulatorio que es infra constitucional, infra corazón, por así decirlo, y hay partes que tienen que mantenerse vigentes, tienen que compatibilizar de alguna manera, mientras que todo aquello que no es compatible requiere una vía para poder transformarlo, adecuarlo o derogarlo. El sistema de normas transitorias tiene que prever ese tipo de dificultades, anticiparlas y proponer una solución. 

En términos más jurídicos, efectivamente, hay normas que son más características, más tradicionales en el derecho constitucional, que por lo general están siempre contenidas en el sistema de normas transitorias. Por ejemplo, la clásica norma que habla de la entrada en vigencia de la nueva constitución y la derogación de la anterior. Y la clásica norma de recepción del derecho anterior, que la forma en que este nuevo corazón recibe todo lo que es infra constitucional y lo adapta a la normativa constitucional de manera de no dejar un vacío normativo. Y bueno, de ahí en adelante vienen todas las materias más específicas, que responden evidentemente al momento histórico donde se genera este cambio. Entonces hay que hacer una lectura del momento y de las excepcionalidades para tomar decisiones, unas principalmente políticas y otras de carácter más técnico, para construir un sistema íntegro y coherente. 

PAS

Es claro que esta Convención es un fenómeno inédito en nuestra historia: no ha habido convenciones o asambleas constituyentes que sean tan democráticas y que tengan este carácter en el marco de una crisis social y política tan profunda. Naturalmente, eso implica que existan tensiones, polarizaciones, bloques. ¿Podrías relatarnos cuáles han sido los principales nudos del debate sobre Normas Transitorias? ¿Cómo fue discutir sobre la democracia participativa, plurinacionalidad, derechos sociales o el rol de los recursos naturales en la economía chilena?

EG

Las disputas más fuertes no se dieron con los temas específicos. En general hubo una buena disposición para abordar los temas específicos más urgentes, los relativos a derechos sociales, las aguas y los bienes comunes. Creo que los principales nudos políticos se dan con las normas de carácter general que son las que generan un marco de acción, que condicionan todo el sistema de normas transitorias. Esas normas más complejas de carácter general tienen que ver con la recepción del derecho anterior y con el quórum de reforma constitucional transitoria para el actual Congreso. 

Y eso es porque el cambio constitucional genera una situación de excepcionalidad, es un contexto en el que va a entrar en vigencia la nueva Constitución pero habiendo tenido hace muy poco el último evento electoral (parlamentario y presidencial). En el momento previo a la gestación de esta vía institucional para canalizar finalmente la revuelta social del 2019 jamás se anticipó que tuviéramos que retrasar el inicio y el cierre de la Convención Constitucional. Se pensaba en un principio que durara como máximo un año para finalizar antes del siguiente evento electoral, lo que hubiera sido lo ideal. La secuencia debió ser: fin de la Convención, plebiscito de salida, ingreso de la nueva Constitución y siguiente evento electoral. Pero, por la pandemia, no fue eso lo que ocurrió. 

Así que estamos en una situación anómala, donde va a entrar en vigencia el nuevo texto después de la elección de las nuevas autoridades, lo que nos ha provocado una dificultad mayor. Genera complicaciones frente a la posibilidad de poder llamar o no a nuevas elecciones en forma inmediata para habilitar el nuevo orden político, el Estado regional, las autonomías territoriales, etc. Y es una decisión política importante porque efectivamente estamos en un contexto de democracia, donde el único ejercicio democrático al cual tenemos acceso es el sufragio, ya que todavía no tenemos otros elementos democráticos participativos y vinculantes. Sería complejo llamar a elecciones anticipadas siendo que las autoridades fueron electas democráticamente hace menos de un año. Es por eso que se toma la decisión de respetar los mandatos de las autoridades recientemente electas, reconociendo que hay un periodo de transición donde tenemos un Congreso bajo las viejas reglas, con toda la normativa actualmente vigente. En ese periodo de transición se abordarán materias de carácter más urgente para las que se requieran adecuaciones legales y normativas, de tal modo que en el siguiente ciclo político podamos habilitar de forma plena todos los mandatos constitucionales. Creemos que es un diseño lógico, que permite preparar la habilitación de nuevos capítulos constitucionales como sistema político, como forma de Estado. Por ejemplo, se respeta el calendario electoral, excepto en el caso del Senado. Las próximas elecciones a nivel regional y local se realizan en 2024 y las nacionales en 2025, pero mientras no se pueda habilitar este nuevo Congreso o estos nuevos gobiernos regionales o gobiernos locales se generan todas las adecuaciones para que puedan habilitarse plenamente en el siguiente ciclo. Ese fue un primer gran nudo, que estaba muy vinculado a un acto electoral con una alta concurrencia de votantes. 

En segundo lugar, la norma de recepción del derecho anterior tiene dos formas más tradicionales de hacerlo. Una pasa por recibir toda la normativa infraconstitucional, excepto aquella contradictoria con la nueva Constitución —para lo que es contradictorio, se pueden generar mandatos para adecuarlo, modificarlo o derogarlo, y se puede indicar una derogación tácita frente a la que tendrán que actuar rápidamente las instituciones y tribunales—, otra implica una recepción de todo lo acorde a la nueva Constitución, mientras que lo que fuera contradictorio se recibe de manera transitoria, mientras no sea derogado, adecuado o modificado por parte de los poderes e instituciones que corresponda.  

Eso fue un nudo político, uno de los nudos más densos de resolver dentro de la comisión porque efectivamente había muchas alternativas. Se podían establecer acciones para la ciudadanía ante la Corte Constitucional para declarar ciertas normas como inconstitucionales. Se podía dar mandato a los altos funcionarios de la administración pública para que hicieran adecuaciones desde el momento en que se promulga la nueva Constitución. En general nuestra posición desde Movimientos Sociales Constituyentes fue la de canalizar acciones ante la Corte Constitucional, pero lamentablemente la posición del oficialismo fue la más conservadora y quisieron dejarlo exclusivamente en manos del Congreso, sin intervención del Poder Judicial, con la excusa de que eso podía saturar los tribunales. Logramos, eso sí, incluir el mandato a los altos funcionarios y funcionarias de la administración pública para generar adecuaciones, y una cláusula que permitiera a la ciudadanía desde el primer momento interponer Iniciativas de Derogación de Ley para todo el derecho anterior. Eso permitiría de alguna manera meterle presión al Legislativo para que derogue las leyes que contrarias a la nueva Constitución. 

PAS

Hay normas transitorias aprobadas que efectivamente dan un mandato al Ejecutivo para que en cierto plazo tenga que tener una iniciativa legislativa sobre distintos Sistemas Nacionales muy vinculados a la garantía de derechos sociales, lo que fue muy demandado por los pueblos en las últimas décadas ¿Podrías hablarnos de algunas de esas normas transitorias? 

EG

Efectivamente, hay muchas vías de proponer adecuaciones legales o la creación de nuevas leyes. Entonces, para poder hacerse cargo de las urgencias, existen estas normas de carácter excepcional. Para derechos fundamentales se escogió lo prioritario, que es la habilitación de los sistemas nacionales —Sistema Nacional de Seguridad Social, Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Educación Pública, Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional Integrado de Suelos—, lo que permitirá la habilitación del derecho a la vivienda. Esto también se aplicó para el derecho al agua. Y eso quedó planteado con una fórmula que establece un plazo para que el presidente proponga los proyectos al Congreso y, una vez cumplido ese plazo, se abre una etapa de dos años para que el Congreso los tramite y promulgue. También será posible levantar Iniciativas Populares de Ley para estas materias.

Hubo un consenso bastante amplio para sacar adelante esas normas porque había que dar una señal muy clara respecto de las urgencias que nos trajeron acá. Son normas que sirven para generar un mandato a los poderes constituidos, sabiendo que desde el 4 de julio la aplicación va a estar en sus manos porque ese día la Convención termina sus funciones. De allí en adelante queda todo en manos del poder constituido. Sin embargo, hay un mandato constitucional claro respecto de cuáles son las acciones en este periodo de transición, con fechas establecidas, lo que le permite a la ciudadanía tener algo así como una carta de respaldo que dice: «Nosotros generamos un mandato a través del poder constituyente para que de aquí a dos años tengas que proponer un proyecto de ley y tramitarlo en otros dos años». Entonces en la Constitución ese respaldo de alguna manera queda en manos de la ciudadanía. En la redacción del pacto social de los pueblos de Chile tienes una carta de garantía y si los poderes constituidos no cumplieran tendremos motivos de sobra para salir a la calle a protestar nuevamente. 

Bueno, para eso también sirven las normas transitorias, como una especie de seguro de cumplimiento de la nueva Constitución frente a un mandato que deben respetar los poderes constituidos. Por eso para nosotras era muy importante incidir en estas normas, porque efectivamente les corresponde a ellos llevar a cabo esta habilitación pero necesitamos un mandato claro que nos entregue cierta seguridad y una garantía para poder exigir más adelante que estos plazos se cumplan.

PAS

Hablemos sobre los bloques políticos de la Convención. ¿Qué sectores encarnaban las distintas posiciones con respecto de esos nudos? ¿Hubo ciertos sectores que siempre tomaron una posición más conservadora y otros que no? 

EG

Bueno, la derecha se restó y en este último mes han estado distantes del proceso, con la gran mayoría manifestando públicamente su postura de rechazar la nueva Constitución. Hubo un bloque que, bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la tramitación de las normas dentro de la Comisión, incluso dejó de votar y estuvo bastante ausente del proceso. Por eso, para las normas transitorias se constituyó un bloque con todos los colectivos menos con la derecha, desde el Colectivo del Apruebo hacia la izquierda. Y el bloque oficialista, incluyendo al Frente Amplio y el Colectivo Socialista, son los que han tomado una posición bastante conservadora. A mí me da la impresión de que tiene que ver con generar ciertas garantías o estabilidad al gobierno, o con dar señales para las negociaciones legislativas que necesitan para implementar su plan de gobierno. Esa es una lectura que hago en términos personales. Lo digo porque es extraño que luego de haber tenido posiciones más progresistas a lo largo del debate sobre la nueva Constitución luego hayan llegado a esta Comisión con posiciones más conservadoras de lo habitual. Probablemente hubiese sido distinto si hubieran sido oposición, ¿no? Si este mismo debate se hubiese dado en el gobierno de Sebastián Piñera yo creo que este bloque oficialista hubiese adoptado posiciones más progresistas. De todos modos, era previsible que siendo gobierno llegaran con estas posiciones. 

Pese a todo, se ha hecho un gran contrapeso desde el bloque popular de la Comisión, lo que ha permitido avanzar en otras materias e incorporar medidas dentro de las normas más generales que le permiten al pueblo accionar frente a la necesidad de habilitar, de transformar y de adecuar la reglamentación que se requiera para la habilitación de determinadas normas constitucionales. 

PAS

¿Cuáles son las fuerzas del bloque popular? 

EG

En el bloque popular estamos Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Pueblo Constituyente (PUCO), la Coordinadora Plurinacional y Popular, y los Escaños Reservados (de pueblos originarios). Con ese bloque finalmente logramos tensionar un poquito más hacia la izquierda, hacia posiciones más progresistas respecto de lo que en general manifestaba el bloque del Frente Amplio, el Partido Socialista e Independientes Nueva Constitución, que en general se plegaron a la posición del Partido Socialista. En el caso del Colectivo del Apruebo, la verdad es que es bastante difuso porque en la Comisión tienes por una parte a Fuad Chahín (Democracia Cristiana) y por otra a Eduardo Castillo (Partido Por la Democracia), quien como coordinador tal vez tuvo un peso mayor para encontrar consensos dentro de este grupo y en varias oportunidades terminó sumándose a la mayoría más que a la tendencia conservadora del bloque de centro. 

En definitiva, lo que se logró con el bloque popular fue la incorporación de más normas de carácter específico, como las relacionadas el agua, la habilitación de derechos sociales, normas relativas al financiamiento de estos derechos, normas relativas a planes regionales o políticas vinculadas con la reforestación, el resguardo de bosques nativos y ecosistemas. Son demandas que tienen que ver con las resistencias socioambientales, por ejemplo. Se podrá implementar una comisión ad hoc para hacer catastros y recolectar todos los antecedentes que permitan hacerse cargo finalmente de las normas del capítulo de la Constitución sobre Naturaleza y Medio Ambiente. También aportamos normas relativas a los derechos indígenas contenidos en la nueva Constitución, como la norma transitoria que propone la creación de una Comisión Indígena para todo lo que tiene que ver con la restitución territorial. 

Esas son algunas de las más emblemáticas respecto de las luchas que portamos desde el bloque popular, que hemos logrado traducir en normas transitorias para permitir una habilitación más inmediata, más visible dentro de los próximos años, de estas normas más urgentes y significativas relacionadas con las demandas populares. Todas esas fueron cosas que negociamos como bloque frente a la articulación más partidista del oficialismo. 

PAS

Uno de los temas más polémicos, que ha estado muy en boga en el debate público, ha sido el tema del quórum para la reforma constitucional. ¿Cuáles fueron las posiciones y en qué quedó finalmente?

EG

Para el bloque popular efectivamente era un tema muy complejo el de las reformas constitucionales por parte del actual Congreso. En primer lugar porque es un Congreso que se rige bajo las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución y no es el Congreso que fue diseñado para llevar a cabo el mecanismo de reforma que propone esta nueva Constitución. Entonces, un Congreso que se rige por las antiguas normas también debiera reformar utilizando las viejas normas. Por otra parte, está la cuestión de cómo es posible que se permita la reforma de un texto que está recién habilitándose, o sea, cómo vas a reformar algo que recién cobra vida. Es otra cuestión muy importante porque pareciera contradictorio que exista la posibilidad de reformar algo que ni siquiera se habilitó. Y en tercer lugar está el cuestionamiento del carácter democrático o antidemocrático que tendría prohibir a un órgano democráticamente electo hacer su trabajo. Y es que dentro de su trabajo también está hacer modificaciones, mejoras, adecuaciones o lo que sea en cuanto a las leyes o a cualquier normativa constitucional. Entonces, para nosotras evidentemente fue una posición política no permitir reformas para el actual Congreso, porque no es el Congreso que dispone la nueva Constitución sino uno electo bajo las normas anteriores. Y además planteamos que se necesita un periodo de protección de la nueva Constitución durante el cual se habilita, considerando que hay muchos Capítulos que van a entrar en vigor de forma diferida. Como te mencionaba anteriormente, el Capítulo de forma de estado del sistema político recién entra en vigencia en el 2025-2026, entonces para nosotras eso era motivo suficiente como para generar un marco de protección frente a eventuales reformas durante el periodo de habilitación, porque hay capítulos que recién van a entrar en vigencia años después. Entonces, en esa tensión de las posiciones sobre la irreformabilidad y las reformas había que encontrar un término medio. Nosotras propusimos que las reformas requieran un mínimo de dos tercios, un quórum que en definitiva requiera grandes acuerdos para reformar un texto que está recién salido del horno. 

Ahora, como evidentemente para el bloque popular es difícil defender un quórum supra mayoritario entonces también había una tensión. Y además frente a una opinión pública de lo que significaba dejar un quórum mayoritario para el actual Congreso, para nosotras fue sensato pensar que, más que un quórum supra mayoritario, lo que necesitamos son garantías que den protección al nuevo texto, garantías necesarias para que efectivamente sea el soberano quien tenga la palabra en torno a una eventual reforma. ¿Y qué significa darle poder de soberano al pueblo? Que cualquier reforma que se quiera realizar tenga que pasar por un plebiscito o referéndum. Esa es la fórmula que está en la nueva Constitución para materias sustantivas, que las reformas deben ser aprobadas por 4/7 y ratificadas por referéndum. Pero además incorporamos el Capítulo de Naturaleza a esas materias sustantivas. Con eso generamos un marco de protección que entrega la llave al pueblo mediante plebiscito para viabilizar un eventual proyecto de reforma a la nueva Constitución durante este periodo de transición. 

De alguna manera nos genera cierta tranquilidad que va a ser muy difícil proponer o llevar adelante una reforma por parte del actual Congreso a una Constitución que está recientemente aprobada por parte de la ciudadanía. En ese sentido preferimos enfocar nuestros esfuerzos en una campaña que sea potente para que el resultado del Apruebo en el plebiscito de salida sea lo que termine protegiendo la nueva Constitución durante sus primeros años de vida. Si efectivamente el resultado es altamente favorable para aprobar la nueva Constitución eso ya genera un marco de protección mucho más potente que cualquier quórum o cláusula para reformar el nuevo texto. Porque nos imaginamos que si uno vota Apruebo es un Apruebo para habilitar y no para reformar. 

PAS

Señalaste que ahora se acaba la Convención y que este periodo de implementación y habilitación queda en gran medida en manos de los poderes constituidos, particularmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, elegidos con la Constitución anterior. Eso quiere decir que hay vastos sectores populares que no están ni en el gobierno ni en el Legislativo y que en sus manos van a tener la experiencia constituyente y que con la nueva Constitución como carta podrán exigir ciertas cosas. ¿Cuáles serían las tareas que se abren para estos sectores populares que lograron hacer el proyecto constituyente, incidiendo de manera contundente y sustantiva, que ahora quedan en esa posición durante un tiempo? 

EG

Algo muy positivo que pasa desde la revuelta en adelante es que se acelera la construcción del tejido social que venía haciéndose a un paso lento durante las últimas décadas, después de la dictadura, lo que ha sido una tarea monumental. Creo que hay que seguir fortaleciendo lo que hemos logrado reconstruir. El proceso constituyente y el ingreso de los sectores populares y organizados socialmente de manera previa ha permitido generar confianza y entrelazar territorios. El hecho de habernos encontrado en esta convención con asambleas y organizaciones que van desde Arica a Magallanes es algo que tenemos que seguir fortaleciendo, porque lo que tenemos que empujar ahora, no solo a nivel de nuestros propios territorios sino de todo el país, es un desafío mayor. Entonces tenemos que regresar con todas las energías para poder fortalecer a nivel territorial nuestras propias organizaciones. 

Ha sido bastante desgastante estar en la Convención Constitucional y seguir manteniendo los activismos territoriales, pero no nos hemos soltado y hemos intentado fortalecer estas redes y lazos. Lo que nos toca ahora es utilizar todas estas nuevas herramientas democráticas, y para eso necesitamos fortaleza, voluntad y, por sobre todo, trabajar de manera colaborativa para empujar estos cambios. La Constitución efectivamente es muy importante, pero no deja de ser un papel, no deja de ser un texto, que perfectamente podría quedar como un texto muerto si es que no empujamos la habilitación de sus normas. Y para ese empuje vamos a tener varias herramientas nuevas que tenemos que aprender a usar. Entonces tiene que haber una especie de alfabetización institucional para que la ciudadanía pueda utilizarlas y esa va a ser nuestra principal labor. 

¿Cuáles son estas nuevas herramientas democráticas? La Iniciativa Popular de Ley, la Iniciativa de Derogación de Ley, los mecanismos de participación directa y vinculantes que van a estar a disposición en nuestros territorios, la exigencia a nuestras autoridades actuales de que esos mecanismos empiecen a habilitarse. Y para eso tienen que armarse movimientos ciudadanos constituyentes, para que ese texto constitucional comience a concretarse. Por otra parte, me parece fundamental que todos estos nuevos sectores organizados y populares que lograron entrar a la Convención se puedan seguir organizando para discutir y disputar la nueva institucionalidad, porque sin duda no va a ser lo mismo disputar el congreso con la Constitución del 80 que hacerlo con la Constitución del 22. Porque si nosotras abrimos las puertas es importante que entremos, ¿no? Si no, van a seguir ocupando los puestos los mismos de siempre. Yo creo que eso va a ser fundamental para empujar las transformaciones. Entonces, frente a estas falsas dicotomías entre la vía institucional o la vía de la calle, yo creo que es importante ahora más que nunca disputar y ocupar todos los espacios posibles, porque estamos en un contexto donde necesitamos con urgencia que el texto cobre vida y eso se hace principalmente desde la habilitación de las nuevas leyes, las adecuaciones, las modificaciones y la creación de nuevas leyes e instituciones. Y eso lamentablemente se hace desde la institucionalidad. Esa disputa es una tremenda tarea que tenemos por delante.

PAS

Para terminar, ¿cuánto crees que nos va a tomar este proceso de habilitación? 

EG

Yo te diría que unos 10 años, que es lo que toma la habilitación de los nuevos órdenes constitucionales a nivel global. Pero eso es una cosa y otra es que realmente se comience a percibir ese cambio. Yo creo que en una década ya se van a sentir de una manera plena los cambios, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales, porque el financiamiento es progresivo. Hay que recordar que estamos en un contexto de desmantelamiento de lo público, en un periodo en que ha habido una acción sistemática por desmantelar el aparato público en nuestro país, producto de la Constitución que instala un Estado subsidiario en Chile. Entonces nos encontramos en un punto de partida difícil, bastante precario. 

En ese contexto hay que armarse de paciencia y empujar las transformaciones, sacándose un poquito la ansiedad de encima y tratando de generar ese proceso de educación popular sobre lo que significa un cambio constitucional, porque en el fondo lo que hicimos es permitir que el Estado pueda hacerse cargo. Lo que hace la Constitución actual es ponerle una camisa de once varas al Estado para que no actúe salvo donde los privados no lo hacen, entonces hay que acompañar al Estado, por decirlo de alguna manera, en este proceso de comenzar a tomar acciones y empezar a llenar esos vacíos. Así que yo creo que tienen que pasar unos dos o tres gobiernos, a los que habrá que acompañar con disputas populares, para que efectivamente se hagan cargo de la implementación. Es un trecho largo, pero lo importante es que se abre un camino de avances efectivos y no solamente de resistencia. Eso es lo importante. 

Serie: Convención Constitucional 2022

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El experto en Rusia Mark Galeotti, en una imagen cedida.

Mark Galeotti es uno de los mayores expertos en la historia y el presente de Rusia, así que es de los que se aventuran a imaginar escenarios futuros con bastante fundamento. La editorial Capitán Swing ha traducido al castellano recientemente dos de sus últimos libros: Una historia breve de Rusia(2021) y Tenemos que hablar de Putin (2019). 

Su extenso currículum abarca estudios en la Robinson College de Cambridge y en la London School of Economics. Fue jefe del departamento de Historia de Keele y profesor en el Centro de Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York. Vivió en Moscú durante un periodo y se mudó a Praga como investigador principal y jefe del Centro de Seguridad Europea en el Instituto de Relaciones Internacionales de Praga. Ahora es profesor y director de la consultora Mayak Intelligence.

Tras tantos años de estudio del personaje, ¿cree que Putin padece algún tipo de enfermedad como se afirma?

Sospecho que sí. Está mostrando signos de algo más que el efecto de la edad. Putin siempre se ha mostrado orgulloso de tener el control de su entorno, de su cuerpo y de sus emociones. Hemos visto sus extraños movimientos de manos y pies, sus arrebatos emocionales erráticos, su cara hinchada... Dicho esto, no sé qué puede ser y si tendrá un efecto grave. Sin embargo, una cosa es importante. La Constitución rusa tiene disposiciones para reemplazar a un presidente que ya no puede ejercer sus funciones, pero ninguna para el que está incapacitado temporalmente y planea volver a controlar el país. Si vemos que Putin cae gravemente enfermo, es probable que esto debilite seriamente la unidad de la élite y el poder del régimen, y bien puede ser el tipo de evento inesperado que podría desencadenar algún intento de tomar el poder.

¿Ve posible una revuelta popular que ponga en jaque al gobierno de Putin como ocurrió en Ucrania en 2014?

Creo que puede haber protestas, pero no una revolución. Las fuerzas de seguridad aún pueden evitar cualquier tipo de coordinación entre diferentes grupos y regiones. Sin embargo, creo que el impacto real de las protestas, sobre todo si las fuerzas de seguridad no quieren o no pueden controlarlas rápido, será levantar la preocupación de las élites rusas. Si Putin va a ser derrocado, probablemente no será por protestas populares en las calles, sino por un golpe político dentro de la élite, por parte de oportunistas despiadados que lo apoyaron cuando les convenía y, sin embargo, se volverán contra él si se muestra pasivo. Aun así no anticipo nada pronto. El verdadero dolor causado por la crisis económica solo comenzará a afectar a Rusia a partir de septiembre.

La oposición política real parece totalmente laminada y, sin embargo, tampoco hay un sucesor definido. ¿Qué Rusia puede venir después de Putin?

Si Putin llega a elegir a su propio sucesor, probablemente será otro halcón. En realidad, la próxima generación política es más pragmática, son cleptócratas que quieren poder robar en casa, realizar operaciones bancarias y gastar en el extranjero, y por eso necesitan mejorar las relaciones con Occidente. Como usted dice, no hay un sucesor claro, pero creo que a Putin no lo va a suceder otro autócrata, sino una oligarquía, una coalición de individuos e intereses poderosos.

Se ha hablado mucho del peso de los oligarcas, uno de los pilares en los que se asentó Putin inicialmente y que ahora pierden mucho dinero con esta guerra. ¿Descarta alguna maniobra suya para cambiar el rumbo de la política rusa?

Ha pasado mucho tiempo desde que los oligarcas tenían poder real. Sí, están perdiendo dinero, pero también saben que no tienen ninguna influencia real sobre Putin y que si él quiere, puede encarcelarlos y confiscar sus bienes sin ningún problema. Claramente, muchos están muy descontentos con lo que está sucediendo, pero saben que volverse contra Putin sería un suicidio. Las únicas personas que tienen peso real en la Rusia de hoy son aquellas con poder duro: el ejército, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia.

Dice que Putin no es Maquiavelo y que Occidente no le prestó la atención necesaria. ¿Cree que se podría haber hecho algo para evitar la guerra en Ucrania?

Siempre es fácil ser sabio a posteriori, pero no había nada inevitable en esta guerra: Putin solo tomó la decisión final en el último minuto y podría haber elegido un camino diferente con mucha facilidad. A corto plazo, se pudo armar a Ucrania antes, aunque esto podría haber empujado a Putin a atacar antes al confirmar sus suposiciones de que era una base avanzada de la OTAN. Las verdaderas raíces de esta guerra son mucho más profundas y están en los errores de cálculo que Occidente cometió años antes, sobre todo al prometer a Ucrania el ingreso en la OTAN en 2008, aunque en realidad no lo decía en serio. Esto fue suficiente para alarmar a un Kremlin cada vez más paranoico, pero no suficiente para dar a Ucrania garantías de seguridad. Lo peor de ambos mundos.

En Kiev o Járkov escuché continuamente la frase "Putin se ha vuelto completamente loco". Sin embargo, usted lo define como "racional y prudente", aunque "impredecible".

El problema no es que Putin esté loco, sino que es un actor racional que toma sus decisiones sobre la base de muchas suposiciones locas. Honestamente, él creía que Ucrania estaba podrida hasta la médula, que el Estado colapsaría al primer empujón y que la revolución del Euromaidán de 2014 no fue un levantamiento popular, sino un complot de la CIA. En esas circunstancias, lo que a nosotros nos puede parecer una locura, a él le parecía lógico.

No es solo que Putin sea prácticamente un autócrata indiscutible, sino que ha creado un sistema en el que las personas que lo rodean le dicen lo que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. ¿Quién podría haberle dicho al jefe que estaba a punto de cometer un error estúpido?

¿Esperaba esta resistencia ucraniana incluso en áreas rusófonas o tradicionalmente más cómodas con Moscú?

Sí, eso es algo que estaba claro. Son ucranianos independientemente del idioma que hablen. Si bien algunos están menos contentos con Kiev que otros, eso no significa que prefieran a Moscú.

Antes de comenzar la guerra usted consideraba que era posible que Putin abandonara progresivamente el poder de Putin. ¿Cree ahora que Putin durará lo que dure la guerra en Ucrania?

Yo creo que es al revés, que la guerra va a durar tanto como dure Putin. Pudo haber pensado que un triunfo en Ucrania le habría permitido dejar el poder en lo más alto, pero ahora no puede renunciar, sería demasiado vulnerable y su reputación histórica sería la de un perdedor.

Tras ocho años de guerra, ahora la invasión se ha estancado, ¿qué escenarios cree que está manejando Putin? ¿Hay posibilidades de un acuerdo con Ucrania?

Por ahora, lamentablemente, no veo ninguna posibilidad de paz. Ninguno de los bandos es lo suficientemente débil para ser derrotado en el campo de batalla ni lo suficientemente fuerte para ganar. Y Kiev y Moscú están tan distanciados que todavía no puede haber conversaciones de paz significativas. Por desgracia, creo que una o ambas partes tendrán que sufrir mucho más antes de estar dispuestas y ser capaces de hacer el tipo de concesiones que podrían permitir las conversaciones.

¿Qué tenía que ganar Rusia con la invasión?

Obviamente Putin estaba anticipando un triunfo, la oportunidad de volver a poner a Ucrania bajo el control de Moscú. Ahora, sin embargo, lo entienda o no, solo está luchando para sacar lo mejor de una mala situación. En cierto modo, Ucrania ganó al no ser derrotada. Pase lo que pase en el campo de batalla, y es posible que los rusos obtengan algunas victorias menores adicionales, Putin y su sistema están perdiendo, y esta guerra será el fin del régimen de Putin y su reputación.

Las sanciones económicas están teniendo drásticas consecuencias para Europa, pero  los primeros datos apuntan a que Rusia las está amortiguando.

No debemos subestimar el impacto de las sanciones. La guerra económica ejerce sus efectos a largo plazo, por lo que debemos dejar que las sanciones hagan su trabajo. Están dañando gravemente la economía rusa y tardará años en recuperarse.

Se acerca una cumbre de la OTAN crucial. ¿Echa de menos una postura genuinamente europea en esta guerra?

Estados Unidos y, hasta cierto punto, el Reino Unido, han marcado el ritmo en los primeros compases de esta guerra. Para ser justos, la unidad europea ha sido mayor de lo que nadie esperaba, y para mantener esa unidad, inevitablemente habrá que adoptar compromisos. Tenemos que hacernos a la idea de que esta pelea contra Rusia es a largo plazo. No creo que se levanten todas las sanciones incluso si se firma la paz con Ucrania. La unidad europea llegará, pero bajo presión.

El problema particular de esto es que ni Europa ni Occidente están debatiendo con seriedad el objetivo final de esta unidad contra Rusia. ¿Es solo para hacer retroceder a las fuerzas rusas a sus líneas previas a la invasión? ¿Es para recuperar cada palmo de suelo ucraniano? ¿Eso incluye Crimea, que elevaría el riesgo a una grave escalada? ¿O es, como argumentan discretamente algunos, especialmente en Washington y Europa Central, para destruir el régimen de Putin y asegurarse de que Rusia se debilite gravemente durante generaciones? Si no se aborda esta cuestión ahora estamos acumulando problemas para el futuro.

¿Veremos a Putin juzgado por crímenes de guerra?

Me temo que no. Esto no son los Balcanes. Incluso si se derrocara a Putin, el nuevo régimen estaría compuesto esencialmente por las personas que le habían servido antes. Difícilmente podrían entregarlo para ser juzgado cuando sus propias manos están tan manchadas de sangre.

En su libro habla con seguridad de que hubo un momento en el que Putin pudo haber convocado elecciones realmente libres y haberlas ganado, ¿por qué no lo hizo?

Desde luego no creo que ahora pudiera contar con ganarlas. Pero incluso cuando era totalmente popular, Putin prefiere no correr riesgos. No quería la incertidumbre, no tener que debatir ni hacer campaña contra una oposición real. Así que creó una oposición falsa y un teatro de elecciones para crear la ilusión de la política, pero sin el peligro y sin las incertidumbres de una campaña real.

¿Cree que Putin quiere que Rusia vuelva a ser la potencia mundial que fue o simplemente que sea considerada como tal?

¿Qué diferencia hay? Si algo está demostrado es que si los demás creen que un país es una potencia mundial y lo tratan como tal, entonces lo es. Precisamente uno de los desastres de esta invasión es que Putin se ha arriesgado y ha quedado claro que Rusia era mucho menos poderosa de los que algunos se creían. Por ejemplo, Suecia y Finlandia están dando grandes pasos para unirse a la OTAN. En el pasado, cuando eso parecía una posibilidad, Putin las amenazó y se retractaron. Ahora están ignorando sus amenazas y es él quien ha tenido que echarse atrás.

Habla de Putin como un autócrata sin razones para intentar imponer el totalitarismo, ¿lo sigues pensando ahora?

El autoritarismo quiere controlar lo que haces mientras que el totalitarismo quiere controlar lo que piensas. Putin no tiene una ideología real. Hace un gran uso de la propaganda como herramienta de control, pero al final no le importa lo que piense la gente, siempre y cuando le obedezcan. Su régimen, sin duda, está perdiendo sus últimos vestigios de pluralismo y volviéndose más autoritario, pero sigue centrado en en lo que hacen las personas, no en lo que piensan.

¿Cuánto tiempo cree que tendremos que hablar de Putin?

¡Mucho más tiempo del que esté en el Kremlin! Después de todo, ha estado gobernando Rusia durante más de dos décadas, y la Rusia moderna está moldeada en muchos sentidos en torno a su imagen y su estilo de gobierno. Aunque creo que Rusia cambiará seriamente y para mejor después de que él se vaya, será el legado de Putin con lo que va a tener que lidiar la próxima generación política.

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Estatua de Simón de Bolívar

Todo proceso de transformación social es siempre un proceso nominado y territorializado. Es decir, tiene un sujeto colectivo que lo protagoniza y un territorio donde sucede. Sin sujeto histórico territorializado no hay proceso de cambio. La aparición de estos sujetos transformadores se da fruto de la confluencia de causas objetivas y subjetivas. Los procesos no son fabricados en laboratorios. En la mayoría de casos, surgen fruto de reventones sociales inesperados en el marco de los cuales la colectividad toma conciencia de la excepcionalidad del momento y se pone al servicio del mismo conformándose en un nuevo sujeto político. Sin embargo, un acontecimiento no es algo que surja del vacío. Dicho proceso no existe si no hay, previamente, un deseo, una voluntad colectiva y un imaginario social de vivir de otro modo y, por tanto, si no ha habido un proceso previo de construcción de identidades unificadores de los sectores populares capaz de convertirlos en un sujeto federado por discursos políticos que problematizan el orden. Los sujetos históricos, en consecuencia, "surgen" pero también se construyen.

En este sentido, uno de los debates tradicionales de la izquierda ha sido el de cómo construir tales sujetos y qué papel juega la cuestión nacional en esta tarea.

A menudo, cierta izquierda española se ha referido a cómo lo nacional ha servido a las experiencias revolucionarias latinoamericanas (Fidel, Ortega, Allende, Chávez, etc.) para crear procesos identitarios colectivizadores de igualdad-identidad universales, capaces de unificar a todos los sectores populares en un "nosotros" nacional (¡patria o muerte!) en alteridad con un "ellos" extranjero (el imperialismo). A la vez que, seguidamente, intenta justificar y defender, por analogía, una estrategia de utilización, también en España, de lo nacional-patriótico español para la construcción de un sujeto colectivo, teniendo la izquierda el deber de disputar los símbolos nacionales del régimen del 78 a la derecha y resignificarlos a su servicio.

Ésta no sólo es una analogía tramposa: el Estado español no es América Latina; sino también desfasada: la relación de la nueva ola de procesos emancipadores latinoamericanos con lo nacional se ha invertido con respecto a los procesos de la segunda mitad del s. XX. Hoy, la subjetividad política de las nuevas fuerzas sociales ya no se construye "desde" lo nacional sino "contra" lo nacional. Vayamos por partes:1

  1. Una analogía tramposa: el régimen del 78 no es América Latina.

Respecto a la primera cuestión. Los símbolos nacionales son una forma de unificación social a partir del culto al momento fundacional de la nación y los valores asociados a él. Sin embargo, como ya he dicho en algunos de mis textos, el tipo de historia de la que surgen y los valores que llevan asociados los momentos fundacionales de los países latinoamericanos y del Régimen del 78 son totalmente distintos y ello hace que los símbolos generados por los primeros sean disputables y los segundos no.

Los países latinoamericanos surgen de momentos fundacionales abiertos o populares derivados de una historia social que lleva asociados valores de autodeterminación social. La bandera y el día de la patria en México son la objetivación de un momento fundacional asociado a valores abiertos de resistencia y libertad, el Grito de Dolores, por el que el pueblo se alza en armas, en 1810, contra el gobierno colonial español y logra su independencia. Ello hace que sus símbolos derivados sean disputables en beneficio de los objetivos de la izquierda, ya que, a pesar de ser usados también por la derecha, los valores de autodeterminación social que reproducen pueden ser también una herramienta discursivamente poderosa para mostrar que es el Poder y no los dominados quienes los están vulnerando. Por el contrario, el Régimen del 78 surge de un momento fundacional cerrado y oligárquico derivado de una historia de Estado que lleva asociados valores de sobredeterminación. La imagen del acto del 22 de noviembre de 1975 en el que Juan Carlos I presta juramento, por Dios y sobre los santos evangelios, es una visualización de estos otros momentos asociados a valores cerrados conservadores. Ello hace que sus símbolos derivados constituyan formas de unificación alrededor de valores sobredeterminados y cerrados de adhesión al régimen del 78 (Monarquía, unidad nacional, etc.), nunca de autodeterminación ni rebeldía. Su utilización reafirma la lógica de unificación social en torno a valores pro-régimen y reasegura el rechazo social a todo discurso que problematice con el statu quo (República, independentismo, etc.). Por eso los símbolos españoles oficiales actualmente no son disputables por la izquierda por mucho que algunos lo pretendan. No todos los símbolos nacionales son disputables. A nadie se le ocurriría decir que durante el III Reich alemán lo que hubiera tenido que hacer la izquierda hubiera sido disputarle a la extrema derecha la bandera oficial del Estado con la esvástica.

  1. Una analogía desfasada: la izquierda contra la Nación.

Por otro lado, el ciclo de luchas boliviano durante la década del 2000 marca un antes y un después en los grandes procesos identitarios colectivizadores de las clases populares en América Latina. El principal sujeto revolucionario del s. XX en el país, protagonista de la Revolución de 1952 bajo la dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), había sido el movimiento obrero, cuya punta de lanza era la facción minera de la Central Obrera Boliviana (COB). No obstante, durante los años 80 y 90, el neoliberalismo implicó una desarticulación de este viejo sujeto y la aparición, en paralelo, de nuevas luchas y movimientos sociales contra el neoliberalismo que permiten la rearticulación de un nuevo bloque social histórico en cuyo interior adquiere un papel central el movimiento indígena originario campesino. Este cambio en la naturaleza sociológica del sujeto histórico implica que los discursos políticos colectivos unificadores de las clases populares ya no se hagan desde la Nación sino contra la Nación.

El momento fundacional del Estado-nación ya no es percibido como liberación sino como continuidad de la dominación por otra élite. La creación de los Estados-Nación latinoamericanos, a finales del s. XIX inicios del XX, implicó la extensión del latifundio, de manera que las comunidades y tierras comunales fueron transformadas en haciendas y, por tanto: a) en la imposición de una nueva relación de dominación entre comunarios y hacendados; y, b) en la vinculación de la propiedad de la tierra al ejercicio de la representación política, de la que quedan excluidos los protagonistas del nuevo bloque social (indígenas, afros, campesinos, etc.). Existe, en la región, una estrecha relación entre el surgimiento del Estado-nación, la formación de los dominios territoriales, la constitución de una nueva estructura de clases y el nacimiento de un Estado excluyente. La Nación, en los países latinoamericanos, es la objetivación en el ámbito simbólico-cultural de la estructura de clases y de poder liberal y racista creada y heredada del proyecto patriótico o nacionalista de las élites criollas implementado en los procesos de independencia. Es por esta razón, que el movimiento indígena campesino, actor central en el nuevo bloque social surgido en la región, articula su subjetividad política no desde la Nación sino contra la Nación, a la que contrapone las ideas de plurinacionalidad, nuevas territorialidades y autodeterminación.

La hegemonía de este nuevo discurso contra la Nación en la articulación de la nueva ola de movimientos sociales latinoamericanos la hemos visto, recientemente, en el estallido social y proceso constituyente de Chile. Algunos de los símbolos a través de los cuales los movimientos sociales en este país, independientemente de su ámbito de acción, construyen su subjetividad son los emblemas y banderas mapuches wünelfe, whipala o wenofuye. Los movimientos sociales chilenos se han permeado transversalmente de contenido simbólico indígena. Era usual, en 2019, ver como los cascos, escudos y vestimentas de los jóvenes no indígenas de "La Primera Línea" que protagonizaron duros enfrentamientos con los Carabineros en el estallido portaban símbolos mapuches. Para estos, los emblemas mapuches constituyen un símbolo de solidaridad con la lucha del pueblo Mapuche pero, simultáneamente, un símbolo a través del cual expresan su proyecto político de cuestionamiento al neoliberalismo, a la corrupción, al extractivismo, a la represión y a la violencia policial. Se trata de un sujeto que articula su subjetividad y proyecto político desde símbolos y discursos que enfrentan y cuestionan a la Nación. La imagen del plenario de la Convención Constitucional habla por sí sola: los constituyentes de la derecha colocaban en sus curules banderas de Chile, frente a las que los constituyentes de la izquierda colocaban banderas mapuches.

En resumen, el uso del ejemplo latinoamericano para justificar la construcción de procesos identitarios federativos de izquierdas alrededor de los símbolos del régimen del 78 en España carece tanto de fundamento, como de actualidad. Lo nacional español y sus símbolos no son un recipiente vacío y neutral instrumentalizable para cualquier fin previamente delimitado, sino que son la objetivación en el ámbito cultural-simbólico de la correlación de fuerzas sociales y del régimen político y económico heredado del franquismo. En este sentido, la construcción de un sujeto político rupturista unitario solo puede construirse, al igual que hace la nueva ola de movimientos emancipadores latinoamericanos, contra lo nacional. Esto es, desde la creación de contra-símbolos propios y compartidos por las múltiples izquierdas del Estado que permitan expresar su diversidad de demandas: justicia social, vivienda digna, Repúblicas, plurinacionalidad, derechos sociales, autodeterminación de los pueblos, etc.

Por Albert Noguera, profesor de derecho constitucional

Este articulo se encuadra dentro del monográfico sobre la cuestión nacional en distintas regiones del mundo publicado conjuntamente por el Institut Sobiranies y el diario Público.

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Biden inaugura la Cumbre de las Américas.. Imagen: EFE

En una sesión paralela, un activista acusó a Almagro de ayudar a instalar una dictadura en Bolivia, en referencia al golpe de estado en contra de Evo Morales.

 

Desde Los Ángeles

El presidente estadounidense, Joe Biden, inauguró oficialmente este miércoles la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Lo hizo con un discurso en el que calificó a la democracia como el “ingrediente esencial” para el futuro del continente y anunció una nueva iniciativa económica, la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Una propuesta alineada con su visión para Estados Unidos, en la que la economía crezca “desde abajo y desde el centro”. “La economía del derrame no funciona”, enfatizó.

En su discurso, Biden sostuvo que la democracia es “una marca” de la región y que esos valores están “bajo ataque” alrededor del mundo. “Nuestra región es grande y diversa. No estamos siempre de acuerdo en todo, pero como somos democracias lo solucionamos con respeto mutuo y diálogo”, agregó.

La ceremonia de inauguración duró aproximadamente una hora y contó con un show musical organizado por Emilio Estefan. Después del ingreso de las delegaciones, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el gobernador de California, Gavin Newsom, dieron la bienvenida a los asistentes. También habló la vicepresidenta Kamala Harris. “Para lograr un futuro más próspero e inclusivo, una sociedad entre quienes estamos reunidos aquí es esencial”, dijo.

Biden aterrizó este miércoles en Los Ángeles, después del mediodía local. Antes de llegar a California, habló con Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela. El mandatario estadounidense “expresó su apoyo a negociaciones” que lleve adelante el país caribeño “como el mejor camino hacia una restauración pacífica de las instituciones democráticas, elecciones libres y justas y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos”, según dio a conocer la Casa Blanca. Biden también reafirmó que el país norteamericano “está dispuesto a calibrar” su política de sanciones “según se desprenda de los resultados de las negociaciones que empoderen al pueblo venezolano”.

No invitados

La Casa Blanca consideró invitar a Guaidó en una lista preliminar de asistentes a la cumbre, pero finalmente desistió. “Hay gobiernos que tienen otras miradas y les consultamos. En última instancia, la potestad del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una discusión amplia en el hemisferio y asegurarnos de que estamos incluyendo todas las miradas”, había dicho la semana pasada Juan González, principal asesor de Biden sobre América Latina.

Estados Unidos no invitó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por considerarlos “no democráticos”, lo que causó que los jefes de Estado de Bolivia, Honduras y México se negaran a viajar a Los Ángeles para participar de la cumbre.

Agenda económica

Este miércoles, la cumbre continuó con un foco puesto en economía. En el primer día del presidente Joe Biden en el encuentro, el tema estuvo puesto en inversiones en salud y “prosperidad” en la región, según lo denomina la Casa Blanca. La intención del Gobierno estadounidense es la de proponer una “nueva agenda económica para el hemisferio”, basada en “una visión de la región que sea segura, de clase media y democrática”, describió un alto funcionario de la administración.

El Gobierno de Biden lo considera una “contraparte adecuada” a la última vez que Estados Unidos organizó la Cumbre de las Américas. En 1994, en Miami, el entonces presidente Bill Clinton también propuso una visión económica: los orígenes del Área de Libre Comercio de las Américas, una propuesta que naufragó en la edición de 2005 en Mar del Plata.

Esta vez, Estados Unidos propone un “acuerdo histórico” que permita profundizar la cooperación económica en la región y “se enfoque en los principales generadores de crecimiento”. Lo llama la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas.

“Vamos a fortalecer nuestras cadenas de suministros para que sean más resilientes ante shocks inesperados. Vamos a promover la innovación tanto en el sector público como en el privado, para que los gobiernos puedan encarar mejor los desafíos más acuciantes de la sociedad y que las empresas puedan incrementar su productividad. Y vamos a atacar la crisis climática haciendo crecer las industrias relacionadas que generen empleos de alta calidad”, dijo la Casa Blanca en una hoja informativa que distribuyó sobre esta propuesta.

Sin dar demasiados detalles, la Administración de Biden también dijo que, una vez que termine termine la Cumbre de las Américas, Estados Unidos mantendrá consultas iniciales con los socios en el hemisferio y representantes de las siguientes áreas: revitalizar las instituciones económicas regionales y movilizar inversiones, con una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo incluida; hacer que las cadenas logísticas sean más resilientes, actualizar acuerdos básicos, crear puestos de trabajo relacionados con energías renovables y avanzar en descarbonización y biodiversidad y, finalmente, garantizar un comercio sostenible e inclusivo.

Libertad de prensa

En un evento paralelo a la Cumbre de las Américas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue cuestionado por su rol en 2019 durante el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en Bolivia. Un activista interrumpió el panel de la Cumbre de Medios de las Américas, un encuentro con estudiantes de periodismo en el que participaba Almagro, para acusarlo de haber ayudado “a instalar” la dictadura de Jeanine Añez.

“Luis Almagro, tenés sangre en tus manos. Por tus mentiras, hubo un golpe en Bolivia, un golpe contra un gobierno elegido democráticamente. Y esa dictadura que vos ayudaste a instalar masacró a 36 personas”, le dijo el integrante de la organización Partido para el Socialismo y la Liberación. El hombre también gritó que Almagro había ayudado a destruir la democracia en Bolivia, algo que, dijo, sucedió porque “Estados Unidos quería saquear los recursos, el litio, el oro, todos los recursos minerales, el gas de Bolivia”. “Ayudaste a instalar una dictadura que facilitaría ese saqueo”, insistió.

Con el evento dedicado a la libertad de prensa y seguridad de periodistas como fondo, el activista también recordó a Sebastián Moro, el periodista argentino que colaboraba con Página|12 en 2019 y que anticipó el golpe de Estado. “Era un periodista que estaba mostrando las mentiras que vos decías y mostrando la verdad del golpe que vos orquestraste y lo golpearon en su departamento hasta matarlo. ¿Y ahora venís y nos das una clase sobre libertad de prensa?”, señaló en su intervención. Almagro negó las acusaciones y le dijo que estaba “totalmente equivocado”.

En el mismo evento hubo un episodio parecido momentos después, cuando comenzó la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En el marco de un panel titulado “Un compromiso con la libertad periodística”, el funcionario de Joe Biden iba a anunciar iniciativas para el continente, cuando un periodista del público le preguntó por qué el país norteamericano había invitado a la cumbre al primer ministro de Haití, Ariel Henry.

Tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, Estados Unidos ha mantenido su apoyo a Henry, quien todavía tiene que organizar nuevas elecciones en su país. Hace solo tres meses, un grupo de congresistas demócratas le pidió a Biden que retire ese respaldo y calificaron a la actual gestión en Haití como un “gobierno de facto”.

El periodista que increpó a Blinken en Los Ángeles también hizo referencia al riesgo que corren los periodistas en el país caribeño, en el que en lo que va del año fueron asesinados tres periodistas. “En Haití, continuamos trabajando por una transición que lleve a elecciones apropiadas”, le contestó el funcionario estadounidense.

Aliados incómodos

En la misma línea, Blinken fue consultado sobre los asesinatos de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh de la cadena Al Jazeera en mayo y del columnista del diario The Washington Post Jamal Khashoggi en 2018. “¿Por qué Israel y Arabia Saudita no tienen que rendir cuentas por asesinar periodistas?”, le preguntó una documentalista.

Blinken se limitó a decir que espera una investigación independiente sobre el crimen de Abu Akleh y continuó con su participación en el evento. No respondió más preguntas de la audiencia; solo contestó las que las moderadoras ya tenían preparadas y que no hacían ninguna referencia a aliados de Estados Unidos. “En Cuba, Nicaragua, Venezuela, el simple acto de dedicarse al periodismo investigativo es un crimen”, había dicho el secretario de Estado al comienzo de su intervención.

9 de junio de 2022

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El presidente de EEUU, Joe Biden, desciende del Air Force One a su llegada a la Base Aérea de Osan, en Pyeongtaek, en su visita a Corea del Sur. REUTERS/ Lee Jin-man/Pool

Estados Unidos ha convocado para esta semana en Los Angeles la IX Cumbre de las Américas invitando a los mandatarios de 'casi' todos los países americanos, más de treinta. 'Casi' todos pero no todos, porque siguiendo la tradición que inauguró Bill Clinton en 1994 con la primera de esas reuniones esta vez también hay gobernantes excluidos.

En la I Cumbre fue excluida Cuba, ahora, además de la eterna isla rebelde también se ha decidido excluir a los presidentes de Venezuela y de Nicaragua, porque, al igual que entonces, se invita solo a 'gobiernos democráticos´.

Tal como entonces Estados Unidos contó ahora para programar el evento con la complicidad de la OEA (Organización de Estados Americanos), su principal instrumento político en la región, y con  multinacionales, fundaciones y organizaciones civiles con intereses en la zona que participarán en foros previos a la reunión de los mandatarios del jueves 9 y viernes 10.

En 1994, cuando tuvo lugar la I Cumbre, hacía pocos años que se había acabado la Guerra Fría, el mundo se había convertido en unipolar; Estados Unidos sacaba pecho, había vencido a la única otra superpotencia mundial económica, política y militar, la Unión Soviética.

El capitalismo había derrotado al socialismo y EEUU ya podía diseñar un Nuevo Orden Mundial a su antojo.

Para seguir dominando como siempre a América Latina y el Caribe, su 'patio trasero', ya no necesitaba ni le resultaban útiles las dictaduras militares que venía ayudando a implantar y mantener en el poder a sangre y fuego desde el siglo XIX en buena parte de los países de esa amplísima región del mundo.

Bastaba ya con apoyar a gobiernos con fachada democrática -aunque tuvieran graves déficit democráticos- siempre que tuvieran un claro perfil neoliberal, dispuestos a privatizaciones generalizadas de empresas públicas, a políticas de ajustes drásticos, a abrir de par en par las puertas de sus respectivos países a las multinacionales estadounidenses, y a secundar la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.

Bill Clinton inició en 1994 la política excluyente

Y fue así que entre los democratiquísimos mandatarios latinoamericanos invitados por Bill Clinton a la cumbre de Miami de 1994 estaban el argentino Carlos Saúl Menem; el peruano Alberto Fujimori; el mexicano Ernesto Zedillo (los tres luego enjuiciados por corrupción y autoritarismo); el guatemalteco Ramiro de León Carpio, quien años después se convertiría en estrecho colaborador del ex dictador genocida de poblaciones indígenas Ríos Montt; el colombiano Ernesto Samper, acusado judicialmente en el Proceso 8000 de haber financiado su campaña electoral con dinero del narcotráfico; el ecuatoriano Sixto Durán-Ballén, cuyo gobierno se vió envuelto en graves casos de corrupción, al igual que el uruguayo Luis Lacalle. Y la lista sigue.

Muchos de los mandatarios invitados a las posteriores cumbres tenían perfiles tan democráticos y ejemplares como los mencionados, pero Cuba seguía siendo la mala de la película. La OEA había expulsado a Cuba de su seno en 1962 y parecía coherente que EEUU la siguiera excluyendo de cualquier proyecto interamericano.

EEUU preveía que una vez atomizada la URSS en 1991 y desmoronados los gobiernos bajo su órbita de la Europa del este, el régimen cubano seguiría el mismo camino. Han pasado varias décadas desde entonces y han pasado presidentes demócratas y republicanos por la Casa Blanca... pero Cuba sigue ahí, manteniendo su soberanía y su dignidad.

Las políticas neoliberales de los '90 acentuaron drásticamente la desigualdad en América Latina hasta convertirla en la zona de mayor desigualdad social de todo el mundo.

En aquella primera cumbre de 1994 Bill Clinton lanzó su ambicioso proyecto neoliberal para la región, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), pero no contaba con que pocos años después, a partir de 1998, se iniciara una ola de gobiernos progresistas en América Latina que rechazó ese proyecto y lo sepultó definitivamente en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata (Argentina) en 2005.

"¡ALCA, ALCA, al carajo!", fue el estribillo con el que Hugo Chávez celebró aquel entierro.

Años después, afectados principalmente por la crisis financiera de 2008 y por la fuerte contraofensiva neoliberal, pero también por indiscutibles y graves errores propios, América Latina volvió a experimentar un brusco giro ideológico.

Biden, inmune ante los nuevos aires progresistas en la región

A través de golpes 'blandos' y también a través de las urnas, fueron cayendo uno a uno varios de los gobiernos progresistas que habían impulsado importantes pero no suficientes reformas sociales. Algunos de los pocos que lograron mantenerse en pie sufrieron desviaciones y retrocesos.

Sin embargo Joe Biden pareciera no tener en cuenta que la región experimenta en el último periodo un nuevo cambio. Otra oleada de nuevos gobiernos progresistas -aunque de muy variadas características- vuelven a cambiar el escenario político en la región, en Chile, en Bolivia, en Perú,  Honduras,  México, con la posibilidad real de ampliarse a Brasil, a Colombia, si el golpismo blando y el populismo ultraderechista no termina alterando esos procesos.

Biden pareciera ir a tiro fijo, siguiendo la tradición imperial de siempre de Estados Unidos. Ha convocado esta cumbre, en complicidad con el reaccionario secretario general de la OEA, Luis Almagro, excluyendo de la invitación a la IX Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y  Nicaragua.

El emperador de turno vuelve a decidir unilateralmente quién es demócrata y quién no lo es.

Paradójicamente, ningún mandatario fue excluido en la VIII Cumbre que se celebró durante el Gobierno de Donald Trump. Fue este quien decidió no asistir.

Jair Bolsonaro sí ha sido invitado por Biden. Al parecer sí lo considera un demócrata, como lo era para Trump, y poco importa que siguiendo el ejemplo de Trump Bolsonaro ya haya anunciado que no reconocerá el triunfo de Lula da Silva si este gana las próximas elecciones presidenciales, como todo permitiría prever.

El presidente saliente colombiano, Iván Duque, hijo político de Álvaro Uribe, es otro demócrata ejemplar para EEUU. Poco importa que haya boicoteado abiertamente los Acuerdos de Paz firmados en 2016 para acabar con una guerra de décadas, ni que sus fuerzas militares y las poderosas fuerzas paramilitares de ultraderecha aliadas hayan matado a cientos de guerrilleros desmovilizados y a centenares de activistas sociales molestos para los intereses de los terratenientes y las multinacionales.

Colombia siempre ha sido considerada como una gran plataforma regional para los planes de seguridad de Estados Unidos, al punto que es el único país al que se le ha aceptado como miembro observador en la OTAN.

Pero en esta ocasión EEUU se ha encontrado con un rechazo de varios países de América Latina y el Caribe a su política de exclusiones. El hecho de que no asista a la misma López Obrador, el presidente de México, el país con el que EEUU mantiene una importantísima relación comercial además de compartir una extensísima y conflictiva frontera, ya supone de por sí un duro golpe para la diplomacia estadounidense.

El que Bolivia, Honduras y otros países manifestaran su malestar por las exclusiones y que el propio presidente de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el argentino Alberto Fernández, dudara hasta último momento si asistir, augura una cumbre complicada para EEUU.

Tanto Venezuela como otros países miembros de la CELAC esperan que Fernández los represente en la cumbre y que haga llegar ese malestar a Estados Unidos.

Todos los países miembros de CARICOM (Comunidad del Caribe) y de la ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) han emitido comunicados expresando su rechazo a las exclusiones.

No puede extrañar que Biden haya incluido a Venezuela entre los países excluidos. El actual presidente estadounidense era vicepresidente de Barack Obama cuando éste impuso a Venezuela el primer paquete de sanciones económicas en 2016 -endurecidas drásticamente luego por Donald Trump- aduciendo razones de 'seguridad nacional'.

Paradójicamente, ahora, ante la escalada de los precios del petróleo provocada por la guerra en Ucrania Biden ha decidido flexibilizar parcialmente por primera vez las durísimas sanciones que sufre Venezuela, 'autorizando' a la petrolera estadounidense Chevron, a la española Repsol y a la italiana Eni, a operar en Venezuela.

Aún así les ha impuesto dos condiciones: la primera, que solo pueden transportar petróleo a Europa, dado que lo que pretende es paliar el freno al suministro del petróleo ruso. La segunda condición, que en esas operaciones no haya dinero de por medio, sino que el petróleo venezolano sirva solamente para pagar deudas contraídas con países europeos o intercambiar por otras mercaderías.

De esta manera EEUU seguirá controlando para que Venezuela no pueda recibir divisas extranjeras, cruciales para que ese país pueda atenuar la asfixia económica que sufre desde hace años.

Y la Unión Europea, agradecidísima de que el emperador Biden le haya hecho semejante concesión.

Tan agradecida como ha estado siempre a EEUU por haber aceptado -tras duras negociaciones- no  aplicar a los países miembros de la UE las duras sanciones previstas desde 1996 por la bipartidista Ley Helms-Burton -aprobada durante el Gobierno de Bill Clinton- contra todo país que ose invertir o comerciar con Cuba.  Trump alarmó a la UE en 2019 cuando pretendió no respetar el acuerdo de excepción.

Con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre

Biden sabe que no tiene aseguradas las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre próximo y aunque la guerra en Ucrania le supone un balón de oxígeno en el escenario político interno estadounidense, con el apoyo del Partido Republicano a su política de mano dura y con la reactivación de la industria militar, ni puede asegurar su victoria en el pulso que mantiene con Putin, ni es seguro que esta fuera suficiente para frenar un avance republicano en las urnas.

Por eso Biden perpetúa la política imperial tradicional de todos los inquilinos de la Casa Blanca.

Ni siquiera se atreve a imitar el discurso del carismático Obama, que con su seductor talante  dialogante en política exterior consiguió que ocho meses después de iniciar su mandato el 20 de enero de 2009 se le concediera el Premio Nobel de la Paz de ese año a pesar de no haber  concretado ninguna de sus promesas electorales estrella. Bastaron sus promesas para que lo lograra.

No solo Biden se juega mucho en esta IX Cumbre de las Américas. También los nuevos mandatarios latinoamericanos de corte progresista tendrán que demostrar el grado de coherencia que mantienen con sus postulados y qué defensa hacen de la independencia y dignidad de sus países.

Por Roberto Montoya

Periodista y escritor

09/06/2022

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