Sábado, 21 Septiembre 2019 05:19

¿Por qué funciona la economía boliviana?

¿Por qué funciona la economía boliviana?

Bolivia era un país bimonetario. Justo antes de la llegada de Evo Morales, en 2005, sólo 15 por ciento de los depósitos estaban en moneda nacional; en materia de crédito, únicamente 7 por ciento se otorgaba en pesos bolivianos. En esos años, siempre bajo gobiernos neoliberales, todo el mundo usaba el dólar para refugiarse de la desvalorización del peso. Aquellos que podían compraban dólares mensualmente y los vendían a medida que necesitaban gastar. La economía estaba más dolarizada que la de la Argentina actual. Sin embargo, después de algo más de una década, en apenas unos 13 años, la situación se revirtió completamente. En 2019, 99 por ciento de los depósitos y 87 por ciento de los préstamos son en pesos bolivianos. En la actualidad, todos prefieren prestar en pesos y tomar depósitos en pesos porque es una moneda fuerte y rentable.

Esta transformación económica no tuvo lugar por arte de magia. En economía, los milagros no existen. Todo tiene que ver con todo. Cada resultado económico es la consecuencia de un gran conjunto de decisiones que poco o nada tienen que ver con la creencia "paranormal" de que los mercados, por sí solos, nos llevarán a un equilibrio virtuoso. No. La economía no funciona así. Ni mucho menos.

Evo logró la bolivianización del sistema financiero al mismo tiempo que hacía crecer la economía más que nadie en toda Latinoamérica. Supo, además, combinar el bienestar macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias, algo diferente a lo que sucede en Perú, Colombia o Paraguay, que sólo pueden presumir de buenos indicadores macroeconómicos, y muy diferente de Argentina, que no disfruta bienestar macro ni microeconómico.

 

¿Cómo lo hizo? He aquí una breve enumeración de las principales acciones:

 

  1. Evo recibió el Gobierno con un tipo de cambio de ocho pesos por dólar, a poco de asumir "apreció" la moneda a siete pesos y, actualmente, se mantiene estable (cotiza en 6.95). Le generó una pérdida a los tenedores de dólares con la que rompió la inercia y mandó la señal de que quien le apuesta al dólar no siempre gana.
  1. Desalentó la compraventa de divisas ampliando el diferencial cambiario entre compra y venta de divisas hasta una diferencia de 10 centavos.
  1. Aumentó a 66.5% el encaje líquido que los bancos deben tener por cada depósito en dólares, mientras el encaje para los depósitos en pesos es de 11 por ciento. La medida encarece el costo de los créditos en dólares.
  1. Se ofrecieron tasas ligeramente más altas a los ahorristas en pesos.
  1. Se estableció un impuesto a las transacciones financieras en dólares, que afecta sólo a las cajas de ahorros con más de 2 mil dólares y a los depósitos a plazos menores al año
  1. Se aumentaron los requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se facilitó el crédito en moneda nacional, por lo que aumentó mucho la preferencia a otorgar préstamos en pesos.
  1. Se utilizó la Unidad de Fomento a la Vivienda, unidad de cuenta actualizada con la inflación local, como instrumento para realizar todo tipo de contratos en moneda local y desalentar el uso del dólar como unidad de cuenta.
  1. Se emitieron títulos públicos en moneda nacional y desaparecieron los títulos en dólares.
  1. Se emitieron títulos especiales en pesos para pequeños tenedores.
  1. Usando varios instrumentos, en especial los coeficientes de reservas y cupos máximos, se orientó el crédito bancario a las actividades productivas, especialmente vivienda, vivienda social, empresas, microcréditos y Pymes, expandiendo la cartera de créditos en casi siete veces. Los tipos de interés que resultaron de esta política son envidiables: por debajo de 10 por ciento para los créditos hipotecarios, por debajo de 7 por ciento a los créditos de vivienda social, cercanos a 20 por ciento para el consumo, por debajo de 5 por ciento si es crédito empresarial y de 7 por ciento cuando se trata de Pymes.
  1. Se prohibió indexar las tarifas en función de la evolución del dólar.
  1. Se creó un fondo contracíclico de reservas internacionales que ronda 25 del PIB.
  1. Implementó una política deliberada de control del monopolio y abuso de posición dominante, con seguimiento casi diario y control directo por parte de Presidencia sobre precios relevantes de la economía.
  1. Se llevó a cabo una obsesiva política de apoyo a la producción, con crédito dirigido a la inversión productiva y una vasta inversión en infraestructura que tuvo el efecto de extender el área geográfica desde donde se provee a las grandes ciudades, por lo que la oferta productiva se amplió y, con ello, muchos precios cayeron.

 

Y por si todo esto fuera poco, se hizo en un contexto de nacionalizaciones que, según un informe de Celag, tuvo un impacto en la economía boliviana de generación de riqueza por 74 mil millones de dólares (dos PIB del año 2017), 670 mil puestos de trabajo, ahorro de divisas de 45 por ciento, aumento de consumo de 125 por ciento y subida de la inversión hasta 11 mil 200 millones de dólares (29.9 por ciento del PIB). Además, ello tuvo lugar en un clima de inflación a la baja; 1.5 por ciento en el último año, igual o más baja que la de Estados Unidos a pesar del fuerte ritmo de crecimiento sostenido y de la mejora en absolutamente todos los indicadores de bienestar social y económico.

Después de todo lo expuesto, y mirando lo sucedido con Macri en Argentina, ¿quién se atreve a decir que no hay alternativa ni pragmatismo en esta propuesta económica boliviana?

Por Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano, Celag

Publicado enEconomía
El FMI avisa de que el 40% de la inversión internacional de las multinacionales solo busca la elusión fiscal
  • La inversión extranjera directa mueve 40 billones de dólares en el mundo, de los que 15 billones son inversiones de multinacionales en sociedades instrumentales o "vacías" radicadas en otro país para pagar menos impuestos, según el FMI
  • El Fondo Monetario Internacional publica estos datos en el informe "El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo"
  • Luxemburgo y Holanda, países que reciben la mitad de la inversión extranjera directa "fantasma", están entre los preferidos por las empresas españolas del Ibex 35 para establecer filiales

 

Cada día en los periódicos aparecen noticias sobre inversiones y operaciones de compañías multinacionales en países como Luxemburgo, Suiza, Holanda o Irlanda, y a través de ellos (en el caso de Holanda) en algunas de sus excolonias, directamente tachadas como paraísos fiscales. Esta misma semana se recogía en los medios la resistencia de la tecnológica Apple a pagar los 13.000 millones de euros que Bruselas considera que adeuda por las ventajas fiscales de las que lleva décadas disfrutando en Dublín, donde mantiene su sede principal europea. También han sido noticia los acuerdos de la familia Berlusconi con una empresa de inversión con sede en Luxemburgo, Peninsula Holding S.a.r.l., para evitar que se torpedee la fusión entre Mediaset España y Mediaset Italia, operación que tiene entre sus objetivos llevarse la sede a Holanda (aunque han asegurado que seguirán sometidos a la fiscalidad italiana).

La ingeniería fiscal de las compañías para mover el dinero entre países tiene como objetivo la elusión o rebaja del pago de impuestos a través de los mecanismos que les ofrece la globalización financiera y de la economía. El último organismo que ha analizado este fenómeno y le ha puesto cifras es el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un estudio de sus economistas Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer y Niels Johannensen.

Según un informe titulado "El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo" y publicado este mes, en el año 2017 se movieron en el mundo 40 billones de dólares (36,2 billones de euros) en inversión extranjera directa. De ellos, el 40% (15 billones, equivalentes a la suma del PIB anual de China y Alemania) son "inversiones fantasma". Es así como se denominan las operaciones que hacen las multinacionales entre sus filiales para eludir el pago de tributos.

El porcentaje total de "inversión fantasma" ha pasado del 30% al 40% en menos de una década, como se puede observar en el siguiente gráfico elaborado por los autores:

De los 15 billones de dólares (13,582 billones de euros) de inversión a través de "cascarones" sin actividad, las llamadas empresas instrumentales o sociedades fantasma, el 85% se concentró en 10 economías consideras como "nichos" o como paraísos fiscales: Luxemburgo, Holanda, Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Irlanda y Mauricio. En los dos primeros países se concentró la mitad del movimiento de dinero.

Durante 2017, lo que el FMI considera inversión extranjera "fantasma" ascendió a 3,809 billones de dólares (3,449 billones de euros) en Luxemburgo. En segundo lugar se situó Holanda, con 3,317 billones de dólares (3,003 billones de euros), al tiempo que la cifra en Irlanda fue de 545.000 millones de dólares (493.494 millones de euros). Todos estos países, situados en la Unión Europea, son tachados por los economistas del FMI como "paraísos fiscales", si bien la propia UE los excluye de su "lista negra", que tan solo contempla países fuera del club comunitario.

Un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa del año 2017 distingue entre "paraísos" y "nichos fiscales". Estos últimos son los que bajo determinadas condiciones permiten una tributación extremadamente baja, aunque el régimen fiscal habitual sea normal. Estas condiciones o excepciones "con frecuencia están diseñadas deliberadamente para ciertos tipos de actividades corporativas que pueden ser empleadas por multinacionales para reducir considerablemente su carga impositiva total".

Ejemplos de estos nichos fiscales pueden ser Irlanda o Luxemburgo. Las empresas que cotizan en el Ibex 35 tienen como favoritos para sus filiales a Holanda, Suiza, Luxemburgo e Irlanda, como se observa en el siguiente esquema del Observatorio RSC. Según sus cálculos, las empresas del Ibex tienen casi mil sociedades entre nichos y paraísos fiscales.

"Algunas multinacionales utilizan agujeros en la ley irlandesa utilizando innovadoras técnicas de ingeniería fiscal con nombres creativos como 'doble café irlandés con sándwich holandés', que implica transferencia de beneficios entre filiales en Irlanda y Holanda hacia paraísos fiscales en el Caribe como destino más habitual", explica el informe del FMI. En España uno de los primeros condenados por aplicar estos esquemas fue Andrés Guillamot, el entonces socio del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Hoy en día, una multinacional puede usar ingeniería financiera para transferir grandes sumas de dinero por todo el mundo, trasladar activos intangibles muy rentables o vender servicios digitales desde paraísos fiscales sin tener una presencia física", aseguran los economistas del FMI, que recuerdan que estas estrategias pueden ser beneficiosas para países como Irlanda, donde la recaudación por sociedades se ha elevado a pesar de las rebajas impositivas, pero "erosiona" las bases imponibles en el resto de los países.

 

Cuándo es delito y cuándo no

 

La línea que separa la posibilidad o no de entrar en conflicto con Hacienda para empresas radicadas en España la marca, básicamente, que se pueda demostrar que la filial en otro país, a través de la que se tributa, tiene actividad real y que se cumplen los principios de precios de transferencia –es decir, asegurar que el valor que se atribuye a un activo que se va a transmitir entre empresas de un mismo grupo es real, no ficticio con el fin de trasladar de manera artificial beneficios o pérdidas de unas sociedades a otras–.

Como explicaba en una entrevista con eldiario.es el inspector de Hacienda José María Peláez, uno de los expertos que compareció ante el Parlamento Europeo en la comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá, "situar dinero en lo que se conoce como paraísos fiscales no incumple ninguna norma. Lo que la incumple es utilizar esos territorios para ocultar la identidad del verdadero titular de esa cuenta corriente, esos inmuebles o bienes, con ánimo o bien de defraudar o de blanquear dinero".

Muchos de los protagonistas de este tipo de maniobras y otras similares, siempre con ánimo de eludir el pago de impuestos, se han ido desvelando en investigaciones periodísticas como la citada de los Papeles de Panamá, los Papeles de Castellana y los Papeles del Paraíso, y abarcan un espectro diverso como Apple, Nike, Uber, el ex ministro de Industria José Manuel Soria, Shakira, o la familia del rey.

Por Marina Estévez Torreblanca

20/09/2019 - 21:06h

Publicado enEconomía
Richard Wilkinson: “Elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías”

Británico, de 76 años, es un eminente defensor de la equidad. En su nuevo libro argumenta que la igualdad tiene efectos directos en nuestro bienestar

Decir que Richard Wilkinson es un defensor de la igualdad es quedarse muy corto. Este epidemiólogo, historiador económico y activista británico de 76 años ha dedicado su carrera a estudiar los efectos de la desigualdad. Junto a su pareja, Kate Pickett, a la que saca 18 años, ha escrito dos libros sobre el asunto. En el primero —Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner)—, detallan los efectos perniciosos de la inequidad, y en el segundo —Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing)— la otra cara de la moneda. Además, ha creado una organización que promueve la equidad.

El día acordado, Wilkinson no está en el lugar de la cita. Se ha olvidado. O, más bien, la ha anotado para un mes más tarde. Raudo, se sube a un tren desde York, donde vive, y llega a Londres tres horas más tarde. Está recién operado de cáncer de colon, se excusa, y tiene la cabeza en otro lado.

PREGUNTA. Necesitamos igualdad. ¿No es obvio para todos?

RESPUESTA. Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la felicidad, al bienestar, a la salud, a la esperanza de vida, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas, causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a todos.

P. ¿Por qué no la defendemos todos?

R. Se ha creído durante años que con más desigualdad la economía crecía más, pero recientemente tanto el Banco Mundial como el FMI han cambiado de opinión. Han visto que los países con más desigualdad tienden a crecimientos repentinos seguidos de batacazos. Y la idea de que la desigualdad fomenta la iniciativa privada también es errónea. Se registran más patentes per capita en los países más igualitarios.

P. Menciona el rendimiento escolar. ¿Por qué se acepta la segregación en los sistemas educativos?

R. Hay gente con prejuicios hacia grupos vulnerables como los inmigrantes, las etnias minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles. Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Al igual que los simios, muchos humanos se ven obligados a confirmar su estatus con los que consideran inferiores. La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante, hace que nos juzguemos más. Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. ¿Me respetan o creen que soy tonto y aburrido? ¿Creen que soy un fracasado? Así piensa mucha gente con una enfermedad mental. Les preocupa cómo los ven y se retiran de la vida social porque les provoca ansiedad.

P. Y por otro lado, cuenta en su libro que aumenta el narcisismo.

R. Así es. Uno de los efectos de la desigualdad es que hincha la idea que la gente tiene sobre sí misma y el consumismo gana más peso. La gente viste ciertas ropas o usa ciertos coches para dar una buena imagen.

P. Por qué se valora tanto el sueño americano en vez del modelo escandinavo?

R. Supongo que lo que pasa es que los países tienen conceptos equivocados sobre sí mismos. Los estadounidenses creen que tienen mucha movilidad social cuando padecen una de las menores del mundo desarrollado. El país en el que menos validez tiene la idea de que cualquiera puede llegar a ser presidente es, precisamente, EE UU.

P, Entonces, ¿es falsa la idea de que, si te esfuerzas, llegarás lejos?

R. Ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje. El cerebro refleja la vida que hemos vivido, si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento. Las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social, más que del punto de llegada. La gente cree que es al revés.

P ¿Cómo ha evolucionado la igualdad en el mundo?

R. Desde 1930 hasta los años setenta, la desigualdad estaba en retroceso en casi todos los países. Es a partir de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo, cuando empezó a crecer, primero en EE UU, luego en el Reino Unido y en todo el mundo desarrollado. Es hora de revertir el proceso. Entre los actores de esta reversión están los partidos ecologistas, que creen en la igualdad.

P. ¿Qué opina de la situación política en Europa?

R. Es terrible. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump.

P. Usted apoyó al laborista Jeremy Corbyn. ¿Se arrepintió al comprobar su postura ante el Brexit?

R. Supongo que sí. Cuando lo apoyé no sabía que tenía tantas dudas sobre la Unión Europea. Al menos ha cambiado su postura. El Brexit es un enorme error. El mundo necesita más acuerdos internacionales, no menos, para tratar problemas como el cambio climático o la evasión fiscal.

P. Si fuera político, ¿qué medidas aprobaría? 

R. Prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran seres superiores cuando no lo son.

Por Carmen Pérez-Lanzac

17 SEP 2019 - 17:00 COT

Publicado enEconomía
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
Martes, 04 Diciembre 2018 07:30

La encrucijada fiscal

La encrucijada fiscal

La situación fiscal de Colombia es compleja. Y sus dos características más relevante son: falta de recursos y ausencia de criterios de progresividad.

La falta de recursos

Colombia tiene una presión fiscal muy baja. El peso de la tributación con respecto al PIB es reducido. Apenas representa el 14,9% del PIB. Este porcentaje es muy pequeño en el ámbito internacional. Y, además, es reducido con respecto a las necesidades de modernización del país.

Con respecto a otros países es claro el poco peso que tiene el Estado en Colombia. En América Latina la presión fiscal es relativamente mayor. En Argentina es 32%, en Brasil 31%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es, en promedio, de 36%. La diferencia entre Colombia y los demás países es significativa.

Pero lo más relevante no es la constatación de la diferencia, sino el desconocimiento de esta realidad por gran parte de la población, y de numerosos políticos y empresarios. En la reciente campaña electoral hizo carrera el supuesto de que en Colombia los impuestos son muy altos. Se menospreció el dato agregado sobre la presión fiscal. Y para justificar esta actitud, se mostraron mediciones, a nivel micro, en las que los impuestos a las empresas son elevados. Para algunos autores la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. Otros estudios, como el realizado por el Banco de la República , llegan a conclusiones completamente distintas: la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%.

En el diagnóstico oficial se le ha dado más relevancia a los estudios que suponen una elevada tributación. El gobierno y los gremios han construido el discurso alrededor de las cifras más altas. Es lógico, entonces, que desde esta mirada se concluya que los impuestos se tienen que reducir. Y el gobierno está proponiendo que la tarifa del impuesto a la renta de las empresas baje del 33% al 30%.

Se ha dicho que una forma de compensar la disminución de los impuestos a las empresas es recurriendo a impuestos indirectos (diversas modificaciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mejorando la eficiencia de la institucionalidad responsable de la tributación. Y por el lado del gasto el gobierno ha propuesto alternativas de austeridad. El presidente Duque es muy optimista y supone que la conjugación de estas medidas van a reducir el déficit fiscal y, además, permitirán reactivar la economía.

Frente a la austeridad se distinguen las medidas propuestas por gobiernos de Santos y de Duque. Cárdenas, el ministro de hacienda de Santos, popularizó el término “austeridad inteligente”. Se trataba de disminuir aquellos gastos que no tuvieran impacto en el crecimiento económico. La intuición del Ministro lo llevaba a proteger el monto destinado a la inversión pública. En su opinión, la austeridad es inteligente si protege el gasto público con mayor efecto multiplicador. Para lograr este propósito habría que establecer una taxonomía del gasto, diferenciando entre los de mayor y menor impacto sobre la economía. En la práctica este ejercicio no es posible porque siempre se podría argumentar que determinado gasto (educación primaria, protección de cuencas…) puede tener, en el largo plazo, un impacto mayor que la inversión de corto plazo, como las carreteras. La distinción entre uno u otro gasto siempre es arbitraria y quedaría supeditada a la percepción del ministro de hacienda del momento. De todas maneras, el gobierno Santos no pudo reducir el gasto, y las finanzas públicas terminaron con un desequilibrio de 25 billones de pesos.

La primera determinación que tomó el gobierno de Duque para responder a las necesidades fiscales, fue una reducción del déficit de corto plazo, mediante una recomposición de la deuda, que liberó 10 billones. El desbalance se redujo a unos 15 billones. Además de la reforma tributaria, el presidente Duque piensa que el déficit se puede reducir con su modelo de austeridad.

Duque ha prometido que disminuirá el gasto con las medidas de austeridad, centrando la atención en la reducción de las plantas de personal “paralelas”. Esta alternativa no es realista porque significaría acabar con el Estado. En el país hay 1,4 millones de funcionarios, que equivalen al 5,3% de los ocupados. De nuevo, esta relación es muy baja cuando se compara con otros países. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15%. En Canadá e Inglaterra es el 27%. En Noruega es 33% y en Dinamarca es 36%. Y en los países de la Ocde es de 25%. Puesto que el número de funcionarios es tan bajo, en Colombia no queda más alternativa que contratar por fuera de planta y por períodos de tiempo definidos. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de que la austeridad de Duque tenga éxito.

Puesto que las medidas de austeridad no han funcionado, y dada la presión para bajar impuestos, es muy factible que el déficit fiscal continúe creciendo. Si el gasto en lugar de bajar mantiene su tendencia al alza, y si la presión por reducir los impuestos se mantiene, no queda otro camino que aumentar la deuda pública. En Colombia, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 47%. Un porcentaje importante, pero relativamente bajo comparado con el de los Estados Unidos (105%), o con el de Japón (201%). En el promedio de países de la Ocde la relación también es superior al 100%.

La mayor deuda debilita la estructura de las finanzas públicas, y el pago de intereses se va convirtiendo en una carga muy pesada para el conjunto de la sociedad. Colombia ha optado por el camino fácil de no aumentar los impuestos, y de permitir que el saldo de la deuda crezca de manera significativa. La única forma de contrarrestar esta tendencia sería aumentando los impuestos, pero ello no es posible dada la acogida que ha tenido la idea de la alta tributación que supuestamente existe en el país. Al no reconocer que los impuestos en Colombia son bajos, la política pública toma decisiones inadecuadas.

Débil progresividad

Las medidas propuestas en el proyecto de reforma tributaria buscan una progresividad muy débil. Son temerosas, y no obligan a los ricos y a los grandes capitales a que aumenten sus niveles de tributación.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad , se reconoce de manera explícita que la lucha contra la desigualdad es una prioridad del gobierno. Y se dice que en los próximos 4 años el Gini de ingresos laborales bajará de 0,508 a 0,47. En las Bases no se mencionan otras formas de concentración, que son escandalosas. En las zonas rurales, de acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,93.

Es importante reducir el Gini del ingreso laboral, pero esta medida es insuficiente. Para que efectivamente haya un pacto por la equidad es necesario disminuir el Gini de la riqueza. Y para lograrlo, el instrumento privilegiado es la progresividad del impuesto. Pero este es, precisamente, el asunto que no se quiere discutir en el Congreso de la República. Las medidas propuestas son muy tímidas. Entre ellas, la tarifa al patrimonio oscilaría entre 0,75% y 1%. Los impuestos al suelo y al urbanismo ni siquiera se consideran, y podrían ser una fuente potencial de recursos, con la ventaja de que su estructuración puede hacerse con criterios de progresividad.

Conclusión

Colombia necesita aumentar significativamente el gasto público. Esta es una condición básica para lograr la modernización del país. Para evitar el desbalance fiscal, el mayor gasto debe ir a la par con un aumento de los impuestos. Esta realidad no ha sido reconocida, y en lugar de incrementar el gasto se pretende reducirlo con medidas que no serán efectivas. Mientras tanto, se aplazan decisiones importantes que es necesario tomar en el frente fiscal. La más importante es la búsqueda de una estructura tributaria que sea progresiva.

Por Jorge Iván González
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3 de diciembre de 2018

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Duque busca atraer inversión extranjera con su primera reforma tributaria

El presidente colombiano promete ante empresarios de 40 países "reducir la carga a los que generan empleo"


El Gobierno colombiano enviará esta semana al Congreso una reforma tributaria que refleja una de las obsesiones de su nuevo presidente, Iván Duque. Esto es, presentar a Colombia ante la comunidad internacional como un país atractivo para invertir. La nueva legislación, que el mandatario esbozó el lunes ante inversores de más de 40 países, busca, aseguró, “reducir la carga tributaria a los que generan empleo a esas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas” y que “este país genere más empleo formal”.


El Ejecutivo propondrá, por ejemplo, una exención de 10 años del impuesto de renta a los empresarios que inviertan en el campo, con proyectos de desarrollo productivo agroindustrial, con la condición de generar “un mínimo de puestos de trabajo”. “Sí, Colombia está creciendo quizás por encima de muchos países de la región este año, casi el 3%, un 2.8%, y muy seguramente el año entrante la meta que quiero trazarme es que lleguemos al 4% para seguir creciendo”, enfatizó Duque, que hizo hincapié en la importancia del turismo y de la llamada economía naranja, es decir, las industrias creativas, en un país tradicionalmente vinculado al sector extractivo.


“En temas como robótica, inteligencia artificial… economía naranja, también cero impuestos de renta por los primeros cinco años a cambio, por supuesto, de generar un mínimo en puestos de trabajo”, prometió el mandatario. “En el emprendimiento de nuestro país entra a jugar un papel fundamental la música, el diseño, el cine, la literatura, festivales, carnavales, arquitectura, publicidad, joyería”, agregó.


Con respecto al turismo -“el nuevo petróleo de Colombia”, dijo-, el presidente se fijó una meta: “Nuestra apuesta es que Colombia tenga 6 o 7 millones de turistas en estos cuatro años y que podamos abrir un camino de políticas de largo plazo para que rápidamente pueda superar el umbral de los 10 millones de turistas”.


Para lograr los objetivos que se propone, Duque intentará concretar uno de los compromisos de la campaña electoral: reducir la burocracia y adelgazar la Administración. Con esta reforma, el Gobierno intenta atraer capital extranjero. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha un plan de estímulo bautizado como Estado Simple, Colombia Ágil. El objetivo final consiste en "eliminar, racionalizar y agilizar trámites que se vuelven muchas veces en un dolor de cabeza para el sector privado”. "En estos casi 90 días ya llevamos cerca de 50 trámites intervenidos, llegaremos a 100 antes de terminar el año y esperamos que en el primer año de gobierno tengamos cerca de 900 trámites, porque lo que nos interesa es que el Estado no sea obstáculo", aseguró el mandatario.

F. MANETTO
Bogotá 30 OCT 2018 - 17:02 COT

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El Banco Mundial recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina

El organismo deja la expansión prevista para este año en el 0,6%, más de un punto menos que en junio, y advierte de los riesgos por el coste de la deuda y por la reversión en los flujos de capitales

 

El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.


“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.


La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.


La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.


La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EE UU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.


La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EE UU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.


Precariedad fiscal


“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.


El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.


“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.


América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".

 

Nueva York 5 OCT 2018 - 08:24 COT

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Argentina y Brasil: los desgobiernos del capital financiero

La fenomenal escalada del dólar de Argentina y el incendio del Museo Nacional en Río de Janeiro, pocas horas después de que un tribunal decidiera que Lula no puede ser candidato a la presidencia, muestran que los dos mayores países de Sudamérica marchan a la deriva.

Los hechos que configuraron esta coyuntura se acumularon en pocas horas. El 30 de agosto el dólar rozaba los 40 pesos en Argentina. Dos días antes había trepado a 32 pesos, lo que implica una devaluación del 25% en 48 horas. La moneda argentina comenzó el año con una cotización estable, de 18 pesos por dólar, para superar los 40 pesos a comienzos de setiembre. Lo más sorprendente es la rapidez de la devaluación (más del 100%) que se disparó a partir del mes de abril.

En Brasil, el 1 de setiembre el Tribunal Supremo Electoral anuló la candidatura de Lula y al día siguiente, en la noche del domingo 2 de septiembre, un incendió destruyócompletamente el Museo Nacional en Río de janeiro. Una "catástrofe cultural", como la denomina el editorial de El País (edición Brasil), fruto de "la incompetencia y la incapacidad del Estado brasileño para proteger su patrimonio científico y cultural".

Las dos sociedades asisten atónitas a sucesos que las superan. Días después del incendio de la quinta mayor colección etnográfica y antropológica del mundo, los medios informaron que el presupuesto para lavar los coches de los diputados es más alto que el dedicado al museo incendiado. El desprestigio de los políticos es mayúsculo, agravado por el hecho de que el candidato más popular, que concita casi el 40% de los apoyos, no pueda competir porque fue procesado por lavado de dinero en un cuestionado juicio.

El prestigioso antropólogo Eduardo Viveiros de Castro destacó las relaciones entre el desastre cultural y el desastre político: "Se trata de la destrucción del 'ground zero', el lugar central que era símbolo de la génesis del país como nación independiente". En efecto, ardieron la colección de etnología indígena, incluyendo la de varios pueblos desaparecidos, la enorme biblioteca de antropología, 20 millones de piezas y documentos, y Luzia, el fósil humano más antiguo de las Américas.

A partir de esta constatación, Viveiros traza un paralelismo entre la destrucción de la Amazonia para exportar soja y la destrucción de la memoria cultural del país, para concluir que Brasil naufraga sin proyecto histórico, sin objetivos como nación. Con la prohibición de Lula, la gobernabilidad queda cuestionada. Si el responsable inmediato del incendio es el Gobierno de Michel Temer, que recortó la mitad del presupuesto de cultura, la crisis general del país involucra a toda la sociedad, pero en particular a las elites económicas.

La elite industrial de Brasil recibió a todos los candidatos para que expusieran su programa, convidados por la Confederación Nacional de la Industria en junio pasado. El más aplaudido fue el ultraderechista Jair Bolsonaro, que confesó no saber nada de economía, pero dijo que colocaría militares en los ministerios, que derribaría la estatua del Che Guevara en la casa de Gobierno y se quejó de que ya no se puedan hacer chistes racistas sobre los negros (52% de la población) por no ser políticamente correcto.

El fracaso de Mauricio Macri en la que prometió sería su área mejor gestionada, la economía, se hizo evidente esta semana cuando ni el apoyo explícito de Donald Trump, ni del FMI, frenaron la escalada del dólar. Una subida que se profundizó a pesar de que el Banco Central sigue quemando reservas, con picos de hasta 1.300 y 350 millones de dólares en un día para contener el alza. El riesgo país sigue subiendo y se acerca a los 800 puntos, más del doble de Brasil y cuatro veces el de Uruguay.


El nuevo ajuste, que se superpone a la impresionante alza de los precios de los servicios básicos, fue apoyada por el sector financiero que aún lo considera insuficiente. Pero la crisis financiera se traslada al conjunto de la economía (con caídas de casi dos dígitos en la producción y alza descontrolada de precios) y de inmediato, a la esfera política.

"El programa anunciado, en general, es positivo", declaró un CEO de Credit Suisse a La Nación. "Pero las preocupaciones sobre el alcance de la recesión, la política y sus riesgos de implementación mantendrán los ánimos de los inversores bajos en los próximos meses", añadió. En lo que va de 2018, la fuga de capitales trepó a 20.000 millones de dólares y está a punto de superar el récord que estableció el Gobierno de Cristina Fernández durante la crisis con el agro en 2008. La tasa de interés al 60% disloca cualquier proyecto económico.

Argentina y Brasil comparten algunos problemas básicos que agravan la crisis que sufre buena parte de la población.


La primera es la incertidumbre. En Brasil hay elecciones presidenciales en octubre y en Argentina en un año. Nadie tiene la menor idea de quién puede vencer. Impedido Lula, es improbable que triunfe Bolsonaro. Algunos sectores de las elites prefieren a Geraldo Alckmin, del partido de la socialdemocracia, muy quemado por su gestión privatizadora en los 90 y con escaso arraigo popular. En Argentina suena improbable el retorno del kirchnerismo luego de la difusión de los "cuadernos de las coimas", que delatan una escandalosa corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández.

Lo cierto es que las elites políticas y económicas están divididas y nadie presenta objetivos creíbles que incluyan a toda la población.

La segunda cuestión en común es que los gobiernos de Macri y Temer se han alineado con EEUU. Wall Street se inclina por Bolsonaro porque piensa privatizar Petrobras que fue la cuarta petrolera del mundo. Con Temer se produjo la fusión de Embraer con Boeing, facilitando el aterrizaje de los intereses del capital estadounidense. El acuerdo de Argentina con el FMI, que prometió liberar 50.000 millones de dólares en los próximos años para estabilizar las finanzas, la convierte en el país más endeudado con el ente financiero y, por lo tanto, con mayor dependencia política.

Por último, la inestabilidad será, en los próximos meses y tal vez años, la seña de identidad de una región vapuleada por la incapacidad de sus dirigentes de poner en pie proyectos de largo aliento. Hasta que no se resuelva la crisis política, no habrá crecimiento económico equitativo ni paz social.

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Sábado, 08 Septiembre 2018 07:37

Pensiones

Pensiones

Cerrado el paréntesis de tolerancia que, con la mirada del mundo puesta en el centro de la capital de Rusia, significó para el Kremlin asumirse como anfitrión del Mundial de futbol, comienza septiembre con dos noticias que despertaron del plácido sueño estival a la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos: la decisión de subir el impuesto al valor agregado y, sobre todo, aumentar la edad de jubilación.
Visto desde el gobierno, la solución es muy sencilla: en tiempos de crisis, en medio de las sanciones foráneas contra Rusia, en el contexto de la necesidad de mantener los salarios y otros privilegios de la guardia nacional, la policía y el ejército, que junto con el sistema judicial forman el puño represivo que da tranquilidad a la élite gobernante, la población tiene que apretarse el cinturón y resolver las urgencias del presupuesto federal.


Pero el destino inevitable de adoptar las impopulares medidas, sobre todo la reforma de la edad de jubilación, se presentó con argumentos falaces: que si es la tendencia en todo el mundo, que si no hay otra posibilidad de salir adelante por el acoso externo que sufre Rusia, etcétera.


La mentira devino indignación y provocó manifestaciones de protesta espontánea contra el Kremlin –la siguiente, este domingo en todo el país–, al grado de que el presidente Vladimir Putin, siempre desligado de todo lo que sale mal, aunque nada se haga sin su visto bueno, tuvo que intervenir –mediante un poco acostumbrado aquí mensaje a la nación– para intentar suavizar el impacto del incremento de la edad de jubilación.


La posición de las autoridades tiene al menos cuatro puntos vulnerables: Putin juró que nunca se aumentaría la edad de jubilación mientras él ocupara el Kremlin; si bien es cierto que en el mundo se incrementa la esperanza de vida, en Rusia 40 por ciento de hombres muere por alcoholismo, traumatismo laboral y otras causas antes de llegar a los actuales 60 de edad; el inmenso aparato burocrático que establece las pensiones sigue inmerso en una corrupción galopante, sin que pase nada, y el gobierno rechazó la iniciativa de subir los impuestos a las corporaciones con “súper ganancias” que viven de exportar materias primas.

 

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