Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice la sabiduría popular. ¿Está cumpliendo el Gobierno con matrícula cero, un triunfo de la juventud colombiana y del estudiantado universitario en particular? ¿Qué nos muestran las medidas tomadas para satisfacer esta demanda, entre ellos el decreto 662 de 2020?

 

Un logro hecho realidad en las calles. La aprobación oficial de la matrícula cero para el acceso a la educación superior en el país, si bien aún no alcanza a ser educación pública gratuita y universal para todos y todas, sí representa un importante paso en esa dirección. Un logro que no a pocos estudiantes les costó la pérdida de un ojo producto de disparos del Esmad, y a otros laceraciones de distinto grado en su humanidad.

Aunque esta demanda estuvo en el centro de las motivaciones de miles antes del 2020, fue en este año, tras las inmensas protestas del 2019 cuando el Gobierno la recogió en el decreto 662. Antes había creado el Fondo Solidario para la Educación, por medio de la cual asumía los costos acarreados por miles de estudiantes exonerados de pago de pensión.

Las limitantes de estas medidas fueron interpretadas por los “beneficiados”, como una dilación a su demanda de educación pública gratuita y universal, por lo cual la consigna siguió presente en las protestas, torciendo el brazo gubernamental: el 7 de diciembre de 2021 fue expedido el decreto 1667 que volvía política de Estado la matrícula cero.


El Fondo privatizador para la educación

Según la argumentación oficial, el propósito del decreto 662 de 2020 era el de “mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo” mediante diferentes programas de educación, principalmente enfocados hacia la consolidación del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus covid-19. El decreto recogía mecanismos para ampliar plazos de pago de deuda contraídas con el Icetex, reducía intereses por cancelar y brindaba nuevas oportunidades para acceder a nuevos créditos para el 2020, pero no resolvía lo fundamental: la educación gratuita y universal.

Para garantizar que el Icetex contará con los fondos suficientes para atender los giros permitidos por el decreto antes comentado, el 23 de marzo de 2020 expidieron un nuevo decreto, el 467, por medio del cual se inyectaban $70.247.695.1571 de pesos a esta especie de banco que tiene el gobierno para endeudar aún más a quienes no tienen con que cubrir los costos que le implican tener que pagar lo que le corresponde al Estado.

Como “al que no quiere caldo le dan dos tazas”, el artículo 3 del decreto 662 de 2020, con el supuesto oficial de aliviar la crisis económica en las familias colombianas y así prevenir la deserción de los estudiantes, también daba paso a unas nuevas líneas de crédito para el pago de matrículas de los jóvenes inscritos en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.

En últimas, aunque con menor cantidad de recursos asignados, se encontraba un “auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” que el gobierno nacional priorizaba en su discurso ante los medios de comunicación como matrícula cero, como una evidencia del compromiso duquista con la educación pública.

Esta noticia fue recibida en un primer momento con bombos y platillos por las diversas organizaciones estudiantiles de país y por las diferentes administraciones de las 33 universidades públicas, en especial por aquellas que en su momento se encontraban tomadas por los estudiantes como mecanismo de presión en búsqueda de la denominada matrícula cero2.

La alegría que cundió, aunque no correspondía al logro del propósito central que movilizaba al estudiantado, se debió a que para muchos estudiantes significaba un alivio en los costos educativos y una garantía de poder proseguir sus estudios en el marco de la crisis por la pandemia por covid-19, mientras que para los rectores implicaba un compromiso con la educación pública por parte del gobierno y una desmovilización del movimiento estudiantil, muy convulsionado desde el 2018.


Sin embargo, pocas voces se alzaron en contra de un decreto que en su práctica discrepaba mucho de su objetivo, dado el hecho de que los programas de educación del Fondo Solidario para la Educación iban encaminados principalmente hacia una focalización y un subsidio a la demanda bajo nuevas líneas de crédito. Es decir, poco o nada aportaba a la mitigación de la reducción de la deserción y la promoción de la permanencia en la educación superior, mucho más si tenemos en cuenta tal decreto. La educación superior, gratuita y universal como derecho continúa, no hay duda, envolatada.

El decreto desconocía otros factores importantes que influían considerablemente en la tasa de deserción y permanencia de la educación pública, por ejemplo, las necesidades de alimentación, movilidad y vivienda que sufren la mayoría de los estudiantes de universidades públicas y que solo se solucionan con la superación de las problemáticas presupuestales de la educación pública que permitieran mayor presupuesto para el rubro de bienestar universitario.
Desfinanciación

Son todos estos aspectos en lo que ahonda el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachi3, para quien la matrícula cero ignora el costo real de un estudiante: “¿Qué es lo que hace esta matrícula? Es simple: profundizar la crisis de desfinanciación de las universidades. ¿Y por qué esto? Porque no atiende los costos operacionales de funcionamiento que representa un estudiante para cada universidad pública, es decir, “[…] mientras que Ser pilo paga o Generación E pagan $24.000.0000 de pesos en la Universidad de los Andes, en una universidad como la Pedagógica Nacional el promedio de costo de un estudiante es de $4.500.000 […]”.

Es decir, la matrícula cero tampoco logra resolver el problema del decrecimiento presupuestal en razón del promedio de costos por estudiante que se viene dando desde 1993, momento en que la ley 30 definió que el presupuesto de la educación superior pública iba aumentando anualmente en relación con el IPC y no en relación con el porcentaje de cobertura y su aumento al interior de las universidades públicas, ni mucho menos con el aumento de costos por estudiante, que normalmente duplica el IPC. Como resultado de la ley 30, durante 27 años la cantidad de estudiantes de las universidades públicas, sumados hasta el 2020, aumentó en un 253 por ciento4, mientras que el aumento presupuestal en la misma medida de tiempo no fue superior al 130 por ciento.

Desmontados por las orejas. Toca resaltar que si bien las movilizaciones y el paro estudiantil durante el 2018 lograron un acuerdo con el gobierno nacional alrededor de varios puntos, especialmente en términos presupuestales, en el decreto que reglamenta y regula la matrícula cero existe un retroceso en lo firmado en las negociaciones con el gobierno, porque por un lado fortalece los programas de crédito –que son unos de los responsables de la desviación de recursos públicos a universidades privadas– y por otro, desconoce el verdadero costo de la canasta promedio de un estudiante.

“Entonces –amplia el profesor Choachí– miren que no es matrícula cero porque no cubre los costos operacionales, está resolviendo el problema del estudiante pero el problema estructural de desfinanciación de la educación pública persiste [...]; resuelven una necesidad concreta que era urgente y necesaria para que muchos jóvenes pudieran estudiar, pero el problema estructural sigue sin tocarse, o sea, no hay recursos adicionales para cubrir lo que realmente cuesta un estudiante para el funcionamiento en la universidad, entonces por eso decimos que el tema de matrícula cero sigue siendo un engaño”.

De esta manera el gobierno nacional logró convertir unas exigencias colectivas, como son el desmonte del subsidio a la demanda y la solución pronta de las necesidades presupuestales de la educación pública, características de las dos últimas grandes coyunturas de movilización estudiantil (la Mane y la Unees), en un problema individual –el pago de la matrícula–, todo ello mediante un decreto que viene con otros programas de educación, estos incluso con mayor presupuesto y más nocivos para el tan ya golpeado presupuesto de la educación pública.
Desangrar la Universidad
como política de Estado
No satisfechos con el golpe mortal dado al presupuesto de las universidades públicas, los esfuerzos por parte del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de educación María Victoria Ángulo, estuvieron enfocados a convertir en política de Estado los programas oficiales contenidos en el decreto 662 de 2020, definiendo de esta manera, como un lineamiento general por parte del Estado, la financiación y promoción del endeudamiento como el mecanismo básico para el acceso a la educación superior.

Para darle más forma a su propósito, en el decreto 27 de la Ley de Inversión Social el gobierno nacional define los criterios de selección para los beneficiarios de la matrícula cero. Allí precisa que solo quienes procedan de estratos 1, 2 y 3 podrán recibir el auxilio en el pago del valor de la matrícula hasta el año 2023, dado que a partir de entonces los recursos se destinarán a los estudiantes que logren clasificar mediante el sisben IV. La consecuencia de esto es que incluso los estudiantes beneficiarios de la matrícula cero podrían verse reducidos, ya que la mayoría de universidades públicas han afrontado su precariedad financiera para poder cumplir con la matrícula cero, llegando incluso a reasignar recursos propios.

 

Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la Educación Superior Pública

 

 

La Ley de Inversión Social también deja claro que “estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas”, aclaración que reconfirma el interés mercantil –la educación debe ser negocio y producir ganancias al capital– que sobre un derecho fundamental prevalece en la clase que está al frente del gobierno.

Entonces, retoma Choachí, los recursos asignados no están destinados “[…] para garantizar matrícula cero sino para garantizar Generación E y la financiación de Ser pilo paga. ¿Qué significa esto? Que los recursos del presupuesto de la educación pública, que deben ser asignados en la partida presupuestal, en gran proporción serán destinados al Icetex para que cubra la demanda de los estudiantes que están en ese programa”. Es decir, el que quiera estudiar que pague.

Y para los insuficientes recursos asignados para cada universidad, mediante el decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021, el gobierno nacional regula la matrícula cero. En este decreto, de manera más meticulosa, construye un filtro de beneficiarios que al final termina reduciendo la matrícula cero a una cantidad de estudiantes específicas, todo ello a partir de diferentes criterios, con énfasis en el registro en la base de datos de sistema sisben IV. Como puede pensarse, un mecanismo más, no solo para negar el derecho exigido por los estudiantes, sino un conducto más expedito para hacer clientelas.
La larga deuda irresuelta

La transformación de la matrícula cero en política de Estado y bandera falsa del gobierno nacional de un compromiso con la educación pública, deja a un lado las necesidades presupuestales en creciente desde 1993 y cuyo cubrimiento ha sido desde entonces una de las permanentes exigencia del estudiantado, que ve y padece con indignación el declive estructural y presupuestal de sus casas de estudios. Como ya está dicho, lo que sí pretende es endeudar más a los ya empobrecidos estudiantes que acuden a tal recurso. Niegan el derecho a la educación y acrecientan el negocio, además de ampliar el control social de los endeudados, obligados a cumplir con ciertos parámetros en el resultado de sus estudios semestrales.

Esta política educativa de apariencias y manipulación, como lo trae a cuenta el profesor Helberth Choachi: no otorga la base presupuestal para resolver los problemas que en infraestructura, funcionamiento, planta docente, adecuaciones urgentes de los centros de estudios para enfrentar las exigencias locativas que trae la pandemia y la presencialidad en las universidades.

¿Cómo aumentar cupos para una mayor cobertura de estudiantes, se pregunta el profesor de Choachí, si las instalaciones de estos centros de estudio no son mejoradas, ampliadas, incrementado el número de profesores, construidos nuevos laboratorios…? ¿Y qué dicen sobre todo esto los decretos expedidos para financiar la, no cabe duda de ello, mal llamada matrícula cero, traducida por arte de legalismos en un disfraz de la real negación del derecho a educación pública, gratuita y universal?

El panorama no es halagador, y los retos están ante todo el estamento universitario: el gobierno, de nuevo, logra torcer el mandato estudiantil, así como las exigencias de otros estamentos universitarios. ¿Quedarán burladas las conquistas de varios años de lucha y descontento social, familiar, estudiantil, con la negación de un derecho fundamental? ¿Quedarán aplastados los estudiantes por el crédito firmado ante el Icetex o, como movimiento social, alzarán con más fuerza las banderas que les han animado en sus últimas y masivas movilizaciones?

 

1 Decreto 467 de 2020.
2 Para mayor información, recomiendo consultar los reportajes realizados por Desde Abajo a las estudiantiles por la matrícula cero en las universidades públicas con presencia en Bogotá.
3 Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
4 Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la educación superior pública

* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá.

 

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Publicado enColombia
Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice la sabiduría popular. ¿Está cumpliendo el Gobierno con matrícula cero, un triunfo de la juventud colombiana y del estudiantado universitario en particular? ¿Qué nos muestran las medidas tomadas para satisfacer esta demanda, entre ellos el decreto 662 de 2020?

 

Un logro hecho realidad en las calles. La aprobación oficial de la matrícula cero para el acceso a la educación superior en el país, si bien aún no alcanza a ser educación pública gratuita y universal para todos y todas, sí representa un importante paso en esa dirección. Un logro que no a pocos estudiantes les costó la pérdida de un ojo producto de disparos del Esmad, y a otros laceraciones de distinto grado en su humanidad.

Aunque esta demanda estuvo en el centro de las motivaciones de miles antes del 2020, fue en este año, tras las inmensas protestas del 2019 cuando el Gobierno la recogió en el decreto 662. Antes había creado el Fondo Solidario para la Educación, por medio de la cual asumía los costos acarreados por miles de estudiantes exonerados de pago de pensión.

Las limitantes de estas medidas fueron interpretadas por los “beneficiados”, como una dilación a su demanda de educación pública gratuita y universal, por lo cual la consigna siguió presente en las protestas, torciendo el brazo gubernamental: el 7 de diciembre de 2021 fue expedido el decreto 1667 que volvía política de Estado la matrícula cero.


El Fondo privatizador para la educación

Según la argumentación oficial, el propósito del decreto 662 de 2020 era el de “mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo” mediante diferentes programas de educación, principalmente enfocados hacia la consolidación del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus covid-19. El decreto recogía mecanismos para ampliar plazos de pago de deuda contraídas con el Icetex, reducía intereses por cancelar y brindaba nuevas oportunidades para acceder a nuevos créditos para el 2020, pero no resolvía lo fundamental: la educación gratuita y universal.

Para garantizar que el Icetex contará con los fondos suficientes para atender los giros permitidos por el decreto antes comentado, el 23 de marzo de 2020 expidieron un nuevo decreto, el 467, por medio del cual se inyectaban $70.247.695.1571 de pesos a esta especie de banco que tiene el gobierno para endeudar aún más a quienes no tienen con que cubrir los costos que le implican tener que pagar lo que le corresponde al Estado.

Como “al que no quiere caldo le dan dos tazas”, el artículo 3 del decreto 662 de 2020, con el supuesto oficial de aliviar la crisis económica en las familias colombianas y así prevenir la deserción de los estudiantes, también daba paso a unas nuevas líneas de crédito para el pago de matrículas de los jóvenes inscritos en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.

En últimas, aunque con menor cantidad de recursos asignados, se encontraba un “auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” que el gobierno nacional priorizaba en su discurso ante los medios de comunicación como matrícula cero, como una evidencia del compromiso duquista con la educación pública.

Esta noticia fue recibida en un primer momento con bombos y platillos por las diversas organizaciones estudiantiles de país y por las diferentes administraciones de las 33 universidades públicas, en especial por aquellas que en su momento se encontraban tomadas por los estudiantes como mecanismo de presión en búsqueda de la denominada matrícula cero2.

La alegría que cundió, aunque no correspondía al logro del propósito central que movilizaba al estudiantado, se debió a que para muchos estudiantes significaba un alivio en los costos educativos y una garantía de poder proseguir sus estudios en el marco de la crisis por la pandemia por covid-19, mientras que para los rectores implicaba un compromiso con la educación pública por parte del gobierno y una desmovilización del movimiento estudiantil, muy convulsionado desde el 2018.


Sin embargo, pocas voces se alzaron en contra de un decreto que en su práctica discrepaba mucho de su objetivo, dado el hecho de que los programas de educación del Fondo Solidario para la Educación iban encaminados principalmente hacia una focalización y un subsidio a la demanda bajo nuevas líneas de crédito. Es decir, poco o nada aportaba a la mitigación de la reducción de la deserción y la promoción de la permanencia en la educación superior, mucho más si tenemos en cuenta tal decreto. La educación superior, gratuita y universal como derecho continúa, no hay duda, envolatada.

El decreto desconocía otros factores importantes que influían considerablemente en la tasa de deserción y permanencia de la educación pública, por ejemplo, las necesidades de alimentación, movilidad y vivienda que sufren la mayoría de los estudiantes de universidades públicas y que solo se solucionan con la superación de las problemáticas presupuestales de la educación pública que permitieran mayor presupuesto para el rubro de bienestar universitario.
Desfinanciación

Son todos estos aspectos en lo que ahonda el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachi3, para quien la matrícula cero ignora el costo real de un estudiante: “¿Qué es lo que hace esta matrícula? Es simple: profundizar la crisis de desfinanciación de las universidades. ¿Y por qué esto? Porque no atiende los costos operacionales de funcionamiento que representa un estudiante para cada universidad pública, es decir, “[…] mientras que Ser pilo paga o Generación E pagan $24.000.0000 de pesos en la Universidad de los Andes, en una universidad como la Pedagógica Nacional el promedio de costo de un estudiante es de $4.500.000 […]”.

Es decir, la matrícula cero tampoco logra resolver el problema del decrecimiento presupuestal en razón del promedio de costos por estudiante que se viene dando desde 1993, momento en que la ley 30 definió que el presupuesto de la educación superior pública iba aumentando anualmente en relación con el IPC y no en relación con el porcentaje de cobertura y su aumento al interior de las universidades públicas, ni mucho menos con el aumento de costos por estudiante, que normalmente duplica el IPC. Como resultado de la ley 30, durante 27 años la cantidad de estudiantes de las universidades públicas, sumados hasta el 2020, aumentó en un 253 por ciento4, mientras que el aumento presupuestal en la misma medida de tiempo no fue superior al 130 por ciento.

Desmontados por las orejas. Toca resaltar que si bien las movilizaciones y el paro estudiantil durante el 2018 lograron un acuerdo con el gobierno nacional alrededor de varios puntos, especialmente en términos presupuestales, en el decreto que reglamenta y regula la matrícula cero existe un retroceso en lo firmado en las negociaciones con el gobierno, porque por un lado fortalece los programas de crédito –que son unos de los responsables de la desviación de recursos públicos a universidades privadas– y por otro, desconoce el verdadero costo de la canasta promedio de un estudiante.

“Entonces –amplia el profesor Choachí– miren que no es matrícula cero porque no cubre los costos operacionales, está resolviendo el problema del estudiante pero el problema estructural de desfinanciación de la educación pública persiste [...]; resuelven una necesidad concreta que era urgente y necesaria para que muchos jóvenes pudieran estudiar, pero el problema estructural sigue sin tocarse, o sea, no hay recursos adicionales para cubrir lo que realmente cuesta un estudiante para el funcionamiento en la universidad, entonces por eso decimos que el tema de matrícula cero sigue siendo un engaño”.

De esta manera el gobierno nacional logró convertir unas exigencias colectivas, como son el desmonte del subsidio a la demanda y la solución pronta de las necesidades presupuestales de la educación pública, características de las dos últimas grandes coyunturas de movilización estudiantil (la Mane y la Unees), en un problema individual –el pago de la matrícula–, todo ello mediante un decreto que viene con otros programas de educación, estos incluso con mayor presupuesto y más nocivos para el tan ya golpeado presupuesto de la educación pública.
Desangrar la Universidad
como política de Estado
No satisfechos con el golpe mortal dado al presupuesto de las universidades públicas, los esfuerzos por parte del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de educación María Victoria Ángulo, estuvieron enfocados a convertir en política de Estado los programas oficiales contenidos en el decreto 662 de 2020, definiendo de esta manera, como un lineamiento general por parte del Estado, la financiación y promoción del endeudamiento como el mecanismo básico para el acceso a la educación superior.

Para darle más forma a su propósito, en el decreto 27 de la Ley de Inversión Social el gobierno nacional define los criterios de selección para los beneficiarios de la matrícula cero. Allí precisa que solo quienes procedan de estratos 1, 2 y 3 podrán recibir el auxilio en el pago del valor de la matrícula hasta el año 2023, dado que a partir de entonces los recursos se destinarán a los estudiantes que logren clasificar mediante el sisben IV. La consecuencia de esto es que incluso los estudiantes beneficiarios de la matrícula cero podrían verse reducidos, ya que la mayoría de universidades públicas han afrontado su precariedad financiera para poder cumplir con la matrícula cero, llegando incluso a reasignar recursos propios.

 

Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la Educación Superior Pública

 

 

La Ley de Inversión Social también deja claro que “estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas”, aclaración que reconfirma el interés mercantil –la educación debe ser negocio y producir ganancias al capital– que sobre un derecho fundamental prevalece en la clase que está al frente del gobierno.

Entonces, retoma Choachí, los recursos asignados no están destinados “[…] para garantizar matrícula cero sino para garantizar Generación E y la financiación de Ser pilo paga. ¿Qué significa esto? Que los recursos del presupuesto de la educación pública, que deben ser asignados en la partida presupuestal, en gran proporción serán destinados al Icetex para que cubra la demanda de los estudiantes que están en ese programa”. Es decir, el que quiera estudiar que pague.

Y para los insuficientes recursos asignados para cada universidad, mediante el decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021, el gobierno nacional regula la matrícula cero. En este decreto, de manera más meticulosa, construye un filtro de beneficiarios que al final termina reduciendo la matrícula cero a una cantidad de estudiantes específicas, todo ello a partir de diferentes criterios, con énfasis en el registro en la base de datos de sistema sisben IV. Como puede pensarse, un mecanismo más, no solo para negar el derecho exigido por los estudiantes, sino un conducto más expedito para hacer clientelas.
La larga deuda irresuelta

La transformación de la matrícula cero en política de Estado y bandera falsa del gobierno nacional de un compromiso con la educación pública, deja a un lado las necesidades presupuestales en creciente desde 1993 y cuyo cubrimiento ha sido desde entonces una de las permanentes exigencia del estudiantado, que ve y padece con indignación el declive estructural y presupuestal de sus casas de estudios. Como ya está dicho, lo que sí pretende es endeudar más a los ya empobrecidos estudiantes que acuden a tal recurso. Niegan el derecho a la educación y acrecientan el negocio, además de ampliar el control social de los endeudados, obligados a cumplir con ciertos parámetros en el resultado de sus estudios semestrales.

Esta política educativa de apariencias y manipulación, como lo trae a cuenta el profesor Helberth Choachi: no otorga la base presupuestal para resolver los problemas que en infraestructura, funcionamiento, planta docente, adecuaciones urgentes de los centros de estudios para enfrentar las exigencias locativas que trae la pandemia y la presencialidad en las universidades.

¿Cómo aumentar cupos para una mayor cobertura de estudiantes, se pregunta el profesor de Choachí, si las instalaciones de estos centros de estudio no son mejoradas, ampliadas, incrementado el número de profesores, construidos nuevos laboratorios…? ¿Y qué dicen sobre todo esto los decretos expedidos para financiar la, no cabe duda de ello, mal llamada matrícula cero, traducida por arte de legalismos en un disfraz de la real negación del derecho a educación pública, gratuita y universal?

El panorama no es halagador, y los retos están ante todo el estamento universitario: el gobierno, de nuevo, logra torcer el mandato estudiantil, así como las exigencias de otros estamentos universitarios. ¿Quedarán burladas las conquistas de varios años de lucha y descontento social, familiar, estudiantil, con la negación de un derecho fundamental? ¿Quedarán aplastados los estudiantes por el crédito firmado ante el Icetex o, como movimiento social, alzarán con más fuerza las banderas que les han animado en sus últimas y masivas movilizaciones?

 

1 Decreto 467 de 2020.
2 Para mayor información, recomiendo consultar los reportajes realizados por Desde Abajo a las estudiantiles por la matrícula cero en las universidades públicas con presencia en Bogotá.
3 Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
4 Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la educación superior pública

* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá.

 

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Publicado enEdición Nº289
Miércoles, 19 Junio 2019 06:12

Teoría monetaria: la moderna controversia

Teoría monetaria: la moderna controversia
En los últimos años ha surgido una importante polémica sobre lo que se conoce como la teoría monetaria moderna (TMM). Se trata de una visión macroeconómica sobre la creación monetaria por parte del Estado y su funcionamiento en una economía desarrollada. La TMM estuvo relegada hasta hace poco a seminarios académicos en pocas universidades estadunidenses, pero desde que la recogieron Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en un tema de gran popularidad en el debate político.

Uno de los más importantes méritos de la TMM es que rompe de golpe con el dogma central de la macroeconomía clásica sobre el financiamiento del Estado. Ese dogma dice que cuando el gobierno quiere financiar un programa debe hacer una de dos cosas: incrementar los impuestos o endeudarse. La TMM dice que existe una tercera opción: el Estado puede crear dinero y utilizarlo para financiar cualquier proyecto que desee, incluyendo erigir nuevos hospitales y universidades. Por supuesto, todo esto suena muy atractivo para una política de izquierda que quiere romper con los dogmas neoliberales.

Para los autores que han desarrollado la TMM, el único límite para el financiamiento por la vía de la creación monetaria es el de la inflación. Pero si uno considera la experiencia de Estados Unidos, la eurozona y Japón, se observa que este problema no se manifiesta como piensa la teoría monetaria ortodoxa. Japón entró en una recesión deflacionaria a principios de los años 1990 y el gobierno aplicó una política de flexibilización monetaria consistente en inyectar liquidez en el mercado financiero con una tasa de interés cercana a cero para reanimar la economía. Desde entonces la economía se mantuvo con un crecimiento mediocre y la inflación nunca se materializó.

Después de la crisis financiera, Estados Unidos aplicó tres programas de flexibilización cuantitativa que resultaron en una inyección de 4.4 billones (castellanos) de dólares al sistema financiero. Y a pesar de los gritos estridentes de los economistas ortodoxos sobre la hiperinflación, que según ellos iba a desatarse, hoy la Reserva Federal sigue sin poder alcanzar su meta de inflación. Y Powell, el jefe de la Fed, ya ha anunciado que no sólo no continuará el programa de alzas en la tasa de interés líder (la famosa normalización), sino probablemente se va a reducir en las semanas próximas.

En Europa ha sucedido algo similar, y Mario Draghi señaló apenas ayer que el Banco Central Europeo lanzará una nueva ola de estímulos para la economía. Su anuncio incluyó una referencia a la posibilidad de retomar la política de flexibilización monetaria si las tensiones recesivas siguen manifestándose en la eurozona.

Estos ejemplos parecen confirmar uno de los principales enunciados de la teoría monetaria moderna: un Estado que tiene control sobre su moneda puede financiar sus proyectos de desarrollo económico con sólo imprimir dinero. El nivel de endeudamiento no es importante, porque dicho país nunca caerá en insolvencia. Pero hay que aclarar varios problemas. Hay diferencias entre la forma en que se ha puesto en práctica la flexibilización cuantitativa y lo que los políticos como Bernie Sanders proponen hacer con esta nueva creación monetaria. Hasta ahora el dinero creado por la flexibilización cuantitativa no entró directamente en los canales de la economía real, sino que se quedó en los circuitos del sistema financiero. La inyección de dinero de alto poder en la economía real es un asunto más delicado y requiere mayor atención.

El tema de la inflación es otro punto clave en el debate sobre la TMM. En general, la ortodoxia ha mantenido que las presiones inflacionarias siempre vienen por el lado de la demanda. Pero la historia económica de Estados Unidos y Japón en los últimos cinco decenios demuestra que las presiones inflacionarias han provenido del lado de la oferta, por aumentos en costos, choques externos (bloqueo petrolero) o por poder oligopólico en industrias clave. Pero si el miedo a la inflación por el lado de la expansión monetaria es infundado, los autores que proponen la TMM (Stephanie Kelton y Randall Wray), si son cuidadosos y señalan que en la medida en que los recursos reales de una economía se utilizan al máximo, la inflación puede convertirse en un problema serio.

La TMM es un instrumento político importante para el discurso de la izquierda en Estados Unidos y Europa. Pero es probable que el privilegio de aplicar la teoría monetaria moderna estaría reservado a un pequeño club de países cuya moneda es al mismo tiempo medio de pagos internacionales y reserva de valor para otros bancos centrales. Para otras naciones que no están en esa categoría, como México y el resto de América Latina, habría que explorar hasta qué punto las enseñanzas de la TMM podrían ser de utilidad. De todos modos, es claro que la TMM muestra una vez más que los dogmas neoliberales sobre política macroeconómica son sólo eso, mitos creados por una teoría económica obsoleta y lógicamente desacreditada.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enEconomía
Matteo Salvini habla durante el Congreso Mundial de las Familias en Verona.

Ya no son un grupo al que se miraba como si se hubiesen bajado de una nave antigua. Las ultraderechas, los grupos radicales defensores de la familia, los católicos fundamentalistas acérrimos enemigos del matrimonio igualitario, del aborto, el divorcio, las uniones civiles, las conquistas de las mujeres y otras formas modernas del reconocimiento de los derechos constituyen hoy una fuerza política y financiera de enorme influencia. Tienen audiencia electoral, poder, lideres políticos en la cima, redes sociales muy bien administradas, un plan de expansión único en la historia, mucho dinero y un objetivo en la mira: Europa. Una impecable investigación llevada a cabo por la asociación norteamericana openDemocracy acaba de poner cifras sobre esa invasión y confirmar así la existencia de un flujo de fondos elevadísimo proporcionado por los grupos fundamentalistas cristianos de Estados Unidos a las extremas derechas europeas. OpenDemocracy cifra en 50 millones de euros los fondos transferidos por estos grupos (varios están ligados a Donald Trump) a una docena de organizaciones de la ultraderecha europea. Opendemocracy revela que dos de estas entidades, Alliance Defending Freedom (ADF) y American Center for Law and Justice transfirieron poco más de 20 millones de euros a Europa desde 2008.

Billy Graham Evangelistic Association, Focus on the Family, Heartbeat International, Human Life International, ADF International, Alliance Defending Freedom o, como infinitos financistas, los hermanos Koch (columna financiera del Tea Party) son algunos de los nombres más citados en esta empresa de reconquista. ADF ha recibido donaciones de Betsy DeVos, Secretaria de educación de Trump, y de Erik Prince, fundador de la firma de mercenarios Blackwater. La Unión Europea era consiente de esta situación pero, hasta el informe de openDemocracy, carecía de un soporte con datos seguros sobre las transferencias de fondos. Unos 40 diputados del europarlamento se dirigieron al diputado Frans Timmermans para que la intromisión “de estos cristianos fundamentalistas estadounidenses sea analizada con la mayor rapidez”. El tiempo corre tanto más rápido cuanto que, desde la elección de Donald Trump, varios ultras de la derecha norteamericana desplegaron sus alas sobre el cielo europeo con la meta de influenciar las elecciones del Parlamento del próximo 26 de mayo. A su cabeza está Steve Bannon, el ex consejero de Trump. El eje de la “conspiración” se mueve entre Bruselas y Roma, donde se han ido instalando desde hace poco más de un año. El trabajo de openDemocracy fue como un latigazo para los legisladores del Viejo Continente. Todos sabían que algo ocurría pero nadie había anticipado que, detrás, había tal cantidad de dinero en juego. Neil Datta, Secretario del Foro parlamentario Europeo sobre la Población y el desarrollo, reconoce que esta ofensiva de la ultraderecha estadounidenses se produce “mucho más rápido y a una escala que ningún experto fue capaz de imaginar jamás”. Los montos citados por openDemocracy serían apenas “la parte visible del iceberg”, según anota la redactora responsable de este ONG norteamericana, Mary Fitzgerald, quien agrega: “muchas fallas nos han dificultado la tarea de descubrir tanto la totalidad del flujo monetario como las fuentes de donde proviene. (…) Los legisladores, las plataformas sociales y los responsables políticos deben intervenir para impedir la propagación de influencias que no se justifican así como las presiones políticas”.

Toda esta galaxia del catolicismo fundamentalista se reúne este fin de semana en una de las ciudades italianas más permeables a la ultraderecha, Verona. El Congreso Mundial de las Familias (WCF) inauguró en Verona su décimo tercer congreso con la presencia del líder de la ultraderecha italiana y Ministro de interior, Matteo Salvini. Brian Brown, presidente de la Organización Internacional de la Familia, es un antídoto grosero a todo progreso humano. Sin tapujos, no se cansa de repetir: “la homosexualidad degrada a la naturaleza humana. Ser gay destruye el sentido mismo del ser humano”. Cada vez que el Congreso Mundial de la Familia aparece en alguna parte, siempre hay un dirigente político de la extrema derecha vinculado a él. Esta vez es Matteo Salvini, mientras que en la cumbre celebrada en 2017 en Budapest la apertura estuvo a cargo de otro de los ultras emergentes de Europa, el Primer Ministro húngaro Victor Orban. Este fin de semana, en Verona, además de Salvini y Steve Bannon, otra de las “marcas” visibles será el partido neofascista Forza Nuova y un puñado de célebres oligarcas rusos asiduos donantes a las cajas de los soberanistas de Europa, a las asociaciones tradicionalistas católicas, a los grupúsculos que militan contra la homosexualidad o a la extrema derecha. Entre otros medievalistas de los derechos, se trata del arcipreste ortodoxo Dimitri Smirnov, de Alexey Komov y Konstantin Malofeev. Estos dos últimos son la columna vertebral de Rusia Unida mientras que Dimitri Smirnov es uno de las banderas mundiales contra lo que el llama “el homosexualismo” y un adepto radical a la idea de la “inteligencia superior de los hombres” frente a las mujeres. Cabe recordar que estos grupos presentes en Verona han también protagonizado cruzadas radicales en América Latina contra las leyes de legislación del aborto o el matrimonio igualitario. Varias cuentan incluso con oficinas en Estrasburgo, la ciudad donde se encuentran el Europarlamento y las instituciones europeas a las que acuden para hacer lobby.

Detrás de esta pantalla religiosa hay una feroz batalla política por el poder en el Europarlamento. Steve Bannon, cuando se mudó a Europa hace un año, fundó El Movimiento con ese propósito. Hoy es uno de los responsables de Dignitatis Humanae, una suerte de organización ultraconservadora instalada en las afueras de Roma consagrada a fomentar “los guerreros de la cultura” fundamentalista. Dignitatis Humanae recibe capitales del Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, financiado por los hermanos Koch, Charles y David. Ambos son la tercera fortuna de Estados Unidos. En 2004 crearon la fundación Americans for Prosperity que fue el sostén del resurgimiento de la ultraderecha norteamericana a través del Tea Party. Y desde luego, quien dice Europa está, también, hablando del Vaticano y del Papa Francisco. Estos fundamentalistas norteamericanos son los que, desde hace dos años, mueven los hilos del complot ultraconservador contra el Papa. Charles Koch, por ejemplo, financia la Universidad Católica de América junto a Timothy Bush, un ultraconservador fundador del NAPA Institute y uno de los directores del portal EWTN. Este portal, en un momento, entre 2017 y 2018, difundió una incontable lluvia de fakes sobre el papa y hasta promovió la “comunicación” de los ultras de la curia romana. Las ultraderechas salieron hoy a arrebatar todo lo que encuentran en su camino. Las ampara el contexto europeo y, a nivel mundial, la escasa resistencia que encuentran entre los nuevos electores. El siglo XXI se encomendó de nuevo al murmullo hipnotizador de sus ideas. Vuelven a las tierras históricas del cristianismo sólo para sembrar sus semillas más nefastas.

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Duquismo, modelo de Desarrollo y política fiscal 2019-2022

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

 Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

p12

 

 

La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

p13

 

 

Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enEdición Nº253
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

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