Magnicidio en Haití: el Primer Ministro destituyó al fiscal que quiere investigarlo por el asesinato de Jovenel Moise

Ariel Henry comunicó la remoción en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude

 

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Bel-Ford Claude, horas después de que este solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de Gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moise. Un nuevo fiscal jefe prestó juramento el martes horas después.

Henry comunicó la destitución del fiscal en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude.

“Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, había escrito Claude antes de ser reemplazado por Frantz Louis Juste, un fiscal que supervisó el caso de la muerte de más de una docena de niños en un incendio en un orfanato cerca de Puerto Príncipe el año pasado.

Claude había solicitado al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que investigue a Henry como imputado en el caso del magnicidio, por las sospechas causadas por las conversaciones telefónicas que supuestamente mantuvo Henry con uno de los principales sospechosos del magnicidio pocas horas después de que sucediera el crimen.

En una carta dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Cianculli, y recogida por el diario Gazette Haiti, Claude traslada que “el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moise”.

Henry tiene que presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, que ha hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato y que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio.

Moise fue asesinado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano.

Hasta ahora, 44 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de ex militares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías. Ninguno de los guardias de seguridad del presidente resultó herido en el ataque.

El comisionado del gobierno de Puerto Príncipe, el equivalente a un fiscal federal, pidió al juez que investigaba el asesinato que acusara a Henry de estar involucrado en el caso debido a las supuestas llamadas telefónicas que Henry hizo con uno de los principales sospechosos.

“Hay suficientes elementos comprometedores que forman (mi) convicción sobre la conveniencia de procesar al Sr. Henry y solicitar su acusación directa”, escribió Bed-Fort Claude, el comisionado, en una carta oficial dirigida a un tribunal de Puerto Príncipe.

A Henry ya se le había pedido que compareciera para ser interrogado en el caso para dar explicaciones sobre las supuestas conversaciones que tuvo unas horas después del asesinato de Moise con un ex funcionario del gobierno buscado en relación con el asesinato.

El viernes, Claude le había pedido a Henry que se presentara el martes para responder preguntas sobre las llamadas.

La policía sigue buscando activamente al ex funcionario Joseph Felix Badio, quien trabajaba en la unidad anticorrupción del Ministerio de Justicia.

El teléfono de Badio supuestamente fue rastreado hasta el área cercana a la residencia de Moise cuando Badio llamó a Henry dos veces en las primeras horas del 7 de julio, después de que el presidente fuera asesinado.

En su carta al juez, Claude dijo que las llamadas duraron un total de siete minutos. También señaló que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry afirmó que nunca habló con Badio.

Henry criticó el sábado la solicitud anterior y dijo: “Estas tácticas de distracción, diseñadas para crear confusión y evitar que la justicia siga su curso con calma, no se mantendrán”.

“Aquellos que sean verdaderamente culpables, los autores intelectuales del odioso asesinato del presidente Jovenel Moise y quienes lo ordenaron, serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por sus acciones”.

Un primer ministro legalmente no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice, pero tras el asesinato de Moise, Haití no tiene presidente.

Henry fue nombrado primer ministro por Moise días antes de la muerte del presidente y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible seguridad del país y a organizar elecciones retrasadas durante mucho tiempo.

14 de Septiembre de 2021

(Con información de EFE, Europa press y AFP)

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En protestas sí hubo uso indiscriminado de la violencia por parte de la Policía: fallo del Consejo de Estado

El alto tribunal ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización de protección de los derechos de los manifestantes en medio de las manifestaciones

 

El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como las marchas, la libre reunión y la libertad de expresión.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.

La orden, que fue impartida a la Policía, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanzacohetes Venon. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta.

El tribunal recalcó que los uniformados deben actuar más como agentes de paz y garantizar el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.

 “Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, señaló el Consejo de Estado.

En el fallo, también se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.

El Consejo de Estado invitó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.

Por otra parte, solicitó que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas. También pidió que se le ordenara al presidente asegurar que los comandantes de cada fuerza se vieran en obligación de dejar constancia escrita del armamento asignado a cada uno de los integrantes de cada organismo asignados a los operativos, patrullaje y acciones de recuperación del orden público. Finalmente, requirió que el jefe del Ejecutivo prohíba vuelos bajos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos, cohetes, bengalas y bombas aturdidoras.

8 de Septiembre de 2021

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El crecimiento económico de China ha generado más multimillonarios que EE.UU.: ¿por qué Pekín comienza ahora su regulación?

800 millones de chinos han salido de la pobreza, sin embargo, todavía hay 600 millones viviendo con 150 dólares al mes.

El Partido Comunista Chino (PCC) está intentando reestructurar la sociedad del país mediante la regulación de los nuevos multimillonarios y la redistribución de la riqueza de forma más equitativa entre sus habitantes, lo que algunos expertos consideran es un plan de autolegitimación.

Durante la décima reunión del Comité Central de Finanzas de China, encabezada el 17 de agosto por el presidente chino Xi Jinping, se reiteró la necesidad de fortalecer en el país la regulación de los ingresos "excesivamente altos" y de alentar a los grupos y empresas de altos beneficios a "regresar más a la sociedad" para garantizar "la prosperidad común".

"La prosperidad común es la prosperidad de todo el pueblo. Es la vida tanto material como espiritual de las personas. No es la prosperidad de unos pocos, ni tampoco es un igualitarismo uniforme", defendió el líder chino. 

¿Funcionaría la "prosperidad común" en Occidente?

Algunos observadores argumentan que el objetivo de la "prosperidad común" es una misión sin precedentes que solo podría alcanzarse en China bajo el liderazgo del PCC, mientras que otros países occidentales, aunque generen cierto aumento del bienestar social de los trabajadores, están condenados al fracaso.

"La naturaleza del sistema capitalista de los países occidentales es la búsqueda de beneficios y, como resultado, la riqueza solo se concentra en las manos de los capitalistas que acumulan activos explotando a los trabajadores. Esta forma de gestionar los recursos sociales solo conducirá a ampliar la brecha de la riqueza", declaró Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin de China en Pekín, al Global Times.

Cong Yi, decano de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Finanzas y Economía de Tianjin, indicó que cualquier país o región que supere la trampa de la renta media y entre en el 'ranking' de la renta media se enfrentará a la cuestión de la prosperidad común de su población, y no abordarla provocará graves contradicciones sociales que envenenarán el desarrollo económico.

En este sentido, "en EE.UU., su política de impuestos para los ricos no pudo arreglar la creciente brecha en un sentido fundamental, lo que significa que la sociedad estadounidense está acelerando sus divisiones", dijo Cong. "En China, podemos ver una serie de medidas marcadas por ajustes institucionales flexibles para abordar los problemas, lo que constituye nuestra mayor ventaja".

"Una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro" 

Algunos expertos afirman que, para el PCC, detrás del objetivo de una mayor igualdad de ingresos hay una lógica de autopreservación: "El Gobierno chino es consciente de que tanto el público nacional como el internacional lo está observando", dijo Austin Strange, profesor asistente de política en la Universidad de Hong Kong. "Es una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro que se preocupa por sus ciudadanos, incluidos los que están en la parte inferior de la distribución de la riqueza".

En los últimos años se ha producido una desaceleración general del estratosférico crecimiento económico del país, que había sido un "pilar crucial de la legitimidad política del Partido Comunista Chino", agregó Strange.

En China, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1978, según el Banco Mundial, y más de la mitad de la población se considera de clase media. El año pasado había 1.058 multimillonarios viviendo en China, frente a los 696 de Estados Unidos, afirma Hurun.

Sin embargo, alrededor de 600 millones de personas, casi el doble de la población estadounidense, viven con el equivalente a unos 150 dólares al mes, según declaró el año pasado el primer ministro Li Keqiang.

Ryan Hass, investigador de la Brookings Institution de Washington, indicó que ahora que "la era del desarrollo económico vertiginoso ha terminado, los líderes chinos están cambiando su enfoque hacia la mejora de la calidad de vida como una nueva fuente de legitimidad en su desempeño".

Objetivos alcanzados 

Anteriormente, Pekín declaró que la pobreza extrema en el país había sido erradicada a finales del año pasado, lo que supuso un paso más para cumplir el objetivo del primer centenario del PCC, que era "construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos". 

Ahora, según el informe del comité, el gigante asiático sigue avanzando hacia la meta del segundo centenario, que es "convertir China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos", dijo Xi Jinping en julio en el marco de las celebraciones por los 100 años del partido.

Publicado: 7 sep 2021

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Haití: comenzaron las audiencias por el magnicidio de Jovenel Moise

A dos meses del asesinato y tras la renuncia de tres jueces

Comenzaron las audiencias judiciales de los 44 acusados, entreellos 18 mercenarios colombianos.

 A casi dos meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron las audiencias judiciales del caso, tras las sucesivas renuncias de los jueces asignados, que aseguraron haber sido amenazados y reclamaron que no se les dio seguridad. Las audiencias comenzaron con la declaración del exjefe de seguridad del presidente que fue realizado a puerta cerrada y del que no trascendieron más detalles. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, el testimonio es relevante ya que Moise fue “entregado” por sus responsables de seguridad, que estaban encargados de velar por la seguridad del mandatario, asesinado el pasado siete de julio en su casa. La Policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial.

Jueces amenazados

El proceso judicial está a cargo del magistrado Gary Orelien, quien lideró la investigación tras la renuncia de Mathieu Chanlatte, que dimitió por preocupaciones de seguridad. Orelien es criticado por varias figuras públicas de Haití que lo califican de “inexperto” para estar al frente del caso de magnicidio.

Sin embargo, previo a la designación de Orelien, ya habían renunciado tres jueces: Carl Henri Destin, quien redactó el primer informe tras el asesinato de Moise; Clément Noel, que dimitió tras denunciar que recibió amenazas de muerte; y el más reciente, Mathieu Chanlatte, que dejó el cargo el pasado 13 de agosto, que previamente había alertado que no tenía asignado un guardia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Un día antes de la renuncia de Chanlatte se conoció la muerte del secretario judicial que iba a asistirlo en la investigación. Para la Asociación de Registradores Haitianos se trató de un asesinato, mientras que varias personalidades haitianas señalaron que la muerte del funcionario judicial constituía una forma de intimidación.

Magnicidio

Hasta el momento la causa tiene 44 detenidos: 18 colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, y que supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Otras seis personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph

Moise fue asesinado en su residencia el 7 de julio pasado. El país caribeño no cuenta con un parlamento desde enero de 2020. El mes pasado el presidente Ariel Henry anunció que las elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre fueron postergadas para noviembre y la segunda vuelta será en enero de 2022.

Haití hoy

Mientras que la crisis sanitaria se agravó con el terremoto del pasado 14 de agosto que devastó la zona sur de Haití. Más de dos mil personas murieron y unas 12 mil resultaron heridas. El sismo también destruyó cerca de 60 mil hogares y al menos 25 infraestructuras sanitarias, aumentando la afluencia a los centros de salud que quedaron en pie.

Las vacunaciones contra la covid-19 avanzan a cuentagotas, de los 11 millones de habitantes que tiene el país, sólo más de tres mil completó el esquema de inmunización y unas 25 mil personas fueron inoculadas con la primera dosis. En los refugios improvisados para las personas que perdieron sus hogares tras el terremoto conviven miles de familias hacinadas, sin barbijos y con poco acceso a agua potable.

04/09/2021

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Bolivia: Jeanine Áñez irá a juicio político por genocidio

El Tribunal Supremo de Justicia la acusó en el Parlamento

La acusación surge de la denuncia de familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia envió al Parlamento una acusación por "genocidio" y otros delitos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (...) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó anoche el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

Cuarta acusación 

La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo. De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.

Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene la mayoría especial necesaria.

Masacres

La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.


En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de "masacres". "La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado," dice el informe.

Sedición

También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Morales, renunciara presionado por la Central Obrera Boliviana, mandos militares, partidos opositores y movimientos indigenistas y se viera obligado a exiliarse en México y luego en Argentina tras ganar unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Tras la contienda electoral, 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales y por la represión de las fuerzas de seguridad de marchas de partidarios del derrocado mandatario de izquierda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 22 fallecidos represiones a las que calificó de "masacres". Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección del presidente Luis Arce, delfín de Morales, y en marzo fue detenida.

Macri y Almagro

Junto a varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales, es acusada como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los Gobiernos del expresidente argentino Mauricio Macri y del exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
También el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es cuestionado por su papel en la revisión de los resultados de esas elecciones.

Mientras tanto la oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas. Asimismo, la CIDH puso el ojo sobre la Justicia boliviana al destacar su "falta de independencia" y la "ausencia de garantías del debido proceso", además del "uso excesivo de la detención preventiva".

Intento de suicidio

Áñez, de 54 años, intentó suicidarse el sábado tras conocer los cargos de genocidio en su contra. Según un comunicado oficial la expresidenta de facto sufrió "lesiones leves autoinfligidas y recibió tratamiento en la enfermería del penal donde se encuentra recluida. 

27/08/2021

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Colombia. Con asesinatos y amenazas pretenden silenciar el descontento social

Asesinan al joven y activista estudiantil Esteban Mosquera

Dolor y frustración en amplios sectores sociales dejó el asesinato del joven activista estudiantil Esteban Mosquera, a quien le arrebataron la vida en la tarde del pasado lunes 23 de agosto en las inmediaciones de su residencia en el barrio La Pamba de su natal Popayán.

 

Un crimen que al ser puesto en contexto genera aún más indignación. Esteban, joven estudiante de música, activista y periodista comunitario, objeto de asesinato selectivo, había padecido los estragos de la represión estatal: el 13 de diciembre de 2018, en el marco de las manifestaciones estudiantiles de ese entonces, fue violentado por el Esmad en su rostro, acción por la cual había perdida su ojo izquierdo.

Ataque aleve sufrido mientras hacía el ejercicio periodístico como fotógrafo, pues Esteban a lo largo de su vida colaboró con tres medios alternativos locales: Red Alterna, Contraportada y Raíz Grafica. Además, se desenvolvía como estudiante de música en la Universidad del Cauca, en la que era conocida su labor como activista en favor de los derechos estudiantiles y símiles reivindicaciones sociales.

Objeto de la violencai estatal, y también víctima de la incomprensión hogareña. “No hay que ocultarlo”, nos dice alguién que compartió vivencias con él: Esteban también estuvo atravesada por acoso y violencia intrafamiliar, agresiones que en parte padecía por su participación activa en la protesta social y por el ejercicio del periodismo.

Una realidad que, rompiendo el silencio que muchas veces prevalece ante litigios familiares, él ventiló en Red Alterna, denunciando el maltrato que padecía en su sitio de residencia producto de su forma de pensar. Cotidianidad dificil, ya que entre maltrato físico y otras practicas su día a día se veía coartado por humillaciones, como cerrarle con llave el servicio sanitario e impedirle el acceso al piano de cola para perfeccionar sus estudios.

Víctima en todo sentido de la ignorancia e intolerancia, que históricamente se han incrustado en la idiosincrasia del colombiano de a pie, alienación que celebra gobiernos corruptos y rechaza tajantemente la crítica, la protesta, la demanda de justicia social, así como la diferencia.

Tendencias macabras

La muerte de Esteban Mosquera se suma a la sombría estadística de líderes sociales, activistas y estudiantes asesinados a lo largo del 2021, cuyas estadistícas, según Indepaz, totalizan 108 víctimas, de las cuales 56 asesinatos se produjeron dentro del marco del Paro Nacional y movilizaciones posteriores. Asesinatos a los que se suman 82 víctimas jóvenes impactados por el Esmad con sus armas “no letalres” producto de lo cual quedaron con un ojo menos, agresión, violación de sus derechos humanos, padecido por Esteban en el 2018.

El nombre de Esteban Mosquera se suma al de Juan Sebastián Quintero Munera, Yeison Benavides y Camilo Galindez, otros jóvenes asesinados desde el mes de junio en el departamento del Cauca,.

Nombres, números y fechas que alimentan las estadísticas del oprobio, en las que, caso por caso, se hallar patrones comunes, y donde aparentemente el ‘crimen’ es protestar, dignidad que en Colombia es cobrada con sangre. Intimidar, multiplicar el mideo, es sello del poder.

Números que dejan entrever patrones claros de represión y persecución contra todo tipo de personas que manifiesten sus sentires y exprese su voz en aras de tejer lazos de colaboración en tiempos de “posconflicto”. El modus operandi del establecimiento deviene de prácticas totalitarias también implementadas en protestas sociales de otras latitudes, pues las lesiones oculares también han tenido lugar en Chile, Francia, Hong Kong y demás países donde la ciudadanía ejerce su derecho a la protesta. Pero los homicios solo tienen lugar en uno que otro país y nunca en cantidades como las registradas en Colombia donde la criminalización de la protesta social tiene la huella de estrategia y operatividad militar.

El día de ayer miércoles 25, fue velado el cuerpo de Esteban en la ciudad de Popayán, luego de múltiples actos simbólicos en su alma mater y varias movilizaciones convocadas en su nombre. El día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 5pm en el Boulevar del río en la ciudad de Cali han convocada una velatón en su nombre para honrar la memoria de Esteban Mosquera, joven comprometido con la transformación social, cuya muerte significa un duro golpe para la resistencia estudiantil en la ciudad de Popayán.

La consigna de “Ni un muerto más” se diluye entre más víctimas. Cada día se sienten los pasos totalitarios del establecimiento, uniformado o de civil, resguardados en la impnidad, porque nada más colombiano que “tapen, tapen”, procurando que las cosas se queden como están.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/en-colombia-han-asesinado-1201-homicidios-de-lideres-sociales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

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Julian Assange, más cerca de la extradición a Estados Unidos

El Tribunal Superior de Justicia de Londres pone en duda el deterioro de la salud mental y el riesgo de suicidio del fundador de Wikileaks si es entregado a Washington, motivos por los que una jueza había denegado la extradición. 

 

Duro revés para el periodista australiano Julian Assange y para sus posibilidades de no ser extraditado a Estados Unidos, cuyo Gobierno persiste en su petición de extradición para que sea juzgado por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática; acusaciones que podrían suponerle al fundador de 'WikiLeaks' 175 años de condena. En la vista del pasado 11 de agosto, el juez Timothy Holroyde, del Tribunal Superior de Justicia de Londres, cuestionó la decisión de su homóloga Vanessa Baraitser de negarse a la extradición para salvaguardar la salud mental de Assange y ante el riesgo de suicidio si es condenado finalmente en Estados Unidos, donde, según la jueza, su ingreso en una prisión sería un duro "confinamiento". 

En estos momentos, la única baza de la defensa de Julian Assange, encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido en un asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años, es su deteriorada salud mental y el riesgo de suicidio que supondría su entrega a Estados Unidos. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman así lo acredita. La jueza Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero. 

Lo más preocupante de la situación procesal de Assange es que la jueza británica no avaló la tesis principal de su defensa, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón. Baraitser rehusó la motivación política que denuncia el fundador de 'Wikileaks' respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EE.UU. En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por 'Wikileaks' quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.

Tras la sentencia de la jueza Braitser, otro juez denegó a Washington la posibilidad de usar en su recurso argumentos contrarios al informe psiquiátrico que advierte del peligro de suicidio. Según la Administración de EE.UU, el profesor de Psiquiatría Kopelman trató de engañar al tribunal al apuntar como "alta y certera" la posibilidad de que Assange se quitara la vida si llegaba a ser extraditado a Estados Unidos.

En la vista del pasado 11 de agosto, un tercer juez ha permitido a Estados Unidos cuestionar ese dictamen psiquiátrico en su impugnación contra la no extradición. Así mismo, el juez Timothy Holroyde reprocha a la jueza Braitser haber sobredimensionado el riesgo de suicidio; también pone en duda la fragilidad de la salud mental del periodista. En la vista definitiva para decidir la extradición, que se celebrará en Londres el próximo mes de octubre, el informe del doctor Kopelman será el eje central. 

La credibilidad del informe ha sido duramente cuestionada por los fiscales estadounidenses, tras desvelar que el psiquiatra omitió intencionadamente que Assange tenía dos hijoscon su abogada, Stella Morris, mientras estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres

Julian Assange, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Belmarsh, en Londres, lleva una década soportando un auténtico calvario, sin haber sido condenado todavía por los delitos que se le imputaron desde que difundió los documentos militares secretos de EE.UU. Fue acusado de abusos sexuales en Suecia, pero la Fiscalía del país nórdico archivó finalmente la causa por la dificultad probatoria. En Reino Unido fue condenado a cincuenta semanas de prisión por violar las condiciones de libertad condicional en 2012,  cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Allí permaneció casi siete años, protegido como asilado político.

Sin embargo, el sucesor de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, retiró a Assange la protección diplomática y permitió en abril de 2019 el asalto de la Policía Metropolitana de Londres a la embajada ecuatoriana, que concluyó con la detención del periodista. No sólo está en juego la salud y la vida de Julian Assange, también la libertad de prensa.

16/08/2021 21:55

Ana María Pascual@Anmariapascual

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Estados Unidos insistió en la extradición de Julian Assange

En una audiencia preliminar cuestionó el fallo de la justicia británica

La abogada Clair Dobbin sostuvo que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales.

 

El gobierno estadounidense consideró ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, no está "tan enfermo" como para querer suicidarse si es extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de presunto espionaje. Los abogados estadounidenses entienden que las pruebas presentadas por la defensa de Assange, quien permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad del Reino Unido acusado de difundir documentos clasificados, no se basan en su actual estado de salud sino en cómo podría evolucionar. Decenas de manifestantes con pancartas que rezaban "Diez años, ¡ya basta!" o "Liberen a Assange" se congregaron el miércoles ante el tribunal londinense, incluido el exlíder laborista Jeremy Corbyn.

Durante una audiencia preliminar del proceso de apelación dispuesto por Washington, la abogada Clair Dobbin informó que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales. Su mirada difiere mucho de la del psiquiatra Michael Kopelman, quien en septiembre de 2020, durante el juicio de extradición de Assange, había informado que el periodista presenta un comportamiento suicida que podría potenciarse si la justicia inglesa decide trasladarlo a Estados Unidos.

Assange fue detenido por la policía británica en abril de 2019 después de que el gobierno de Ecuador le retirara su asilo diplomático en la embajada ecuatoriana de Londres, donde vivía refugiado desde 2012 por miedo a ser extraditado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusa de espionaje por difundir en 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.

11/08/2021

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Guatemala: continúan las protestas contra el presidente Alejandro Giammattei

Miles de guatemaltecos volvieron a las calles repudiando la repentina destitución del reconocido fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, el mal manejo de la pandemia y la escasa cantidad de vacunas.

 

La fiscalía de Guatemala ordenó la detención del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del encarcelado expresidente Otto Pérez Molina. Pérez Leal es señalado por delitos de conspiración, asociación ilícita y abuso de autoridad con propósito electoral, malversación de fondos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había pedido al gobierno priorizar la lucha contra la corrupción mientras en el país miles de guatemaltecos volvieron a las calles este viernes para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras, tras la repentina destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, reconocido en el país centroamericano por haber trabajado junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó a que el expresidente Pérez Molina fuera detenido por corrupción.

Exalcalde detenido

Otto Pérez Leal, exalcalde del municipio de Mixco fue detenido este viernes acusado de varios delitos, informó la fiscalía de Guatemala. "La fiscalía inició la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de la Nación", el ente fiscalizador del Estado. "Las órdenes de aprehensión solicitadas contra las personas señaladas son por los delitos de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio", afirmó la fiscalía. Pérez Leal utilizó más de 81 mil dólares para beneficiarse personalmente y al desaparecido Partido Patriota (PP) en las elecciones de 2015, precisó.

Además de Pérez Leal fueron capturadas otras tres personas de su administración en Mixco (2012-2016), un municipio al oeste de la capital guatemalteca. Está pendiente la detención de la exdiputada Stella Alonzo (2016-2020), esposa del exalcalde. El padre de Pérez Leal, Otto Pérez Molina (2012-2015) renunció a su cargo cuatro meses antes de finalizar su mandato luego de haber sido señalado por la fiscalía guatemalteca y la CICIG por encabezar una red de corrupción en las aduanas. El expresidente está en prisión desde 2015 a espera de un juicio. Otros integrantes de su gobierno, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti y varios de sus ministros están también en la cárcel por actos de corrupción. La CICIG llevó al desmantelamiento de al menos 60 estructuras de corrupción dentro del Estado.

Pedido de la CIDH

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el viernes a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción, cuando en el país centroamericano la ciudadanía volvió a las calles con movilizaciones y cierres de calles en rechazo de la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval y en reclamo al mal manejo que tiene el gobierno de Giammattei de la pandemia de covid-19. Los manifestantes piden la renuncia del mandatario y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras.

Mile de guatemaltecos volvieron a movilizarse este viernes en diferentes puntos del país centroamericano. Es el segundo día manifestaciones en esta semana. La convocatoria fue impulsada por las autoridades ancestrales indígenas de Guatemala, organizaciones indígenas, Comité de Desarrollo Campesino y Comité Campesino del Altiplano, que también pidieron la renuncia del mandatario, señalado por promover la impunidad. También se sumó a las movilizaciones la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal y autónoma Universidad de San Carlos, así como la asociación estudiantil Landivarianos, de la privada y jesuita Universidad Rafael Landívar (URL).

Las manifestaciones se extendieron por todo el país, en las calles de las zonas urbanas y en la capital, con bloqueos, bailes y consignas de apoyo a Sandoval, removido de su cargo el pasado 23 de julio, pese a ser reconocido por su trabajo como fiscal anticorrupción. El exfiscal de la FECI tuvo que salir del país para resguardar su vida.  "Considero que Giammattei es corrupto y tan corrupto es que tiene tomado el MP, una institución que debe ser independiente", afirmó Sandoval entrevistado este viernes por el canal NTN24.

Juan Francisco Sandoval al mando de la FECI y en compañía de la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) y el colombiano Iván Velásquez titular de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputó desde 2015 a la fecha a más de 200 personas entre ministros, diputados, funcionarios, miembros de la élite empresarial, además de presidentes y expresidentes.

06/08/2021

Publicado enInternacional
Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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