Un país africano multa a ExxonMobil por una suma cinco veces mayor que su PIB

Un tribunal de Chad condena a la estadounidense ExxonMobil a una multa de 74.000 millones de dólares por no pagar impuestos

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Un tribunal de Chad ha condenado a ExxonMobil a una multa de 74.000 millones de dólares por no pagar impuestos, una suma que quintuplica el PIB de este país africano, informa Bloomberg.


La sanción impuesta a esta petrolera estadounidense, presente en Chad dsede hace 15 años, supera los 61.600 millones de dólares que la firma británica BP tuvo que abonar tras la avería que provocó un desastre ecológico en el golfo de México en 2010 y es 70 veces superior a los 977,5 millones de dólares con los que la propia ExxonMobil tuvo que compensar a unos pescadores de Alaska por un derrame de petróleo en 1989.


Jeffery Atik, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola (California, Estados Unidos), asegura que resulta "poco probable" que Chad obtenga toda esa cantidad porque "nadie les va a ayudar a imponer esta sentencia", mientras que Robert Amsterdam, especialista en derecho internacional, destaca que "no es una suma realista" y el país africano "nunca la cobrará".


En 2006 el presidente de Chad, Idriss Déby, acusó a la estadounidense Chevron y la malasia Petronas de no haber pagado los impuestos que les correspondían y exigió que abandonaran el país en 24 horas. Ambas firmas negaron las alegaciones y lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, en estos momentos el país atraviesa una crisis económica por la disminución de los ingresos de la industria petrolera y el terrorismo de la banda fundamentalista islámica Boko Haram.

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Al menos 11.000 personas volvieron a llenar la plaza ateniense de Syntagma.
El debate parlamentario se realizó en medio de una jornada de huelgas y manifestaciones. Habrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, y se establecerá un nuevo fondo de privatizaciones.

 

 

Syriza y sus aliados nacionalistas de derecha, el partido Griegos Independientes (Anel), aprobaron ayer en el Parlamento un paquete de medidas de ajuste que busca cumplir con las expectativas de los acreedores internacionales para continuar recibiendo ayuda financiera. El debate parlamentario se realizó en medio del segundo día de huelga de los trabajadores del subte de Atenas y de una única jornada de protestas y paro de los gremios que controlan los servicios de colectivos y trenes interurbanos. Además, al menos 11.000 personas volvieron a llenar la plaza ateniense de Syntagma, frente al Parlamento, para protestar contra el nuevo ajuste.

 

La ley escoba supondrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, con los que el Ejecutivo espera recaudar 1.800 millones de euros al año. El paquete también libera la venta de créditos morosos a fondos de inversión, configura el mecanismo de recorte automático del presupuesto en caso de que el gobierno no cumpla con los objetivos de superávit acordados con los acreedores y establece un nuevo fondo de privatizaciones.

 

Finalmente, la ley incluye un congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos en “régimen especial”, es decir, de jueces, personal militar o policías, durante un plazo de dos años. Con esta última medida, el gobierno griego espera ahorrar hasta 118 millones de euros por año. “Hoy se cierra un período difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un período que también tendrá sus dificultades”, concluyó el primer ministro Alexis Tsipras tras ganar la votación en el Parlamento.

 

“Los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia respeta sus compromisos, ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos”, agregó. El gobierno heleno confía en que el aumento de la recaudación previsto en la ley, sumado a los 3.600 millones anuales que se garantizó con recortes y subas de impuestos aprobados hace sólo dos semanas, ayuden a convencer mañana al Eurogrupo –foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro– para aprobar la primera revisión del tercer rescate y transferir la primera partida de ayuda. Además, Atenas espera que en la reunión de mañana el Eurogrupo acepte su pedido de iniciar un plan de alivio sustancial para la enorme deuda que pesa sobre el país del sur europeo.

 

En este sentido, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona acordaron el 9 de mayo, un día después de que Grecia aprobara el enésimo ajuste en medio de protestas, que iban a examinar en la próxima reunión del Eurogrupo medidas para aliviar la deuda del país heleno. Durante una reunión extraordinaria en Bruselas, los ministros trataron de convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que participase finalmente en el tercer rescate a Grecia con un alivio de la deuda griega a corto, medio y largo plazo, y con medidas de contingencia más equilibradas.

 

El objetivo de los ministros fue presionar por un lado a Grecia, que reclamó una declaración clara a favor de un alivio de la deuda helena, y por otra parte al FMI, que les exigió actuar si querían mantener el objetivo de superávit primario en el 3,5 por ciento del PIB griego para 2018. El Fondo consideró ese objetivo inviable y contraproducente y que, en caso de lograrse, señaló que sería con recortes de gastos discrecionales y puntuales y con aumento de los impuestos.

 

Desde 2010, Grecia recibió más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales de la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE); a cambio aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.

 

A comienzos de 2015, Syriza, con Tsipras a la cabeza, fue electo para poner fin a ese ajuste feroz. Sin embargo, después de ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el primer ministro cedió a los reclamos de los acreedores internacionales, continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.

 

 

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Europa versus los gigantes tecnológicos

POR PRIMERA VEZ BRUSELAS BUSCA REGULAR EL ACCIONAR DOMINANTE DE GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK Y APPLE

 

La dominación planetaria que los llamados GAFA ejercen sobre el mundo y su interminable estela de todo tipo de abusos y manipulaciones llevó a la Comisaría Europea a poner trabas en sus estrategias comerciales.

 

Un conflicto potente por la soberanía digital de un continente tiene hoy como protagonistas a Margrethe Vestager y Sundar Pichai.

Ambos son los actores de un combate titánico entre las multinacionales norteamericanas y los intentos de regulación por frenar sus atropellos. Sundar Pichai es el Presidente Director General de Google y Margrethe Vestager es la Comisaria Europea de la Concurrencia. La dominación planetaria que los llamados GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, ejercen sobre el mundo y su interminable estela de todo tipo de abusos y manipulaciones llevó a la Comisaria Europea a poner trabas en las estrategias comerciales de los GAFA como pocos dirigentes políticos de la Unión Europea habían osado hacerlo hasta hoy. A los Google dependientes, a quienes han hecho de Apple una religión estética, de Facebook un centro de relaciones sociales inocente y de Amazon y excelente vendedor, esta mujer de 48 años de origen danés, miembro del Partido Social Liberal de Dinamarca y varias veces ministra (Interior, Educación, Economía) se ha empeñado –al fin alguien– en demostrar que esos mastodontes de la industria moderna le juegan malas pasados a los sumisos consumidores. Contrariamente a su predecesor en el cargo, el español Joaquim Almunia, a la señora Vestager no le agrada “negociar” pasivamente con los GAFA sino enfrentarlos allí donde infringen la ley. Ya objeto en el pasado de advertencias y multas por el perfil equívoco de su motor de búsqueda, su gestión de los datos personales o su aberrante política de evasión fiscal, Google se enfrenta a una nueva acusación, ahora mucho más severa lanzada por la Comisaria Europea: Margrethe Vestager acusa a Google de buscar “proteger y extender su posición dominante” a través su sistema de explotación gratuito, Androide. El dispositivo de Google está presente en el 80 por de los Smartphones del mundo y, según la responsable de la UE, Google impone a los fabricantes el uso excluyente de sus aplicaciones, y, muy particularmente la función “buscar”, la cual “priva a los consumidores de la capacidad de elegir y frena la innovación”. La batalla es tanto más decisiva cuanto que lo que está en juego sobrepasa la imaginación. Para Google, Android es su brazo colonial para controlar el mercado de la telefonía móvil. Mediante Android, Google controla el 35 por ciento del mercado mundial de la publicidad por medio de los Smartphone. Ese segmento publicitario representa 70 mil millones de dólares anuales. Google lleva semanas movilizando a sus abogados para evitar la multa de 7,5 mil millones de dólares que Margrethe Vestager le quiere imponer. Según el responsable de Google Europa, Matt Brittin, la ofensiva de la Comisaria europea es un “despropósito” ya que, como lo explica el jefe de los servicios jurídicos de Google, Ken Walker, “Android es un verdadero motor para la innovación” que le abre a los usuarios perspectivas únicas.

A mediados de 2015, el Wall Street Journal reveló que Facebook, Google, Apple y Amazon, “desde que están bajo los disparos cruzados de Europa”, gastan mucho dinero en operaciones concentradas en las instituciones comunitarias. En realidad, la guerrilla jurídica contra Google es apenas la parte visible de una confrontación severa con los demás miembros del grupo GAFA y otras multinacionales norteamericanas o rusas que infringen las leyes como le da la gana: Disney, McDonald’s, Starbucks, Microsoft, Gazpron. “Mi trabajo consiste en hacer que cada persona tenga las mejores oportunidades”, dice la responsable europea. Ambición casi imposible frente al poder de esas multinacionales, la mansedumbre de los consumidores y la pasividad de los Estados.

Estas empresas no pagan impuestos, manipulan a los consumidores, los usan como producto, alteran sus ofertas a espaldas del consumidor o simplemente controlan el mercado a su antojo. Incluso en los Estados Unidos, las administraciones como la Federal Communications Commission, la Federal Trade Commission o los servicios antitrust del ministerio de Justicia ven en Vestager una aliada decisiva. Las cifras de los desfalcos que esas compañías cometen con su llamada “política de optimización fiscal” equivalen muchas veces al PIB de los países más pobres. Google, Apple, Facebook o Amazon han instalado sus sedes en paraísos fiscales (Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bermudas) y, gracias a un hábil montaje jurídico, no pagan impuesto ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en la Argentina. En los Estados Unidos, el Internal Revenue Service (la administración fiscal) el Congreso y el Senado establecieron que entre 2009 y 2012 Apple evadió impuestos por 74 mil millones de dólares. Por ello, la dirigente danesa explica que “una de las ilusiones más grandes consiste en creer que la economía de mercado funciona perfectamente por si sola”. No, hay que regular, insiste Vestager. ¿Cómo regular una actividad donde una sola empresa, Google, acapara el 95 por ciento del mercado de las búsquedas en línea que se efectúan en Europa? Facebook, por su parte, cuenta con 260 millones de usuarios en Europa (más que en los Estados Unidos) y, además, controla plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Apple y Microsoft tienen una aplastante posición dominante en sus respectivos sectores. Los europeos intentan salir de esa dominación a través de la creación de sus propias estructuras. Es el caso de del motor de búsqueda francés Qwant, cuyo creador, Eric Leandri, asegura que el proyecto, respaldado por la UE, consiste “en crear una alternativa verosímil y fluida, con la particularidad de no perseguir a los usuarios ni filtrar el contenido. Internet debe servir a los usuarios y no servirse de los usuarios” (Entrevista al diario Libération, 04/05/2016). La guerra por la regulación esconde de hecho otro conflicto mucho más profundo que sólo un espacio geopolítico de peso mundial como Europa o China pueden asumir: se trata de una batalla por la soberanía digital. El avance tecnológico de Washington ha convertido al mundo en una suerte de colonia digital de los Estados Unidos. Los espejitos digitales embaucaron a los consumidores y hoy pocos son capaces de reconquistar la libertad digital.

Viernes, 06 Mayo 2016 08:13

Hacia un autoritarismo reforzado

Hacia un autoritarismo reforzado

Se piden entre cinco y diez años de cárcel para tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.

El 25 de abril se abrió un proceso judicial contra tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– acusadas de robo de documentos, difusión de información confidencial y violación del secreto profesional. Se piden entre cinco y diez años de cárcel por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.


Entre las empresas involucradas figuran Pepsi, Amazon, Aig, McDonald’s, Bnp Paribas y Fiat, que pagan cifras ridículas por impuestos gracias a sus acuerdos secretos. Es el primer juicio que se realiza luego de la aprobación de la directiva Trade Secrets, el pasado 14 de abril, que permite a las multinacionales determinar lo que entienden por secreto comercial, dejando en sus manos el manejo de un área que hasta ahora era de competencia estatal. En Estados Unidos se aprobó una legislación similar que busca otorgar impunidad a las empresas ante quienes realizan filtraciones.


El juicio en curso afecta a dos ex empleados de una de las mayores consultoras del mundo, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, y al periodista francés Edouard Perrin, que elaboró un programa de televisión y luego envió los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipj), la misma institución que acaba de difundir los papeles de Panamá. Deltour ha copiado 28 mil documentos que describen casi 350 arreglos fiscales aprobados por la administración entre 2002 y 2010. Junto a Halet, Deltour entra en la categoría de “lanzadores de alerta”, esos funcionarios de empresas públicas o privadas que sin interés personal alguno o ánimo de lucro filtran documentación secreta o confidencial con un fin ético. El juicio que se lleva a cabo en Luxembugo los pone en la mira, al igual que a los periodistas que difunden las filtraciones.


Los dos ex empleados de PwC proporcionaron documentos que dejan en evidencia que Luxemburgo funciona como un gran paraíso fiscal. Según un estudio del Parlamento Europeo, la evasión fiscal de las grandes empresas tiene un costo anual por ingresos fiscales perdidos que oscila entre 50.000 y 70.000 millones de euros.


“La acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa, y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto del papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, señaló el director del Cipj, Gerard Ryle, al comienzo del juicio.


Más de 50 organizaciones civiles apoyan a los acusados, entre ellas Oxfam, Attac y Transparencia Internacional, que recogieron casi 200 mil firmas de apoyo y solicitan al presidente François Hollande que se pronuncie a favor de los tres encausados por Luxemburgo, todos de nacionalidad francesa.


Las revelaciones golpearon la credibilidad de la Unión Europea y en particular al comisario Jean-Claude Juncker, que durante el período denunciado era primer ministro del ducado de Luxemburgo. La periodista belga Delphine Reuter, integrante del consorcio, sostiene que después de analizar los documentos filtrados se arriba fácilmente a la conclusión de que las multinacionales llegaron a tributar apenas el 1 por ciento de sus ganancias al transitar por Luxemburgo. “Los acuerdos son, pues, un seguro para que las multinacionales no tengan finalmente grandes impuestos que pagar ni en Luxemburgo, ni en ninguno de los países involucrados en la creación de filiales por las que transitan esos capitales”, declaró.


Las trasnacionales en cuestión poseen apenas una filial en el ducado, creadas con los mínimos recursos posibles, que se utilizan para gestionar decisiones financieras tomadas por la “sociedad madre”. “Su capital puede incrementarse para hacer transitar, en papel, varios millones de euros a través de Luxemburgo sin que haya presencia visible ni que se necesite actividad económica alguna”, dice la agencia Reuters.


El juicio contra Deltour y sus colegas pone en evidencia cómo los gobiernos a uno y otro lado del Atlántico buscan proteger a las grandes empresas y a sus gobiernos de futuras filtraciones. De alguna manera es una vuelta de tuerca más en la dirección de blindar a las grandes fortunas, tras algunos fracasos notorios como las denuncias del fundador de Wikileaks Julian Assange y del ex analista de la Cia Edward Snowden.


El hecho de que el primero continúe como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y el otro no pueda salir de Rusia, donde está asilado, es una muestra del empeño de los poderes para acallar las voces que los denuncian. Es una muestra, también, del doble discurso de la Unión Europea, que el 3 de junio de 2015 galardonó a Deltour con el premio Ciudadano Europeo que se concede anualmente a quienes contribuyeron a “promover la ciudadanía y el entendimiento cultural”. Mientras se le entregaba el premio con una mano, con la otra se bloquea la posibilidad de aprobar una legislación que impida la evasión fiscal y persiga a quienes se benefician con ella.


La reciente aprobación de la directiva Trade Secrets ha sido interpretada por Attac y decenas de otras organizaciones como una directiva que “asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas”. En ese sentido, sostiene que la directiva fue “elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales”. El grupo considera que este juicio forma parte de un amplio proceso hacia el autoritarismo en el que está envuelta la Unión, y que se ampliará con el acuerdo Ttip con Estados Unidos, “que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos”.

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Los papeles de Panamá de Vargas Llosa: lavado neoliberal imperfecto en los paraísos fiscales

Existe un proverbio árabe inigualable: quien tiene la casa de vidrio no arroja piedras.

El grave problema de los propagandistas del depredador modelo neoliberal global en América Latina (AL) es su desbocado moralismo en la política y en las finanzas, como el controvertido escritor de doble nacionalidad –español-peruano– Mario Vargas Llosa (MVL), de 80 años, quien fue atrapado in fraganti con vergonzantes cuentas espurias en los paraísos fiscales, de acuerdo con los papeles de Panamá (http://goo.gl/r5CwTo).


Mas allá de su frivolidad exhibicionista (http://goo.gl/x8LiAL) y su sicopatológica afición por la tauromaquia zoocida, su grave defecto radica en que usa sin discriminación su Nobel de Literatura como blindaje para difundir sus fétidas posturas neoliberales/racistas/fascistas y pro-israelíes a ultranza, confundiendo sus imaginativas novelas con su política que injuria el nacionalismo de la mayor parte de la población despojada de AL, inmiscuyéndose en la política interna de México en forma contradictoria (la dictadura perfecta de su hoy cómplice neoliberal Salinas).


El furibundo globalista y antinacionalista está muy vinculado al sionismo financierista jázaro y al fascismo universal: recibió el Premio Jerusalén (sic) de manos del ex primer ministro Ehud Olmert (http://goo.gl/nBS5kV), hoy encarcelado por corrupción en Israel, además del Irving Kristol Award del ultrafascista American Enterprise Institute (AEI).


El neoconservador straussiano Irving Kristol fue uno de los principales ideólogos de las aventuras militares de Baby Bush y Dick Cheney en Irak y Afganistán, al unísono de Tony Blair y José María Aznar López.


Mas allá del cobarde puñetazo que asestó al Nobel García Marquez, hoy la fecunda obra literaria de MVL sucumbió a la deshonra pública y al lavado de dinero trasnacional en los paraísos fiscales.


La aplicación de la moralidad republicana en asuntos políticos y financieros exige que sea universal y sin excepciones ni decepciones financieristas singulares, como es el notable caso de MVL, cuyos aliados neoliberales en España también apestan: el sulfuroso ex presidente José María Aznar López y su lavado con los fondos buitres Cerberus(http://goo.gl/4Lw5ym) y la mega-corrupción de José Antonio Sola (http://goo.gl/TNkyOO), portavoz del mefítico Partido Popular en abrupta degradación (http://goo.gl/thD4p0).


Según Ap, “uno de los documentos filtrados de una firma de abogados panameña (nota: Mossack Fonseca http://goo.gl/oInZiQ) revela que MVL y su segunda ex esposa Patricia Llosa (la primera fue Julia Urquidi) aparecieron como accionistas en una compañía de las Islas Vírgenes Británicas durante un mes (sic) en 2010”, en la fantasmagórica Talome Services Corp. No aparece el valor de dichas acciones.


¿Fue en pago a sus servicios propagandísticos en favor del neoliberalismo global en AL?


¿Tendrá cuentas mancomunadas con su primera esposa, Julia Urquidi, en otros paraísos fiscales?


Un día antes de la cuantiosa gratificación con el Premio Nobel, que asciende a más de un millón de dólares, en forma mafiosa desaparecieron los nombres del polémico novelista y de su segunda ex esposa. ¿El Premio Nobel de Literatura fue también otra gratificación selectiva por servicios en favor de la desregulada globalización financierista?


¡La mafia global a lo que da!: dos rusos innominados sustituyeron al mancillado escritor y su entonces mujer.


Lo interesante radica en la triangulación fiscal en España y en otros países cuando, por lo visto, cierto tipo de escritores propagandistas del neoliberalismo global también blanquean mediante trasnacionales “literarias (http://goo.gl/RfQc13)”.
El autor de La ciudad y los perros se ha visto empapado por el escándalo de los papeles de Panamá, que en forma desvergonzada considera que fue un pequeño (sic) malentendido.


Mediante el pequeño malentendido, MVL y su segunda ex esposa “estuvieron muy cerca (sic) de controlar la compañía Talome Services Corp gracias al intermediario Dave Marriner, directivo de la compañía holandesa Pan-Invest Management, con sedes en otros dos paraísos fiscales: Chipre y Luxemburgo (http://goo.gl/1SFKqf)”.


Al locuaz MVL no le falta verborrea: después de arremeter contra el periodismo amarillo (sic), desde su cómodo periodismo justifica que las políticas fiscales expropiatorias incitan a la evasión y hace la apología de los paraísos fiscales de Panamá y Suiza, que han progresado (sic) gracias al lavado fiscal.


En otra de sus alucinantes justificaciones aduce que nunca puso “un dólar en esa empresa y nunca hubo el menor movimiento económico (http://goo.gl/knGY3V)”. ¡Ajá!


También ironizó, al máximo de su ultrajante cinismo, que está acostumbrado a recibir golpes bajos, por cierto, muy menores a los que suele propinar sin recato.


Extraviado en su fecunda imaginación literaria que choca con la cruda realidad, siendo un zelote neoliberal, MVL ignora cómo funciona su lavado en cuatro paraísos fiscales en los que movió sus cuantiosos capitales, sin saberlo: Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Chipre y Luxemburgo. ¡Si de eso se trata el criminal modelo blanqueador neoliberal!


Su neoliberal Fundación para la Libertad resultó una “Fundación para el Blanqueo (http://goo.gl/74kpO0)”, mientras su polémico intermediario David Marriner contradice a MVL: “cuando adquirimos la compañía (nota: Talome Services Corp) lo hicimos (sic) con el requisito de que mis clientes (¡sic!) fuesen accionistas directos (http://goo.gl/pByIE4)”. Tales clientes evasores fueron MVL y su segunda ex esposa.


El peor estigma del innoble Nobel MVL, más allá de su eviscerada retórica farisea, es que se quedó sin discurso moral pontificador, como ha sucedido con sus tres aliados en el “México neoliberal itamita (http://goo.gl/pbsTSP)”:1. Un presunto narcolavador de Banco Santander (http://goo.gl/Dz5lRV), capturado en las redes de los papeles de Panamá (http://goo.gl/oLqcyL)”; 2. El efímero canciller foxiano Castañeda Gutman y sus vínculos con el cártel del Golfo mediante el fraudulento Banco Stanford en el paraíso fiscal de Antigua (http://goo.gl/kEtQIj), y 3. Otro propagandista neoliberal del salinismo/zedillismo alquilado para propalar mendacidades (http://goo.gl/3s9kkr).


La hoy pareja sentimental de MVL, la filipino-española Isabel Preysler –ex modelo y asidua socialité de ¡Hola!, además de ex esposa del cantante Julio Iglesias– , lleva tres matrimonios, entre ellos con el ministro de Finanzas de España, Miguel Boyer, acusado de fraude con Ibercorp (http://goo.gl/vvalx5).


Todo lo que rodea a MVL es realismo puro metaliterario: sus aliados en AL/México neoliberal itamita y su triangulada megacorrupción con España y los cuatro paraísos fiscales, donde quizá Isabel Preysler juegue un importante papel de bisagra financierista trasnacional y transatlántica que todavía no ha sido investigado a fondo. ¡La tríada imperfecta de frivolidad, lavado y propaganda neoliberal metaliteraria!


www.alfredojalife.com
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Las grandes corporaciones de EEUU esconden 1,4 billones en paraísos fiscales, según Oxfam


Apple, General Electric y Microsoft se encuentran entre los primeros puestos de la lista elaborada por la organización


Un informe de Oxfam denuncia que grandes empresas estadounidenses como Apple, Walmart y General Electric, han desviado 1,4 billones de dólares hacia filiales situadas en paraísos fiscales, a pesar de que reciben billones de dólares del contribuyente.


Oxfam señala que esta cantidad, que supera el rendimiento económico de Rusia, Corea del Sur y España, se oculta a través de una red opaca y hermética de 1.608 sociedades filiales con sede en otros países. La organización benéfica ha publicado el informe sobre la realidad financiera de las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos coincidiendo con la filtración de Los papeles de Panamá, que ha generado un intenso debate en torno a los paraísos fiscales.


El informe ilustra que se cometen abusos masivos y sistemáticos del régimen fiscal mundial. El gigante tecnológico Apple, la segunda mayor corporación del mundo, ocupa el primer lugar en la lista que Oxfam ha elaborado de empresas con dinero offshore o "deslocalizado", con unos 181.000 millones de dólares canalizados a través de tres filiales con sede en el extranjero.


Los ricos y poderosos no cumplen con sus obligaciones fiscales y los demás tenemos que pagar la factura, y esto no puede seguir así. Es necesario que los gobiernos lleguen a un consenso para terminar con los paraísos fiscales"
General Electric, con sede en Boston y que según Oxfam recibió 28.000 millones de dólares del contribuyente, ocupa el segundo puesto de la lista, con 119.000 millones de dólares depositados en 118 filiales con sede en paraísos fiscales.


El gigante informático Microsoft se sitúa en tercer lugar, con unos 108.000 millones de dólares. Otras multinacionales que se encuentran entre los diez primeros puestos de la lista son el gigante farmacéutico Pfizer, la sociedad matriz de Google, Alphabet, y Exxon Mobil, la mayor petrolera mundial que no pertenece a un Estado productor de petróleo.


Oxfam compara la suma de 1,4 billones de dólares desviada hacia filiales offshore con los impuestos pagados por las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos entre 2008 y 2014, que ascienden a 1 billón de dólares. También señala que en el mismo periodo, estas compañías se beneficiaron, en conjunto, de préstamos federales, rescates y garantías crediticias por valor de 11,2 billones de dólares.


"Abuso masivo y sistemático"


Al ocultar parte de los beneficios a través de filiales en paraísos fiscales, estas empresas estadounidenses no pagaron el tipo impositivo real aplicable a unos beneficios de 4 billones de dólares (35%) sino que la tasa efectiva de impuestos fue del 26,5%.


La organización indica que estas multinacionales se han gastado miles de millones de dólares en presionar al gobierno de Estados Unidos y obtener más préstamos fiscales, rescates y garantías crediticias pagadas con el dinero del contribuyente. Entre 2008 y 2014, las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos destinaron 2.600 millones de dólares a esta labor de presión.


"Por cada dólar gastado en cabildeo, estas compañías recibieron en su conjunto exenciones fiscales por un valor de 130 dólares y préstamos federales, rescates y garantías crediticias por un valor de 4.000 dólares", indica Oxfam.


Robbie Silverman, asesor fiscal de Oxfam, señala que "una vez más tenemos constancia del abuso masivo y sistemático del régimen fiscal mundial. Los ricos y poderosos no cumplen con sus obligaciones fiscales y los demás tenemos que pagar la factura, y esto no puede seguir así. Es necesario que los gobiernos lleguen a un consenso para terminar con los paraísos fiscales".


Oxfam calcula que la evasión de impuestos de las grandes compañías estadounidenses tiene un coste para la mayor economía del mundo de unos 111.000 millones anuales. La evasión de impuestos también incrementa la brecha mundial entre ricos y pobres ya que para los países en vías de desarrollo supone una merma de 100.000 millones de dólares.


"La evasión de impuestos por parte de las corporaciones empeora la peligrosa desigualdad que está socavando nuestro tejido social y bloqueando el crecimiento económico", afirma el informe. Oxfam también menciona a los territorios británicos de ultramar, como las Bermudas, por su popularidad entre las empresas estadounidenses que quieren "transferir beneficios" y pagar menos impuestos.


La organización señala que en 2012 las filiales de estas compañías en las Bermudas declararon unos beneficios de 80.000 millones de dólares, una cifra que supera la suma de los beneficios obtenidos por Japón, China, Alemania y Francia, cuatro de las cinco mayores economías del planeta.


Oxfam pide a Estados Unidos que apruebe una ley que pondría fin a los abusos que se realizan en los paraísos fiscales (Stop Tax Haven Abuse Act), y que obligaría a las compañías a una contribución fiscal en cada país. De hecho, muchas organizaciones no gubernamentales y benéficas recomiendan la información desglosada por países ya que consideran que así se podría impedir que las compañías reduzcan artificialmente la base imponible en los países más pobres.

 

Por The Guardian - Rob Davies

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Se complica la situación de Macri por revelaciones de Los papeles de Panamá

Con el paso de los días el presidente argentino, Mauricio Macri, de la derechista alianza Cambiemos aparece cada vez más complicado y ahora suman cuatro empresas offshore, en las que figura en distintos cargos y por lo menos 20 de sus allegados, entre ellos ministros y diputados también aparecen en los listados de los documentos de Los Papeles de Panamá.


El periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, quien investigó Los papeles de Panamá declaró ante el juez Sebastián Casanello que podría existir una cuarta sociedad offshore del presidente bajo el nombre de Macri Group Corporate, creada en Panamá, el 25 de noviembre de 2008, con Franco Macri (padre del mandatario) como presidente y miembro del directorio.


El padre del presidente figura con siete sociedades y su hermano Gianfranco cuenta con 8 firmas activas en Panamá en varias de las cuales figura también el gobernante. La mayoría de las empresas fueron constituidas dos días después de que Maricio Macri asumió como jefe de gobierno porteño en 2007.


Además de los nombres de funcionarios macristas ya conocidos como Daniel Angelici, presidente de Boca y operador judicial de Cambiemos; figuran Gerónimo Momo Venegas, líder sindical; el empresario Nicolás Caputo, beneficiado por el mandatario; Darío Lopérfido, ministro de Cultura porteño; Jorge Macri, alcalde de Vicente López; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Néstor Grindetti, intendente de Lanús.


También aparecen Carlos Augusto Lo Turco, subsecretario del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (presidente y director de Marbira SA); Jesús María Silveyra, subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria y secretario y director de Trafimex SA Holding Corporation.


También están salpicados en este este escándalo Clarisa Lifsic, secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones (directora en cuatro empresas radicadas en Chipre desde mediados de los 90, de las cuales tres continúan activas: Ofsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.


Hugo Darío Miguel, del Ministerio de Comunicaciones de Comunicaciones (tesorero y director de la empresa TESACOM Panamá SA); Jorge Braulio Norverto, subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa, (socio de la firma La Jotabe, LLC, en el estado de Florida, Estados Unidos; Maria Paula Schiappapietra, del Ministerio de Desarrollo Social (titular de la empresa actualmente inactiva Los Didis, radicada en Florida); el diputado nacional Waldo Wolff; Daniel Ivoskus, diputado bonaerense, y otros aparecen en Los papeles de Panamá.


El escándalo de las sociedades en paraísos fiscales ha golpeado fuerte al primer gobierno derechista que llega al poder por elecciones en este país.


La primera empresa, descubierta en los Panamá, Fleg Trading Limitada, de Bahamas, tiene a Mauricio Macri, su hermano Mariano y a su padre como directores. Luego salió a la luz Kagemusha S.A., de Panamá, y por último fue presentada en el programa de televisión Economía Política Opalsen S.A., sociedad uruguaya por la que el presidente fue procesado por evasión impositiva.


Por otra parte, Ramón Fonseca Mora, socio fundador de la firma Mossack Fonseca del la que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación divulgó 11.5 millones de documentos, acusó que Paul Singer, el dueño del fondo buitre MNL, de pagarle al periodista Jorge Lanata -quien se dedicó a presentar denuncias falsas durante contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno del Frente para la Victoria. Dijo al diario La Estrella de Panamá –que citan varios portales locales- que Singer lo presiona desde hace años para que entregue información que pudiera relacionar al empresario procesado Lázaro Báez con Fernández Kirchner “para perjudicar su imagen. A tal punto habría llegado la extorsión, que hasta se vería involucrado el periodista Jorge Lanata”.

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Viernes, 05 Febrero 2016 05:42

¿Quién pagará la crisis?

¿Quién pagará la crisis?

Se puede dudar del fin del ciclo progresista, pero no cabe la menor duda de que el ciclo de los altos precios de las commodities [simplificando, materias primas] ha llegado a su fin. Los gobiernos hicieron sus presupuestos con el barril de petróleo a 100 dólares, pero cuando se cotiza por debajo de los 30 dólares es evidente que las cuentas ya no cuadran.
Pero no todos los países se verán afectados del mismo modo. Vene¬zuela y Ecuador, por ejemplo, están enfrentando graves problemas que han provocado la derrota del gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones del 6 de diciembre pasado y la decisión de Rafael Correa de no competir por la reelección el año próximo.


Aunque es evidente que ésa no es la única razón de la "emergencia económica" que anuncia el gobernante bolivariano, agrava las cosas hasta límites casi insostenibles. Dis¬tinto es el caso de aquellos países donde los hidrocarburos no son el centro de sus exportaciones.


En los países donde la minería es la principal fuente de divisas, como Chile y Perú, las cosas marchan por un camino similar. Pero en los del resto del Cono Sur, la mayor diversificación de sus economías les brinda mayores márgenes. Lo común, en todo caso, es el frenazo abrupto de las economías, la tendencia al estancamiento y aún el retroceso del producto interior bruto.


En relación a las políticas sociales, la crisis en curso no tendrá mayores consecuencias. El programa social estrella de Brasil, Bolsa Familia, supone apenas el 0,5% del PIB, una cifra tan pequeña que no puede desestabilizar ningún presupuesto.


En todos los países de la región las políticas sociales consumen porciones pequeñas de los presupuestos, por lo cual es difícil pensar que se produzcan recortes. Por otro lado, estas transferencias monetarias son importantes fuentes de ingresos para las familias pobres y han mostrado que contribuyen a desactivar la protesta social. Por esta razón, ningún gobierno se va a atrever a sacar la tijera para podarlas.


Los problemas se dan en otros lugares. Por un lado, en los servicios. Los sistemas sanitario y educativo no han tenido cambios importantes aunque la cantidad de usuarios ha crecido. El resultado es un notable desborde de la capacidad de atención, que perjudica a los sectores de menores ingresos, que son los que los utilizan mayormente.


El caso del Sistema Unificado de Salud brasileño, al borde del colapso, es el más significativo. Buena parte de la capacidad de inversión de los gobiernos de la región descansaba en los enormes superávits por los altos precios de las exportaciones, que ahora se han evaporado. Estamos asistiendo a la incapacidad para invertir en mejorar los servicios públicos, lo que perjudica de modo notable a los sectores populares.


El otro problema grave es que las familias están sobreendeudadas. Veamos el caso de Brasil. El gobierno del PT impulsó, desde 2003, una consistente expansión del crédito que comenzó con el crédito consignado que se descuenta de la nómina, extendido en 2004 a los jubilados y pensionistas, y luego a los beneficiarios del programa Bolsa Familia, con lo que se consiguió el acceso al mercado crediticio de las capas más pobres de la población, que hasta ese momento quedaban fuera del mismo. Esos sectores comenzaron a participar del Proyecto de Inclusión Bancaria, que lleva los servicios financieros al público receptor de los programas contra la pobreza.


La expansión fue asombrosa: en 2001 el crédito representaba el 22% del PIB, y en 2014 superaba el 58%. Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80% entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140%.


Cuando llega la crisis y aumentan las tasas de interés, que en el comercio superan el 5% mensual, el resultado amenaza con ser catastrófico. En 2015 el endeudamiento de las familias para con el sistema financiero comprometía el 48% de sus ingresos frente al 22% en 2006.


Por eso las fabulosas ganancias de la banca aún en plena crisis. Entre la clase media, donde se sitúa la mayoría de los brasileños gracias a las políticas sociales de los gobiernos del PT, el 65% de sus ingresos van al pago de servicios financieros.


Esto explica en gran medida el malestar de amplias capas de la población. La crisis les permite descubrir que las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas redundaron en un fortalecimiento del sector financiero y en el endeudamiento de los trabajadores, que terminan siendo rehenes de la banca.


Porque el tipo de 'desarrollo' promovido por el progresismo en toda la región se basó en el consumismo. Entre 2003 y 2013, la tasa de acceso al saneamiento entre el 10% más pobre en Brasil pasó del 25% al 35%, un aumento más que moderado. En el mismo período el uso de móviles pasó del 10% al 80%, y el consumo de electrodomésticos importados creció un 34%.


El expresidente del Banco Nacio¬nal de Desarrollo Económico y So¬cial, Carlos Lessa, lo expresó de forma muy clara: "En lugar de mejorar las inversiones en salud, educación, infraestructura y movilidad urbana, seguridad pública, la masa de recursos que fue posible obtener a partir del boom de los emergentes y de la prosperidad en ese período (2007¬2010) llevó a Brasil al camino del creciente endeudamiento privado".


En síntesis, no se aprovechó el momento del crecimiento para desarrollar los servicios sociales ni para promover la industria, sino apenas el consumo. Cuando llega la crisis, las familias pobres se encuentran con empleos de baja calidad y remuneración, sobre todo precarios e informales, con mayores índices de desempleo y sin haber podido salir del círculo de la pobreza porque sus hijos no accedieron a empleos cualificados. Y además están endeudadas. Ante semejante panorama no puede resultar extraño que Dilma Rousseff lleve un año gobernando con apenas el 8% de aprobación.


¿Esto quiere decir que la crisis la están pagando los de abajo, como siempre? La respuesta es afirmativa pero con matices. En la medida en que no hubo cambios estructurales, ésa es la tendencia principal. Pero incluso las derechas parecen haber comprendido que hacerle pagar la crisis a los más pobres implica correr un riesgo muy elevado, como lo muestran las decenas de insurrecciones habidas entre el Caracazo de 1989 y las guerras del gas bolivianas de 2003 y 2005.


Incluso Mauricio Macri, que elimina subvenciones y eleva las tarifas eléctricas hasta un increíble 500%, se cuida de no recortar los programas sociales focalizados. Habrá que esperar para saber si este tipo de medidas afectarán a todos los sectores populares por igual, o bien a las clases medias profesionales, a los trabajadores cualificados o, como en los 90, a los jóvenes de las periferias.

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Martes, 26 Enero 2016 17:29

Un movimiento por construir

Un movimiento por construir

Desde inicios del 2016 ganan audio voces de ciudadanos inconformes con los aconteceres políticos y económicos de final de año e inicio del nuevo. El aumento del salario mínimo, la venta de Isagen y la inminente reforma tributaria –con incremento del Iva del 16 al 19 por ciento–, son algunos de los factores de su inconformidad, y las principales razones para las concentraciones en que han terminado sus reclamos e inconformidad.


Concentración novedosa. El pasado 24 de enero tomó forma su propuesta extendida a la sociedad colombiana para congregarse en protesta contra el actual gobierno. Propuesta circulada a través de redes sociales.


En Bogotá, algunos miles de quienes la pueblan, se encontraron en su principal plaza, la de Bolívar, a una cuadra del sitio donde habita quien firmó las medidas motivo de rechazo. A los reclamos ciudadanos fue agregada la pretendida venta –privatización– de la Empresa de Teléfonos de la ciudad, así como la Transportadora de Gas Internacional.


El encuentro capitalino


A partir de las 9 am empezaron a llegar hombres, mujeres, niñas y niños, personas a pie o en bicicleta; se presentaron algunos gremios sindicales pertenecientes a la Central de Trabajadores de Colombia y de la Confederación General del Trabajo, así como pequeños grupos representantes de partidos políticos, mayoritariamente de izquierda, aunque el evento tuvo un matiz apartidista y más bien cívico.


Con el pasar de las horas la conglomeración tomó más cuerpo, organizándose las personas presentes en círculos de discusión, con espacio para que cualquiera tomara la palabra y diera su opinión, esto con el propósito de identificar las incertidumbres comunes y lograr un sentido de malestar social colectivo que oriente el avance de esta confluencia social. También fue levantada una tarima, abierta a la concurrencia, con un micrófono para que cualquiera expusiera sus puntos a tratar y propusiera acciones.


Al final de dominical encuentro, como conclusión del mismo, fue acordada una nueva concentración para el miércoles 27 de enero a las 5 pm, esta vez en el Parque Nacional, en la que se buscará pactar un nuevo orden político que permita fijar un rumbo favorable a los principales intereses de las mayorías nacionales.


Juventud crítica y política


Los jóvenes hicieron parte activa de la movilización. Desde Abajo habló a través de uno de 26 y otro de 27 años; ellos cuentan: "Se conformaron círculos para discutir fundamentalmente por qué seguir peleando e identificar las cuestiones de mayor acento. Las conclusiones fueron llevar esto hacia un movimiento por defensa de lo público, del agua, del territorio común, de las empresas públicas, por un aumento salarial justo, demandar la participación ciudadana en la planeación territorial, que podamos crear espacios de diálogo ciudadano para seguir discutiendo. Se quiere volver esto un movimiento incluyente hacia un paro cívico nacional, seguir fortaleciendo formas de democracia directa, territorial, asamblearia". A este evento se unieron grupos juveniles de todo tipo, afirman los jóvenes: "mucha gente joven; anarquistas, socialistas, comunistas, pero la mayoría ciudadanía muy consciente de no querer gobiernos de congresistas ni de políticos. Se agitaron cosas como la revocatoria del Senado y de la presidencia. Había de todo".


Una propuesta desde la juventud que quiere participar.


Le preguntamos a un compañero por sus percepciones de lo acontecido y por alguna propuesta de cara a lo que se viene a mitad de semana, a lo que respondió: "me parece más importante lo que se pueda sintetizar de los diálogos colectivos; hubo mucha iniciativa allí que es mejor analizar con calma. Pero diría, como principio, que esto siga, que podamos pasar de la indiferencia a la indignación y de ésta al inconformismo generalizado, organizar movimientos que desaten la iniciativa ciudadana, buscar articulación con los movimientos del campo, lo étnico, movimientos territoriales, de mujeres, intelectuales artísticos y buscar, como mínimo, una renovación política en el país y un cambio social que ofrezca mejores condiciones de participación democrática, mejorar siempre el nivel de vida de la población. Pero por el momento inmediato, que pueda constituirse como un movimiento unido, capaz y propositivo, con procederes ofensivos contra el régimen para convertir esta crisis económica –que ya se va mostrando como crisis de gobierno– en una crisis de régimen que desate iniciativas de carácter social o político que sea más como una llave que abra posibilidades destituyentes".


Qué dijeron las y los bogotanos
La exigencia de revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa fue la arenga más popular. Muchas son las personas que están inconformes con lo que hasta ahora ha demostrado el político en su proceder ejecutivo. Del metro, ya proyectado en su primer tramo y del que ya se tenía el presupuesto acordado con el gobierno nacional, nada empieza, por el contrario opta por realizar nuevas investigaciones sobre algo ya estudiado, y en lo que la ciudad ha invertido cientos de miles de millones de pesos, y en vez de un metro subterráneo planea la construcción de uno elevado, según él más económico. ¿Negocio de por medio?


Pretensiones privatizadoras: además de la firme intención de vender la Empresa de Teléfonos de la ciudad, también pretende feriar Transporte de Gas Internacional (TGI), empresas que hasta ahora dejan grandes réditos para la ciudad. De esta manera, la visión de gran empresario –proyectada como candidato a la alcaldía y que fue la que convenció a la mayoría de los y las bogotanas para votar por él–, hoy no parece ser más que una simple promesa de una politiquería neoliberal que nada bueno ha dejado para nosotros, los de abajo. Además de los recortes del 40 por ciento en el presupuesto para la salud, y el cambio de sentido de la carrera 11, la urbe continúa siendo la misma, de la Bogotá que todos queremos, muy poco o nada avanza.


Lo que deja el 24 de enero


Aunque la convocatoria realizada por las redes sociales prometía una movilización mayor, salieron a las calles unas 7 mil personas, por lo menos en lo que a la capital se refiere. No obstante, y a pesar de la tímida muestra de indignación, es alentadora la reacción que las y los colombianos mostraron ante los problemas sociales que se avecinan. Poco tenemos que perder quienes poco tenemos, el único camino es el encuentro y el diálogo con vecinos, amigos y desconocidos, para a través del intercambio de opiniones conocernos y romper la pared invisible que nos separa, a pesar de vivir y padecer iguales dificultades diarias, a pesar de aspirar y soñar con una vida mejor. Dialogar para superar temores, para dejar atrás el temor a la inseguridad, con la que nos aíslan y nos hacen sentir extraños y hasta enemigos. Encontrarnos para dejar atrás el miedo a lo inevitable, el cambio, el que está presente en todas las fibras del mundo que habitamos, sin que sea la excepción el cuerpo social. Nosotros, los de abajo, somos la energía para que tome forma.

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Jueves, 26 Noviembre 2015 11:31

De nuevo les esculcan la chequera

De nuevo les esculcan la chequera

infatigables en la actividad codiciosa

de sus largos dedos astutos
Jorge Zalamea1

 

Las Cajas de Compensación Familiar (ccf), un complemento social y solidario del mundo del trabajo integrado a la economía nacional y la relación patrón-trabajador en los años 40 del siglo XX, que en la actualidad suman 43 instituciones que administran más de 4.8 billones de pesos correspondientes al aporte del 4 por ciento sobre la nómina que cancelan cerca de 539.000 empleadores por la afiliación de 8,2 millones de sus trabajadores, están en el ojo del huracán2. Por un lado los patrones piden desmontar sus aportes, con las cuales estas sobreviven, y por el otro el Gobierno, afanado de ingresos, pretende que paguen impuesto de renta y complementarios.

 

Las opiniones y la confrontación de intereses gana espacio. Las ccf, el Gobierno Nacional, las Centrales Obreras y la opinión periodística, debaten este año sobre el destino del Sistema de Compensación Familiar (scf). Acotar los roles de las Cajas, centralizar e integrar el sistema, fiscalizar recursos desmontando parafiscales, ampliar la cobertura de la prestación de servicios y cambiar el modelo financiero de la compensación familiar, parecen ser los puntos críticos al respecto.

 

¿Qué dicen estos distintos actores?

 

La Comisión de Expertos ad honorem creada por la ley 1739 de 2014 propuso en agosto de este año que las Cajas pasen a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta e impuestos complementarios, de conformidad con las normas aplicables a las sociedades limitadas y bajo control de la Dian3. Sin embargo, y según la propuesta de la Comisión, las actividades y programas financiados con el subsidio familiar, estarían exentas del impuesto. De esta manera ha quedado expreso en el Informe de la Comisión sobre la reforma al Régimen Tributario Especial para asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin áimo de lucro y que fue entregado al Ministro de Hacienda el 25 de agosto de este año. Faltan aún, sin embargo, las recomendaciones de la Ocde sobre la materia, las que el Gobierno espera para definir en todos sus matices su actuación final.

 

Por ello es que la coyuntura resulta de alto interés para las ccf, pues hoy, exentas de ciertos pagos, perciben ingresos por cerca de 12 billones de pesos anuales derivados no solo del aporte del 4 por ciento, sino de las demás actividades que desarrollan, tales como el mercadeo o la intermediación financiera que les permite la legislación a lo largo de la última década.

 

Desde octubre del año pasado, y luego de un largo debate público sobre el asunto sostenido en los años previos, el gobierno nacional en cabeza de los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, plantearon a las Cajas un pacto para focalizar sus actividades y servir al Estado en la financiación y ejecución de la política social. Pareciera que la reorientación de este Gobierno para el SCF no pretende su extinción para pronto, pero sí les metera la mano, debilitándolas y contribuyendo a desmejorar sus servicios. Así pareciera indicarlo el lánguido cauce de la economía nacional.

 

Por el empresariado, tanto la Anif como Fedesarrollo se han manifestado de manera reiterada en contra del pago de ese 4 por ciento (parafiscalidad) para la compensación familiar. Su argumento, igual al sustentado cuando lograron que el día fuera extendido hasta las 10 de la noche, ahorrándose así 4 horas de trabajo nocturno, es que tal pago les dificulta la creación de un mayor número de puestos de trabajo. Lo cierto es que a pesar de todos los beneficios que cada vez les dan, la cotidianidad del mundo del trabajo, y de la injusticia social en Colombia prosigue igual o, por lo menos, sin mejora franca.

 

Por su parte Asocajas, durante su XXVII Congreso realizado a finales de octubre del año en curso, expuso la necesidad de una reforma orientada hacia una mayor integración de las Cajas, a la ampliación de la cobertura para los trabajadores del campo, a la formación de capital humano a través de la educación y a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Horizontes comunes, estos, que camuflan el carácter salarial de las prestaciones sociales y del aporte del 4 por ciento destinado a la compensación familiar, y que no tocan cuestiones profundas como la participación de los trabajadores en la dirección y administración del sistema y de las cajas mismas.

 

También las centrales sindicales y los trabajadores se han manifestado en defensa de los aportes a las Cajas. Desde su VI Congreso, efectuado en septiembre de 2014, la CUT tomó parte activa en la discusión en contra de la transformación de las ccf en entidades de rentabilidad económica, rechazando los recortes de los recursos o su redireccionamiento hacia la financiación de funciones, cargas y responsabilidades sociales del Estado, pues éste debe atender tales necesidades sin deteriorar el Sistema de Compensación Familiar.

 

Justamente, durante el último año, el sindicato de Comfama (Asotraconfama) y la CUT, han insistido en esta discusión nacional. En una publicación de septiembre de 2014 titulada "2 ensayos sobre el Sistema de Compensación Familiar en Colombia", el sindicato propuso crear un fondo común para las Cajas con recursos provenientes o bien del Fondo de Regalías Mineras y Energéticas, o bien de las utilidades de la banca. El sindicato considera, igualmente, que ese fondo puede ser provisto con recursos provenientes de la tributación a las empresas que explotan y prestación servicios públicos, como también con un porcentaje del valor producido por la explotación del espectro electromagnético o de los ahorros de la guerra que anuncia obtener el Gobierno con el proceso de paz. A ello se suma la propuesta de Asocajas para utilizar recursos de impuestos como el Cree (impuesto sobre la renta para la equidad) en la financiación de las cargas prestacionales y las obligaciones que el Estado viene tercerizandoles a las Cajas.

 

Así mismo, y en un proceso de varios años, los legisladores han reformando parcialmente el Sistema. Por ejemplo, la ley 789 de 2002, en su artículo 16, amplía los servicios que pueden prestar las Cajas hacia actividades de intermediación financiera, de mercadeo, e inversión regulada en fondos de riesgo. También la ley 100 de 1993 les asigna funciones para la prestación de servicios de salud. La ley 920 de 2004 también las autoriza para adelantar actividades financieras. Todas estas normas permiten la utilización de los recursos del subsidio familiar en áreas de servicios que o son responsabilidad del Estado central o sirven a los flujos del capital financiero. En tales autorizaciones fluye un tufillo hacia el desmonte de la parafiscalidad. Habría que añadir a ello que esta tendencia no busca acabar con las prestaciones sociales sino fiscalizar sus recursos haciéndoles exacción a favor del Estado para el financiamiento y la ejecución de su política social.

 

Por su parte, las altas Cortes reconocen, del subsidio familiar, su carácter de prestación social en beneficio de los trabajadores, su naturaleza en tanto prestación para la seguridad social del país, su accionar como mecanismo de redistribución del ingreso nacional y su correspondencia con el postulado esencial de la democracia participativa del Estado. Pero no así su naturaleza salarial, que es posible notar si se comprende la relación compleja del trabajo como productor de la riqueza social. La jurisprudencia sobre el subsidio familiar conlleva a cierta ambigüedad, ya que su naturaleza, como derecho fundamental, está restringido a situaciones de vulnerabilidad como la vejez, la niñez, o aquellas en que haya riesgo inminente sobre el mínimo vital del beneficiario.


Debate y pugan que ya llega a otros escenarios, como el informativo y periodístico, donde tratan de demostrar que el sistema está viciado y deformado por la corrupción –por lo cual lo mejor sería acabarlo–. Para ello denuncian el uso indebido de dineros públicos en 7 Cajas, supuesto síntoma de un capitalismo compinchero4.

 

Pero el seguimiento mediático también enfoca la crónica mercantil de sus ventas y alianzas, dejando de lado y sin reflexión el modelo de compensación solidaria –entre trabajadores y empresarios– que le dio origen al sistema, así como su pertinencia actual, más aún en una sociedad marcada por la concentración de la riqueza y el ahondamiento de la brecha social.

 

¿Qué implicaciones hay en todo esto?

 

De concretarse la pretensión oficial, las clases medias, una vez más, estarían pagando la crisis económica de los próximos años. Con afán impositivo, ante la disminución en las exportaciones, el encarecimiento del dólar, el aumento del desempleo y del subempleo, más el panorama de recesión mundial, el Gobierno, con claro sentido de clase, no hecha mano de los más ricos sino que acude, por un lado, a la austeridad fiscal y, por el otro, a sancionar con más impuestos a los trabajadores formales.

 

Pero no solo las clases medias pagan. La totalidad de trabajadores ya lo hacen y para el Gobierno está bien que continúe de esta manera. Así lo indica la nueva ley de primer empleo que propone eliminar los aportes del 4 por ciento a empresas que contraten jóvenes sin experiencia. Es claro, mientras la pirámide poblacional presiona a la ampliación del empleo, las políticas económicas la encausan hacia una mayor flexibilización laboral y a una más intensa explotación de la mano de obra.

 

Los riesgos para los trabajadores en la actual coyuntura son múltiples, pero aún resulta incierto el porvenir. Es cierto que el sistema merece una reforma para lograr mayor integración y que las prestaciones sociales deben encaminarse hacia la universalidad. Pero integrarse a qué y universalizarlas cómo, no son cuestiones fáciles de asumir, pues está de por medio el aporte del 4 por ciento y la participación de los trabajadores en la dirección del sistema y de las Cajas mismas.

 

Para completar esta disputa que afecta directamente a los trabajadores, y en un sentido contrario a la participación democrática, algunas Cajas promueven políticas antisindicales5, lo que debilita aún más el llamado y ráquitico pacto social.

 

La tarea es para los trabajadores

 

En una situación así, la controversia ha de considerar la naturaleza del aporte del 4 por ciento, la capitalización social de este régimen parafiscal sui generis, el carácter de pacto entre clases que reviste el aporte, su razón como empresas sociales que tienen las ccf, su democracia interna, la participación de los trabajadores en la dirección del sistema, la participación de la sociedad en este debate, las condiciones económicas de los trabajadores formales e informales en la perspectiva del trabajo decente, la actual crisis fiscal y económica, la crisis de las políticas neoliberales en el mundo contemporáneo y las desigualdades de género, entre otras muchas.

 

La tarea es enorme para los trabajadores, pues por parte de quienes han venido desmontando la parafiscalidad, hay ya argumentación y medios a su favor. Es necesaria una ofensiva sindical que se arisque por el fortalecimiento de los sindicatos relacionándose con ligas de usuarios, integrando a las familias a su activididad cotidiana y buscando el contacto con ese mayoritario mundo del trabajo no integrado de manera formal al sistema, combinado todo ello con una estrategia jurídica que permita proteger la naturaleza parafiscal y prestacional del aporte del 4 por ciento.

 

Esto es parte del reto, pero también debe buscarse la manera de ampliar y reformular los mecanismos de participación de los trabajadores en las políticas del scf y promover el debate en la sociedad sobre el futuro de las ccf, del subsidio familiar, del scf, de la seguridad social y la política social colombiana. Es necesaria, incluso, una comprensión transitoria entre clases que establezca horizontes comunes como la universalización de la seguridad social pero fortaleciendo la economía solidaria, pues tanto el aporte del 4 por ciento sobre la nómina como el capital acumulado por las Cajas, hacen parte del valor generado por el esfuerzo diario de los trabajadores a lo largo de los últimos 70 años de historia nacional.

 



1 Zalamea, Jorge; "El sueño de las escalinatas".
2 Los recursos manejados por las Cajas están destinados para cerca de 10 millones de beneficiarios, entregados a través del subsidio familiar. Estos recursos pueden ser pagados en servicios, en especie o en dinero según la ley 21 de 1982, considerada como la ley orgánica de la compensación familiar. De ese 4 por ciento, 1,5 billones anuales (30,94%) son destinados al pago de 4,9 millones de cuotas monetarias cada mes, 534 mil millones a más de 41.000 subsidios de vivienda, 1,2 billones (25,19%) a servicios sociales, 410 mil millones (8,59%) para su administración y control y 1,15 billones (24,08%) para los distintos fondos que la legislación establece.
3 Ver: https://comisionreformatributaria.files.wordpress.com/2015/09/segundo-informe-comisic3b3n-expertos-equidad-y-competitividad-tributaria-final.pdf
4 Así ha sido calificadas por Salomón Kalmanovitz en una columna del 2 de septiembre de 2012 publicada en el diario El Espectador.
5 Pueden indicarse casos como el despido de 22 fundadores del sindicato de Colsubsidio –Sintracolsubsidio– en abril de 2011, o el despido sin justa causa de Gloria Stella Pabón quien se desempeñó como auxiliar de ama de llaves en Colsubsidio Paipa (Boyacá), quien participó en la fundación de Sintracolsubsidio y fue despedida el mismo día en que la empresa fue notificada de la creación del sindicato. También la táctica del director de Comfamiliar Huila en 2013, Armando Ariza, presionando a los dirigentes sindicales a pensionarse antes de tiempo; táctica que fue efectiva en la reducción del sindicato en pocos años. O bien, la intransigencia en las negociaciones y la insistencia en convenciones colectivas o prebendas a los negociadores de Finamérica (Compañía constituida por Cafam, Comfenalco Cartagena, Colsubsidio y Comfandi Valle del Cauca, la ONG norteamericana ACI International y la Fundación Compartir, y que hoy se ha transformado en Bancompartir).

 


Recuadro 1

 

Apuntes de historia jurídica sobre el scf en Colombia

 

En 1949 se crea, mediante la ley 90, el primer Sistema de Seguridad Social en Colombia. El 22 de febrero de ese año, mediante convención colectiva entre los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia y sus patronos, se da vida al pago de tres pesos mensuales por cada hijo menor de 15 años que tuviera el trabajador.

 

El establecimiento de un salario mínimo por medio de los decretos 2663 y 3747 de 1950, dejó de lado la discusión sobre el subsidio familiar hasta cinco años después. En marzo de 1954, en el plenum nacional de la Unión de Ttrabajadores de Colombia (UTC) se propone el subsidio familiar para trabajadores con hijos, el que debería recaudarse a través de las ccf a las que los patronos aportarían sumas proporcionales a los salarios pagados por cada empresa. Ese mismo mes, también en Medellín, durante la XI Asamblea General de la Andi fue aprobada la proposición de los trabajadores. Nace, pues, Comfama, la que en cinco años logra cuadruplicar su gestión respecto al número de beneficiarios y de trabajadores afiliados.

 

Para el años 1957, la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla expide el decreto 118 del 21 de junio por medio del cual incrementa los salarios, establece el subsidio familiar y crean el Sena. Poco después expiden el decreto 1521 del 24 de julio y reglamentan el cumplimiento de la obligación legal y el funcionamiento de las nuevas cajas de compensación.

 

En la década del 60 fue ampliado el pago del subsidio de la cuota monetaria hacia la prestación de servicios en especie para las familias; comenzando por el campo de la salud. Desde 1963 las ccf administran el sistema. Pero también en esta década, con la ley 69 de 1966, ratificada posteriormente por la ley 56 de 1973, la afiliación a las Cajas debía pasar del nivel nacional al regional según las divisiones político administrativas del territorio.

 

La Ley 25 de 1981 crea la Superintendencia del Subsidio Familiar (ssf). En 1982 la ley 21 modifica el régimen del subsidio y amplía las áreas de servicios que pueden prestar las Cajas. Ese mismo año desaparece Sintraconfama que había surgido en 1975 y había logrado hacer firmar tres convenciones colectivas a la patronal, las mismas con su desaparición pasarían a ser simples estatutos de personal. Los trabajadores de esta Caja no se quedan quietos, en 1994 crean Asotraconfama, logrando en poco tiempo elevar a nivel de convención colectiva los derechos planteados en esas tres convenciones.

 

En 1984 se modifica la ley 21 de 1982 para reconocerle participación a los beneficiarios del subsidio en los consejos directivos de las Cajas.

 

La ley 100 de 1993 otorga funciones y responsabilidades a las Cajas en la prestación del servicio de seguridad social en salud y la gestión del fondo para la niñez. Hace lo propio la ley 115 de 1994, ley General de Educación.

 

Hasta 2002, con la ley 789, aumentan aún más el rango de acción de las Cajas; en su artículo 16, amplían los servicios que pueden prestar hacia actividades de intermediación financiera, actividades de mercadeo, e inversión regulada en fondos de riesgo. Con la ley 920 de 2004 las autorizan para adelantar actividades financieras. El decreto 0722 de 2013 les asigna la administración del subsidio al desempleo.

 

Muchas otras normas han orientado esta tendencia a convertirlas en entidades de rentabilidad económica y en soportes de la política social del Estado en materia de vivienda de interés social, por ejemplo.

 

Falta, sin embargo, una reconstrucción histórica de la formación del sistema, que demuestre el carácter solidario y de clase del subsidio familiar, y la acumulación de capital permitido con ello.

Publicado enEdición Nº219