Martes, 21 Junio 2016 17:34

Santos, falta pelo pa’l moño.

Santos, falta pelo pa’l moño.

La paz expres es enemiga de la paz con justicia social. La paz expres es la de los politiqueros enmermelados que, utilizando el fementido plebiscito, preparan el asalto de los presupuestos de las vias terciarias, mediante licitaciones a dedo, aforados en casi 50 billones de pesos.

Falta todavia, Santos. primero la paz con justicia social para Colombia y despues la vitrina.

 

Vuelve y juega. Regresó la paz exprés

 

A Santos le cogió el afán, otra vez. Le interesa la paz cronológica. No la ontológica, la que corresponde a unas condiciones reales para la superación del atroz y aberrante conflicto armado que han orquestado las elites oligárquicas, dejando casi 8 millones de víctimas desplazadas y casi 500 mil muertos y desaparecidos.

A Santos le interesa más firmar un documento y ganar el plebiscito, que parece estar cuesta arriba, que darle cumplimiento efectivo a los pactos de paz en materia agraria, participación democrática, de víctimas y de justicia. Le interesa más su Premio Nobel y un cargo en Naciones Unidas, que la superación efectiva de la violencia. Por eso está de carreras.

Sí, es cierto, viene un cese bilateral del fuego y hostilidades que de hecho propiciará una transformación de la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y policiales del régimen. La verificación de la Comisión política de la ONU creada para el efecto será un factor definitivo en ese sentido al igual que la constitucionalidad del Acuerdo especial que adquiera el pacto final de paz en los términos del Artículo 3 común de los pactos de Ginebra, si la zancadilla oficialista enmermelada no lo impide con sus conocidas trampas de tahúr.

Pero este importante paso no es todavía el fin del conflicto social y armado.

Faltan mucho pelo pa’l moño, como anota el comandante Timoleón Jiménez. Miren lo que falta, todo amparado en el principio de la concomitancia, la integralidad y simultaneidad:

Uno. Dejación de las armas. Reincorporación de las Farc-ep a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo con sus intereses.

Dos. El gobierno nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc-ep.

Tres. En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre, o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

Cuatro. El gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Cosa que está en pañales pues no quieren largar la teta.

Quinto. Garantías de seguridad para las Farc.

Sexto. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. Fenómeno que niegan desde el Ministerio de Defensa.

Septimo. Falta hacer un pacto sobre la refrendación y legitimación de los consensos que un Plebiscito enmermelado no alcanzará. Esta algazara electorera, treta polarizada frentenacionalista, es otro simulacro seudo democrático montado por la elite santista para repetir el saqueo de los dineros públicos. Lo harán utilizando el programa de las vías terciarias, autorizado recientemente mediante el Conpes 3857/2016, al cual le asignaron casi 50 billones de pesos, haciendo a un lado las autopistas 4G que irán más lentas. Es que la contratación de los hipotéticos arreglos de las vías rurales o terciarias hace más fácil el despojo descarado de miles de millones de pesos que irán a parar a los bolsillos de los entusiastas politiqueros con el cuento de la paz santista.

Hay que ver lo que está haciendo doña Dilian Francisco Toro, gobernadora del Valle; está feliz con los presupuestos de las vías terciarias puestos a su disposición desde la Presidencia de la Republica, merced a la intermediación de ciertos caimanes de la trampa electoral y clientelar. Ya su marido –el negro Caicedo– reparte y recoge en los clubes de Palmira, Guacari y Cali.

Nos jodimos con esta paz llena de embustes y velocidades de los gamonales y caciques santistas.

Octavo. Falta establecer un marco preciso de obligaciones para la implementación y verificación de los acuerdos de paz.

Noveno. Falta, digo yo, una profunda transformación del Estado, del Gobierno y sus instituciones en todos los niveles. Eso hay que pactarlo en medio de una profunda disputa política por el sentido democrático que debe cobrar el Estado hacia adelante y en condiciones de paz. Para tales efectos es inútil el simulacro del Ministerio para el postconflicto de Pardo y las reformas militares al gusto de la Otan y el Comando sur del imperio.

Así que a reunir más pelo pa’l moño, señor Santos, y a resolver con paciencia y ponderación los importantes puntos pendientes para poner fin al prolongado, complejo y atroz conflicto nacional.

 

Nota. La quiebra de Astraval es otro síntoma concreto, como aquel de Interbolsa, de la tremenda crisis económica y financiera que le va pierna arriba a Santos y al sistema capitalista que encarna. Que respondan los directivos de la Súperintendencia bancaria que propiciaron con la corrupción y los vacíos legales que permitieron esta estafa con las libranzas de las cooperativas militares y los educadores de Cundinamarca. Que rueden cabezas y se conozca la verdad.

Publicado enColombia
Un documento secreto revela la estrategia de la CIA en Ecuador

Un informe desclasificado demostró el trabajo de la CIA durante décadas en Ecuador y sus intentos de desestabilizar a Rafael Correa.

 

En el programa "Es Noticia" que se transmite por Telesur, se revelaron documentos que muestran el entramado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en Ecuador. A esto se sumó un nuevo material desclasificado por medios ecuatorianos. Militares, políticos y medios de comunicación están involucrados en un entramado que pone de manifiesto la injerencia estadounidense en América Latina.


La vendedora de alfombras


Sania Elias Zaitoum El Mayek era una ciudadana libanesa que arribó a Ecuador durante los años '80. A partir de allí pasó a ser Leila Hadad Pérez, con un documento falso que decía que había nacido el 13 de febrero de 1950 en Otavalo (Imbabura).


Según explicó el diario El Telégrafo su misión era “controlar y dirigir” la inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ecuatorianas. "Incluso, hay testimonios de que ella realizaba movimientos de cargos de oficiales superiores y subalternos", reveló el medio ecuatoriano.


Conocida como la agente ‘Swat’ de la CIA abrió en Quito un salón de belleza y posteriormente un almacén de venta de alfombras que le servían como fachada.


Sin embargo para 2007, luego de algunos incidentes públicos que incluso hicieron que se sospechara de su verdadero trabajo, perdió el control. De acuerdo al documento desclasificado el comandante de la Policía de aquel entonces, Bolívar Cisneros, mantuvo una posición “incomprensible” para los planes de la agente. “Leila nunca elaboró un perfil real del General Cisneros", agrega el texto y apunta que "se tiene evidencia que Cisneros ordenó la detención de Leila en su salida del país hacia los EE.UU. meses atrás”.


La CIA no se detiene


Sin embargo, el hecho de tener que retirar a una de sus principales agentes no detuvo el accionar de la Agencia. Mario Pazmiño, entonces director de inteligencia del Ejército de Ecuador, siguió reportando a la base en Miami.
El documento sostiene que la tarea de Pazmiño era crear confrontación al interior de las FF.AA. y “alimentar elementos colaboradores de la Embajada Americana e incrustados también en las FF.AA., instituciones civiles (Comisión anticorrupción, Fiscalía, etc.) y hasta la prensa”.


Tras el ataque a Angostura, perpetrado en marzo de 2008 por el Ejército colombiano contra una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pazmiño fue relevado de su cargo por fallas de información. En ese ataque murió el dirigente guerrillero Raúl Reyes y Pazmiño acusado de no haber transmitido a tiempo su conocimiento del ataque.
El "peligro" de Correa y la base de Manta


Cuando Rafael Correa se postuló para la presidencia en 2007, en un cable posteriormente difundido por Wikileaks la embajadora de EE.UU. en el país andino, Linda Jewell, informó: “Si bien ninguno de los candidatos devolverá la relación bilateral a los días felices (...) ninguno de los principales contendientes afectaría a los intereses USA tan a fondo como Correa".


Una de las principales preocupaciones norteamericanas era que se reforzara el "eje chavista" y el posible desmantelamiento de la base de Manta, lo que finalmente se hizo efectivo en 2009. La retirada de la base, ordenada por el nuevo jefe de Estado provocó que “el manejo de la inteligencia se debilite”, según revela el informe.


Por esto, desde que asumió la presidencia y dio comienzo a la Revolución Ciudadana la CIA intentó desestabilizar al gobierno de Correa. El texto se propone generar “una crisis militar, social y política" para fomentar "el mismo escenario que en Venezuela". Además explicíta que "una crisis en lo militar pondría en apuros al Gobierno”.


Finalmente, en relación a los medios de comunicación plantea "tener presente que, la actuación de Ecuavisa por parte de Carlos Vera, se produce con facilidad" así como también el diario Expreso captó "la idea de caotizar al gobierno con una crisis".


La respuesta del gobierno


Mediante una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, este lunes Rafael Correa denunció esta operación y como sigue actuando la CIA en el país.

Publicado enInternacional
Ronald Dueñas, Fuerzas fluviales, fotografía  (http://www.flickr.com/photos/ronald-duenas/4816208362/)

El horizonte cercano de un posacuerdo con las Farc, y también necesario con el Eln, plantea la necesidad de una reforma estructural a las Fuerzas Armadas colombianas a través de la cual queden integradas al control civil, abandonen ciertos privilegios, aceptando jugar un papel más 'modesto' dentro del conjunto social, actuando en democracia y a favor de una democracia plena.

 

Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc han ocasionado un gran número de comentarios y análisis, enfocados en los cambios positivos que produciriá un acuerdo para la sociedad y en el llamado período de "posconflicto" que inauguraría. Muchas veces, este "pos" está entendido y analizado como la simple desmovilización de la guerrilla sin hacer mucho caso de los cambios que traería, o debería traer, para ciertas instituciones del Estado. En particular tiende a subestimarse el lugar de las Fuerzas Armadas (FA) en las negociaciones de paz y el papel que tendrían durante el período de posacuerdo. Sin embargo, interrogarse sobre la actuación de estas últimas debería ser considerado como imprescindible, dada su posición de fuerza dentro del poder de Estado, su peso importante dentro de la sociedad colombiana, así como su accionar durante precedentes negociaciones de paz.
En efecto, las FA expresaron siempre su desconfianza con respecto a los distintos diálogos de paz entablados con las diferentes guerrillas. Desde el proceso que intentó llevar a cabo el presidente Betancur en los ochenta, y que constituyó un verdadero traumatismo para los militares que estaban acostumbrados a tener plena autonomía en el manejo del conflicto armado interno, hasta las negociaciones actuales de La Habana. Desconfianza convertida con frecuencia en una actitud "complotista", destinada a sabotear el curso del proceso e impedir el final de la guerra. Para lograr este propósito, sectores importantes de las FA no dudaron en adoptar prácticas criminales, incluyendo el asesinato de civiles, en particular durante la década de los ochenta.

 

Desde que arrancó el actual proceso de paz, las FA han manifestado de manera reiterada sus preocupaciones, manteniendo la presión sobre el gobierno de Santos para tratar de lograr lo que consideran como garantías. Han clamado con contundencia que no pueden ser objeto de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, llamando la atención –de manera repetida– sobre la supuesta baja de moral de las tropas, exigiendo, asimismo, que no les equiparen con la guerrilla. Dado el poder "desmesurado" que tienen las FA en Colombia, consecuencia en gran parte precisamente de la permanencia del conflicto armado interno, es apenas lógico que tengan miedo de perder una parte importante del mismo en caso de materializarse el final tan anunciado de este conflicto. En consecuencia, existe al interior de la Institución el temor de tener, de ahora en adelante, menos prerrogativas, a nivel militar, económico, y hasta político. También está la inquietud de tener que rendir cuentas con respecto al largo historial de violaciones a los derechos humanos que la ha caracterizado.


Sin embargo, ahora que un muy probable final de las negociaciones de La Habana está cerca, aparece de manera bastante evidente que esas preocupaciones en realidad no tienen razón de ser. La mayor prueba de esto se encuentra en el contenido del acuerdo sobre justicia, anunciado el 15 de diciembre pasado. Pese al discurso del Gobierno sobre la supuesta ejemplaridad de este acuerdo y al hecho de que la atención se enfocó sobre el destino de los futuros guerrilleros desmovilizados, es indudable que el contenido de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) trae muchos beneficios para los militares, que de hecho lo recibieron con beneplácito. No sólo serán juzgados de ahora en adelante según el Derecho Internacional Humanitario (Dih), como lo venían pidiendo, sino que además desaparecerá la tesis de la responsabilidad por cadena de mando. Esta última ha permitido la condena de varios altos mandos de las FA, sin que se haya probado su implicación directa en crímenes pero asumiendo que estos crímenes no hubieran podido tener lugar sin su aprobación. Lo que se conoce jurídicamente como la teoría de la autoría mediata, usada con frecuencia en la justicia penal internacional (Jpi).


Lo acordado en La Habana en materia de justicia transicional (JT) representa entonces un verdadero alivio para los integrantes de las FA. Si bien el debate se ha enfocado de manera decisiva sobre la cuestión de la posible impunidad para los miembros de la guerrilla, no cabe duda de que el contenido del acuerdo sí favorece una mayor impunidad para los crímenes cometidos por la Fuerza Pública (FP), lo que no debería pasar de agache pues lo decidido tiene repercusiones importantes para el país. La diferencia es que si los "beneficios" acordados a los guerrilleros pueden justificarse con el fin de lograr su desmovilización, y por ende su desaparición como grupo armado, tal no es el caso con los "regalos" a las FA, donde se encuentra también el tema de la ampliación del fuero militar, que no tienen ningún propósito transformativo sino que sólo buscan apagar su descontento. Retrospectivamente, la presencia dentro de los negociadores de los dos generales retirados Jorge Enrique Mora, excomandante del Ejército, y Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, no sólo ha servido de garantía frente al contenido general de las negociaciones para las FA sino que fue instrumentalizada para otorgarles claras ventajas jurídicas.


El hecho de que al día siguiente del anuncio de La Habana la Corte Suprema de Justicia absolviera al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en desapariciones forzadas ocurridas durante la "retoma" al Palacio de Justicia, representa un símbolo muy fuerte y preocupante de la creciente impunidad asegurada a los integrantes de las FA. La liberación de Plazas Vega, considerado por amplios sectores de los militares como un "mártir", corresponde sin duda a una decisión política y representa un mal presagio para el futuro. Ilustra de manera muy clara las declaraciones del presidente Santos según las cuales no iba a repetir los mismos "errores" del pasado cuando se amnistiaron guerrilleros y se condenaron militares, haciendo evidente referencia a ese caso del Palacio de Justicia.


[...] la discusión en torno a las transformaciones que deberían experimentar las FA de cara al posacuerdo es indispensable para que el país pueda acercarse a una verdadera paz.
Lo que confirma la voluntad de Santos de ganarse los favores de las FA, consintiéndolas y repitiendo que el honor militar es "intocable". Sin embargo, este tratamiento especial, que se rehúsa a exigirles cualquier cambio significativo, es bastante preocupante con respecto al destino del proceso de paz. Porque para que Colombia pueda experimentar una verdadera paz durarera, es necesaria una especie de "normalización" de sus FA, que tienen que despojarse de varias de sus singularidades, muchas de ellas mantenidas durante décadas gracias a la permanencia del conflicto armado interno, singularidades contrarias a las características de un país democrático.

 

Una exigencia de verdad histórica

 

Su profunda degradación es una de las características del conflicto armado colombiano, reflejada en la masiva violación de todo tipo de derechos humanos, "guerra sucia" de la cual participaron plenamente, directa o indirectamente, las FA. Cuando han tenido plena soberanía para manejar la guerra no dudaron en desplegar conductas autenticamente criminales, en su mayoría dirigidas contra civiles, desde las torturas generalizadas bajo el gobierno de Turbay Ayala hasta la escalofriante práctica de los "falsos positivos" bajo el gobierno de Uribe, con la cual ciertos integrantes del Ejército llegaron a un nivel inimaginable de degeneración.


En otros momentos, cuando debieron bajar de perfil, por ejemplo cuando el poder civil decidió "reapropiarse" del manejo del conflicto armado, delegaron de manera asumida su tarea represiva a grupos paramilitares. Este fenómeno del paramilitarismo, por su magnitud, su duración y su nivel de violencia, hace de Colombia un caso muy singular de privatización de la violencia y de la represión, donde la propia FP ha promocionado a gran escala, y de manera casi continua, grupos cometiendo crímenes atroces contra la población civil, los que incluso llegaron a ser legales en algunos momentos; prácticas documentadas en diferentes informes y trabajos, incluso oficiales. Violencia sistemática, a pesar de la cual la Institución nunca ha sido el objeto de una verdadera e importante reforma destinada a transformarla.


Es más, puede decirse que el prestigio de las FA, en particular de los militares, es constante dentro de la sociedad colombiana. Es de esperar que los trabajos de la futura Comisión por el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición puedan aportar una nueva mirada sobre este tema y, sobre todo, que se beneficien de una amplia y pedagógica difusión. Será la ocasión de verificar si las FA están dispuestas a aceptar, por fin, ciertas verdades sobre el conflicto interno y sus propias responsabilidades. Lo que debería traducirse igualmente en el abandono de la teoría de las "manzanas podridas" y la aceptación de la responsabilidad histórica de la Institución como tal, paso importante de dar en el camino hacia una posible y tan anhelada por las autoridades "reconciliación" de la sociedad colombiana.

 

La indispensable renuncia a la ideología heredada de la Guerra Fría

 

Las FA colombianas, como casi todas las del continente, han estado impregnadas por la doctrina anticomunista, característica de la Guerra Fría. Su particularidad es que, a más de 25 años del final de esa "guerra", su ideología antisubversiva no ha cambiado. Ideología que ha sido el terreno en donde germinaron estrategias de represión contra elementos de la población identificados como "pro revolucionarios" y de aniquilamiento de los supuestos "enemigos interiores". En otras palabras, ha sido la base teórica de casi todos los abusos cometidos por la FP en el curso del conflicto interno.


Si bien ya no es posible hacer referencia explícita a la lucha contra el comunismo mundial, el imaginario continúa siendo el mismo, ahora sustentado en la supuesta lucha global contra el terrorismo. Las consecuencias sobre la sociedad son idénticas y el pensamiento crítico permanece estigmatizado, considerado como una amenaza para la estabilidad y la integridad del país. Imaginario antisubversivo alimentado de, y justificado en, la existencia prolongada de guerrillas. Sin embargo, si no se toman medidas para cambiarlo, no desaparecerá de un día para otro con la posible desmovilización y desaparición de todos los grupos guerrilleros existentes. Es más que probable, por el contrario, que llegue a expresarse en una criminalización y una represión creciente contra el movimiento social y popular y la izquierda en general, como de hecho está ocurriendo últimamente. Por consiguiente, es esencial exigirle a las FA romper de manera contundente con su histórica ideología contra insurreccional, y reconocer el derecho al ejercicio desprevenido de la protesta social y la pluralidad política, propios de una verdadera democracia.

 

Romper con una auto-representación distorsionada

 

Las FA consideran que ocupan un lugar muy especial y primordial dentro del conjunto social por el simple hecho de pertenecer a una Institución que por su naturaleza sería inatacable. Es así como sus integrantes se sienten por encima de toda sospecha, representándose como los "héroes de la patria", como los verdaderos pilares de la democracia colombiana, imagen reforzada y transmitida hacia el conjunto social gracias a la colaboración de ciertos medios de comunicación. En otros términos, alimentan una representación de las FA como una institución supremamente íntegra, mucho más que cualquier otra, en la cual el país puede confiar con toda tranquilidad. Auto-representación que llega acompañada de un discurso de tipo paranoico, que denuncia la existencia de una conspiración en contra de las FA por parte de ciertos sectores de la sociedad; conspiración ilustrada a partir de una supuesta batalla jurídica contra sus integrantes a través de fiscales y jueces "infiltrados" por la izquierda y actuando en función de intereses políticos.


En este sentido, casi cada cambio de cúpula lo interpretan como la consecuencia de una campaña política de desprestigio. Esta distorsión con la cual las FA se auto-representan y analizan cualquier crítica, es otro motivo de preocupación de cara al postacuerdo, porque no pueden seguir pensando y actuando como si estuvieran por encima de las leyes y de los controles propios de la vida democrática. Es hora de que abandonen la idea de considerarse los guardias de la democracia, tarea que de todas maneras no les corresponde, y de que la sociedad entienda que han sido en realidad los defensores del statu quo y de un conservatismo a ultranza.

 

La indispensable "despolitización" de la Institución y su necesaria subordinación al poder civil

 

La politización de las FA obedece tanto a la voluntad de influir sobre las políticas del gobierno de turno –cuando tienen la sensación de que pueden perjudicarlas, en particular en período de negociaciones de paz–, como a un imperativo ideológico de impedir un verdadero pluralismo político en el país, o en otros términos, que ganen espacio las ideas de izquierda. Sin embargo, esta politización fue insuflada en los últimos años, volviéndose cada vez más preocupante a medida que la cercanía con el expresidente Uribe y su plataforma política era más explícita, que, cabe recordarlo, se encuentra oficialmente en oposición abierta en contra del actual gobierno.


Es así como, desde sectores de las FA se han filtrado informaciones clasificadas al expresidente Uribe, para que las use políticamente. Lo que, según las propias reglas internas, puede ser considerado como un acto de traición. Por consiguiente, no es excesivo afirmar que una parte importante de las FA se encuentra actualmente en oposición política al presidente Santos, lo que constituye un gran temor para lo que viene durante el posacuerdo. Esta situación debería ser considerada como intolerable por el conjunto de la sociedad, pues en un país "normal" las FA tienen que ocuparse de asuntos relacionados estrictamente con cuestiones de seguridad y de ninguna manera pronunciarse sobre asuntos políticos.

 

La corrupción interna y el cambio de prioridades estratégicas

 

Al contrario de su imaginario de absoluta integridad, las FA han quedado salpicadas por varios escándalos de corrupción a gran escala. Se ha demostrado en varias ocasiones que practicaban "chuzadas", no solamente contra personalidades de la oposición sino también contra jueces o contra los propios integrantes de la delegación del Gobierno en la mesa de La Habana. También son conocidas denuncias de tráfico de influencias, relacionados con la manera totalmente oculta como se manejan numerosos contratos. Varias investigaciones han demostrado cómo algunos militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos –por "falsos positivos"–, gozan de grandes privilegios en centros de reclusión militar como el de Tolemaida. Es más, en muchos casos a estos detenidos les "compran" su silencio para que no vayan a declarar en juicios contra sus superiores. Esa corrupción también se manifiesta en relaciones con los grupos neoparamilitares o bacrim, específicamente con la venta de armas. Todas esas prácticas corruptas desacreditan la Institución y muestran el vacío existente entre la representación que sus integrantes quisieran dar de ellos y la realidad. Corregirlas tendría que ser otro objetivo para ellas en el posacuerdo.


Además, el final de la lucha armada contra los grupos insurgentes, en caso de lograrse la desmovilización del Eln, debería traer un replanteamiento de la estrategia de las FA y de su accionar en el terreno, así como de la necesaria reducción del gran número de sus efectivos, que rodea los 500.000. El Gobierno dice que no, pero ya está preparando el terreno para que militares colombianos participen en operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior, es decir para conseguir una baja superficial de su presencia en el país. Aunque es muy posible que haya una especie de reto de seguridad en el momento del postacuerdo, por la reestructuración territorial de los grupos delictivos, no se podrá hacer la economía de un verdadero debate sobre la reducción de tamaño de las FA a mediano plazo. Pero sobre todo, es fundamental que estas dirijan prioritariamente su accionar, de ahora en adelante, contra los grupos neoparamilitares o bacrim, contra las poderosas estructuras corruptas y criminales presentes en ciertos territorios y hacia un mejoramiento de la seguridad en las grandes ciudades. Tareas que, en teoría, deberían ser asumidas principalmente por la Policía, sobre todo si las autoridades manifiestan una voluntad de "desmilitarizarla".


En conclusión, la discusión en torno a las transformaciones que deberían experimentar las FA de cara al posacuerdo es indispensable para que el país pueda acercarse a una verdadera paz. Aunque se benefician de una buena imagen en la opinión pública, un examen básico de su historial y de sus prácticas revela de manera clara que han sido totalmente permeadas por la "guerra sucia" que ha caracterizado el conflicto interno colombiano. Por consiguiente, el camino nacional hacia una posible paz pasa obligatoriamente por una reforma estructural de las FA y por un cambio radical de su doctrina "nefasta". En otras palabras, es necesario que dejen de actuar como una especie de gremio dentro del Estado, integren nuevos valores –de verdadera democracia– y acepten el control pleno del poder civil, lo que significa consentir tener un papel más "modesto", dejar la tentación de la injerencia en la política nacional, y actuar siempre conforme a los principios democráticos que deberían regir la sociedad.


* Politólogo. Fue Coordinador Colombia en Amnistía Internacional Francia. Columnista e integrante del equipo editorial del portal colombiano de opinión y análisis político "Palabras al margen".

Publicado enColombia
Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

 

Formato: 17 x 24 cm, 140 páginas, Edición: 2016
P.V.P:$27.000  ISBN:978-958-8926-16-2

 

Reseña:

En pocos países del mundo persisten las formas políticas impuestas con la Guerra Frria.En Colombia, uno de ellos, es lugar común que los modos de operación de la fuerza pública respondan al contexto , las políticas y las doctrinas contrainsurgentes,desprendidas de este estado especial de confrontación entre las potencias por el dominio del mundo.Esta realidad nacional es un obstaculo para la consolidación de la democracia, que de persistir puede dificultar aún más la construcción de la paz luego de la eventual firma de acuerdos finales entre el Gobierno y la insurgencia armada.

Este ensayo analiza el papel de las Fuerzas Militares y de la Policia en las negociaciones del conflicto armado, abiertas en Colombia desde comienzos de los años 80, así como los principales desafios que estas instituciones enfrentan de cara a un hipótetico posacuerdo.Una de las principales tareas de la sociedad para afrontar tal escenarió será la de exigir y encarar una reforma estructural de estas instituciones, a fin de romper con dicho legado.

 

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El fin del conflicto armado y la Fuerza Pública en Colombia

A comienzos del mes de diciembre, el Ministerio de Defensa presentó "La Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018", el documento presenta el escenario y objetivos del Sector Seguridad de cara al fin del conflicto armado.

A lo largo del proceso de diálogo de paz entre el Gobierno nacional y las Farc, la posibilidad que estén negociando temas relacionados con la fuerza pública ha sido un rumor recurrente, que ha servido para atizar las críticas de opositores al proceso y frente a los cuales, los voceros oficiales del establecimiento han tenido que aclarar que en la medida en que no es un tema parte de la agenda de diálogo no se abordará en la negociación. Asimismo, en el marco de la negociación, el apoyo por parte de los militares y policías constituye un tema de preocupación en la medida en que ciertos sectores han buscado la instrumentalización de esta Institución para obstaculizar el diálogo. Teniendo en cuenta que el conflicto armado ha sido un factor transversal en la agenda política y de seguridad y defensa en Colombia desde mediados del siglo XX. ¿qué cambios tendrá la Fuerza Pública en un escenario de posacuerdo? ¿Cuáles son las transformaciones necesarias en el sector seguridad para avanzar en la construcción de paz?


Aunque no es un tema que esté contemplado en el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" firmado por el Gobierno y las Farc, es necesario considerar las transformaciones que el fin del conflicto armado supondría para la seguridad y defensa. Ya que, ante este hipotético escenario, es claro que las instituciones propias de este sector tendrán un cambio en sus roles, misiones y doctrina, con el objetivo de preparar sus estructuras para cumplir con un nuevo rol en la construcción de la paz. La lucha contrainsurgente ha condicionado la política de consolidación institucional del Estado colombiano, las misiones, la doctrina, los diseños institucionales y capacidades de la fuerza pública –Fuerzas armadas y de Policía–, constituyéndose en factor decisivo en más de una contienda electoral, e incluso, ha impactado en la seguridad regional y la política exterior de nuestro país.

Binkerhoff (2005) identifica tres dimensiones claves de reforma: legitimidad, seguridad y eficiencia. Los cambios en la seguridad y defensa no solamente impactan la dimensión de la seguridad sino que también están vinculados con la reconstitución de la legitimidad. Así, otros temas que requieren atención en este punto son la estructura y funcionamiento del sistema judicial y la política criminal. Este autor también señala que los aparatos de seguridad del Estado pueden convertirse en un 'palo en la rueda' para la superación de la violencia y la construcción de paz si no hay una gestión y un proceso de reformas adecuados.

A propósito de estos cambios, a finales de 1990 desde el mundo de la cooperación internacional se acuño el concepto de Reforma al Sector Seguridad RSS, el cual hace referencia a la transformación del sistema de seguridad, incluyendo todos los actores y sus roles, responsabilidades y acciones, de tal manera que sean administrados y operen de una manera más consistente con las normas democráticas y los principios de buena gobernanza. La RSS no se circunscribe solamente a la fuerza pública, sino que involucra a todas las instituciones encargadas del control y la supervisión de estos cuerpos armados y a las instituciones de justicia. Para Schultze-Kraft (2012) la RSS enfatiza en que los cambios de los cuerpos de seguridad y las instituciones vinculadas deben tener como fin el afianzamiento de la democracia y no el afianzamiento de los intereses corporativos, institucionales y/o políticos de la fuerza pública.

¿Reto? ¿Sueño? Bien sea uno u otro, es claro que el fin del conflicto interno armado supone un cambio en la agenda de seguridad del país, debido a la desaparición de la principal amenaza a la seguridad nacional. Ello daría lugar a la re-comprensión tanto de misiones convencionales (la defensa nacional exterior y la seguridad pública, urbana y rural) como no convencionales (narcotráfico, operaciones internacionales y desarrollo nacional). En este sentido, las reformas en materia de presupuesto, profesionalización, modernización, tamaño de los cuerpos de seguridad y los cambios en la doctrina –agrupadas para la etiqueta de reforma o reconversión militar– son claves.

 

La Política de Seguridad y Defensa

 

La perspectiva por parte del Estado colombiano sobre las reformas al sector seguridad en el marco del proceso de paz ha tenido un cambio desde el inicio del diálogo hasta la actualidad. Inicialmente, el discurso se caracterizó por señalar la ausencia de una necesidad de cambio sustancial. Sin embargo, especialmente en el último año, diversos pronunciamientos tanto de miembros del Gobierno como de la Fuerza Pública han reconocido la necesidad de desarrollar reformas de cara al nuevo escenario. Por ejemplo, en un foro académico realizado en el mes de septiembre de 2015 el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, anunció una revisión de la doctrina militar* y el Ministerio de Defensa acaba de publicar la "Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018", documento que busca establecer directrices para lo que será el futuro del sector en el contexto posterior a los acuerdos de paz.

La Política de Seguridad queda enmarcada en un escenario de terminación del conflicto, construcción y mantenimiento de la paz y establece como ámbitos de acción la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. El contexto descrito en el documento resalta la importancia de las nuevas amenazas, su carácter trasnacional y la necesidad de discutir sobre las misiones y la división clásica entre seguridad y defensa y fuerzas militares y de policía. Aunque de manera tradicional, los militares han enfocado su labor en las tareas de defensa y no en la seguridad interna, en el caso de Colombia se encuentra una excepcionalidad histórica que ha llevado a que estas se encuentren enfocadas en misiones de carácter interno. Dada la dinámica actual de las amenazas (donde la separación de lo interno y externo no es clara), el documento sugiere que el "posconflicto" no llevaría al establecimiento de esa división, sino a un reformulación de las misiones, donde la dimensión interna seguirá prevaleciendo.

A propósito del ámbito misional, el posacuerdo es un escenario propio para la Policía Nacional dado que las amenazas que constituyen la agenda de seguridad no tienen un carácter militar. Sin embargo, es necesario el fortalecimiento de las capacidades policiales de acuerdo a las realidades propias de cada territorio. Uno de los mayores desafíos es fortalecer la presencia policial y el desarrollo de capacidades en los contextos rurales. En un período inicial, las fuerzas militares apoyarían con la garantía de una presencia estatal en todo el territorio –lo cual debe ir acompañado del establecimiento y fortalecimiento de la institucionalidad estatal–, no obstante, es la Policía la que debería consolidar su presencia de manera progresiva. Este proceso lleva a un replanteamiento en la cantidad de hombres requeridos a mediano y largo plazo, mientras que la cantidad de miembros de las Fuerzas Militares –sobre todo ejército– descendería, habría un incremento en la cantidad de policías.

En este sentido, el documento de la Política de Seguridad no plantea una disminución de la tropa ni del presupuesto dedicado al sector seguridad, lo que mantiene la constante con documentos oficiales anteriores sobre el tema; por ejemplo, en el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y publicado en el 2005, se indica que aunque está planeada la finalización del conflicto armado interno, el pie de fuerza militar total no disminuirá. Por su parte, el texto de la Política aquí retomado habla de un rebalanceo en la distribución del gasto y de las fuerzas, pero no una reducción en ninguno de los dos. Ahora bien, la secuencia de estas reformas es un aspecto muy importante, una reducción drástica y acelerada de la fuerza pública podría generar problemas para garantizar la seguridad y la presencia estatal, lo que crearía oportunidades para el fortalecimiento de actores armados no estatales y otras problemáticas de seguridad. Respecto al presupuesto, es necesario considerar la sostenibilidad del gasto en seguridad y defensa y una disminución progresiva en tanto la violencia y las fuentes de amenaza disminuyan.

 

La doctrina

 

Aunque la discusión sobre misiones, tropa y presupuesto son fundamentales a la hora de pensar en las transformaciones del sector seguridad, un tema esencial y particularmente difícil de lograr es el cambio de doctrina, el que implica una transformación en las percepciones que las FF.AA. mismas poseen sobre sus funciones, misión, interacción con la sociedad, etcétera, así como en su estructura organizativa.

Según Vela (2002) "El carácter de matriz axiológica que la doctrina posee le otorga el carácter de cimiento de todo esfuerzo de redefinición de las relaciones entre sociedad, Estado y fuerzas armadas. Al grado que Paul Zagorsky, considera que los procesos de reconversión militar concluyen en el momento en que se alcanza un verdadero cambio doctrinal: es decir, la internalización de nuevos valores y normas consonantes con el contexto democrático" (p. 13). La lucha contrainsurgente ha estado en la base de la matriz doctrinaria de la fuerza pública, persiste así una visión que enfatiza en el 'enemigo interno' como principal amenaza a la seguridad, y que ha llevado a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a considerar cualquier manifestación de oposición, crítica o protesta, como expresión de la insurgencia. En aras de contribuir a la construcción de paz y el fortalecimiento democrático es necesario un cambio en los valores de la fuerza pública donde los supuestos propios de la guerra fría y la idea del 'enemigo interno' desaparezcan.

Por otra parte, para ser efectiva, la reforma al sector seguridad no puede limitarse a los cambios en las FF.MM. y de Policía, sino que debe considerar una reforma del sector justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, las características del régimen político, las prioridades del tipo de reforma que los contextos particulares demarcan, o el resultado estratégico –en términos de actores y recursos de poder–, pueden constituir serias limitantes para adelantar una reforma de esta naturaleza y profundidad. No obstante, las experiencias internacionales evidencian que una reforma limitada puede suponer un serio obstáculo en los procesos de construcción de paz, fortalecimiento democrático y superación de la violencia.

* "He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal y total de toda la doctrina militar, para lo cual voy a tener el apoyo no solamente de los Estados Unidos, sino de fuerzas de la OTAN e instituciones fundamentales en el manejo de normas de conflictos armados" (El Tiempo, 2015).
** Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Referencias

 

Brinkerhoff, D. (2005) "Rebuilding governance in failed stantes and post-conflict societies: Core concepts and cross-cutting themes", en: Public Administration and Development 25, pp. 3-14.
Schultze-Kraft, M. (2012). "La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz". En: Angelika Rettberg (ed.), Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 405-433.
Vela, M. (2002) Informe final de investigación Sociedad, Estado y fuerzas armadas en Centroamérica. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. PNUD y Flacso-Guatemala: Ciudad de Guatemala.

Publicado enEdición Nº220
Los escándalos de la Policía y el desafío del posacuerdo

El avance en las conversaciones que llevan a cabo Gobierno e insurgencia en La Habana demanda que en la sociedad colombiana comiencen a ventilarse diversos temas y problemáticas que afectan al conjunto nacional, bien como soporte de la guerra que padecemos, bien como expresión de la misma. La necesaria reforma de las Fuerzas Militares y de la Policía, es una de ellas. Aquí un primer acercamiento a una realidad que afecta a todos los que habitamos este país.

 

Durante las últimas semanas del 2015 la Policía Nacional estuvo en el ojo del huracán mediático a raíz de las denuncias en contra de su director, el general Rodolfo Palomino, por acoso sexual, incremento injustificado en su patrimonio, corrupción, interceptación de comunicaciones y seguimientos a periodistas. Con pocas excepciones, la discusión se concentró en la persona del General, quien hasta hace poco era una de las figuras públicas con más aceptación en las encuestas. El Gobierno respaldó al acusado y explicó las denuncias como consecuencia de pugnas internas generadas cada fin de año, cuando los altos oficiales son llamados a cursos de ascenso. No obstante, la situación plantea el interrogante sobre las reformas que deben implementarse en esa institución de cara a un eventual posacuerdo de paz.

En parte por los costos electorales que acarrea la gestión de la seguridad ciudadana, pero sobre todo por la autonomía de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el manejo de sus asuntos, que ha operado desde el establecimiento del Frente Nacional (1958), lo que ha caracterizado a los gobiernos civiles respecto de la Policía es la despreocupación: sólo se han intentado reformas en coyunturas críticas que obligan a operar de manera reactiva. La comisión investigadora establecida por el Ejecutivo el pasado 9 de diciembre no rompe con esa tendencia, pero tiene un plazo de 90 días para rendir un informe, tiempo reducido para dar respuesta a la crisis de liderazgo, pero importante si se trata de realizar un diagnóstico que establezca las bases de una reforma.

Según la revista Semana, entre agosto de 2013 y diciembre de 2015 fueron retirados del servicio más de 3.500 policías, la mitad capturados por vínculos con actividades criminales, el resto por fallos disciplinarios o aplicando la facultad discrecional1, lo que realza, ante todo, la falta de mecanismos de control interno y externo en un cuerpo armado destinado para la seguridad ciudadana. Empero, el real problema –estructural– del que se desprende esta situación es su militarización.

En efecto, los problemas institucionales de la Policía se remontan a 1953, cuando el gobierno de Rojas Pinilla la sometió al control de las Fuerzas Militares (FF.MM.) con el objetivo de despolitizarla, puesto que anteriormente las autoridades locales designaban con criterios políticos a sus efectivos. Desde entonces, la militarización se expresa en sus estructuras, sus doctrinas, sus formas de operación, su subordinación a las políticas contrainsurgentes y el combate al "enemigo interno". Adscrita al Ministerio de Guerra y, más tarde, al de Defensa, la Policía ocupó siempre un lugar subordinado a los imperativos de la confrontación interna.

 

Paso en falso

 

La ley 62 de 1993 fue una reforma civilizatoria implementada en el marco del "revolcón" del gobierno Gaviria, un esfuerzo del gobierno civil por definir una política de seguridad con la Estrategia Nacional contra la Violencia y el nombramiento de un civil como Ministro de Defensa. Si bien la Comisión Consultiva Externa convocada para tal propósito no alcanzó el consenso en torno a extraer la Policía del Ministerio de Defensa, se pusieron en práctica mecanismos de control interno y externo que buscaban mejorar las relaciones de la Institución con el ámbito civil del Gobierno y la ciudadanía. Entre otras cosas, se estableció un sistema nacional de participación ciudadana en la formulación de políticas de seguridad y veeduría sobre la función policial; el control de la gestión policial incluía la subordinación de los comandos municipales a los alcaldes; y fue creada la figura del Comisionado Nacional de Policía civil con funciones de control interno y manejo de quejas.

Sin embargo, el carácter militarizado de la Institución, junto con el espíritu de cuerpo que tal situación implica, impidieron que muchos de los mecanismos de la reforma tomaran forma. Otros se reversaron con el Programa de Transformación Cultural ejecutado por la propia Policía, entre 1995 y 1998, en medio de la crisis del gobierno Samper2. El Comisionado Nacional de Policía no operó ante el descontento que produjo entre oficiales que no estaban dispuestos a que un civil los controlara. Las quejas y reclamos continuaron siendo potestad de la Inspección General. En la práctica, los controles institucionales fueron reemplazados por la facultad discrecional del director para retirar efectivos sin necesidad de seguir procesos disciplinarios o esgrimir una causa explícita. El retiro, entre 1995 y 1998, de cerca de 7.000 uniformados, permitió depurar la Institución al costo de generar impunidad respecto de las faltas y crímenes presuntamente por ellos cometidos. La escalada de la guerra impidió, salvo en las grandes ciudades, que los alcaldes operaran como jefes de policía, pues la estructura militar de la Institución llevó a privilegiar el mando policial.

Desde 2002 era evidente que el sistema de control interno de la Policía había hecho agua, pero el gobierno Uribe, empeñado en una política contrainsurgente que subordinó la seguridad ciudadana a la seguridad nacional, no tomó los correctivos necesarios. Ese año salieron a la luz pública casos de corrupción, como el manejo indebido de recursos para la política antidrogas de la Embajada de EE.UU., el enriquecimiento ilícito de altos oficiales y la apropiación por parte de efectivos policiales de más de dos toneladas de cocaína. El Gobierno conformó una Misión Especial que constató que la injerencia del Ministerio de Defensa sobre la Policía era reducida y propuso la creación de una Consejería Especial para Asuntos de Policía, reactivar el Consejo Nacional de Policía e incluso fundar un viceministerio de policía dependiente del Ministerio del Interior. Empero, para evitar roces con los altos mandos y no entorpecer la implementación de la política de seguridad democrática el Gobierno evitó implementar las reformas de fondo.

 

Nueva oportunidad

 

Han transcurrido varios años desde estos intentos. Aunque la situación no ha cambiado sustancialmente, la actual coyuntura es una oportunidad para discutir el tipo de fuerza policial que requiere el posacuerdo. Por tanto, el problema de los controles institucionales debe enmarcarse en una reforma estructural de la Institución que necesariamente redunde en su desmilitarización y el establecimiento de un control democrático sobre esta fuerza.

Obviamente, la militarización en sí misma no se traduce en falta de eficacia o corrupción, incluso existen ámbitos de la seguridad ciudadana que requieren fuerzas policiales con ciertas características militares, y es lógico que en un conflicto armado como el colombiano los roles y funciones de Ejército y Policía terminaran confundidos. Sin embargo, la militarización tiene consecuencias negativas para el desempeño de la función policial y la implementación de políticas de seguridad ciudadana, que empiezan por dificultar cualquier iniciativa de reforma proveniente del ámbito civil, pues en la Institución tomó forma, fortalecido, un espíritu de cuerpo similar al de las FF.MM.

La estructura de la Policía no se distingue de la de un ejército, su carácter vertical asimila los policías a soldados dejando poca autonomía a la base para interactuar con la ciudadanía. Aunque la reforma de 1993 pretendió unificar la carrera de mando, las resistencias internas sólo permitieron profesionalizar el antiguo nivel de suboficiales, ahora denominado nivel ejecutivo, sin tocar para nada el nivel de los oficiales y quedando prácticamente intacta la estructura militar. En términos de la doctrina, la Policía interiorizó la ideología contrainsurgente, privilegiando la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público sobre la seguridad ciudadana, concepto que implica la garantía y el desarrollo de los derechos y libertades individuales.

Hoy en día, la Policía ha insertado en sus discursos, planes y programas, el concepto de seguridad ciudadana. No obstante, existe un desencuentro entre tales discursos y algunas de sus prácticas producto del legado de la doctrina militar y contrainsurgente. Principalmente, existe una cierta distancia respecto de los ciudadanos, cuya percepción oscila entre una visión que los concibe como parte de la comunidad a la cual hay que acercarse para solucionar los problemas de seguridad y otra que los concibe como potenciales enemigos. En esta última visión está presente el combate a un imaginario "enemigo interno" que no pocas veces se confunde con aquellos ciudadanos que hacen uso de su derecho a protestar y manifestar su descontento públicamente, de ahí las críticas y fallos judiciales en contra de cuerpos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Así pues, el posacuerdo plantea la necesidad de despolitizar a la Policía, entendiendo por tal una transformación doctrinaria que acepte la pluralidad que caracteriza una sociedad democrática, lo que supone terminar con el sesgo anticomunista y anti-izquierdista propio de las políticas contrainsurgentes, como paso necesario para garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos.

La subordinación de la Policía al gobierno civil no es en sí mismo garantía para su buen desempeño. Por ejemplo, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (Das) desde su creación estuvo supeditado a la Presidencia de la República; sin embargo, eso no evitó que se desviara de sus funciones constitucionales para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones y persecuciones en contra de la oposición al gobierno de Uribe. Por esta razón es necesario vincular a la ciudadanía al control de la gestión policial. La implementación de controles ciudadanos en instancias para el procesamiento de quejas, como sucede en países como Canadá y EE.UU. aumentan la transparencia y la eficiencia de las instituciones. A eso apuntaba la reforma de 1993 cuando creó el sistema nacional de participación ciudadana.

En fin, más que un control civil en cabeza de las autoridades puede ensayarse un control democrático con mecanismos de participación ciudadana y con formas de gestión policial transparentes. En este empeño también sería deseable resolver el problema de la adscripción al Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que allí la Policía parece operar como "rueda suelta" y que su misión y funciones tienen características singulares que la diferencian de los asuntos de la defensa. Además, pertenecer a ese Ministerio no blinda a la Institución contra la politización ni la corrupción, como han demostrado sucesivos escándalos durante los últimos años.

 

Efecto necesario

 

El posacuerdo requiere una fuerza policial que permita la construcción de la paz y la consolidación de la democracia. Los diversos escándalos en la Policía deberían enfocarse en sus problemas estructurales, en lugar de reducirse a la gestión de determinados individuos. Esta coyuntura abre una ventana de oportunidad para realizar una reforma estructural de esta Institución que desmilitarice sus estructuras, su doctrina y sus formas de operación, de tal manera que se haga efectiva la Constitución, cuando concibe la Policía como "un cuerpo armado permanente, de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (art. 218).

1 "Palomino, el general en su laberinto". http://www.semana.com/nacion/articulo/escandalos-del-general-palomino/450089-3 (16 de noviembre de 2015).
2 El estudio más completo al respecto sostiene que se trató de una "contrarreforma". Casas, P. (2005). "Reformas y contrarreformas en Policía colombiana", en VVAA, Seguridad urbana y policía en Colombia. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, pp. 1-80

Publicado enEdición Nº220
ACLU demanda a psicólogos por crear programa de tortura para la CIA

Washington. La Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU) demandó el martes a dos ex sicólogos de la Fuerza Aérea que diseñaron un programa de la CIA con técnicas rigurosas de interrogatorio para los sospechosos de terrorismo, aduciendo que los dos avalaron y enseñaron tácticas de tortura bajo un pretexto científico.


La demanda tiene lugar 10 meses después de la difusión de un informe condenatorio del Senado según el cual las técnicas de interrogatorio han lastimado a los prisioneros de Al Qaeda mucho más de lo permitido por los límites legales sin proporcionar datos decisivos.


La demanda acusa a los sicólogos James E. Mitchell y John "Bruce" Jessen de desarrollar un programa de interrogatorios que incluyó golpizas, privación del sueño, hambre, ahogo simulado y otros métodos que causaron sufrimiento físico y sicológico a los prisioneros en manos de la CIA.


Un abogado de los demandados no respondió inmediatamente un mensaje que se le envió el martes.


La demanda fue interpuesta en un tribunal federal en el estado de Washington en nombre de tres prisioneros de la CIA. Uno de ellos, Gul Rahman, fue interrogado en una mazmorra afgana conocida como el Pozo de Sal donde fue objeto de aislamiento, oscuridad y agua extremadamente fría hasta que murió de hipotermia. Otros dos, Suleiman Abdullah Salim y Mohamed Ahmed Ben Soud, están libres.


La demanda se presentó bajo el amparo del Estatuto de Agravios a Extranjeros, que permite a no ciudadanos demandar en tribunales estadounidenses por violaciones a los derechos humanos. Un informe de The Associated Press en 2010, que citó a ex funcionarios estadunidenses, dijo que la CIA prometió cubrir por lo menos 5 millones de dólares en gastos legales para los sicólogos si el programa enfrentaba dificultades.


La petición reitera muchas de las denuncias que afloraron en una investigación exhaustiva del Senado emitida el año pasado.
Sostiene que los sicólogos, pese a no tener experiencia práctica en interrogatorios ni antecedentes de conocimientos específicos sobre Al Qaeda, desarrollaron un programa para la CIA que se inspiró en experimentos de la década de 1960 con perros y la teoría de la "indefensión adquirida". Los sicólogos sostuvieron que, al igual que los perros sujetos a abusos se tornan pasivos y obedientes, los seres humanos sujetos a "dolor incontrolable" se vuelven "indefensos e incapaces de resistir la demanda de información del interrogador", según la demanda.


Los dos, que trabajaron como contratistas independientes para la CIA, formaron una compañía que a la larga recibió pagos por 81 millones de dólares y que en abril de 2007 empleaba directamente a 11 de los 13 interrogadores utilizados por la agencia, dice la petición. Los dos también estuvieron involucrados en algunos de los interrogatorios.

Publicado enSociedad
Balas ecofriendly vendo, picanitas chinas vendo...

Los chinos se han lanzado en el negocio de las picanas, los grilletes, las esposas, las "piñas americanas", las sillas de sujeción, los inmovilizadores de cuello y otros instrumentos de tortura.

 

Business are business, y los chinos los acostumbran hacer cada vez más. Venden de todo, los neopoderosos asiáticos, en el mercado internacional. Tan de todo que hasta se han lanzado en el negocio de las picanas, los grilletes, las esposas, las "piñas americanas", las sillas de sujeción, los inmovilizadores de cuello, los aturdidores y otros instrumentos de tortura. También armas varias para diversas policías, con destino a la represión interna "legal".


A mediados de setiembre Amnistía Internacional difundió un informe en el que dice que 134 empresas chinas están dedicadas a la fabricación de esas linduras. Más de un tercio (48) colocan su mercadería en el exterior, y varias son estatales o paraestatales.
El documento, titulado "El comercio chino de instrumentos de tortura y represión", dice que en los últimos años se han notado en China "incesantes prácticas represivas en todo el sistema de mantenimiento del orden", y que la necesidad que tiene el país de "ganar mercados en todo el planeta" y colocar sus crecientes excedentes de producción hace que las empresas busquen "nichos" fuera de fronteras: los encuentran sobre todo en África y en Asia.


Pekín no se caracteriza precisamente por regular y controlar este comercio, pero no es el único que hace la vista gorda. También la hacen la muy civilizada Europa y el muy democrático Estados Unidos. "El comercio mundial de estos productos está pobremente controlado, e incluso los países con regulaciones más desarrolladas, como Estados Unidos y los de la Ue, necesitan introducir mejoras y eliminar vacíos legales a medida que nuevos productos y tecnologías entran en el mercado", afirma la organización.
Amnistía reclama algo tan cuerdo y tan lejano en su concreción como prohibir la fabricación y venta de estas armas y el enjuiciamiento de quienes las promueven. "Hay que evitar que instrumentos de horror como estos caigan en manos de fuerzas represivas de países que se sabe que practican sistemáticamente la tortura o maltratan a sus ciudadanos", pide beatíficamente un dirigente de la asociación, exigiendo también que "se establezca una supervisión internacional de las exportaciones de armamento destinado a las policías" del mundo.

 

Pero China no está sola. Lejos de ello. Aunque ha desplazado al Reino Unido del quinto lugar en exportaciones de armamento, sigue ubicada a mucha distancia del pelotón encabezado por Estados Unidos, Rusia y Francia en ventas de armas que pueden acabar en manos de estados o grupos tan "poco recomendables" como los que adquieren los instrumentos de tortura chinescos. Con la diferencia de que estas tres potencias promocionan su producción en ferias internacionales, donde la presentan como naturalmente necesaria para proveer de recursos de defensa a los distintos países, en toda legalidad y legitimidad.


Una de esas ferias –la mayor, aparentemente– se llama Eurosatory y se realiza en París todos los meses de junio. Dicen los mercaderes de armas que es una maravilla: allí uno puede encontrar desde fusiles hasta misiles, pasando por municiones supersofisticadas como las que ofrecía la empresa sueca Bofors en la edición 2012: las balas Nammo ecofriendly, sin plomo ni otros metales ambientalmente agresivos, pero de una precisión letal sin competencia. "Su corazón de acero proporciona una inmejorable penetración", alardeaba el folleto que se repartía a los visitantes. El textito de Bofors, una empresa que en su tiempo fuera propiedad de un luego arrepentido Alfred Nobel, terminaba con esta hermosa frase: "Somos el camino perfecto hacia la verdad absoluta".

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Jueves, 27 Marzo 2014 07:55

Así se fabrican guerrilleros muertos

Así se fabrican guerrilleros muertos

 

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

 

"

-Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero -le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.

-No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.

-Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

 

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

 

"

-Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

 

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

 

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término "falsos positivos", en referencia a la fabricación de las pruebas.

 

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una "impunidad sistémica".

 

"Escogíamos a los más chirretes"

 

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

 

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió "sí, patroncito, voy para allá", colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

 

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico "de educación especial" que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (38 céntimos de euro).

 

"

-Él no distinguía el valor del dinero -dice Luz Marina Bernal- pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: 'Mira, mamá, me acordé de ti'.

 

Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 75 euros) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. "El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro", dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban "el bobito", explicó.

 

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: "Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros". Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 75 euros, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

 

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2.24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

 

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

 

"

-Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

 

Le pedían unos cinco mil euros por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

 

Uribe: "No fueron a coger café"

 

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

 

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, "por no cerrar la boca". Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

 

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: "Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las Farc".

 

El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: "No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales". Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: "No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes".

 

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

 

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y dijo: "En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes". Luego anunció la destitución de 27 militares.

 

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

 

Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. "Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas", declaró al final de su estancia, "pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg". El término "falsos positivos", según Alston, "da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro". Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos "por algunas manzanas podridas dentro del Ejército", como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban "una estrategia sistemática", ejecutada por "una cantidad significativa de elementos del Ejército".

 

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

 

El presidente Uribe respondió que "la mayoría" de las acusaciones eran falsas. Que venían de "un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales", cargados "de odio y de sesgos ideológicos". Y salió una y otra vez a defender a los militares: "Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones".

 

Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: "Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas".

 

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba "como una boba". Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.

 

"Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla", dice Sanabria, "a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado".

 

A 1.400 euros el muerto

 

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara "negligencia" y "falta de cuidado en los procedimientos" del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la "captura o el abatimiento en combate" de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los 1.400 euros por un combatiente raso, hasta 1,8 millones de euros por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

 

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

 

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

 

Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de nueve mil miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

 

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la "lucha contra el terrorismo", empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a siete mil personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

 

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

 

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: "Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas". Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. "La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad", denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

 

También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: "Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía". Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

 

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19.405 combatientes fueron "abatidos" (un eufemismo para no decir "muertos"), 63.747 fueron capturados y 44.954 fueron desmovilizados.

 

La suma alcanza 128.106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad "la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos".

 

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3.796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3.084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

 

Una grieta en la impunidad

 

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

 

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

 

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-Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.

 

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4.700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

 

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5.500 rosas y 25.000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.

 

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-Nos siguen acosando -dice Luz Marina Bernal- pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.

 

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la CPI afirmó que había "bases razonables" para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo "maquillada" o "tolerada" por los niveles superiores del Estado.

 

El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

 

Como crímenes contra la humanidad

 

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4.716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

 

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

 

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-A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice-. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.

 

-Necesitamos la verdad para seguir viviendo -dice Luz Marina Bernal-. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

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Nueva cúpula militar: contra Timochenko y el Bloque sur

De las cuatro patas de la Mesa, una de cada lado es el factor militar. Aunque siempre circuló en voz baja, la insurgencia ya hizo público que «silenciará» pero no "entregará" las armas. Con esta anticipación al resultado de la agenda, al gesto duro de la reunión de los primeros comandantes de las farc y el eln, vino el de la otra parte: El Fiscal cumplió su declaración de diciembre 2012: Por delitos de lesa humanidad "[...] el próximo semestre se harán acusaciones a las farc". Hasta nueva orden, la intensidad del conflicto recae sobre las montañas del Centro Occidente y, en las fronteras con protagonismos de las bacrim.

 

Tras de las palabras del Fiscal, cárcel que cierra o inclusión y participación política que abre, es el nuevo portón de la paz, cuando todavía son bastantes los silencios y rechazos a una salida política y la inconformidad social muestra más aristas. Con sonrisas del ministro de defensa, suman cincuenta los mandos "medios" de segunda línea abatidos por las Fuerzas Armadas. Sus operativos élite ya no son sólo para batir dirigentes altos, sino a los más vulnerables: obligados al contacto más cercano con la población periferia de los frentes, hasta donde con los años, penetra la inteligencia contraria. En otro ángulo, durante el segundo ciclo de conversaciones, Democracia e Inclusión, con la moderna tecnología y forma de información escrita, radial, de televisión y cibernética, sin monopolio y desventaja; resultan tan o más difíciles que los puntos de avance sobre Tierra y reforma en la propiedad, que debieron dejar temas en el tintero. A su vez, gesto tras gesto de las partes y, sobre todo la coyuntura electoral, pone a la mesa en un embudo.

 

Relevo de mandos para el ajuste de la guerra de oriente a occidente sur

 

Por más de una década, tras la ruptura de conversaciones en el Caguán, el dispositivo conjunto con despliegue del 'plan Colombia', los mandos militares y policiales, la acción "encubierta" paramilitar con apoyo de entes estatales y de la Justicia, bajo la doctrina inmoral y mando de Álvaro Uribe y sus largos ocho años, tuvieron un blanco prioritario en las acciones de guerra, masacre y desplazamiento, con su transversalización por el territorio: Determinaron como blanco o eje operativo, y de las acciones de propaganda y sicología militar, atacar a fondo la mayor concentración guerrillera oriente-sur de las farc.

 

En tal empeño oficial y de la asesoría extranjera del Comando Sur (US) , estuvo sobre los mapas de los generales, enfrentar al Bloque Oriental con sus frentes localizados desde la frontera con Venezuela y Brasil hasta Cundinamarca y la ribera oriental del río Magdalena, en apuesta de avance a largo plazo sobre Bogotá, corazón del Estado. En su "misión", la acción paramilitar de las auc, operó contra el acumulado norte-interior del eln y la indicación de separar, cortar y quebrar en el área del Magdalena Medio, los corredores y el círculo que por el norte, cerraba sobre Bogotá el Bloque del Magdalena Medio de las farc, bajo la dirección de Timochenko. Así, desarticular el proyecto guerrillero parte del Plan Estratégico, de cerrar la capital por el occidente, con el Comando Conjunto Central, en tarea de constituir otro Bloque. Comando este en territorio del Tolima y el norte del Huila, bajo el mando operativo de Gerónimo y la dirección de Alfonso Cano, quien cumplía esta misma y doble función, sobre el Comando Conjunto Occidental, de prolongación al sur occidente de este flanco, bajo el mando directo de Pablo Catatumbo.

 

Hacia el otro eje. El objetivo de neutralizar la proyección del Bloque Oriental, con el paso de los días tuvo resultados. Para las Fuerzas Armadas, este blanco operacional quedó "concluido" con la baja del Mono Jojoy. A continuación, y con nuevos mapas en las salas de mando, por el flanco occidental de Bogotá, allende el río Magdalena hasta las orillas del Océano Pacífico, y en otra prioridad de tarea que está en ciernes, el general Leonardo Barrero –recién nombrado Comandante de las Fuerzas Militares–, asumió la persecución de la estructura del Comando Conjunto Central que sobre las cordilleras occidental y central conecta en directo con el Comando Conjunto Occidental y enlaza con el Bloque Sur. Al respecto, dan por sentado que la caída de Alfonso Cano conlleva su debilitamiento.

 

El ataque contra el Bloque Oriental con repercusión en una población y unos centros urbanos no mayores en densidad, como Florencia, Neiva y Villavicencio, no significó la derrota militar y social de las farc, una guerrilla con una reserva de impacto, en los frentes del Bloque Sur y del Comando Conjunto Occidental –diferente a los Llanos– con reflejo y noticia sobre Cali, Pasto, Popayán, Buenaventura, sus vías de comunicación y la dinámica de movimientos sociales y, podría rehacer influencia sobre Ibagué y el Viejo Caldas. Un supuesto operacional de la guerrilla que en otro tiempo, movió a los jefes guerrilleros Iván Marino Ospina, en el antecedente, y luego a Carlos Pizarro, Álvaro Fayad a proyectar en esa área el Batallón América del M-19 y sus vínculos con organizaciones guerrilleras de Ecuador, Perú, Chile, y núcleos de memoria guevarista: Alfaro Vive, ¡Carajo!, MRTA –con reductos del PRT argentino, el MIR chileno, entre otros.

 

Aunque tenga el fin de imponer ritmo y exigencia en la conversación de La Habana, en este nuevo "teatro de operaciones" vendrán y son diferentes las implicaciones políticas, sociales y de repercusión humanitaria. Debajo de la manga, la nueva cúpula y la inteligencia de la policía siguen el rastro de Timochenko, a cuya caída dan el valor, que no es novedoso, de "golpe definitivo" y determinante en la Mesa.

 

Santos apuesta a redondear una "derrota social" de la guerrilla; Uribe al "aniquilamiento"

 

Como consta en toda la investigación sin concluir con respecto a la parapolítica, tras los dos gobiernos de Uribe que anduvieron en línea con el partido republicano de los Estados Unidos, con los intereses militares del estado sionista, con el entorno mafioso anticubano y del 'exilio' venezolano; con su empuje agro narco para institucionalización, en llave con el hábitat financiero territorial de las auc –que deriva en bacrim y contactos clandestinos con oficiales del arma de inteligencia del ejército, la armada y la policía; sostiene un discurso y quehacer que descarta admitir las causas del conflicto. En fin, dos periodos en la Presidencia que desprestigió y debilitó el papel diplomático y económico de Colombia en el continente.

 

Un hecho que obligó ahora, como característica del actual gobierno Santos, a la búsqueda de un "reacomodo institucional" a efecto de una (re)legitimación de la élite oligárquica, con uso de las conversaciones con la insurgencia –que ésta admitió en una condición de repliegue forzado en un vasto territorio de municipios y una diferente correlación política y militar a la existente en 1999-2002.

 

La frágil ventana de paz que delibera en La Habana

 

En medio de los silencios del conjunto social, domina en la imagen de paz por alcanzar, el sentir de las grandes urbes y los cascos municipales determinados por la inercia de la "salida militar" que agita Uribe, y desconectó a extensos sectores de los ideales de organización y lucha. No existe aún en la nación, una deliberación ni un "actor nacional" 'desinteresado' por la paz.

 

En este marco, la Mesa está virando de la Fase inicial de posicionamiento y «conveniencia común» de cada una de las partes, a la segunda de rechazos y presión, que el Presidente puede precipitar, definitivamente, al final de noviembre. O, tener una pausa: hasta el resultado de la elección para 2014-2018, con base en un nuevo mapa de las fuerzas políticas oficiales. Difícil en esta fecha, el logro de una variación e iniciativa por parte de los nervios sociales, alternativos, de izquierda, y de la correlación pública en alta voz, a favor de una Colombia sin privilegios ni causas del conflicto.

 

Está a la vista, una campaña electoral que puede venir con promesas y preparación de la opinión para ir a partir de mayo 2014, a la Fase tercera en la Mesa de estocada y lenguaje intransigente y exigente, con plazo para la "desmovilización" con desarme de las farc y de contera para el eln.

 

Ante la coyuntura electoral que ya domina en la cotidianidad informativa, la Mesa pasa por un cuello de botella, porque con excepción de la base del poder institucional, sus partidos oficiales y las ramificaciones de clientelismos, y de los diversos lenguajes y sesgos de las víctimas con dolor, el conjunto de la sociedad todavía no asume como manija de movilización: la paz.

Publicado enEdición 194