Martes, 08 Agosto 2017 06:22

La lucha por la forma del excedente

La lucha por la forma del excedente

Palabras extrañas, probablemente. Aun cuando el excedente es un concepto clave en la comprensión de los antagonismos que cruzan la sociedad capitalista, que no es posible superar en una sociedad dividida en clases, el concepto permanece en el desconocimiento o en el olvido de las izquierdas prácticamente en todas partes. Es imposible superar esos antagonismos porque en ellos no cabe consenso alguno. ¿Puede llegarse a un consenso entre las clases sociales sobre una tasa de explotación aceptable?

No obstante, es posible pensar en una mejora continua del empleo y de las condiciones de vida, si la lu¬cha por la inclusión de los excluidos logra pesar crecientemente en la política económica, especialmente en la inversión pública. Es esta lucha la que está relacionada con las ideas que encierra el título de este artículo.

Téngase presente que en el sistema capitalista el conflicto político más general no se da entre las clases sociales. El cambio social ocurre en el espacio autónomo de lo político, que involucra a la economía, por supuesto, pero no es un enfrentamiento de clase contra clase. De este modo, si un movimiento populista lucha por la radicalización de la democracia, es decir, por el abatimiento de la exclusión, es decir, por la inclusión real de todos a los derechos de todos y a los bienes que produce la sociedad (la nutrición, la educación, la salud, el ocio), es decir, por el abatimiento de la inicua desigualdad que como nunca domina la escena social en el mundo, es preciso que la política mande sobre la economía; y si ese movimiento accediera a las instituciones, o al menos llega a pesar lo suficiente sobre las decisiones políticas acerca de la marcha de la economía, es esencial no perder de vista ese referente teórico que es el excedente, a la hora de la formulación de las políticas económicas y sociales de Estado.

En lo que sigue haremos un bosquejo sobre el concepto que nos ocupa. El concepto al que hacemos referencia, en El capital se llama "producto excedente" (capítulo VII, tomo I, apartado 4, en la traducción de Wenceslao Roces, FCE; en la que estuvo al cuidado de Pedro Scaron, Ed. Siglo XXI, se traduce como "pluproducto"). Nada cambia en cuanto al contenido del concepto entre ambas traducciones. Agreguemos que el uso más generalizado para quienes conocen la obra de Marx es simplemente "excedente".

Marx veía el producto anual total y el neto, desde varios puntos de vista. Uno de ellos es este: producto necesario + producto excedente = producto neto.

El producto necesario es la parte del producto neto que constituye el agregado de los medios físicos vitales destinados al mantenimiento normal y la reproducción de la vida de los trabajadores del sector productivo en las condiciones sociales y económicas existentes. A esos medios físicos también se les llama bienes-salario.

El producto excedente es la parte del producto neto total físico, cuyo valor es igual a la magnitud de la plusvalía. Ambas partes del producto neto provienen del trabajo de los asalariados de los sectores productivos.

El producto excedente, en términos dinerarios, nos aparece como ganancias de la industria y ganancias de la agricultura capitalista, y más tarde –conceptualmente– aparecen como la distribución de parte de esas ganancias en ganancias del comercio (sector que también puede agregar valor al producto en actividades como el empaque o el transporte), o como los intereses financieros, así como en la forma de los salarios distintos a los pagados en el sector productivo, y como impuestos y otros ingresos del Estado.

Ese conjunto de ingresos constituye el excedente, el cual cobra la forma física final de consumo de los capitalistas, de la inversión realizada por los mismos, y de los bienes materiales en que se traduce el gasto corriente y la inversión públicos.

Queda claro entonces que no es lo mismo que el excedente tenga la forma física de mansiones inimaginables donde ocurre el boato insolente de "los de arriba", o la forma de yates de millones o de autos superlujosos, o que tenga la forma de una inversión para producir joyas extravagantes para los ricos, a que tenga la forma de inversión en una fábrica o en un agrocultivo que produzcan bienes-salario. Así, la lucha por la forma del excedente es lograr que la inversión vaya a la producción de bienes-salario.

Es preciso que crezca aceleradamente la inversión en la producción de bienes-salario, porque así se crea empleo, a que la inversión obliga, se pagan salarios, y se producen los bienes que esos salarios compran. La soberanía alimentaria, una clave.

Nadie va a obligar a los capitalistas a producir bienes-salario. Luego entonces es inexcusable una reforma fiscal cierta y suficiente. Con los ingresos públicos pueden montarse empresas productoras de bienes-salario, incluso en asociación con los privados, porque, dada la vasta proporción de los excluidos sobraría mercado para producir y para absorber esa producción. Y los privados que quieran producir bienes salario, bienvenidos.

La inversión en la producción de bienes-salario, como puede advertirse, significa avanzar en la inclusión social por la vía del empleo. Un lapso prolongado de inversión acelerada, significa más ingresos para el Estado, porque habría partido de una reforma fiscal cierta, y porque la inversión y el empleo referidos elevarían el producto y, por ende, la recaudación fiscal. Todo ello podría convertirse en una de las espirales virtuosas que empujan el desarrollo.

Publicado enEconomía
LatinMod, un simulador integrado de políticas fiscales en AL

América Latina aprovechó el ciclo expansivo del precio de los commodities en favor de la inversión social. Esto no sucedió con todos los países de la región, pero sí con aquellos que consideraron que acabar con la deuda social heredada era un objetivo prioritario. En primer lugar, fue una importante política de recuperación de la soberanía para tener capacidad de decisión sobre los ingresos procedentes de tales recursos. Y seguidamente, las políticas de redistribución vinieron con políticas fiscales muy diversas en pro de los derechos sociales. En gran medida, esto se vio rápidamente reflejado en las cifras regionales: según la Cepal, el gasto social per cápita pasó de 600 dólares en 2002-2004 a mil 100 en 2011-2012.

Sin embargo, a finales de 2015, el ciclo expansivo en materia de precios se acabó. El precio del petróleo pasó de estar por encima de 100 (dólares por barril) a llegar incluso a un valor próximo a 20. Lo que muchos llamaron viento de cola en favor se transformó en corto tiempo en viento en contra. Cayeron los ingresos públicos derivados de la venta de tales recursos, lo que ocasionó una fuerte restricción presupuestaria para gobiernos que aún deseaban mantener el ritmo de inversión social. La restricción externa se constituyó así en el principal obstáculo a superar por la mayoría de las economías latinoamericanas. El crecimiento comenzó a bajar, debido a una demanda interna que también se veía afectada por la fuerte dependencia primario exportadora y altamente importadora de valor agregado.

¿Cómo evitar que la restricción externa no se convierta en restricción interna, económica y social? Precisamente esta es la verdadera ecuación económica a resolver por parte de procesos políticos que desean sostener un estado de bienestar garante de derechos sociales a pesar de la caída de los ingresos externos, porque la otra salida es la vieja conocida de los recortes y ajustes en contra de los derechos sociales, que ha demostrado en tantas partes del mundo que además de ser injusta es ineficaz económicamente. Esa sería la respuesta fácil, pero de graves consecuencias sociales y económicas.

El gran desafío es justamente resolver la ecuación anterior sin coste para la ciudadanía. ¿Cómo hacerlo? La respuesta sólo tiene una vía: la financiación interna. Avanzar en materia de soberanía tributaria es hoy día más importante que nunca. Por ello, es absolutamente necesario y urgente que los gobiernos de la región diseñen e implemente mejores políticas fiscales, tanto tributarias –que recauden en forma más eficiente y con más equidad–, como de inversión social e inversión en infraestructura, conocimiento, mejora de la productividad y en las necesidades de aquellos sectores económicos que sean vitales para un cambio del modelo de desarrollo económico.

En este sentido, es esencial buscar las metodologías y herramientas más rigurosas para que el decisor cuente con diagnósticos certeros de todo lo que se ha hecho y, fundamentalmente, le proporcione anticipadamente análisis de los potenciales efectos de las diferentes posibilidades existentes en todo lo que tiene que ver con la política fiscal, tanto en impuestos como en políticas de inversión social. No es tarea fácil, porque la realidad social es compleja, diversa, cambiante y, muchas veces, impredecible ante cualquier nueva política económica. No obstante, sí se pueden construir modelos-simuladores que ayuden a tener más información previa de los posibles impactos en recaudación, condiciones económicas y sociales de vida, capacidad redistributivas y eficiencia económica. No son verdades absolutas, pero sí instrumentos necesarios para disponer de elementos no arbitrarios para la toma de decisión.

LatinMod es justamente eso, un modelo de microsimulación que evalúa, antes de que ocurra, que pasaría en las condiciones económicas y sociales de los hogares si el Estado modifica un impuesto o una transferencia pública. Es un simulador que tiene como unidad de análisis un nivel micro, el hogar. Y esto nos permite conocer el impacto sobre variables que nos interesen: la desigualdad y la pobreza, los niveles recaudatorios y otras variables económicas.

LatinMod tiene dos grandes objetivos: por un lado, contribuir con nuevas metodologías al debate sobre la necesidad de contar con mejores políticas fiscales con base en la experiencia comparada de nuestros países latinoamericanos para afrontar la actual restricción externa sin coste para las políticas de bienestar y, por otro lado, disponer de múltiples escenarios de reformas fiscales con impactos potenciales en variables económicas y sociales fundamentales desde la perspectiva de la justicia y la eficacia. Para ello, el microsimulador requiere dos insumos básicos: 1) conocimiento exhaustivo de las legislaciones fiscales que describen el funcionamiento de las políticas públicas en esta materia en cada país, y 2) las encuestas que publican los institutos de estadísticas sobre las condiciones de ingreso y gasto de los hogares. Con esto se debe lograr trasladar la aplicación de las reglas fiscales en las bases de datos disponibles de tal forma que podamos construir escenarios hipotéticos contrafactuales de "qué pasaría si".

Este gran proyecto está dirigido desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) con el apoyo de Bandes, y cuenta con la participación de académicos procedentes de diferentes universidades latinoamericanas. LatinMod busca simular integradamente el comportamiento de los sistemas fiscales de América Latina. Al día de hoy están incluidos Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y México. Recientemente ha ingresado Bolivia. Y además ha comenzado un proceso inicial de coordinación con EuroMod (microsimulador para la Unión Europea, con sede en Cambridge), con la expectativa de agregar a dos países que ya vienen trabajando individualmente con ellos, Colombia y Ecuador.

 

Por Nicolás Oliva y Alfredo Serrano Mancilla ** Mg en economía y doctor en economía. Celag.

Publicado enEconomía
No somos idiotas: ¡hace rato estamos en crisis!

Breve lectura para algunos economistas sin vergüenza

 

“No hay tal mesa servida, entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país; pero, por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”. Licenciado Lenín Moreno, Presidente del Ecuador, 12 de julio de 2017

¿No que la mesa estaba servida ? ¿No que “académicamente” no había crisis ? ¿No que “la historia sabrá reconocer” lo bien que se hicieron las cosas ? Resultó ser que el propio licenciado Lenín Moreno, flamante presidente de la República, contradiciendo a su antecesor y promotor, reconoció que la situación económica del país es “sumamente difícil” . En una inmediata respuesta el PhD en economía, Rafael Correa, insistió que sí habría una mesa servida “cuando no se es desleal ni mediocre” . Allá ellos con su pelea.

El caso es que tuvieron que pasar años para que el discurso oficial se atreva a decir lo obvio: la economía ecuatoriana vive una situación en extremo compleja, para no ser innecesariamente alarmistas. Tuvo que darse una aparente confrontación política al interior de Alianza País para que oficialmente se reconozcan los problemas. ¿Cuánto tiempo se perdió ocultando lo inocultable? ¿Cuánta planificación se pudo armar si se reconocía los problemas desde un inicio? Sin duda, tal pérdida de tiempo es una vergüenza.

Pero esa no es la historia completa. No es que la crisis se descubrió apenas Correa tomó su avión a Bélgica. No es que el gobierno de Moreno se dio cuenta de que “la mesa no estaba servida” recién al llegar al poder. El Ecuador ha vivido una grave situación económica que venía complicándose desde antes de la caída de los precios del petróleo, registrada desde 2015. Hemos sido varios quienes, en reiteradas ocasiones y desde distintas vertientes ideológicas, hemos presentado evidencias de todo tipo para mostrar que el Ecuador vive una crisis estructural y que la -prolongada- contracción de los precios del petróleo únicamente develó una crisis que, tarde o temprano, se iba a desnudar.

A fin de demostrar cuán sin-vergüenza ha sido el discurso correísta para ocultar la crisis, tomemos la declaración completa de Correa sobre su tal “mesa servida”:
“Parece que hay memoria frágil, total desconocimiento, mala fe, o todo junto: a inicios de 2016 nuestro petróleo bajó hasta un impensable $15 por barril. Luego sufrimos un terremoto cuyas pérdidas económicas superan 3% del PIB, y tuvimos que pagar a OXY y Chevron -por espurios arbitrajes fruto de aún más espurios “tratados”-, más de 1,2% del PIB. Además, hemos tenido que soportar dos inviernos extremadamente fuertes. Ni el mercado internacional ni la naturaleza han tenido “mesura”, y ESAS son verdaderas dificultades económicas. Pese a todo ello, en el primer trimestre de 2017 crecimos 2,6%, la segunda tasa más alta de la región, ya tenemos superávit comercial, y el inevitable déficit fiscal se haya financiado. Es la “mesa servida”, cuando no se es desleal ni mediocre.” (Rafael Correa, julio 12 de 2017)

A partir de estas palabras Correa intenta mostrar que las “verdaderas dificultades económicas” han sido solo exógenas, es decir, externas a la estructura económica ecuatoriana. Y eso no es así. Vamos, de forma rápida, a revisar punto por punto cómo el argumento correísta es insostenible e impresentable.

Precio del petróleo

Es verdad que el precio del petróleo cayó a un mínimo en 2016 (específicamente en febrero), pero tengamos presente que esa no fue la primera vez que dicho precio caía drásticamente. Basta recordar cómo, durante el largo gobierno de Correa, mientras que a mediados de 2008 el crudo WTI llegó a cotizar casi 140 dólares por barril, para inicios de 2009 el precio se hundió a alrededor de 40 dólares. Es decir, era claro que en algún momento ese precio podía volver a caer (¿o acaso el correísmo esperaba siempre tener un barril por sobre los 70 dólares?). A pesar de conocer cómo evoluciona el mercado petrolero, nunca se tomaron las medidas adecuadas de estabilización como, por ejemplo, un fortalecimiento de las reservas internacionales (obvio que sin caer en aberraciones como el FEIREP).

Además, notemos que en la década 2007-2016 el sector público no financiero obtuvo más de 84 mil millones de dólares nominales en ingresos por exportaciones petroleras, equivalentes a aproximadamente 66 mil millones a precios de 2007. Si de esos recursos se hubiera ahorrado apenas el 10%, se hubiera podido contar con un fondo de más de 8 mil millones de dólares (6,6 mil millones en precio de 2007) disponibles para enfrentar la situación.
Tal fondo se hubiera obtenido incluso sin siquiera tocar los subsidios a los combustibles, cosa que se debió hacer hace años de forma focalizada (compensando su eliminación con un subsidio al sistema de transporte público de pasajeros de forma planificada).

¿Cuántos miles de millones de dólares más se necesitaban para evitar la desaceleración de 2015 y la caída de 2016?

Terremoto y otros problemas naturales

Si bien el terremoto (al igual que cualquier otro desastre natural) complica la situación económica , sin embargo debemos recordar que los problemas ya estaban descubiertos desde 2015, cuando la economía del país apenas creció en 0,2%. Además, sabemos que a los pocos días del terremoto el gobierno de Correa tomó una medida vergonzosa: se incrementó el impuesto al IVA de 12% a 14%. Es decir, se prefirió usar un impuesto regresivo y recesivo en vez de apelar a un impuesto progresivo como pudo haber sido, por ejemplo: un incremento drástico del Impuesto a la Renta para todas aquellas compañías que forman parte de algún gran grupo económico y para quienes ganen más que el presidente de la República; una contribución especial a las elevadas utilidades de la banca y de las empresas que obtienen ganancias extraordinarias; el establecimiento de un límite a los ingresos de los funcionarios públicos de nivel directivo; entre otras medidas que las hemos propuesto una y otra vez para enfrentar la crisis .

Pagos por OXY y Chevron

Es verdad que los mecanismos de arbitraje internacional -así como los juzgados de los países del norte- velan más por los intereses de los capitales transnacionales antes que por los intereses del sur. Sin embargo, en el caso de OXY el mismo correísmo dio espacio a que se pierda el caso con el precedente que dejó con Petrobras, vinculado, además, al atraco de Palo Azul . Respecto a Chevron es hasta una vergüenza los niveles de entreguismo con los que manejó Correa una situación tan delicada, llegando incluso a presionar para que las víctimas de la transnacional petrolera desistan de cobrar lo que por sentencia les correspondía, con el fin de poder continuar con el endeudamiento agresivo en el exterior...

Crecimiento en el primer trimestre de 2017

Es hermoso jugar con las cifras, ¿verdad? Sí, los datos oficiales (asumiendo que son fidedignos) indican que en el primer trimestre de 2017 el PIB ecuatoriano creció 2,6% en comparación al primer trimestre de 2016. Sin embargo, también señalan que dicho PIB del primer trimestre de 2017 sufrió una contracción de -0,6% comparado con el cuarto trimestre de 2016. Es decir, entre el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se dio una contracción, pero esa contracción se muestra como crecimiento si se la compara con el primer trimestre de 2016 (que, por cierto, fue precisamente cuando el precio del petróleo llegó a un mínimo histórico). Estos movimientos muestran que el “crecimiento” de 2017 es más bien tibio e incierto.

Además, tomemos en cuenta que cualquier expansión floja a inicios de 2017 se logró al mismo tiempo que el país vivió una expansión agresiva de la deuda externa pública especialmente vía bonos y “facilidades de liquidez” otorgadas por el Banco Central del Ecuador (que, como bien saben desde adentro del gobierno, representan flujos directos de liquidez). Solo entre diciembre de 2016 y abril de 2017 el correísmo inyectó a la economía ecuatoriana alrededor de 6 mil millones de dólares con dichos mecanismos (aproximadamente 6 puntos del PIB) . Si con semejante empuje de liquidez -entendible para construir la imagen de bonanza económica durante el proceso electoral- la economía no crecía, hubiera sido el colmo. Y, de hecho, reiteremos que entre fines de 2016 e inicios de 2017 no crecimos sino que seguimos cayendo...

Y ya que nos gusta hablar de primeros trimestres, ¿cómo fue el primer trimestre de 2017 en términos de empleo? ¿Por qué no se dice que el empleo adecuado de marzo de 2017 mostró la proporción más baja de toda la época correísta? A marzo de 2017 apenas 38,5% de la población económicamente activa tuvo un empleo adecuado, la tasa más baja desde 2007. Es estúpido -o cínico- creer que hay una recuperación en donde el desempleo y el verdadero subempleo (oculto bajo esa etiqueta de “empleo no adecuado”) alcanzan las proporciones más altas de la década.
Para completar la idea, cabe mencionar que precisamente en el año de contracción, es decir en 2016, se observó una situación aberrante: mientras que la mitad de la población vivió con 5 dólares o menos al día (monto estancado desde 2015), en cambio apenas 30 compañías obtuvieron más de 1.500 millones de dólares en utilidades. Es decir, mientras que la crisis ya ha golpeado a las clases populares, los grandes grupos económicos consolidados en el correísmo siguieron ganando millones de dólares.

Ya tenemos superávit comercial

En una economía altamente dependiente de las importaciones (tanto de bienes de consumo pero, sobre todo, de insumos y medios de producción) un saldo comercial positivo -que no se explica por el incremento de las exportaciones- podría indicar una contracción severa de la demanda. Solo tomemos en cuenta que, en todos los años entre 2009 y 2015 (incluyendo los años “dorados” del gobierno de Correa) el saldo comercial fue negativo y más bien en 2016 (con contracción económica) el saldo fue positivo.

Este es un resultado muy paradójico, pero con una explicación clara: si hay crisis y el aparato productivo dependiente de compras externas de medios de producción e insumos se estanca, entonces es claro que las importaciones van a caer. A eso sumemos la medida -desesperada- de aplicar salvaguardas a las importaciones, las cuales terminaron golpeando aún más a una producción importadora (que debía transformarse, pero no se lo hizo).

Financiamiento

Entre enero de 2007 y abril de 2017 la deuda externa pública ecuatoriana creció de 10 a casi 27 mil millones de dólares (aumento de 20% a 26,7% del PIB), mientras que la deuda interna aumentó de 3,2 a casi 14 mil millones de dólares (aumento de 6% a 14% del PIB).

Es decir, el gobierno de Correa terminó con una deuda pública externa e interna mucho mayor a aquella con la que empezó (tanto en monto como en proporción) y en un proceso en donde la transparencia estuvo ausente... en contra de lo que había sido el objetivo de la comisión de auditoría de la deuda con la que se inició el gobierno del propio Correa. Y, por cierto, ante la falacia de que se puede adquirir cualquier monto de deuda, debemos mencionar que no es lo mismo adquirir sobre todo deuda en moneda local a adquirir deuda en dólares...

Una sinvergüencería mayor

Quizá el tema de mayor preocupación (que no está en la declaración de Correa) es la fallida “transformación de la matriz productiva”. Si se hubiera avanzado con dicha transformación, muchos de los problemas actuales no golpearían con la gravedad que lo están haciendo. Pero no, esa transformación quedó solo en el papel, y será recordada como la mayor estafa política del correísmo .

A modo de ejemplo, si la caída del precio del petróleo afecta con fuerza al país en gran parte se explica porque la oferta exportadora ecuatoriana sigue dominada por productos primarios, cuya valoración está sujeta a vaivenes extremos en el mercado mundial.

En la década correísta se perpetuó la condición primario-exportadora: en 2007 el peso de los productos primarios en el total de exportaciones fue de 74,3%, mientras que en 2014 -el clímax de la expansión- la proporción de productos primarios en las exportaciones se incrementó gravemente a 83,5%. Incluso en 2016, ya con la caída de los precios del petróleo, el peso de los productos primarios en el total de exportaciones fue de 76,7%. Así vemos que existió una reprimarización de las exportaciones pues, incluso con precios del petróleo deprimidos, la condición primario-exportadora del Ecuador al final del gobierno de Correa fue más acentuada a cuando empezó.
Si a esa reprimarización de las exportaciones sumamos que el Ecuador de la década correísta no fue capaz ni siquiera de promover una mayor industrialización (el peso de la manufactura en el PIB real se mantuvo entre 11,9% a 11,7%), entonces es obvio que una caída del precio del petróleo (previsible) iba a causar problemas a una estructura productiva sin transformar.

¿Por qué Correa y los correístas no nos hablan de cómo le fue a la “transformación de la matriz productiva”? Pues porque saben que fue un fracaso. Basta medirla desde las propias metas que el correísmo se puso en el famoso Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (objetivo 10). De las 13 metas previstas, 10 metas no se cumplieron. Ni siquiera la generación hidroeléctrica cumplió las expectativas (por la mezcla de retrasos, sobreprecios y corrupción).

Pero para gastar miles de millones en proyectos como la invisible Refinería del Pacífico , la producción de rábanos y de vehículos eléctricos en Yachay o de escuelas del milenio con forma de elefante , ahí si el gobierno de Correa no falló...

Vemos pues que el gobierno de Correa no solo que “no dejó la mesa servida” sino que, incluso, ¡se llevó hasta la vajilla! Para conocer con más claridad la cuenta que dejó el festín del despilfarro correísta bastará ver cómo los casos de Odebrecht , Caminosca , Petrobras y otros se empiezan a comer a los “correístas ovejunos”.

Víspera de nuevos ajustes sin vergüenzas

Mientras que un economista sin vergüenza se fue, otros economistas sin vergüenza (incluso actores de segunda línea en el correísmo) preparan un golpe malévolo: quieren seguir haciendo pagar la crisis a los estratos populares, sobre todo a los trabajadores.

Que no se nos olvide que el gobierno del licenciado Moreno heredó el legado correísta, sintetizado en el enorme beneficio otorgado a los grandes grupos económicos, los principales beneficiarios de su gestión. Grupos que, ahora, están directamente presentes en el nuevo gobierno de Alianza País , quienes parecería que estarían preparando el terreno para un ajuste mayúsculo.

Una breve -pero clarísima- muestra de esa pretensión es la irresponsable propuesta de “aliviar” el aporte patronal al Seguro Social , acompañado de un incremento del IVA, o la idea misma de “ flexiseguridad laboral ”, con la que se retomará la senda de la flexibilización laboral y demás políticas neoliberales impulsadas en la última etapa del correísmo .

En estas circunstancias, no podemos permitir que la pugna dentro de Alianza País nos distraiga de los nuevos golpes que se preparan para las clases populares del país. Cada día es más evidente que el camino no es con “Correas” ni con “Morenos” -menos aún con “Lassos”-, el camino hacia la transformación estructural se construirá con la lucha y la organización popular.

Publicado enEconomía
Latinoamérica es la región del mundo con mayor proporción de riqueza en paraísos fiscales

El 27% de los grandes patrimonios de la zona se encuentra depositado en países 'offshore', frente al 1% de EE UU y Canadá

 

Los paraísos fiscales tienen un filón con las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable para los más acaudalados, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en estas naciones, por delante de Oriente Medio y África (23%) y de Europa del este (20%). Y a años luz de Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%), según un estudio presentado este miércoles por Boston Consulting Group, una de las mayores consultoras estratégicas del mundo.


El fracaso de la amnistía fiscal aprobada en Brasil a finales de 2015 —cuyo efecto sobre la repatriación de capitales ha sido "inferior de lo que se preveía"— ha impactado negativamente a las cifras totales de América Latina, según los autores del informe. "En lugar de repatriar dinero, muchos hogares brasileños revelaron riquezas depositadas en paraísos fiscales y optaron por dejarlas allí", subrayan. Brasil es la primera economía latinoamericana y cuna de algunas de las mayores fortunas de la región. Cuatro de las 100 personas más acaudaladas del planeta tienen nacionalidad brasileña. Y una treintena de personas de esa nacionalidad tiene más de 1.000 millones de dólares de patrimonio, el doble que en México y tres veces más que en Chile.


En el próximo lustro, los técnicos de Boston Consulting Group esperan que el patrimonio de grandes fortunas latinoamericanas depositado en paraísos fiscales aumente a un ritmo del 5% anual, ligeramente por debajo de la media global (3,7%) y solo por detrás de Asia-Pacífico (6%) y Oriente Medio y África (6%).


Según los datos del consultora estadounidense, de entre las jurisdicciones que ofrecen ventajas fiscales para las grandes fortunas, en 2016 los preferidos por los más acaudalados del mundo fueron Suiza (con 2,4 billones de patrimonio), el Caribe y Panamá (1,3), Reino Unido (1,3), Singapur (1,2) y Jersey y Guernsey e Irlanda (1,1).
Más patrimonio en manos privadas


El año pasado, la riqueza total de América Latina en manos privadas repuntó un 9% hasta los 5,4 billones de dólares. Y la tendencia al alza se mantendrá en los cinco próximos años, en los que crecerá a una tasa media anual del 6,3%. En 2016, el crecimiento del dinero en manos privadas latinoamericanas fue el segundo más alto de todo el mundo, solo por detrás de Asia-Pacífico (9,5%). Y tuvo origen —fundamentalmente— en la revalorización de las inversiones existentes. Por países, Colombia registró la mayor tasa de crecimiento (14%) por delante de Brasil y México (10% en ambos casos).


Dentro del segmento de personas con un patrimonio superior a los 250.000 dólares, los más beneficiados en Latinoamérica el año pasado fueron quienes tienen una fortuna de entre 20 y 30 millones de dólares, que vieron como sus inversiones crecer a un ritmo del 13%, seguidos por aquellos que tienen entre uno y 20 millones y por quienes poseen un patrimonio superior a los 100 millones de dólares. En todos los casos, el principal factor de crecimiento fue el buen comportamiento de las Bolsas de valores, pese a que la forma de ahorro preferida (más de la mitad del total) siguen siendo los depósitos y el dinero líquido.

Publicado enEconomía
Proyecciones negativas para la economía colombiana

Hay tensión en el ambiente tras conocerse nuevas cifras que confirman la inminente crisis económica en Colombia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reporte “Panorama Económico Mundial” del mes de abril bajó la perspectiva de crecimiento económico para el país, pasando de un 2,6% a un 2,3. Su proyección coincide con el informe presentado por el Dane el día 17 de abril sobre el desempeño de la industria y el comercio criollo, en el cual se informa de un bajonazo en estos dos sectores para el primer bimestre del presente año, en relación con el anterior. Según el Departamento de Estadísticas la industria cayó un 3.2% y el comercio un 7.2. A su vez, el jueves 20 de abril el Ministerio de Minas y Energías informó que “la producción promedio de crudo durante el mes de marzo fue de 804.000 barriles por día, presentando una disminución de 6,94% respecto al mes de febrero donde fue de 864.000 barriles” y una disminución del 12,2% con respecto a marzo del 2016.


Los reportes sorprenden pues, según las proyecciones oficiales, durante este año la economía superaría lo alcanzado en los años anteriores. Pero sucede todo lo contrario. De manera gradual y persistente, el Producto Interno Bruto registra una caída continua (2011: 6,6%; 2012-2014: 4; 2015: 3,1; 2016: 1,8). Especialistas en el tema afirman que el primer trimestre del presente año podría ser peor a su par del 2016. El augurio no es escalofriante dado que dicho año mostró el peor rendimiento económico desde 2009.

 


Por tal razón –razones– en Colombia predomina el pesimismo. «Muchas cosas van mal, hay otras que se le pueden echar incienso, pero no todas. Cuando uno tiene cifras en enero de menos 2,2%; cuando usted tiene cifras en febrero de menos 7,2% y cuando uno tiene en alimentos menos 1,1 eso es una realidad preocupante que la certifica una institución que es el Dane» dijo en entrevista para el programa «Pregunta Yamid», Guillermo Botero, presidente de Fenalco. «Este bimestre fue muy regular para la industria. La refinería en Cartagena mostró un 5% negativo» dijo en el mismo programa, Bruce Mc Master, presidente de la Andi.


Por el contrario y con aires embaucadores, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, insiste en afirmar que la economía colombiana crecerá 2,5% para el presente año, cifra que, como señala Guillermo Botero, no parece corresponder a la realidad del país. Su falso optimismo se basa en la inversión que hará el gobierno en infraestructura del mismo modo como se hizo en los Estados Unidos para salir de la gran crisis del 29, una estrategia que desde entonces se conoce como política keynesiana, en referencia a su promotor el economista británico John Keynes. Sin embargo, esta estrategia, en últimas, abulta con dinero público el bolsillo privado gracias a las APP (Alianzas Público Privadas),en las cuales las empresas se encargan de ejecutar las obras; pero recordemos con el caso de Odebrech y el de los Nule toda la corrupción que entraña esto. El Ministro Cárdenas también confía en el repunte del oro negro, un repunte que, sin embargo, la mayoría de los analistas no ven para el futuro próximo ni mediano; el mismo pronóstico se estima para la balanza comercial.

Causas de la caída


La mayoría de presidentes gremiales y especialistas en la materia coinciden al señalar que la disminución en la demanda interna de las familias es la razón principal de dicho comportamiento económico. Argumentan en ese sentido que la reforma tributaria del 2016 provocó una disminución significativa en el gasto de las familias. Sin embargo, y por el contrario, análisis más agudos enfatizan que el problema radica en la disminución en la producción de materias primas de exportación como el petróleo, lo cual refleja un problema aún mayor: la gran inestabilidad de la economía colombiana al depender exclusivamente de la exportación de materias primas. De igual modo como sucedió en el país en los siglos XIX y XX con otros productos de la tierra como la quina y el café. Un problema histórico que las clases dominantes han sido incapaces de resolver.


Así, frente a la reducción fiscal, el Estado plantea como solución disminuir la inversión social, al gasto público y a su vez crear reformas tributarias con el supuesto de subsanar su carencia de ingresos. En el 2015 se recortó 8,5 a 9 billones, en el 2016 6 billones y en el presente año entre 4 y 5 billones. Los sectores más afectados son Hacienda y Trabajo.


La caída del ciclo económico


Lo que se vive a nivel económico corresponde, entonces, a un nuevo ciclo inherente a la dinámica del capitalismo. «Colombia, en particular, alcanzó un crecimiento económico máximo de 6,6% en 2011; durante 2012-2014 mantuvo un aumento del PIB por encima del 4 por ciento; en 2015, debido a la caída en los precios del petróleo, se desacelera la actividad productiva a 3,1%; en 2016 el ritmo económico anual se derrumba a 1,8%; para 2017, por el efecto recesivo de la reforma tributaria (contracción de la demanda de los hogares), el ajuste en el desbalance fiscal y el déficit acumulado en la balanza comercial, el crecimiento del PIB no logrará superar el 1,6%», según proyecta Libardo Sarmiento Anzola.


Esta contracción económica llevará por tanto a que el Gobierno central pretenda seguir empobreciendo con más impuestos a los hogares de nuestro país, sin tocar para nada a los grandes capitales. Como siempre, socializan la crisis y privatizan las ganancias.

Publicado enColombia
"El éxito danés reside en ser muy buenos en los cambios"

El director del 'think tank' Cevea analiza las razones por las que su país es el más feliz del mundo, según Naciones Unidas
"La gente en Dinamarca es particularmente confiada. Hay una gran confianza en la sociedad, en los individuos y también en las instituciones". "Esta es una cultura donde la corrupción no se acepta. La gente cumple"


Kristian Weise es director del think tank progresista Cevea, ligado a la izquierda danesa. Sociólogo, filósofo y economista por la London School of Economics y la Copenhagen Business School (CBS), habla en esta entrevista de la complejidad de los cambios en el Estado de bienestar de su país, uno de los más exitosos del mundo. La entrevista discurre en un ambiente relajado, en donde Weise, de treinta y ocho años, defiende hasta lo que considera indefendible para explicar esa evolución. Antes de dirigir Cevea, fue secretario ejecutivo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, y asesor del ex primer ministro danés Puol Nyrup Rasmussen.


Estoy llegando a Dinamarca y pienso: ¡Oh, estoy en el país más feliz del mundo! (según Naciones Unidas) ¿Por qué es así?


El tema fundamental está en que la mayor parte de la gente no tiene que preocuparse sobre cosas normales de la vida: la seguridad económica, social y otros tipos de seguridad en los que Dinamarca tiene unos estándares muy altos. Al mismo tiempo, hay un énfasis muy grande en que las personas puedan tener una vida personal, social. Que tengan la posibilidad real de disfrutar de ello. Hay un buen sistema de guarderías y de soporte para que las personas puedan trabajar sin dificultad.


Pero hay un aspecto secundario, también importante. Se han hecho estudios donde se pregunta a la gente cuán feliz es, y aparentemente los daneses son bastante optimistas. Lo que quiero decir es que no es sólo el sistema social. Acabo de estar en una reunión escandinava y corría un chiste sobre los finlandeses que decía: “¿cuál es la diferencia entre el tango en Argentina y en Finlandia? La felicidad; porque los finlandeses no son felices”.


Bueno... eso es porque no conocen Argentina... No es que la gente allí viva contenta...


¡Ahhhh! ¡Es gracioso! Pero lo que quería decir es que Finlandia es un país con altos estándares también, y no son felices.


Dinamarca tiene uno de los niveles más bajos de corrupción. ¿Por qué?


La gente en Dinamarca es particularmente confiada. Hay una gran confianza en la sociedad, en los individuos y también en las instituciones. Los investigadores dirían que esto tiene algo que ver con los vikingos. Los vikingos eran gente que se iba fuera del país, básicamente para robar y pelear, pero volvían a casa y lo primero que tenían que hacer era compartir lo que se habían robado. Si alguno de los viajeros había muerto en las peleas, el resto de la tribu tenía que hacerse cargo de la familia del difunto.


¿Se puede confiar en ladrones?


En la tribu, los acuerdos eran otros. Es una anécdota. Es difícil conocer el presente sin mirar la historia. Hemos tenido la suerte de vivir en un lugar igualitario, donde la gente que trabaja para el Estado trabaja para la gente. Los motivos para la corrupción son más bajos.


Pero los humanos son humanos en cualquier parte. Ustedes deben de tener alguna manera de vigilar, algún sistema de rendición de cuentas que frene la corrupción...


Si se miran, por ejemplo, los impuestos, tenemos un sistema muy transparente. Siempre lo ha sido. Tú informas de cuánto dinero tienes y de cuánto estás pagando. El empleador es responsable de dar los datos de cuánto dinero está ingresando y cuánto va a impuestos.


Pero la gente que menos impuestos paga no son las personas, sino las empresas...


Pueden ser ambos. Por supuesto, tenemos instituciones de vigilancia; pero creo que hay un componente cultural que influye. Esta es una cultura donde la corrupción no se acepta. Eso hace que la gente cumpla. Tiene que ver también con las instituciones, pero es difícil saber qué viene primero, si la vigilancia o el autocumplimiento cultural.


Si ustedes viven tan contentos, en una sociedad tan rica, que paga impuestos... ¿por qué quieren cambiar el sistema?


Lo primero que hay que decir es que la razón por la que los daneses han sido tan exitosos es porque han sido muy buenos en los cambios, en adaptarse. La mayor parte de los cambios se han hecho paso a paso. Por ejemplo, en Francia se discute todo el tiempo si se debe aumentar la edad de jubilación, y cada vez que se habla de ello hay una gran pelea porque quieren subirla diez años. Es muy cuestionable. Ahora en Dinamarca se está discutiendo si la edad de jubilación puede aumentarse seis meses. En vez de decirle a la gente que se va a retirar a los sesenta y cinco años se le dice que se retirará a los sesenta y cinco y medio. Aun así esto está creando muchísimo debate. En 2006 se hizo una reforma en la que se decía que la edad de jubilación se iba a adaptar a la esperanza de vida; es decir, que si la gente dentro de un tiempo vive un promedio de cien años, probablemente se retire más tarde que ahora.


Pero se desmantela un sistema que funciona muy bien.


Ha habido un abuso ideológico de las reformas pragmáticas. Entre 2001 y 2011 hemos tenido un gobierno de derechas, un gobierno de izquierdas durante cuatro años, y luego otro gobierno de derechas. La derecha quiere tener básicamente una sociedad distinta. El primer ministro que llegó al poder en 2001, Anders Fogh Rasmussen, publicó un libro sobre cómo deberíamos ser un Estado más liberal, antes que un Estado de bienestar. Uno de sus argumentos era que el Estado de bienestar hace a la gente vaga.


Pero ustedes han demostrado durante décadas que esto no es cierto.


Los liberales dirían que, de acuerdo con las cifras, el 25% de la población no está trabajando. Tenemos uno de los índices de empleo más altos del mundo, pero eso no impide que haya un 25% de la población que no trabaja, a pesar de estar en edad de trabajar: puede ser que sea porque están sin empleo, o enfermos, o porque son discapacitados...


Es lógico que si están enfermos, no trabajen.


Tiene gracia que yo utilice un argumento a su favor, pero es sólo para explicar lo que está ocurriendo. Por una parte, hay una necesidad de tener mucha gente trabajando para sostener el Estado de bienestar. Un tercio de la población trabaja para el sector público, y la única manera que existe para tener un tercio de la población en el sector público es que mucha gente esté trabajando en el sector privado. Pero la discusión es: ¿qué haces con esa población que por alguna razón no está trabajando? La derecha ha tenido éxito en decir que una gran parte está siendo impulsada a no trabajar.


Las reformas que se han llevado a cabo en los últimos diez o quince años han sido dar incentivos a la gente para que trabaje más. Lo que dicen es que se debería trabajar más horas a la semana y por un período más largo de la vida.


¿Y la gente lo acepta?


Creo que hay manipulación. Pongo un ejemplo: hace unos cinco o seis años teníamos un sistema de prejubilación. Te podías prejubilar cuando cumplías sesenta años, y mucha gente lo hacía porque quería. La derecha quiso quitar las prejubilaciones, y los medios comenzaron a publicar la idea de que muchos de los que se prejubilaban, pagados por el Estado, eran dentistas que jugaban al golf en Marbella. Por supuesto, era una fotografía equivocada. Habría algunos, pero no eran la mayoría, y el sistema no estaba hecho para ellos. Ha habido una insistencia muy fuerte en decir que teníamos que efectuar las reformas: con esto, con la globalización, con la competencia en el mundo...


Para dar crédito, desde la perspectiva socialista o de izquierdas sería ingenuo decir que el Estado de bienestar tal como estaba planteado en los años setenta sería el mejor Estado de bienestar en 2017. Todo se tiene que ir adaptando, para crear un Estado de bienestar mejor; pero eso no siempre ocurre.


La derecha está ganando las elecciones. Incluso la ultraderecha gana votos en este país. ¿Cómo lo explica?


En primer lugar, la derecha populista no es derecha cuando se trata de desarrollar políticas económicas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En muchos asuntos sociales y económicos ha copiado la posición de los socialdemócratas. Es muy de derechas cuando habla de inmigración, pero cuando trata cuestiones sociales de los daneses nativos, está con el partido socialista; quiere aumentar las pensiones y en muchos otros asuntos estarían del lado de los socialdemócratas.


Casi una cuestión de suerte.


Sí. La fotografía no es muy clara. Cuando tuvimos a la derecha gobernando durante diez años, hasta la crisis económica estuvieron aumentando el tamaño del sector público. Gastaban más dinero en hospitales, más dinero en cosas como el cuidado de los niños, en las personas mayores... Pero al mismo tiempo estaban recortando impuestos.


¿Cómo podían hacerlo?


Teníamos un boom económico. Era un buen momento y podían llevarlo a cabo.


¿Crecieron gracias a la construcción?


Tuvimos una buena burbuja inmobiliaria. España e Irlanda la tuvieron mayor burbuja, pero nosotros también la tuvimos.


Ustedes tenían un sistema de cooperativas de vivienda, el modelo Andel, que protegía a la vivienda de la especulación...


Es algo que también cambió. Aún tenemos una tradición muy importante de casas que forman parte de cooperativas, pero muchos cambiaron sus reglas. Por una parte, las viviendas se volvieron más caras. Y por otra, muchas cooperativas cambiaron sus bases para transformarse en apartamentos privados. De hecho, estamos en un área [a unos pasos de la estación central de Copenhague] que es un muy buen ejemplo. Este es un barrio muy obrero. Estos inmuebles no se ven como edificios obreros, pero cuando entras, hay muchos apartamentos pequeñitos. Quince años atrás podías encontrar un apartamento de estos, cooperativos, por unos 20.000 euros, porque había un tope de precio. Y de un día para otro estos mismos apartamentos pasaron a costar 150.000 euros. En la mayor parte de las cooperativas hoy, incluso en las que hay lista de espera para entrar, el valor de las viviendas es casi como el precio normal del mercado.


Podría entenderse que haya gente enfadada.


La gente que vivía en esas cooperativas de pronto se hizo más rica. Y es muy difícil de organizar quiénes pueden comprar en el futuro... Pero para responder a tu pregunta, nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas subieron muy de repente. Luego bajaron un 30% con la crisis financiera, y ahora están volviendo nuevamente al nivel de la burbuja. La gran diferencia desde la crisis es que es muy desigual la forma en que han aumentado: han crecido en Copenhague y en otras grandes ciudades, pero en las zonas rurales no. Y eso es distinto que durante la burbuja, cuando los precios crecían en todas partes.


¿Qué pasa con la gente que no puede pagar el alquiler o la hipoteca?


La diferencia entre Estados Unidos y Dinamarca es que allí si no puedes pagar le das las llaves al banco y te vas. Aquí sigues teniendo la deuda.
Igual que en España... y eso es un gran problema: tienes deuda pero no techo.


La diferencia con España es que aquí no hubo tanta gente que tuvo que dejar sus casas. Aquí mucha gente tuvo la posibilidad de hacer una reestructuración de la deuda a un tipo menor de interés. No tuvimos un escándalo tan grande. Una de las razones es que no tuvimos índices de desempleo tan altos. Cuando más tuvimos fue del 8% o 9%.


Se dice que el futuro nos espera con menos trabajo y más robots. ¿Cómo se enfoca el futuro en Dinamarca?


La política general ha ido hacia el lado contrario, para que la gente trabaje más. Hay nueve partidos en el Parlamento, y sólo dos de ellos, los más de izquierda, están hablando de trabajar menos horas.


Hay gente pensando que más que seguir creciendo tendríamos que decrecer...


Aquí la mayor parte de los políticos hablan de crecimiento, y eso tiene que ver con hacer crecer el Estado de bienestar. La generación de riqueza es trabajar de forma efectiva, no trabajar mucho tiempo. Hay que tener cuidado con la agenda del decrecimiento porque si tienes un crecimiento inteligente tendrías más crecimiento y menos usos de los recursos al mismo tiempo. En Dinamarca tenemos un aumento de la riqueza, pero estamos estables en la producción de CO2.


En cuestiones de medio ambiente van bien.


Dinamarca ha sido muy ambiciosa en temas medioambientales, en reducir el CO2. Y la forma de hacerlo es, por un lado, impulsando las energías renovables —producimos cerca del 40% de nuestras energías de fuentes renovables—; por otro, mediante la reforma de casas para que sean energéticamente más inteligentes. Muchas viviendas cooperativas se renovaron gracias a ayudas que dieron tanto el Estado como el Ayuntamiento. La gente realmente pagó una pequeña parte de los costes. Una reforma que se subvencionó fue el cambio de ventanas para hacerlas más eficientes energéticamente.


Una vez más, es el Estado el que paga, y hay gente que dice que hay que cortar con eso y pagar menos impuestos.


Pero nuestros impuestos son los más altos del mundo. Trato de explicar por qué no deberíamos recortarlos, pero para poner un ejemplo de los argumentos que se usan diré que después de pasar por todas las reformas del partido en el poder, tenemos los impuestos más altos del mundo.


¿Qué ocurre con los refugiados?


Acabo de escribir un capítulo de diez páginas de un libro sobre esto. El año pasado fue el asunto más debatido. Fue uno de los argumentos para decir que había que efectuar recortes, porque iba a ser imposible de pagar. Aunque la crisis de los refugiados se ha frenado, todavía hay discusión.
Ustedes tenían fama de país que acepta, ayuda e integra refugiados...


En el caso danés, la cuestión principal son las cifras. Cuando Dinamarca era abierta, las cifras [de refugiados] eran mucho menores; y la gente venía de mucho más lejos. Ahora son países vecinos, y la cantidad es mucho más grande. La gente piensa que tiene que protegerse. Hay que tener en cuenta que en el sistema danés, en el momento en que llegas tienes casi los mismos derechos que un danés. No tienes que pagar por tu casa. Tienes asilo. Te dan clases de danés y dinero hasta que te integres.


Si recibimos, por ejemplo, 100.000 personas de Siria, esto sería casi igual a decir que de pronto hay 100.000 nuevos desempleados con derecho a ayudas. Las respuestas políticas no son fáciles. Otro de los debates está en dónde deberían vivir. ¿Pueden las municipalidades asumir la estancia de estas personas? ¿Pueden darles un hogar? ¿Hay espacio en las escuelas? En una de las discusiones participaban alcaldes de ciudades pequeñas que decían que era muy difícil. No quiero defender políticas que no ayudan, pero sí que cuando tienes un Estado de bienestar tan grande, el asilo y la inmigración se vuelven también más complicados. Si eres un refugiado sirio en Grecia te dejan en la calle y arréglate. Aquí el sistema te ayuda. Yo estoy contento de que sea así, pero es un dilema, porque puedes dejar que entren 15.000 personas y darles buenas condiciones, o dejar que entren 500.000 y no hacerlo.


El hecho de que tengan muchas facilidades con el cuidado de los niños y los ancianos, ¿ha supuesto que las mujeres se hayan integrado más en el mundo laboral?


Las mujeres en los últimos veinte años han tenido mucho éxito en política. Llegamos a tener al mismo tiempo una mujer primera ministra, una mujer líder del partido de la oposición, una mujer líder del tercer y el cuarto partido. Desde la derecha hasta la izquierda, tuvimos básicamente mujeres en cargos de liderazgo. Pero eso no se repitió en las compañías privadas. El 95% de las veinte corporaciones más importantes están gobernadas por hombres. Tenemos un debate sobre si deberíamos tener cuotas.


¿Deberían?


No hay consenso. Lo más importante es que que el sistema de bienestar danés está pensado para la igualdad. Y una de las maneras de conseguirla es asegurándose de que tenemos buenas instituciones de bienestar; bajas maternales y bajas paternales, guarderías y otros cuidados de la infancia. Y que eso no debería ser muy caro. Hay una expectativa de que la mujer debería tener acceso a una carrera laboral. Y también de que los trabajos del hogar sean compartidos.

Por Mariana Vilnitzky
28/03/2017 - 14:04h

Publicado enInternacional
Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI.

 

Berlín.

La propuesta de una reforma impositiva en Estados Unidos para favorecer las exportaciones sobre las importaciones podría tener un efecto de derrame sobre otras economías porque fortalecería el dólar, opinó el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld. Hay efectos significativos de contagio que estamos mirando, añadió Obstfeld, quien informó que los ministros de Finanzas del G-20 y funcionarios de los bancos centrales discutirán el asunto esta semana en su reunión en Baden-Baden, Alemania.

Es un tema legítimo para la discusión (...) será discutido. Habrá muchas preguntas entre los ministros de Finanzas, sostuvo Obstfeld. Señaló que un ajuste propuesto en los impuestos fronterizos de Estados Unidos podría impactar a otras economías vía el tipo de cambio. Las economías emergentes, como la de Arabia Saudita, podrían estar entre las más afectadas.

Consultado sobre la política monetaria ultraflexible del Banco Central Europeo, que algunos funcionarios conservadores esperan que se revierta, Obstfeld añadió que el BCE está haciendo buen trabajo y que el FMI no es defensor del desmantelamiento prematuro de las políticas de estímulo.

Añadió que las negociaciones para el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea deberían concretarse lo antes posible para reducir la incertidumbre.

El secretario del Tesoro Estados Unidos, Steven Mnuchin, solicitará al G-20 que sus miembros cumplan compromisos asumidos en materia cambiaria, precisó un alto funcionario del departamento. El funcionario, que pidió anonimato, anunció que el G-20 puede ser un foro útil para promover asuntos que interesan a Estados Unidos, incluido el fomento del crecimiento económico mundial y evitar la depreciación de monedas para ganar ventajas comerciales. Para Mnuchin será su primer encuentro con sus pares del G-20, foro que agrupa a grandes economías mundiales.

El funcionario rehusó decir si Estados Unidos demandará emplear un lenguaje enérgico sobre las tasas de cambios durante la reunión ministerial en Baden-Baden. Indicó, sin embargo, que los comunicados anteriores del G-20 sobre ese tema son muy importantes.

El manejo de la tasa de cambios para ganar competitividad comercial está al tope de las inquietudes de la Casa Blanca. Dos miembros del G-20, Alemania y China, ha sido acusados por altos funcionarios estadunidenses de aprovechar la debilidad de sus monedas ante el dólar para mantener abultados superávits comerciales con Estados Unidos.

El lenguaje del G-20 en materia cambiaria ha sido consistente durante muchos años. Varios de sus integrantes han prometido evitar devaluaciones competitivas y no utilizar la tasa de cambio con propósitos de competitividad. El funcionario del Tesoro aregó que implementar esas promesas es un tema clave y añadió que Estados Unidos estará atento a que todos los países cumplan esos compromisos.

El G-20 también aboga contra toda forma de proteccionismo comercial, pero también en esto el funcionario declinó especular sobre eventuales cambios de posición en el comunicado que se divulgará tras la reunión ministerial. Mnuchin mantendrá varios encuentros bilaterales, uno con el ministro de Finanzas de China, Xiao Jie.

El pasado 10 de marzo en París, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, advirtió sobre los peligros del proteccionismo. En entrevista publicada por el periódico Le Parisien-Aujourd’hui en France, declaró que las actuales incertidumbres no son económicas o financieras, son políticas.

 

Publicado enEconomía
Economía: I bimestre en blanco y negro

Al contrario de lo que muchos piensan o esperan, al despegue de 2017 el desempeño de la economía aunque muestra buenos síntomas también hay nubarrones. Se destaca el crecimiento de las exportaciones, el recaudo de impuestos al alza, pero el crecimiento está frenado y el desempleo sigue acosando a la población, con problemas de desarrollo de la infraestructura y con la confianza industrial en terreno negativo.

 

Inflación, tendencia a la baja


Tal y como lo estimaban los analistas el Índice de Precios al Consumidor viene a la baja desde septiembre de 2016. Al cierre de febrero de 2017 el costo de vida para los colombianos se ubicó en 1,01%, con una reducción importante en el precio de los alimentos. El acumulado de la inflación en los dos primeros meses del año llegó a 2,04% y en los últimos 12 meses la variación del IPC fue de 5,18%. De marzo 2015 a febrero de 2016 fue de 7,59%.

Aumentan las exportaciones


En enero de 2017 se exportaron US$2.614,4 millones Free On Board y en enero de 2016 se exportaron US$1.869,0 millones FOB con una variación de 39,9%. En enero de 2016 la variación fue -35,6%. A enero de 2017 se registran tres períodos consecutivos con tasas de crecimiento positivas. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 28,0% en el valor total exportado; le siguieron en su orden, Panamá, España, China, Ecuador y Bahamas.

Tasas de interés se reducen


En las últimas reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República, los codirectores del Emisor han decretado una baja en las tasas de interés de referencia. Al cierre de 2006 la tasa repo del Banco Central se ubicaba en 7,50% y en su reunión de finales de febrero determinó otro recorte de 25 puntos básicos, con lo que la tasa de referencia del Emisor quedó en 7,25: Tanto el Gobierno como analistas económicos han solicitado una baja agresiva del costo del dinero a fin de reactivar la economía.

Cayó confianza del consumidor


Durante enero la confianza del consumidor en la economía cayó a sus niveles más bajos históricamente. Este indicador, medido por Fedesarrollo registró una reducción del 30,2%, lo que representa una contracción de 19,6 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2016. Este es el nivel más bajo desde que se realiza la encuesta desde 2001. el efecto se sintió con fuerza en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. A esto se suma que el índice de confianza se contrajo en todos los niveles socio-económicos.

Desempleo sigue a la baja


Las más recientes cifras del DANE indican que la tasa de desempleo en Colombia se redujo, aunque levemente en enero de 2017. En el primer mes del año, el desempleo fue 11,7% y la de enero de 2016 fue 11,9%. En el trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017 la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 9,3% y completa 4 periodos consecutivos noviembre-enero con tasas de un dígito. Las tasas de desocupación más bajas se registraron en Santa Marta con 7,9%, Barranquilla con 8,1% y Bucaramanga con 8,6%. Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron Cúcuta AM con 16,5%, Quibdó con 15,9% y Armenia con 15,2%.

El dólar, una moneda volátil


La divisa norteamericana abrió 2017 con un precio de $3.000,71. Durante enero la moneda estadounidense en el mercado colombiano registró una tendencia a la baja hasta llegar a los $2.855 y luego, durante febrero, un mes marcado por la volatilidad de los mercados internacionales comenzó a corregir su rumbo hacia los $2.960, gracias a los anuncios de la Reserva Federal de los Estados Unidos de una posible nueva alza en las tasas de interés en ese país, lo que daría como resultado una corrida de dólares de mercado nacional hacia la nación del norte.

Petróleo baja producción, precio estable


Colombia es uno de los países que más se vio afectado a nivel mundial por la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales iniciada en 2014. Durante el llamado ‘boom’ petrolero las exportaciones del país superaban los US$60 mil millones de dólares, pero con la caída de los precios del crudo las ventas nacionales se redujeron en el último año hasta US$36 mil millones. Durante enero la producción promedio de crudo de 860 mil barriles por día, presentando un aumento de 2,74% respecto a diciembre del 2016. El crecimiento obedece al incremento de producción en los campos Casabe, Castilla Norte, Chichimene, Infantas, La Cira, Rubiales, Provincia y Quifa. El precio del barril en el mercado internacional ha oscilado alrededor de los US$53.

Gasolina más cara por impuestos


El valor promedio del galón de gasolina al inicio de 2017 era de $8.081, pero con la entrada en vigencia de la reforma tributaria de 2016, que contempla un impuesto de $135 por emisiones de carbono, el costo del carburante subió más de lo esperado. Para marzo el Ministerio de Minas y Energía reveló que en marzo el valor de los combustibles a los compradores quedó así: El precio de la gasolina subió $141 en Bogotá al pasar de $8.181 a $8.322. Por su parte el ACPM quedó en $7.756.

El recaudo de impuestos va bien


Durante enero de 2017, el recaudo bruto de los impuestos administrados por la DIAN alcanzó los $15,1 billones, valor que representa una variación nominal de 7,3% respecto al mismo período de 2016, en el que se logró recaudar la suma de $14,1 billones. El crecimiento del recaudo total se explica en buena medida por el comportamiento del recaudo del Impuesto al Valor Agregado, IVA, que presentó un incremento de 9,6% pasando de $5,5 billones en 2016 a $6,0 billones en 2017 mostrando una participación de 3,7% en la variación, es decir, que de los 7,3 puntos porcentuales en los que aumentó el recaudo del mes de enero de 2017 en relación con el mismo mes de 2016, el IVA explica 3.7 puntos porcentuales. De otra parte, por Retención en la Fuente a título de Renta, IVA y Timbre, en enero se logró un recaudo de $5,0 billones revelando un crecimiento de 5% en relación con el mismo período 2016 y una contribución a la variación de 1,7%.

Café mejora producción


La producción de café para el primer semestre del 2017 estará entre los 6,3 y 6,8 millones de sacos, que tendrá un comportamiento similar los últimos seis meses del año y una cosecha total entre los 14.2 y 14.5 millones de sacos. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, explicó que hoy la caficultura colombiana esta renovada y con un precio interno que ha venido mostrando una estabilización por encima de los US$800 mil, lo que lleva a decir que se ha recobrado la rentabilidad. "Hoy el cafetero está más tranquilo, está siendo capaz de pagar sus deudas, de empezar a pensar a futuro y en cómo manejar su finca hacia adelante", indicó el dirigente.

Publicado enColombia
Miércoles, 01 Febrero 2017 07:34

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enColombia
Domingo, 29 Enero 2017 09:21

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enColombia