Martes, 20 Febrero 2018 06:08

Los militares, con licencia para matar

Los militares, con licencia para matar

La intervención militar en Río instaló una polémica por la aplicación de una ley según la cual quienes cometan delitos en la operación, entre ellos violaciones a los derechos humanos, serán juzgados por la Justicia castrense.

 

La inminente intervención militar en Río de Janeiro instaló en Brasil una polémica por la aplicación de una ley según la cual quienes cometan delitos en la operación, entre ellos violaciones a los derechos humanos, serán juzgados por la Justicia castrense en lugar de la civil ordinaria.


“Esto es una licencia para matar, porque es darle a los militares un tribunal de excepción, para juzgarse a sí mismos”, dijo el abogado Ariel de Castro Alves, especialista en seguridad pública de la Pontificia Universidad Católica y miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.


La ley castrense vigente había sido reclamada por el jefe del Ejército, general Eduardo Vilas Boas, a raíz de la participación de esa fuerza armada en la seguridad pública durante los Juegos Olímipicos de Río de Janeiro 2016.


El pedido de Vilas Boas se fundó también en la actuación de los militares como apoyo a la Policía carioca durante el segundo semestre del año pasado.


Por la nueva ley promulgada el 16 de octubre por el gobierno de Michel Temer, cualquier miembro de la Fuerza Aérea, Ejército o Marina que cometa un homicidio en un operativo en su propio territorio será juzgado por tribunales militares, muchas veces ocupados por jefes castrenses que no son juristas.


“Buscamos con la ley –explicó el diputado Espiridao Amin del conservador Partido Progresista y autor del proyecto– darle seguridad jurídica a los militares, porque la normativa no especificaba sus atribuciones en operaciones internas”.


El militar que agreda o mate a alguien fuera de su horario de trabajo o de operaciones internas deberá ser juzgado por la justicia ordinaria y no por los tribunales castrenses.
“El asunto deber ser abordado por el Supremo Tribunal Federal, porque es inconstitucional que haya tribunales especiales para algunos brasileños”, sostuvo el abogado Castro Alves. “Es una licencia para matar, porque la justicia militar es corporativa, resuelve sus mismos problemas”, insistió.


Organismos defensores de los derechos humanos, como la estadounidense Human Rights Watch y la británica Amnistía Internacional, repudiaron esa medida por considerar que viola los acuerdos internacionales de Brasil.


Castro Alves dijo que la operación del Ejército corre el riesgo de fracasar como las Unidades de Policías Pacificadoras que se instalaron en 2008 hasta la actualidad recuperando territorio a los narcotraficantes en las favelas cariocas.


“Los militares están entrenados para la guerra, no para el conflicto de la delincuencia. Una intervención debería ser también en políticas públicas generales, salud, educación, ocio, deportes, tratamiento de pacientes químicos”, subrayó.


“No se puede esperar que un chico que no tiene banco en la escuela de su barrio no acepte ser parte del narcotráfico por lo que sería unos 80 dólares por día”, agregó el especialista de la Pontificia Universidad Católica. Apuntó que uno de los problemas de Río es la corrupción policial pero también la falta de inversión en inteligencia e investigación: apenas 10% de los homicidios se esclarecen en ese estado.


Otro punto al que varios especialistas apuntan es que la mayor parte de los soldados del Ejército son jóvenes con domicilios en favelas y buscarán protección extra para participar de las operaciones, de modo de proteger a sus familias del narcotráfico o de los grupos parapoliciales.


La cuestión de los tribunales militares se da en un contexto en el que se disparó la popularidad del diputado Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que pide mano dura y reivindica los regímenes de facto.


Bolsonaro aparece como segundo favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales brasileñas, detrás de Luiz Inácio Lula da Silva, del opositor Partido e los Trabajadores.


En Brasil, los militares que cometieron torturas, muertes y desapariciones durante la última dictadura militar están bajo protección de la ley de Amnistía de 1979, que el propio régimen castrense aprobó como parte de su apertura política para el retorno a la democracia.


La semana pasada, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal revisar la ley de Amnistía para poder juzgar a los autores de la muerte y ocultación del cadáver del diputado Rubens Paiva, en 1971 en Río de Janeiro. Las asociaciones de militares retirados se pronunciaron en contra del pedido de la fiscal general.

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Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, junto a un vehículo militar en Raqa, en el norte de Siria, el pasado mes de octubre.

 

Erdogan afirma que podría atacar en cualquier momento a milicias aliadas de Washington

 

La tensión entre Estados Unidos, Turquía y Rusia a causa de la guerra en Siria suma enteros por momentos. El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, reaccionó con evidente descontento y amenazas de lanzar una ofensiva militar al anuncio de que la coalición internacional contra el ISIS instruirá una fuerza militar con combatientes kurdos en el norte de Siria. Erdogan ha acusado a EEUU de estar “creando un Ejército terrorista” en su frontera meridional y ha advertido de que podría atacar las regiones sirias en manos de milicias kurdas aliadas de Washington. El régimen sirio ha criticado la iniciativa y Rusia ha sostenido, por boca de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, que estos planes confirman que EEUU tiene una política destinada a la fragmentación de Siria.

“Las fuerzas armadas turcas resolverán el problema de Afrin y Manbij [regiones sirias controladas por los kurdos]. Los preparativos están ya completados. La operación puede comenzar en cualquier momento”, dijo el presidente Erdogan en un discurso en la capital turca. Esta nueva fuerza de seguridad fronteriza será desplegada a lo largo del valle del Éufrates, colindante con las fronteras turca e iraquí, y estará integrada en un 50% por veteranos de las Fuerzas Democráticas Sirias [FDS, unas milicias kurdas y árabes entrenadas por Estados Unidos]. El remanente de 15.000 combatientes está siendo reclutado sobre el terreno.

Thomas F. Vale, oficial de asuntos públicos de la coalición internacional que lidera Washington, precisó al anunciar la creación de la fuerza en una en una entrevista con The Defense Post que “actualmente hay aproximadamente 230 individuos en los entrenamientos inaugurales de las BSF, con el objetivo de crear una fuerza final de aproximadamente 30.000”. También confirmó la colaboración con las FDS para crear y entrenar el grupo.

 

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Con el ISIS prácticamente derrotado en Siria, la nueva fueza de seguridad fronteriza estará a cargo de monitorear la zona para evitar posibles embestidas por parte de varios miles de yihadistas desperdigados en las zonas desérticas al este de Siria que podrían reagruparse para contraatacar a las milicias kurdas del FDS. “El reclutamiento se está llevando a cabo con el fin de batir una fuerza que refleje la población a la que sirve, tanto desde la perspectiva del género como étnica”, precisó Veale. Por lo que los reclutas kurdos operarán en la región norte fronteriza con Turquía, mientras que los árabes lo harán en los territorios de la zona oriental del Éufrates donde predomina el sistema tribal árabe.

“La idea es reformatear las FDS en esta nueva fuerza para incluir un mayor porcentaje de árabes y así evitar el rechazo que ha provocado la presencia de los kurdos del YPG [Las Unidades de Protección Popular kurdas por sus siglas en kurdo] en las zonas que han arrebatado al ISIS”, valora al teléfono y desde Estambul el analista sirio Nawar Oliver. “Miembros de las tribus locales y con gran poder social, como la Bagara, están siendo incluidas”, acota.

El cantón kurdo de Afrin, situado en la esquina noroccidental de Siria y fronterizo con Turquía, está geográficamente separado del resto de territorio sirio controlado por las Unidades de Protección Popular (YPG), principal milicia kurdo-siria dentro del contingente de las Fuerzas Sirias Democráticas (SDF), aliado de EEUU. De hecho, entre los territorios controlados por las milicias kurdas hay una franja de unos 100 kilómetros de amplitud ocupada por efectivos de la operación Escudo del Eufrates, constituida por facciones rebeldes sirias con apoyo de tropas turcas desde que éstas penetraron en el país en agosto de 2016.

Al sur de Afrin se halla la provincia de Idlib, controlada en buena medida por rebeldes islamistas y donde desde finales del año pasado Turquía también mantiene presencia militar, por lo que el pequeño cantón kurdo se halla prácticamente rodeado por fuerzas turcas o favorables a Ankara, a excepción de una pequeña lengua de terreno controlada por el Ejército regular sirio. Manbij, por su parte, también está controlada por las YPG y se halla al oeste del río Éufrates, hasta cuya orilla oriental han llegado las fuerzas de la operación patrocinada por Turquía.

Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, se refirió al asunto en su rueda de prensa anual, en Moscu. “Las actividades que observamos ahora muestran que EEUU no quiere mantener la integridad territorial de Siria”. “A grandes rasgos, esto supone el aislamiento de un enorme territorio a lo largo de la frontera con Turquía e Irán”, continuó el ministro. “Este territorio es controlado ahora por Fuerzas Democráticas Sirias, pero allí hay unas relaciones muy complicadas entre los kurdos y los árabes”, explicó Lavrov. “Nosotros y nuestros colegas de Turquía e Irán, al igual que muchos otros, esperamos que EEUU nos dé una explicación detallada”, señalo el ministro ruso, según el cual decisiones como la mencionada se toman sin ningún fundamento derivado de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o de acuerdos logrados en las conversaciones de Ginebra.

Desde hace meses, Turquía ha acumulado tanques y soldados en la frontera con Siria y los ataques de la artillería contra las posiciones kurdas han sido constantes, respondidos en ocasiones desde el lado sirio de la frontera. “Les estamos golpeando con obuses y continuaremos haciéndolo. ¿Qué queréis que hagamos, retirarnos a nuestros refugios y esperar a que golpeéis vosotros?”, advirtió Erdogan: “Ya os avisamos [a EEUU] que este tipo de organizaciones terroristas deberían ser destruidas. No podemos aceptar que intentéis destruir el Daesh [el ISIS] mediante otra organización terrorista. Si queréis un socio estratégico, debéis cooperar con nosotros”. Turquía y EEUU son miembros de la OTAN. Al Gobierno turco le enerva profundamente que Estados Unidos dé apoyo táctico, armas, vehículos blindados y entrenamiento a estas milicias kurdo-sirias, puesto que colaboran estrechamente con el PKK, un grupo también kurdo considerado terrorista por diversos países, entre ellos Estados Unidos, y que actúa dentro de Turquía con atentados indiscriminados y ataques a las fuerzas de seguridad.

 

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Cambio de rumbo: EEUU cerraría la mitad de sus bases militares

El Pentágono parece estar cambiando de estrategia: en vez de mantener sus 850 bases militares alrededor del mundo, que suponen un elevado costo para una potencia en declive económico, puede optar por reducirlas a la mitad e impulsar la venta de armas, lo que puede además reducir la hostilidad de poblaciones que rechazan cada vez con mayor vigor la presencia militar de EEUU en sus territorios.


Dos hechos avalan esta tendencia. Por un lado, en todo el mundo se incrementa la resistencia a la guerra y a la presencia militar del Pentágono. Lo que sucede en Japón respecto a las base de EEUU en el archipiélago de Okinawa, es un buen ejemplo. Por otro, la venta de armas a Arabia Saudí y a Japón marcarían un viraje de largo aliento.
Durante más de medio siglo, la presencia militar estadounidense en Okinawa ha provocado múltiples incidentes. La Oficina Internacional por la Paz (IPB en inglés), la organización internacional más antigua dedicada a buscar soluciones a los conflictos, entregó su premio anual a la campaña ciudadana contra la base militar de EEUU en Henoko, en Okinawa (Japón).


Durante más de medio siglo, la presencia militar estadounidense en Okinawa ha provocado múltiples incidentes. La Oficina Internacional por la Paz (IPB en inglés), la organización internacional más antigua dedicada a buscar soluciones a los conflictos, entregó su premio anual a la campaña ciudadana contra la base militar de EEUU en Henoko, en Okinawa (Japón).


Hiroshi Ashitomi y Suzuyo Takazato recibieron la pasada semana el premio Sean MacBride por la Paz del IPB en Barcelona, ocasión en que manifestaron su proyecto de largo plazo: "Nuestra propuesta es retornar el territorio a la prefectura de Okinawa para convertirlo en un zona de ecoturismo, para que así la gente pueda venir y disfrutar de la naturaleza".

Desde 1972 hasta 2015, los soldados de EEUU en Okinawa cometieron 5.896 delitos, incluyendo 2.928 robos y 1.062 delitos violentos, entre ellos numerosas violaciones. Según Takazato, la cifra no es real ya que "en muchos casos las mujeres no acuden a la policía a denunciar, así que detrás de esta cifra hay numerosos incidentes que quedan fuera de la estadística".


Uno de los más graves sucedió en junio de 2016, cuando un contratista estadounidense violó y asesinó a una joven de 20 años de Okinawa. La reacción popular fue contundente con una enorme manifestación de 65.000 personas que exigieron la retirada de las bases militares.


Entre 1972 y 2015 hubo unos 493 aterrizajes forzosos, 63 desprendimientos de partes de aviones y 45 accidentes aéreos. Un caza de EEUU se estrelló en 1959 contra una escuela primaria en Miyamori, matando a 17 personas entre estudiantes y vecinos, aunque el piloto se eyectó y salió ileso. En agosto de 2004 un helicóptero militar estadounidense se estrelló contra la Universidad Internacional de Okinawa y el pasado 11 de septiembre un avión MV-22 Osprey se estrelló en el municipio de Abu.


Según el representante de la campaña ciudadana, Hiroshi Ashitomi, "las encuestas dicen que un 80% de la población está en contra de la construcción de una nueva base". Una de las posibilidades es trasladar las bases aéreas a otro lugar de Japón, pero estiman que no es la solución porque ninguna población local quiere albergarlas. Por eso se oponen al traslado y abogan para que la base de Okinawa sea clausurada.


El conflicto se agudizó desde que en 1996 las autoridades prometieron que las bases serían trasladadas, cosa que nunca sucedió. "El Gobierno ha ejercido una enorme presión sobre los representantes electos de Okinawa", aseguran los premiados. Los diputados por esta localidad fueron elegidos por su oposición a la base pero una vez electos fueron forzados a cambiar de postura. En consecuencia, "en las siguientes elecciones ninguno de ellos fue elegido por la gente de Okinawa".


En la isla de Okinawa, con 1,4 millones de habitantes, viven unos 26.000 efectivos de EE.UU. en más de 30 bases. En total son 300 mil soldados en 850 instalaciones alrededor del mundo, donde destacan la base aérea de Ramstein (Alemania), la naval de Rota y la aérea de Torrejón (España). Ante todas ellas se han registrado fuertes protestas.


El desgaste que provoca la presencia militar masiva de EEUU, está provocando un cambio de estrategia. Desde la presidencia de Barack Obama el Pentágono viene proponiendo que la Unión Europea aumente sus gastos de defensa y se convierta en el “segundo pilar” de la OTAN, para que EEUU pueda concentrarse en “pivotar” hacia Asia para contener a China en alianza con el gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe.


Recientemente el Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), analizó este viraje y sostuvo que EEUU puede ofrecer muy poco al mundo fuera de su superioridad de su aparato industrial-militar. Para que esto funcione, debe reducir seriamente sus gastos ya que no dispone de recursos para mantener más de 800 bases que le cuestan unos 160.000 millones de dólares al año.


El escenario que vislumbra el LEAP supone un giro radical. "Si EE.UU. abandonara la mitad de sus bases extranjeras, ahorraría alrededor de 65.000 millones al año. Por otra parte, en un mundo multipolar en el que la paz depende del equilibrio de las fuerzas, la necesidad de armas sigue siendo enorme". Las exportaciones de armas de EEUU podrían crecer un 50%, hasta 25.000 millones de ingresos adicionales, lo que supone ahorrar un total de 90.000 millones de dólares al año.


A ello debe sumarse el aumento del presupuesto militar, lo que hace que la economía de EEUU dependa cada vez más del complejo industrial-militar. Un ejemplo son las relaciones con Arabia Saudí. En 2016, la exportación de armas a Riad aumentó exponencialmente, mientras la importación estadounidense de petróleo proveniente del mismo país cayó en picada, reequilibrando así la balanza comercial entre ambos a favor de EEUU.


No sabemos si este cambio de tendencia se va a confirmar. Por lo pronto, Japón está procediendo a un fuerte rearme con crecientes compras a EEUU. Washington debe optar: o seguir financiando la masiva presencia en el exterior de soldados con un costo de 100.000 dólares al año cada uno (además de los costos políticos), o bien apostarle a una fuerte reactivación de la industria de defensa y trasladar los gastos de armamento y de bases militares a sus aliados alrededor del mundo

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Tropas de EEUU: después de Brasil, vuelven a la Argentina

 

Luego de la participación en los ejercicios militares Amazonlog por primera vez con tropas en la Amazonia, las Fuerzas Armadas de EEUU se aprestan a regresar a territorio argentino, luego de casi una década de ausencia.

El 7 de septiembre pasado, el Senado dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa (a propuesta de la Armada) de permitir el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional para llevar adelante un ejercicio combinado denominado 'Cormorán', que involucra la entrada al mar y a la Patagonia argentina de aeronaves y buques del Pentágono. Sin embargo, la Cámara de Diputados aplazó a principios de noviembre una decisión que sería definitiva.

El encargado de negocios de EEUU en Buenos Aires, Thomas Cooney, admitió que "estamos reiniciando una serie de actividades de cooperación militar", en referencia a las participación de 30 militares estadounidenses a fines de octubre en un ejercicio junto a la Armada argentina. Desde 2009, no se registraba la presencia de topas de EEUU. "Es una muestra de que estamos regresando a una relación normal", dijo Cooney al diario Clarín.

Sin embargo, se negó a ofrecer detalles sobre las relaciones bilaterales en materia de seguridad porque, en su opinión, "algunos periodistas se están confundiendo". En efecto, existe amplia sensibilidad en Argentina hacia la participación de militares en tareas de seguridad interior, luego de la última dictadura militar (1976-1983).

Un día antes de que los diputados debatieran el pedido de ingreso de tropas de EEUU, el 8 de noviembre, la página latinta.com publicó los dos textos que están en cuestión. De ellos surge que se trata, nada menos, de 22 ejercicios militares en 12 meses y que varios sucederán en la sureña provincia de Chubut, que recientemente fue escenario de un escándalo nacional por la desaparición del joven Santiago Maldonado, encontrado sin vida dos meses después, en el marco de la represión al pueblo mapuche.

Los ejercicios están contemplados en el 'Programa de Ejercitaciones Combinadas' a realizarse desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, siendo el primero el 'Cormorán', en la Base Aeronaval Almirante Zar (Trelew, Chubut), Base Aeronaval Comandante Espora (Bahía Blanca, Buenos Aires) y en la 'Zona Económica Exclusiva de la República Argentina'.

Una de las críticas más sólidas es que el Poder Ejecutivo no especifica las hipótesis de conflicto sino que las camufla detrás del concepto de "nuevas amenazas", en línea con la política del Pentágono. Bajo esa vaga definición, aparece una diversidad de cuestiones como "narcotráfico, terrorismo, piratería, tráfico de personas, pesca ilegal", así como la "ayuda humanitaria", con las que justifican la intervención militar.

Según el diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con estas iniciativas "el Gobierno promueve la realización de ejercicios militares que perfilan la incursión de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad interior".

Es posible una mirada más general para observar lo que está sucediendo en Argentina y en la región, respecto a las relaciones entre Sudamérica y los EEUU.

La primera es que EEUU está avanzando de forma contundente, en especial en la cuestión militar. A los ejercicios Amazonlog17, realizados en la frontera Brasil-Colombia-Perú, se deben sumar los recientes Teamwork South 2017, realizados en Chile del 30 de junio al 12 de julio, entre Talcahuano y Coquimbo, con amplia participación de buques de guerra del Pentágono.

El giro conservador que resulta evidente en países como Brasil y Argentina, dibuja una coyuntura propicia para el avance de los planes de Washington, que se siente especialmente fuerte en el terreno militar. Su objetivo no es otro que poner freno a la presencia de China en materia económica y de Rusia en el terreno militar.

La República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia firmaron el 7 de noviembre un acuerdo para facilitar las visitas recíprocas de naves de guerra. La estrecha colaboración de varios países sudamericanos y del Caribe con las Fuerzas Armadas de Rusia es motivo de honda preocupación en el Pentágono, que siente cómo la alianza China-Rusia puede desplazarla de la región donde primero asentó su dominación.

La segunda cuestión es que no se trata sólo de ejercicios militares, sino de una creciente cooperación que incluye la venta de armas y de los más diversos equipamientos. Argentina compró un lote de 12 aviones de combate a los EEUU para modernizar su Fuerza Aérea, cuando tenía otras opciones incluso en la región.

La tercera es que la actitud de países como Argentina, al estrechar relaciones con Washington, tiende a dañar las relaciones con sus vecinos. Al no definir de forma precisa las hipótesis de conflicto, se produce "un retroceso en la construcción de la mutua confianza regional que había establecido Argentina con sus pares limítrofes". Al parecer, desde Uruguay se ha interpretado como "omisión maliciosa" del Gobierno argentino la "verdadera hipótesis de empleo de algunos ejercicios militares".

La política exterior de Washington y del Pentágono no sólo busca avanzar sobre ciertos países que considera decisivos para mantener la hegemonía regional. Busca también generar tensiones entre vecinos, en particular con aquellos que no se han alineado totalmente con su política. Una forma de enfrentar a los países de la región para facilitar la aplicación de sus planes.

El empuje neoconservador que observamos en Sudamérica desde 2014 está en su apogeo. En las elecciones chilenas del 19 de noviembre, la derecha empresarial puede retornar al Gobierno, a través del expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, como todas las ofensivas, ésta tenderá a enlentecerse y luego será revertida, por las resistencias internas e internacionales. Ojalá no sea demasiado tarde para impedir el desmantelamiento de los cambios operados en la década progresista.

 

 

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Un beneficio pero con estrictas condiciones

Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado enEdición Nº234
Un carroza temática con una réplica de un misil en el desfile de ayer.

 

Kim Il-sung exhibió por primera vez un misil de largo alcance y lanzó una dura advertencia contra EE.UU., en un momento de gran tensión en la región. El líder norcoreano presidió un desfile en Pyongyang.

 

Corea del Norte realizó ayer una demostración de poderío armamentístico, con motivo de la celebración del 105 aniversario del nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, al exhibir por primera vez un misil de largo alcance. Además, lanzó una nueva dura advertencia contra Estados Unidos, en un momento de gran tensión en la región.

En el desfile militar de inmensa proporción (como suele mostrar el régimen comunista ante cada celebración) se incluyó un tipo de proyectil nunca antes mostrado en público: el misil balístico intercontinental (ICBM) de combustible sólido. A diferencia del combustible líquido, el sólido permite cargar los proyectiles más rápido y mantenerlos durante largas temporadas almacenados y listos para disparar.

A principios de año, el líder norcoreano Kim Jong-un, quien presidió ayer el desfile en la capital, Pyongyang, desde el balcón de la Casa de Estudios del Pueblo, enfundado en traje negro y corbata blanca, advirtió que el país ultimaba el desarrollo de un ICBM que sería capaz de alcanzar territorio estadounidense. El objetivo nominal del desfile era agasajar a Kim Il-sung pero el objetivo real, rendir homenaje a su nieto, Kim Jong-un, y que la población le enviara un mensaje de adhesión incondicional.

Aunque el líder de 33 años no tomó la palabra, el considerado número dos del régimen se encargó de mandar un mensaje claro y contundente al presidente estadounidense Donald Trump. En un tramo de su discurso, el vicemariscal Choe Ryong-hae aseguró: “Si Estados Unidos sigue con sus provocaciones temerarias, responderemos a una guerra nuclear con nuestras armas atómicas. Están creando una situación muy tensa que amenaza la paz y la seguridad, no sólo de la región, también del mundo entero”, aseguró Choe y exaltó los resultados de la apuesta de su país por la política “byeongjin” de llevar a cabo de manera simultánea su desarrollo económico y militar.

Corea del Norte garantizó la exacta difusión de sus advertencias gracias a que en esta ocasión permitió el ingreso de casi dos centenares de periodistas extranjeros, algo inusual en el cerrado régimen comunista. Por su parte, el portavoz del comandante general de las Fuerzas Armadas declaró: “Todas las acciones provocadoras y forajidas de Estados Unidos en los campos político, económico y militar para seguir con su política hostil hacia la DPRK (República Popular Democrática de Corea) serán contrarrestadas a través de una contra reacción del Ejército del pueblo. Nuestra contra reacción más severa en contra de Estados Unidos y sus fuerzas será ejecutada de forma tan despiadada que no permitirá a nuestros agresores sobrevivir”. Luego, para concluir dijo que la “grave histeria militar” del gobierno de Trump alcanzó una fase peligrosa que ya no puede ser pasada por alto.

Elevando otra vez el nivel de sus amenazas, el régimen reaccionó así a las advertencias de Trump, quien para impedirle a Kim Jong-un un nuevo ensayo nuclear y balístico desplegó un portaaviones y varios buques de guerra con baterías antimisiles cerca de aguas norcoreanas. No obstante y tal cual es su costumbre de tensar al máximo las relaciones pero sin llegar a romperlas, Corea del Norte no avanzó ayer más que en desafíos y advertencias dejando de lado la posibilidad que manejaba Washington de un lanzamiento de misiles balísticos o su sexto ensayo atómico en coincidencia con las efemérides de ayer.

Además de mostrar misiles de alcance medio Musudan y los misteriosos y temidos KN-08 y KN-14, que se lanzan desde plataforma móvil, desfilaron ante la plaza Kim Il-sung varios de los últimos desarrollos del régimen como el Pukguksong-1 y Pukguksong-2, exhibidos en público por primera vez. El primero de ellos es un misil balístico lanzado desde un submarino (SLBM) y el segundo, un proyectil de alcance medio que se tira desde plataforma móvil y que fue probado por primera vez en febrero y también el 5 de abril, ensayo que llevó a Washington a responder con el envío de un portaaviones nuclear a la península.

La preocupación aumentó desde que las fuerzas navales estadounidenses lanzaron misiles Tomahawk sobre una base aérea de Siria la semana pasada, en respuesta a un supuesto ataque con armas químicas de Damasco en contra de rebeldes y civiles. El bombardeo generó interrogantes respecto de los planes de Trump en torno a Corea del Norte, que realizó pruebas nucleares y de misiles en desafío de las sanciones de Naciones Unidas y de países occidentales. Por tal razón, Estados Unidos advirtió que la política de “paciencia estratégica” hacia Corea del Norte terminó. En esa línea estratégica, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, viajará hoy a Corea del Sur como parte de una gira por Asia que se extenderá por diez días.

 

 

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 Imagen de la televisión siria donde se muestra la base militar destruida por los misiles de EEUU.

 

El ataque de Estados Unidos contra una base aérea en la provincia de Homs, que ha causado importantes destrozos y la muerte de nueve civiles, según Damasco, puede significar un cambio cualitativo en la guerra civil que ya dura seis años, y que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, entre las que se cuentan decenas de millares de civiles.

 

JERUSALÉN 


La cuestión es saber si el ataque de la madrugada del viernes ordenado por el presidente Donald Trump se va a detener o señala el principio de una mayor implicación militar en el conflicto. Los Estados Unidos disponen de decenas de bases militares en Oriente Próximo, además de una fuerza naval considerable, mientras que Rusia únicamente posee una base naval, precisamente en la ciudad de Tartús. Esto significa que un enfrentamiento directo entre los dos ejército es bastante improbable.

En las últimas horas muchos se habían preguntado si Estados Unidos iba a lanzar, de alguna manera, un ataque contra el ejército sirio en respuesta al incidente ocurrido el martes en Sheij Sheijun, un pueblo del distrito de Idlib, al norte del país, que ha costado la vida a más de ochenta personas, muchas de ellas afectadas por gases supuestamente utilizados por el ejército contra los rebeldes.

 

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Un navío de EEUU lanza uno de los misiles contra una base militar siria. /REUTERS

 

Era una pregunta a la que el presidente Donald Trump rehusó contestar el miércoles en el transcurso de una rueda de prensa con el rey Abdallah de Jordania. Sin embargo, midiendo bien sus palabras, Trump manifestó que el ejército sirio había rebasado una “línea roja” con el uso de las armas químicas y que su actitud con respecto al presidente Bashar al Asad había “cambiado mucho” tras el mencionado incidente.

 
¿EEUU se decidirá por una intervención prolongada?


Una prolongada intervención militar americana distinta de la que está en marcha contra el Estado Islámico, presenta numerosos inconvenientes. Quizás el primero es que Rusia está muy implicada en el conflicto y probablemente hay pocas bases militares sirias donde no haya una presencia de soldados rusos. Este es un problema que de momento se ha podido soslayar pero que se ha de tener muy en cuenta.

Más allá de este problema, Trump debe considerar si una intervención a larga escala, algo a lo que el presidente se ha resistido desde el primer día de mandato, resolverá este conflicto que dura seis años. Pensar que una vez apartado del poder Bashar al Asad todo van a ser flores y violas es tener unas expectativas que guardan poca relación con la realidad de Siria.

 

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Donald Trump durante su discurso tras ordenar el ataque a Siria. /REUTERS

 

Baste recordar lo ocurrido en Irak a partir de la invasión de 2003 y del país que dejaron los americanos cuando se marcharon en 2011, un país completamente desencajado cuya situación agravó significativamente la intervención del presidente Bush. Hoy vuelve a haber tropas americanas en Irak pero aunque están allí para derrotar al Estado Islámico, es completamente ingenuo pensar que se resolverá la situación cuando se acabe con el Estado Islámico.

Cuando el miércoles el vicepresidente Mike Pence advirtió que “todas las opciones están sobre la mesa”, apuntó a una intervención militar a larga escala que puede ser peor para una Siria que ya ha registrado un elevado número de muertos, más de 300.000, de los que probablemente más de la tercera parte son civiles, incluidos decenas de millares de niños.

Naturalmente, muchos se han rasgado las vestiduras tras el incidente del martes en Sheij Sheijun, entre ellos el presidente Trump. “Lo que ocurrió (el martes) es inaceptable para mí”, ha dicho sin mencionar que las tropas americanas han causado la muerte de un elevado número de civiles en Siria y en Irak, incluso después de que terminara de manera oficial la invasión de este país en 2011.

Los americanos han descartado la versión de los hechos que han dado los tres aliados que son Siria, Rusia e Irán, según la cual las armas químicas que mataron a decenas de personas estaban guardadas en un arsenal de los rebeldes que fue bombardeado por la aviación siria, y no fueron armas químicas usadas por los aviones sirios.

 

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Cuerpos tendidos tras el ataque aéreo en Jan Sheijun (Siria). /REUTERS

 

En cualquier caso, una vez que la administración Trump ha cambiado su discurso tras la intervención de la madrugada, se abre una serie de interrogantes que solo el tiempo aclarará. La embajadora americana en la ONU, Nikki Haley, advirtió el miércoles que su país puede adoptar una “acción unilateral”, en alusión al uso de la fuerza que algunos aliados de Estados Unidos esperan.

 
Posición de los países del entorno


El caso de Israel es único. Los israelíes están cada vez más incómodos con la presencia de tropas rusas en la región y así lo han hecho saber. El jefe del ejército del aire reconoció el mes pasado que la presencia rusa está obligando a los israelíes a reconsiderar algunas de las operaciones que hasta hace poco eran rutinarias sobre el cielo sirio. Según el general, Israel debe proteger su capacidad operativa de los radares rusos.

Además, existe una preocupación creciente con respecto a Irán. Jefes militares israelíes han indicado que es muy posible que si Asad permanece en el poder, Irán establecerá una base naval en el Mediterráneo oriental similar a la base rusa de Tartús, una idea que Teherán ya ha dejado caer teniendo en cuenta que Israel dispone de submarinos nucleares que con toda seguridad patrullan por el Golfo Pérsico. Es una idea que preocupa mucho a Israel y hace que este país sea favorable a una intervención americana en Siria.

Aunque las relaciones entre Trump y Benjamín Netanyahu no son todo lo sólidas que dice el primer ministro israelí, no cabe duda de que éste va a hacer todo lo posible para acabar con el régimen de Asad para que Siria se convierta en otro país títere en la región. Netanyahu se ha apresurado a felicitar a Trump por el ataque, ahora bien, habiendo visto lo que ha sucedido en Irak, no es complicado pronosticar que Siria no será una balsa de aceite sin Asad.

Si hace apenas unos días el secretario de Estado Rex Tillerson manifestó en Turquía que el futuro de Asad “lo decidirá el pueblo sirio”, todo indica que en las últimas horas en Washington se están considerando otras opciones más expeditivas.

 

 

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Miércoles, 22 Marzo 2017 07:48

Paz sin más muertes

Fotos con las víctimas de promotores de la paz.

 

El llamado más urgente fue el “desmonte del paramilitarismo” y la protección de los defensores de los derechos humanos, en la aplicación del acuerdo negociado entre las FARC y el gobierno.

 

Desde Medellín

 

Varias audiencias sobre Colombia se realizaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos fueron solicitadas por organizaciones sociales y corporaciones jurídicas, y una más por la Fiscalía, quien expuso su estrategia de investigación ante las agresiones a defensores de derechos humanos, las cuales preocupan al país por el incremento suscitado a partir del acuerdo de paz con las FARC.

Con la vocería de la vice fiscal general María Paulina Riveros, ex negociadora de gobierno en los Diálogos de La Habana, el Estado expuso en Washington las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Según la institución, la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones. También, que ciertas disidencias de la guerrilla buscan mantener control territorial. En tercer lugar, la corrupción administrativa, así como la falta de creencia en las instituciones estatales. La falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana, son las demás explicaciones para dichos homicidios.

Las organizaciones presentes reclamaron al Estado no contemplar entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia, y también criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios. En lo que van del año sumarían 26, mientras el año pasado fueron 80 según la ong Somos Defensores. Los abogados de organizaciones sociales presentes en la sala en la capital norteamericana, portaban fotografías de los hombres y mujeres baleados por promover el acuerdo de paz en sus territorios. Que la paz no nos cueste la vida, se leía en carteles que pegaron a sus mesas.

La Fiscalía explicó que a la fecha tienen 74 personas vinculadas a procesos por dichos homicidios, y de ellas 58 están privadas de la libertad. En cuatro casos, aseguran, ya tienen sentencia judicial y también existen ocho casos con órdenes de captura vigentes. En total, desde 2012 han sido 500 los líderes atacados según informe de la Defensoría del Pueblo, por eso los resultados de Fiscalía no fueron satisfactorios para las partes civiles presentes en la CIDH.

También se dieron audiencias sobre Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y una más sobre obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial de Paz en Colombia. Cada parte intervino durante veinte minutos antes los comisionados James Camalaro y José de Jesús Orozco. Allí participaron además el ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo y el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Al respecto, la semana pasada la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia entregó su informe anual dejando sabores amargos. En él Tood Howland pidió a la CPI aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumple con las obligaciones internacionales del Estado.

En la audiencia, Byron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad aseguró que “generan mucha preocupación tantos beneficios para Fuerza Pública a cambio de nada” en la Jurisdicción aprobada la semana anterior en el Congreso de la República. Esta sufrió varios cambios pues la Justicia que se acordó en La Habana y se firmó en Bogotá el año pasado contemplaba similares condiciones para todos los actores del conflicto: guerrillas, Estado y particulares. Pero en su trámite de aprobación en el Congreso varios parlamentarios introdujeron modificaciones que, a juicio de las víctimas, revierten de impunidad a favor del EsTado y los empresarios. “Vuelven imposible la cadena de mando, por ejemplo en los casos de más de 5 mil víctimas en el caso de las ejecuciones judiciales (falsos positivos)” como lo expresaron los peticionarios en la Comisión ayer. “Alertamos libertades de militares sin compromisos claros ante la JEP” advirtió el abogado Góngora.

Por su parte, en la audiencia sobre Garantías de No Repetición, Yomari Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recalcó que dichas garantías “son la esperanza de que cada crimen sea el último” señalando que el sistema interamericano de DD.HH. y Naciones Unidos han señalado que éstas son fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Las garantías de no repetición, explicó Ortegón, son el futuro y deben atacar las causas, realizar reformas estructurales, y, en casos como el Acuerdo de Paz, contemplan medidas que aún no son implementadas. El llamado “desmonte del paramilitarismo” y las garantías para la defensa de los derechos humanos son las más urgentes a juicio de los representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias de Washington ayer.

 

 

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El abuso policial como parte del conflicto

 

La clase dirigente del país ha querido ligar el conflicto principalmente a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha vivido el conflicto y la violación de DDHH de mano de otros actores, entre ellos la Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La discusión sobre las acciones humanitarias que en el marco de una solución política deben realizar tanto la insurgencia como el Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y superar el abuso policial.

 

Una institución en caída libre

 

Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población. Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.

El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía también saca réditos, brindando información de la red a los mismos delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogotá.

Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos médicos.

Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la revisión de una institución que está en caída libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.

 
La Policía como actor del conflicto armado

 

Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.

La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.

Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.

 
La profundización del conflicto social: Código de Policía

 

Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un obstáculo para la paz.

Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.

La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mínima sospecha o la justificación policial.

Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que “agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.

En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solución política del conflicto.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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Embates informáticos encienden ciberguerra Rusia-EU

 

Moscú.

 

Los servicios secretos rusos (FSB) informaron ayer que detectaron un ataque informático, el cual tiene como propósito espiar a una veintena de agencias públicas e industrias militares. Un alto funcionario afirmó a la agencia Sputnik que la embestida "es una manifestación de la creciente actividad de espionaje que Estados Unidos lleva a cabo contra Rusia"

 

El anuncio se da pocos días después de que el Partido Demócrata estadunidense acusó a Moscú de ser el responsable de las filtraciones de emails del Comité Nacional Demócrata, con el propósito de influenciar la campaña electoral en favor del candidato republicano Donald Trump.

 

"Se han infectado los recursos tecnológicos de información de agencias gubernamentales, instituciones científicas y militares, compañías del sector de defensa y otras entidades que participan en infraestructuras cruciales", informó el FSB en un comunicado.

 

"Las circunstancias muestran un ataque planeado y realizado por profesionales", asegura el organismo, pero no ofrece mayores detalles sobre los autores del ciberataque.

 

De acuerdo con el FSB, el virus era enviado como pieza adjunta en un correo electrónico y permitía a sus autores interceptar el tráfico de datos, escuchar las conversaciones telefónicas, tomar capturas de pantallas y encender cámaras y micrófonos de aparatos infectados; incluso, saber qué teclas eran accionadas.

 

Según los servicios secretos rusos, el malware es similar al de otros “casos llamativos de ciberespionaje” contra Rusia y otros países.

 

El FSB, en colaboración con las autoridades, afirma que ya detectó a todas las víctimas del ataque, limitado el peligro y minimizado las consecuencias.

 

En tanto, el diputado Dmitri Gorostov, subjefe de seguridad del Comité de Seguridad y Lucha Anticorrupción en la Duma, dijo que la infiltración del software "es una manifestación de la creciente actividad de espionaje que Estados Unidos lleva a cabo contra Rusia. No cabe la menor duda". El parlamentario añadió: “Es un indicio de que el establishment en Estados Unidos realmente percibe una amenaza en Rusia y se da cuenta de que nuestras fuerzas armadas han incrementado su capacidad”.

 

El anuncio de los servicios secretos rusos se da pocos días después de que el Comité Nacional Demócrata (DNC por sus siglas en inglés) y el comité de recaudación de fondos para candidatos a la Cámara de Representantes de ese país padecieran ataques informáticos.

 

Expertos en seguridad cibernética y funcionarios estadunidenses aseguraron que hay pruebas de que Rusia estuvo atrás de la embestida contra el DNC para liberar correos electrónicos de la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, con el objetivo de influenciar la campaña electoral en favor del republicano Donald Trump, acusaciones que el Kremlin ha rechazado categóricamente.

 

 

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