ordi Cuixart (d) y Jordi Sánchez (i), saludan a simpatizantes después de ser excarcelados.. Imagen: EFE

La jugada más arriesgada de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español apuesta por sacar de la cárcel a los líderes independentistas para buscar una salida negociada a la crisis en Cataluña.

Pedro Sánchez atesora una reputación bien ganada de ser un sobreviviente nato. Ganó contra pronóstico sus primeras elecciones internas para acceder a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al ser destituido de ese cargo y cuando prácticamente todo el mundo lo consideraba un cadáver político, comenzó una gira en coche por toda España para recorrer agrupaciones socialistas e imponerse en las siguientes primarias a Susana Díaz, la candidata del aparato y de las viejas glorias encabezadas por Felipe González. Así volvió a hacerse con el poder en el PSOE y desde allí llegó al Palacio de La Moncloa, primero con una moción de censura y después tras ganar unas elecciones generales y pactar con Unidas Podemos y otras fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas, entre ellos los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña.

Esa capacidad de supervivencia se enfrenta ahora a una nueva prueba con los indultos a los 11 líderes secesionistas que su Gobierno acaba de aprobar con el criterio en contra del Poder Judicial, las descalificaciones de la oposición de derecha y las dudas en el propio seno del PSOE, cuyos líderes regionales temen que la decisión les haga pagar una dura factura en las urnas en la mayor parte de los territorios, donde la cuestión catalana es mirada con distancia y antipatía.

Herencia

Cuando Sánchez llegó al poder, el conflicto catalán y su posterior judicialización ya estaban desatados. Desde La Moncloa, Sánchez vio cómo los líderes secesionistas que en 2017 habían desafiado al Estado español y a su entonces presidente, Mariano Rajoy, con un referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia, eran condenados a duras penas de cárcel por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Las condenas contra los 11 responsables de esos hechos que optaron por permanecer en España y no huir a otros países europeos, como lo hizo el expresidente de la Generalitat (gobierno de la autonomía catalana) Carles Puigdemont, revistieron especial dureza. Fueron desde los nueve a los 13 años de cárcel.

Tanto las sentencias como la entrada en prisión de los líderes condenados provocaron en su día los más graves incidentes callejeros que recuerda la democracia española y no fueron comprendidos en los países europeos, especialmente en aquellos, como Bélgica, donde los dirigentes huidos permanecen sin que prosperen las peticiones de extradición cursadas desde España. Se trata de una situación singularmente anómala en el espacio comunitario europeo, que presume de ser algo más que una mera alianza comercial y que comparte instituciones políticas, económicas y también judiciales.

Jugada de alto riesgo

En las últimas elecciones catalanas, celebradas este año, Sánchez lanzó una de sus acostumbradas jugadas de alto riesgo. Colocó como candidato a Salvador Illa, el hasta entonces ministro de Sanidad que se había forjado por su gestión de la primera etapa de la pandemia una reputación de político dialoguista.

La buena imagen de Illa devolvió al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC, filial catalana del PSOE) la condición de formación más votada después de haber sido relegado al cuarto lugar en los comicios anteriores, pero Illa no consiguió formar gobierno. Los independentistas de Esquerra Republicana (izquierda), JuntsXCat (conservadores) y CUP (izquierda antisistema) unieron sus votos para nombrar presidente al candidato de Esquerra, Pere Aragonés. Los socialistas entendieron en carne propia que su estrategia de imponer la dicotomía izquierda-derecha para conseguir un gobierno progresista estaba lejos de convertirse en realidad. Con los líderes independentistas aún tras las rejas seguía imperando el mismo marco que lleva más de una década rigiendo en la política catalana, la que pone en trincheras enfrentadas a los secesionistas de un lado, sean de izquierda o de derecha, y a los constitucionalistas, progresistas o conservadores, del otro.

Ahora Sánchez ha vuelto a redoblar su apuesta para intentar empezar a resolver el conflicto y al mismo tiempo seguir al frente del Gobierno de España.

En contra del criterio del Tribunal Supremo (que dictó sentencia contra los líderes secesionistas y ahora emitió un duro informe en contra) el Gobierno aprobó indultar a los 11 líderes presos, que ya llevaban cuatro años en prisión. Lo hizo, según argumentó, en aras de la concordia y con el respaldo inesperado de la Iglesia y los empresarios, para quienes devolver la estabilidad a una de las comunidades que es locomotora económica de España es también una cuestión de supervivencia.

Reconstrucción

Sánchez se juega mucho. Después de un año y medio de pandemia, hay encuestas que ya lo sitúan por debajo del Partido Popular. Europa acaba de aprobar un plan de reconstrucción que regará a España con 70.000 millones de euros de subsidio directo y la posibilidad de obtener otros 70.000 millones en préstamo. Para gestionar esos fondos y volver a acudir a las urnas en un contexto económico radicalmente distinto al que ha dejado la pandemia necesita completar el año y medio que aún queda de legislatura. Y para ello es fundamental que cuando las cuentas lleguen al Congreso pueda contar con los 13 votos de Esquerra Republicana.

El objetivo de la reelección todavía se ve lejos. Pero la experiencia ha demostrado que subestimar la capacidad de Pedro Sánchez de reponerse a las mayores dificultades puede ser un grave error

Publicado enInternacional
“Págales más”: la respuesta de Joe Biden a los planteos de falta de mano de obra

Filosa contestación del presidente de Estados Unidos

"Págales más". Así respondió el presidente estadounidense Joe Biden (foto) ante las preguntas por la falta de mano de obra durante una conferencia de prensa donde el presidente anunció un plan de inversión masiva en infraestructura tras meses de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.

“No los estoy criticando, realmente lo digo en serio. Me preguntan, ‘Bueno, ¿sabés qué? Los empleadores no encuentran trabajadores’ ” dijo el mandatario en referencia a las consultas que planteaban la falta de mano de obra. “Yo les dije, ‘Págales más’ ” afirmó Biden simulando un susurro. “Esto ahora es una moneda de cambio para los empleados”, agregó.

El plan se apoya en más de 1,2 billones de dólares de inversiones en ocho años (973.000 millones en los primeros cinco años), precisó la Casa Blanca. Unos 312.000 millones son para transportes, incluyendo rutas y aeropuertos, y 266.000 millones de dólares en otras infraestructuras como el servicio de agua potable o internet de mayor ancho de banda.

Si bien esto representa un gran paso adelante, este acuerdo no marca el final de las discusiones. "No tengo ninguna garantía" de conseguir los votos para aprobar este proyecto en el Senado, reconoció Biden, aunque se mostró optimista. "Ninguno de los dos partidos obtuvo lo que quería", destacó, al asegurar que es el precio de obtener un consenso.

Hacia fines de marzo Biden había propuesto invertir unos 2 billones de dólares en infraestructura durante ocho años, con el fin de crear "millones de puestos de trabajo" en Estados Unidos, para mantenerse al frente como economía mundial por delante de China y también para luchar contra cambio climático.

El principal acuerdo entre republicanos y demócratas se refiere al financiamiento de este amplio proyecto de infraestructura. Los republicanos rechazaban un alza de impuestos corporativos propuesto por Biden, mientras que la Casa Blanca rechazaba nuevos impuestos -como por ejemplo sobre la gasolina- a hogares que reciban menos de 400.000 dólares anuales.

El acuerdo finalmente preveé un plan para reforzar las inspecciones fiscales para reducir la evasión y redireccionar fondos desbloqueados en 2020 para luchar contra la pandemia que no fueron utilizados, entre otras medidas.

26 de junio de 2021

Publicado enSociedad
Alberto Tena Álvaro Minguito

De la mano de los autores Thomas Paine y Thomas Spencer, el investigador y activista de la renta básica universal, Alberto Tena, indaga en las ideas y planteamientos que acompañaron al origen de esta propuesta, hace más de dos siglos.

 

Thomas Paine y Thomas Spencer vivieron en el siglo XVIII, y no solo compartieron nombre y época si no también el anhelo de que el nuevo mundo que despuntaba lo hiciera garantizando el acceso de todas las personas a un sustento. En torno a esta idea, escribieron artículos y elaboraron propuestas. Más de dos siglos después, el investigador Alberto Tena, un activista a favor de la renta básica inmerso en los debates sobre su pertinencia y factibilidad, rescata algunos de sus textos en el libro Los orígenes revolucionarios de la renta básica (Postmetrópolis, 2021).

Mediante la genealogía de esta propuesta,  el autor consigue reubicar el debate extrayéndolo de la urgencia del presente, y recordando el contexto de transición hacia otro modelo en el que estas primigenias defensas de diversas formas de renta básica fueron publicadas y difundidas.

Parece un poco exótico ponerse a leer estas cosas a estas alturas, ¿cómo llegas a estos autores?
Que Paine y Spencer están en el origen de la idea lleva siendo tiempo consenso académico. Pero en concreto, en el último libro que sacan Van Parijs y Vanderborght del 2017 [Ingreso básico: una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata], que es ya como el super manual, hablan de la prehistoria y la historia de la renta básica, es ahí cuando cuentan un poco de lo que yo desarrollo en el libro. También en Capital e Ideología Thomas Pikkety cita a Paine, está en muchos lados este autor.

Los textos seleccionados tienen mucha resonancia en la actualidad, ¿qué aporta esta perspectiva histórica cuando mucha gente piensa que la renta básica universal es una idea relativamente nueva, una herramienta para afrontar problemas del presente?
De hecho, muchos de quienes defienden la renta básica piensan que es un idea que surge en los años 80 y a menudo se la acusa incluso de neoliberal, por aparecer (según creen) justo en el momento en el que hay un retroceso en la hegemonía socialdemócrata y el neoliberalismo va ganando terreno. Una idea, dicen los críticos, que además se centra mucho en el individuo y todas estas cosas. Entonces, echar esta mirada atrás y además, en un momento histórico que es cuando el capitalismo está empezando a asentarse como forma dominante de organización social y mezclado con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, es muy interesante. Implica ver cómo en este contexto de mucho cambio y efervescencia de repente está surgiendo una idea que —vista con los ojos de ahora— es la idea de fondo que hay de las propuestas de renta básica en general, planteada como una especie de defensa de la vida frente a la propiedad, o lo que ahora llamamos capitalismo, que en este momento aún no tenía ese nombre.

Claro, porque cuando pensamos en la renta básica hay quienes la entienden o defienden como reacción a la robotización o la crisis de empleo. ¿Qué potencia crees que tiene recuperar este debate que en aquel momento no era reacción ante unos factores que por entonces no existían, sino como creación, como propuesta?
A mi lo que me llama y me engancha mucho es que justo ahí, la justificación de la renta básica, en un momento en el que los conceptos de robotización o desempleo no existen, la discusión está totalmente centrada en la idea teísta de que la propiedad de la tierra dios nos la ha dado en herencia a todo el mundo por igual y que, por lo tanto, las propuestas de renta básica o capital básico de Paine es una manera de devolvernos esta herencia de lo común, y la propiedad común de la tierra. Mirar a ese pasado da una perspectiva más comunitaria y menos individualista de la renta.

En uno de los textos, Paine habla de igualdad en conexión con libertad, apela a los franceses y su revolución a los que recuerda que la desigualdad no es un problema de caridad sino de justicia. Son las mismas palabras que  se usan ahora para defender la renta básica.
Paine es un tipo muy interesante, que yo conocí gracias a sin permiso, Daniel Raventós, etc porque a parte de que tiene estas frases colosales que se te quedan como “es justicia y no caridad, es cuestión de derecho”, el tipo vive en primera persona la independencia de Estados Unidos y escribe uno de los textos llamado Sentido Común, que es el mayor best seller de la historia, y se vuelve un personaje muy importante dentro del proceso de independencia. Pero luego se va a Francia y vive también en primera persona la revolución francesa. Lo curioso e interesante es que el texto de Justicia Agraria, que es el más conocido, surge en medio de los debates tan profundos que hay en medio de la revolución francesa sobre qué hacemos con el tema de la propiedad y la redistribución de la riqueza.

Todo esto, como señalas, sucede en un momento de construcción, de cambio de régimen ¿cómo retomar estos debates en momentos de reacción, cuando muchos esfuerzos se van en no perder lo conseguido, más que en transformar lo que hay?
Es difícil hacer paralelismos muy claros, pero lo que sí creo que es un paralelismo que se puede hacer, o que es interesante pensarlo de este modo, es que aquel era un momento de transición entre dos mundos: el inicio de la modernidad.  Y ahora estamos en transición hacia otra cosa que todavía no está escrito lo que puede ser. Creo que no es casualidad que en este tipo de momentos surjan ideas similares.

También —esto lo cuento al final del libro en el contexto de Paine y también de Spencer en Inglaterra— están las leyes de pobres que con todas las salvedades del mundo son sistemas similares a las rentas mínimas que podemos tener ahora. Los autores las conocen y están en muchas momentos en conflicto con ellas. Paine había sido administrador de estas leyes de pobres: estaban ejerciendo una función dentro de este proceso de transición, de sostenimiento de la gente a las que habían dejado sin tierras para poder producir, tras privatizarlas. De ahí la necesidad de estas leyes que daban sustento a las familias pobres. Viendo los problemas que estaban surgiendo ahí, e incluso los problemas que había en EE UU, llegar a Norteamérica era llegar a un mundo entero abierto a todas las posibilidades, esta idea aparece y parece razonable. Así, creo que existe un paralelismo interesante en cómo es razonable en ese momento y es razonable ahora pensar en que podemos tener una herramienta de seguridad de las características de la renta básica.

Leyendo tu libro he recordado Calibán y la Bruja de Silvia Federici, y cómo los cercamientos de tierras despiertan gran resistencia en la época porque la gente entiende que esos espacios son comunes y de ellos dependen. Cuando Paine y Spencer escriben estos textos la memoria de los comunes está más reciente. Parece que más de dos siglos después se haya diluido esta idea.
Este es uno de los puntos clave por los que me parece útil volver a leer a esta gente. Por ejemplo, el texto de los derechos de los infantes de Spencer gira en torno a la misma idea de cómo el derecho a la vida debe y puede ser garantizado en una sociedad. Es un razonamiento teológico el que ellos hacen pero que es de sentido común defender esto. Lo plantean en muchos sentidos como una defensa frente a lo que está apareciendo en estos momentos, a la economía dominante, a mi me parece muy potente.

Me llamó mucho la atención ver que el debate en contra del proceso de cercamiento de tierras de Federici —que lo retoma de Marx— es uno de los inputs principales para empezar a escribir y terminar introduciendo la idea de la necesidad de una renta básica. Spencer lo cuenta como un problema local de New Castle, que es una ciudad del norte de Inglaterra, lo presenta como un problema muy acotado pero que con la perspectiva histórica sabemos la importancia que tuvo ese debate para la conformación de lo que llamamos capitalismo.  Creo que ese es de los puntos que me ha llevado a pensar que tenía sentido traducir estos textos.

Es un poco estremecedor ver cómo la idea del republicanismo: que la libertad y la igualdad están ligadas y que no hay libertad sin seguridad material, tan evidente ya hace dos siglos, parezca casi una proclama revolucionaria en estos tiempos
Una de las cosas que ves cuando estudias el texto de Justicia Agraria es que se escribe en un contexto de debate, ya a casi 10 años del inicio de la Revolución Francesa cuando a los jacobinos les han conseguido echar y ha empezado este momento que se llama la revolución termidoriana, cuando se dan una serie de pasos atrás, uno de ellos es el de volver a ligar —en la nueva constitución que quieren realizar los termidorianos— el derecho al voto, los derechos políticos con los derechos de propiedad, que esto es una  cosa que lo jacobinos habían quitado.

Cuando Paine está escribiendo Justicia Agraria, entra en este debate diciendo: no, la revolución solo puede seguir siendo la grandiosa revolución en la que yo he participado si sigue manteniendo la idea de que sin derechos materiales, los derechos políticos no son posibles, y por lo tanto la redistribución en forma de capital básico de la propiedad es fundamental para que todo el mundo tenga los mismos derechos políticos. Mezcla las dos cosas de una forma muy intuitiva, de hecho no habla de derechos políticos y derechos económicos porque es una cosa muy posterior. Pero lo explica de esta manera: no podemos desviar una cosa de la otra porque si no los principios de la revolución se van a caer.

Es muy interesante, además, que en los debates sobre la renta que mantienen Paine y Spencer, sobre todo el primero, hay una misma estructura:  primero una especie de debate ético normativo de lo positiva y filosóficamente justa que es la medida, pero luego el tío se pone a  hacer cuentas —igual que han hecho Daniel Raventós, Lluis Torrens y Jordi Arcarons—,  se va a ver los presupuestos de Inglaterra, saca el dinero en las proyecciones y te explica cómo se implementa, a partir de parroquias locales, etc, que eran las que sustentaban en ese momento las ayudas de pobres.

También llama la atención cuando hablan de dar una cantidad de dinero a los mayores de 21 años en Estados Unidos, para que puedan empezar con su vida. Manifiesta que no es lo mismo empezar teniendo un poquito que no teniendo nada. Algo que parece una perogrullada y sin embargo, aún andamos con la discusión de la meritocracia por aquí.
El texto en el que Paine habla de esto lo escribe en 1775, más de 20 años antes de Justicia Agraria y antes de la revolución francesa, cuando llevaba poco tiempo en Estados Unidos. El dato de un décimo [que una décima parte de lo heredado pase al común] lo da en el de Justicia Agraria pero en este que firma como Amicus habla como inglés recién llegado a Estados Unidos que dice: aquí estamos haciendo una revolución, vamos a ganar dentro de poco la guerra de independencia, cómo no vamos a tener una propuesta que diga que a todos los jóvenes que empiezan su vida en este nuevo país hay que darles un mínimo básico para que después puedan desarrollarse  y hacer su vida con libertad. El artículo es muy bueno porque lo cuenta con total naturalidad, dice: en Inglaterra tenemos una serie de cosas que no están funcionando muy bien. Pero ya que hemos venido aquí y estamos haciendo una cosa nueva, pues vamos a intentar hacer esta propuesta

Claro, pero ahora y entonces, una cosa son las ideas, los debates entre los intelectuales o en la academia. Y otra cosa es quién las pelea.
Lo que estoy estudiando ahora es cómo surgen estos debates en EE UU, una cosa que tampoco solemos recordar es que Martin Luther King y el movimiento por los derechos sociales —una parte del movimiento se llamaba movimiento por el bienestar—  tenían proyectos de renta básica o, si se quiere matizar, medidas como rentas garantizadas en sus agendas. Luego estaban también los técnicos o los economistas que estaban elaborando propuestas, pero esta vía se defendía desde la movilización popular. Sobre todo el movimiento afroamericano, aparecen y dicen: nos estáis dejando a un cuarto del país fuera del bienestar.

También dentro del feminismo ves que hay una historia de debates sobre este tema. A principios del siglo xx, también en Inglaterra, con los salarios de ama de casa y todos esas discusiones, aparecen propuestas de renta básica. De hecho yo creo que el sujeto de movilización son los movimientos más fuertes ahora: el feminismo y el ecologismo, creo que son dos grandes movimientos que podrían incorporar en sus propuestas formas de renta básica. Pero hay tensiones en la izquierda con apoyar o no la renta básica, en el feminismo también hay controversia, mientras en el ecologismo creo que está empezando a surgir ahora el debate sobre cuál podría ser la función de una renta básica. En mi opinión, por ahí tienen que ir los tiros.

Ahora que estamos con la Iniciativa Ciudadana Europea, parece que está costando conseguir las firmas, un millón en toda Europa. En firmar solo se tarda un momento, ¿por qué crees que hay esta especie de desinterés? ¿Se ve poco posible?  ¿o poco deseable?
Creo que las dos cosas. A nivel de no verlo como algo deseable, creo que la épica del trabajo es clave: ahí hay una pelea de la renta básica que es cultural, y es muy fuerte. Por ejemplo, con las ayudas universales por hijo o las pensiones universales la gente sí que acepta que si tu eres mayor, de una cierta edad, hayas cotizado mucho o poco tú tengas derecho a una pensión. Y tenemos las pensiones no contributivas que cubren ese espacio aunque sean muy bajas. Habría un cierto sentido común para aceptar que si tú eres menor de edad también deberías tener la existencia garantizada. La traducción de los derechos de los infantes es súper interesante en este debate: Spencer es el que escribe, pero lo hace como si fuese una mujer discutiendo con un aristócrata, y precisamente apunta al derecho a la existencia de los infantes, como una pelea básica que tienen que dar las mujeres contra los terratenientes en ese momento. Lo más difícil es defender esta idea con quienes están en edad de trabajar porque aquí sí que esa épica del trabajo opera de forma muy fuerte, el tema de las paguitas y demás.

Por eso son súper potentes para mí los debates sobre la renta básica, porque van a tocar puntos clave de la ideología dominante. Y sobre la financiación yo creo que el mayor éxito de las propuestas que han hecho Raventós, Torrens y Arcarons es que han demostrado que matemáticamente se puede, han ayudado a romper un poco esta idea de la imposibilidad, además haciendo unos casos muy específicos, poner cifras aproximadas para hacernos una idea:  obviamente es una medida cara y compleja de hacer, pero creo que se ha dado mucha pelea para combatir esa idea de que no es financiable.

Para cerrar, ¿qué focos de esa retrospectiva histórica crees que pueden ser más fértiles para nuestro presente y futuro?
Volviendo a los cercamientos, algo que hacen los historiadores marxistas ingleses —el grupo integrado por gente como Eric Hobsbawm, E.P. Thompon o Christopher Hill— en los años 60 es empezar a reconstruir e investigar todos estos movimientos populares de Inglaterra, que son super visibles a finales del siglo XVII, la Commonwealth of England, Cromwell y demás. Rescatan estas tradiciones que son muy conocidas como los Levellers, o los True Levellers que vienen de una serie de sectas protestantes que se oponían a la iglesia oficial de ese momento a partir de nociones comunitaristas de la tierra. El libro lo termino con una cita de uno de estos tíos del siglo XVII que básicamente vienen a promulgar ya la idea de los derechos humanos a la propiedad común de la tierra, y que de ahí surja también la idea de la renta básica me parece una idea importante, de la que no se habla.

Frente a la acusación que se hace a esta herramienta de querer disolver lo comunitario, la intención que yo tenía al rescatar estos textos es romper esa idea. Como Milton Friedman hizo su propuesta del impuesto negativo que es una idea similar a la renta básica en muchos sentidos, pues hay mucha gente que acusa a la renta básica de ser una propuesta neoliberal porque surge en los 80, pero no, hay ideas de fondo que están en la base de la renta básica que vienen de un mundo que lo que está haciendo  es resistir a la llegada del capitalismo y encontrar formas alternativas de vida y de existencia que no sean solo trabajar para otra persona, para el propietario.

Por Sarah Babiker

26 jun 2021 06:00

Publicado enSociedad
Algunos de los estadunidenses más ricos, entre ellos Jeff Bezos (en la imagen), Michael Bloomberg y Elon Musk, pagaron muy poco o nada de impuestos federales de ingresos entre 2014 y 2018, según un análisis de la organización ProPublica.Foto Ap

La clase alta usa su increíble poder para dominar el sistema político y el proceso legislativo: Sanders

Nueva York., Si algo comprueba cómo "el sistema" está hecho para beneficiar a los más ricos, sólo se debe observar lo que todos saben: los acaudalados no pagan impuestos sobre sus fortunas personales, pero aún más escandaloso es que para lograrlo no cometen ningún delito, es perfectamente legal.

Y no es exageración. Algunos de los multimillonarios estadunidenses más ricos del planeta –como Jeff Bezos, de Amazon; Elon Musk, de Tesla; George Soros y Michael Bloomberg– literalmente pagaron cero impuestos federales durante varios de los pasados 15 años, aunque sus fortunas se dispararon.

Algunos de los que sí pagan, lo hacen a una tasa bajísima. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, declaró en 2013 que la tasa efectiva de impuestos que tenía que pagar era menor a la de su secretaria y llamó, junto con otros millonarios "responsables", a que los políticos incrementaran los impuestos sobre los ricos, o sea, era tan exagerada la fórmula en beneficio a los ricos, que hasta les dio pena (o fue una maniobra de relaciones públicas bien hecha).

La pandemia revela obscena desigualdad

Pero con la crisis vinculada a la pandemia revelando aún más la desigualdad económica como el factor más determinante de la vida estadunidense, hay un creciente debate y el inicio de un giro en la política nacional, incluyendo el tema tributario, para enfrentar el problema estructural que ha llevado a los más ricos a volverse infinitamente más ricos mientras todos los demás se han vuelto más pobres durante este año de emergencia de salud y económica.

Los 719 multimillonarios estadunidenses con fortunas superiores a mil millones de dólares han visto su riqueza colectiva incrementarse más de 1.6 billones de dólares –un aumento de 55 por ciento– desde que se detonó la pandemia en marzo de 2020, mientras millones perdieron sus empleos, sus hogares y sus ahorros (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/ ).

Con ello, se ha detonado un movimiento para exigir que los ricos "paguen su parte", y el gobierno de Joe Biden y sus aliados legislativos están contemplando medidas para cambiar la política fiscal, parte de la fractura del consenso neoliberal de los pasados 40 años.

La semana pasada, una investigación de ProPublica reveló que los 25 multimillonarios más ricos del país pagaron una tasa efectiva de impuestos de 3.4 por ciento sobre sus ganancias entre 2014 y 2018, y algunos pagaron literalmente cero en varios años durante los últimos 15 años a pesar de enormes ganancias (https://www.jornada.com.mx/2021/06/ 10/economia/019n1eco ).

El economista Gabriel Zucman subrayó que lo más importante revelado por ProPublica es que los 25 estadunidenses más ricos pagaron colectivamente 0.17 por ciento de su riqueza en impuestos en 2018, mucho menos que la tasa efectiva sobre ingreso que pagó la clase media.

Desplome de las tasas de impuestos

Nada de esto es nuevo: la tasa efectiva de impuestos sobre ingresos personales llegó a 92 por ciento para los más ricos en los años cincuenta, pero desde entonces se ha desplomado, sobre todo con la inauguración de la era neoliberal con Ronald Reagan, hasta llegar a sólo 23 por ciento en 2018, por debajo de la tasa de 24.2 pagado por esa mitad más pobre del total de los hogares estadunidenses, según reportan los economistas destacados Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.

Pero ni esa tasa se paga. Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad del Institute for Policy Studies, señala que "la industria de defensa de riqueza" conformada por contadores, abogados especializados en impuestos y administradores de ricos se dedican a buscar cómo escaparse legalmente de una serie de obligaciones tributarías con todo tipo de maniobras, logrando incluso a llegar a cero en algunos casos.

“Los documentos del IRS (el servicio de impuestos internos) demuestran que los más ricos pueden –legalmente– pagar tributos sobre ingresos que son sólo una fracción minúscula de los cientos de millones, si no miles de millones, que crecen sus fortunas cada año”, concluye el reportaje de ProPublica.

Y eso es sin contar las empresas. Críticos señalan que más de 90 de las 500 empresas más grandes del país no pagaron impuestos federales de ingreso en 2018. Algunas como Amazon, Chevron y Delta –todas con miles de millones en ganancias– incluso recibieron cheques de rembolso por miles de millones del gobierno federal.

Además de pagar casi nada en impuestos, también hay una creciente evasión tributaria de los individuos de alto ingreso y empresas. "El gobierno federal está perdiendo por lo menos 600 mil millones de dólares anuales por evasión de impuestos, en su mayoría de los ricos y las corporaciones", afirmó Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, una de casi 90 organizaciones que han exigido mayor aplicación de las leyes tributarias contra ricos y empresas (https://americansfortaxfairness.org ).

Algunos críticos señalan que en los hechos hay reglas tributarias diferentes para los ricos y para todos los demás. Los impuestos para la mayoría de gente trabajadora se pagan sobre salarios, pero para los ricos funciona de otra manera ya que la mayoría de sus ganancias se logran a través de valores bursátiles, empresas privadas, un mosaico de entidades y bienes raíces, todo lo cual se puede manipular mágicamente para efectos tributarios.

Pero durante los últimos años hay un creciente repudio público y ahora una amplia mayoría de los estadunidenses (59 por ciento) critica el que empresas y ricos no paguen su parte en impuestos, según un sondeo por Pew Research.

En este contexto político, Biden promueve una reforma fiscal que impone un sistema tributario que, como él resume, "recompensa el trabajo, no la riqueza", obligando a los ricos a pagar un tasa de 39.6 por ciento sobre ingresos generados por sus fortunas, incrementar la tasa de impuestos sobre empresas de 21 actual a 28 por ciento, y por separado, cerrar el mecanismo fiscal que permite que los ricos trasladen riqueza a sus herederos sin pagar impuestos por el incremento en su valor.

Líderes legislativos demócratas como los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden también están proponiendo nueva medidas para elevar impuestos sobre fortunas millonarias y herencias.

"Necesitamos un sistema de impuestos que exige que la clase multimillonaria empiece a pagar su parte justa de impuestos para reducir el nivel obsceno de desigualad de riqueza e ingreso en Estados Unidos", afirma el senador Bernie Sanders, presidente del Comité sobre el Presupuesto de la cámara alta. "Esto no sólo es asunto de justicia económica, es un tema que amenaza el tejido mismo de la democracia estadunidense porque la clase multimillonaria usa su increíble poder para dominar nuestro sistema político y el proceso legislativo. El resultado es un código de impuestos tramposo, regresivo y corrupto que ha beneficiado al uno por ciento más rico con billones en exenciones de impuestos", concluyó.

Publicado enEconomía
Julian Assange y el colapso del Estado de derecho

 Este artículo reproduce la intervención de Chris Hedges en un acto celebrado el pasado jueves en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto forma parte de una gira por Estados Unidos que durará un mes y en la que intervienen entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters (Pink Floyd).

Una sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia.

Esa es la razón por la que esta noche estamos aquí. Todos los que conocemos y admiramos a Julian condenamos su prolongado sufrimiento y el de su familia. Exigimos que se ponga fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su persona. Le respetamos por su valor y su integridad. Pero la batalla por la libertad de Julian nunca ha sido solo por la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla por la libertad de prensa más importante de nuestra era. Y si perdemos esa batalla las consecuencias serán devastadoras, no solo para Julian y su familia sino para todos nosotros.

Las tiranías invierten el Estado de derecho. Convierten la ley en un instrumento de injusticia. Esconden sus crímenes mediante una falsa legalidad. Utilizan la dignidad de tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos que, como Julian, exponen ante el público esa criminalidad son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la legitimidad la tiranía pierde credibilidad y lo único que le queda es el miedo, la coacción y la violencia.

La prolongada campaña contra Julian y Wikileaks es una ventana hacia la demolición del Estado de derecho, un paso más hacia lo que el filósofo político Sheldon Wolin llama nuestro sistema de totalitarismo invertido, una forma de totalitarismo que mantiene la ficción de la antigua democracia capitalista, incluyendo sus instituciones, iconografía, símbolos patrióticos y retórica, pero que internamente ha entregado todo el control a los dictados de las corporaciones globales.

Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue juzgado por la juez Vanessa Baraitser, una versión moderna de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerle en prisión. No había base legal alguna para juzgarle, siendo un ciudadano australiano, según la Ley de Espionaje de EE.UU. La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través de una compañía española, UC Global, contratada para proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal y como ha testificado el relator Especial de la ONU para la Tortura, Nils Melzer.

El gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones al fiscal londinense James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia [el exdiplomático, periodista y defensor de derechos humanos británico] Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la juez Baraitser, que las adoptó como su decisión legal. Todo el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa, al mismo tiempo que se afanaban en establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública, limitando el acceso a la sala del tribunal a un puñado de observadores y poniendo todas las dificultades posibles para imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado, más típico de la Lubianka que de la jurisprudencia británica.

Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos radicales, puede que hasta revolucionarios. Pero lo que estamos exigiendo tiene de hecho un tinte conservador, dentro del espectro político. Exigimos la restauración del Estado de derecho. Algo tan sencillo y básico que no debería resultar incendiario en una democracia en funcionamiento. Pero vivir en la verdad en un sistema despótico es un acto supremo de desafío. Esa verdad aterroriza a quienes detentan el poder.

Los arquitectos del imperialismo, los señores de la guerra, las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno, controladas por las grandes empresas, y sus serviles cortesanos de los medios de comunicación son ilegítimos. Si pronuncias esta sencilla verdad quedas desterrado, como hemos estado muchos de nosotros, a los márgenes del panorama mediático. Si demuestras esa verdad, como han hecho Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond y Edward Snowden al permitirnos fisgar en las interioridades del poder, serás perseguido y procesado.

Poco después de que Wikileaks publicara los archivos de la Guerra de Irak en octubre de 2010, que documentaban numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos –incluyendo imágenes del ametrallamiento de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el video Asesinato Colateral, la tortura sistemática de prisioneros iraquíes, el ocultamiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de cerca de 700 civiles que se habían acercado demasiado a los puestos de control estadounidenses–, los destacados abogados de derechos civiles Len Weinglass y mi buen amigo Michael Ratner (a quien acompañaría posteriormente para reunirse con Julian en la embajada ecuatoriana) se reunieron con Julian en un apartamento de Londres Central. Las tarjetas bancarias personales de Assange habían sido bloqueadas. Tres ordenadores encriptados habían desaparecido de su equipaje durante su viaje a Londres. La policía sueca estaba fabricando un caso en su contra con la intención, le advirtió Ratner, de extraditarle a Estados Unidos.

“Wikileaks y tú personalmente os enfrentáis a una batalla que es tanto legal como política”, le dijo Weinglass a Assange. “Como aprendimos en el caso de los Papeles del Pentágono, al gobierno de Estados Unidos no le gusta que se haga pública la verdad. Y no le gusta que le humillen. No importa que sea Nixon, Bush u Obama, un Republicano o un Demócrata, quien ocupe la Casa Blanca. El gobierno de EE.UU. intentará evitar que publiques sus repugnantes secretos. Y si tienen que destruirte a ti, y destruir al mismo tiempo la Primera Enmienda y los derechos de los editores, están dispuestos a hacerlo. Creemos que van a perseguir a Wikileaks y a ti, Julian, por publicarlos”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”, preguntó Julian.

“Por espionaje”, continuó Weinglass. “Van a acusar a Bradley Manning por traición, acogiéndose a la Ley de Espionaje de 1917. No creemos que se le pueda aplicar porque es un denunciante de conciencia, no un espía. Pero van a intentar obligar a Manning a que te implique a ti como colaborador”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”

Esa es la cuestión.

Han perseguido a Julian por sus virtudes, no por sus defectos.

Han perseguido a Julian porque sacó a la luz más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes; porque hizo públicas la tortura y los malos tratos a unos 800 hombres y muchachos de entre 14 y 89 años en Guantánamo; porque publicó que Hillary Clinton ordenó en 2009 a los diplomáticos estadounidenses que espiaran al Secretario General de la ONU Ban Ki Moon y a otros representantes de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía obtener su ADN, el escaneo de su iris, sus huellas dactilares y sus contraseñas personales, continuando métodos habituales de vigilancia ilegal como las escuchas ilegales al Secretario General de la ONU Kofi Annan las semanas previas a la invasión de Irak de 2003 dirigida por Estados Unidos; le han perseguido porque divulgó que Barack Obama, Hillary Clinton y la CIA orquestaron el golpe militar de 2009 en Honduras que derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, y lo reemplazó con un régimen militar corrupto y asesino; porque reveló que George Bush hijo, Barack Obama y el general Davis Petrous llevaron a cabo una guerra en Iraq que, según las leyes posteriores al proceso de Núremberg, se considera una guerra criminal de agresión, un crimen de guerra y porque autorizaron cientos de asesinatos selectivos, incluyendo los de ciudadanos estadounidenses en Yemen, donde también lanzaron secretamente misiles, bombas y ataques con drones que acabaron con la vida de decenas de civiles; porque reveló que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton 657.000 dólares por dar conferencias, una suma tan enorme que solo puede considerarse un soborno, y que Clinton aseguró en privado a los líderes empresariales que cumpliría sus ordenes, mientras prometía a la opinión pública una regulación y una reforma financiera; porque sacó a la luz la campaña interna para desacreditar y destruir a Jeremy Corbyn por parte de miembros de su propio Partido Laborista; porque mostró cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad utilizan herramientas de hackeo que permiten al gobierno la vigilancia al por mayor a través de nuestros televisores, ordenadores, smartphones y programas antivirus, lo que permite al gobierno registrar y almacenar nuestras conversaciones, imágenes y mensajes de texto privados, incluso si están encriptados.

Julian sacó a la luz la verdad. La desveló una y otra y otra vez, hasta que no quedó la menor duda de la ilegalidad, corrupción y mendacidad endémicas que definen a la élite gobernante global. Y por descubrir esas verdades es por lo que han perseguido a Assange, como han perseguido a todos aquellos que se atrevieron a rasgar el velo que cubre al poder. “La Rosa Roja ahora también ha desaparecido…”, escribió Bertolt Bretch cuando la socialista alemana Rosa Luxemburgo fue asesinada. “Porque ella a los pobres la verdad ha dicho, los ricos del mundo la han extinguido”.

Hemos experimentado un golpe de Estado empresarial, mediante el cual los pobres y los hombres y mujeres trabajadores se ven reducidos al desempleo y el hambre; la guerra, la especulación financiera y la vigilancia interna son las únicas ocupaciones del Estado; por el cual ya ni siquiera existe el habeas corpus; por el que los ciudadanos no somos más que mercancías que se usan, se despluman y se descartan para los sistemas corporativos del poder. Negarse a contraatacar, a tender lazos y ayudar al débil, al oprimido y al que sufre, a salvar el planeta del ecocidio, a denunciar los crímenes internos e internacionales de la clase dominante, ea xigir justicia, a vivir en la verdad es llevar la marca de Caín. Quienes detentan el poder deben sentir nuestra ira, y eso significa realizar actos constantes de desobediencia civil, significa acciones constantes de protesta social y política, porque este poder organizado desde abajo es el único que nos salvará y el único poder que liberará a Julian. La política es un juego de temor. Es nuestro deber moral y cívico hacer sentir miedo a los que están en el poder, mucho miedo.

La clase dominante criminal nos tiene a todos sujetos por el miedo. No puede reformarse. Ha abolido el Estado de derecho. Oscurece y falsea la verdad. Busca la consolidación de su obsceno poder y su obscena riqueza. Por tanto, citando a la Reina de Corazones, metafóricamente, claro, yo digo: “¡Que les corten la cabeza!”.

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Por Chris Hedges | 16/06/2021

Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer. Fue durante 15 años corresponsal en el extranjero para The New York Times, ejerciendo como jefe para la oficina de Oriente Próximo y la  de los Balcanes. Anteriormente trabajó para los diarios The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor y NPR. Presenta el programa “On Contact”, nominado para un Premio Emmy, de la cadena internacional de televisión rusa RT.

Publicado enInternacional
Estados Unidos y las derivaciones del Lava Jato

Indagan sobre la injerencia de Washington en la megacausa de corrupción 

Un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. 

 

a lupa se posó demasiado tarde sobre las implicancias dañinas para Brasil en el Lava Jato y el papel que cumplió el Departamento de Estado de EE.UU. Proscripto y encarcelado Lula, y destituida Dilma Rousseff, el huevo de la serpiente arrojó lo que ya se sabe. El acceso al Planalto de un ex militar que reivindica a la dictadura, la tortura y cuyo gobierno negacionista multiplicó las consecuencias de la trágica pandemia. Ahora un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. Lo que parecía imposible con Donald Trump, pasó con Joe Biden. Pero eso no quiere decir que hayan variado los intereses y la estrategia de la Casa Blanca para el país que preside Jair Bolsonaro. Quizá puedan conocerse más detalles secretos de las injerencias de Washington en la megacausa de corrupción que explotó en 2014. Algunos datos se difundieron hace tiempo. Son parte del lawfare (ley y guerra, las cosas por su nombre) que terminó con la hegemonía del PT en octubre de 2018 y permitió la llegada de la ultraderecha al poder.

El pedido de explicaciones al fiscal general Garland de los representantes del Partido Demócrata es una derivación de la carta que 77 legisladores brasileños les enviaron a sus pares de EE.UU en 2020. The Nation, un medio progresista de Estados Unidos, difundió la solicitud de colaboración entre los congresistas. Citando al grupo de 23 demócratas – que integran Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Susan Wild de Pennsylvania, Ilhan Omar de Minnesota, Rashida Tlaib de Michigan, Raul Grijalva de Arizona y Jesús ‘Chuy’ García de Illinois, entre otros y otras – señaló que están preocupados porque “los recursos que deberían haberse destinado a una importante legislación estadounidense dedicada a combatir la corrupción se hayan utilizado indebidamente”.

La carta a Garland la firmaron – además de los representantes del Congreso – organizaciones sindicales de Estados Unidos como la United Auto Workers, la United Food and Commercial Workers, y Retail, Wholesale and Department Store Union. Un gremio automotriz, uno de alimentos y el de trabajadores de grandes empresas como Amazon. Todos exigieron la semana pasada que se haga pública la información vinculada al Departamento de Estado y su intervención en el Lava Jato.

Lawfare

Las irregularidades del proceso que llevó adelante el exjuez y exministro del actual gobierno, Sergio Moro, siguen ventilándose. Aunque todavía sin consecuencias importantes como las que espera la sociedad brasileña por los efectos devastadores que tuvo el lawfare para su democracia. BBC News Brasil entrevistó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio Mendes, quien deslizó que si se probaran más delitos cometidos por el Poder Judicial en el Lava Jato caerían más sentencias como la que encarceló y proscribió al expresidente Lula.

Algunos de los hechos ya se conocen y tuvieron a Estados Unidos en un papel protagónico. Un trabajo publicado en la página de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) por la politóloga argentina Silvina Romano el 28 de mayo de 2017 señala que “la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el ‘árbol’ de la corrupción, parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña”.

El objetivo así planteado perseguía mucho más que investigar las prácticas corruptas en la multinacional brasileña Odebrecht. El texto de la también investigadora del CONICET es prolífico en antecedentes del lawfare que sufrieron los principales dirigentes del PT. Explica además que “parece claro que una de las motivaciones del espionaje fue Petrobrás y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos”.

La expresidenta Rousseff fue espiada por la NSA (un ente subordinado a la CIA) y en 2013, su ministro de Justicia Eduardo Cardozo calificó al hecho como “gravísimo” y una “clara violación de la soberanía” brasileña.

Una de las agentes del FBI que trabajó codo a codo con la Policía Federal de Brasil y los operadores judiciales en ese país al servicio del Departamento de Justicia de EE.UU es Leslie Backschies. Citada por Associated Press en marzo de 2019, dijo sin sonrojarse: “Vimos presidentes derrocados en Brasil”. También observó “mucha actividad en América del Sur. Odebrecht, Petrobras… Sudamérica es una región donde hemos visto corrupción. Hemos tenido mucho trabajo allí”. Nada nuevo, salvo el interés unidireccional de Estados Unidos en la corrupción de los gobiernos que no siguen como rebaño su política hemisférica.

Durante el Lava Jato – al que fue asignada en 2014 – la integrante del FBI se familiarizó con la llamada República de Curitiba. Ella viajaba a la capital de Santa Catarina con una frecuencia parecida a la que Moro lo hacía a Estados Unidos. Ya en julio de 1998 y con apenas 25 años, el exministro estrella de Bolsonaro participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces nunca detuvo sus viajes a EE.UU. En julio de 2016 y con el Lava Jato lanzado a la caza de corruptos, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales.

El desenlace de Moro en el gabinete del actual presidente brasileño es conocido. Por sus buenos oficios, Backschies fue premiada con destino en la ciudad del sol, Miami. Desde 2019 está al frente de la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del Buró Federal que hizo famoso Edgar Hoover, el jefe misógino y racista que lo condujo a lo largo de casi 40 años.

La política continua de injerencias de Estados Unidos en América Latina con fines comerciales tiene un mojón en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Es la herramienta más útil del Departamento de Justicia para sancionar a otros estados cuando se cometen delitos económicos fuera de la jurisdicción de EE.UU. Es una de las precursoras – después se agregaron otras – en la instalación del concepto de extraterritorialidad, tan expuesto en las políticas de Washington hacia Cuba y Venezuela. Desde marzo de 2015 el FBI extendió su influencia en las investigaciones sobre casos de corrupción más allá de sus fronteras. El de Brasil fue uno paradigmático que hoy recobra su interés en el Capitolio. El pedido de explicaciones al fiscal general de EE.UU por los representantes demócratas llega tarde pero puede seguir esmerilando al Lava Jato.

Por Gustavo Veiga

15 de junio de 2021

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Domingo, 13 Junio 2021 05:41

Luna llena

Ted Bundy.. Imagen: AFP

 La cuestión sería: ¿el ser humano es “inhumano” cuando comete atrocidades y “humano” cuando es generoso y ayuda a su prójimo? Estaba leyendo materiales sobre el caso del célebre asesino serial Ted Bundy cuando encontré que varios diarios de la época (fines de los sesenta comienzos de los setenta) le decían “animal”. Ted Bundy vendría a ser un animal inhumano y (pongamos) Martin Luther King sería un personaje humano. Un humanista, como suele decirse.

¿Quién fue Ted Bundy? Era un tipo pintón, sonreía más que con frecuencia, era joven y tenía una facilidad enorme para hablar, argumentar y –por consiguiente- seducir. Nadie que lo viera podía asustarse, tomar recaudos, preocuparse. No, a simple vista Bundy era alguien que podía presentarse en cualquier parte sin despertar la mínima sospecha de su condición de asesino serial. No tuvo una infancia demasiado problemática. No sufrió penurias económicas. Nadie lo castigó. Nadie abusó de él. Y mató a treinta y seis mujeres.

Cuando se estrenó el film La caída de Olivier Horshbiegel, con un Hitler que Bruno Ganz hizo de modo admirable, se le criticó que presentaba a un Hitler “humanizado”. ¿Cuál es el problema? ¿No era humano Hitler? Hitler fue uno de los personajes más perversos de la historia humana. Pero fue parte de esa historia, fue humano. Auschwitz, Treblinka y Dachau fueron obra de la condición humana. Sólo los seres humanos son capaces de engendrar esos horrores. Los animales no. Los animales son víctimas de la devastación humana de la naturaleza.

Ted Bundy –como el Führer alemán- fue un asesino serial. Sin duda mandó al muere a menos gente que Hitler, pero es un paradigma de asesino serial. Esta clase de personaje surge con el célebre Jack, el Destripador de la Inglaterra victoriana. Tienen –Bundy y Jack- una coincidencia: sólo mataban mujeres y las destripaban.

De Jack the Ripper se sabe poco. Se dice: desapareció entre las nieblas de Londres. Tenía un humor macabro, como le correspondía. Cierta vez, escribió a la policía una carta que contenía un riñón. “No mando el otro porque me lo comí”, concluía. Ted Bundy fue atrapado y ejecutado en la silla eléctrica de Florida. Le hicieron dos juicios. En el primero echó a su abogado y asumió su propia defensa. Se presentaba en la corte bien trajeado y con un notorio moño de color en lugar de corbata. Tenía una poderosa elocuencia. Se defendió con toda pasión y con una inteligencia que deslumbró a todos. Tuvo novias y una a la que amó. Paradójico (o no): un asesino serial que mataba mujeres se enamoró de una y fue bueno y tierno con ella.

Bundy trataba de evitar que lo frieran en la silla eléctrica. No quería morir. Pero no lo pudo evitar. Las pruebas se acumulaban y no conseguía convencer al jurado. Siempre, sin embargo, parecía estar de buen humor. La silla eléctrica lo esperaba. Es conocida (creo) mi posición ante la pena de muerte. Es un asesinato premeditado y frío. El condenado sufre y no le ahorran ese sufrimiento. La inyección letal es casi más cruel. Tiene un componente “científico-clínico” que no disimula su crueldad aberrante. Le revientan los pulmones y el corazón a la víctima del Estado. No hay que matar. Cuando el Estado de Israel ahorca a Eichmann incurre en su misma ética y estética. Un grave error.

Jack the Ripper se ha transformado en un ícono de la historia británica. Hasta tiene un museo. Se han escrito novelas, cuentos, se han hecho películas sobre el personaje. Despierta una gran fascinación. Quién era. Arriesguemos nuestra hipótesis. Era el médico de la reina Victoria. Un Lord de la Corte se había enfermado de sífilis en Whitechapel. Tras su muerte el médico de la reina (que lo quería mucho) decidió vengarlo y empezó a faenar prostitutas. Al ser miembro de la casa real y tan cercano a la reina la policía no se atrevió a detenerlo. Cuando al vengativo médico le parecieron suficientes las prostitutas castigadas se detuvo en su obstinación criminal y se cobijó entre los pliegues inaccesibles de la intocable Victoria.

Bundy no tuvo esa suerte. Pero sigue teniendo admiradores. Los psicólogos han metido mano en esto y lo calificaron de enfermo bipolar. Puede ser. Pero esto alivia a la condición humana. Y no. Cualquiera –en determinadas circunstancias- puede matar. El hombre es el lobo del hombre. Y si no, recordemos ese pequeño y estremecedor poema sobre la licantropía: “Aún el hombre puro de corazón/ que dice sus oraciones todas las noches/ se convertirá en un lobo cuando salga la luna llena”.

 

13 de junio de 2021

Publicado enSociedad
La erradicación de la indigencia en China

Resultado de la fuerte expansión económica de las últimas décadas

Néstor Restivo y Gustavo NG presentaron su libro "“China -La superación de la pobreza” donde explican cómo hizo el gigante asiático para lograrlo. 

 

La erradicación de la pobreza extrema que recientemente anunció China es producto no sólo del derrame derivado de la impresionante expansión económica a lo largo de las últimas tres décadas sino también de un amplio número de programas enfocados en el acompañamiento de las familias indigentes, la capacitación, mejora en las redes de comercialización, acceso a la energía, infraestructura y ampliación de la protección social. Este complejo proceso representa un hito en la historia moderna, dado que China explica una quinta parte de la población mundial, y fue el motivo de la investigación plasmada en el libro “China -La superación de la pobreza”, de los autores Néstor Restivo y Gustavo NG.

El libro fue presentado en un evento virtual que organizó el grupo de estudios China y América del Centro Cultural de la Cooperación. Contó también con la participación de Wang Xiaolin, Ministro Consejero de la Embajada de China en Argentina, quien además de enfatizar el logro de la erradicación de la indigencia en el país asiático se refirió al tema de las vacunas. “China es el mayor proveedor de vacunas hacia países en vías de desarrollo. Vamos a seguir con la distribución en forma global para salvar la grieta en el acceso desigual a las vacunas entre países”, dijo.

“Entre 2016 y 2019, viajamos muchas veces a China y entrevistamos a académicos, dirigentes y militantes en territorio. Uno de los ejes que reconocemos es que el tema de la erradicación de la pobreza es un compromiso asumido por muchos actores. En primer lugar, involucra al Estado central, pero también todos los ministerios, el Partido y los estados provinciales y municipales. Y se trata de algo de particular interés para nosotros, que vemos pasar las décadas sin poder resolver este flagelo”, comenzó Restivo, historiador y director de la revista Dang Dai, especializada en China.

Gustavo NG, co-autor junto a Restivo, consideró que “el hecho de que el país más poblado del mundo, que concentra a un quinto de la población mundial, no tenga más indigencia y esté camino a erradicar la pobreza, es casi delirante. Estamos hablando de algo que es hito de la humanidad, una sociedad sin niños que se van a dormir con hambre”.

¿Cómo?

“Hay dos grandes instancias en la superación de la pobreza. La primera es generar riqueza para distribuir y la segunda distribuir de manera ecuánime. En China, la fabulosa riqueza que se generó desde la década del ’80 tuvo un lugar en un sistema fuerte de redistribución, lo cual ha permitido una repartición ecuánime, lo cual no quiere decir igualitaria, ya que en China hay una clase con mucho más poder de consumo que otras. Sin embargo, el resto de la sociedad ha ido mejorando. Pero aun así, en determinadas zonas y sectores no alcanzaba la economía socialista. Ahí aparecieron muchos programas focalizados”, explicó Gustavo NG.

Los autores relevaron las medidas puntuales adoptadas en zonas con malas condiciones para la agricultura y con situaciones de atraso estructural. “Se procuró enganchar a esos sectores a la marcha de la economía nacional. Esas poleas consistieron en la creación de caminos, provisión de energía, mejora de los sistemas de comercialización, temas incluso de marketing basados en las tradiciones locales. También capacitación para modernizar sistemas de producción que eran muy antiguos, junto con cobertura social y servicios básicos como educación, salud, vivienda, servicios urbanos y agrícolas y protección tercera edad”, continuó Gustavo NG.

Un capítulo importante se vincula al turismo, ya que a medida que las clases medias urbanas fueron aumentando su poder adquisitivo, parte de ese dinero fue al turismo internacional pero sobre todo nacional. Hubo un fuerte trabajo para que las minorías étnicas de zonas alejadas, retrasadas económicamente pero con gran tradición, pudieran ofrecer servicios turísticos culturales.

“A lo largo de dos décadas hubo programas muy ambiciosos de acompañamiento casa por casa, familia por familia, para que la gente salga de la condición de indigencia. Esto se hizo en un territorio gigantesco, con responsables por familia y seguimiento periódico. La erradicación de la indigencia es un programa multifacético, pero para mí lo fuerte es la capacitación laboral para que los pobres produzcan no solo para subsistencia diario sino para colocar en el mercado, incluso para exportar”, agregó Restivo.

Por su parte, Paule Decrop, politóloga y especialista en Derechos Humanos y Democratización, mencionó las críticas desde Occidente a China por temas vinculados a participación política y libertad de prensa y remarcó que “desde 1949 la esperanza de vida en China pasó de 35 a 77 años y la tasa de alfabetización, del 20 al 96,84 por ciento. El 95 por ciento de la población es cubierta por el sistema de salud pública y hay participación política de las minorías étnicas”.

Por Javier Lewkowicz

Mariano Ciafardini, coordinador del Grupo de Estudios de China y América latina en el CCC, enfatizó que “ningún país capitalista es capaz de hacer esto. No solo no es capaz sino que no tiene intención de hacerlo porque los gobiernos son manipulados por las grandes corporaciones financieras y económicas a quienes no les interesa la franja de excluidos. Es más, históricamente al capitalismo le viene bien que haya excluidos”.

 

17 de mayo de 2021

Publicado enInternacional
El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar. 

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia". 

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte. 

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

Por Guido Vassallo

04 de mayo de 2021

Publicado enInternacional
Salvadoreños mostraron su rechazo en las calles de la capital de su país ante las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa de destituir a varios jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Foto Afp

Sociedad civil y oposición de El Salvador llaman golpe de Estado a las primeras acciones de las bancadas oficialistas

 

San Salvador., “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, replicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rechazar cuestionamientos de la comunidad internacional, luego de que con el apoyo del Congreso destituyó a un grupo dejueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

"Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN (Partido de Concertación Nacional) y PDC (Partido de Democracia Cristiana)", todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

"Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona", agregaron, en momentos en que esta capital fue escenario de movilizaciones en repudio a las medidas del Legislativo.

"Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional", consideró la diputada Dina Argueta, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

"Lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con una mayoría del pueblo que cedió su representación a través del voto, es un golpe de Estado", declaró el diputado René Portillo, de Arena.

La primera medida adoptada el sábado en la noche por la nueva Asamblea Legislativa unicameral fue, con 64 votos a favor y 19 en contra, destituir a los cinco miembros titulares y sus suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y designar a sus remplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, frenó varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos de la ciudadanía.

El enfrentamiento entre Bukele y los magistrados alcanzó tal intensidad que el mandatario los acusó de buscar, con sus resoluciones, asesinar "a decenas de miles de salvadoreños", y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador "los hubiera fusilado a todos". "Salvas mil vidas a cambio de cinco", dijo el 11 de agosto pasado, recordó El Faro en su portal (elfaro.net).

Media hora después de que la Asamblea Nacional destituyó a los magistrados, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida. "Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias", afirmó y adujo que el intento por destituirlos era una forma de coacción del Ejecutivo, señaló El Faro.

Bukele rechazó ese fallo y comentó en sus redes sociales: "Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar", en alusión al ex diputado de Arena que huyó del país luego que el ahora destituido fiscal Melara pidió su captura por sus presuntos víncu-los con pandillas, indicó El Faro.

También horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que "jamás" ha estado vinculado ni ha respondido "nunca" a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

El Parlamento destituyó después al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con la ultraderechista Arena. La madrugada del domingo eligió a su sucesor, Rodolfo Delgado.

Melara, destituido también por 64 votos a favor y 19 en contra, abrió investigaciones contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. También realizaba pesquisas por una presunta negociación secreta entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, señaló El Faro.

Los nuevos magistrados y el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó desde la noche del sábado los movimientos y el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, expresó ayer en una llamada telefónica a Bukele la "grave preocupación" de su país por la destitución de togados "y señaló que un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática".

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, "lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que "cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele "garantizar la separación de poderes y el orden democrático", mientras Human Rights Watch consideró lo sucedido como un "asalto a la democracia".

El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las fuerzas armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero pasado, dejando relegados a los partidos tradicionales Arena y el FMLN.

"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).

Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el gobierno del presidente Bukele".

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: "Condeno los pasos del poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional y al procurador de justicia".

Bukele rechazó las críticas y dijo que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y "el debut de labancada Cyan (Nuevas Ideas)", y advirtió que este es el comienzo para cambiar el país como ha prometido.

Nuevas Ideas arrasó en las urnas el 28 de febrero, propinando una derrota histórica a los dos partidos que han gobernado El Salvador durante las pasadas tres décadas. Desde el primero de mayo, el partido de Bukele gobierna 152 de los 262 municipios y a los 56 puestos que obtuvo en la Asamblea Legislativa, integrada por 84 miembros, se sumaron ocho de otros partidos.

Publicado enInternacional