Miércoles, 04 Mayo 2022 06:32

Rezando salmos al revés

Sacerdote Antún Ramos

Al recordar los 20 años de la masacre de Bojayá, me he encontrado con la historia del padre Antún Ramos, sacerdote chocoano y párroco de Bojayá en ese trágico 2 de mayo de 2002. 

La población, a orillas del río y en medio de la selva, se vio atrapada en un combate entre grupos armados. Los violentos de un lado la tomaron como escudo y los del otro terminaron haciéndola objetivo militar. Todos, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes y niños corrieron a la iglesia, allí estaba Dios y allí se sentían seguros. Antún, en esas horas interminables de balaceras y agresión, se ocupaba de todos, daba fuerza y esperanza a todos, y según dice él mismo, le tocaba hacer como a Guido, el personaje de la película La Vita è bella de Roberto Benigni, el que, queriendo proteger la inocencia de su pequeño hijo se esforzaba por sacarle partido a la tragedia y arrancarle motivos de esperanza al horror que vivían, así este párroco en medio de su gente asustada y al amparo de su templo, manteniendo el humor, la unidad de todos y la esperanza.  También las religiosas misioneras agustinas, en gestos de admirable valentía y caridad, se la jugaron toda por la comunidad que servían.

Antún y su comunidad, tal vez sin lugar y posibilidad de teologías, vivieron en carne propia la única eucaristía de la historia, la de Cristo Jesús, la de su cuerpo entregado, la de su sangre derramada; allí, en esa iglesia rota, en ese altar detrás del cual los niños que se escondían del aturdimiento y de las balas quedaron masacrados. Cristo, que muere en todas las muertes, se hizo visible en las víctimas inocentes. 

 El crucifijo de Bojayá, esa imagen mutilada, ante la que es mejor “volver el rostro” (Isaías 53,3), es ahora para los cristianos de Colombia sacramento de la fe que profesamos. Antún, con su caridad pastoral y su entereza, haciendo lo que tenía que hacer, estarse con su gente y defenderlos hasta el final, es figura del mistagogo, del que nos introduce en los misterios de Dios, ayudándonos a caminar y a ver luz por esas cañadas oscuras de Colombia. Y al mencionar a Antún, no se puede dejar de recordar también a otro sacerdote, Jorge Luis Mazo, también párroco de Bojayá y quien, apenas unos pocos años atrás de la masacre había sido asesinado por los violentos.

Sí, necesitamos estos sacerdotes, más humanos que ritualistas, que nos ayuden a elevar el cuerpo de todas las víctimas de nuestra violencia, de todos los que sufren, de todos los que han muerto, y que, pronunciando sobre ellos las palabras de la consagración, las mismas de Cristo que dice “esto es mi cuerpo entregado”, “esta es mi sangre derramada”, develen la verdad que esconden, la de que Dios mismo muere en ellos y resucita en ellos, como un día murió y resucitó en el crucificado Jesús. No se puede ser sacerdote sin ser víctima, sin arriesgar la vida, sin dejarse tocar por la muerte. Un sacerdote así, aunque suene extraño, pone al mundo todo en estado de resurrección.  En el sacrificio de Jesús y en el de todos los inmolados, Dios no está en un supuesto cielo recibiendo satisfacción y gloria, Dios está muriendo en las víctimas y en ellas quiere ser adorado.

Al escuchar el testimonio de Antún, viene también a mi memoria Komitas, un personaje histórico de El libro de los susurros, de Varujan Vosganian, y que relata el genocidio armenio (todavía, después de un siglo, están los “expertos” de los gobiernos y las iglesias, discutiendo si fue genocidio o no).    

Komitas es un sacerdote ortodoxo, que experimenta hasta lo más hondo el exterminio de su pueblo y que recorre con sus cristianos los caminos del horror. “Komitas, escribe el autor armenio, se mezclaba con la muchedumbre para tratar de aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento y los exhortaba a conservar la confianza en Dios. Por la noche se quedaba sólo y murmuraba. Al principio sus compañeros de viaje creyeron que rezaba, pero no: hablaba a alguien, y si ese alguien era Dios, entonces las palabras, inusuales para un monje, parecían de reproche, una especie de salmos al revés”. 

Sí, lo creo también, un sacerdote en Colombia, si quiere ser mistagogo y señalarnos la luz en medio de esta oscuridad, si quiere hacerse cargo de los muertos y reconocerlos como materia eucarística para la vida abundante, se verá no pocas veces rezando salmos al revés, y peleando con Dios. Creo que algo así experimentó el padre Antún Ramos. A él le pido perdón, estoy muy lejos de mi Colombia para conocerlo, sólo lo sigo en la red y he escuchado sus testimonios, y aun así, con una gran confianza, me he atrevido a hablar de él.

Publicado enColombia
Sábado, 12 Marzo 2022 06:01

Mario Terán, el verdugo del Che

Mario Terán

"Dispará cobarde, vas a matar a un hombre", le dijo Guevara

Acaba de morir en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el asesino del Che Guevara. Veamos en qué circunstancias se produce la letal intervención del sargento del ejército boliviano Mario Terán Salazar aquel 9 de octubre de 1967:

1) En pleno combate contra la guerrilla en la quebrada del Churo los soldados bolivianos Balboa y Encinas observan que uno de los rebeldes arrastra a un compañero herido y les intiman rendición. Son las 3.30 de la tarde. Uno de los apresados es el Che Guevara, el otro es Willy Cuba, combatiente boliviano quien ha intentado heroicamente proteger a su jefe herido de un balazo en el muslo. Otro soldado recuperará el fusil dañado del Che, inutilizado por un disparo, que lleva la inscripción ‘Lan Div. United 744.520’ y en su culata es visible una ‘D’ mayúscula.

2) El capitán Gary Prado, a cargo del destacamento, anuncia la novedad por radio a La Higuera a "Morocho" (subteniente Totti Aguilera) quien operaba el equipo de comunicaciones GRC-9 y ordena que se comunique la novedad al mayor Ayoroa, jefe de los rangers bolivianos entrenados por la CIA, y se transmita al Comando de la Octava División en Vallegrande donde se encuentra "Saturno", el comandante de la Octava Divisón, Coronel Joaquín Zenteno Anaya.

3) Luego de pedir confirmación de tamaña noticia, "Saturno" ordena a "Flaco" (capitán Prado) trasladarse con muertos, heridos y prisioneros a La Higuera, distante dos kilómetros. A su vez Prado ordena levantar la operación militar hasta el día siguiente dejando guardias apostadas para impedir la fuga de los guerrilleros que aún estuviesen ocultos en la quebrada y regresa a La Higuera.

4) Muere el guerrillero cubano "Pacho" desangrado y sin asistencia durante el camino. El dìa anterior en su diario dejó constancia de que había liberado una mariposa de una telaraña.

5) El coronel Selich es el primer alto oficial que aterriza a bordo del helicóptero LS-4 en La Higuera. No es su área de mando pues es comandante del Regimiento de Ingenieros Número 3, pero, conocedor de la zona, lo hace para orientar al piloto, mayor Jaime Niño de Guzmán, en sus futuros vuelos.

6) El Che y Willy son alojados en la humilde escuela del villorrio, construida en adobe y con techo de paja, que tiene dos habitaciones apenas separadas por un tabique de madera.

7) Prado organiza un sistema de seguridad para custodiar a los prisioneros, teme una acción de rescate por parte de los guerrilleros que no han podido ser capturados, un oficial deberá estar siempre en la habitación y dos soldados en la puerta. Ordena al teniente Totti Aguilera que vende la herida de Guevara. Este suboficial contará al periodista R. Ustáriz Arce que la respiración del prisionero “era dificultosa, comenzaba a roncar, parecía como si se le tapara la respiración, no podía dormir, se sentaba”. Era la compañera de toda su vida, el asma.

8) El mayor Ayoroa ordena al Che que se ponga de pie para palparlo. El militar boliviano, en nuestro diálogo en Santa Cruz de la Sierra, me cuenta: “No llevaba nada encima, salvo un huevo duro”, seguramente su alimento para todo el día. Está descalzo y pesa veinte kilos menos. El Che se limitará a preguntar por sus hombres, “son buena gente, en estos momentos podrían estar viviendo cómodamente, con sus familias”.

9 ) Guevara es despojado de sus pertenencias que son acumuladas en la habitación del telegrafista: su diario de campaña, libros de historia y geografía bolivianas, mapas por él actualizados de la zona, su documentación personal, un altímetro que colgaba de su cuello, una pistola alemana calibre 9 mm. PPK Walter 45 con cargador, una daga "Solingen", dos pipas (una de fabricación casera), una carterita con dinero: 2500 dólares y 20.000 pesos bolivianos (que será repartido entre los oficiales ).

10) Julia Cortés es una joven maestra del pueblo de 19 años que ingresa en la escuelita "para preguntarle por qué había venido de tan lejos para matar bolivianos", me contará muchos años después en su vivienda de Vallegrande donde ejerce como partera. ‘Me lo imaginaba feo, con un aspecto temible, en cambio cuando estuve frente al Che y nos miramos me pareció un hombre increíblemente bello. Quedé flechada".

11) Más tarde otros de los que desfilan para observar al mítico guerrillero que yace sobre el suelo agotado, sucio, deprimido, asfixiado, comentarán burlonamente “está pensando en la inmortalidad del burro” a lo que Guevara responderá, rápido, “no señor, no estoy pensando en eso, estoy pensando en la inmortalidad de la revolución, esa que tanto temen aquellos a quienes ustedes sirven”.

12) Cuando le correspondió el turno de guardia al teniente Eduardo Huerta, un joven de 22 años de edad y miembro de una familia destacada de Sucre, el Che conversaría largo rato con él. El oficial boliviano me contará que la mirada del Che lo había impresionado, tanto que llegó a sentirse casi hipnotizado. El prisionero le habló de la miseria en que vivían los pueblos latinoamericanos y de la necesidad de una revolución que cambiase las cosas. También sobre el trato respetuoso que los guerrilleros daban a sus prisioneros, tan diferente al que recibían los capturados por el ejército.

13) El presidente de Bolivia, Barrientos, convoca en la noche del 8 de octubre de 1967 a una reunión militar del más alto nivel en La Paz. Ingresa con sus Jefes de Estado Mayor y Comandante en Jefe del Ejército, generales Ovando y Juan José Torres, una pequeña sala de exposiciones en la sede militar. Después de una grave conversación plantea el punto de la eliminación física del Che. Lo expuso como decisión seguramente consultada con la embajada de los Estados Unidos. Concluida la reunión se envía una instrucción cifrada a Vallegrande.

14) A las 7 de la mañana llega el coronel Zenteno a La Higuera trayendo personalmente la orden de eliminar al Che.

15) En el helicóptero, además del coronel Zenteno y del piloto Niño de Guzmán, llega Félix Rodríguez, cubano anticastrista, el agente de la CIA cuyo nombre ficticio es "capitán Ramos". El informe secreto de la CIA que lleva la identificación en español “Inspector General- 15 2015”, especifica que "Ramos" lo acompaña “para interrogar a Guevara”. Señala también que lleva consigo “un radio-trasmisor RS-48”.

16) Zenteno transmite la orden de matar al Che al mayor Ayoroa. Este argumenta que no es una orden que el reglamento militar obligue a obedecer y propone que esté a cargo de alguien que se ofrezca voluntariamente.

17) El falso "capitán Ramos" tiene un violento diálogo con el Che del que será testigo el piloto Niño de Guzmán: “El supuesto capitán entró en la habitación y acercando su cara hasta casi tocar la del Che, en una actitud prepotente, le preguntó: “¿Tú sabes quién soy?”. Guevara lo miró y le dijo. “Sí, un traidor”, y lo escupió en la cara”.

18) Zenteno convoca a los suboficiales y pide voluntarios para matar a los prisioneros. Todos se ofrecen. Entonces entra en escena el sargento Mario Teràn. Zenteno, al azar pues no lo conoce, lo elige para ejecutar al Che. El sargento Huanca se encargarà de Willy Cuba.

19) Pero pasará el tiempo y el coronel Zenteno se enontrará en un aprieto: la noticia ha corrido como reguero de pólvora y se están reuniendo periodistas y funcionarios en Vallegrande para recibir el cadáver del Che pero éste está todavía vivo en La Higuera. En el informe desclasificado de la CIA puede leerse: “Le dijo (a Félix Roríguez) que ejecutara a Guevara de cualquier forma, que él (Zenteno) debía volar hacia Vallegrande y que enviaría el helicóptero de regreso para recoger el 'cuerpo’ (con comillas en el informe) de Guevara a las 2 p.m. y que ‘como amigo’ le pedía que el cuerpo estuviese listo”.

20) Al no estar Zenteno, Selich, Ayoroa ni Prado el oficial de más alta graduación, aunque falsa ,es el "capitán Ramos". Convoca a Terán y le ordena balear al Che de la cintura para abajo para seguir con la ficción del "muerto desangrado por heridas recibidas en combate" pues las radios han difundido que fue herido en las piernas.

21) El sargento Terán, un hombre sencillo, semianalfabeto al que el destino ha elegido para una acción que sospecha con consecuencias, ha estado buscando un arma mejor que la suya. No es cierto que se haya emborrachado, y mucho menos con whisky como inventa algún biógrafo, inhallable en un lugar donde me fue imposible, más de treinta años después, tomar una CocaCola. Pero lo cierto es que le cuesta mucho apretar el gatillo y entra y sale de la habitación no menos de tres veces, sufriendo el escarnio de sus colegas que se burlan de su cobardía que contrasta con la decisión del sargento Huanca.

22) El Che le dirá a su verdugo, entre provocativo y sereno, "Dispara cobarde, vas a matar a un hombre". Y su apelación al verdugo es inevitable asociarla con aquel "Ve y cumple con lo que debes hacer" de Jesús a Judas. 

Publicado enSociedad
Asesinan a Albeiro Camayo, fundador de la Guardia Indígena Nacional

La noticia fue confirmada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que asegura que la guardia indígena se está movilizando para capturar a los responsables

En medio de un ataque armado, el fundador y excoordinador de la Guardia Indígena Nacional, Albeiro Camayo, fue asesinado en la noche de este 24 de enero en el resguardo de Las Delicias, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab Wala Kiwe, que confirmó el suceso, señala como responsable a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por el crimen.

“El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informa a la comunidad en general y a la opinión pública nacional e internacional que en un ataque armado, perpetrado por el grupo autodenominado Columna Móvil Jaime Martínez, en el sector conocido como La Primavera, del territorio ancestral de Las Delicias (Buenos Aires, Cauca), fue asesinado el compañero Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena”, denunció la asociación.

Se detalló que alrededor de las 3:15 p. m. de este lunes los indígenas del resguardo Las Delicias denunciaron la presencia de un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de la autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Cuentan que los subversivos se movilizaron por los sectores de El Cabuyo y La Primavera y forzaron a la comunidad, haciendo uso de las armas, para que participaran de varias reuniones que organizaron.

Cuando los criminales se encontraban en La Primavera, la neeh we’sx (que se traduce como gobernadora indígena) de Las Delicias llegó al lugar a exigir el respeto por la población civil. De esta manera, en compañía con la comunidad y los kiwe thegnas (guardia indígena) se procedió a expulsar a los armados del territorio.

Como respuesta, los subversivos hicieron acusaciones contra las autoridades, la guardia y la comunidad. Amenazaron directamente a los comuneros y los intimidaron con armas de fuego.

Horas más tarde, aproximadamente a las 5:30 p. m., los criminales comenzaron a disparar contra la comunidad del sector La Primavera y de El Mandarino. En este momento es cuando una de las balas impacta a Camayo.

“Alrededor de las 5:30 p. m. los miembros del grupo comenzaron a disparar en contra de la comunidad reunida. El ataque armado se registró también por el sector de El Mandarino. Es el tercer kiwe thegnas que es asesinado en este territorio y por los mismos autores en menos de dos semana”, relató la Asociación.

Es importante mencionar que, según los indígenas caucanos, entre los subversivos que atacaron este lunes se encontraba alias el Paisa, responsable de los asesinatos del joven ambientalista Breiner Cucuñame y de Guillermo Chicame, quien era miembro del esquema de seguridad de la autoridad Uka We´ sx del resguardo de Las Delicias. Este episodio ocurrió solo hace 10 días, el pasado viernes 14 de enero alrededor de las 1:30 a. m., cuando los disidentes de la columna Jaime Martínez también incursionaron armados en el territorio ancestral.

Ante este recrudecimiento de la violencia que se vive al norte del Cauca, las comunidades indígenas solicitan el acompañamiento de las entidades del Estado, el Gobierno tanto regional como nacional y de la organizaciones en pro de los derechos humanos. En particular, pidieron ayuda a la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

“Se hace la alerta máxima a todos los territorios indígenas del Cauca y a las organizaciones hermanas para acompañar a la familia Camayo Güetio y a la comunidad de Las Delicias en estos momentos de horror y muerte”, pidió la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

24 de Enero de 2022

Publicado enColombia
Viernes, 21 Enero 2022 05:42

Guatemala: ¿25 años de paz?

Guatemala: ¿25 años de paz?

El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pasó desapercibido. Parte de la ciudadanía prefiere hablar con amarga ironía de los «recuerdos de paz». Las esperanzas de derechos, paz e igualdad se disiparon frente a la corrupción, el neoliberalismo, las redes criminales y un proceso de involución democrática que hoy se extiende por gran parte de Centroamérica.

El 29 de diciembre de 1996 se firmó en el Palacio Nacional de la Cultura el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Con la suscripción de este documento terminaba una década de negociaciones y se ponía fin a una guerra que tuvo, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Aquella tarde de diciembre, miles de guatemaltecos se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para celebrar la finalización del conflicto, festejos que se realizaron también en la mayoría de las ciudades y pueblos que fueron afectados por la violencia, así como en los campamentos insurgentes, donde los combatientes guerrilleros se habían «concentrado» para iniciar su desmovilización.

Un cuarto de siglo después, la fecha pasó casi desapercibida para la mayoría de la ciudadanía guatemalteca. El gobierno realizó un acto desangelado en el Patio de la Paz presidido por el ministro de cultura y al que asistieron mayoritariamente empleados de gobierno; el partido de la antigua insurgencia, ahora denominado Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ), publicó un largo comunicado en el que subrayaba la importancia de los acuerdos y las fallas en su cumplimiento, mientras que la plataforma de organizaciones de víctimas realizó una pequeña protesta frente al Palacio Nacional. 

¿Cómo fue la negociación y qué se estableció en los acuerdos de paz?

Los grupos insurgentes aglutinados en la URNG negociaron el fin de la guerra con cuatro gobiernos distintos: Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), Jorge Serrano Elías (1991-1993), Ramiro de León Carpio (1993-1996) y Alvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). Cuando iniciaron los diálogos, América Central era en uno de los últimos escenarios de la Guerra Fría y el gobierno estadounidense estaba obsesionado con contener la «amenaza comunista» en la región. Para 1996, el Muro de Berlín había sido derribado, la Unión Soviética se había desintegrado, los sandinistas habían entregado el poder tras un proceso electoral democrático y las guerrillas salvadoreñas aglutinadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) eran ya la segunda fuerza política en el vecino país.

Los cambios en el mundo afectaron a los actores en contienda. Las guerrillas pasaron de pensar el diálogo y negociación como una táctica que les permitiera ganar tiempo para recomponer fuerzas a considerarlo un proceso estratégico que posibilitaría, desde su punto de vista, sentar las bases para la solución de los problemas que causaron la guerra. Para el gobierno, implicó también limitar la militarización del Estado y contener la autonomía del Ejército en asuntos de contrainsurgencia. Para un sector de las elites empresariales, la pacificación vendría a mejorar el «clima de negocios» y atraería nuevas inversiones.

Fue entonces cuando se moldeó una compleja agenda de negociación dividida en temas sustantivos y operativos. Lo sustantivo abordaba los problemas que la sociedad guatemalteca venía arrastrando desde tiempos coloniales y poscoloniales: el racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas, pero también la concentración de la riqueza y la propiedad, así como la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Además, dentro del eje sustantivo se ponía el foco en la militarización del Estado y el predominio del Ejército en asuntos de seguridad ciudadana. Las cuestiones operativas, que fueron colocadas al final de la agenda de negociación, se vinculaban con la desmovilización e incorporación a la legalidad de las unidades guerrilleras. Además, se trataron problemáticas como el retorno de la población refugiada en México y en zonas montañosas y selváticas del país, y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

Las negociaciones establecieron mecanismos para vincular a las organizaciones de la sociedad civil. Primero, se las incorporó a través de una ronda de diálogos con la insurgencia, que facilitó a las guerrillas encontrar puntos de coincidencia con las organizaciones sociales. Posteriormente, se dio lugar a Asamblea de la Sociedad Civil, espacio en el que por primera vez organizaciones, grupos, y pueblos pudieron dialogar y elaborar propuestas de solución a los problemas del país. La Asamblea produjo documentos de consenso sobre cada uno de las temáticas de la negociación. Aunque no eran vinculantes, estos documentos permitían constatar los alcances reales de cada uno de los acuerdos.

Antes de negociar los temas sustantivos, se suscribieron varios acuerdos enmarcados en la defensa de los derechos humanos. En marzo de 1994, se suscribió el Acuerdo global sobre derechos humanos que entró en vigencia inmediatamente y dio lugar al despliegue de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), cuya presencia no solo contribuyó a la disminución de las violaciones a los derechos humanos, sino que creó un ambiente propicio para la participación y movilización social. En junio de ese mismo año se firmó el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, bajo el cual se institucionalizó el retorno organizado y en condiciones dignas de las miles de familias que tuvieron que desplazarse por las campañas contrainsurgentes. También en junio de 1994, se firmó el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. La discusión de este tema fue compleja, ya que para el gobierno y el Ejército resultaba inaceptable aceptar que se juzgara a los responsables de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ocurridos durante la guerra, mientras que, para las bases de la insurgencia y las organizaciones sociales, esta era una demanda central. En el acuerdo se aceptó crear una comisión de la verdad que no individualizaría responsabilidades ni tendría consecuencias judiciales.

El primer acuerdo sustantivo, Identidad y derechos de los pueblos indígenas, fue el más avanzado, tanto en términos conceptuales como políticos. Firmado en marzo de 1995, este documento reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad guatemalteca y la identidad de los pueblos maya, xinca y garífuna. A partir de ese acuerdo se alcanzaron una serie de medidas y acciones para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Pero para su efectivo cumplimiento se acordó la realización de una reforma constitucional.

A diferencia del resto de los documentos, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado en mayo de 1996, fue ambiguo e insuficiente. En esto influyeron varios factores, como la vocación de los mandos guerrilleros de lograr un entendimiento rápido durante el primer año de gobierno del presidente Arzú, así como la presión de los grupos empresariales para que este acuerdo no afectara ni la propiedad ni la estructura tributaria. A esto se sumó la disolución del equipo de asesores de la comandancia insurgente, que no estaba de acuerdo en firmar un documento tan laxo. Con esto se perdió la posibilidad de establecer, por lo menos en el papel, una solución de fondo para cambiar el modelo económico excluyente y concentrado que se mantiene en el país hasta la actualidad.

Finalmente, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática, firmado en septiembre de 1996, estableció la reducción efectiva del Ejército, tanto en términos numéricos como de funciones. A su vez, bajo este acuerdo se robustecía a las entidades civiles de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional Civil y a los servicios de inteligencia.  Sin embargo, el cambio de atribuciones para el Ejército en materia de seguridad interna requería también de una reforma constitucional. 

Con la suscripción del acuerdo sobre la desmilitarización quedaban pendientes temas que permitirían la desmovilización e incorporación democrática de la insurgencia y afinar los mecanismos de su cumplimiento: cronograma, reformas constitucionales y régimen electoral. Pero, ya en la recta final de la negociación, se dio a conocer que la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) —uno de los grupos integrantes de la URNG— había secuestrado a la matriarca de uno de los principales grupos empresariales del país (la familia Novela, monopolista del cemento) para cobrar un millonario rescate. Dos insurgentes fueron capturados: uno de ellos fue desaparecido y el otro fue intercambiado por la anciana. La negociación fue suspendida y no se reanudó hasta que Rodrigo Asturias Amado (comandante Gaspar Ilom) se retiró de la mesa de negociaciones.  

El secuestro y sus consecuencias afectaron las negociaciones. La URNG llegó debilitada a la discusión de los últimos acuerdos, se rompió la confianza construida entre las partes y la guerra terminaba con la desaparición forzada y el posible asesinato de un combatiente guerrillero. El 29 de diciembre de 1996, se firmó el documento final, con el que se cerraban tres décadas de guerra y se abría una nueva etapa para el país.

¿Qué pasó con los acuerdos?

La implementación de los Acuerdos de Paz llevaba implícitas tres condiciones necesarias para su cumplimiento. La primera era la aprobación de las reformas constitucionales necesarias para ajustar el orden legal y el diseño estatal a lo acordado. La segunda era la decisión gubernamental de invertir recursos políticos, administrativos y financieros para hacer realidad los cambios establecidos. La tercera era que los grupos guerrilleros, convertidos en partido político, lograran tener suficiente fuerza para impulsar desde el Congreso y el Ejecutivo la agenda de la paz.

Ninguna de estas condiciones se cumplió. En mayo de 1999, después de una compleja negociación en el Congreso, se realizó una consulta popular para aprobar las reformas establecidas en los acuerdos. Una coalición de grupos empresariales, denominaciones protestantes y sectores conservadores se movilizaron contra las reformas, particularmente las referidas al reconocimiento de los pueblos maya, xinca y garífuna. Con una campaña de desinformación y miedo, lograron que una mayoría de electores rechazara las reformas. Con esto, se limitaron las posibilidades de cumplimiento del acuerdo.

Por su parte, el gobierno firmante de la paz optó por impulsar un programa de reformas neoliberales que eran contrarias al espíritu y la letra de los acuerdos.  Aunque se creó una secretaría adscrita a la presidencia, se optó por cumplir varios de los compromisos de manera aislada y no de la forma integral en la que originalmente fueron concebidos. Temas clave como la participación indígena a todo nivel, la reforma tributaria progresiva y la ley de desarrollo rural fueron postergadas. Finalmente, después de lograr una votación de 12% en las elecciones de 1999, el partido político de la guerrilla (URNG-MAIZ) entró en una dinámica de pugnas internas que lo llevó a una votación y una presencia política marginal, de entre 2% y 4% de los votos, que limitó su capacidad de influencia.

Sin embargo, tanto el proceso como los acuerdos de paz produjeron una serie de transformaciones que fueron liderados por las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Y, por supuesto, la propia finalización de la guerra terminó con la violencia política como práctica institucional, la proscripción política por razones ideológicas y posibilitó la desmovilización e incorporación de los insurgentes sin que se dieran venganzas ni el rearme de ex-combatientes.

En relación a los derechos de los pueblos indígenas, la irrupción del movimiento maya en la década de1990, la suscripción del acuerdo y la continuidad de las organizaciones y autoridades indígenas han posibilitado un cambio en la forma en la que se concibe el país y la sociedad. Hoy, Guatemala se reconoce como un país plural. Pese a que persiste el racismo, este no solo es rechazado, sino perseguido y sancionado por entidades públicas que se crearon como resultado de los acuerdos. Ahora bien, la población indígena continúa siendo excluida en términos económicos y sociales, y la persistencia del Estado monoétnico y el fracaso de la reforma constitucional han contribuido a que la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional sea asumida hoy no solo por los pueblos y organizaciones indígenas, sino por buena parte de las organizaciones sociales y partidos políticos progresistas. Por su parte, pese a que no existió un acuerdo específico sobre los derechos de las mujeres, las organizaciones de mujeres organizadas en la Asamblea de la Sociedad Civil lograron articular un fuerte movimiento que ha logrado cambios en la estatalidad y las políticas públicas, así como en la construcción de una agenda en favor de la plena igualdad.

En cuanto a la justicia transicional, a pesar de que el propio Acuerdo de paz firme y duradera establecía una nueva amnistía para los involucrados en la guerra, las asociaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones de abogados continuaron trabajando para alcanzar justicia. En los últimos 25 años se han impulsado juicios contra miembros del alto mando militar que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. 

Como se señaló, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos fue el más limitado y el que menos resultados tuvo. En el documento suscrito, se planteaba que Guatemala alcanzara una carga tributaria de apenas 12% del PIB. En la última década, el promedio de la carga tributaria ha sido de 10% y cada intento de reforma ha sido bloqueado y limitado por los grupos empresariales que en este tema continúan teniendo poder de veto. Otro de los desafíos, el de la situación agraria, ha tendido a deteriorarse, tanto por el proceso de reconcentración de la tierra asociada a la expansión de monocultivos, como por la profundización del empobrecimiento en las zonas rurales.

En cuanto al papel del Ejército, aunque este efectivamente se redujo, las redes de militares en situación de retiro han seguido articuladas e influyendo en el proceso político. Ya en el acuerdo de derechos humanos, se mencionó la necesidad de identificar y desarticular a los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), estructuras formadas en la contrainsurgencia que anidaron en varias instituciones del Estado (aduanas, finanzas, entidades de seguridad) y que se asociaron con estructuras de crimen organizado y mutaron a lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denominó «redes políticas y económicas ilícitas (RPEI)». 

Estas redes, formadas por militares en activo y situación de retiro, pero también por políticos y funcionarios, así como por empresarios y grupos criminales propiamente dichos, fueron ampliando su influencia y control sobre las instituciones del Estado para beneficiarse económicamente de este y garantizarse impunidad. Con el gobierno del general retirado y firmante de la paz Otto Pérez Molina (2011-2015), estas redes lograron el control del Ejecutivo, la subordinación mediante sobornos de parte del Legislativo y el control parcial del sistema de justicia. La acción de la CICIG y la movilización ciudadana de 2015 contra esas estructuras, provocaron la renuncia y encarcelamiento de los más altos funcionarios del Ejecutivo.

Los gobiernos sucesivos, encabezados por Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, actualmente en el poder, fueron electos con el apoyo y la participación directa de estas redes. Morales se encargó de limitar el trabajo y terminar con el mandato de la CICIG, mientras que Giammattei facilitó el pleno control del Estado por parte de estas estructuras. Hoy, los tres poderes del Estado son parte de la coalición conocida como «pacto de corruptos». Instituciones que resultaron claves en la lucha contra la impunidad como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público fueron finalmente cooptadas por estas redes.

Esto ha implicado retrocesos tanto para el Estado de derecho como para el respeto de los derechos humanos. Una de las decisiones del actual presidente fue desmantelar las entidades públicas que fueron creadas para acompañar el cumplimiento de los acuerdos de paz: la Secretaría de la Paz, el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento, entre otras. Las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y voces independientes han aumentado, incluidas acciones de criminalización y el asesinato de defensores del territorio. En el Congreso de la República se discuten abiertamente iniciativas «antiderechos» y los actores conservadores sigan apelando al discurso anticomunista para descalificar al campo progresista.

De este modo, no es extraño que irónicamente se haga referencia a los «recuerdos de paz» y no a los acuerdos. 25 años después de su firma, Guatemala está en un proceso de involución democrática, la deriva autoritaria que enfrentan otros países de la región está presente en el país y el control que las redes criminales tienen sobre el Estado y sus instituciones eleva el peligro. Frente a esto, las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas han asumido un liderazgo nacional que puede contener al autoritarismo e impulsar un proceso de reformas que actualicen y profundicen la agenda esbozada por los acuerdos de paz.

Publicado enInternacional
El congresista colombiano, cuando participó en el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, con el tema Crisis del neoliberalismo, el 23 de octubre pasado.Foto José Antonio López

El legislador esboza el ambiente que floreció en su país a la sombra del tratado que puso fin a la guerra que duró casi medio siglo. Por ejemplo, con los paramilitares –expone– se busca no una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley

 

Se acerca el quinto aniversario de los Acuerdos de Paz en Colombia, pactos que el presidente Iván Duque y el entorno de Álvaro Uribe han intentado destruir, bloquear, desprestigiar. Y que, sin embargo –asegura el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda– han tenido efectos políticos, culturales y sociales que permiten pensar, "por primera vez en la historia republicana del país, en la posibilidad del triunfo de una coalición de centroizquierda" en las elecciones de marzo de 2022.

Cepeda, quien forma parte del directorio del Pacto Histórico, una de las dos coaliciones que enfrentarán a conservadores y uribistas en los próximos comicios, describe en entrevista con este diario el nuevo ambiente que floreció en Colombia bajo la sombra del acuerdo que puso fin a la guerra que se prolongó casi medio siglo: un realineamiento de todas las fuerzas en favor o en contra de la paz; un clima de continuas movilizaciones y protestas sociales; un sistema de justicia transicional inédito que, pese a navegar a contracorriente, ha tenido grandes avances.

El simple hecho de que los acuerdos se mantengan, luego del asesinato más de 300 ex guerrilleros y líderes sociales, "es un triunfo del pueblo colombiano", que lo sostiene "a pesar de todo". Y ese "a pesar de todo" significa que de enero a septiembre de 2021 se registran al menos 50 masacres, centenares de asesinatos de defensores del ambiente y los derechos humanos. "Lo que el gobierno llama paz con legalidad son palabras huecas."

Lo que propone para las elecciones del año próximo: apuntalar un proceso de paz que ponga en marcha procesos que incluyan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a grupos del paramilitarismo que sobreviven y a sectores del narcotráfico. "No a través de una negociación política, por supuesto, sino de procesos de sometimiento pacífico a la ley."

(El Pacto Histórico es una amplia alianza de fuerzas de izquierda que van desde Colombia Humana, del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hasta el partido de las ex FARC, pasando por Polo Democrático, Unión Patriótica y otros. Coalición de la Esperanza agrupa a liberales, verdes y fuerzas de centro, e incluye a figuras como Ingrid Betancourt.)

Lo que falta: paramilitares y narcotráfico

–En la ecuación para ampliar los efectos de los Acuerdos de Paz incluye al paramilitarismo. ¿Cómo?

–En el discurso de Uribe, este proceso de los acuerdos paz ha sido como entregarles el poder a los ex guerrilleros. Pero lo cierto es que Uribe, en su momento, quiso entregar literalmente el país a los paramilitares. De ello resultó que hubo entre 30 y 40 por ciento de los congresistas elegidos por los paramilitares. Y que terminó con 70 de ellos en las cárceles. Si se logró juzgar por sus crímenes a los paramilitares fue por los movimientos de víctimas, jueces y fiscales honestos, los periodistas valientes, que promovieron el examen de la verdad y que logramos parar la paramilitarización de Colombia.

–¿Y cuál es el proceso que se propone con ellos?

–No una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley. Si dejan las armas, dejan el negocio y contribuyen a reparar a las víctimas, obviamente el procedimiento judicial tiene que ser benigno.

–Sobre el tema de la configuración política ¿Cómo va el proceso con las ex FARC?

–El balance es variopinto. [El partido] Comunes es el resultado político del acuerdo de paz. Su incorporación ha tenido problemas y retrocesos, no sólo por los ataques, sino por la propia lógica después de 50 años de guerra. Pero la realidad es que están en el Congreso y las otras fuerzas políticas, incluso la extrema derecha, han tenido que acatar.

–El acuerdo de paz colom­biano no se pactó sobre amnistías ni a guerrilleros ni a represores del Estado. ¿Cómo va ese proceso de justicia transicional?

–Es un sistema de justicia inédito. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal con una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, fruto de un acuerdo entre adversarios que vienen de una guerra muy larga.

“Se le ha querido mostrar como un tribunal sin garras y ni dientes y no es así. En sus salas se están procesando siete macrocasos. Están siendo juzgadas 13 mil personas ligadas a los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado, en su mayoría guerrilleros, pero también 2 mil 500 militares y civiles.

“Ya hay resultados muy importanes. Por ejemplo, el juicio contra los jefes de las FARC por secuestro ha permitido documentar hasta 20 mil casos, algo que no había podido ser establecido. Los ex guerrilleros han hecho una petición pública de perdón a las víctimas y lo que sigue es la sanción.

“Hay otro auto que se sigue contra el ejército por los falsos positivos. Son 6 mil 402 personas, en su mayoría jóvenes que fueron prácticamente secuestrados por el ejército, ejecutados, vestidos con uniformes de la guerrilla y sus cadáveres presentados como bajas terroristas. Además se ha documentado que los cementerios en las zonas de conflicto fueron utilizados para esconder en fosas comunes los cuerpos de víctimas. La unidad de búsqueda ha desenterrado e identificado a centenares de personas. Yo mismo, con mi equipo, investigué seis de esos cementerios con más de dos mil casos.

“La comisión de la verdad es el tercer elemento de este sistema y se apresta a presentar su informe, al menos 10 mil testimonios de víctimas del conflicto armado.

“Cuando terminen su trabajo vamos a tener, yo no diría que toda la verdad, pero sí avances supremamente importantes. Por eso es una mentira impúdica lo que dicen Uribe y Duque de que los acuerdos de paz crearon un sistema de impunidad. Es exactamente lo contrario.

“Uribe teme a la JEP. Cuando se termine este proceso se revelará lo que ocurrió durante su gobierno con los falsos positivos, algo monstuoso. Por eso ha emprendido una batalla feroz contra los magistrados y la Corte Suprema de Justicia.

“Por otra parte, su pupilo, Duque, ha conducido un gobierno desastroso. Todas las políticas que ha querido poner en marcha han recibido un rotundo rechazo popular. Como su intento de gravar los alimentos básicos en un país con 40 por ciento de pobreza y 15 por ciento de desempleo.

"Esto desató un ciclo de protestas sociales que sigue hasta ahora. Y a ello respondió con una violencia inusitada, echando mano del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ya es sinónimo de violación a los derechos humanos, que ha dejado sin ojos, muertos o asesinados a decenas de jóvenes."

–Muy importante también hacer el balance de lo que ha significado el movimiento por los derechos humanos en Colombia.

–En pocas palabras: sin el movimiento de los derechos humanos en Colombia muchas comunidades habrían desaparecido, muchas más personas habrían muerto. El movimiento ha sido un cinturón de protección y contención para muchas poblaciones y ha develado el rostro criminal del poder político y del conflicto armado en Colombia.

Publicado enColombia
Lunes, 20 Septiembre 2021 04:57

La letra escarlata del senderismo

La letra escarlata del senderismo

No hay un solo periódico peruano –independientemente de la tendencia política– que no haya festejado la muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder máximo de Sendero Luminoso, subrayando que murió derrotado después de tres décadas de encierro.

La postura de los medios, que coincide en esto con la opinión pública mayoritaria, no contiene ni un atisbo de compasión por un anciano de 86 años aquejado por múltiples enfermedades. Una conocida conductora televisiva ha llegado a indignarse con la BBC por haber definido a Guzmán "líder guerrillero" en vez de "cabecilla terrorista", como parece obligatorio.

No ha de sorprender un rechazo tan profundo y unánime hacia Sendero Luminoso y su fundador: la cadena de atrocidades cometidas en sus 12 años de actividad (1980-92) pertenecen a la categoría de lo deshumano y no podrán jamás ser olvidadas. Un eficaz botón de muestra es la matanza de Lucanamarca (1983), en la provincia de Ayacucho, donde 69 comuneros fueron masacrados con hachas, palos, piedras y armas de fuego porque en la zona se había matado a un mando senderista. Esta cruel matanza, donde perdieron la vida 18 niños, les valió una sentencia de cadena perpetua a Guzmán y a su compañera, Elena Iparraguirre, todavía detenida.

El hecho de que Abimael Guzmán –el Presidente Gonzalo en la nomenclatura senderista–, un profesor de filosofía muy politizado, se reclamara partidario de una ideología tan respetable como el maoísmo, no lo exime de los crímenes cometidos. Su concepción política es una trágica caricatura del maoísmo, su pensamiento "Gonzalo" es una burda imitación de El libro rojo de Mao, una estrategia más genocida que comunista.

De hecho, el senderismo –y en esto colinda con el polpotismo de los khmer rojos– es al comunismo como el Ku Klux Klan es al cristianismo. Más que desviaciones, parecen ser gusanos de la manzana, desafortunadamente aprovechados por las derechas para embarrar todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En estos días, se ven con más claridad que nunca los efectos de la demonización excesiva –y en parte instrumental– de que ha sido objeto el senderismo: el debate central parece ocuparlo la cuestión de qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán: ni que fuera un vampiro a quien plantar una estaca. Una gran parte de la opinión pública piensa que sus restos deberían ser incinerados y lanzados al mar para evitar que se le rinda culto, pero el presidente Pedro Castillo ha delegado la decisión a la Fiscalía de la nación.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que trató de reconstruir el cuadro más verosímil de la guerra entre Sendero y el Estado, afirma en su informe final de 2003 que 46 por ciento de los 69 mil 280 muertos y desaparecidos, víctimas del conflicto armado, han sido producidos por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; 30 por ciento provocados por agentes del Estado y 24 por ciento por otros agentes o circunstancias.

Ya así, el número de personas muertas por el Estado supera las 20 mil. Y hay que preguntarse cuántos de ellos habrán sido efectivamente senderistas, porque la represión, especialmente en la sierra, ha sido ciega y feroz.

Hay aquí una evidente disparidad en la apreciación de los dos bandos por parte de la sociedad peruana: a los senderistas –pero también a los simplemente sospechosos o acusados de simpatizar– se le sigue execrando y discriminando aún a 30 años de distancia, sin considerar mínimamente si se han arrepentido, han cambiado de opinión o quieran reconciliarse con la sociedad. A diferencia de Italia y Alemania, donde a los brigadistas rojos y a los ex RAF se les ha dado una oportunidad de retomar una vida social y laboral, en Perú se les sigue discriminando y acosando a vida, como a las adúlteras en la famosa novela de Hawthorne.

Al MOVADEF –Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales–, que aboga por la libertad de los presos políticos y es considerado por la derecha el brazo político de Sendero, se le niega obstinadamente el ingreso en política y se le acusa de injerencia y participación en el gobierno de Pedro Castillo.

Por el contrario, para quien hay perdón y olvido es para el Estado y sus fuerzas armadas, que han cometido crímenes y atrocidades de la misma gravedad e inhumanidad. Un ejemplo iluminante es ofrecido por la reciente sustitución, a pocos días de su nombramiento, del secretario de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un escritor, sociólogo y catedrático que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en la década de los 60. La "culpa" de Béjar, sagaz intelectual y hombre intachable, ganador de un premio Casa de las Américas, consiste en haber declarado meses atrás que la CIA estadunidense y la Marina peruana tenían que ver con la aparición del terrorismo en Perú.

¡Ábrete cielo! La Marina de Guerra de Perú –como orgullosamente se autodenomina– se ha rasgado las vestimentas y denunciado a gritos el insulto, olvidando que, si no ha participado en la génesis del terrorismo, ciertamente lo ha practicado, junto al genocidio, y hay constancia histórica de ello. Un sólo episodio basta para demostrarlo, se llama la matanza de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara y es uno de los episodios de cobardía y crueldad más relevantes de la década de los 80.

A un motín en las tres cárceles, el 18 de junio de 1986, que aprovechaba la apertura de la Internacional Socialista en Lima para atraer la atención hacia los presos senderistas, la respuesta del Estado fue el bombardeo y exterminio de cerca de 300 presos bajo su custodia. Una vez rendidos, los revoltosos sobrevivientes fueron exterminados con armas de fuego y bayonetas. Quien ordenó esta atrocidad fue el entonces presidente Alan García, quien nunca pagó por este crimen, y el ejecutor, la Marina de Guerra de Perú.

Por Gianni Proietti, periodista italiano

Publicado enInternacional
El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

Publicado enColombia
Investigan el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia Iván Duque

El gobierno ofreció una recompensa de 800 mil dólares a quien aporte información

El mandatario viajaba junto a dos de sus ministros y dos autoridades regionales del departamento Norte de Santander cuando el helicóptero recibió entre tres y seis disparos.

El gobierno colombiano ofreció este sábado cerca de 800 mil dólares de recompensa para quien suministre información sobre los responsables del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y dos de sus ministros y el gobernador del departamento Norte de Santander, en el que todos los tripulantes salieron ilesos.

"Se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para aquella persona (...) que permita dar con los responsables de este atentado terrorista", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, a los medios en un video transmitido desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. "Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo", escribió el funcionario que también se encontraba en el helicóptero atacado.

Las autoridades colombianas continúan la búsqueda de los autores del atentado y comienzan a surgir dudas sobre si hubo fallas en la seguridad del mandatario. El director general de la policía, el general Jorge Vargas, precisó que los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.

"Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles (…) con marca de las fuerzas armadas de Venezuela" afirmó Vargas sobre las armas: un AK-47 cuyo número de registro está bajo investigación y otro fusil tipo FAL calibre 7,52. El helicóptero en el que viajaban Duque y sus ministros es un Black Hawk blindado que pese al ataque logró un aterrizaje normal.

El presidente colombiano, Iván Duque viajaba junto a Molano y el ministro de Interior, Daniel Palacios, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. La comitiva regresaba de un encuentro con autoridades regionales en Sardinata y se dirigían a Cúcuta. "Es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial", dijo el mandatario en un mensaje enviado a través de los canales oficiales. Las imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal de la aeronave. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas."El Estado es fuerte, Colombia es fuerte. El Estado hace presencia en todos lados", agregó Duque, que dijo que dio "instrucciones muy claras de ir detrás de quienes dispararon" contra el helicóptero.

Por su parte, Palacios, explicó que el gobierno de Duque convocó a un Consejo de Seguridad en Cúcuta para analizar la situación. "El orden público se mantendrá, la seguridad ciudadana se protegerá y el Gobierno seguirá con su compromiso de dar tranquilidad a todos. El presidente representa la unidad de la Nación y un atentado en su contra es un atentado a la democracia y a las instituciones", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

El ataque al avión presidencial fue ampliamente condenado por los países de la región como Argentina, Ecuador, Paraguay y Chile que expresaron su repudio a través de sus cancillerías. A su vez, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, repudió el “cobarde ataque” contra el presidente colombiano y las autoridades que viajaban junto a él. Desde el departamento de Estado norteamericano condenaron el atentado y felicitaron a los pilotos que lograron un aterrizaje seguro.

La comitiva que viajaba junto al mandatario colombiano había salido del municipio de Sardinata y fue atacado cuando se dirigía hacia la ciudad de Cúcuta cerca de la frontera con Venezuela. El pasado 15 de junio un coche bomba explotó en la Brigada 30 del Ejército de Colombia, y dejó un saldo de 36 heridos. El Gobierno de Duque, que sí apuntó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como autor del atentado contra la brigada militar, según las sospechas del ministro de Defensa, Diego Molano, aún no dio ningún nombre o apuntó de forma indirecta a alguien sobre el episodio de este viernes. Se trata del primer atentado contra un presidente colombiano en casi dos décadas. En febrero de 2003 una carga explosiva de 20 kilos oculta en una vivienda aledaña al aeropuerto de la ciudad de Neiva (suroeste) fue detonada previo al aterrizaje del entonces presidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque.

Publicado enColombia
Disidencias de FARC confirman muerte de Jesús Santrich

La dirección de Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmó la muerte de Jesús Santrich a manos del ejército colombiano.

"Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la Dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del ejército de Colombia el 17 de mayo", informó el grupo armado en un comunicado.

Según el texto, la muerte de Santrich se produjo en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda (aldea) Los Laureles, dentro de territorio venezolano.

"Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas", señala el grupo disidente.

Agrega que una vez muerto, "los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia".

El grupo expresa sus condolencias a la familia de Santrich, de 53 años, cuyo verdadero nombre era Seuxis Paucías Hernández Solarte, y afirma que el guerrillero "cayó libre, libre como quería".

En la tarde del 18 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró a la prensa que la información que tiene hasta ahora el Gobierno proviene de inteligencia, pero que trabaja en su verificación, por lo que aún no confirma la muerte del guerrillero.

La Fiscalía General de Colombia y Estados Unidos acusaban a Santrich de haber participado en un supuesto acuerdo con el cartel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.

Tras la desmovilización de las FARC y su lanzamiento como partido político, Santrich se hizo con un escaño en la Cámara de Representantes (diputados) que le fue asignado como parte del Acuerdo Final de Paz, cargo que ocupó desde el 12 de junio de 2019.

Sin embargo, en la madrugada del 30 de junio de ese año abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar, norte), cerca de Venezuela, lugar donde se encontraba desde hace unos días, luego de que fue informado de manera clandestina de una nueva orden de captura en su contra.

Según las autoridades colombianas, Santrich se refugiaba en Venezuela desde ese entonces junto con el exjefe negociador de paz de las FARC alias Iván Márquez, quien también se apartó del Acuerdo de Paz, y entre ambos fundaron un nuevo grupo guerrillero denominado Segunda Marquetalia.

El pasado diciembre, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al considerar que tuvo una "actitud desafiante (…) frente a las instituciones del Estado y una clara intención de burlar los esfuerzos de paz".

El jueves último la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia se manifestó favorable a su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Publicado enColombia
En imagen de marzo pasado, venezolanos desembarcan en el río Arauca, frontera natural entre Venezuela y Colombia, en su huida a Arauquita en busca de refugio ante los enfrentamientos entre el ejército de su país y un grupo armado colombiano.Foto Ap

Habla de bajas en ambos bandos

Ministro de Defensa denuncia que los terroristas están ligados al narco y buscan desestabilizar

 

Caracas. Varios militares venezolanos fallecieron en enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos que sufrieron importantes bajas, indicaron ayer autoridades venezolanas, aunque no dieron cifras.

En las últimas 72 horas "se han reportado cruentos combates con grupos irregulares armados colombianos, sobre todo en sectores despoblados al oeste de La Victoria, municipio Páez, en el estado Apure", limítrofe con Colombia, indicó en un comunicado el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López.

Los enfrentamientos han dejado "un importante número de bajas" en los grupos irregulares colombianos y fueron "capturados varios individuos que están aportando valiosa información respecto de próximas acciones", destacó el escrito. "Lamentablemente, también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados", y otros resultaron heridos. Estos últimos reciben atención médica en la red sanitaria militar y civil, agregó el jefe castrense, sin dar más detalles.

Se desconoce si los incidentes son parte de una operación militar o si los uniformados fueron emboscados en las inmediaciones del poblado fronterizo de La Victoria, unos 770 kilómetros al suroeste de Caracas.

Desde el 21 de marzo, como parte de la Operación Escudo Bolivariano, las fuerzas armadas venezolanas ejecutan acciones contra "grupos irregulares armados colombianos". Hasta el 5 de abril se había reportado el fallecimiento de ocho militares, algunos de ellos tras la explosión de una mina terrestre, además de nueve "terroristas".

Human Rights Watch aseguró que el grupo combatiente es el Frente 10, surgido de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De acuerdo con el gobierno venezolano, durante los operativos también se desmantelaron al menos media docena de campamentos, donde se incautaron armas, granadas, explosivos, prendas de vestir militares, vehículos, drogas y equipo tecnológico.

Padrino sostuvo que los grupos irregulares estarían "conectados con el narcotráfico" y que supuestamente sería parte de una estrategia de los gobiernos de Washington y Bogotá para actuar contra Venezuela.

“Estas organizaciones criminales y terroristas actúan con el apoyo de la poderosa estructura de financiamiento con que cuenta la oligarquía colombiana, que tiene el infame propósito de exportar su modelo narcoparamilitar a nuestro país” con el supuesto propósito de "crear un territorio difuso que les sirva como base para desestabilizar", concluyó.

Miles huyen de la violencia

Miles de personas huyeron de sus casas en Venezuela por los enfrentamientos; muchos de ellos denunciaron maltratos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y afirmó que la mayoría de los pobladores emprendieron el regreso a casa poco después.

Estaba previsto que altos funcionarios estadunidenses, incluida la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, se reunieran ayer como parte de su revisión continua de la política hacia Venezuela, según dos personas familiarizadas con los planes, pero al cierre de esta edición aún no había información acerca de este encuentro.

Se esperaba que la reunión interinstitucional se centrara en si Estados Unidos debe adoptar medidas para apoyar un intento de diálogo entre el gobierno de Maduro y sus oponentes.

"Todos estos movimientos recientes apuntan a que Maduro está tratando de llamar la atención de Washington", sostuvo Geoffrey Ramsey, observador de Venezuela en la organización Washington Office on Latin America.

"La pregunta es si la Casa Blanca está dispuesta a comprometerse con una estrategia de negociaciones o si seguirá jugando a lo seguro y mantendrá la política en un segundo plano", añadió.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, y Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, la cual apoya a Maduro, no hicieron comentarios cuando se les preguntó sobre los recientes movimientos de Maduro.

Publicado enInternacional
Página 1 de 5