Martes, 14 Septiembre 2021 06:21

El columpio latinoamericano

El columpio latinoamericano

 

 El geopolítico brasileño José Luis Fiori analiza, en un reciente artículo, los virajes casi permanentes que se instalaron en su país desde la década de 1980, aguzados desde la destitución de Dilma Rousseff en 2015 (https://bit.ly/2YSrwrt). Asegura que Brasil ingresó en una “década perdida” de estancamiento económico pero, sobre todo, de políticas que no tienen norte y naufragan en las contradicciones.

Cuando un país borra en un período lo hecho en el anterior, para volver luego a producir nuevos e intempestivos virajes, entra en una situación de “columpio”, de vaivén que lo lleva de políticas desarrollistas a neoliberales, por ejemplo, que no terminan de fraguar una orientación definida. El desarrollismo entró en crisis en la década de 1980, en todo el continente, para dos décadas después retornar de la mano de gobiernos progresistas a una senda similar al desarrollismo, pero ahora sin industria nacional sino a caballo del extractivismo minero y los monocultivos.

Después de esta camada de gobiernos, entre 2000 y 2015, se retornó a una suerte de liberalización radical, de la mano de gobiernos como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Sin embargo, la principal característica del período posprogresista es la inestabilidad, la ingobernabilidad y los tumbos o vaivenes que caracterizan el columpiarse como menciona Fiori.

Según Fiori, Argentina es el caso más longevo y paradigmático de este columpio regional: “Después de 1940, Argentina entró en un proceso entrópico de división social y crisis política crónica, ya que no logró unirse en torno a una nueva estrategia de desarrollo, adecuada al contexto geopolítico y económico creado por el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

El triunfo de la derecha neoliberal en las elecciones primarias del domingo 12 anticipa una holgada victoria en las legislativas de noviembre, que se plasmará en una suculenta derrota del gobierno. En suma, todo indica que si lo hecho durante una década kirchnerista/progresista (2003-2015) fue deshecho en cuatro años de gobierno de la derecha macrista (2015-2019), ahora volverá a suceder lo mismo pero con intervalos mucho menores.

Brasil entró en ese proceso recién hacia el fin de la dictadura militar, en la década de 1980. En el mencionado artículo, Fiori define este columpiarse como “hacer y deshacer lo mismo docenas de veces, prácticamente sin moverse, o peor aún, moviéndose cada vez más fuera de lugar”. Esta es una de las claves del deterioro de nuestra región, aunque todavía resta ingresar en las causas profundas.

Esa mezcla de estancamiento y retrocesos conduce inevitablemente a la descomposición social y al caos político. Sin embargo, las razones deben encontrarse en un doble empoderamiento: de las clases populares y de la burguesía y las clases medias en las que se sostiene. Ambos sectores han ganado en fortaleza, una vez que el proyecto integrador del desarrollismo por sustitución de importaciones fue quebrado, precisamente, por ese doble tironeo en sentidos contrarios.

La insurrección del 17 de octubre de 1945 en Argentina y la enorme movilización contra la dictadura (por elecciones “Directas Ya”, en 1984) enterraron cualquier proyecto integrador, además, evidentemente, de los virajes imperiales cada vez más agudos y desconcertantes.

Si esta descripción fuera correcta, debemos concluir que estamos en un proceso de declive estratégico inexorable de la región sudamericana y, probablemente, de toda América Latina. O por lo menos de sus principales países.

Además de Argentina y Brasil, Ecuador y Chile ingresaron ya en ese proceso de desorientación. Ecuador por el fallido gobierno de Rafael Correa, incapaz de elegir un sucesor y ahora con un viraje neoliberal radical; Chile porque el levantamiento de octubre de 2019 desbarató el proyecto de la derecha pospinochetista, sin que haya proyectos alternativos viables.

Es posible que Colombia siga pasos similares, en tanto México (creo que el caso más complejo de todos) comenzó a columpiarse luego del ciclo del PRI entre la derecha radical y un progresismo extractivista que no consigue estabilizarse ni presenta nada realmente diferente.

Si tuviera que reducir las razones de esta descomposición social y política en una sola causa (siempre problemático, claro), diría que el modelo extractivo es la causa principal, aunque no excluyente. La cuarta guerra mundial contra los pueblos no puede enfrentarse con los modos tradicionales, ni los electorales ni los que conocen los movimientos sociales.

 

 

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Inseguridad social creciente en un planeta polarizado

Se acentúa la brecha entre ricos y empobrecidos

Una de cada dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social. Realidad que desnuda asimetrías continentales y sectoriales significativas.

Aunque la crisis producto del COVID 19 promovió una expansión sin precedentes de iniciativas y programas de protección social, más de 4.000 millones de personas continúan completamente desprotegidas. La respuesta social a la pandemia ha sido desigual e insuficiente: aumentó la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos y no logró brindar una cobertura básica para el conjunto de la población mundial.

La cobertura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como esencial, cuando se refiere a la protección social, incluye el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida de la principal fuente de ingresos de la familia.

Diagnóstico preocupante

En la actualidad, sólo un 47% de la población mundial está cubierta como mínimo por una prestación de protección social, en tanto el resto, 4.100 millones de personas, no cuenta con ningún tipo de cobertura. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 que la OIT, con sede en Ginebra, Suiza, acaba de publicar la primera semana de septiembre. (//www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf">https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf).

Según este organismo internacional, las diferencias regionales son significativas. El continente americano, por ejemplo, cuenta con una tasa superior a la media mundial, con un 64.3% de cobertura, aunque lejos por detrás del 84% de Europa y Asia Central. Los Estados Árabes, con un 40% y África, con apenas un 17.4%, confirman las evidentes deficiencias globales en el plano de la protección social.

La niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados son los sectores más perjudicados por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas se beneficia de una prestación social. Únicamente el 45% de las mujeres con hijos recién nacidos tiene derecho a una prestación de maternidad en efectivo. Y solo una de cada tres personas con alguna discapacidad grave recibe beneficios por invalidez. En cuanto a la población desempleada a nivel mundial, apenas un 18.6% cuenta con una cobertura efectiva.

La OIT constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades regiones, así como entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres.

Los números hablan por sí mismos: el gasto público en concepto de protección social varía de manera significativa a través del planeta. Como promedio los países destinan a la protección social un 12.8% del Producto Interior Bruto (PIB) — promedio internacional–, porcentaje que no incluye los presupuestos específicos para salud. Sin embargo, los países de altos ingresos invierten un 16.4% de su PIB en protección social mientras que los de bajos ingresos apenas un 1.1%.

La encrucijada

El nuevo Informe Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial: seguir un “camino óptimo” de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un “camino fácil” de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas.

Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.

Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor “sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental”.

Dicho informe insiste en que establecer la protección social universal –clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos– es la piedra angular de una propuesta de justicia social con un enfoque centrado en las personas.

Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y la contención de las desigualdades, la mejora de las capacidades humanas y la productividad, el fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.

Ideas no faltan

En junio pasado, representantes de 181 países miembros de la OIT aprobaron el Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas (https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang–es/index.htm) el cual delinea un programa detallado ante la pandemia y compromete a los países a que garanticen una recuperación económica y social de la crisis «totalmente inclusiva, sostenible y resiliente».

Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del organismo, incluye dos tipos de recomendaciones. En primer lugar, las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus «interlocutores sociales» empresariales y sindicales, para lograr una recuperación del empleo, reforzar sustancialmente las protecciones sociales y las de los trabajadores y apoyar a las empresas sostenibles.

En segundo lugar, el papel tan decisivo de la cooperación internacional y el rol de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, en la generación y promoción de estrategias nacionales de recuperación de la pandemia que beneficien esencialmente a las personas y grupos familiares.

¿Cómo se financia?

Mejorar la cobertura social implica, esencialmente, discutir en cada país las formas de financiamiento en juego, lo cual debe formar parte del debate de fondo sobre la redistribución del ingreso de una nación.

El próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa popular 99%, promovida por partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y otras asociaciones de muy variada naturaleza.

La misma propone que las ganancias de capital, proveniente de intereses, dividendos, alquiler de propiedades, entre otras, de un valor mayor a los 100.000 francos (110.000 dólares estadounidenses), paguen impuestos una vez y media más altos que las ganancias producto del trabajo. Los ingresos fiscales adicionales que podría generar esta iniciativa, que se calculan serán de 10.000 millones de francos anuales, se utilizarían para reducir los impuestos que deben pagar los sectores de ingresos bajos y para financiar servicios sociales como guarderías infantiles, seguros médicos y educación.

Los promotores de la propuesta están convencidos de que solo una reforma fiscal de este tipo puede frenar el aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos financieros en Suiza están en manos de solo el 1% de la población, lo que determina que el mayoritario 99% se distribuya el resto y de ahí el nombre de esta iniciativa popular.

Los informes, documentos, reuniones y eventos internacionales que proponen un sistema social universal abundan y siguen multiplicándose. Sin embargo, los desheredados de la Tierra siguen esperando. En particular, la población desempleada, las mujeres, la infancia, y las personas con capacidades diferentes.

No faltan conceptos, sino mecanismos efectivos que aseguren que esa necesaria redistribución del ingreso comience a concretarse, en cada país, a nivel mundial. No se trata de ideas, sino de voluntad política, es decir, de dar respuestas concretas a los gritos crecientes a favor de la dignidad humana postergada por la brecha creciente entre enriquecidos y empobrecidos.

Por Sergio Ferrari | 09/09/

Publicado enSociedad
Viernes, 27 Agosto 2021 08:29

Servidumbre, necropoder y para-Estado

https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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Publicado enEdición Nº283
Viernes, 27 Agosto 2021 06:37

Servidumbre, necropoder y para-Estado

https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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Publicado enColombia
“La libertad de los medios de comunicación públicos depende del nivel de democracia de la sociedad”

Noam Chomsky / Filósofo y lingüista

 

Para todo crítico con los medios de comunicación y la política a finales del siglo pasado y principios de este, Los guardianes de la libertad, de Edward S. Herman y Noam Chomsky, era una lectura imprescindible. El “modelo de propaganda” del libro ofrecía un marco de referencia útil para entender cómo la cobertura informativa típica filtra cierto tipo de datos mientras que enfatiza otros, lo que a la larga favorece el discurso dominante. La lección clave de este análisis estaba clara: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar los medios de comunicación.

A principios de la década de los 2000, esa idea me llevó hasta el movimiento de reforma de los medios y al campo académico de la comunicación, donde esperaba aprender sobre las limitaciones y las alternativas al hiper mercantilizado sistema mediático estadounidense. Sin embargo, me resultó descorazonador encontrar en la escuela de postgrado una mezcla de hostilidad e indiferencia hacia el análisis crítico de los medios. Con los años, encontré círculos de corriente radical, sobre todo en el subcampo de la economía política, que se centra en los análisis críticos e históricos de los medios, pero este trabajo seguía siendo marginal. Hoy en día, con el auge de los nuevos monopolios digitales, el miedo al fascismo y el hundimiento del periodismo, hay un renovado interés en los análisis estructurales de nuestros sistemas informativos, aunque con demasiada frecuencia carece de crítica radical.

Chomsky aporta desde hace tiempo una voz radical firme en estos temas. He hablado con él sobre la importancia actual de la crítica a los medios que escribieron Herman y él y le he preguntado por qué se centró en los medios de comunicación como un lugar importante de conflicto. Me preguntaba si había cambiado su análisis, si algo le había sorprendido a lo largo de las décadas y, sobre todo, si creía que un sistema de medios democrático era concebible y alcanzable.

A sus 92 años, Chomsky sigue haciendo gala de una crítica aguda y un análisis sagaz. En nuestra conversación por Zoom, sacó en repetidas ocasiones el New York Times del día para ilustrar los diversos temas que íbamos tratando. Lo que más me impresionó fue su optimismo con matices: si bien considera que las mismas patologías estructurales siguen aquejando a nuestros sistemas de medios de comunicación comerciales, hoy en día, también percibe un avance significativo en la cobertura informativa, sobre todo a la hora de enfrentarse a atrocidades históricas que los relatos de los principales medios de comunicación ignoraban o tergiversaban en el pasado.

El subtítulo [original] de su famoso libro junto con Ed Herman es “La economía política de los medios de comunicación”, pero la economía política es marginal dentro de los estudios de comunicación. Viniendo de fuera del campo, ¿qué le llevó a centrarse en el análisis crítico de los medios?

A mí lo que más me interesa es la cultura intelectual general y es sobre lo que más he escrito. Una de sus manifestaciones son los medios de élite. Te lees The New York Times y no estás muy lejos del Harvard Faculty Club. Viene siendo el mismo ambiente cultural. Ahí tenemos de manera clara y manifiesta, un día tras otro, una recopilación de datos fácil de estudiar que refleja bastante bien la cultura intelectual general y ofrece la posibilidad de asomarse a ella. Ed Herman y yo discrepábamos un poco sobre este orden de prioridades. A él le interesaban más concretamente los medios de comunicación y a mí me interesaban más los medios de élite como reflejo de la cultura intelectual general. Esta discrepancia no tuvo repercusión alguna, nos resultó muy fácil colaborar. Pero esa es básicamente mi entrada en el tema. Por eso, por ejemplo, no me molesto en escribir sobre las noticias de la Fox.

Es verdad, las noticias de la Fox ofrecen la posibilidad de asomarse a otro discurso. Me gustaría ahondar en esa diferencia: ¿su objetivo es examinar el discurso de élite mientras que el de Ed estaba más centrado en las estructuras económicas de nuestro sistema de medios de comunicación?

Eso es, esa parte del libro es suya por entero. Y era también lo que le interesaba profesionalmente. Por ejemplo, uno de sus libros más importantes fue Corporate Control, Corporate Power (Control corporativo, poder corporativo).

Sin embargo, las estructuras económicas de los medios, como el poder monopolístico y el mercantilismo, suelen favorecer los discursos dominantes.

¿Hay alguna diferencia en la manera en que las instituciones de los medios de comunicación perpetúan los discursos de élite hoy en día? Sé que ya le han preguntado esto otras veces, pero ¿sigue siendo relevante el modelo de propaganda en nuestra era digital?

Herman y yo actualizamos el libro para tener en cuenta el auge de internet, pero llegamos a la conclusión de que no había cambiado gran cosa. Las fuentes de información siguen siendo las mismas. Si quieres saber qué está pasando en Karachi, no encuentras información fiable en Facebook ni en Instagram que no sea la que se filtra de los principales medios de comunicación. Por eso, lo primero que hago por las mañanas es leer The New York Times, Washington Post, Financial Times, etcétera. De ahí es de donde viene la información.

O sea, que aunque por encima parezca que disponemos de diversos tipos de información, buena parte todavía proviene de las mismas fuentes mayoritarias.

Así es. Puedes obtener información de otras fuentes, internet te permite leer la prensa extranjera si te interesa. Pero creo que el efecto principal de internet es limitar la variedad de información a la que accede la mayoría de la gente a fuerza de empujarlos a las burbujas de las redes sociales. El modelo de propaganda es básicamente el mismo.

Pero bueno, ha habido otros cambios de diversa índole. Uno de ellos, por supuesto, no es más que el declive de los medios. Por ejemplo, yo he vivido buena parte de mi vida en Boston, y The Boston Globe, cuando estaba allí, era un periódico de verdad. Tenía una de las mejores coberturas del país sobre Centroamérica, por ejemplo. Ahora ni siquiera merece la pena suscribirse. Es básicamente una agencia de noticias. Lo mismo ocurre con The San Francisco Chronicle y muchos otros periódicos. Hay mucha limitación en las principales fuentes de información.

Por otra parte, si se analiza un periódico como The New York Times, se nota que le han afectado considerablemente los cambios en el nivel general de concienciación y sensibilización. El efecto civilizador del activismo de los años sesenta y sus repercusiones ha afectado a los periodistas, a los editores, al contenido y a todo. Mucho de lo que aparece hoy en el Times habría sido impensable hace un par de décadas. Mire el de esta mañana: el artículo principal es sobre la destrucción de Gaza.

El cambio en la cobertura mediática ha sido impresionante.

No nos habríamos encontrado con algo así hace un par de años, ¿verdad? Es uno de los efectos que ha tenido el activismo popular a la hora de cambiar la forma en la que el país entiende las cosas. Pero claro, genera una reacción negativa, así que también obtenemos todo lo contrario. El Proyecto 1619 [proyecto periodístico de largo alcance, publicado por el New York Times en agosto de 2019, cuyo objetivo es replantear la historia de EE.UU. “colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los estadounidenses negros” en el centro de la  narrativa nacional] recibió su correspondiente aluvión de quejas de historiadores: que si había una nota al pie que estaba mal y eso. Pero fue un auténtico avance el hecho de poder analizar 400 años de atrocidades en un periódico de gran tirada. Si nos remontamos a la década de los sesenta, por ejemplo, sería inconcebible. Ahora estamos empezando a enfrentarnos a parte de esa historia.

Resulta que el periódico de hoy también trae un artículo importante acerca de las atrocidades canadienses cometidas contra la población indígena: el asesinato en unos internados dirigidos por la Iglesia católica de cientos de niños, puede que de miles, a los que básicamente los secuestraban y los obligaban a entrar en estas escuelas de reeducación. En los años sesenta ni siquiera se podía hablar de algo así. Hasta historiadores profesionales e importantes antropólogos nos decían: “Bueno, aquí no había más que unos pocos cazadores-recolectores rezagados deambulando por el país, no había prácticamente nada”. Todo ha cambiado radicalmente, y es así con un tema tras otro. Tampoco quiero exagerar. Sigo emitiendo el mismo tipo de críticas que he formulado durante años, pero el marco ha cambiado. El activismo ha abierto oportunidades importantes.

Yo también comparto parte de ese optimismo, pese a todo. Sin embargo, también sufrimos claramente las consecuencias de la desinformación y la propaganda en nuestros medios de comunicación, cada vez más degradados. ¿Hay otras formas de censura que expliquen la limitación de nuestro imaginario político?

Oh, claro, hay una profunda labor de censura. Mire otro artículo de esta mañana: el gobernador de Florida está promoviendo leyes para investigar las opiniones de los estudiantes en las universidades del estado y asegurarse de que hay lo que él llama “diversidad”, es decir, suficiente ideología de derechas. Quiere asegurarse de que las opiniones de extrema derecha tienen un papel primordial, en vez del papel importante que ya tienen. Es control del pensamiento al más puro estilo estalinista.

Mientras tanto, siguen inventando villanos imaginarios de izquierda y delitos de pensamiento.

Un ejemplo llamativo es el ataque que sufre en los estados republicanos la denominada “teoría crítica de la raza”. Está claro que no tienen la menor idea de qué es la teoría crítica de la raza, pero para ellos supone cualquier tipo de debate sobre temas como el Proyecto 1619, la voluntad de enfrentarnos a la historia real del país y al terrible legado que dejó. No se puede permitir porque puede acabar con el dominio de la supremacía blanca. Hay que asegurarse de que no ocurra con una labor directa de censura en colegios y universidades. Así mismo, la derecha ha desenterrado acusaciones sobre una pequeña escuela no sé dónde, no me acuerdo, que adoctrinaba a alumnos de tercero para que apoyasen los derechos de las personas transgénero, y ahora invaden las redes de ultraderecha. No cabe duda de que este tipo de censura ocurre y es importante, pero es un complemento a la iniciativa más amplia de dificultar el derecho al voto y asegurarse de que dominen las doctrinas de la supremacía blanca cristiana, tengan el apoyo popular que tengan.

Aparte de esta descarada forma de censura, ¿hay otros medios más sutiles de limitar el debate?

Sí, los ves cada vez que abres el periódico. Mire, volvamos al New York Times de esta mañana: informan sobre la última votación de la ONU, 184 votos a favor y dos en contra, de terminar con el embargo estadounidense que está oprimiendo a Cuba y que es un escándalo internacional. Es interesante analizar la redacción. Dicen que es la manera de marcar distancia por parte de “los críticos con Estados Unidos”. Los críticos con Estados Unidos resulta que son el mundo entero menos Israel, que tiene que seguirle la corriente a Estados Unidos porque es un Estado cliente. Así que, en esencia, según el Times, no es más que la oportunidad de que el mundo entero demuestre su crítica irracional hacia Estados Unidos. La narrativa no puede ser que Estados Unidos está cometiendo un delito grave que el mundo detesta y rechaza. No es censura directa, pero instruye sobre cómo se supone que tenemos que ver las cosas: que el mundo no está en sintonía con Estados Unidos, no se sabe por qué.

O sea, que sigue habiendo una frontera tácita. Creo que también entra en juego cuando hablamos del papel del capitalismo y de cómo funcionan nuestros medios de comunicación dentro del sistema capitalista. Apenas se oye hablar de esas conexiones en los medios… ni en buena parte del discurso académico, siquiera.

Eso es indiscutible. De hecho, resulta interesante echarle un vistazo a la historia del debate en torno al capitalismo. Incluso en los años sesenta, al contrario de lo que se cree, no había muchas inclinaciones anticapitalistas, ni siquiera entre la izquierda radical. Me acuerdo de una charla espectacular que dio el presidente de los SDS [Estudiantes por una Sociedad Democrática, por sus siglas en inglés], Paul Potter, en 1965, en la que defendía que había que “nombrar el sistema” cuando hablábamos de problemas sociales importantes. Sin embargo, él no lo hizo, no mencionó ni una vez la palabra capitalismo. Eran los sesenta. Hoy es distinto. Podemos hablar de capitalismo, pero solo un poco. En realidad, todavía no se puede insinuar que puede que haya otras opciones aparte del capitalismo.

Hablando de alternativas al capitalismo, desde la izquierda somos rápidos a la hora de criticar los medios corporativos, pero no tanto cuando se trata de discutir alternativas sistémicas. Como ha apuntado, hay menos periodismo de verdad hoy en día y lo que queda se va degradando cada vez más. ¿Tiene alguna idea de cómo podría ser un sistema de medios de comunicación no capitalista?

Me hago alguna idea después de leer su libro, así que voy a venderle miel al colmenero si le cuento lo que usted ha escrito. Pero bueno, usted analizaba cómo los fundadores de la República de Estados Unidos creían que el Gobierno debía subvencionar con fondos públicos la difusión de medios informativos variados. En este sentido, debería entenderse que la Primera Enmienda proporciona lo que se denomina “libertad positiva”, no solo “libertad negativa”. Debería crear oportunidades para la información libre e independiente. Subvencionar los medios informativos era una de las funciones principales de la oficina de correos. La inmensa mayoría del tráfico del servicio postal se componía de periódicos.

De modo que esa es una alternativa. De hecho, prácticamente todos los países democráticos tienen un sistema público de medios de comunicación con fondos suficientes, excepto Estados Unidos. Su obra y las de Bob McChesney analizan la historia de cómo el sistema de medios estadounidense pasó a estar más manejado por las empresas en comparación con otros sistemas del mundo. En Estados Unidos, el interés comercial y sus aliados destruyeron y acabaron con iniciativas de radio y televisión para crear un mayor sistema público de medios como contrapartida al sector privado, por eso no llegó a consolidarse aquí.

Resulta instructivo oír que apoya la subvención de los medios para construir un sistema democrático y de propiedad pública al margen del mercado (algo que evidentemente comparto), pero ¿hay otros enfoques? ¿Cómo sería un modelo socialista libertario?

Está claro que las subvenciones públicas a los medios son una posibilidad dentro del marco actual de instituciones, sin siquiera cambiarlas, simplemente recuperando las ideas que se supone que veneramos, los famosos fundadores. Pero hay mucho más. Como a finales del siglo XIX, que teníamos una prensa obrera muy diversa, independiente y con inquietudes. Publicaba artículos muy interesantes, entre ellos crónicas, análisis y debates serios escritos por trabajadores, muchos de los cuales tenían poca o ninguna educación formal, pero producían obras tremendamente destacadas (por ejemplo, el trabajo de las denominadas factory girls, las mujeres jóvenes que trasladaron del campo a las fábricas). Esa dinámica prensa obrera duró mucho tiempo en Estados Unidos, llegando a adentrarse en la década de 1950 y condenando el “sacerdocio comprado” que servía al poder privado en los principales medios de comunicación. Pero terminó arrollada por la concentración de capital y la dependencia de los anunciantes.

Todo eso puede recuperarse, todas esas posibilidades para los medios de comunicación liberados del control corporativo o estatal. Y en cuanto a los medios de comunicación públicos, hasta cierto punto pueden tener más libertad que los medios comerciales. La medida de su libertad depende en gran parte del nivel de democracia en la sociedad en general. Si están controlados por el Estado bajo el mando de la Rusia estalinista, obviamente no van a ser libres, pero si es la BBC del Reino Unido, entonces sí, pueden ser razonablemente libres (no totalmente libres, para nada, pero razonablemente libres).

Una última pregunta que no tiene que ver con los medios directamente, pero que se me antoja pertinente, sobre todo dados los recientes ataques a académicos progresistas. En el imaginario popular, la academia está plagada de enconados izquierdistas. Sin embargo, sabemos que es predominantemente una institución liberal, donde los de izquierdas son una pequeña minoría. ¿Tiene algún consejo para los radicales que actualmente están intentando hacerse un hueco en el sistema y ser eficaces activistas académicos?

Es difícil porque hay muchas barreras. El mundo académico es básicamente de centro. Dicen que es liberal, que para los estándares internacionales significa más o menos de centro. Puede que esté alineado con el Partido Demócrata, pero ni siquiera es socialdemócrata. Si intentas desligarte y ser más radical, encuentras trabas. Suelen ser sutiles, comentarios como “este no es el tipo de tema en el que quieres trabajar”, que es otra forma de decir “más te vale espabilar y hacer otra cosa”. Hay que enfrentarse a la realidad del sistema doctrinal e intentar ampliar los límites. A veces se encuentran compañeros que te apoyan y te permiten superar esas limitaciones, pero muchos no lo van a hacer. Así que hay que entender la naturaleza de la institución, la naturaleza de los factores que la llevan a funcionar así, y luego, intentar encontrar una vía a través de la maraña de dificultades.

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Por Victor Pickard (The Nation) 17/08/2021

Victor Pickard es profesor de políticas de medios de comunicación y economía política en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania, donde codirige el Media, Inequality & Change Center (Centro de medios, desigualdad y cambio).

Esta entrevista se publicó en The Nation.

Texto traducido por Ana González Hortelano

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Haibatullah Akhundzada. — Reuters

La caída de Kabul deja el país en manos de los talibanes y de su líder máximo, Hibatullah Akhundzada, ahora mismo la persona con más autoridad. Durante los últimos años ha logrado unificar a los distintos líderes talibanes y ha mostrado unos incipientes indicios de flexibilidad que los talibanes no tuvieron en los años noventa.

 

Hibatullah Akhundzada es el líder supremo político y religioso de los talibanes, y desde esta semana la máxima autoridad en Afganistán con el título de Emir al Muminin (Príncipe de los Creyentes). Su ascenso es indiscutible después de que el hasta ahora presidente Ashraf Ghani haya huido del país para evitar un baño de sangre. 

Nacido en 1959 en la provincia de Kandahar, corazón de la etnia pastún, que constituye casi la mitad de la población del país, y donde contribuyó a fundar el movimiento talibán, Akhundzada ha sido responsable de los tribunales islámicos, un cargo destacado en la estructura de poder, y en los últimos años de guerra ha sido uno de los escasos líderes de la organización que no se ha exiliado a ninguno de los países vecinos, principalmente Paquistán.

El liderazgo de la organización lo asumió hace justamente un lustro, después de que un dron americano dio muerte a Akhtar Mansour en 2016. Desde entonces la flamante máxima autoridad afgana ha eludido en todo lo posible la visibilidad con el fin de que los americanos no acabaran con él, como ocurrió con los dos líderes previos.

Desde niño tuvo un estrecho vínculo con la religión ya que su padre era el imán de una mezquita local. De familia pobre, el padre dependía para su subsistencia de las pequeñas donaciones que hacían los miembros de la comunidad, bien en metálico bien en especias. Cursó estudios religiosos con su padre hasta que la familia abandonó el pueblo para establecerse en Quetta, una ciudad de Paquistán vecina a Afganistán, a raíz de la invasión soviética, donde ingresó en un seminario.

En los ochenta se implicó en la resistencia contra los soviéticos y fue uno de los primeros miembros de los talibanes, una organización que se estableció en los noventa y que los medios de comunicación americanos consideraron que luchaba por la libertad, es decir contra la tiranía soviética, por lo que los talibanes recibieron una crucial ayuda militar y económica de EEUU.

En 1996, cuando los talibanes conquistaron Kabul, Akhundzada trabajó en el departamento que se encargaba de la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Poco después volvió a Kandahar para desempeñar la tarea de profesor en una gran madrasa, y en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, cuando el presidente George Bush decidió intervenir en Afganistán, fue designado responsable de los tribunales de la sharia en todo Afganistán.

Su prestigio no es tanto militar como religioso, y son conocidas sus intervenciones de mediación entre líderes islamistas de distinta orientación. Los dos anteriores líderes talibanes contaron con él en lo tocante a cuestiones religiosas, pero a diferencia de ellos se cree que Akhundzada nunca llegó a dejar el país durante las dos décadas de presencia estadounidense. En 2015 fue ascendido al segundo puesto en el rango de los talibanes y estableció un mecanismo para investigar los abusos cometidos por los jefes locales talibanes en cada una de las provincias.

En 2012 se le intentó asesinar sin éxito, un riesgo común a un gran número de líderes talibanes y que en su caso se atribuyó a los servicios secretos afganos. Mientras impartía una lección, un hombre se levantó y le apuntó con una pistola, disparó pero el arma se encasquilló y el atacante fue detenido por los talibanes sin causar ningún daño.

El 25 de mayo de 2016, fue designado máximo líder de los talibanes para sustituir a Akhtar Mansour, quien fue asesinado tres días antes en el ataque de un dron contra la caravana en la que viajaba en Paquistán. El asesinato fue obra de los americanos y fue autorizado expresamente por el presidente Barack Obama. Mansour había señalado con anterioridad a Akhundzada como su sucesor en el caso de que le ocurriera algo, y la Shura o Consejo Consultivo talibán confirmó el nombramiento.

Poco después declaró que los talibanes estaban dispuestos a negociar con el gobierno de Kabul y que un acuerdo entre las dos partes era posible siempre y cuando el gobierno de Kabul renunciara a la injerencia extranjera, es decir rompiera sus lazos con EEUU. En su opinión, el apoyo de EEUU al gobierno de Kabul ha sido similar a las injerencias previas de los británicos y los soviéticos en el país.

Su prestigio religioso ha llevado a algunos analistas a considerar que su jefatura es más simbólica que real. Como otros líderes talibanes, Akhundzada ha huido de los focos y ha llevado una vida semioculta durante décadas, principalmente debido a que sabe que tanto los americanos como los afganos le habían colocado en el punto de mira.

Akhundzada tiene varios familiares directos que han muerto en la guerra, como uno de sus hijos, que falleció durante un ataque suicida contra una base militar afgana en la provincia de Helmand en 2017. Dos años más tarde murió uno de sus hermanos en la explosión de una bomba. La muerte también se cebó con algunos otros familiares.

El acuerdo que los talibanes alcanzaron en Qatar con los americanos en febrero de 2020 fue supervisado por Akhundzada, quien calificó el pacto de una "gran victoria". A esa altura ya estaba claro que Wahington quería abandonar Afganistán a cualquier precio ya que su permanencia en el país era más costosa que cualquier otra opción. Además, Akhundzada dijo que Afganistán estaba a punto de convertirse en un "estado islámico puro", advirtiendo a sus correligionarios que no mostraran "arrogancia" a causa de las continuas victorias talibanes.

Durante los últimos años se ha esforzado por unificar a los distintos líderes talibanes, una tarea complicada que ha culminado con éxito, al menos por ahora. En 2017 señaló que "la puerta de la amnistía y el perdón está abierta" para facilitar la reconciliación en el país. Existen varios indicios que señalan que los talibanes de hoy no son tan intolerantes y estrictos como los de los años noventa, si bien esto deberá comprobarse en el día a día a partir de ahora.

16/08/2021 21:53 Actualizado: 16/08/2021 23:47

Por Eugenio García Gascón

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Miembros de las fuerzas de seguridad afganas en Kabul. — EUROPA PRESS

 

Los insurgentes aseguran que ellos no quieren herir a los ciudadanos y que esperan entrar en la capital afgana mediante una negociación con el gobierno.

 

Los talibanes han llegado a las afueras de Kabul, donde el Gobierno afgano reconoció que se produjeron "disparos", aunque los insurgentes aseguran que no entrarán en la capital por la fuerza y están negociando una transición de poder.

"En varias áreas remotas de Kabul se han escuchado disparos. Las fuerzas de seguridad del país, en coordinación con los socios internacionales, controlan la situación de seguridad en Kabul", aseguró en Twitter la oficina del Palacio Presidencial afgano.

La situación es de pánico en la capital, con las autoridades afganas pidiendo a todos los funcionarios que abandonen sus puestos de trabajo y vayan a sus hogares, mientras cierran tiendas y bancos, con el tráfico paralizado por grandes atascos.

Los talibanes, en un comunicado, han pedido a sus combatientes, tras tomar el control de casi la totalidad del país, "no luchar en Kabul" y que permanezcan "en las puertas" de la capital, sin tratar de entrar en la ciudad.

"Dado que la capital Kabul es una ciudad grande y densamente poblada, los muyahidines del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) no tienen la intención de entrar en la ciudad por la fuerza o combatir, sino más bien entrar en Kabul pacíficamente", remarcaron los insurgentes.

Para ello, continuaron, "se están llevando a cabo negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de manera segura, sin comprometer la vida, la propiedad y el honor de nadie, y sin comprometer la vida de los kabulíes".

Mientras tanto, insistieron en que el control de la seguridad en Kabul sigue recayendo "en el otro bando", y recordaron a la población que no tienen "intención de vengarse de nadie", incluidos los que sirvieron en el Ejército, la Policía o en la Administración: "Están perdonados y a salvo, nadie será objeto de represalias".

"Todos deben permanecer en su propio país, en su propio hogar, y no intentar salir del país", sentenciaron. El acecho de los talibanes había aumentado la presión para tratar de encontrar una salida de urgencia de parte de la población ante la probable caída de la ciudad, un temor que se cierne sobre funcionarios públicos, académicos, periodistas y, sobre todo, entre aquellos que han trabajado con alguno de los países que enviaron tropas a Afganistán para combatir a los insurgentes.

El Gobierno estadounidense dijo a principios de este mes que ya tramitaba unas 20.000 solicitudes de visado de afganos que ayudaron a sus soldados junto a sus familiares, al menos 50.000 personas más.

Este fin de semana se espera que lleguen a Kabul una mayoría de los 4.000 militares estadounidenses que el Pentágono ha decidido enviar a la capital afgana para la evacuación de la mayor parte del personal de la embajada de EEUU y de ciudadanos afganos.

Otros países como Canadá, Alemania, Reino Unido o España también han anunciado la próxima evacuación de parte del personal de sus embajadas y de otros ciudadanos afganos con sus familias que trabajaron codo con codo con ellos durante estas dos décadas.

15/08/2021 10:44 Actualizado: 15/08/2021 11:16

EFE

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Si no se disuelven las fuerzas armadas no habrá Estado plurinacional: Silvia Rivera Cusicanqui y María Galindo

Radio Deseo, ubicada en La Paz, organizó el 12 de agosto un debate entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y la integrante de Mujeres Creando María Galindo, para discutir la pregunta «¿Existe Bolivia?»

La cuestión del Estado estuvo en el centro de los casi cien minutos de un debate que abordó el tema desde varias miradas, con gran profundidad crítica, en momentos en los que el pensamiento crítico ha sido desfigurado por el pragmatismo de los gobiernos y partidos que se proclaman progresistas (https://www.youtube.com/watch?v=8geutNBIvqc).

La mirada feminista de ambas las llevó al cuestionamiento del Estado-nación y de forma particular del proclamado Estado Plurinacional, del que coincidieron que no existe. Para ellas, el Estado realmente existente es colonial y patriarcal, al punto de que, según Galindo, “los gobiernos son administradores de un proyecto colonial mundial” y no regímenes soberanos, más allá del color del partido que ocupe el palacio.

Para Rivera, el Estado boliviano es un “engendro” que, cuando fue fundado, apenas el 10 por ciento de la población hablaba la lengua oficial, el castellano. Las fronteras trazadas fueron arbitrarias y a pesar de la revolución de 1952 y del “proceso de cambio” encabezado por Evo Morales, “la república se sigue superponiendo a otras repúblicas” (entre ellas las de la soya, la del petróleo y el gas) que son independientes, no pagan impuestos y obedecen a intereses transnacionales.

Bajo la mirada crítica de Silvia y de María fueron desfilando el patriotismo, recordando que los indianistas no se consideraron nunca bolivianos, pero también los partidos políticos y las academias que reproducen tanto el colonialismo como el patriarcado, y aseguraron que la identidad nacional es una imposición externa.

El Estado Plurinacional es “totalmente falso”, ya que no le otorga validez ni representación a los pueblos indígenas, dijo Silvia, porque “sus voces están ahí para subordinarse al partido, que lejos de ser un partido de los movimientos sociales es una cúpula que se sobreimpone a los movimientos y los arrastra en torno suyo”. A los pueblos, añadió, “les han hecho creer que son nación para que se olviden que son comunidad”, con el único derecho de desfilar en fiestas patrias y tener una agencia bancaria en sus poblaciones.

En Chile y en Argentina nos miran con envidia, responde María, en referencia a la plurinacionalidad, “y yo les digo que no es ninguna panacea”, porque el Estado nación boliviano se denomina ahora Plurinacional “sin modificar ninguna de las estructuras de poder político, económico y simbólico”. En su opinión es apenas una operación retórica, ya que los pueblos no accedieron a servicios de salud, educación y justicia diferentes. A las compas chilenas les dice que el concepto de plurinacionalidad que están debatiendo no aporta nada.

El debate fue deslizándose, casi naturalmente, hacia el papel de las fuerzas armadas. “Si quieren fundar un Estado Plurinacional en Chile, una condición fundamental es la disolución de las fuerzas armadas, porque condensan el concepto de Estado nación, representan la fuerza coercitiva, se llevan el excedente mayor en todas las sociedades y representan el concepto de masculinidad”, dijo María, quien envió un especial recado a Elisa Loncón, presidenta sobre la Convención Constituyente.

Las dos coincidieron en que las fuerzas armadas son una institución colonial y patriarcal e hicieron un llamado a la disolución de la justicia del Estado, de los sistemas de salud y de educación existentes. Llamaron también a que las feministas, y otros sectores, puedan crear conceptos propios sobre lo que desean para el futuro.

“Hay razones de sobra para mostrar que el ejército es el cascarón subsistente de una vieja casta que se reproduce en el poder y es la garantía de su impunidad”, sumó Silvia, a lo que María agregó que esto no se arregla con que los aymaras u otros pueblos tengan comandantes en las fuerzas armadas, o que las mujeres entren a los ejércitos.

Sin duda, un debate apasionante, necesario, profundo, valiente porque no se detuvo ante realidades incómodas. Apenas una invitación a escuchar y compartir.

14 agosto 2021

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 Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, presenta a Messi en París.. Imagen: EFE

La geopolítica detrás de la contratación de la estrella del fútbol

Qatar es el principal exponente del sportswashing, un concepto acuñado en 2015. Es el intento de utilizar al deporte como un lavado de cara, algo que muchas naciones realizaron en los últimos años.

En el distrito XVI de París, a once minutos en Metro desde la Torre Eiffel, el Parque de los Príncipes es la sede del primer club-Estado de la posmodernidad.Un nuevo concepto de la geopolítica que hizo posible el PSG de Messi, Neymar y Mbappé. Detrás de este rey Midas futbolístico hay un emirato tan rico como diversificado en inversiones por todo el planeta: Qatar. De 11,571 km cuadrados - casi la mitad de la superficie de Tucumán - tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y la tercera reserva de gas.

Su fondo soberano, el QSI, pone la plata que haga falta para practicar el sportswashing, un concepto acuñado en 2015. Es el intento de utilizar al deporte como un lavado de cara, algo que muchas naciones realizaron en los últimos años. Rusia organizó el Mundial de la FIFA e Israel el Giro de Italia que partió de Jerusalén en 2018, Azerbaiyán la final de la Europa League en 2019 y Arabia Saudita programó para diciembre próximo su Gran Premio de Fórmula Uno en Jeddah. ¿Qué tienen en común estos eventos? Se dan cuando determinados gobiernos reciben críticas de organismos internacionales por violar los derechos humanos. Qatar lidera esta política de enjuague. Ya fue la sede de los mundiales de handball (2015), atletismo (2019) y en 2022 recibirá al de fútbol.

Reino de contrastes

El emirato tiene contrastes notables. Cuando sus vecinos - las demás monarquías del Golfo Pérsico- lo acusaban hasta hace poco de financiar el terrorismo, mantuvo una base aérea de Estados Unidos en su minúsculo territorio a 30 kilómetros de Doha, su capital. En 2016 se lanzaron desde ahí operaciones contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Al Udeid no es cualquier instalación militar. Contiene al Centro de Operaciones Aéreas Conjuntas (CAOC, por sus siglas en inglés) de EE.UU, vital para sus operaciones de inteligencia en la región.

La familia gobernante qatarí ya cruzó tres siglos en el poder. Cuando el régimen del emir Tamim bin Hamad Al Thani fue aislado por el bloqueo del reino saudí – levantado en enero de este año – se recostó en una alianza con Irán y Turquía. Tampoco resignó su política de inversiones explosivas ni su alto perfil de jugador global. Incluso mantuvo a su cadena de noticias Al Jazeera, cuyo cierre le exigían sus vecinos porque la acusaban de haber alentado la Primavera Árabe que acabó con gobiernos como los de Tunez, Egipto y Libia.

Qatar se salió con la suya, no acató ninguna de las trece exigencias de la monarquía saudita y ésta admitió su derrota diplomática. En ese entramado de aparentes piezas sueltas, y muy lejos del Golfo Pérsico, el PSG se transformó con el tiempo en su principal producto de cosmética. Lo utilizó como un lápiz labial para escribir su historia en el corazón cultural – y ahora, gracias a Messi-, epicentro futbolístico de Europa.

De tenista a magnate

Nasser Al-Khelaïfi, NAK para sus amigos, es el presidente del París Saint Germain, un qatarí sin títulos de nobleza pero amigo del emir Al Thani. De un discretísimo nivel como tenista profesional – llegó a estar en el puesto 995° del ranking ATP en 2002 – escaló hasta manejar el Qatar Sports Investments (QSI). El Fondo que hará posible pagarle el contrato a Messi por 40 millones de euros al año, en un vínculo por dos temporadas con opción a una tercera.

“Si firmamos con Messi es porque tenemos la capacidad de hacerlo” respondió NAK cuando le hicieron la pregunta incómoda que viene escuchando desde que maneja al PSG. Al empresario lo persiguen las sospechas de falta de transparencia financiera. Tanto o más que las acusaciones recibidas por el emirato por explotación despiadada contra los trabajadores en las obras del Mundial 2022. Hay quienes denunciaron la contratación de Messi en la Justicia francesa. El abogado Juan Branco, defensor de Julian Assange y de una peña del club Lyon – rival en la Liga del PSG – dijo: “La Liga de Francia decidió posponer a 2023 las sanciones a los que no cumplen esas reglas, o sea después del mundial de Qatar. Hasta entonces el PSG puede hacer lo que le dé la gana, mientras que el Barça tiene que acatar esa normativa”.

Trabajo esclavo

Lo que gasta el club-Estado en refuerzos para su plantel lo pudo haber ahorrado Qatar en la construcción de sus estadios para la Copa del Mundo. Las acusaciones contra el emirato por trabajo esclavo surgieron cuando se conoció la Kalafa. Así se llamaba el régimen jurídico que rigió hasta 2015 y permitía a las constructoras tomar migrantes por cinco años o más, aunque bajo una condición: los asalariados debían pedirles permiso para cambiar de empleo o salir del país. Sometidos a la voluntad de los desarrolladores que, en muchos casos, les retenían el pasaporte. Las denuncias por falta de pago también abundaban.

Una de ellas partió desde la ciudad donde nació Messi. La Fundación Argentina para la Democracia Internacional tiene su sede en Rosario y llegó hasta el Papa Francisco con un informe sobre Qatar en 2017. Entre sus acusaciones figuraban que los inmigrantes vivían hacinados en precarias viviendas, rodeados por moscas y cucarachas y en condiciones higiénicas lamentables. También sostenía que no existían sindicatos que los defendieran. “Ahí pude ver, apilados y amuchados, a cientos de los obreros de la construcción que llegan mayormente desde India, Nepal, Bangladesh, aunque también los hay de Sri Lanka, Filipinas o Uganda. No se ven mujeres. Sólo hay hombres, sólo fuerza de trabajo” contó el periodista argentino Santiago Menicheli, uno de los pocos que comprobó in situ lo que pasaba en el emirato.

El último 1° de mayo en Qatar, su ministro de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales, Yousef bin Mohamed al-Othman Fakhroo, se ufanó de los “incansables esfuerzos encaminados a promover y proteger los derechos de los trabajadores”. Una de las medidas que tomó el emirato fue interrumpir las actividades laborales si la temperatura supera los 32,1 grados al aire libre e impuso la obligación de los controles de salud anuales.

A casi siete horas de vuelo de Qatar, en las calles de París donde ya se vendieron más de un millón de camisetas de Messi con el número 30, Al-Khelaïfi se acerca a cumplir una década al frente del PSG. Asumió como presidente del Fondo QSI en junio de 2011 y el 7 de octubre de ese año llegó al club francés. Durante su mandato invirtió alrededor de 1300 millones de euros y su poder creció hasta integrar el comité ejecutivo de la UEFA (Unión Europea de Fútbol).

Según el británico Simón Chadwick, profesor de Geopolítica Económica del deporte, “los comentarios sobre Messi, la venta de camisetas y los acuerdos con patrocinadores son necesarios, ya que Qatar es un estado rentista. Sin embargo, esto refleja típicamente la noción neoclásica de lo que es el negocio del fútbol. El fútbol del siglo XXI es ahora una economía geopolítica en la que el ROI (Índice de Retorno de la Inversión) se mide en algo más que términos financieros”.

Kagame

Es tan amplio el universo de negocios y tráfico de influencias que promueve la llegada de Messi al PSG, que hasta un pequeño país africano potenció su campaña de turismo junto a los colores del equipo francés. Visite Ruanda, se lee en la espalda de la camiseta desde 2019. Qatar es uno de los inversores más fuertes en esa nación donde se cometió el último genocidio del siglo XX. Hace un tiempo, su presidente Paul Kagame, le asignó la construcción del nuevo aeropuerto de Kigali. Las visitas al Parque Nacional de los Volcanes donde hay un santuario de gorilas son el máximo atractivo del país. Neymar y otros futbolistas ya lo promocionaron antes de la llegada de Messi. “This is Rwanda”, dijeron a cámara en un inglés forzado para el spot publicitario.

Por Gustavo Veiga

14/08/2021

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Cuba aprueba esperada ley para crear Pymes privadas y estatales

Pasos firmes para actualizar el modelo económico en la isla: Díaz-Canel

Estas pequeñas empresas ya existen de forma "enmascarada", admite el gobierno

 

La Habana. El gobierno cubano aprobó a última hora del viernes el decreto de ley que autoriza el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) privadas y estatales, una medida que avanza hacia las reformas económicas en el país socialista, en el que predomina la empresa pública.

"El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país", señala una nota en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

La aprobación de las "normas jurídicas" que regirán las Pymes "ya es un hecho", celebró en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel. "Seguimos dando pasos firmes en la actualización del modelo económico de Cuba", apuntó.

Su ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó que con la legalización de las Pymes y mayor autonomía de la empresa estatal, "la economía cubana entra en un proceso de transformación y desarrollo".

Esta decisión, largamente esperada por los emprendedores cubanos, llega casi un mes después de que estallaron las inéditas manifestaciones opositoras al gobierno, los pasados días 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En una sesión ordinaria del Consejo de Estado, en la que Díaz-Canel participó mediante videoconferencia, se aprobaron otras medidas orientadas al desarrollo de las cooperativas no agropecuarias y de los trabajadores independientes o por cuenta propia.

"Para la economía cubana, no sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito histórico, esto representa un paso gigante que tendrá consecuencias en el mediano y largo plazos" para la reconfiguración de la economía, declaró Oniel Díaz, consultor especializado en desarrollo de negocios.

La asamblea determinó que las Pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas y que las microempresas podrán tener de uno a 10 empleados; las pequeñas, de 11 a 35 personas, y las medianas, hasta 100 trabajadores.

En febrero pasado, el gobierno amplió a más de 2 mil las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.

El gobierno señaló en junio que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista de las Pymes, como "programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías".

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseveró en junio que la ampliación de actividades a manos de privados "no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar".

Para Oniel Díaz es un "momento importantísimo por el que muchos empresarios privados llevan años esforzándose, trabajando y tratando de aportar en el debate nacional".

El gobierno ha reconocido que las pequeñas empresas funcionan ya en la isla de manera "enmascarada", pero con un marco legal se podría generar mayor interés hacia estos negocios.

Para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó "una decisión significativa que puede revalorizar el interés empresarial en la isla", dijo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en junio pasado, cuando el gobierno cubano anunció que reglamentaría las Pymes.

Cuba ha acelerado sus reformas, mientras enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al sector turístico, motor de su economía, y en medio del embargo económico de Estados Unidos endurecido por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

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