Martes, 24 Enero 2017 17:12

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enEdición Nº231
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enEdición Nº231
Amenaza Trump a Toyota con fuerte impuesto a autos hechos en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Toyota con la aplicación de un fuerte impuesto si continúa con sus planes de construir una planta en México para exportar autos a su país. Toyota dijo que construirá una nueva armadora para construir autos Corolla para Estados Unidos. ¡De ningún modo! Construyan en Estados Unidos o paguen un fuerte impuesto fronterizo, escribió en su cuenta de Twitter.

 

En tanto, en Tokio, los presidentes de Toyota y Honda dijeron que no tienen planes inmediatos de reducir su producción de vehículos en México, ya que prefieren esperar hasta después de que Trump asuma la presidencia antes de decidir cambios. Toyota espera colaborar con el gobierno de Trump para servir en el mejor interés de los consumidores y la industria automotriz, afirmó el vocero de la compañía, Scott Vazin. El valor del peso mexicano se ha hundido en medio de los temores de que las políticas de Trump dañarían a la segunda mayor economía de América Latina.

 

Por su parte, Toyota México dio a conocer que los volúmenes de producción y de empleo en la región de Norteamérica no se verán afectados como resultado de nuestra nueva planta en Guanajuato, anunciada en abril de 2015. Añadió que no hay cambios en la estrategia regional bajo las circunstancias actuales.

 

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, dijo más temprano el jueves que su compañía no tiene planes inmediatos de reducir su producción en México y que prefieren esperar a que Trump asuma la presidencia, el próximo 20, antes de decidir algún cambio. Producimos automóviles en México para mercados de Norteamérica y Europa y no tenemos planes inmediatos de cambiarlos, sostuvo el presidente ejecutivo y presidente de Honda Motor Co Ltd, Takahiro Hachigo, en la misma reunión.

 

Al mismo tiempo se dio a conocer que Ford deberá regresar al gobierno de San Luis Potosí el terreno de 280 hectáreas donde construiría su planta. El secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, Gustavo Puente, dijo a Notimex que los directivos de Ford volverán para iniciar el proceso de retiro en el lugar. Toyota, Honda y Nissan Motor Co Ltd, las principales automotrices de Japón, tienen instalaciones de producción tanto en Estados Unidos como en México. Toyota y Honda también operan plantas en Canadá.

 

Esta es la más reciente de las amenazas del presidente electo de Estados Unidos contra automotrices que construyen en México y exportan a Estados Unidos, luego de que esta semana amagó a General Motors con tasar con un fuerte impuesto las exportaciones de sus autos Chevy Cruze fabricados en su planta mexicana.

 

El segundo día hábil del año que se inicia Ford anunció su decisión de cancelar una inversión de mil 600 millones de dólares para la construcción de una planta en el estado de San Luis Potosí, tras meses de ser criticada por Trump. Ford expresó que su decisión obedecía a una baja en la demanda de sus autos compactos, aunque Trump se apresuró a felicitar a la empresa por su decisión. Buena parte de los vehículos producidos en México y Canadá son exportados a Estados Unidos, el mayor mercado para los fabricantes de vehículos japoneses.

 
El plan de Toyota

 

Toyota anunció en septiembre pasado sus planes de invertir 150 millones de dólares para modernizar su planta en Baja California, que fabrica camionetas pick up modelo Tacoma en el norte de México. La planta produciría cerca de 200 mil autos modelos Corolla destinados al mercado de América del Norte para 2019.

 

En un encuentro con medios de comunicación en Japón, el presidente de la empresa, Akio Toyoda, insinuó que tomaría en cuenta al presidente electo Donald Trump en las decisiones de la empresa para participar en el mercado de Estados Unidos.

 

Toyoda afirmó, según versiones de prensa, que le gustaría observar de cerca varias decisiones que tome Trump respecto de los acuerdos comerciales de Estados Unidos, en especial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El TLCAN ha sido clave para la operación de la industria automotriz en América del Norte, con cadenas de valor integradas y una producción conjunta entre países.

 

Los fabricantes de automóviles en Estados Unidos han sido criticadas por Trump por construir vehículos en fábricas de costos más bajos al sur de la frontera, algo que en su opinión afecta al empleo en Estados Unidos. La presión para frenar esa práctica de las empresas se intensificó esta semana, después de que Ford Motor Co dio marcha atrás en sus planes de construir una planta de ensamblaje en México valorada en mil 600 millones de dólares tras la presión del presidente electo.

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Ford renuncia a invertir 1.600 millones en una planta en México tras las amenazas de Trump

En su lugar invertirá 671 millones en otra planta en suelo estadounidense, aunque el presidente del gigante automovilístico niega que la decisión obedezca a las presiones del republicano. El presidente electo de EEUU también ha amenazado a General Motors.


WASHINGTON.- Ford ha cancelado este martes la inversión de 1.600 millones de dólares (1.534 millones de euros) en la localidad mexicana de San Luis de Potosí, donde tenía previsto construir una nueva planta de montaje de vehículos.

En un comunicado, Ford también dijo que producirá la nueva generación del modelo Focus en la planta de montaje de la ciudad mexicana de Hermosillo "para mejorar la rentabilidad de la compañía", y que invertirá 700 millones de dólares (671 millones de euros) en la fábrica estadounidense de Flat Rock (Michigan).

El presidente de Ford, Mark Fields, negó después, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN, que la cancelación de la inversión en México fuese una concesión al presidente electo de EEUU, Donald Trump, que defiende un proteccionismo económico que poco antes había amenazado en Twitter a General Motors por producir sus vehículos en México.
"No hemos llegado a un acuerdo con Trump. Lo hemos hecho por nuestro negocio", aseguró Fields.

La planta de San Luis de Potosí tenía previsto producir la nueva generación del Ford Focus. Ford añadió que la inversión de 700 millones de dólares en Flat Rock permitirá a la planta de montaje la producción de vehículos autónomos y eléctricos y creará 700 puestos de trabajo directos.

Los planes de producción del fabricante estadounidense en México han sido frecuente objetivo de los ataques de Trump en los últimos meses. En septiembre de 2016, Trump amenazó con aranceles aduaneros del 35 % a los productos de Ford producidos en México.
Trump, a GM: "Fabrique en EEUU o pague un gran arancel aduanero"
Trump también afirmó que Ford despediría trabajadores en Estados Unidos para producir vehículos en San Luis de Potosí, lo que fue rotundamente negado por Fields.
Entonces Trump declaró: "¿Sabes lo que va a pasar? Nunca se van a ir (a México)".

Poco antes del anuncio de Ford, el presidente electo atacó a General Motors (GM) y amenazó al fabricante con la imposición de aranceles aduaneros a menos que produzca sus vehículos en Estados Unidos.

Trump dijo hoy en un tuit que "General Motors está enviando el modelo Chevy Cruze hecho en México a los concesionarios de EE.UU. sin tarifas. ¡Fabrique en EE.UU. o pague un gran arancel aduanero!".

Tras el tuit de Trump, GM dijo en un breve comunicado que produce la versión sedán del Cruze en Ohio. "Todos los Chevrolet Cruze sedán en venta en Estados Unidos son producidos en la planta de montaje de GM en Lordstrom, Ohio. GM produce el Chevrolet Cruze de cinco puertas para mercados globales en México y un pequeño número es vendido en Estados Unidos", explicó el fabricante.

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Viernes, 09 Diciembre 2016 06:36

La fuerza de la transparencia

La fuerza de la transparencia

A ocho meses de publicada la investigación periodística llamada Panama Papers, el fisco uruguayo recuperó un millón de dólares y 8,8 millones el gobierno de Colombia, de un total de 110 millones rescatados hasta ahora, además de 375 lingotes de plata de Australia. Y miles de millones de dólares más están siendo rastreados en estos momentos.

 

El material periodístico generado por los archivos de la firma panameña Mossack Fonseca fueron 4.700 artículos e investigaciones, sólo considerando medios que formaron parte del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipi), a partir de la documentación obtenida por el diario Süddeutsche Zeitung y trabajada por el equipo formado por más de cien medios. Rindió sus frutos.


En un proceso que el Cipi estima llevará años, a partir de 11,5 millones de expedientes se hicieron ya 150 investigaciones en 79 países, abarcando a 6.520 personas. A consecuencia de estas investigaciones unas 400 compañías perdieron valor por 135.000 millones de dólares.


PIEDRAS Y YOGURT.


La revelación de la documentación y las implicancias investigadas hasta este momento por los medios participantes llevaron al cierre de nueve oficinas de Mossack Fonseca, que fue demandada por 500 mil dólares (una cifra que aparenta ser exigua). La víspera del domingo 3 de abril, fijado como Día D del destape, en El Salvador las autoridades secuestraron 20 computadoras en las oficinas locales de Mossack Fonseca. Una vez publicada toda la información elaborada hasta ese momento, hubo manifestaciones de protesta en todos los continentes menos en la Antártida. Y en Uruguay. En Pakistán tiraban piedras y en Islandia yogurt a las oficinas implicadas, relata un artículo de Will Fitzgi¬bbon y Emilia Díaz-Struck en el sitio del Cipi con motivo de cumplirse ocho meses del deschave.


La reacción oficial en los países involucrados fue abrir investigaciones, realizar cientos de allanamientos y arrestos, poner multas, aceptar la renuncia de tres cabezas de Estado y numerosos jerarcas, el planteo parlamentario de reformas legales y cónclaves internacionales.


Oficiales del Tesoro de Estados Unidos propusieron crear un registro nacional corporativo que descorra el velo del secreto en manejos financieros que hoy habilita la legislación en Delaware, en Nevada y en otros estados, y medidas para acceder a información de bancos internacionales, particularmente en investigaciones que impliquen a jerarcas de gobiernos no estadou¬nidenses.


Un documento público de la Casa Blanca, citado por el artículo, afirma que los Panama Papers “han puesto bajo la luz los temas de actividad financiera ilícita y evasión fiscal”. En octubre el senador demócrata por Oregon Ron Wyden, integrante del Comité de Finanzas del Senado, le escribió al Departamento del Tesoro y al Irs (servicio de recaudación impositiva) preguntando qué información habían recogido de lo divulgado por el consorcio de periodistas.


“Las noticias a consecuencia de la publicación de los Panama Papers dieron destaque a tratos opacos de compañías fantasmas, sin actividad de negocios significativa, en todo el mundo”, señaló Wyden, y expresó su preocupación por el uso de compañías offshore “como vehículo de evasión impositiva”.


En noviembre la Europol (la Interpol específicamente europea) dio cuenta de haber encontrado 3.469 coincidencias a investigar entre la información de los Panama Papers y sus propios expedientes sobre crimen organizado, evasión fiscal y otras actividades criminales. De esas coincidencias, 116 se relacionan con el proyecto de investigación de terrorismo islámico de Europol.


Según Simon Riondet, jerarca de inteligencia financiera del organismo, la importancia de los Panama Papers demostró exceder el ámbito de los delitos económicos para producir información e inteligencia sobre terrorismo, el crimen organizado ruso, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la inmigración ilegal y los delitos cibernéticos.


El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, están inmersos en escándalos y procesos en marcha, el primero por presidir una compañía de Bahamas que omitió declarar en su publicación obligatoria de bienes, y el segundo por las offshore a través de las cuales sus hijos poseen bienes inmuebles en Londres.


Tras reaccionar con una auditoría interna a la publicación de los Panama Papers, el mayor banco de Escandinavia, Nordea, admitió que en muchas instancias procedió “claramente por debajo” de sus propios estándares de identificación de clientes riesgosos y delitos potenciales, como lavado de dinero. El banco informó haber bloqueado 68 cuentas a consecuencia de su auditoría. Este caso forma parte de una reacción común de las mayores instituciones financieras, con equipos de respuesta a los Panama Papers, según aseguró la consultora Kpmg. Algunos de esos equipos son de tiempo completo y están integrados por diez o más personas.


En su análisis, el Cipi ponderó la respuesta de los estados a la publicación de los Panama Papers. Desde las Cook (15 islas que suman 58 mil habitantes) hasta el segundo país más poblado del mundo, India, con 1.311 millones de habitantes, todos registran acciones de contención, castigo y prevención.


El Wall Street Journal informó el 28 de julio que fiscales de Estados Unidos investigan a empleados de Mossak Fonseca por haber ayudado a clientes a lavar dinero o evadir impuestos, lo que implicaría causas judiciales por conspiración criminal. El poder legislativo de Taiwán adoptó medidas más severas de contralor impositivo, el gobierno de Nueva Zelanda estableció una comisión investigadora sobre la reglamentación financiera tras revelarse que la reputación de transparencia del país era usada para encubrir formas de evadir el impuesto a la venta. En Mongolia, la reacción ante la revelación de que pasados y actuales jerarcas de gobierno tienen compañías offshore fue promulgar una ley que penaliza a los funcionarios públicos que no declaren debidamente sus posesiones.


También en octubre, el parlamento panameño aprobó una legislación que hace más estrictas las disposiciones contables de las compañías offshore, lo que es considerado por el Cipi como un triunfo de gobiernos que por años han presionado para que se les revele lo que sus ciudadanos tienen en el exterior. En qué medida esta transparencia actúa no está, sin embargo, muy claro aún.


Líbano, otro centro financiero internacional, también aprobó en octubre una legislación que facilita el intercambio de información impositiva. También en Irlanda y en Alemania se propuso legislar para facilitar un mayor contralor, y el proyecto de ley del ministro de Finanzas alemán fue bautizado como “la ley Panamá”.


Sólo en noviembre 1.300 contribuyentes cayeron bajo la lupa de los investigadores de la evasión impositiva en Gran Bretaña, Canadá, Francia, India y Pakistán. En Islandia, el primer ministro Sigmundur Gunnlaug¬sson se enteró de que estaba implicado durante una entrevista televisiva. “Me estoy empezando a sentir un poco extraño ante estas preguntas, porque pareciera que se me acusa de algo”, dijo, y se retiró del set. Renunció al día siguiente, el 5 de abril.


No sería el único. Mihran Poghosyan, el alguacil mayor de Armenia, renunció tras negar las revelaciones iniciales. Y José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo de España, aguantó el embate de las revelaciones durante cinco días antes de dimitir. El presidente de un banco estatal de Austria, Hypo Landesbank Vorarlberg, renunció casi de inmediato, y en Holanda lo hizo un miembro de la junta de supervisión del Abn Amro luego de que se informara sobre sus vínculos con una compañía off¬shore de las Islas Vírgenes británicas. En Uruguay, Juan Pedro Damiani renunció al Comité de Ética de la Fifa luego de informes sobre negocios con tres personas acusadas en el escándalo de corrupción que atravesó la institución. Una compañía finlandesa echó a su gerente de ventas ante la revelación de que podría haber ayudado a lavar dinero ruso a través de una compañía panameña.


IMPRUDENTE.


El 5 de octubre Ramón Fonseca se apresuró. El cofundador de Mossack Fonseca fue a la panadería Momi, en Panamá City, y compró una torta y magdalenas. El ex asesor del actual presidente Juan Carlos Varela quiso celebrar que habían pasado seis meses sin que hubiese ni una sola demanda en contra de la firma. Afirmación dudosa, pues su bufete había sido multado en abril con 31.500 dólares en las Vírgenes británicas, y en octubre lo sería con 440 mil dólares, la mayor multa de la historia de las islas a un operador registrado. También fue multado en dos estados de Estados Unidos por irregularidades, con 10 mil dólares cada vez. En octubre, y ante periodistas del Süddeutsche Zeitung, el presidente panameño dijo que su ex asesor Fonseca “deberá hacerse responsable de sus acciones, y por último someterse a la justicia”.


La ola de arrestos también fue global, y abarcó una docena de países. Los primeros fueron en Uruguay: el 22 de abril la Policía apresuró la operación contra el cártel de drogas mexicano Nueva Generación y detuvo a 11 personas –entre ellas a su jefe, Gerardo González Valencia– que estaban lavando dinero comprando inmuebles en Punta del Este a través de empresas de fachada. Su hermano Abigael, hoy detenido, encabezaba otro cártel, Los Cuinos.


La más importante reacción a la publicación de los Panama Papers, que bien puede valer como criterio de verdad sobre su importancia, se produjo a los cuatro días de la publicación: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) reunió a los jerarcas de los organismos impositivos de 28 países miembros en París para discutir el lanzamiento de la mayor operación conjunta de investigación impositiva hecha hasta ahora. Unieron fuerzas con el G 20 y pusieron en marcha el Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, fuerza de tareas conjunta en materia de inteligencia compartida y colaboración. Habrá más noticias para este boletín.

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Martes, 29 Noviembre 2016 06:30

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

Publicado enColombia
Lunes, 28 Noviembre 2016 17:16

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

Publicado enEdición Nº230
Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

Una política económica impulsada y propiciada por intereses globales. El extractivismo1, como dinámica de acumulación de capital, fue implantada en América Latina desde principios de los 90 del siglo XX. Llegó a la región de la mano del neoliberalismo y de las reformas institucionales impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales con “recomendaciones” contenidas en “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (1993), dieron facilidades a las empresas mineras en temas centrales como la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, y asegurando las inversiones con políticas de exención de impuestos y flexibilidad laboral y ambiental.

 

Es así como tomó forma el boom extractivo de los 90, que continúa hasta nuestros días, motor del modelo neoliberal. Para el caso de América Latina, el extractivismo se apoyó en una agresiva atracción de la Inversión Extranjera Directa –IED–, la que en países como México, Perú y Colombia, logró estabilidad con importantes picos de alza en años específicos (ver gráfica 1), donde la dinámica de apropiación de riqueza ha sido inmensa.

 

Auge con tres puntos de inflexión, coincidentes con tres olas de la crisis económica global: 2009 (crisis por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos), 2012-2013 (crisis de pagos en Europa, aunque México es el único país en el que no disminuyó la IED), y 2015 (crisis de precios de los commodities, con efecto especial en los países “en vía de desarrollo”). Asistimos, de acuerdo a lo anotado, a un periodo de estabilidad y a la espera, por parte de los inversionistas transnacionales, de que los precios de las materias primas se recuperen, espera que no significa que dejen de extraer.

 

Política e inversiones que generan que buena parte del sistema productivo se concentre, extranjerice y privatice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; por ejemplo, convirtiendo a los países receptores en rentistas-extractivistas, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado mundial.

 

Políticas que han propiciado la privatización de importantes segmentos de la economía nacional, o la adquisición de miles de hectáreas de tierra por parte del capital internacional. Inversiones que no han significado mejoras para la población de estos países. Por ejemplo, México tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la Ocde. De igual manera, dentro de esta organización México es el país con menor gasto en protección social, lo que equivale al 7.4 por ciento del PIB2, para el caso peruano, las mejoras tenidas en el país no corresponden con los altos niveles de IED, así pues, para el año 2014, mientras a nivel nacional el porcentaje de población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha –NBI– era de 20.5 por ciento, en las zonas donde más se explotan bienes naturales (Cajamarca, Huancavelica y Apurímac), tal porcentaje era de 27.8 por ciento, 36.3 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

 

En el caso colombiano, algunos datos demuestran como el desarrollo llegó sólo como un discurso pues el 33 por ciento de los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, cuando a nivel nacional tal indicador es igual a 12 por ciento. En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón las NBI es de 56 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 29 por ciento (Rudas, 2012). En los municipios vecinos a El Cerrejón la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es crítica: 11.15 por ciento de desnutrición global o bajo peso, en comparación del 3.43 por ciento correspondiente al promedio nacional (Pnud, 2013).

 

Gobiernos progresistas

 

Estos indicadores sirven como referencia para lograr entender las semejanzas y diferencias existentes entre los modelos de gobierno. Los de izquierda en Latinoamérica no son ajenos a las lógicas del macrosistema extractivo, pues en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos abiertamente progresistas, se desarrolla lo que se denominó “neo-extractivismo”, que de igual forma busca apropiarse de los bienes naturales para la exportación.

 

El punto que marca la diferencia entre un modelo y otro, es el papel que juega el Estado, pues mientras en el extractivismo clásico el Estado no juega un papel primordial, se dice que es un “Estado mínimo” o un “Estado pequeño”, que permite el libre accionar de las empresas extractivas, sin interrumpir, ni torpedear su dinámica de acumulación, en el neo-extractivismo el Estado juega un papel más activo, especialmente en la captura de las (macro) ganancias que generan, con el fin de utilizarlas en política social.

 

Para el caso venezolano, entre 2001 y 2014 Pdvsa destinó 26.080 millones de dólares para inversión social. Este rubro se centró en vivienda, alimentación, proyectos generados desde las comunidades, entre otros3. Lo anterior puede verse de manera más clara en el incremento experimentado por el gasto público en el país, pues pasó de 0.9 por ciento en 1990 a 6.1 por ciento en 2012 según el Sisov, y tiene el índice de Gini más bajo de América Latina, igual a 0.39284.

 

Contrastando con esto, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales no muestran mayores mejorías, por ejemplo, en el Estado Zulia el porcentaje de NBI es de 32 por ciento, mientras el nacional es de 27 (Inei, 2014), en Anzoátegui el índice de pobreza extrema es del 11 por ciento, en Falcón es del 11.6: a finales de 2013 la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 por ciento.

 

Para el caso de Ecuador, de acuerdo con el Banco Central, por cada US$100 que ingresan al país, US$60 corresponden a la exportación de petróleo, sumado a esto, entre 1970 y el 2012 el promedio de IED fue de US$340 millones; en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de $123.000 millones, lo que muestra la importancia del sector para el país.

 

Se explican así las mejorías sociales para la población ecuatoriana (ver gráfica 2), a costa del extractivismo, debate actual para todos los movimientos que se proponen ser gobierno. De forma evidente, han disminuido tanto las NBI como la pobreza medida por ingresos (gráfica 3), aunque en las zonas rurales, donde se desarrollan las extracciones de bienes naturales, siguen siendo más altas que en el resto del país.

 

En el caso boliviano, Evo Morales busca fortalecer su proyecto político con lo que denominó extractivismo social centrando sus actividades en la extracción de gas, minerales y petróleo. Para el 2014 la IED en Bolivia fue de 1482 millones de dólares, de estos 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el petróleo el sector de mayor inversión (BCB, 2015).

 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, el país no es ajeno a los problemas sociales generados por la apropiación de los bienes naturales, y por ende los índices sociales tienden a estancarse. Así pues, aunque al igual que en otros gobiernos progresistas se registra disminución de la pobreza y la miseria, Bolivia a 2014 tenía dos millones de personas en extrema pobreza, seiscientas cuarenta y un mil personas en el sector urbano, y un millón trescientas mil en el sector rural.

 

Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neo-desarrollismo y los aplicaron a uno de sus principales proyectos de gobierno, aumentando la intervención del Estado en el sector de bienes primarios, y creciendo su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, intentando lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte por las ganancias obtenidas de la bonanza del sector, y por la transferencia tecnológica obtenida de las empresas extranjeras.

 

Para complementar, es importante entender que la caída de los precios de este tipo de recursos naturales coincide con el cierre del ciclo progresista latinoamericano, pues ante la disminución de los recursos provenientes de las actividades extractivas que financiaban las políticas sociales, es mucho más difícil legitimar las formas de gobernar. La disminución de los subsidios y programas sociales generan un ambiente propicio para la contraofensiva de la derecha latinoamericana. La dependencia del sector primario–exportador, que genera divisas para la política social termina siendo un bumerán contra los mismo gobiernos.

 

La pregunta por la alternativa

 

Aunque con las críticas necesarias que debe hacérseles, es imposible negar que estos gobiernos abrieron una puerta para los movimientos populares, dando pistas en cuanto al cómo actuar en el marco institucional. Esta es una realidad, como también lo es que con sus políticas lograron contener al capital y al imperialismo. Pese a lo cual la discusión de fondo sigue abierta, ¿cuál es la alternativa al desarrollo? ¿Cuál es la alternativa al extractivismo?

 

Extractivismo, ¿sí o no? Lo cierto es que no puede pensarse que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta, el mundo necesita de cierto grado de extractivismo energético. Lo que es necesario definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo; quizás en el momento que esto sea resuelto los pueblos habrán ganado una gran batalla al capitalismo y al “desarrollo” que persigue.

 

1. Esta actividad puede comprenderse como la apropiación de grandes volúmenes de bienes comunes, generalmente sin valor agregado, centrada en la exportación y especulación financiera.

2. Pobreza y Desigualdad. Unicef México.

3. Desarrollo Social, Pdvsa. 2014.

4. El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. Nodal. 2016

Publicado enEdición Nº230
¿Realmente promueve la inversión, el empleo y la equidad?

Colombia se caracteriza por tener elevados índices de pobreza. Dentro del contexto internacional es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, situación de la que es responsable, en parte, la política de gastos y recaudos públicos.

El gasto público tiene como finalidad dotar a la sociedad de cierta cantidad de bienes colectivos, como la justicia, la seguridad, la defensa nacional, carreteras, parques, servicios públicos domiciliarios, salud, educación, etc., siendo el gasto público social prioritario por mandato constitucional para que tenga un efecto redistributivo.

No obstante, el presupuesto de gasto público dedica casi el 25% al servicio de la deuda ($50 billones en el 2016) que favorece al capital financiero. También las ayudas y subsidios benefician muchas veces más a los ricos que a los pobres, como se evidenció con el escandaloso programa Agro Ingreso Seguro. Pero el mayor problema que distorsiona la finalidad del gasto público, es el fenómeno de la corrupción, que, según un informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas, le costó al país alrededor de $189 billones entre los años 1991 y 2010, equivalentes al 4% del PIB durante esos 19 años.

El sistema tributario a su vez tiene un bajo nivel de recaudo (14,7% del PIB), es profundamente inequitativo, tiene altos niveles de evasión (del 25% en renta e IVA), no apoya actividades empresariales con mayor impacto en la generación de empleo, y su alta dependencia de la producción y exportación de productos minero-energéticos ha causado un hueco fiscal de $27,2 billones ante la abrupta caída de sus precios internacionales. Por otra parte, tras la caída de la renta petrolera, la devaluación del peso frente al dólar ha encarecido el pago de intereses de la deuda en $ 7,2 billones. En resumen, el faltante en las finanzas públicas de este año asciende a $ 34,4 billones (4,3% del PIB).

Una paz estable y duradera necesita que la política macroeconómica garantice una mejor redistribución del ingreso y promueva el desarrollo industrial y agrícola, que son los sectores que mayor impacto pueden tener en el empleo en cantidad y calidad, lo que a su vez fortalecería la demanda interna como condición necesaria para la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Nos corresponde en esta perspectiva diseñar un sistema tributario que se fundamente en los principios establecidos en la Constitución Política de equidad, eficiencia y progresividad.

El proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso por parte del Gobierno no tiene ese enfoque. No garantiza un mayor recaudo mediante el desarrollo de actividades empresariales en la economía real, y por tanto de empleos con mejores ingresos. Mantiene la inequidad horizontal y vertical, y les da mayor peso a los impuestos regresivos. Veamos:

1. Disminuye el impuesto de renta a las empresas a una tarifa única del 32% y no incorpora el principio de progresividad. Se aumenta la tarifa a las personas naturales que ya declaran renta y se incorporan 500 mil nuevos contribuyentes, al bajar el ingreso mínimo para declarar de $3,7 millones a $2,65 millones. Sin embargo, el aumento de la base de contribuyentes no compensa la rebaja al impuesto de renta a las empresas, por lo que se espera que en 2017 por este concepto se reduzca el recaudo en casi $2 billones.

2. No elimina los beneficios tributarios (zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, otras exenciones) que generan inequidad horizontal.

3. Aumenta la tarifa general del IVA del 16% al 19%, e incorpora servicios del sector de telecomunicaciones. De hecho, el 60% de la canasta familiar ya tiene IVA, por lo que se calcula un impacto en la inflación de un 2%. Por este impuesto, que grava el consumo y es altamente regresivo (en términos relativos paga más el que menos gana), el Gobierno espera aumentar el recaudo en $8,2 billones.

4. Aumenta el impuesto a la gasolina. Este es un impuesto indirecto, que también tendrá un impacto regresivo con el incremento de precios de la canasta familiar. Con él espera el Gobierno recaudar casi $1 billón.

5. De manera general les permitirá a las empresas el descuento del IVA pagado en compras de bienes de capital. No hay un tratamiento diferenciado favorable para los sectores estratégicos en el desarrollo y la generación de empleo.

6. Otros puntos del proyecto proponen: una tarifa del 10% a los dividendos, no pagarán impuestos las pensiones altas, se mantiene el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro, se establece el monotributo a los pequeños negocios, y cárcel para los evasores.

Sigue siendo un reto para nuestro país tener un sistema tributario ajustado a los principios constitucionales, que cumpla no solo las funciones de generar los ingresos necesarios para el funcionamiento del Estado, sino también alentar las actividades empresariales que benefician el empleo y castigue las especulativas, que son probadamente nocivas al bienestar general.

La mejor reforma tributaria es un programa de desarrollo económico que amplíe la base tributaria al aumentar la densidad y rentabilidad empresarial del sector real y el empleo estable y bien remunerado. La política tributaria puede contribuir a este propósito si se dan ventajas tributarias solo a las empresas productivas que reinviertan utilidades en modalidades de alto contenido de capital y tecnología, mientras se gravan con altos impuestos a las formas parasitarias, insanas y rentísticas del ingreso, que está más que probado tienen bajo impacto en el empleo.

¿Tiene presentación política una reforma tributaria que mantiene la inequidad y aumenta la regresividad? ¿Una reforma en la que el mayor recaudo recae en las capas medias, y que es inferior a la plata que se pierde en corrupción, evasión y exagerados beneficios tributarios?

 

Por Carlos Julio Díaz 
Director General de la ENS.

Publicado 24 de octubre de 2016.

Publicado enColombia
Sábado, 22 Octubre 2016 06:59

La política económica y la paz

La política económica y la paz

 

 

En contravía


Las propuestas y acciones del gobierno para salir de las dificultades económicas no tienen nada que ver con los acuerdos que se están discutiendo con las FARC. Tampoco son consistentes con la búsqueda de la equidad, que es uno de los pilares del Plan de Desarrollo del gobierno Santos, Todos por un Nuevo País.


El discurso y la estrategia gubernamentales ante la crisis que atraviesa la economía colombiana tienen cuatro características desafortunadas:


• son unicausales;
• son inmediatistas;
• son tímidos, y
• son esquizofrénicos.

 

 

Diagnóstico simplista


Se insiste en que la crisis tiene su origen en la caída de los precios de los hidrocarburos. Al gobierno le conviene esta visión unilateral porque toda la responsabilidad dependería de factores externos, que no tendrían ninguna relación con las decisiones de política interna.


Pero las dificultades actuales tienen causas más profundas, relacionadas con no haber sembrado la bonanza petrolera y permitir que la economía experimentara los males de la enfermedad holandesa (apreciación del peso, aumento de las importaciones, destrucción del aparato productivo nacional).


El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha aumentado de manera sistemática. No se trata de un fenómeno coyuntural. Incluso cuando los precios del petróleo estaban altos, el déficit seguía creciendo: entre 2001 y 2015 este déficit pasó de 1,3 a 6,5 por ciento del PIB, y en 2012, cuando los precios del petróleo estaban en sus niveles más altos, ascendió a 3 por ciento del PIB. En otras palabras: aun en el mejor momento de la bonanza petrolera, la economía presentaba una situación frágil; no es cierto, entonces, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.


No es cierto, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.


En su momento no se aceptó que la economía sufría los síntomas de la enfermedad holandesa, y no se tomaron medidas para evitar la destrucción del aparato productivo industrial y agropecuario. El informe reciente de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano pone en evidencia la baja productividad y la poca competitividad del agro y recomienda que el Estado aumente la oferta de bienes y servicios públicos (vías, asistencia técnica, educación, salud, vivienda, crédito subsidiado, etc.); este camino, dice la Misión, es más adecuado que la distribución de subsidios directos como se hizo, por ejemplo, con Agro Ingreso Seguro.

 


Visión inmediatista

 

Como el problema es estructural, la solución requiere tiempo.


Pero se ha dicho que las medidas correctivas tienen que tomarse con urgencia, y que las calificadoras de riesgo no dan espera. En este afán no se están considerando medidas de mediano plazo, que son indispensables para consolidar la “nueva economía”, como ha llamado el gobierno al impulso de la agricultura, la industria y el turismo.


En el desespero por apagar las alarmas que han encendido las calificadores de riesgo, no se ha tomado en serio el primer punto del Acuerdo de La Habana. El cierre adecuado de la frontera agrícola, la formalización de la propiedad y la modernización del campo no se pueden realizar de la noche a la mañana. Por eso desde ahora deberían tomarse medidas como la modernización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y la delegación de la formación y actualización catastral a algunas ciudades y departamentos. En este momento únicamente Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia tienen catastros relativamente autónomos. Otras ciudades y entidades territoriales (como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) podrían asumir la responsabilidad de la formación y actualización catastral, con el visto bueno y la asesoría técnica del IGAC.


Las advertencias infundadas del presidente Uribe sobre los peligros que tendría la propiedad privada si se consolidan los acuerdos con las FARC parecen haber tenido eco, y ello se refleja en la negativa a subir los impuestos a la gran propiedad terrateniente y, en general, a la riqueza.

 


Acciones tibias


Nuevamente el gobierno no quiere molestar a los ricos. El ajuste fiscal se quiere hacer aumentando el IVA y buscando recursos entre los peluqueros y los tenderos de barrio. Mientras tanto se trata con mano blanda a las grandes propiedades agrícolas y a la riqueza. Y los llamados a la equidad vuelven a quedarse solo en buenas intenciones.


Está bien avanzar en la formalización de los peluqueros y de los tenderos, pero este proceso se puede llevar a cabo sin necesidad de aumentar la tributación de los pequeños propietarios.


En lugar de poner los ojos en los ingresos medios y bajos, el gobierno debería prestarle atención a la forma como se hizo el ajuste en Islandia. En 2008, cuando llegó la crisis, el índice Gini de Islandia era 0,29. A pesar de ser uno de los Gini más bajos del mundo, el gobierno consideró que el peso de ajuste fiscal debería caer, sobre todo, en los hombros de los más ricos. Y después de aplicar una política tributaria claramente distributiva obtuvo los ingresos necesarios y logró reducir el Gini a su nivel actual de 0,23.


No sobra reiterar que el Gini de concentración de la tierra en Colombia es cercano a 0,90. Y aun así, el presidente Uribe dice que desde La Habana se conjura un malévolo plan contra la propiedad privada.


En medio de su desespero, el gobierno opta por incomodar con más tributos a los tenderos y a los peluqueros, dejando tranquilo al 1 por ciento más rico de la población, que tiene el 20,5 por ciento del ingreso nacional, tal como observa la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.

 


Discurso esquizofrénico


Las discusiones sobre política económica se realizan como si los compromisos adquiridos en el punto uno del Acuerdo de La Habana fueran irrelevantes. Se pretende aplicar una ortodoxia que nada tiene que ver con un país que está tratando de salir de la guerra y que se ha comprometido a construir una sociedad más incluyente.


Es el momento para comenzar a tomar medidas que contribuyan a cerrar la enorme brecha entre lo urbano y lo rural, y a abrir el abanico de oportunidades para todos los colombianos.


El problema fiscal que se desprende de los acuerdos de La Habana no es conseguir los recursos para cubrir el actual nivel de gasto. El reto es mucho más complicado. Se trata de financiar un gasto que tiene que ser considerablemente mayor para que Colombia (la rural y la urbana) pueda ser el país más educado de América. Además, sin la acción decidida del Estado no es posible cumplir los objetivos de la “nueva economía”.

 


El gobierno opta por incomodar con más tributos a los tenderos y a los peluqueros.


Se debería tener claro que los recursos que se necesitan no son para responder a los chantajes de las calificadores de riesgo, sino para comenzar a construir la paz. Y en este proceso complejo, no basta con garantizar el acceso a la tierra. Tal y como se observa en el Acuerdo entre el gobierno y las FARC, se debe ir mucho más lejos: “Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural - niñas, niños, hombres y mujeres”.


La paz barata es frágil porque es excluyente. Ha llegado el momento de ordenar la política económica en función de los propósitos de equidad e inclusión. El tema no es importante solamente porque se haya discutido en La Habana, sino porque es la condición para modernizar un país que el año entrante aspira a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

 

Por Jorge Iván González, Cofundador de Razón Pública.

 

 

 

 

Publicado enColombia