Sábado, 23 Octubre 2021 10:24

Bogotá, tan peligrosa como siempre

Bogotá, tan peligrosa como siempre

De nuevo las noticias sobre la inseguridad en Bogotá abarcan todo el espectro de los medios de comunicación nacionales y locales, ¿estamos entrando en una nueva campaña de desinformación o estamos a punto de tener a Bogotá como una ciudad inhabitable? Los datos brindan una respuesta.

En Bogotá reina el caos y la delincuencia, o por lo menos así lo aparentan los medios de comunicación, que desde hace varias semanas nos bombardean con noticias de hurtos y homicidios en la ciudad. Y propagandean, como vendedores de baratijas, que la situación se agrava día tras día.

La manera de presentar los sucesos crea un ambiente de pánico entre los millones que pueblan la urbe. En sus miradas inseguras, en su manera de revisar con la vista a quien les sucede por la calle, así lo confirma. Sensación reafirmada por las exigencias de más policía, ojalá en cada esquina.

Pero para el ojo crítico o cualquiera que ya lleve cierto tiempo en la capital, esta historia no debería tener nada de novedosa, ya que la ciudad siempre ha sido un espacio donde decenas, cientos o miles de personas tienen como ‘profesión’ rebuscarse en el bolsillo, bolso, mochila, carro, moto, bicicleta, casa, etcétera, ajeno. Entonces, ¿por qué últimamente, en un año donde inician las campañas presidenciales y el gobierno cuenta con una de sus peores cifras de aprobación históricas1, volvemos a oír sobre el recrudecimiento de la inseguridad?

Si tomamos esto en cuenta, si escuchamos o vemos con algo de malicia las noticias, podríamos preguntarnos si lo que sucede tal vez responda a una campaña de miedo para fortalecer las posibilidades electorales de proyectos políticos basados en la “seguridad”, que con tanto éxito manejaron esa matriz mediática durante años.

Esta puede ser una pista, pero también podría ser que concluyamos, como ‘gran’ descubrimiento, que la capital del país, como otras tantas capitales departamentales donde pulula la desafección social, siempre ha sido un territorio con repetidas islas de inseguridad para sus habitantes, unas más que otras, y que nos podemos enfrentar a un continuo empeoramiento de estas condiciones si la ciudad (y el país) no desarrolla un proyecto social que auténticamente genere condiciones de vida digna para la totalidad de quienes allí habitan.

Entonces ¿cuál es la realidad? ¿La ciudad si padece una auténtica crisis de seguridad y necesita mano fuerte que intervenga? La revisión de las estadísticas a que se tiene acceso sobre este particular muestran que ambas posiciones tienen algo de verdad, pero el engaño yace en cómo se enmarca el problema de la seguridad.

Efectivamente, en el 2021 la situación de seguridad empeoró significativamente en comparación con el 2020: en los dos delitos más comunes, el hurto a personas y el hurto de celulares, los indicadores confirman un aumento del 25 y 20 por ciento respectivamente en el periodo enero-agosto de cada año2, además las lesiones aumentaron un 44 por ciento en el mismo periodo (Gráfica 1). Estos porcentajes serían extraordinarios si nos encontráramos en una situación de normalidad, pero lo son mucho más en una ciudad donde aun existen restricciones de aforo por la pandemia y donde algunas personas continúan trabajando desde sus hogares, disminuyendo la cantidad de gente en las calles y en el transporte público, donde es tan común el llamado “cosquilleo”.

 

 

De hecho, el 2020 es el año más seguro registrado en la capital en los últimos 4 años, contando el 2021. Esto se debe a las cuarentenas decretadas durante el primer semestre del 2020, lo cual explica por qué entre los primeros 5 delitos más comunes de la urbe solo la violencia intrafamiliar disminuyó en el 2021. El año anterior es entonces una anomalía generada por las condiciones de la pandemia que no reflejaba las tendencias de la capital en términos de seguridad, mientras que el que ahora deshoja sus últimas semanas es un año en el que los problemas de seguridad están retornando a su usual tendencia.

Entonces, podría considerarse que la reacción actual al problema de la seguridad es generado por el contraste entre un año 2020 anormal y un 2021 normal. Sin embargo, según la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá-20203 realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá a finales del año, el 2020 fue percibido como el año más inseguro en los últimos 5 años, aunque en términos porcentuales la victimización solo aumentó un 2 por ciento en comparación con el año anterior llegando a un 17 por ciento, muy cerca del por ciento promedio del 16 de victimización de los últimos 5 años.

Así los hechos, es claro que existe una disonancia clara entre la realidad de la seguridad bogotana y la percepción ciudadana. Como podemos ver, las personas parecen no tener herramientas con las cuales medir realmente las condiciones de seguridad prevalecientes.

En la misma encuesta, por primera vez la mayoría de las personas señalaron que principalmente formaban su opinión sobre las condiciones de seguridad en la ciudad a través de las redes sociales y no a través de los noticieros, como solía ser la tendencia, lo que lejos de disminuir los efectos de la falsa percepción de inseguridad, parece que los fortaleció. Nos encontramos, por tanto, en un espacio más complicado aún, en un campo de batalla de opiniones libres para todos, en el que las fuentes son todavía menos claras que en el pasado y donde podemos ver la mezcla de campañas de miedo generadas desde medios oficiales y desde noticias falsas. La seguridad en Bogotá se convierte, entonces, en un tema cada vez más difuso y difícil de medir para la población en general. Cuando un año como 2020 es medido como uno de los más inseguros, es claro que la población no tiene ningún parámetro preciso para analizar lo que realmente la está afectando, y que los medios a su alcance son profundamente ineficientes para formar una opinión verídica, lo cual abre las puertas a la manipulación y la especulación.

Como podemos ver, nos encontramos en una situación compleja donde existen dos problemas que parecieran contradecirse. Tenemos una ciudad capital que auténticamente está empeorando en condiciones de seguridad y una población que está profundamente desinformada por lo que infla las percepciones en términos de inseguridad. Lo que podemos resolver con la información disponible es que Bogotá se está acercando a una situación donde la inseguridad empeorará; pero, también, que la población no tiene acceso a herramientas de información que les permita crear una sólida imagen de la realidad para poder así combatir cualquier clase de desinformación.

Volvamos a la anomalía del 2020. Aunque este año fue considerablemente más seguro que el 2021, no alcanzó a ser tan seguro como el 2017 en el periodo enero-diciembre (gráfica 2)4, aún con las cuarentenas obligatorias y gran parte de la población en sus hogares. Además, el 2020 fue un salvavidas en términos de seguridad para la ciudad ya que el 2019 fue el peor año en cuanto a robo a personas, mientras que el hurto de celulares se estableció alrededor de los 60.000 casos por año 2018 y 2019.

 

 

El año 2021, por tanto, es un año de recuperación de las tendencias de inseguridad de la ciudad, en el que los delitos están volviendo a sus números previos a la pandemia, y en algunos casos están muy por encima a los del 2019, preocupando especialmente el caso de los homicidios y las extorsiones que superan los 4 años previos, así como del hurto de bicicletas y de motocicletas que va en continuo aumento sin importar la pandemia.

Si esas son las condiciones que tenemos bajo las restricciones aún presentes por la pandemia, probablemente los números nos indican que estamos ante un coletazo del creciente empobrecimiento que afecta a un segmento no insignificante de la población capitalina. La crisis económica, potenciada por la manera como el ente nacional y distrital enfrentaron el covid-19 así lo propicia. Una realidad que indica, no hay duda, que la inseguridad en Bogotá va a seguir empeorando si las condiciones socioeconómicas no cambian.

Por el momento, las cifras de pobreza monetaria y monetaria extrema en las ciudades, así como el hecho de que la tasa de desempleo no se ha recuperado de la pandemia y continúa por los dos dígitos (gráfica 3)4, confirma que en el 2022 Bogotá podría ver números de inseguridad superiores a los de 2019.

 

 

Una realidad que sería muy peligrosa para la agenda electoral en que entró el país, ya que la configuración de las problemáticas de la ciudad más importante alrededor de la agenda de seguridad fortalecería las posturas “salvadoras”, claramente autoritarias y atomizadoras del tejido social, sin reparar en el origen de la problemática: la desigualdad.

Además, como vimos, la ciudadanía está pobremente preparada para contrarrestar estas posturas a través de los canales de información a que tiene disponibles. Una realidad que evidencia la imperiosa necesidad de construir y fortalecer medios alternativos de información que ayuden a contrarrestar la increíble fuerza de la desinformación y las posturas de los medios tradicionales que configuran la percepción de la población. Además, resalta la importancia de pugnar contra las difíciles condiciones materiales en que sobrevive un amplio segmento de quienes habitan Bogotá y, para ello, estimular, crear y reforzar canales de cooperación comunitarios y efectivas políticas sociales. De no ser así, la ciudad solo empeorará sus condiciones y seguiremos luchando contra los síntomas sin poder ponerle un pare a la enfermedad.

 

1 https://www.valoraanalitik.com/2021/06/22/aprobacion-del-gobierno-duque-esta-en-minimos-historicos/
2 Fuente: Secretaría de seguridad de Bogotá. El periodo corresponde a la información disponible del 2021.
3 https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2021/Febrero/Conozca-los-resultados-de-la-Encuesta-de-Percepcion-y-Victimizacion-de-Bogota-2020
4 Fuente: Secretaría de seguridad de Bogotá.
5 Dane. Mercado laboral. Agosto 2021. Series originales sin desestacionalizar. Publicado 30-sep-2021.

 

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Publicado enEdición Nº285
Calles vacías por el paro en la maltratada nación caribeña.. Imagen: AFP

La banda armada que secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití pidió un rescate de un millón de dólares por cada una de las personas captivas, según informó el ministro de Justicia, Litz Quitel. Mientras que en el país caribeño, especialmente en Puerto Príncipe, las calles amanecieron casi vacías por segundo día consecutivo debido a una huelga promovida por organizaciones patronales y sector transportista en reclamo por la inseguridad, raptos y asesinatos tras el reciente secuestro. Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital.

"La banda haitiana que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses está pidiendo 1 millón por cada uno para su liberación, un total de 17 millones de dólares", aseguró Quitel, que luego indicó que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas durante las negociaciones.

El ministro de Justicia subrayó que el FBI y la policía de Haití están en contacto con los secuestradores, y que las negociaciones podrían durar días o semanas. "Estamos intentando lograr su liberación sin pagar un rescate. Esta es la primera vía de acción. Seamos honestos: Cuando les demos ese dinero, ese dinero será usado para (comprar) más armas y municiones”, afirmó Quitel.

El ministro además señaló que su equipo no participa en las negociaciones. "No tengo los datos específicos, no quiero interferir con quien está negociando y los secuestradores. Cada caso es diferente", dijo al diario The Washington Post.

Quitel añadió que las autoridades del país buscan llegar a un desenlace similar al del secuestro en abril pasado de un grupo de sacerdotes y monjas católicos por parte de la misma banda, 400 Mawozo. En esa negociación los cinco curas, dos monjas y tres de sus familiares fueron liberados a finales del mismo mes con el pago de rescate únicamente por dos de los sacerdotes, aseguró el ministro de Justicia.

En abril, 10 personas, entre ellos dos religiosos franceses, estuvieron secuestrados 20 días por la banda 400 Mawozo en la misma región situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana. Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Puerto Príncipe, afirmó que la banda 400 Mawozo estuvo detrás de cerca del 80 por ciento de los secuestros del tercer trimestre de 2021, según consigna el matutino estadounidense.

Según indicó Quitel, las 17 personas están siendo retenidas en una casa justo afuera de Croix-des-Bouquets, donde lsos misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobus al este de Puerto Príncipe. La zona está controlada por la banda 400 Mawozo.

Por su parte, Estados Unidos reiteró que no negociará con quien secuestra a sus ciudadanos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Washington mantiene su política de no negociar con secuestradores remarcó que el objetivo continúa siendo "traerles a casa". En el grupo de víctimas figuran cinco niños, el menor de ellos de ocho meses y otros de 3, 6, 14 y 15 años.

La Policía Montada de Canadá confirmó este martes que está trabajando con las fuerzas policiales de Haití y Estados Unidos en el caso de los misioneros secuestrados. En una declaración a los medios, la policía canadiense señaló que "está tomando muy en serio esta situación y está colaborando con las autoridades policiales de Haití y Estados Unidos en este incidente". Por otra parte, afirmaron que no harán más comentarios sobre investigaciones en marcha en otros países.

En tanto la cancillería canadiense señaló que está recabando más información junto a las autoridades locales y Christian Aid Ministries tras conocerse el secuestro de los misioneros. Las autoridades canadienses no han revelado la identidad del ciudadano de ese país que hace parte del grupo de rehenes.

Reclaman acción al gobierno

En las calles de la capital haitiana habían unos pocos vendedores ambulantes. Sólo algunos grandes mercados abrieron las puertas, pero la mayoría de las escuelas, instituciones financieras y de la administración pública se adhirieron a la huelga.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, Mehu Changeux, explica que el paro reclama la acción del Gobierno para combatir a las pandillas y critica una supuesta campaña de las autoridades para ahogar las demandas de la población. "Les decimos que no es el dinero lo que hace que los conductores y los ciudadanos se queden en casa, es la convicción", tuiteó el sindicalista.

Sin embargo, cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital, y en algunas zonas se experimentaba una reactivación del transporte colectivo, mientras que en otros departamentos más alejados de la capital los sectores no acataron la huelga, precisaron medios locales.

20 de octubre de 2021

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Martes, 04 Mayo 2021 12:05

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Integrantes de la Policía Nacional Civil y de las fuerzas armadas, junto con diputados ofi cialistas, ingresaron al recinto para apuntalar una sesión extraordinaria convocada por el mandatario Nayib Bukele. El Ejecutivo llamó a sus seguidores a participar en una "insurrección" para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que destinaría a un programa de seguridad. El presidente entró al recinto y en el estrado se puso a orar. La oposición lo acusó de urdir un "autogolpe" de Estado. Foto Ap. / Agencias

El presidente exige a diputados aprobar la solicitud de un préstamo para su estrategia de seguridad interna

 

San Salvador., Efectivos de la Policía Nacional Civil y de las fuerzas armadas irrumpieron ayer en la sede de la Asamblea Legislativa con algunos de los diputados oficialistas que se presentaron para participar en una sesión extraordinaria convocada por el presidente Nayib Bukele.

El mandatario convocó a sus seguidores a rodear la sede del Legislativo e hizo un llamado a la insurrección para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que impulse la Fase tres del Plan Control Territorial, su estrategia de seguridad interna.

Bukele llegó al recinto, a cuya sesión sólo acudió una veintena de los 84 diputados.

La oposición a Bukele denunció un intento de autogolpe de Estado contra la Asamblea Legislativa con el argumento de que debe votar el préstamo.

Bukele lanzó un ultimátum de una semana a la Asamblea, de mayoría opositora, para que apruebe el préstamo para el rubro de seguridad, clave para el plan nacional de lucha contra las pandillas y epicentro del actual enfrentamiento entre ambos poderes.

Al dirigirse desde una tarima a seguidores y empleados estatales congregados en las cercanías, Bukele expresó: Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene).

El crédito, que será usado para el equipamiento del ejército y la policía, es clave para avanzar en el plan del gobierno contra las violentas pandillas.

Momentos antes de lanzar el ultimátum, en un hecho insólito, Bukele ingresó al estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso en el salón de sesiones y se dispuso a orar: La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración.

Luego se paró, salió del recinto y se dirigió a sus seguidores afuera del Congreso, a quienes aseguró que durante su oración Dios le dijo que tuviera paciencia con los legisladores. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna con una minoría en el Congreso unicamaral.

Cuando el mandatario se presentó al recinto, el Parlamento estaba inusualmente custodiado por efectivos militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

Todo ocurrió a pesar de que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, convocó el sábado a los parlamentarios a sesionar sobre el polémico préstamo este lunes, luego de que fracasó esa noche un intento de celebrar una sesión extraordinaria.

El viernes surgió una confrontación entre Bukele y el Legislativo, cuando el presidente –apoyado en una resolución del consejo de ministros– llamó a la Asamblea a sesionar de manera extraordinaria el fin de semana para aprobar el préstamo.

En tanto, el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista, que anunció que no votará a favor de la petición del gobierno, pidió al secretario general de la OEA que active los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interame ricana para evitar el rompimiento del orden constitucional.

Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el cual alguna vez militó Bukele, exigió al mandatario frenar sus amenazas, propias de una dictadura.

La Unión Europea expresó en un comunicado la gran preocupación que ha causado el enfrentamiento entre las instituciones en el país centroamericano. Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social pidió el retiro de las fuerzas armadas del recinto legislativo, entre otras medidas, para desactivar la crisis.

Las pandillas son responsables de gran parte de la crisis social en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019.

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¿Cuáles son los países con más crímenes? ¿Y las ciudades?

Los homicidios generan más defunciones en el mundo que los conflictos armados. Más de cinco veces, según un reciente informe de Naciones Unidas con datos de 2017. El Salvador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica lideran estas escabrosas listas. En cuanto a las ciudades, Caracas es la que más muertes violentas registra, en un top-ten en el que hay cuatro sudafricanas y tres brasileñas. Aunque otros indicadores sitúan a San Salvador y a la hondureña San Pedro Sula por delante.

 

La Agencia de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen (UNODC) reveló a mediados de julio su informe anual sobre índices de homicidios en el mundo. Con resultados inequívocos. Más de 464.000 personas murieron en el planeta, en 2017, por causas violentas, superando en más de cinco veces los fallecimientos ocasionados por los distintos conflictos armados que se hallaban en activo, que cifra en torno a las 89.000 defunciones.

Su Estudio Global sobre Homicidios 2019 incluye la violencia de género además de las distintas figuras delictivas relacionadas con muertes trágicas, en las que han intervenido la acción humana para acabar con la vida de las víctimas. En su objetivo esencial, los expertos de esta oficina oficial de la ONU insisten en que su radiografía de situación pretende “ofrecer datos crudos de la realidad con objeto de que las autoridades de los distintos países tomen medidas efectivas para reducir sus registros de violencia armada y se comprometan a luchar contra el crimen organizado”, explica su director ejecutivo Yuri Fedotov, quien recordó que todas las naciones que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta institución multilateral han adquirido el reto de reducir cualquier forma de violencia en sus sociedades para 2030.

El escenario que dibuja la UNODC, según sus siglas en inglés, es más que preocupante. Sus datos demuestran que es una lacra que avanza sin remedio. En el último cuarto de siglo se ha pasado de 395.542 homicidios violentos en 1992 hasta los 464.000 de 2017. Aunque la ratio de víctimas se haya reducido por efecto de la explosión demográfica global desde los 7,2 fallecimiento por cada 100.000 personas a los 6,1. Las organizaciones criminales fueron responsables del 19% de los homicidios. Pero su repercusión desestabilizadora del entramado institucional de los países, unido a sus perjuicios directos sobre la prosperidad económica y su obsesiva meta de erosionar los estados de derecho donde operan, requieren de medidas urgentes, alerta el informe. Sobre todo, en según qué regiones del planeta. Porque la tasa de criminalidad salta al 17,2 en América Latina y al 13 en África, mientras que en Europa, Oceanía y Asia se diluye hasta los 3, 2,8 y 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Más en concreto, focaliza en América Central y Sudamérica los territorios con riesgos sistémicos por muertes violentas, entre los que también contabilizan los suicidios o los actos en legítima defensa. El Salvador, el país que la UNODC sitúa a la cabeza de su lista negra, alcanzó las 62,1 muertes por cada 100.000 habitantes y Venezuela, las 56,8. En estas zonas, la violencia mortal se ha colectivizado, hasta el punto que ciertas comunidades civiles sobreviven en una atmósfera de conflicto armado con innumerables factores de riesgo. De forma mayoritaria, las víctimas son hombres, pero las mujeres son, muy a menudo, pierden su vida por acciones intimidatorias de grupos delictivos. El 81% de ellas, fueron de género masculino -incluidos menores-, que también copan, con más del 90% de los casos, las imputaciones de sospechosos. Aunque el criterio del género varía en función de la edad. Hasta los nueve años, las tasas de mortalidad permanecen en niveles similares, pero a partir de esta cota, las víctimas masculinas superan claramente el 50%. Aunque los adolescentes, entre 15 y 29 años, son los núcleos de mayor riesgo de homicidio.

Los datos de esta agencia de la ONU se corroboran, aunque con matices, con información oficial recabada por otras fuentes, públicas y privadas. Numbeo, considerada la mayor base da datos oficiales de países y ciudades, elabora un ránking con un Índice de Criminalidad que evalúa los niveles de siniestralidad mortal, de 0 a 100, y otro de Seguridad, que supone el diferencial entre el primer registro y el cómputo total. Su análisis establece cinco baremos: de 0 a 20, calificados de muy bajos; entre 20 y 40 (bajos); entre 40 y 60 (moderados); 60-80: altos y más de 80, índices excesivamente elevados. En su clasificación por países señala a Venezuela (84,86) como nación menos segura, la que mayor número de homicidios genera; seguida de Papúa Nueva Guinea, con 80,26. Son las dos únicas naciones que exceden el límite del 80. Sudáfrica (77,02), Honduras (75,84), Afganistán (73,26) y Trinidad y Tobago (73,15). Un grupo de 16 países completan la frontera entre los índices moderados de criminalidad: Brasil, El Salvador, Namibia, Siria, Jamaica, Bangladesh, Puerto Rico, Nigeria, Perú, Kazajistán, Argentina, Kenia, Libia, Malasia, República Dominicana e Islas Fiyi. Por el contrario, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Taiwán y Hong-Kong son los cinco estados más seguros para esta clasificación. España ocupa el lugar 91 de 123 naciones; es decir, el trigésimo segundo país más seguro.

La recopilación de Numbeo también engloba a las grandes ciudades, núcleos donde el crimen se reproduce con mayor intensidad. Siete urbes superan la cota 80. Caracas, Pietermaritzburgo, capital de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal; Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea; San Pedro Sula (Honduras) y Pretoria Durban y Johannesburgo (Sudáfrica). Justo por debajo de este límite, aparecen cinco ciudades brasileñas: Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre y Recife. Intercaladas entre otras urbes de mercados emergentes o en desarrollo figuran las primeras de potencias industrializadas; entre las cotas 60 y 80. Mayoritariamente de EEUU: Detroit y Baltimore -por encima de México DF-, Alburquerque, San Luis, Milwaukee, que sigue a Damasco, en pleno conflicto armado, Oakland, Nueva Orleans, Chicago, Atlanta, Houston y la ciudad-condado de Alaska, Anchorage, a la que precede Bogotá, en el puesto 55. Filadelfia es la primera del siguiente grupo, con 59,56. La canadiense Surrey, Catania (Italia) y Townsville (Australia) también están en el elenco de urbes de economías con rentas altas, pero con niveles de homicidios peligrosamente altos. Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Quebec (Canadá), Taipei (Taiwán) y Múnich (Alemania) forman el top-five de baja siniestralidad criminal. Málaga, en el puesto 293 de un total de 328, donde se ubica la capital de uno de los siete emiratos de EAU.

Pero, quizás, el más completo de estos compendios de homicidios en el mundo sea el de Global Residence, consultora dedicada al negocio inmobiliario que ofrece a sus clientes información de siniestralidad y altercados delictivos en las ciudades en las que desarrolla su actividad. Recopila los datos de Numbeo y otros barómetros de criminalidad, como el Global Peace, del think-tank australiano que lleva este nombre, los riesgos políticos o de seguridad -entre otros- para dibujar su mapa de peligrosidad por países. Y, entre sus 181 enclaves analizados, señala a San Salvador, como la mayor amenaza para vivir. A la que siguen otras tres latinoamericanas: la hondureña San Pedro Sula, Caracas y Tegucigalpa, capital de Honduras. El resto del top-ten lo configuran Damasco, Ciudad de Guatemala, Port of Spain (Trinidad y Tobago), Ciudad del Cabo (Sudáfrica); la brasileña Belo Horizonte y Johannesburgo. El triángulo centroamericano de San Salvador, San Pedro Sula y Tegucigalpa, con tasas de homicidios que superan el 80, impulsadas por la elevada actividad criminal de las maras, el fenómeno de grupos delictivos juveniles que ha expandido el terror por los países del istmo de América Central y que, en no pocos territorios, ha usurpado la autoridad de sus estados. Sus destinos más seguros son Vaduz (Liechtenstein); Andorra la Vella; Douglas (Isla de Man), Mónaco, Saint Helier (Jersey), Gibraltar, Singapur, Zúrich (Suiza), Reikiavik (Islandia) y Tokio.

12/08/2019 08:26 Actualizado: 12/08/2019 08:26

Por DIEGO HERRANZ

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Viernes, 26 Octubre 2018 05:48

La irresistible atracción del macho alfa

La irresistible atracción del macho alfa

Las elecciones brasileñas muestran una enorme diferencia de comportamientos entre varones y mujeres, tan amplia y profunda como pocas veces se registra en nuestras sociedades. Según la primera encuesta de Datafolha luego de la primera vuelta, existe un "empate técnico" entre las preferencias femeninas: 42 por ciento apoyaban a Jair Bolsonaro y 39 por ciento a Fernando Haddad, cuando el primero tiene casi 20 puntos de diferencia (goo.gl/B769dj).

Las preferencias masculinas se vuelcan en 57 por ciento por el candidato de la extrema derecha y sólo 33 por ciento por Haddad. La diferencia es tan grande que merece alguna explicación. Bolsonaro es un personaje machista, militarista y racista, que nunca ocultó sus opiniones y hasta se jacta de ellas, de modo que quienes lo apoyan es porque simpatizan con sus ideas y actitudes. Lo que debemos explicarnos entonces son las razones por las cuales la mayoría de la población brasileña se siente atraída por él.

La primera es la profunda crisis, tanto económica como social, con un aumento importante de la violencia. En 2017 se produjeron casi 64 mil muertes violentas, una cifra que aumenta de modo exponencial: al comienzo del periodo neoliberal en 1990 eran 14 mil y en 2002, cuando Lula ganó las elecciones, eran 49 mil personas muertes cada año (goo.gl/82jd9i). La violencia no deja de crecer y se ha llevado medio millón de personas en la reciente década.

Un aspecto central de la crisis es la disolución de los vínculos sociales y comunitarios. Mucho antes de la centralidad que adquirió Bolsonaro, las grandes ciudades se habían convertido en espacios de violencia desbordada. La principal diferencia desde 2013, es que ahora la violencia arraigó también en los barrios de clase media, cuando históricamente estuvo focalizada en las favelas y periferias urbanas, donde la sociedad más desigual del mundo descerrajaba sus armas contra la población negra.

La segunda es el clima de inseguridad imperante. Por curioso que parezca, en los barrios populares las cosas han cambiado poco. En la noche, en la Maré, la mayor favela de Brasil en Río de Janeiro, la gente continúa haciendo su vida en calles que siempre están atestadas. En los barrios "nobles" (así le llaman en este país a la ciudad formal), las calles están desiertas y los pocos peatones deambulan como fantasmas apurando el paso.

La inseguridad es cosa de clase media, ya que los más pobres nunca vivieron otra realidad que el temor a la Policía Militar y a sus aliados: políticos conservadores, traficantes y, más recientemente, iglesias pentecostales y evangélicas que persiguen con saña las religiones afro.

Son los miedos de las clases medias los que se vuelven noticias, sus paranoias ganan titulares y sus barrios se llenan de guardias privados, cuando pueden pagarlos. Con la crisis un sector muy amplio de las clases medias teme, además, perder el empleo y el estatus económico y social. En este punto, Bolsonaro promete acabar con la inseguridad, se ofrece como el gran protector, liberando el gatillo contra los pequeños delincuentes y prometiendo castración química a los violadores. Todo parece tan fácil que resulta poco creíble.

La tercera cuestión es que el macho alfa, en sus variantes duras o blandas, es el estereotipo conocido, tanto a derecha como a izquierda. Salvo el pequeño sector de universitarios exitosos, el resto de la población sigue creyendo en la mano dura y el hombre fuerte que la practique, desde la familia y el barrio hasta las instituciones estatales. Por algo las fuerzas armadas gozan de tan buena reputación, al punto que toda la campaña de Bolsonaro gira en torno a militares que no rechazan ni la tortura ni las soluciones represivas.

La cuarta cuestión se relaciona con el campo emancipatorio. Los partidos y movimientos, incluso los varones que nos decimos antipatriarcales, no hemos trabajado otros modelos masculinos diferentes a los que nos ofrece el sistema. Nuestra izquierda sigue apostando en caudillos, algo que parecía hasta cierto punto entendible hasta la revolución mundial de 1968.

Hemos hablado de leninismo, de peronismo y de castrismo. Ahora seguimos por el mismo camino: chavismo, lulismo y todos los ismos imaginables vinculados siempre a un caudillo que, naturalmente, remite al patriarcado. Somos tan grotescos que incluso cuando un movimiento cubre las caras de sus portavoces y los denomina subcomandantes para que se entienda que obedecen a las comunidades, incluso en este caso, los analistas creen que son Galeano y Moisés los que mandan.

Nuestra cultura política no deja de producir machos alfa. Vladimir Putin y Xi Jinping provocan suspiros de amor revolucionario entre no pocos intelectuales que, en tanto, se horrorizan cuando el macho resulta de signo contrario a sus ideologías.

Finalmente, creo que no debe confundirse la figura del guerrero/guerrera, necesaria para defendernos, con el macho alfa. Éste se manda solo y hace lo que su testosterona le indica. El guerrero obedece a su pueblo.

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América Latina, el continente más homicida del mundo

Sufre el 33% de los homicidios de todo el mundo a pesar de tener sólo el 8% de su población


Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países más afectados

 América Latina ha sufrido más de 2,5 millones de asesinatos desde el comienzo de este siglo y se enfrenta ahora a una grave crisis de seguridad pública que requiere soluciones urgentes e innovadoras. Esto es lo que advierte un nuevo informe que acaba de ser publicado.


"Las dimensiones totales de la violencia homicida son impresionantes", dice el informe del Instituto Igarapé, un think tank de Brasil que se centra en asuntos de seguridad y desarrollo. La publicación, que vio la luz este jueves, muestra un retrato sombrío de lo que llama el continente más homicida del mundo.


América Latina sufre el 33% de los homicidios de todo el mundo a pesar de tener solamente el 8% de su población. Una cuarta parte de los homicidios que se producen en todo el mundo se concentran en cuatro países –Brasil, Colombia, México y Venezuela– y todos ellos se están preparando para elecciones presidenciales, en las que uno de los grandes temas va a ser el de la seguridad.


"La tendencia general que se presenta en estos momentos en América Latina es la de que sigan aumentando los homicidios y el deterioro de la seguridad", dice Robert Muggah, uno de los autores de este informe.


"América Latina es un área inmensa y hay muchas variaciones. Pero como región –incluyendo a México, a Centroamérica y a Sudamérica– la tasa de asesinatos seguirá aumentando hasta 2030. Los únicos otros dos lugares en los que vemos aumentos parecidos son partes del sur y del centro de África y algunas zonas en guerra".


El informe también pone de manifiesto que los jóvenes latinoamericanos se sienten desproporcionadamente afectados, ya que casi la mitad de todas las víctimas de asesinato han sido personas de entre 15 y 29 años. También denuncia el "increíble" papel que tienen las armas de fuego.


"Además de tener estos niveles extremadamente altos de homicidios, la gran mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. En el 75% de los casos, se han utilizado pistolas", añade Muggah. La media del uso de pistolas en casos de homicidio es de un 40%.


La crisis de seguridad ha ocupado un lugar central este año, ya que las naciones más violentas de la región se encaminan a elecciones presidenciales. Colombia y Venezuela celebrarán elecciones a finales de mayo, mientras que México, que el año pasado registró su peor tasa de asesinatos desde que existen este tipos de informes, votará el 1 de julio y Brasil lo hará en octubre.


Algunos aspirantes a presidentes han expresado ideas verdaderamente radicales al intentar sacar partido de la furia pública en torno a este asunto. Este domingo, un candidato mexicano, Jaime Rodríguez, sugirió cortar las manos de los ladrones. "Es una propuesta seria, no me la acabo de sacar de la manga", aseguró.


En Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, uno de los primeros candidatos a la presidencia, se comprometió a relajar las leyes de control de armas. "Debemos dar a todos el derecho de llevar armas, como en EEUU", dijo a O Globo esta semana. "Ya tenemos un bang bang abierto en Brasil, pero solo uno de los lados tiene permitido disparar".


Muggah explica que teme que muchos votantes elijan opciones populistas de estilo férreo que ofrezcan "soluciones simplistas, enérgicas y agresivas para lo que consideran uno de sus principales problemas".


"Existe el peligro de que los latinoamericanos se sientan seducidos por este discurso de la mano dura. Pero esto no resolverá este problema, simplemente provocará que haya más presencia policial, sentencias más largas y más prisiones", concluye el especialista.

Por Tom Phillips - Ciudad de México
26/04/2018 - 19:56h


Traducido por Cristina Armunia Berges

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Sábado, 01 Abril 2017 09:09

Entre universalismo y colonialismo

Entre universalismo y colonialismo
Desde el 20 de marzo se desarrolla una revuelta popular histórica en Guyana Francesa que ha cobrado una fuerza sin precedentes y que denuncia la desigualdad social y económica entre este departamento francés del norte de Sudamérica y la Francia “metropolitana”.

 

Guayana Francesa arde. Desde el 20 de marzo se desarrolla allí una movilización popular que ha cobrado una fuerza sin precedentes y que denuncia la desigualdad social y económica entre este departamento francés del norte de Sudamérica y la Francia “metropolitana”. El puerto comercial de Dégrad-des-Cannes ha sido bloqueado y cortadas las rutas hacia todas las ciudades del departamento y a lo largo de la costa atlántica. Cerraron escuelas, comercios y oficinas públicas. Las protestas culminaron el lunes con una huelga general y el martes con “las manifestaciones más grandes de la historia” en el territorio, según las autoridades. De los casi 250 mil habitantes del departamento, unos 14 mil salieron a las calles y paralizaron las ciudades, en lo que se llamó “El día muerto”.

“Estamos en Francia pero no se nos considera verdaderamente franceses”, expresó una docente francoguayanesa al diario francés Le Monde (28-III-17).
Su frase resume el trasfondo del movimiento francoguayanés que reclama la igualdad y el universalismo que el Iluminismo y la revolución francesa les prometieron a todos. Es que la realidad en este territorio, que fue colonia francesa entre 1676 y 1946, es muy diferente a la del “metropolitano”: el desempleo es de 23 por ciento, los sueldos 30 por ciento inferiores, mientras que el costo de vida es 12 por ciento superior. Pero además la inseguridad es endémica, con la mayor tasa de homicidios de todos los departamentos del país (radio Europe 1, 25-I-17). En 2016 fueron asesinadas 42 personas de esta escueta población.

El punto culminante, afirmó un policía francoguayanés llamado Pierre a Le Monde, fue “cuando dos jóvenes fueron abatidos como perros en febrero o marzo”. En respuesta surgieron Los 500 Hermanos Contra la Delincuencia, un grupo de hombres musculosos que se manifiestan con las caras cubiertas por pasamontañas y exigen medidas contra la inseguridad a la vez que se reivindican pacifistas.

Los francoguayaneses reclaman un nuevo “Plan Marshall”, y sus reivindicaciones son diversas: piden mejoras en la infraestructura, de la red de atención a la salud (en los hospitales faltan médicos, muchos pacientes tienen que viajar a Europa para tratarse y, según los profesionales, en los centros de salud se trabaja en condiciones deplorables); los docentes demandan inversiones masivas para mejorar la educación; los campesinos denuncian retrasos en el cobro de las subvenciones europeas; los indígenas denuncian los proyectos de explotación de oro.

Guayana Francesa también es un lugar de grandes contrastes, al lado de una sociedad que carece de buenos servicios básicos sociales existe una ciudad como Kourou, con su Centro Espacial Guayanés, desde donde la empresa Arianespace lanza cohetes al espacio. “Kourou es el Estado dentro del Estado. He visto helicópteros sobrevolarlo y pienso: ‘¿Ah, sí? ¿Tenemos todo eso aquí?’ Ya vemos cuáles son las prioridades de Francia en Guayana, son los cohetes lo que le interesa”, declaró un manifestante en Kourou al portal francés Médiapart (24-III-17).
Debido a las movilizaciones, la empresa de satélites Arianespace se vio obligada a postergar el lanzamiento de uno de sus cohetes.

Las respuestas de París a las protestas revelaron la distancia que todavía existe entre la capital y el llamado “ultramar”. Ante la histórica movilización, el gobierno francés terminó anunciando, el lunes, que enviaría dos ministros a Guayana, pero llevaba una semana negándose a hacerlo. La ministra de Ultramar, Ericka Bareigts, propuso que el diálogo se llevara a cabo en París, mientras que el movimiento reclamaba que se hiciera en suelo francoguayanés. A pesar de que las manifestaciones fueron pacíficas, el ministro del Interior, Matthias Fekl, declaró que “no se dialoga con un pasamontañas, se dialoga con el rostro descubierto”, en referencia a los 500 Hermanos.

Al cierre de esta edición de Brecha, los dirigentes de la movilización popular, sentados a la mesa para conversar con la ministra de Ultramar y el ministro del Interior, suspendieron las discusiones en Cayena a pocos minutos de comenzar, reclamando transparencia en las negociaciones.

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Lunes, 30 Noviembre 2015 06:35

Sustos

Sustos

El país más poderoso del planeta, y de la historia, es también el más temeroso e inseguro.


Aquí todo es amenaza, todo es peligro, todos son sospechosos. Y aunque los políticos y los medios suelen repetir que las amenazas provienen de afuera –terroristas islámicos, narcotraficantes colombianos/venezolanos/mexicanos, inmigrantes no blancos–, la amenaza mayor proviene desde muy adentro, y es muy estadunidense, y suele ser muy blanca.


Por ahora, los únicos que han violado la Constitución, las libertades civiles, los derechos fundamentales tan elogiados en cada discurso, en cada partido deportivo, en cada Día de Acción de Gracias, en cada momento patriótico, son políticos estadunidenses.


Como han advertido intelectuales y sabios de gran talla y variedad ideológica, desde Noam Chomsky, Gore Vidal y el economista premio Nobel Joseph Stiglitz hasta el ex presidente Jimmy Carter, entre muchos más, no sólo se ha desvanecido eso que se llamaba república, sino que este país y sus políticas son cada vez más parecidos a una oligarquía.
Y como demostraron Edward Snowden, Chelsea Manning y otros filtradores o denunciantes, el gobierno secreto es más omnipresente de lo que se pensaba, y oye lo que cada uno opina. George Orwell está presente; si estuviera vivo, estaría bajo vigilancia.


Algunos izquierdistas han empleado la palabra fascismo en tantas ocasiones en el pasado que ha perdido su significado y, más bien, ya se entiende como un insulto. ¿Pero a qué extremo está este país que algunos conservadores ahora acusan a uno de sus colegas de fascista? En los últimos días, después de que Donald Trump propuso un registro nacional de musulmanes y acorralar y expulsar a extranjeros, entre otras medidas que analistas, medios y contrincantes han comparado con medidas estilo nazi, algunos de su mismo ámbito político lo denuncian por ser demasiado extremo. Trump es un fascista, comentó Max Boot, analista en el Consejo de Relaciones Exteriores y asesor del precandidato Marco Rubio. El asesor sobre seguridad nacional de Jeb Bush afirmó que un registro federal obligado de ciudadanos estadunidenses, basado en la identidad religiosa, es fascismo. Punto.


Pero Rubio, Bush, el doctor chiflado Ben Carson y los otros precandidatos republicanos, igual incitan el temor y la inseguridad ante amenazas externas como parte fundamental de sus discursos.


Todo esto ha generado, a propósito, una mayor xenofobia con consecuencias cada vez más peligrosas. La intensificación del clima de odio se traduce en acciones violentas y amenazas a todo lo que parezca diferente o extranjero. Inmigrantes, musulmanes, mujeres que ejercen sus derechos básicos, minorías raciales (afroestadunidenses y latinos sobre todo), opositores a guerras, ambientalistas, entre otros, ahora viven en un país donde se promueve abierta y explícitamente la violencia en su contra.


La derecha ha impedido que medidas mínimas para proteger a inmigrantes sean implementadas. Una clínica de Planned Parenthood en Colorado que, entre otros servicios de salud, incluye el del aborto, fue atacada por un hombre blanco armado el pasado viernes, quien mató a tres personas, entre ellas un policía, y dejó nueve heridos. Organizaciones musulmanas reportan incrementos de ataques y amenazas contra sus comunidades, agrupaciones de defensa de derechos migrantes se sienten cada vez más vulnerables, tres blancos disparan contra manifestantes afroestadunidenses que condenan la violencia policiaca. Los ejemplos no alcanzan a ser contados.


Los estadunidenses están mucho más en riesgo de violencia por fanáticos blancos cristianos armados que por musulmanes, afirma el comentarista y profesor de historia Juan Cole. Sin embargo, la guerra contra el mundo musulmán es la que promueven los políticos.


Después de las guerras más largas de la historia del país, se anuncia que habrá más guerra. Más jóvenes estadunidenses serán enviados a matar a más jóvenes, familias, niños, estudiantes, magos, músicos, artistas, carpinteros, granjeros, periodistas, pescadores, todos esos personajes anónimos que no registran las cifras oficiales de las víctimas de guerra, cuyos sobrevivientes conforman los ríos humanos de refugiados. Dicen que es para salvarlos de los malos, de aquellos extremistas religiosos, mientras sus contrapartes, los extremistas religiosos estadunidenses, hablan igual; todo es como una mala película sobre las Cruzadas.


También hay guerra para muchos aquí adentro. La violencia, sobre todo con armas de fuego, sigue cobrando vidas cada día en Chicago, Baltimore, Detroit y decenas de ciudades más. Si el ejemplo lo ponen los líderes del país, de que las balas son la respuesta para enfrentar enemigos, pues con qué autoridad moral se reprueba a los jóvenes aquí cuando hacen lo mismo para resolver sus conflictos.


Entre las dos guerras, la interna cobra muchas más víctimas estadunidenses. Durante la guerra contra el terror (de 2001 hasta 2013), 406 mil 486 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos, según cifras oficiales; de acuerdo con el Departamento de Estado, en ese mismo periodo murieron 350 estadunidenses en actos de terrorismo en el extranjero. Si se incluyen actos de terrorismo dentro de Estados Unidos, entre ellos los del 11 de septiembre, junto a toda la racha de atentados perpetrados por terroristas domésticos blancos, el total de muertos es de 3 mil 380, según un cálculo de CNN.


Cada día mueren 89 personas en promedio por armas en este país, más de 32 mil cada año, según la Brady Campaign.
¿Y cuál es la razón para tener el derecho a tantas armas? La respuesta es obvia según los dueños de las más de 300 millones de armas en manos privadas en este país: para protegerse ante tanta amenaza e inseguridad.


Qué país tan asustado. Y da susto lo que eso provoca.


La única cosa que tenemos que temer es el temor mismo, la célebre frase del presidente Franklin Roosevelt en su famoso discurso de toma de posesión de 1933, es más contemporánea que nunca.

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Miércoles, 29 Julio 2015 05:44

Cuatro años difíciles para Perú

Cuatro años difíciles para Perú

El modelo económico neoliberal, la corrupción y la creciente inseguridad ciudadana son las principales razones de la baja aprobación del presidente peruano. En el activo del gobierno están los programas sociales.


El presidente Ollanta Humala cumplió ayer su cuarto y penúltimo año de gobierno enfrentado a las bases populares que lo llevaron al poder, debilitado, con una aprobación que está apenas entre 15 y 19 por ciento, según diversas encuestas. El modelo económico neoliberal, la corrupción y la creciente inseguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia son las principales razones de la alta desaprobación del presidente Humala.


"Hay una gran frustración frente a alguien que prometió cambiar el país y no lo ha hecho. Humala ganó como un candidato progresista, pero el suyo es un gobierno de derecha, de continuismo del modelo económico neoliberal. El gobierno de Humala es una tragedia por su traición a las propuestas de cambio", le señaló a Página/12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén. "Además de traicionar su programa, Humala ha sido un presidente ineficiente, que no ha podido gestionar bien el Estado", remata Adrianzén. En el activo del gobierno humalista están los programas sociales para aliviar la pobreza y los importantes recursos dados a estos programas. Y a ese tema dedicó el presidente buena parte de su mensaje anual ante el Congreso, que duró una hora y quince minutos. Humala habló ayer ante un Congreso presidido, por primera vez en estos cuatro años, por la oposición, que dos días antes le había arrebatado al oficialismo, disminuido por las disidencias internas, la presidencia del Poder Legislativo. El mensaje presidencial, que careció de filo político, estuvo centrado en un largo inventario de cifras y obras.


"Nuestros esfuerzos han estado dirigidos a la recuperación de un país fragmentado", comenzó su discurso el presidente Humala. Inmediatamente se extendió en un amplio recuento de datos de los programas sociales implementados por su gobierno y en el presupuesto destinado a ellos. Al final de su discurso volvió al tema de los programas sociales, la principal bandera de su gobierno. "Nuestro reto ha sido, y sigue siendo, la inclusión social en un país fragmentado, seguir avanzando en cerrar las brechas de exclusión y desigualdad", dijo.


Humala destacó los programas sociales como el mayor logro de su gobierno y habló de éxitos en la reducción de las desigualdades y brechas sociales. Sin embargo, se le critica que su política de inclusión social está centrada en planes sociales fundamentalmente asistencialistas y no en cambios estructurales. Diversos analistas señalan que buena parte de la reducción de la pobreza en estos cuatro años, que ha bajado de 30,8 a 22,7 por ciento, se basa en estos programas asistencialistas y la entrega de subsidios económicos, y cuestionan que se mantenga intacto un modelo económico poco redistributivo que refuerza las causas de la exclusión.


El crecimiento económico –basado en los altos precios internacionales de los minerales, principal exportación del país con más del 50 por ciento de la canasta exportadora– que en la última década ha oscilado entre 5 y 10 por ciento anual, se ha desacelerado por la caída de los precios de los minerales. En 2014 cayó hasta cerca del 2 por ciento. Este desaceleramiento de la economía, que pone en riesgo el financiamiento de los programas sociales, y cómo enfrentarlo, fue una de las grandes ausencias en el mensaje de Humala.


Otras ausencias significativas en el discurso presidencial fueron temas como la corrupción y la inseguridad ciudadana, dos problemas centrales, sobre los que Humala dijo muy poco y no hizo ningún anuncio para destacar. Obvió mencionar las denuncias de corrupción que golpean a su gobierno, incluyendo a su esposa, Nadine Heredia, investigada por sus ingresos y gastos poco claros. Tampoco habló de los graves conflictos sociales que ha enfrentado, y sigue enfrentando, su gobierno, y que en estos cuatro años han dejado más de 40 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad. Sobre política exterior, el presidente peruano destacó su compromiso central con la Alianza del Pacífico, acuerdo entre Perú, Chile, Colombia y México, que promueve políticas de libre comercio. No hubo más en ese tema. "En su política exterior, como en la política interna, Humala también ha hecho todo lo contrario a lo que ofreció. En su programa estaba el fortalecimiento de la integración regional y dejar a la Alianza del Pacífico solamente como una asociación económica no prioritaria, pero, en lugar de eso, ha fortalecido su relación con la Alianza del Pacífico y reiterado su sociedad estratégica con Estados Unidos", indica Alberto Adrianzén.


"Aunque no esperaba mucho, el mensaje de Humala ha sido decepcionante, no dijo nada de los problemas de fondo", fue el balance del historiador y analista político Nelson Manrique.

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