Maduro pospone para septiembre el aumento del precio del combustible

El gobierno venezolano organiza un censo automotor, planifica un subsidio y liberará la gasolina a precios internacionales 

 

En mitad del caos hiperinflacionario y un entorno productivo en ruinas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha decidido que solo aquellos ciudadanos que tengan el carné de la patria, símbolo de los devaluados beneficios sociales chavistas, podrán comprar gasolina a un precio más asequible. Esta es una de las medidas económicas que el Gobierno iba a implementar a partir del 20 de agosto, pero finalmente se ha pospuesto hasta septiembre. El resto de decisiones como la reconversión monetaria ya han comenzado a funcionar.


En una alocución en Facebook Live la noche del domingo, el mandatario justificó este aplazamiento alegando que era necesario trabajar para perfeccionar el sistema de pago en las estaciones de servicio, y agregó que “del 30 de agosto al 30 de septiembre” explicará al país sus detalles, para que sean ejecutados “de manera gradual”. Maduro aseguró que la medida implicará un ahorro a la nación “de más de 10 mil millones de dólares”.


El Gobierno de Maduro convocó a los transportistas y propietarios de vehículos a un Censo Nacional Automotor en la Plaza Bolívar de Caracas. Este padrón ha provocado bastante renuencia entre los venezolanos, con independencia de que pertenezcan al sector del transporte. El mandatario ha advertido de que quien no se registre deberá pagar el combustible “a precios internacionales”, que, por el momento, no se han concretado. Ni los expertos, ni los periodistas, ni los transportistas, ni los trabajadores de los expendios de gasolina conocen detalles del aumento que se avecina ni sus modalidades.


La gasolina venezolana se mantiene en precios ridículamente baratos, pese a la crisis que sufre el país. Llenar un tanque de 40 litros cuesta 400 bolívares, apenas unos exiguos centavos de dólar al cambio. Aun así, a la espera de que se concrete la medida, los venezolanos hicieron largas filas en las estaciones de servicio durante toda la semana. La primera sensación entre los usuarios es de resignación ante los constantes anuncios de Maduro. Trabajadores de las gasolineras, como Celso Álvarez, en la urbanización La California de la capital de Venezuela, no creen que el anuncio se vaya a cumplir. Aunque al mismo tiempo se extiende entre los ciudadanos la creencia de que sería mejor aumentar de una vez su precio.


Hugo Ocando, dirigente sindical y presidente de la Central Única de Transportistas deCaracas, explica que él y sus compañeros están ya cansados de censarse: “Ya nos hemos censado siete veces. Lo que a la mayoría nos molesta es que se nos diga que, si no lo hacemos por octava vez, no tendremos los insumos ni los repuestos para trabajar”. Según los cálculos de este sindicalista, en el registro hay unas 180.000 personas, una cifra muy inferior al más del millón de censados que defiende la propaganda oficial.


De acuerdo con los datos oficiales, en el país hay 1.300.000 familias que tienen este documento, a través del que se accede a algunos servicios públicos subsidiados y preferenciales, hoy muy empequeñecidos con la magnitud de la crisis económica. Durante un tiempo han estado vinculados con la simpatía militante a Maduro y la causa chavista, aunque muchas personas han tenido que acudir al instrumento de manera forzada para paliar los estragos del aumento de precios.


“El subsidio será a través de la billetera móvil del Carné de la Patria”, afirmó el dirigente chavista y gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. “Uno se puede registrar sin tener el Carné, pero para recibir el dinero será necesario tenerlo”. Rodríguez, que insiste en que estos beneficios son para toda la población, independientemente de su credo político, afirmó que la medida de Maduro persigue “acabar con el tráfico de gasolina” en la frontera, un delito sobre el cual son acusados con frecuencia funcionarios militares y civiles chavistas.


Un debate crónico


El aumento del combustible forma parte de un debate crónico, que lleva décadas, y que se ha suspendido en muchas ocasiones por motivos políticos. En esta ocasión, Maduro acude a la medida presionado por las urgencias fiscales y el grave deterioro de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El déficit fiscal del gobierno, ocultado por el Banco Central de Venezuela, es, de acuerdo con cálculos privados, de 19 puntos del PIB. Los precios, diferenciales y modalidades de pago del aumento, sin embargo, permanecen aún en una zona de total confusión.


“Aquí se ha pospuesto por mucho tiempo el ajuste del precio del combustible y el de la creación de un mercado de divisas. Son dos aspectos muy relacionados”, asegura Ronald Balza, economista decano de la Universidad Católica Andrés Bello, quien también se lamenta ante las lagunas informativas existentes. “No hay un ‘precio internacional’ de la gasolina. Hay uno casi en cada ciudad y país del mundo. No sabemos todavía cuál será el esquema cambiario que norme esta medida. Ese precio tendría que variar mensualmente. En 2016, PDVSA informó al gobierno de pérdidas de 5,7 mil millones de dólares [lo que en el país se conoce como millardos] por la venta de la gasolina al precio actual”.


Los técnicos de PDVSA ya habían hecho los cálculos para vender gasolina a los coches particulares y colectivos no censados a un dólar el galón, un esquema impracticable para el venezolano medio. Aunque no hay información oficial, las primeras informaciones sitúan el precio del litro en los 90.000 bolívares (menos de un centavo de dólar), en un esquema progresivo de aumentos, que puede tomar dos años. Este modelo es similar al que funciona en Irán: el gobierno pagará, contra reembolso, el dinero para el combustible en las cuentas de cada usuario, y quien no haya querido censarse deberá abonar el precio liberado.


Recuadro

 LAS OTRAS MEDIDAS


El aumento del combustible próximo a anunciarse en Venezuela es solo una de las medidas económicas que prepara Nicolás Maduro. Esta nueva política hace concesiones parciales a algunas exigencias de la economía de mercado en un escenario en ruinas. Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica distingue la existencia de cuatro ejes en sus confines: El cambiario que tiende a la flexibilización del mercado de divisas; uno monetario, que incluye la reconversión monetaria y el anclaje del bolívar al Petro (criptomoneda lanzada por el gobierno); un eje fiscal, que comprende el aumento al combustible, y un eje petrolero, en el cual PDVSA queda exonerada del pago de impuestos”.


Aunque Oliveros concede que algunas de estas medidas podrían aumentar el flujo de divisas, y eventualmente mejorar la oferta de servicios, con sus consecuencias para paliar el aumento de precios, piensa que se trata de una aproximación insuficiente, y que presenta varios flancos, entre ellos uno fundamental: la falta de financiación exterior. “Un acuerdo marco con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dotaría al gobierno de unos recursos que necesita urgentemente para defender su estrategia cambiaria y monetaria”, dice el experto.


Oliveros dice que los cálculos de la firma que preside prevén una tasa anual de inflación que es incluso más alta que la del FMI, que es de un millón por ciento: “Viene un redondeo de los precios, un ajuste que es inevitable en momentos de reconversión. Tendremos que esperar por la concreción de los anuncios de Maduro. Si se toman algunas decisiones con claridad, algunos aspectos de la economía podrían mejorar un poco en los próximos meses”.


Las medidas de Maduro, sin embargo, están siendo recibidas con mucho escepticismo y mal talante por los sectores productivos. Juan Pablo Olalquiaga, de la Confederación de Industriales, Conindustria, sostiene que los problemas de fondo de la economía no quedarán resueltos: “El nuevo cono monetario tiene un efecto cosmético. No resolverá la inflación producto de la monetización del déficit fiscal, y eso el gobierno lo sigue haciendo. El Petro no va a estabilizar el bolívar. Al transarlo, el Estado quitará a los ciudadanos dinero de su bolsillo para ingresarlo a sus arcas”.

ALONSO MOLEIRO
Caracas 20 AGO 2018 - 20:54 COT

 

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Domingo, 06 Mayo 2018 06:21

Los ideales que siguen viviendo

Los ideales que siguen viviendo

A 200 años del nacimiento de Marx, el respeto por su ideario sigue en alto. La mitad de la humanidad considera importante el socialismo y hay un amplio consenso para que los ricos paguen más impuestos.

A dos siglos del nacimiento de Karl Marx y a casi treinta de la caída del Muro de Berlín, la permanencia de las ideas socialistas puede ser sorprendente. Un estudio internacional de la encuestadora Ipsos revela que algo así como la mitad de la humanidad sigue considerando el socialismo como una idea importante, con picos del 84 por ciento en China y pozos del 21 en Japón. El mismo estudio muestra un amplio consenso para la idea de que los ricos paguen más impuestos, con mayorías absolutas en países tan disímiles como España, China e India, y una fuerte insatisfacción con el grado de representación de los trabajadores en los gobiernos de cada país. Apenas un tercio de los encuestados considera que los que trabajan participan del poder, con Brasil, Chile, Argentina, Francia y Serbia entre los más insatisfechos y la curiosa mezcla de India y Arabia Saudita entre los más conformes.


El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Sociales de la firma Ipsos en 28 países. Hubo un total de 20.793 encuestados en Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Turquía. El trabajo, online y presencial, fue realizado entre fines de marzo y comienzos de abril.


La pregunta más directa fue sobre el valor actual de los ideales socialistas para el progreso social. La mitad de los encuestados estuvo de acuerdo, con un fuerte pico en China del 84 por ciento y valores muy altos en India y Malasia. Los argentinos se colocaron en el promedio mundial, con un 52 por ciento de opinión favorable, una franja compartida con México, Arabia Saudita, Suecia y Canadá. Sorprendentemente, Estados Unidos produjo un 39 por ciento de acuerdo, por encima de Francia, Hungría y Japón.


Los trabajadores son vistos internacionalmente como mal representados en los gobiernos del mundo, con un 67 por ciento de negativas ante la pregunta. Arabia Saudita, China e India sorprenden con fuertes mayorías que afirman que los que trabajan están bien representados. Argentina muestra un acuerdo de apenas el 24 por ciento, igual que Italia y Rumania.


De las ideas socialistas más frecuentes, la más popular es la que dice que quien más gana más debe pagar en impuestos, aceptada por un 78 por ciento de los encuestados. España, Serbia, China, Rusia, India, Corea, Malasia, Arabia Saudita, Italia y Turquía tienen promedios por encima del 80 por ciento de acuerdo que mostró Argentina. Con un 58 por ciento, Sudáfrica es la nación más reacia al asunto.


Otras ideas tradicionales del progresismo también mostraron aceptación. Un 89 por ciento a nivel mundial piensa que la educación gratuita es un derecho, con una mayoría total del 98 por ciento en Rusia, un 91 en Argentina y apenas tres países por debajo de los ochenta puntos: Estados Unidos, Sudáfrica y Japón, que oscilan entre el 77 y el 64 por ciento. Lo mismo ocurre con la salud, que muestra un excepcional acuerdo internacional del 87 por ciento, con Argentina en un abundante pelotón de países con 92 puntos porcentuales. Sólo Japón se desmarca, con un escaso 47 por ciento. Más compleja es la aceptación de una idea relativamente nueva, la del ingreso garantizado, que recibe un 69 por ciento de acuerdo promedio formado por un enorme 95 en Rusia y un escaso 38 en Japón. Argentina, de hecho, está al fondo de la pirámide con un 53 por ciento.


Pero varias críticas al socialismo también siguen firmes, como la idea de que los que tengan más talento tienen derecho a ganar más, aceptada por un 69 por ciento a nivel mundial. Francia y Alemania, con 51 y 47 puntos, son los más reacios, mientras que países como Rumania, Corea y Rusia la aceptan por amplios márgenes. Un 48 por ciento va más allá y dice estar de acuerdo con que el socialismo es un sistema de opresión, vigilancia estatal y terrorismo. En Estados Unidos y la India el acuerdo pasa los 60 puntos, mientras que en China, Rusia y España alcanza apenas un tercio. Argentina navega al medio con un 45 por ciento.


Tal vez la crítica más profunda sea la idea que la competencia saca lo mejor de las personas, aceptada por un 69 por ciento en promedio. Francia, Alemania y Bélgica son los que menos creen en eso, con números inferiores a la mitad, pero los argentinos se instalan en un sólido promedio por encima de los sesenta puntos. Esto coincide con el 52 por ciento global que piensa que la libertad individual es más importante que la justicia social. No sorprende que dos de cada tres norteamericanos piensen así, pero los números son similares en India, Sudáfrica, Perú, Rumania y Malasia. Los argentinos están divididos en mitades exactas, como los polacos, los brasileños, los australianos, los belgas y los húngaros. Francia, China y Alemania muestran que apenas más de uno en tres se cree eso.

 

¿El socialismo es importante?

 

Mi gobierno representa el trabajo

 

A los ricos, más impuestos

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Paro cívico en Tunja contra el aumento del impuesto predial

El 25 de abril, a las 6 de la mañana, miles de pobladores de Tunja dieron inicio a un Paro Cívico en organización desde enero pasado. El motivo principal: protestar en contra del aumento desmesurado del impuesto predial. Con bloqueos de las principales vías de la ciudad, asi como movilizaciones en el centro de la misma, recibo en mano, dejaron en claro su rechazo a los incrementos autorizados, en algunos casos hasta en un 600 por ciento.

La inconformidad toma las calles de la ciudad de Tunja, capital del departameneto de Boyacá. Una inconformidad acumulada en los meses corridos del 2017. No es para menos. Con un espiritu alcabalero, la alcaldía de la ciudad contrató en el 2017 los servicios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac– para que realizara el avalúo catastral, estudio a partir del cual se aprobó el impuesto predial para el 2018. El Acuerdo 030 del concejo municipal lo ratifica, y el malestar ciudadano no tardía en hacerse sentir, tanto por las tarifas impuestas como por la forma en que el concejo municipal aprobó el documento, pues “era un documento como de 700 páginas y lo presentan como un 10 o 12 de diciembre y lo aprueban un 31” declara Érika González, periodista local.


Y agrega, “El alcalde presentó la tarifa por cobrar de impuesto predial para 2018 amarrada al estatuto tributario. Siempre las administraciones anteriores hicieron eso muy aparte. Porque el estatuto contempla también lo fiscal, el aumento en la tarjeta de operación de los taxis, lo de cámara de comercio, lo de prebendas que se les dan a las empresas que llegan a la ciudad para el tema del impuesto, entre otras cosas. Esto significa que los concejales no se podían negar a aprobar el estatuto y, por ende, iban a aprobar el aumento de la tarifa y lo relacionado con el descuento que se le iba a dar a los contribuyentes”.
Pero hay otros motivos para el descontento y la protesta, entre ellos la destinación de los recursos para la renovación del centro histórico de la ciudad. La decisión del Alcalde de instalar baños subterráneos en plena Plaza de Bolívar ha sido motivo de rechazo y polémica, pues de ser llevado a cabo este proyecto “destruiría piedras que llevan allí más de 500 años”, declaró Gerónimo Molina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización La Estancia del Roble.


Con estos insumos, el día 25 de abril inició la jornada de paro. Organizada en 12 puntos de concentración, y representada por el Comité unidos por Tunja, la ciudadanía concretó una reunión con el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa para el día 26 de abril, al medio día. El propósito: exigir que se invalide el Acuerdo 030 y proponer la reducción del 60 por ciento del cobro por pronto pago, o la reducción de las tarifas a la mitad.


Los afectados


Julián Castañeda, promotor y vocero del Comité Unidos por Tunja, afirmó que “los estratos del uno al cinco en Tunja; todos han sido afectados con el cobro del impuesto predial, absolutamente todos. [...]. No podemos decir que el estrato uno, dos y tres han sido los más afectados, porque el cuatro y el cinco también, el sector comercio también ha sido afectado. Por ejemplo, el cobro a las casas oscila hasta los 25 millones de pesos. El sector hotelero de Tunja, ubicado más que todo en nuestro centro histórico, ha sido muy afectado; los ferreteros en la parte del centro también. La cuestión es masiva; inclusive los cobros efectuados en el sector del sur –que es el sector comercial de repuestos automotores– han sido exuberantes, subiendo hasta en un trescientos por ciento. Entonces, no es una cuestión de estratificación, sino una cuestión general que se está viviendo en Tunja”.


Ojos que no ven


Como ha sucedido con otras muchs protestas en el país, “la administración al principio desconoció el movimiento, dio parte de normalidad ayer a las nueve de la mañana, que estaba todo normal; cuando lógicamente no era cierto, eso se dijo a los medios de comunicación y la misma ciudadanía fue testigo que Tunja tuvo una parálisis tanto en el comercio como en el transporte, hubo más o menos doce bloqueos en todos los puntos álgidos de Tunja. Después ya vieron que la problemática seguía aumentando y la gente seguía movilizándose y se está masificando esperando la respuesta la negociación”, explicó a desdeabajo Julián Castañeda, quien agradeció a la fuerza pública por no haber impedido ninguna de las manifestaciones de inconformidad: “Quiero darle un parte a la policía, porque ha respetado la manifestación, ha respetado a la comunidad”.


El interrogante abierto por esta realidad, el mismo que está presente en todo el país es, ¿Tendrán derecho los pobladores de Tunja a conservar el ahorro que para muchos significa tener un apartamento, casa o negocio? El cierre de la negociación aún sin concluirse en horas de la tarde del 26 de abril dará la última palabra. 

 

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Las claves de la guerra comercial entre Estados Unidos y China: socios y enemigos

Los aranceles anunciados por el gigante americano y el asiático tienen poco peso en el volumen total de intercambios, pero atacan donde hacen más daño

comercial o político

Donald Trump odia el déficit comercial. En su lógica es la evidencia de que EE UU pierde en el mercado global porque compra más de lo que vende al resto del mundo. Por eso convirtió la reducción de esta brecha en un pilar central de su política económica, especialmente con China. La disparidad con el país asiático creció el año pasado en la categoría de bienes un 8%, hasta alcanzar los 375.200 millones de dólares.


Por eso ha empezado su guerra de aranceles contra China, pero sin lanzar toda la artillería. Según la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor´s, el arancel de EE UU puede afectar al 12% de los productos importados desde China. Al ser una disputa sobre tecnología y propiedad intelectual, añaden, podría impactar a artículos que incluyen ordenadores y teléfonos móviles. La primera reprimenda china ataca desde la carne de cerdo, frutas y vino hasta metales como tubos de acero que se compran a Estado Unidos.
“Los productos sujetos a aranceles representan en este momento una parte modesta respecto al volumen total de los intercambios”, valoran desde la agencia. Las amenazas y las listas, sin embargo, muestran cuál es la actitud de las dos potencias. Trump cree que forzando la mano logrará que China entren en razón, porque depende más del mercado de EE UU que al revés. Su objetivo es reducir el déficit en 100.000 millones.


Pekín contraataca donde puede hacer políticamente más daño al republicano en las elecciones de noviembre e incluso en 2020: las comunidades rurales. La agricultura generó más de 19.000 millones en exportaciones hacia China en 2017, con 12.360 millones solo en soja. La segunda mayor partida son aviones comerciales, con 16.260 millones, seguida por los automóviles, con 10.500 millones.


Disuadir a Washington


Estas tres categorías, precisamente, han sido la diana de la segunda ronda de aranceles anunciadas por Pekín, que entrarán en vigor en caso de que Trump acabe por oficializar esta nueva ronda de aranceles estadounidenses contra productos de alta tecnología chinos. Una lista que ha sorprendido por su contundencia. “El Gobierno chino preferiría no aplicar estas contramedidas porque tienen un coste para el país. Pero seguirá adelante con los aranceles para disuadir a Estados Unidos; China necesita dejar claro que está dispuesta a responder del mismo modo si es necesario”, explica Julian Evans-Pritchard, economista de la consultora Capital Economics.


China también es uno de los tres principales mercados para el equipamiento médico que se exporta desde EE UU, así como maquinaria industrial metales y computadoras y componentes electrónicos. La mayor economía asiática es receptora además de combustibles refinados, como el gas natural licuado, y otros derivados del petróleo, lo que explica los nervios en el sector energético, otro lobby de apoyo aTrum.


EE UU es la segunda potencia comercial del mundo. Exportó bienes por valor total de 1,55 billones en 2017. Si se incluyen los servicios, una categoría que siempre evita citar Trump porque está en superávit, ese volumen global asciende a 2,33 billones. Sin embargo, el pasado ejercicio registró importaciones que ascendieron a 2,89 billones, de las que 2,36 billones fueron en bienes.


China es el gran contribuyente a este desequilibrio. Las estadísticas del Departamento de Comercio más recientes reflejan que las importaciones de bienes chinos ascendieron el año pasado a 505.600 millones de dólares, un 9% más que en 2016. Es el mayor suministrador de bienes por delante de México y Canadá, sus socios en la zona de libre cambio en Norteamérica (Nafta).


Las compañías estadounidenses realizaron por su parte exportaciones al otro lado del Pacífico por valor de 130.400 millones. En este caso mejoraron un 12% en el año. China es el tercer destino de los bienes de compañías estadounidenses, por detrás de Canadá y México. Duplican los que van hacia Japón y Alemania. Se estima que el comercio genera unos 910.000 empleos en EE UU.


Ataque al liderazgo mundial chino


Las autoridades chinas rebajan sensiblemente la cifra de déficit que defiende Donald Trump. Según datos de las aduanas, el país asiático registró un superávit comercial de 275.810 millones de dólares frente a Estados Unidos, un desequilibrio récord en los intercambios bilaterales de mercancías, pero menor (en 100.000 millones de dólares) a lo contado por Washington. El comercio con la primera potencia mundial generó el 65% del superávit comercial chino global.


Los más de 1.300 productos identificados hasta ahora por Washington para una nueva ronda de tarifas impactan directamente en el ambicioso programa de reconversión industrial china, cuyo objetivo es convertir al país en líder mundial en alta tecnología para el año 2025. La oficina Comercio de EE UU estudia medidas adicionales elevar el arancel hasta 150.000 millones en importaciones, el 30% de los intercambios.


EE UU representa el 15% de las exportaciones globales de China. Llega de todo, especialmente electrónica y semiconductores que se consumen en masa en EE UU. Los teléfonos móviles manufacturados en fábricas chinas tuvieron un valor de 70.390 millones mientras que la factura en ordenadores fue de 45.520 millones, a la que se suman 31.610 millones en accesorios. El equipamiento para telecomunicaciones fue de 33.480 millones.


Los muebles y otros artículos para el hogar generaron 20.670 millones en importaciones mientras que los electrodomésticos rondaron los 14.150 millones, junto a 10.730 millones en televisores. Las importaciones de juguetes y productos para el deporte generaron importaciones el pasado año por valor de 26.770 millones. El sector textil, incluyendo calzado, movió 35.680 millones.


Caroline Freund, economista del Peterson Institute for International Economics, explica que el déficit no se debe solo a malos acuerdos comerciales como dice Donald Trump, sino más bien al ritmo con el que gastan los consumidores y el Gobierno estadounidense. “Si se redujera el consumo”, añade, “las importaciones caerían”. También cita que un dólar débil encarece las importaciones.


China podría negociar


El problema, según Freund, es que elevando el arancel no se resolverá el desequilibrio. Los analistas señalan que el mercado tenderá a compensarlos buscando los productos en otros países. “La decisión de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a China no deja de ser chocante aunque sea esperada”, valora Edward Alden, experto del Council on Foreign Relations.


Pero aunque las prácticas chinas son una queja compartida, la confrontación crea un nuevo escenario. El miedo es que el choque provoque una ruptura que dañe las relaciones entre las dos potencias, amenace el crecimiento y la estabilidad financiera. El riesgo de una guerra comercial, según el BBVA, “es bajo” y ven la maniobra de Trump como una “táctica” negociadora.


En la misma línea se expresa el profesor Xu Bin, de la escuela de negocios CEIBS, que confía en que ambos países encontrarán una solución negociada y evitarán un conflicto comercial a gran escala. “Estoy seguro de que el año que viene el déficit comercial se reducirá; China está dispuesta a hacer esfuerzos para que así sea. Pekín puede comprometerse a acuerdos que no afecten directamente a sus exportaciones hacia EE UU, desde aumentar su volumen de importaciones a animar a sus empresas a producir en suelo estadounidense”, sostiene.

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La receta económica de Moreno contiene menos Estado y más ingresos

El presidente de Ecuador renuncia a subir los impuestos y abraza la austeridad para solventar la crisis heredada con una reforma con 14 propuestas y cuatro objetivos


El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quiso hacer oficial la austeridad en su nuevo programa económico. El lanzamiento, este martes, de su reforma adelantó que se sanearán las cuentas públicas con una amnistía fiscal, un fuerte recorte en las instituciones públicas y más eficiencia en la recaudación para obtener mayores ingresos, evitando subir los impuestos. Con sus 14 propuestas, orientadas a cuatro objetivos, el Gobierno de Moreno ha conseguido una aceptación entre los analistas y el sector privado que fue imposible de alcanzar durante la gestión de su predecesor en el cargo.


De Rafael Correa heredó un país sobreendeudado y una receta económica de la que ahora se desmarca. Quizá con el fin de llevar la contraria a los seguidores del exmandatario y al mismo Correa, que han repetido durante semanas que se avecinaba una fuerte subida de impuestos. Un paquetazo, como se dice en Ecuador. Pero para no dejar margen a interpretaciones, el presidente recalcó dos veces en la presentación de su nuevo programa económico que su Gobierno no va a "subir los impuestos" y que el aumento de ingresos tributarios llegará con una recaudación más eficiente.


La primera medida se centra en combatir la defraudación, las empresas fantasmas, los paraísos fiscales y el contrabando con la ambición de obtener 810 millones de dólares en tres años. También en materia de impuestos, se recuperarán más de 1.000 millones adicionales revisando —con el fin de eliminarlos— beneficios que favorecen a los que ganan más de 100.000 dólares y se aplicará una amnistía —llamada "revisión tributaria" en el programa— para las empresas de todos los tamaños, con la que pretenden reflotar 1.600 millones de dólares este año y 1.300 millones de dólares anuales en los siguientes. Junto a una subida de los aranceles en artículos de consumo como la ropa o los juguetes importados, estas propuestas ayudarán a Ecuador en su primer objetivo: recuperar el equilibrio fiscal de un presupuesto que ha disparado su déficit público de año en año.

Esta meta, de acuerdo con los reclamos tradicionales del sector empresarial, es imposible de alcanzar sin un ajuste del gasto público. Correa se negó siempre a aplicarlo, pese a la crisis económica provocada por la caída del precio del petróleo, pero Moreno le ha abierto la puerta por primera vez en 10 años con su segundo objetivo: reestructurar y optimizar al Estado. Según sus planes, el fisco se ahorrará 1.000 millones de dólares anuales reduciendo los presupuestos de las instituciones públicas, despidiendo a la mitad de los asesores, recortando los gastos en viajes o en alquileres y suprimiendo siete de las 22 empresas públicas. "Se mantendrán únicamente las que sean rentables económica y socialmente", puntualiza el nuevo programa, haciendo alusión a las irregularidades y a la gestión deficitaria que se destapó, tras el cambio de Gobierno, en entidades como la aerolínea pública Tame, los medios de comunicación incautados o en las negociaciones de la petrolera estatal.


Atajado el gasto excesivo y mejorada la recaudación, la tercera incógnita que necesitan despejar las Finanzas ecuatorianas es el aumento de los ingresos por la vía productiva. Aquí se repite el anhelado objetivo de fomentar las exportaciones y atraer más inversión extranjera para que lleguen más dólares del exterior a una economía que no puede emitir billetes. Para ello, Moreno propone el también repetido mandato de aumentar el acceso al crédito productivo, simplificar la burocracia, intensificar las alianzas público-privadas y mejorar el clima de seguridad empresarial.


La calidad del empleo, en un país donde casi la mitad de trabajadores son informales, dependerá de los nuevos modelos de contratación específicos para sectores como el turístico, el agrícola o el pesquero que ya prepara el Ministerio de Trabajo. Eso sí, se crearán siempre "respetando íntegramente los derechos" laborales y sin olvidarse de la "economía popular y solidaria" que incluye a los artesanos y microempresarios.


El guiño definitivo al sector privado se concretó en una certeza y una promesa. La primera implica la eliminación del impuesto mínimo en el pago del anticipo al impuesto a la Renta. Según los empresarios, esta carga tributaria se asumía por adelantado y se aplicaba incluso cuando las empresas daban pérdidas. La segunda, tan lejana que se proyecta como un imposible, propone reducir gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas solo si algún día la balanza de pagos entre las exportaciones y las importaciones del sector privado llega a un equilibrio.


Las catorce medidas, pese a haberse presentado con casi un año de retraso y haberse pospuesto dos veces, han convencido a los gremios empresariales. Ahora, comentan, el peso de los ajustes está repartido entre el sector público y el privado; y ahora, ofrecen, es momento de arrimar el hombro para recuperar el ritmo del país. Pero también avizoran el siguiente roce: cómo pasará la receta económica del papel a la práctica.

 

Por SARA ESPAÑA
Guayaquil 4 ABR 2018 - 11:29 COT

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EE UU y China se adentran en una guerra comercial a gran escala

Las dos mayores economías del mundo se retan con aranceles a productos por valor de 50.000 millones de dólares cada uno. Trump y Xi Jinping se han mostrado próximos en otros terrenos, pero la disputa económica transcurre por otro cauce.

 

Los bombardeos apenas han comenzado, pero la guerra ya ha sido declarada. Estados Unidos ha anunciado aranceles sobre la importación de 1.300 productos chinos por valor de 50.000 millones de dólares y China ha contratacado poniendo sobre la mesa su propia lista, por un montante similar. La Bolsa se resiente y las industrias afectadas en cada lado del Pacífico contienen el aliento, aunque las consecuencias del enfrentamiento de las dos mayores economías del mundo son globales. Dicen que en las peleas de elefantes, la que más sufre es la hierba que hay debajo.

La relación entre Washington y Pekín es compleja. Donald Trump siente debilidad por los líderes autoritarios y ha expresado sus simpatías por Xi Jinping, de quien elogió su decisión de perpetuarse en el poder mediante una reforma constitucional. Ambos líderes, además, han conseguido coordinarse en un conflicto tan envenenado como el norcoreano, aceptando China subir la presión sobre Pyongyang y dando lugar a una posible cumbre histórica entre el presidente estadounidense y Kim Jong-un para negociar la desnuclearización de su hermético país. Pero la promesa trumpista de reducir el déficit comercial discurre por otro cauce y el republicano no está dispuesto a ceder.


El Gobierno norteamericano detalló el martes la lista de 1.300 productos chinos sometidos a aranceles del 25% y que apunta a bienes de alto valor añadido, como los aparatos electrónicos, la maquinaria industrial o los productos químicos y farmacéuticos. A las pocas horas, el Gobierno chino respondió con una lista con el mismo gravamen para solo 106 productos estadounidenses pero del mismo montante económico, ya que suponen las joyas de la exportación: aviones, automóviles, productos químicos, soja. China no especificó cuándo entrarán en vigor sus tasas y las condicionó a los movimientos de Washington, que difícilmente cambiará de parecer.


EE UU es el segundo mayor exportador del mundo pero su déficit comercial (la diferencia entre lo que importa y vende al exterior) alcanzó los 556.000 millones de dólares (452.000 millones de euros) en 2017, el máximo desde 2008. China está detrás del grueso de este desfase, con 375.200 millones, y aprovecha unas reglas de juego que Washington no ve justas. Además de operar con unos estándares laborales y sociales lejanos a los de EE UU, Trump les acusa del robo sistemático de propiedad intelectual y de adueñarse de tecnología ajena.


“No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas tontas o incompetentes que representaban a EE UU”, dijo Trump en Twitter. “Ahora tenemos un déficit comercial de 500.000 millones al año, con robo de propiedad intelectual de 300.000 millones. ¡No podemos permitir que continúe!”, agregó.El régimen chino limita estrictamente los sectores en los que los extranjeros pueden invertir en el país e impone la asociación con una empresa local en otros. EE UU asegura que las empresas estadounidenses son forzadas a entregar su tecnología a los rivales locales a cambio de tener acceso al potente mercado, algo que Pekín niega. Washington, la UE y Japón sumaron fuerzas contra China en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires el pasado diciembre.


Víctimas colaterales


Pero esta vez Trump actúa solo, activando una guerra comercial que en una economía globalizada deja víctimas colaterales más allá de las potencias implicadas. Hace unas semanas, en su giro proteccionista, llegó a anunciar aranceles al acero de socios como la Unión Europa, Canadá y México, aunque luego los eximió.Con la publicación de la lista, China ha querido dejar claro cuáles serán sus cartas si Trump opta por la vía dura. También espera que la nada arbitraria selección de productos obligue al presidente estadounidense a buscar una solución negociada: la mayoría de importaciones en la diana, especialmente la soja o los coches, se producen en Estados de mayoría republicana.


“Ningún intento de poner a China de rodillas a través de amenazas e intimidación ha tenido nunca éxito y tampoco lo tendrá en esta ocasión”, aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, informó AFP. China, dijo, está dispuesta a dialogar en materia comercial, “pero la oportunidad de consultas y negociación ha sido omitida por EE UU una y otra vez”, en referencia a las varias solicitudes recientes que el país ha enviado a Washington a través de la OMC.


Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE UU, quitó hierro a la escalada arancelaria y dijo el gravamen chino tendrá muy poco efecto, ya que solo representa el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB).


La ofensiva ya ha empezado. En los últimos días, China y EE UU ya han oficializado subidas de aranceles a mercancías por 6.000 millones de dólares (3.000 por cada banda) que incluyen los impuestos al acero y aluminio chinos de Washington, por un lado, y la carne de cerdo, ciertas frutas, vino y tubos de acero que impuso Pekín, por otro. Son cifras mínimas teniendo en cuenta que el comercio bilateral alcanzó el año pasado los 630.000 millones. Pero la entrada en vigor de esta segunda ronda de tarifas supondría agudizar el conflicto.

 

AMANDA MARS / XAVIER FONTDEGLÒRIA
Washington / Pekín 5 ABR 2018 - 01:43 COT

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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

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Monumento comuneros

Este artículo aborda la rebelión comunera de 1781 en la Nueva Granada. Es un esfuerzo por analizar este acontecimiento histórico como un aporte al pensamiento latinoamericano, desde su praxis liberadora, proceso organizativo autónomo, nivel de negociación con el régimen español, ya que en la práctica yace el contenido teórico para ser analizado e incluirl o en la tradición teórico-práctica de los pueblos de Latino América, que se han caracterizado desde 1491 por su liberación de los continuos regímenes. Además de estar revisando el desarrollo de la insurrección comunera, las Capitulaciones, sus integrantes, los alcances de la movilización, también se incluye su análisis como comunidad-movimiento social, la búsqueda esencial de dignidad y democratización de la sociedad, junto a cómo esta experiencia configuró el embrión de independencia en la colonia granadina, antes de 1810.

 

La historia de Latinoamérica es un largo camino de conflictos sociales, armados, políticos, culturales, iniciados con la invasión de los españoles en 1492. A partir de esta fecha, empieza toda un exterminio de los pueblos indígenas, sus culturas, tradiciones, vidas, idiomas y todo el mundo construido por ellos, el cual se vio diezmado por la espada y la cruz. Paralelo a ello, estas mismas comunidades junto a los esclavos negros extraídos del África y los sectores criollos empobrecidos y excluidos por el régimen colonial, han visto en la resistencia la posibilidad de vivir y recuperar su dignidad.

Este artículo centra su enfoque en pleno régimen colonial del siglo XVIII. Exactamente en el año 1781, cuando en la Nueva Granada se dio una ola insurreccional que abarcó gran parte del territorio conocido actualmente como Colombia y República Bolivariana de Venezuela. El actor principal de este escrito es el pueblo comunero, organizado y movilizado contra la corona española y todo lo que representara el sistema colonial. El objetivo de esto apunta en dos vías, rescatar la memoria de los pueblos que en Latinoamérica invirtieron grandes esfuerzos para alcanzar sus reivindicaciones dentro de un orden social opresor, que en las versiones de la historia oficial son invisibilizados.

La segunda vía, es exponer como la Insurrección Comunera de 1781 es un aporte a la construcción de pensamiento filosófico del sur. Pero, no encontrará la citación de los postulados o tesis de los teóricos criollos de esta época, ni serán estos los ejes centrales del artículo, por el contrario es la práctica liberadora de los comuneros el insumo principal de este escrito de cara al pensamiento latinoamericano.

Al inicio se mencionó la resistencia y la dignidad, un medio para un fin. Las condiciones de explotación, exclusión, empobrecimiento y estancamiento cultural, económico, político causado por el régimen colonial español despertó en los sectores no españoles la necesidad de transformar esa realidad. Es decir, mejorar las condiciones materiales de vida, poder articularse con el giro económico mundial del siglo XVIII, donde el modelo económico colonial fundamentado en la extracción de metales preciosos y materia prima (oro, algodón, plata entre otros), empezaba a ser opacado por la economía de mercado naciente (comercialización de productos entre naciones, asentamiento de propiedad privada, establecimiento de relaciones comerciales).

Por eso, veremos que en este contexto de conflictos entre los países europeos como Inglaterra y España, las insurrecciones indígenas en suramérica con Tupac Amarú a la cabeza, la crisis de sistema que empezó a tener la corona española y la necesidad de independencia de los criollos, indígenas y esclavos, se convirtieron en el caldo de cultivo para el hecho histórico de 1781 que sería el embrión de la independencia de la Nueva Granada en 1810.

Seguidamente, este insumo de la memoria en la región será analizado en su trascendencia política y social. Esta praxis liberadora, contiene ideas, discursos, valores, principios y procesos de subjetivación política-crítica de los comuneros que refleja la esencia liberadora de los pueblos latinoamericanos, siendo material insumo encontrado en la práctica para fortalecer y reproducir la praxis del sur.

 

 

Caminemos con los comuneros por las calles de su realidad

 

En la Nueva Granada, para el año 1781, existía un paquete de leyes fiscales para los diferentes renglones de la economía. La serie de impuestos instaurados por la corona española buscaban sostener la economía del régimen colonial, al igual que su aparato militar encausado a defender las colonias y el reino en España. Esto principalmente por el asedio económico y militar que Inglaterra venia desplegando en Europa y en las Indias.

Para 1780, el pueblo nuevo granadino ve como su economía empieza a flaquear más con las reformas fiscales-administrativas traducidas en el refuerzo de los monopolios regios sobre el aguardiente y el tabaco considerados básicos en el comercio colonial, el incremento de impuestos como el de alcabala dirigido a toda clase de ventas, las cuales fueron divididas en 15 clases: Las alcabalas fueron divididas en 15 clases: Efectos de Castilla, efectos de la tierra, las pulperías, las tiendas de mercaderes, las carnicerías, los ganaderos y hacendados, las fincas y heredades, los censos, las almonedas y contratos públicos, del viento (aquellos que no tenían un local fijo y hacían los negocios en el espacio público, debían pagar el impuesto ahí donde pactaban el negocio), los artistas, las administraciones foráneas, los arriendos, los comisos y condenaciones, falta de torna-guías (era el impuesto a quienes movilizaban sus mercancías) (Briceño, 23: 1880).

Así mismo, el de armada de barlovento (impuesto dirigido a la venta de algodón e hilo para sostener los enormes costos de la armada militar contra la piratería), o el quinto real (impuesto establecido por la Corona sobre la extracción del oro y la plata, así como de otros metales preciosos). Así como también se agregaba los impuestos a la sal, aguardiente, tabaco, barajas, peajes, tributos, papel sellado, correos y el gracioso donativo (Briceño, 25: 1880). Todo a causa del visitador real Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, a partir del 12 de octubre de 1780.

Por otro lado, el rechazo contra el régimen español era caldeado por el control de los puestos administrativos y políticos por españoles. Ningún criollo estaba en un cargo público de ninguna institución del sistema colonial. Este nivel de exclusión política-administrativa motivó a las clases medias y altas criollas a ser parte del movimiento comunero, y quienes pondrían su cuota en el área de la negociación política con la corona al explotar la ola insurreccional. Frente a la conformación del movimiento comunero hablaremos después al identificar los sectores del pueblo que hicieron parte de este.

El 16 de marzo de 1781, en Socorro, provincia de Santander inicia la rebelión con el rompimiento del documento real que mencionaba los nuevos impuestos, a cargo de Manuela Beltrán. A partir de este acontecimiento de sublevación iniciaría la ola insurreccional comunera desde el territorio de Socorro. A partir de este territorio, los alcances geográficos de la insurrección llegaron al Alto y Medio Magdalena, es decir a estos territorios de la Nueva Granada: Zona nororiental de Cúcuta, Pamplona, Socorro, Mogotes, Charalá, pie de monte y zona oriental de llanos, Boyacá-Cundinamarca, área indígena y negra de Alto y Medio Magdalena, Caguán, Aipe, Neiva o Tocaima, Ibagué, Ambalema y Honda. Parte mestiza y negra del Bajo Magdalena, área indígena de Pasto, asientos mineros y esclavistas de Antioquia. El impulsor de esa estrategia de extensión geográfica liberadora fue el labriego José Antonio Galán Zorro (García, 46: 2010).

A la altura de este viaje, se debe mencionar la hoja de ruta que guiaba toda esta insurrección popular. Si bien es cierto, la mayoría de comuneros eran criollos trabajadores, artesanos, indígenas y negros liberados de las haciendas y minas esclavistas. No se puede obviar la participación de la aristocracia criolla, clases media y alta de criollos que tenían cierto resentimiento con la corona y deseaban cambios formales, mas no sustanciales en el régimen; por lo que la ola masiva de empobrecidos en armas sería su garantía de alcanzar sus objetivos.

A la cabeza de esta clase aristócrata, estaba el general comunero Juan Francisco Berbeo, quien buscó posicionarse en algún cargo público del régimen colonial a partir de la motivación insurreccional de las mayorías en armas. Berbeo, junto a los demás miembros de su clase representados en los Cabildos de Santa Fé y Tunja, lideraron la negociación de las exigencias comuneras con la Real Audiencia, encabezada por el Virrey-Arzobispo Caballero y Gongora. En este proceso de conflicto y negociación, las Capitulaciones serán el acuerdo al que llegarían las partes y materializarían los intereses de los sectores comuneros.

Las 36 capitulaciones fueron los acuerdos donde los comuneros transmitieron su carácter autonómico y soberano, un estatuto que en sí era embrión de una institución y poder propio de las comunidades del régimen colonial. Una clara disputa a la hegemonía española en este territorio de indias. Por ejemplo, la décimo octava capitulación expresa el mantenimiento de la estructura militar subversiva en los territorios para la defensa de los acuerdos pactados (Briceño, 76: 1880) (García, 167: 2010). Otra capitulación que muestra el carácter insumiso del sector comunero, es el número 16, advierte a la corona de no disponer funcionarios (visitador) con conducta despótica y violenta contra los habitantes de este territorio, pues afirma el punto que impedirá cualquier agresión por parte de un funcionario real (Briceño, 75: 1880) (García, 171:2010).

Por supuesto, no podrían quedarse afuera de los acuerdos las reivindicaciones que iniciaron todo el movimiento insurreccional comunero, la rebaja y desaparición de los impuestos que se vieron estipulados en las capitulaciones 1, 6, y 9 en las que se habló de abolición de los impuestos de la Armada de Barlovento, abolición al estanco de tabaco y la rebaja del impuesto de alcabala respectivamente (Fiscer, 12: 2011). Al abordar aquí, las anteriores capitulaciones se puede deducir el carácter autonomista que los comuneros encarnaban en su praxis, con la explicita política de mantener, organizar y movilizar la estructura militar paralela al ejército real.

El otro aspecto sobresaliente en este estatuto, es la exigencia de no permitir funcionarios que sigan con reproduciendo la conducta violenta y opresiva contra las comunidades, al tiempo que se advierte de su expulsión directa de estos funcionarios, sin mediación de la corona sino por la fuerza legítima de los habitantes. Al tiempo, se acuerda la posibilidad de que criollos asuman cargos administrativos reemplazando al español, que venía siendo colocado directamente por el régimen (Briceño, 75: 1880).

Por un lado, vemos la tenencia de una fuerza militar que enfrenta a la fuerza del régimen, un paralelo de poder comparte el espacio dominado por un régimen colonizador. Como la posibilidad de participar en el funcionamiento administrativo del mismo régimen, al no encontrar coherencia entre la dinámica mundial de la economía, la realidad económica de los sectores neogranadinos y la identificación plena del enriquecimiento de españoles a raíz del manejo de la renta pública, apuntada a sostener la corona española.

Recordemos que la independencia de las colonias españolas de la Nueva Granada, ocurrió en 1810, treinta años después de este acontecimiento histórico de los comuneros. Con los dos rasgos identificados arriba, se empieza a deducir el embrión independentista que hubo en 1781, es decir, la necesidad involuntaria de los comuneros de desprenderse de España, y construir una nación propia en la que fueran los criollos, indígenas y afros gobernaran soberanamente el territorio.

Como a partir de reivindicaciones económicas y fiscales, el conjunto de capitulaciones como estatuto, es el primer proyecto de liberalización de la economía, el ordenamiento fiscal y la organización eclesiástica en el siglo XVIII poniendo sobre la mesa nuevas clases, una nueva nación emergente y un sistema nuevo de valores (García, 177: 2010). Propiamente dicho, es con la participación de la aristocracia criolla la responsable de impulsar en este estatuto-proyecto las transformaciones económicas encaminadas involuntariamente a articularse con el mercado mundial y las nuevas potencias, como Inglaterra. Los primeros pasos en la privatización y comercio de la tierra sin desprenderse de la figura latifundista, y menos de la explotación del campesino e indígena (García, 223:2010) fue otro rasgo característico de los intereses de los criollos de las clases altas y medias.

Desde los sectores populares criollos (campesinos arrendatarios, labriegos,) indígenas y esclavos negros (liberados de las minas y haciendas) se identifican con el aporte político del movimiento comunero, cuando Galán extiende la subversión por el Alto y Medio Magdalena. La liberalización de esclavos negros y la devolución de tierras a indígenas y campesinos caracterizaron su movilización y consolidó su imagen de revolucionario en los territorios donde llegaba su nombre y la noticia de sus acciones.

En ese sentido, los sectores populares comuneros le imprimieron el carácter independentista al movimiento comunero. La anti-colonialidad que motivaba la liberación de esclavos imprime inherentemente el rechazo pleno al sistema colonial, a su estructura económica (basada fuertemente en el esclavismo para extraer minerales y trabajar la tierra), como al combate directo de las relaciones opresoras de españoles y criollos terratenientes contra los sectores populares.

La revolución que impulsaban los comuneros, o la facción popular del movimiento, buscó transformaciones en las relaciones sociales de aquella época, las cuales se cimentaban en la existencia de un opresor y un oprimido, por otras donde la solidaridad e igualdad rigieran el trato entre seres humanos. Se erige, desde la práctica histórica el pueblo como actor principal en esta coyuntura política, como base social de donde surgen los sujetos que buscan construir las condiciones paralelas a la hegemonía española (Dussel, 2001). Aquí no se trata de proletarios, como en la totalidad capitalista, tampoco son exclusivamente los negros o indígenas los que lideran el proceso subversivo, son estos dos últimos sectores junto a los criollos empobrecidos quienes articuladamente enfrentan el sistema colonial.

Entonces, en su conjunto estos sectores empobrecidos confluyen en la categoría pueblo (Dussel, 188: 2001), fundamento social de donde provienen y en donde se mantienen en condición de oprimidos por la totalidad colonial-moderna. No se podría hablar de clase obrera, o ni siquiera suponer que lo serán después de 1810 pues el capitalismo no se instaura como en Estados Unidos o Europa. Ya se sobre entiende el papel que ha tenido Sur América en la división internacional de trabajo al proveer de materia prima a las multinacionales del centro, para crear sus productos elaborados y revenderlos a nuestras dependientes naciones.

Continuando con la línea argumentativa que nos concierne en este artículo, el pueblo de la Nueva Granada se deslinda en la práctica del régimen colonial para 1781 (Dussel, 1996) pero no con fundamentos teóricos que den un marco epistémico a su praxis histórica de liberación. Se da, de facto, una construcción colectiva entre estos sujetos, inspirados más por emoción y sentimiento de libertad (porque no contaban con líderes nacidos en el seno popular con la capacidad de orientación política), unas relaciones sociales propias, horizontales, de reconocimiento del otro en un lugar propio, legitimo. Este lugar arrebatado desde 1492 por los españoles, empieza a ser reconstruido por estos actores, con valores nuevos creados con el paso de los años (han pasado tres siglos) donde se mezclan los valores, culturas e intereses africanos, criollos e indígenas.

Estos tres marcados sectores, confluyen en una comunidad determinada que no excluye unos de otros, sino por el contrario caminan paralelas hacia unos objetivos, valores e intereses comunes. La solidaridad y la responsabilidad-social, se expresan entre los comuneros, no en el hecho de organizarse entre ellos movidos por un malestar general causado por los impuestos, se trasciende al plano de la conservación de la vida misma, pues reconocen que la esclavitud (soporte económico y cultural de España) destruye a los seres humanos, los desarraiga de su territorio y los somete a la voluntad de otro ser humano (opresor), que ve en el esclavo un objeto y no un ser vivo.

En este proceso revolucionario despierta el instinto de conservación de la vida, y los comuneros racionalmente, identifican la raíz del problema en la esclavitud. Para defender la vida, no se puede lograr con el egoísmo o individualismo, se requiere del reconocimiento del otro como sujeto y de la voluntad de sentir su sufrimiento, esto se logra si quien busca la vida, también sufre las condiciones de opresión, que en este caso, Galán como líder comunero representa también el sector oprimido de la colonia y materializa el valor de la solidaridad.

El ser comunitario, empieza a forjarse en esta experiencia de América Latina del siglo XVIII, pues se identifica en ella valores y afectos que juntan a amplias capas sociales empobrecidas, cuya condición de opresión, miseria y despojo son el factor de identificación mutua, colocándolos en la exterioridad de la totalidad. En la base territorial común (Torres, 12: 2002) donde se paran los comuneros, deben primero recuperar el lugar robado (la tierra absorbida por los terratenientes, propietarios de minas) y luego reconstruir ese espacio propio a través de figuras de resguardos, palenques y comunes.

Asímismo, se proyecta el movimiento comunero hacia una incidencia política en la sociedad colonial, se convierte en un actor histórico de este periodo al desmontar las instituciones, valores y relaciones sociales coloniales, y al erigir sus propios embriones de soberanía dentro de una totalidad vigente. Recordemos las capitulaciones y su espíritu autónomo, soberano y embrionario de poder popular, que a pesar de su esencia de revolución social implícita, no la logra materializar plenamente por la usurpación de los intereses de la aristocracia criolla reunida en los cabildos de Tunja y Santa Fé (García, 167:2010).

Siguiendo con Torres (2002), al hablar de una comunidad y su contenido político, el movimiento comunero de 1781 combina modos de vida ancestrales, recupera y recrea un territorio común, se consolida como una autoridad propia en sí mismo no solamente en el plano militar, también político y simbólico, estableciendo relaciones horizontales por los municipios a donde llega con la praxis liberadora. Sin embargo, Torres menciona otro elemento constitutivo de lo comunitario, y son “unas formas de producción” propias de la comunidad, en este caso se podría tener en cuenta las capitulaciones que buscaron la implantación de la economía de mercado en medio del régimen colonial, pero habría que tener en cuenta también la producción alimenticia de los esclavos libres en palenques, la economía de los sectores medios criollos, comerciantes, pequeños artesanos, pequeños agricultores que buscaban defender esa economía popular, asfixiada e invisibilizada por los impuestos y el renglón extractivo de la economía real.

En otro aporte que nos hace Torres sobre la comunidad, se tiene en cuenta la capacidad reflexiva que tienen los sujetos que hacen parte de una comunidad, es su capacidad de autoreflexión y reflexión deliberadora (Torres, 13, 2002). Según el autor, este espacio de estudiar colectivamente la realidad, los diferentes factores y actores en conflicto y hasta el contexto debe arrojar una clara mirada de donde se está y cuál es el camino adecuado para alcanzar las metas como comunidad, lo que va forman una “comunidad crítica”.

Este proceso, no se da eficazmente en la experiencia comunera ya que al aprobarse las capitulaciones el 7 de junio de 1781, inmediatamente empieza a desmontarse las sublevaciones en el Alto y Medio Magdalena y se da el cumplimiento de estos estatutos, acompañados de campañas desmovilizadoras por parte de la iglesia, para minar cualquier conducta subversiva que existiera en la Nueva Granada. A pesar de los alcances geográficos y políticos de Galán, este decide retirarse al Socorro al ser notificado de la aprobación y puesta en marcha de las capitulaciones.

Mientras esto sucedía, las sublevaciones comuneras continuaban en la parte norte de la Nueva Granada, pero poco a poco fue desmontándose por medio de la diplomacia eclesiástica y por orden real a cargo de los gobernadores y alcaldes que asumieron de mano directa del rey, asimilar las capitulaciones (Briceño, 85: 1880). El problema que se quiere identificar al no verse el desarrollo de la autoreflexión ni la reflexión deliberadora en este pasaje de los comuneros, es que hizo falta dicho espacio autónomo de medición de las fuerzas en pugna, de los intereses de los sectores, e incluso de los posibles alcances de la aprobación de las capitulaciones, como de la real voluntad de cumplimiento por parte de la corona.

Todo esto con el fin, de visualizar diferentes aristas del rumbo que podría tener la dinámica del régimen después de junio de 1781. Como también el “asumir los factores externos y tensiones internas que dificultan la construcción de vínculos solidarios” (Torres, 13: 2002). El desenlace de esta etapa del movimiento comunero da fe de la ausencia que tuvo en su seno este factor fundamental para el desarrollo de su esencia revolucionaria. Se reorganiza la insurrección comunera, pero con pocos adeptos debido al peso simbólico de las capitulaciones y por el castigo recibido a los pueblos indígenas sublevados en Nemocón. Con Galán nuevamente en la comandancia general del segundo intento de insurrección comunera, es atrapado con sus compañeros, y luego ejecutado y sus partes dispersadas por el territorio nuevo granadino como mensaje a las comunidades, que buscaran la subvertir el régimen colonial (Briceño, 95: 1880).

A la luz de nuestros días, podríamos afirmar con certeza que la decisión de desmovilizar la insurrección comunera fue un error, tras la aprobación de las capitulaciones, ya que su aprobación en sí por la Real Audiencia fue la táctica asumida para engañar a los comuneros. Desmovilizar su aparato militar, apaciguar los ánimos revolucionarios, cancelar todo tipo de acuerdos emanados de las capitulaciones y borrarlas de la memoria de la Nueva Granada, remilitarizar el territorio y seguir con este régimen fue el plan de las autoridades reales de esa época. Pero a la luz de ese periodo, en aquel contexto y el nivel de formación política del sector popular comunero, la reflexión tuvo espacio entre sus filas y se diera el desenlace mencionado.

 

 

La dignidad y la democratización, un horizonte invisible de los comuneros

 

En este punto del recorrido y análisis del quehacer comunero, para identificar su aporte a la praxis liberadora como una experiencia que esencialmente parte de las decisiones prácticas (Dussel, 1996), como un sustento que alimenta la creación del pensamiento nuestro americano, hay que mencionar otros dos elementos encontrados en la praxis comunera, la dignidad y la democratización de la sociedad en pleno régimen colonial.

En materia de la dignidad, hay que soportarse en Dussel para entender este elemento como una negación originaria de los pueblos del sur. La invasión española despojó a los indígenas americanos de su dignidad al someterlo en la esclavitud y al robarle su territorio, es decir, lo despojó de su humanidad y del lugar propio con el sometimiento de sujeto a objeto, o medio para el fin de lucro que los españoles impusieron sobre el continente (Dussel, 138: 2007).

Con la violencia y la razón (espada y cruz) el esclavista español, o dentro del régimen capitalista, el dueño de los medios de producción se autoproclaman como poseedores de dignidad (2007), porque en la relación desigual con el otro externo a su clase social, no se le reconoce su condición de ser humano, está fuera de la totalidad que hegemoniza las relaciones sociales y la vida en su conjunto. Las comunidades que viven en la exterioridad no son vistos como iguales, niegan su existencia.

Los comuneros son víctimas al igual que los indígenas y africanos del desconocimiento de su ser por parte de la corona española. Estos sujetos son objetos útiles para el fin de enriquecimiento de la corona, que a partir de los impuestos expandidos a la mayoría de los renglones económicos formales e informales de los habitantes americanos reflejan la naturaleza del proyecto moderno-colonial. Por eso, este movimiento insurreccional popular en su esencia busca rescatar la dignidad robada y pisoteada. La palabra de origen latina (dignitas, -atis) significa virtud, honor, mérito, autoridad características identificadas en la praxis comunera, pues se enmarca en la práctica liberadora.

Por ello, los comuneros deciden dejar de ser medios para unos fines ajenos a ellos, emprendiendo el camino del autorreconocimiento como sujetos (y no objetos) con fines propios y medios creativos que en el proceso de movilización van ejecutando y desarrollando. En su praxis yace la fuente de dignidad, esta es digna y los hace dignos entre sí por ser rodear de legitimidad la movilización y organización que desarrollan. La dignidad como principio fundamenta entonces su práctica liberadora.

Con este fundamento en el ser y quehacer comunero, contienen la creatividad como el eje articulador de todo lo que se hace. Al igual que en el tema del trabajo, cuya esencia es creativa por poner el valor a las cosas que se produce a raíz de este esfuerzo humano (2007) para lo mismo con los objetivos de liberación comunera, las relaciones sociales que despliegan, los valores e instituciones que recrean en el proceso. Es la dignidad inherente en este proceso, la que pone el valor a las acciones y los resultados obtenidos, por ejemplo en la gesta liberadora en las haciendas y minas del Alto y Medio Magdalena que logra Galán, las insurrecciones paralelas en Neiva y San Cristóbal a la socialización de las capitulaciones en Socorro y la parte nor oriental de la Nueva Granada.

Se comienza a correr la línea de la exterioridad, hacia el centro de la totalidad cuando los comuneros construyen una hegemonía propia sustentado en la expansión territorial, el crecimiento de sus seguidores, los alcances soberanos de las capitulaciones y la formación de un ser crítico que no ve con ojos de sumisión al régimen colonial, por el contrario buscan combatirlo para liberarse de este y reemplazarlo por un régimen propio.

Por su parte, la búsqueda de la democratización de la sociedad colonial estuvo presente en la gesta comunera del siglo XVIII precediendo la voluntad republicana que impulsó la revolución de 1810. Desde las formas de participación, elección y decisión comunera se estableció una participación entre iguales dentro del movimiento, denominando la figura participativa “comunes”. En estos escenarios se deliberó y eligió los líderes comuneros responsables de la conducción política-militar de la insurrección (con las desventajas expuestas arriba de quienes lideraron en su primera etapa comunera, eran representantes de la aristocracia criolla).

En la colonia no había democracia, siendo los comuneros los primeros en este régimen de crear los embriones de la democracia. En medio del proceso revolucionario comunero se inicia de facto un modelo de Estado sin intervención extranjera, gobernado dentro de la dinámica que los sectores sociales empobrecidos daban con sus limitantes políticas, pero con toda la voluntad y afecto de ser autónomos en la toma de decisiones. Según Dussel, La democracia […] Necesita de la comunidad política que haya organizado una sociedad política (el Estado) y que sea vitalizada desde la sociedad civil, dentro de un territorio, con una cultura, lengua, tradiciones, identidad (316, 2007).

Apoyado también en García (2010) al reconocer que el movimiento comunero fue el antecesor de la revolución de independencia de 1810, también se incluye dentro de este reconocimiento que la conformación de una república, conlleva la formulación de un proyecto político, económico, cultural, social, académico, que sustente la vida de esa nación. En la experiencia comunera, la participación democrática en Comunes, la consolidación de territorios liberados (o por lo menos comunidades autónomas del hacendado y minero esclavistas) junto a la organización militar que imprimía la autoridad legítima entre sus miembros y acrecentaba su validez en otros territorios, afirma lo factual del proyecto de nación caldeado en medio de este proceso revolucionario, traducidos en los primeros pasos de una nación nueva se gestaba en cada sujeto comunero sublevado, cuyos frutos recogen en 1810.

Al estar los comuneros, en la exterioridad del régimen colonial declaran ilegitimas las instituciones y acciones que lo constituye como orden social, dando paso a la conformación de la política en la exterioridad, que en el campo práctico se establece una praxis, unos principios e instituciones prácticas que moldean el ser comunero. Partiendo de la consciente participación de estos sujetos en el plan autónomo desde 1781, se legitiman las acciones de liberación que a partir de allí se desarrollan, cobijado por el principio democrático de legitimidad (es legítima toda institución o acción política que se haya decidido desde el reconocimiento de todos los miembros de la comunidad política como iguales, libres, autónomos, con voluntad fraterna, y cuyas resoluciones prácticas hayan sido el fruto de consenso (y de voluntad común) (Dussel, 306: 2007) que envuelve todo el quehacer político comunero; acciones, relaciones sociales, principios, e instituciones de facto con marcado carácter revolucionario para dentro sí y para el resto de comunidades sublevadas en el continente, pero declaradamente ilegitimas e ilegales para el régimen colonial, que a pesar de este rechazo, tuvieron que los representantes de la corona negociar y pactar acuerdos con el movimiento comunero.

Dos modelos de hacer política se enfrentaron en el siglo XVIII. Uno se fundamentó en la muerte y destrucción para sostenerse en el mundo y la historia, usando la violencia y la razón como armas complementarias. La otra forma de hacer política, tuvo como esencia la preservación de la vida, a través de la creatividad y la emoción para posicionarse en la historia también, desde la exterioridad y bajo la condición de víctima. El enfrentamiento de ambas formas de política reveló la injusticia que sustentaba la primera y la legitimidad de la primera, logrando la afirmación del ser latinoamericano digno, revolucionario y creador de mundos alternos al proyecto de totalidad impuesto desde el norte.

 

 

A manera de conclusiones

 

Este trabajo parte de la memoria de los pueblos rebeldes de Nuestra América. La historia de los comuneros es un episodio de la colonia que ha sido relegada a simples relatos sin trascendencia política, ni ha sido analizada para comprender el hilo conductor con la independencia de 1810. Asímismo, la figura de José Antonio Galán Zorro es reconocida entre el movimiento social colombiano, pero aún no tiene ese reconocimiento en escenarios como la academia o la escuela, para que las generaciones conozcan la gesta comunera en nuestra historia.

Se comparte la tradición que en Nuestra América, el conocimiento ha tenido unos desarrollos diferentes a los otros pueblos del mundo, sus medios de reproducirse, su aplicabilidad y la funcionalidad para la búsqueda de las comunidades que lo contienen. Ha sido la práctica concreta, el medio común que ha tenido el conocimiento propio para existir y para ser recibido por los sujetos de este territorio. Por ende, se exige el análisis de la experiencia comunitaria de los pueblos para poder sistematizar la información que empieza desde la acción.

Al desempolvar el capítulo de los comuneros de la memoria de Colombia, esta experiencia se concibe como una alternativa al problema global sufrido desde 1492, conocido como periodo moderno-colonial. Los comuneros exponen además elementos no descartables para el ejercicio creativo en el pensamiento nuestro americano, que tanto camino tiene por recorrer.

Esta praxis ha tenido el carácter liberador, lamentablemente en el año 1492 inicia un conflicto originario que no ha terminado y es el marco referencial del quehacer de los pueblos de la región. La imposición del proyecto moderno-colonial empujó a toda acción de sus víctimas a enmarcarse en clave de liberación. Indígenas, africanos y criollos empobrecidos han tenido como premisa la búsqueda de la libertad.

La categoría de pueblo tiene vigencia en los comuneros, porque este sector reunió a los sujetos empobrecidos y esclavizados de la Nueva Granada. Eran la mayoría que constituía este movimiento insurreccional sin destacar uno sobre el otro, este pueblo sublevado fue el actor que incidió en la correlación de fuerzas con la corona española y tener cambios políticos (1781-1782) en esta parte de la colonia.

Como todo movimiento social que impulsa un periodo revolucionario, los comuneros también tenían representación de las castas medias y altas-terratenientes y comerciantes criollas. Algunos estaban actuaban desde los Cabildos de Tunja y Santa Fé, otros provenían directamente de las provincias (Socorro) donde tenían poder e influencia económica local. Este sector, aportó la conducción política de las negociaciones con la Real Audiencia para acordar las Capitulaciones obteniendo como resultado un estatuto político (de avanzada en temas económicos como de soberanía) pero con una fuerte intromisión de los intereses de la aristocracia criolla.

Este tipo de composición en los comuneros expuso la falencia que el sector popular comunero tuvo en el momento de iniciar la insurrección. La falta de líderes políticamente formados en el seno popular, para que sus intereses y aspiraciones pudieran haber llegado con la misma fuerza que los intereses aristocráticos criollos. Garantizando además, que los sectores indígenas, campesinos y africanos no hubieran sido usurpados en el momento de la negociación con la Real Audiencia.

El alcance histórico de las Capitulaciones, se traduce en ser un estatuto político con un explícito carácter autonómico, soberano, de libre mercado en pleno siglo XVIII de América Latina. Estos 33 puntos transmitieron la voluntad de independencia que yacía entre el pueblo y la aristocracia de la corona española cuando se acuerda permitir la organización militar comunera, la capacidad de destituir funcionarios que maltrataran al ciudadano, la participación de criollos en puestos públicos, como también criterios de comercio y propiedad de tierras entre campesinos, indígenas y hacendados con criterios de libre mercado, muy en sintonía con el movimiento global que empezaba a tener la economía con Inglaterra a la cabeza.

En los protagonistas comuneros, se resalta su motivación afectiva y sentimental por la liberación más que por un marco racional o teoría revolucionaria fundamentada en algún pensador o pensadores de la época en materia de la república o derechos humanos. Estos sujetos precedieron la declaración de los derechos del hombre con su praxis, hicieron práctico el mensaje de la declaración humanista que conocería la humanidad años más tarde, y que sería retomada para inspirar la independencia de 1810.

A diferencia de la revolución política de 1810, la revolución emprendida en 1781 fue social. Se buscó transformar las relaciones sociales coloniales, esclavistas y anti-populares en la Nueva Granada, como parte del proceso revolucionario para llegar a una república, no instaurar la república para luego si bajar el proyecto revolucionario al nivel social. Esto parte del carácter práctico de las decisiones tomadas por los comuneros de cambiar esa realidad colonial, al identificar sus problemas y el origen de estos (económicos, sociales, relacionales, políticos), seguidamente de la deliberación y reflexión acerca de las acciones a seguir.

En el caminar mismo de la sublevación, se fue caldeando la estrategia comunera de independizarse de la corona, a través de otro tipo de relaciones sociales, otro tipo de hacer política, la identificación con los otros sujetos oprimidos y la consecución de las condiciones materiales que ayudaran a crear las instituciones, valores, principios comuneras.

El principio de la dignidad y la democratización de la sociedad fueron inherentes en la movilización comunera. En esencia este pueblo buscó recuperar la dignidad robada desde la invasión española, ya autoreconocidos como sujetos críticos y políticos para crear un nuevo orden social, colocaban el valor a las acciones que realizaban, las instituciones (comunes) que establecían y la autoridad legítima erigida en cada nueva comunidad que ayudaban.

Asímismo, la participación de estos sujetos en la toma de decisiones, elección de mandos militares y líderes dentro del reconocimiento del otro expresaba la base de una democracia participativa en el seno de un régimen excluyente. Se enfrentaron así dos maneras de concebir la toma de decisiones, disputándose la hegemonía entre dos sectores antagónicos. Sin embargo, la ilegitimidad del régimen cedía espacio a la legitimidad de la naciente práctica democrática al aumentar el número de adeptos a la idea de ser reconocido y ser parte de un proyecto incluyente.

La comunidad que se organizó y movilizó dentro y contra el régimen colonial español, instauró de hecho sus propias relaciones sociales, valores, instituciones y principios para expandirse en el territorio, como para servir de motivación a otros pueblos nuevogranadinos a continuar la insurrección, incluso después de ser acordadas las Capitulaciones. Sin olvidar que hizo parte de una ola insurreccional continental, caracterizada por el espíritu independentista en plena sintonía con la crisis interna que vivía la corona en Europa.

Ahora más que nunca, la revisión del pasado, las experiencias de liberación, los actores que protagonizaron periodos revolucionarios en nuestro territorio, como la construcción teórica alrededor de esa praxis liberadora son necesarias para ver la región que tenemos, revisar los nuevos movimientos sociales emergentes, los paradigmas tejidos alrededor de estos nuevos actores socio-políticos, a manera de aprehender de la experiencia.


 

José Antonio Galán Zorro (reseña)

Líder santandereano de la insurrección de los comuneros en 1781 (Charalá, ca. 1749 - Santafé de Bogotá, febrero 1 de 1782). José Antonio Galán es una de las figuras más recordadas de la historia colombiana, debido a su ejecución por las autoridades españolas y a que su memoria se ha perpetuado como símbolo de la lucha de los grupos sociales más débiles de la sociedad colombiana. Galán fue ascendido a capitán volante luego de la escaramuza de Puente Real, el 7 de mayo de 1781. Fue encarcelado, el 24 de mayo, pero debió ser puesto en libertad al día siguiente.

El 18 de junio Galán se tomó la hacienda de Malpaso y el 6 de julio, por intermedio de su subalterno Javier Reyes, promovió la rebelión en la hacienda cacaotera de San Juan de la Vega. El 20 de julio, el jefe comunero salió victorioso de una emboscada que le preparó Juan Antonio Fernández. El 26 de julio Galán inició la retirada de la hoya del río Magdalena, el 3 de agosto llegó a Zipaquirá, donde prorrumpió en insultos contra el corregidor Carlos de Burgos.

Galán aplazó la concentración en Santa Rosa para el 15 de octubre, y cuando se dirigía a Soatá a reclutar gente, fue apresado en el sitio de Chaguanete, en proximidades de Onzaga, antes de la medianoche del 13 de octubre. Tres días después, Galán y sus compañeros llegaron como prisioneros a la Villa del Socorro. El juicio contra Galán y sus compañeros comenzó en los primeros días de noviembre y culminó con la sentencia del 30 de enero de 1782. Ese mismo día Galán escribió su testamento, nombrando a un negro esclavo de Charalá como primer acreedor.

 

Bibliografía

Briceño, Manuel (1880). Los comuneros. Historia de la Insurrección de 1781. Imp. Silvestre y Cia. Bogotá.

Dussel, Enrique (2007). Materiales para una política de liberación. Plaza y Valdés editores. España.

------------------- (2001). Hacia una filosofía política crítica. Bilbao. Editorial Desclée de Brouwer S.A.

-------------------- (1996). Filosofía de la Liberación, Editorial Nueva América, Bogotá Colombia.

García, Antonio (2010). Los comuneros, Antecedentes de la revolución de independencia. Ediciones Desde Abajo. Bogotá.

Torres, Alfonso (2002). Vínculos comunitarios y reconstrucción social. Revista colombiana de educación, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Jos%C3%A9_Antonio_Gal%C3%A1n

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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
Lunes, 29 Enero 2018 06:38

Euforia económica

Euforia económica

Diez años después parece que se inicia una fase de ascenso en el ciclo económico, luego de la grave crisis financiera de finales de 2008. Ha sido una larga etapa de mísero crecimiento del producto, empleo, ingresos y condiciones del bienestar, con grandes presiones sobre los presupuestos públicos.

El comportamiento que hoy se advierte se acomoda de modo bastante claro a la descripción y al tratamiento de las crisis que elaboraron Minsky y Kindelberger.

Así, estamos ante un nuevo episodio de desplazamiento de las condiciones macroeconómicas que puede relanzar el gasto en inversión y en consumo, y así empujar el crecimiento, cuando menos en el corto plazo.

No se trata de un relanzamiento de tipo "schumpeteriano", aquel asociado con la llamada destrucción creativa que se provoca con un descubrimiento y la innovación tecnológica.

Este parece, más bien, la oportunidad para sacar nuevas ventajas de las mismas condiciones que desataron la crisis hace una década. No hay que olvidar el enorme costo económico y social de dicho episodio. Tampoco puede perderse de vista el ajuste provocado por la contracción fiscal que coexistió con la bárbara expansión de la liquidez creada por los bancos centrales, misma que transformó sus balances y de facto repercutió en las cuentas fiscales.

Esa forma de ajuste, marcada por las muy bajas tasas de interés que ocasionaron la reasignación de los recursos hacia inversiones de tipo especulativo. Este mismo auge provoca la concentración y centralización de los capitales, asunto sobre el que se oye poco en los análisis macroeconómicos.

Los grandes bancos recompusieron sus carteras y su rentabilidad, enormes empresas en diversos sectores lo hicieron también. Los mercados accionarios están hoy en una situación de auge y empujan la fase de desplazamiento. El asunto ahora es observar la capacidad que tienen para recrear el crecimiento a partir de la inversión productiva y de qué naturaleza será la parte especulativa que necesariamente entraña.

Trump y los republicanos han apuntalado el proceso con una potente reforma fiscal que modifica las decisiones de inversión de las más grandes empresas. Esto ocurre no sólo en términos de los montos que se destinarán para invertir, sino también de los movimientos de capitales entre territorios económicos para aprovechar las ventajas fiscales.

Es un nuevo episodio de euforia. Esto es lo que marcó el ánimo y las declaraciones entre políticos, banqueros y empresarios en el Foro Económico Mundial de Davos, realizado la semana pasada. Trump fue la estrella.

El Fondo Monetario Internacional apuntaló dicho ánimo con una revisión de sus expectativas económicas. A escala global revisó sus proyecciones de crecimiento del producto a 3.7 por ciento en 2017 y 3.9 en 2018.

Para Estados Unidos la elevación es significativa, pues de un registro de 1.5 por ciento en 2016 pasa a 2.3 en 2017 y 2.7 en 2018. El supuesto es que ese crecimiento puede arrastrar a las economías avanzadas y también a las que están en desarrollo. Trump mismo lo dijo: "Cuando crece Estados Unidos así lo hace el mundo". La voces que discrepan son ahora poco sonoras.

De la misma manera, el FMI estima que el comercio internacional crecerá. Pero las medidas del gobierno de Estados Unidos apuntan a una revisión de las pautas del comercio. Recientemente se aplicaron tarifas a los paneles solares y las lavadoras. Hay un enfrentamiento claro con las políticas comerciales de China; está la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al igual que las condiciones que enmarcan al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y se plantea una reforma de la Organización Mundial de Comercio.

El auge del mercado accionario y la reforma fiscal apuntalan el escenario de expansión. Pero quedan los problemas monetarios. No hay claridad de qué política se seguirá con respecto al valor del dólar, si es que será fortalecido o debilitado. Hubo incluso una discrepancia muy sonada entre el secretario del Tesoro Mnuchin y el mismo Trump durante la reunión de Davos.

La euforia está marcando el paso aunque el entorno sigue siendo incierto. La nueva fase de expansión tendrá sus propias distorsiones como siempre ocurre. La etapa de crisis estuvo marcada por una acentuación de los patrones de la desigualdad y no hay mecanismos automáticos que la atemperen.

Habrá que ver qué impacto tiene sobre esto la reforma fiscal, pues no se distribuye del mismo modo entre los distintos estratos de ingreso en aquel país. Lo mismo ocurre con el destino de las inversiones. Trump ha sacudido el escenario y esto se empalma con el comportamiento de los inversionistas que necesitan recomponer las condiciones de la acumulación y la rentabilidad. Los "espíritus animales" no se han extinguido.

Las recientes estimaciones de crecimiento del FMI salpican también a la economía mexicana: en 2018 el crecimiento sería 2.3 por ciento y 3 por ciento en 2019. Esta se sustenta, igualmente, en el arrastre que tendría la demanda en Estados Unidos en las exportaciones mexicanas. Pero sabemos que la negociación del TLCAN sigue en curso y no se sabe en qué terminará y hay elecciones a mitad del año.

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