Donella Meadows

Editorial Nature, 18 junio 2022

Los investigadores deben intentar resolver una disputa sobre la mejor manera de utilizar y cuidar los recursos de la Tierra.

 

Este mes se cumplen cincuenta años de que el grupo de Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Cambridge) lanzara un duro mensaje al mundo: el continuo crecimiento económico y demográfico agotaría los recursos de la Tierra y provocaría el colapso económico mundial en 2070. Esta conclusión se desprende de su libro de 200 páginas Los límites del crecimiento, uno de los primeros estudios de modelización que preveía las repercusiones medioambientales y sociales de la industrialización.

Para su época, se trataba de un pronóstico impactante, y no cayó bien. Nature calificó el estudio de "otro tufillo a catástrofe" (véase Another Whiff of Doomsday, Nature 236, 47-49; 1972). Era casi una herejía, incluso en los círculos de investigación, sugerir que algunos de los fundamentos de la civilización industrial -la extracción de carbón, la fabricación de acero, la perforación de pozos de petróleo y la pulverización de cultivos con fertilizantes- podrían causar daños duraderos. Los líderes de la investigación aceptaban que la industria contaminaba el aire y el agua, pero consideraban que esos daños eran reversibles. Los que se formaron en una época anterior a la informática también se mostraron escépticos respecto a la modelización, y defendieron que la tecnología acudiría al rescate del planeta. El zoólogo Solly Zuckerman, antiguo asesor científico jefe del gobierno británico, dijo: "Independientemente de lo que digan los ordenadores sobre el futuro, no hay nada en el pasado que dé crédito a la opinión de que el ingenio humano no pueda sortear a tiempo las dificultades materiales del ser humano".

Pero la autora principal del estudio, Donella Meadows, y sus colegas se mantuvieron firmes, señalando que la estabilidad ecológica y económica sería posible si se actuara con prontitud. Los límites fueron decisivos para la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también en 1972. En total, se han vendido más de 30 millones de ejemplares del libro.

Pero los debates no han cesado. Aunque ahora existe un consenso sobre los efectos irreversibles de las actividades humanas sobre el medio ambiente, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre las soluciones, especialmente si éstas implican frenar el crecimiento económico. Este desacuerdo impide actuar. Es hora de que los investigadores pongan fin a su debate. El mundo necesita que se centren en los grandes objetivos de detener la destrucción catastrófica del medio ambiente y mejorar el bienestar.

Investigadores como Johan Rockström, del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (Alemania), defienden que las economías pueden crecer sin hacer inhabitable el planeta. Señalan que hay pruebas, sobre todo en los países nórdicos, de que las economías pueden seguir creciendo aunque las emisiones de carbono empiecen a bajar. Esto demuestra que lo que se necesita es una adopción mucho más rápida de la tecnología, como las energías renovables. Un movimiento de investigación paralelo, conocido como "post-crecimiento" o "decrecimiento", afirma que el mundo debe abandonar la idea de que las economías deben seguir creciendo, porque el propio crecimiento es perjudicial. Entre sus defensores se encuentra Kate Raworth, economista de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y autora del libro de 2017 Doughnut Economics, que ha inspirado su propio movimiento mundial.

El crecimiento económico se suele medir por el producto interior bruto (PIB). Este índice compuesto utiliza el gasto de los consumidores, así como la inversión empresarial y gubernamental, para obtener una cifra de la producción económica de un país. Los gobiernos tienen departamentos enteros dedicados a garantizar que el PIB siempre apunte hacia arriba. Y eso es un problema, dicen los investigadores del postcrecimiento: cuando se enfrentan a una elección entre dos políticas (una más ecológica que la otra), es probable que los gobiernos opten por la que sea más rápida a la hora de impulsar el crecimiento para reforzar el PIB, y esa puede ser a menudo la opción que cause más contaminación.

Un informe publicado la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (Valuing Health for All: Rethinking and building a whole-of-society approach) afirma que si los responsables políticos no tuvieran una "obsesión patológica por el PIB", gastarían más en hacer asequible la sanidad a todos los ciudadanos. El gasto sanitario no contribuye al PIB del mismo modo que, por ejemplo, el gasto militar, dicen los autores, dirigidos por la economista Mariana Mazzucato, del University College de Londres.

Ambas comunidades deben esforzarse más por hablar entre ellas, en lugar de hacerlo contra ellas. No será fácil, pero el aprecio por la misma literatura podría ser un punto de partida. Al fin y al cabo, los límites inspiraron tanto a la comunidad del crecimiento verde como a la del poscrecimiento, y ambas se vieron igualmente influidas por el primer estudio sobre los límites planetarios (J. Rockström et al. Nature 461, 472-475; 2009), que intentó definir los límites de los procesos biofísicos que determinan la capacidad de autorregulación de la Tierra.

Las oportunidades de cooperación son inminentes. A finales de enero, la Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas anunció un gran estudio sobre las causas de la pérdida de biodiversidad, incluido el papel de los sistemas económicos. Más de 100 autores de 40 países y de diferentes campos pasarán dos años evaluando la literatura. Recomendarán "un cambio transformador de los sistemas que nos llevan a la catástrofe", dice el copresidente del estudio, el politólogo Arun Agrawal, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Otra oportunidad es la próxima revisión de las normas de medición del PIB. Estas normas serán acordadas por los jefes de estadística de los países y organizadas a través de la ONU, y deberán estar finalizadas en 2025. Por primera vez, los estadísticos se preguntan cómo la sostenibilidad y el bienestar podrían alinearse más estrechamente con el PIB. Tanto los defensores del poscrecimiento como los del crecimiento verde tienen perspectivas valiosas.

La investigación puede ser territorial: a veces surgen nuevas comunidades científicas por desacuerdos entre los campos. Pero los científicos del crecimiento verde y del postcrecimiento deben ver el panorama general. En este momento, ambos articulan visiones diferentes ante los responsables políticos, y existe el riesgo de que esto retrase la acción. En 1972, todavía había tiempo para debatir, y menos urgencia para actuar. Ahora, el mundo se está quedando sin tiempo.

Nature 603, 361 (2022), 16/3/2022

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00723-1

Traducción: viento sur

Publicado enSociedad
Colombia: Duque es condenado a cinco días de arresto domiciliario por no proteger un parque nacional

El Tribunal Superior de Ibagué entiende que el mandatario no atendió un fallo de la Corte

De acuerdo con la sentencia, el gobierno colombiano no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en el parque Los Nevados, ubicado en el Eje Cafetero.

El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente colombiano, Iván Duque, por incumplir una orden judicial para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados. La sanción obedece al desacato a una orden que había emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como sujeto de derechos al parque natural ubicado en la región del Eje Cafetero.

De acuerdo con la sentencia publicada por medios locales este sábado, el gobierno que encabeza Duque no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional. La orden judicial ordena "imponer como sanción medida de arresto domiciliario por cinco días", para cuyo cumplimiento se encargará el director de la policía colombiana o el superior que atienda las funciones en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo.

El alto tribunal también ordenó que se imponga una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de Estado colombiano "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida". En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio a las autoridades nacionales, departamentales y locales un plazo perentorio de un año para poner en marcha un plan conjunto para la recuperación, mantenimiento, manejo y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, al que consideró como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente.

La reacción de Duque

"Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, no está en firme, es un abierto prevaricato", aseguró Duque desde la caribeña ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. 

El mandatario de derecha explicó que su gobierno acata las decisiones judiciales porque con sus funcionarios han ido "trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados". Pidió además a la Procuraduría que actúe para que "quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política sin soporte jurídico".

El parque natural está conformado por cinco picos nevados: el Ruiz, el Tolima, el Cisne, el Santa Isabel y el Quindío y abarca terrenos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, en el centro del país. Alberga ecosistemas de páramos y bosques altoandinos, que se caracterizan por la presencia de tres volcanes nevados que lo visibilizan en toda la ecorregión del Eje Cafetero.

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Miércoles, 01 Junio 2022 05:17

La Constitución del pueblo

La Constitución del pueblo

Una entrevista con Karina Nohales. Entrevista Pablo Abufom

El borrador de la nueva Constitución chilena fue aprobado el 16 de mayo. Consagra grandes cambios para la sociedad, que van desde derechos laborales colectivos hasta la creación de un sistema público de cuidados.

 

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico. 

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile. 

PA

Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN

En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga. 

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

PA

Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN

Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

PA

Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN

Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

PA

En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN

Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

PA

Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN

Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

PA

En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN

Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

PA

Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN

Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA

Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN

Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

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A pesar de los olores fétidos, la gente de Mosquera continúa su vida cotidiana. Foto Afp

Mosquera. Una inmensa capa de espuma que sale de un río contaminado ha llegado hasta la puerta de las casas de los habitantes de Mosquera, Colombia, un pueblo a 22 kilómetros de Bogotá, quienes están cada vez más angustiados por este fenómeno que, aunque no es nuevo, se ha incrementado en la temporada de lluvias que atraviesa el país.

El olor es fétido y el viento se encarga de dispersarlo rápidamente junto a la espuma contaminada, mientras los habitantes del barrio Los Puentes, ubicado a la ribera del río, continúan su vida cotidiana.

"Esto es producto de la contaminación, de la mala disposición de los residuos, materiales, animales muertos, basura, grasas y detergentes", explica a la agencia de noticias Afp Sergio Valero, director de gestión del riesgo de Mosquera, un municipio de la cuenca baja del río Bogotá, que recoge los desechos en su curso por el límite occidental de la capital.

Gonzalo Roa, habitante del sector desde hace 40 años, aseguró a la agencia Ap que la contaminación del río causa enfermedades respiratorias en los niños y la espuma estropea las puertas y ventanas de las casas. "Ya llevamos muchos años en esta situación".

La autoridad ambiental de la zona explicó que la espuma contaminada está aumentando por la cantidad de detergentes que se vierten en los ríos, sumados a las recientes lluvias. Ante la situación, se están "adelantando operativos de monitoreo, control y seguimiento a los vertimientos para disminuir la generación de éstos", dijo en un video Edwin García, director del Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Desde 2020, agregó García, funciona en Mosquera una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene entre sus funciones disminuir "la generación de los agentes que puedan generar la espuma".

La autoridad ambiental recomienda a la población evitar el contacto con la espuma contaminada por posibles afectaciones a la salud. La exposición prolongada a estos químicos puede producir daños a la fauna acuática e irritación en la piel humana, según estudios.

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Viernes, 15 Abril 2022 08:08

La buena conciencia

Joe Biden y Emmanuel Macron llegan al Consejo Europeo, Bruselas, 24 de marzo AFP, THOMAS COEX

Los intereses energéticos detrás de la guerra, la crisis climática y el doble discurso de Europa

De cómo la adicción de nuestro sistema económico a los combustibles fósiles provocó otra guerra y la ruptura de varias promesas de transición verde.

Ocurrió en España, pero podría haber pasado en cualquier otro país. A fines de marzo, una investigadora especializada en relaciones internacionales, Arantxa Tirado, intentaba explicar en un canal de televisión madrileño que la guerra de Ucrania tiene «razones geopolíticas, económicas y comerciales», que «la geopolítica, la geoeconomía no tienen valores morales» y que conflictos como este son difícilmente reductibles a una lucha entre buenos y malos. Quiso decir, por ejemplo, que la guerra de Ucrania tiene que ver con el control de las cada vez más escasas fuentes de energía. Que eso es una evidencia, por los movimientos y las jugadas que han hecho los distintos actores, y que por más que estos enmascaren sus jugadas detrás de bellos discursos sobre la defensa de la libertad y la democracia –unos– o de la desnazificación –otro– hay que mirar hacia allí, al menos también hacia allí, para entender parte de la virulencia de este conflicto entre potencias por el nuevo reparto del mundo.

Tirado afirmó que quiso decir eso después, al salir de la tele, porque en el «debate» no pudo: ¿cómo va a insinuar, señora, que en esta guerra hay intereses económicos?, le lanzaron sus interlocutores. ¿Cómo va a decir que Occidente no está defendiendo la libertad y la democracia y que esto es lo central de esta guerra? ¿Cómo va a osar decir que los ucranianos que están muriendo bajo las bombas de Vladimir Putin no están defendiendo los valores más nobles que se puedan defender? La profesora trataba de decir que no estaba justificando la agresión rusa ni defendiendo a Putin, que lo que pretendía era explicar por qué las reacciones a esta invasión y a esta guerra habían sido tan enormes comparadas a otras invasiones y a otras guerras tanto o más odiosas que esta, que eso pasaba porque estábamos en un momento parteaguas, en un momento de ruptura, y que esa ruptura tenía que ver con el nuevo reparto del mundo.

Cuando se produjo ese intercambio que no fue tal, Joe Biden estaba en Bruselas, invitado por el Consejo Europeo para hablar del futuro que se avecinaba para los aliados de ambos lados del Atlántico. En los discursos oficiales se habló, de una parte y otra, como era previsible, de libertad y de democracia. Pero los temas centrales fueron otros: sobre todo, el aprovisionamiento europeo de energía, y también de cereales, ahora que Rusia estaba siendo sacada de Troya y se estaba yendo con su gas, su carbón, su uranio e igualmente con su trigo y sus fertilizantes a otras partes. Manu Pineda, eurodiputado por los españoles de Unidas Podemos, planteaba en una columna (Público, 24-III-22) cómo la visita relámpago del presidente estadounidense a la ciudad sede de la Unión Europea (UE) era esencialmente comercial. Biden llegó a Bruselas, escribía el legislador, como si fuera un lobista de las grandes empresas de su país, las de los sectores de la energía, la alimentación, las armas, «para ofrecer sus productos ante una Europa necesitada, que va a tener dificultades para producir debido al alza del precio de los fertilizantes y las dificultades para importar potasio de Rusia y Bielorrusia, y que se ha quedado sin dos importantes proveedores […] y para garantizar que sus representados sean los grandes beneficiados de una guerra que, una vez más, se lleva a cabo lejos del territorio estadounidense. A los representantes de la UE les ha tocado el papel, que parece que asumen gustosos, de implementar las instrucciones que les traslada el inquilino de la Casa Blanca».

Unas pocas semanas antes, Alemania había decidido abandonar la puesta en funcionamiento del recién terminado, pero aún no estrenado, gasoducto Nord Stream 2, que iba a conectarla a Rusia y proveerla con un combustible relativamente barato (véase «Alemania cambia el rumbo», Brecha, 3-III-22). La invasión de Ucrania fue la ocasión de oro para Estados Unidos de concretar su sueño de ponerle candado a esa megaobra que tanto acercaba Europa a Rusia sin tener que seguir moviéndose entre bambalinas para boicotearla, como había estado haciendo hasta la bendecida guerra de Putin.

Si antes era dependiente de Moscú para aprovisionarse de gas (también de petróleo y de uranio enriquecido), tras la suspensión del Nord Stream 2, Europa pasará a depender de Estados Unidos. Pero deberá pagar una factura sustancialmente más cara para traer el combustible desde el otro lado del océano. Peor aún: en Estados Unidos el gas y el petróleo se extraen en gran medida mediante fracking, un procedimiento considerado altamente contaminante, que países de la UE como Francia y Alemania habían prohibido en su territorio, por considerarlo contrario a los objetivos de combate al cambio climático que la UE presenta como «parte constitutiva de todas sus políticas». Ahora, «para recibir el gas del amigo americano», Europa deberá hacer «grandes inversiones en múltiples plantas regasificadoras», que serán onerosas económica y ambientalmente, señalan el científico Antonio Turiel y el periodista y militante ecologista Juan Bordera (CTXT, 1-III-22).

***

Turiel y Bordera consideran la guerra de Ucrania como «la primera de la era del descenso energético». «Vivimos en el siglo de los límites», escriben, y nos estamos acercando a pasos agigantados al peak oil, «ese momento en el que la producción de petróleo llega a su máximo técnico, económico y físico y comienza inexorablemente a declinar, por más inversión, tecnología e innovaciones que se quieran hacer para evitarlo». Las principales potencias se están preparando para ese momento, pero mientras tanto se están disputando el control de lo que queda de combustibles fósiles a cara de perro. «En los gabinetes del Kremlin se sabe que la bonanza que les da actualmente la abundancia de recursos minerales, con los energéticos a la cabeza, es pasajera. Y por eso mismo a Rusia le interesa situarse lo mejor posible de cara al futuro: controlar el acceso al mar Negro, neutralizar futuras amenazas, controlar la producción mundial de cereales… Todos ellos son objetivos muy alineados con una estrategia para hacer frente a los múltiples picos de extracción de materias primas que se avecinan.»

Lo mismo sucede del otro lado. «Cuando ya se empieza a reconocer que la abundancia del gas del fracking tiene los días contados, también a Estados Unidos le interesa aprovechar esa abundancia mientras dure», sostienen Turiel y Bordera. En los últimos años, dice la nota, la superpotencia ha «incrementado exponencialmente su capacidad de licuefacción de gas» para transportarlo en barcos y venderlo en mercados que lo puedan comprar. En primer lugar, el europeo. De haberse construido el gasoducto Nord Stream 2 no hubiera podido hacerlo. Ahora tiene las puertas abiertas. Hasta que las canillas se cierren. O mientras el planeta aguante.

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Así como todo el mundo sabe que en algunas décadas se acabarán las reservas de combustibles fósiles, todo el mundo sabe también, sugieren Turiel y Cordera, que la superexplotación de esos recursos ha conducido al desastre ambiental actual. Lo saben, obviamente, quienes lo vienen denunciando y lo saben también quienes de la boca para afuera lo niegan porque están ligados a esas industrias contaminantes. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y muchos de aquellos países que se presentaban como campeones del combate a las causas del cambio climático y competían por fijar objetivos ambiciosos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero porque «el planeta se muere» hoy miran para otro lado, aunque el tren les venga de frente y amenace con llevarlos puestos.

A fines del año pasado, Alemania anunció que adelantaría a 2030 el fin de la energía generada a partir de carbón. Se trataba de eliminar simultáneamente dos fuentes contaminantes, la carbonífera y la nuclear, y de apostar a largo plazo a las renovables y al gas como «energía de transición», dijeron entonces referentes de la coalición tripartita gobernante de socialdemócratas, liberales y verdes. De la nuclear, Alemania viene reduciendo su dependencia desde que comenzara a aplicar un plan de reducción de las centrales a partir del desastre de 2011 de Fukushima, en Japón, pero el carbón pesa tanto en el abastecimiento energético que ha convertido al país en uno de los que más emiten dióxido de carbono en Europa.

De todas maneras, la guerra de Ucrania cambió la ecuación y la descarbonización deberá esperar en Alemania. «En nuestra seguridad energética futura, para no depender de Rusia el carbón desempeñará un papel crucial», dijo a mediados de marzo Olaf Lies, el ministro socialdemócrata de Energía del estado de Baja Sajonia. «Que volviéramos a elegir esta frase no era del todo evidente, dado el plan del país de eliminar el carbón para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2045, pero así son las cosas», añadió.

***

Si para Alemania las vías del Señor para reducir la dependencia energética del gas ruso pasan por recarbonizar o no descarbonizar, en Francia pasan por renuclearizar o no desnuclearizar. No hace tanto, en 2018, cuando la moda verde amenazaba con acabar de trastocar el ya muy trastocado paisaje político francés, el presidente Emmanuel Macron anunciaba su «ambición de reducir la cuota de la energía nuclear en el mix energético» del 70 por ciento actual al «50 por ciento» hacia 2030. Reconocía entonces que la nuclear era una energía potencialmente peligrosa, que no podía ser catalogada como ambientalmente aceptable.

Pero el tremendamente poderoso lobby nuclear puso todo su peso en la balanza, y también lo hicieron las necesidades políticas. Uno de los temas de campaña de la extrema derecha en Francia en los últimos años ha sido la «defensa de la soberanía energética del país, que aquí pasa por afirmar la apuesta a la energía nuclear», según dijo en múltiples actos Marine Le Pen, la candidata de la Agrupación Nacional que en 11 días le disputará la presidencia a Macron en segunda vuelta. La industria nuclear da, además, empleo directo a más de 200 mil personas que viven en zonas empobrecidas del territorio, donde la extrema derecha ha crecido.

A fines del año pasado, Macron anunció el «renacimiento de la industria nuclear en Francia». Y en febrero, cuando ya el conflicto en Ucrania se había tensado, precisó su plan: se construirán seis nuevos reactores, se estudiará la viabilidad de otros ocho y aquellos de los 56 actualmente existentes cuya vida útil pueda ser prolongada serán recauchutados.

A comienzos de febrero, tanto Francia como Alemania habían recibido un espaldarazo de la Comisión Europea para seguir adelante con sus respectivas políticas energéticas. El órgano ejecutivo y encargado de proponer leyes a la UE adoptó un borrador de resolución que etiqueta como «verdes», es decir como «ambientalmente sostenibles», tanto a la energía nuclear como al gas fósil. Al mismo nivel que las energías renovables. (Sobre lo poco «verde» del gas fósil, véase, por ejemplo, «Una jugada por delante», Brecha, 14-I-22). «No se atrevió a catalogar como verde al carbón, pero no desesperemos, ya llegará el momento en que lo haga. Siempre se puede caer más bajo y desdecirse de lo que hasta hace cinco minutos se afirmaba con tanto énfasis», ironizó un integrante del movimiento ecologista Extinction Rebellion cuando se divulgó el borrador.

Si el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo no rechazan la propuesta de la comisión antes de agosto, la nuclear y el gas fósil serán consideradas oficialmente energías verdes en los 27 países de la UE el 1 de enero de 2023 y entrarán en la lista de «inversiones sostenibles», aunque los científicos del Panel Internacional de Cambio Climático sigan produciendo documento tras documento denunciando que con decisiones como esas se esté yendo hacia «un seguro suicidio colectivo».

Movimientos sociales europeos habían propuesto que se lanzara una consulta pública en toda la región sobre el tema, pero la comisión nunca barajó esa posibilidad. Y no la barajará. Menos que menos ahora, «en un contexto de guerra que impone decisiones rápidas para salir cuanto antes de la dependencia del gas ruso», según dijo un alto funcionario europeo a mediados de marzo.

«La era del descenso energético no iba a ser un camino de rosas. Eso lo sabíamos. Que de repente las fuentes de energía no renovables (petróleo, carbón, gas natural y uranio), que proporcionan casi el 90 por ciento de la energía primaria que se consume en el mundo, empiecen a disminuir no presagiaba nada bueno», escribían en CTXT Turiel y Bordera. Presagiaba, por ejemplo, cada vez más guerras por el control de los recursos. «Entre las más letales y efectivas espoletas de esas guerras se encuentra la escasez de alimentos […]. Visualicen la sequía que está afectando a amplias zonas de Sudamérica, Norteamérica, Europa o África por el caos climático. Y añadan a eso una UE completamente adicta a los recursos minerales que antes le daba Rusia a bajo precio y que ahora tendrá que buscar en otros lugares. Viertan unas gotas de populismo y creciente manipulación mediática auspiciada por los poderes económicos. Exacerben los miedos al desabastecimiento, ya entrenados durante el confinamiento, agiten fuertemente durante semanas en las que la clase media occidental vea crecer su miedo a dejar de existir al tiempo que crezca la precariedad. Observen cómo todo ello hace subir la espuma del militarismo, y después sírvanse el brebaje bien caliente. Et voilà: gracias a esta fórmula conseguiremos que los países europeos se embarquen en guerras buscando asegurarse recursos vitales para mantener un estilo de vida ya imposible. Y, encima, que tal despliegue militar se venda como que es en defensa propia.» Bordera y Turiel dicen que puede haber otra forma de «descenso energético». El anarquista español Carlos Taibo la llama decrecimiento. Supone una revolución en el modelo de desarrollo, una nueva utopía anticapitalista, a construir en la urgencia, porque los tiempos hoy son más cortos, dice Taibo. Y cuando se le objeta que su planteo «no es realista» porque un cambio de esa magnitud necesitaría de muchas décadas, cita aquella frase del francés Georges Bernanos: «El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta».

 12 abril, 2022

Publicado enEconomía
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita a la ciudad de Bucha, a 8 de abril de 2022. — Valentyn Ogirenko / REUTERS

La crisis del coronavirus y la invasión rusa monopolizan la primera mitad de la actual legislatura europea. La UE que dejará Von der Leyen en 2024 no seŕá la misma, pero sí lo es la gran asignatura pendiente: crear una política de asilo común.

 

"Una Unión que lucha por más". Así resumió Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, su agenda para la legislatura de 2019-2024. Cinco pilares sostenían sus prioridades políticas: la transición ecológica; el pilar social; la transformación digital; los valores europeos; una Europa más fuerte en el mundo; y la democracia europea.

Pero la pandemia global y el regreso de la guerra en Europa han revertido las ambiciones y el programa de la que está llamada a ser una Comisión geopolítica. La alemana recogió el testigo de su predecesor, Jean-Claude Juncker, con un proyecto europeo asentado en la policrisis. En la última década, la UE ha lidiado con la crisis financiera global, la casi salida de Grecia del euro, la primera marcha de uno de sus Estados miembros, el Reino Unido; la crisis de refugiados de 2015; y la amenaza interna de Polonia y Hungría al Estado de Derecho.

La gran ambición en la Bruselas de 2019 era impulsar la transición verde y convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático a mitad de siglo. El gran reto es ahora canalizar la independencia energética de Rusia a través de la apuesta por las energías renovables.

Pocos meses después de aterrizar en el piso 13 del Berlaymont, Von der Leyen se topó con la peor pandemia del último siglo. La crisis sanitaria ha monopolizado la agenda y las energías de la capital comunitaria durante más de dos años y ha dejado hitos impensables antes de su irrupción: la compra conjunta de vacunas, la emisión de deuda común, la flexibilización de las reglas fiscales y el plan de recuperación Next Generation EU.

Cuando el coronavirus comenzaba a pasar a las páginas de la historia y la vida volvía a trasladarse de las pantallas a las calles, llegó la guerra a Ucrania. Un temor que venía calentándose durante meses, pero que los europeos pensaban que no llegaría a materializarse. Tal ha sido el shock y la vorágine de sanciones, reuniones y medidas, que el paso de la pandemia a la gripalización del virus apenas ha encontrado espacio en los discursos de políticos europeos o medios de comunicación.

La guerra se ha comido a la pandemia en términos informativos y de agenda europea. Y también está provocando un cambio tectónico en la seguridad europea y en la esencia del proyecto comunitario. La UE que dejará Von der Leyen dentro de dos años no será la misma que la que tomó en 2019. La Unión es ya un proyecto más militarizado. Por primera vez en su historia financia -con 1.500 millones de euros- el envío de armas a un país en guerra. Son muchos los que hablan de un despertar de la seguridad y la defensa europea, tradicionalmente caracterizada por su potencial diplomático y no belicista, lo que le llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz en 2012.

"Para la generación de mis padres, Europa era una aspiración de paz en un continente dividido durante demasiado tiempo. Para mi generación es una aspiración de paz, prosperidad y unidad", asegura la líder del Ejecutivo comunitario en su carta de presentación. Tras más de un mes y medio de guerra es ya una aspiración con un gasto de defensa más elevado, más tropas en los países del Este y más discurso belicista. "Esta guerra se ganará en el campo de batalla", aseguraba recientemente Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores, marcando la prioridad para la nueva ofensiva que se anticipa en el Donbás: más armas a Ucrania y más pesadas.

Los olvidados y los eclipsados

Una de las grandes asignaturas de la Comisión anterior fue la de impulsar una política de asilo común. La UE suma siete años sin ella, resolviendo los dramas migratorios en sus fronteras y en sus mares con soluciones ad hoc y dejando a solicitantes de asilo durante años atrapados en procesos sin fin. Una de las promesas de la alemana fue acelerar las conversaciones para consumar un nuevo pacto migratorio, algo que ha quedado en el cajón de sastre cuando ha pasado el ecuador de su legislatura.

El 27 de febrero, una barcaza partió del puerto libio de Sabratah con 40 personas a bordo. Los cuerpos de 15 personas, incluido el de un bebé, fueron hallados poco después tras naufragar. Los 35 restantes nunca aparecieron. Tres días después, la Comisión Europea aprobó la Directiva Temporal de Asilo, una herramienta cocinada durante la guerra de los Balcanes y que nunca había sido puesta en marcha. El detonante fue la guerra en Ucrania. A través de esta legislación, los refugiados procedentes de Ucrania tendrían en cuestión de días todos los derechos garantizados para trabajar, vivir y desplazarse por la UE. En paralelo, los refugiados con pasaporte de Siria, Afganistán o Somalia sumaban y suman años en el limbo para obtener su protección internacional.

En términos económicos, las dos grandes crisis -sanitaria y bélica- también han eclipsado los avances en la Unión Bancaria, en la Unión Monetaria y en la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

También pendiente se encuentra el compromiso de añadir la violencia contra las mujeres en la lista de eurodelitos. El Parlamento Europeo ya lo pidió en septiembre, en una resolución que contó con la abstención del Partido Popular español. Dentro del colegio de comisarios habría reservas de algunos de sus miembros para elevar este lastre social a los crímenes definidos en los Tratados. Y las resistencias de países como Hungría o Polonia en el seno del Consejo Europeo hacen muy difícil que vaya a consolidarse. Una de cada tres mujeres europeas han sufrido en su vida algún tipo de violencia machista física o psicológica. La Comisión Europea sí presentó recientemente un proyecto de directiva que busca unificar el "no es no" en los Veintisiete para penalizar la violación en cualquier relación sexual no consentida.

La última pata de la agenda Von der Leyen es el "empujón a la democracia europea". Para ello se buscaba escuchar la voz de los ciudadanos a través de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa que consagró muchas expectativas durante su arranque pero que se anticipa muy descafeinada en términos de resultados concretos.

El Estado de Derecho, la crisis interna más punzante para la estabilidad de la UE, es otra de las víctimas de las macro-tensiones actuales. El líder iliberal y ultraconservador Víktor Orbán acaba de revalidar su cuarto mandato en Hungría. Bruselas, tras meses aplazando la decisión, ha anunciado que aplicará el mecanismo de condicionalidad contra el país, privándole de millones de euros de fondos europeos por sus desmanes con la corrupción. Quien está saliendo más triunfante de esta crisis en Ucrania es el otro país rebelde, Polonia. La invasión rusa ha proyectado a los de Kaczynski como los alumnos privilegiados de la clase pasando de un choque frontal con Bruselas a ser uno de los grandes aventajados por acoger a millones de refugiados ucranianos y ser la voz más tenaz contra Vladimir Putin.

Bruselas

14/04/2022 21:36

Por María G. Zornoza@MariaGZornoza

Publicado enInternacional
  Bombas de extracción de petróleo en Vaca Muerta en Argentina. — Agustin Marcarian / REUTERS

En 2021, los sesenta principales bancos del mundo destinaron más dinero a los combustibles fósiles que en en 2016, año en el que se firmó en la capital francesa el principal acuerdo internacional contra la crisis climática. 

 

La banca mundial sigue dando la espalda a la lucha contra la crisis climática. En la última Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), más de un centenar de entidades financieras firmaron un compromiso para reducir los flujos de dinero que respaldan actividades que contribuyen al calentamiento del planeta. No era la primera vez. Los bancos llevan años prometiendo cambios en sus negocios, pero esos cambios no llegan y el tiempo de acción se estrecha.

Desde que se firmó el Acuerdo de París en 2016 –el tratado internacional más importante para la lucha contra la crisis climática–, los sesenta bancos privados más grandes del mundo han incrementado la financiación y las inversiones en combustibles fósil, es decir, en petróleo, gas o carbón, cuya quema es la causa principal de la subida global de temperaturas.

Así lo evidencian los datos del informe anual Banking on Climate Caos, que detalla que la cantidad de dinero destinada en 2021 a estas materias o actividades relacionadas con ellas, 742.000 millones de dólares, se mantiene por encima de lo que se invertía antes del acuerdo climático de 2016, cuando las sesenta principales entidades bancarias destinaron 723.468 millones de dólares, una subida del 2,5%. En estos últimos seis años la banca mundial ha destinado a combustibles fósiles un total de 4,6 billones de dólares.

En 2020 y 2021, la financiación de gas, carbón y petróleo se redujo levemente, en parte, debido a las consecuencias económicas de la covid-19. Antes de la pandemia los bancos estaban destinando 829.000 millones de dólares a estos negocios. Aún así, la contracción no ha conseguido rebajar las finanzas nocivas para el clima y mantenerlas por debajo de los niveles previos al histórico acuerdo parisino.

En esas seis decenas de bancos, destacan cuatro entidades estadounidenses que acapararan una cuarta parte de toda la financiación de combustibles fósiles de los últimos seis años: JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo y Bank of America. De esta forma, suman 1,1 billones de dólares a actividades que se relacionan de alguna forma con los combustibles fósiles. 

La banca lleva años trabajando para cambiar su imagen, presentándose al mundo en las cumbres internacionales como ejes imprescindibles para la transición energética y como pilar central para movilizar los flujos de dinero hacia las nuevas tecnologías renovables. Sin embargo, los datos del informe revelan que estos sesenta bancos siguen otorgando crédito a empresas cuya actividad se basa en la extracción y comercialización de petróleo, gas o carbón. Concretamente, se ha destinado 26.000 millones a proyectos de exploración de hidrocarburos –nuevos yacimientos de petróleo o gas– de una veintena empresas, como las petroleras ExxonMobil o Saudi Aramco o la gasista rusa Gazprom. Esta cifra es relativa al crédito otorgado entre 2019 y 2021.

Los bancos españoles

En el listado aparecen tres entidades conocidas en España: el banco Santander, BBVA y CaixaBank. De estas, destaca el grupo dirigido por Ana Patricia Botín, pues sigue la tendencia global de incrementar las inversiones en los combustibles sucios. En 2016 este compañía destinó 6.512 millones de dólares a estos actividades y ahora, seis años después, la cantidad es de 7.920 millones. Es decir, un incremento del 21% respecto a los niveles del Acuerdo de París.

En el caso del BBVA, el banco ha reducido en cerca de mil millones sus inversiones fósiles, pasando de 4.640 millones en 2016 a 3.550 en 2021, un 23% menos en seis años. CaixaBank, por su parte, mantiene estables sus finanzas en esta materia, aunque hay un ligero descenso del 7%, al pasar de 584 millones en 2016 a 541 millones en 2021.

madrid

14/04/2022 21:35

Por Alejandro Tena@AlxTena

Publicado enMedio Ambiente
El impacto en la salud del 5G. El estudio científico que asesora a las y los europarlamentarios

Estado actual de los conocimientos sobre los riesgos cancerígenos y reproductivos y de desarrollo, tal y como se desprende de estudios epidemiológicos y estudios experimentales in vivo.

Extracto/resumen realizado por Ecologistas en Acción del Estudio sobre el «Impacto del 5G en la salud. Estado actual de los conocimientos sobre los riesgos cancerígenos y reproductivos y de desarrollo, tal y como se desprende de estudios epidemiológicos y estudios experimentales in vivo” (ver documento original completo en inglés), realizado por un grupo de trabajo del Instituto Ramazzini (Bolonia) dirigido por la Dra. Fiorella Belpoggi, por encargo del Panel STOA del Parlamento Europeo (junio, 2021), para su presentación como la base documental tecno-científica en este ámbito a las y los europarlamentarios.

Hasta donde sabemos, se trata de la revisión más completa hasta la fecha del estado de la investigación sobre el 5G, tanto de las bajas a las más altas radiofrecuencias (gigahercios) utilizadas en el 5G, por lo que es también una evaluación de las comunicaciones móviles en su conjunto, limitada al ámbito carcinogénico y de la fertilidad/desarrollo.

Los resultados del informe STOA pueden resumirse como sigue:

Esta revisión concluye que actualmente hay pruebas suficientes y limitadas (sufficient evidence y limited evidence en inglés) tanto de su carcinogenicidad como de su afectación a la fertilidad, especialmente en las radiofrecuencias de los rangos GSM, UMTS, LTE y 5G (450 a 6.000 MHz) utilizados hasta ahora.

«Dado que se han realizado pocas investigaciones sobre las consecuencias para la salud de la exposición a largo plazo a las ondas milimétricas, el despliegue generalizado de la infraestructura 5G constituye un experimento masivo que puede tener impactos adversos en la salud pública».

En la evaluación deben tenerse en cuenta los efectos no térmicos, algo que no se ha hecho hasta ahora. “Los efectos nocivos de la interacción biológica no térmica de las RF-EMF con los tejidos humanos y animales no se han incluido en la determinación de las directrices de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP 2020), a pesar de la enorme cantidad de publicaciones científicas disponibles que demuestran la nocividad o la nocividad potencial de dichos efectos”. Por ello, se critica directamente a la ICNIRP y se considera que sus directrices no tienen ninguna función protectora.

Los autores del estudio piden que se detenga la expansión del 5G (una moratoria para las ondas milimétricas, el rango de frecuencias más alto, de 24 a 100 GHz), que se investigue sobre las altas frecuencias del 5G, que se eduque a la población y que se apueste por la expansión de las redes de fibra óptica en vez de inalámbricas.

En su punto 8, el informe recomienda a las y los representantes europarlamentarios las siguientes opciones políticas:

“8.1. Optar por una tecnología novedosa para los teléfonos móviles que permita reducir la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) de radiofrecuencia (RF)”.

“…los estudios epidemiológicos han observado un aumento estadísticamente significativo de los tumores cerebrales y de los tumores de células de Schwann de los nervios periféricos, principalmente entre los usuarios intensivos de teléfonos móviles.

Por ello, es necesario actuar para que se fabriquen aparatos telefónicos más seguros, que emitan poca energía y que, a ser posible, sólo funcionen cuando estén a cierta distancia del cuerpo. El auricular con cable resuelve gran parte del problema, pero es incómodo y, por tanto, desanima a los usuarios; por otra parte, no siempre es posible utilizar el modo de altavoz. La opción de reducir al máximo la exposición a los CEM de RF en relación con los teléfonos sigue siendo válida sean cuales sean las frecuencias utilizadas, desde el 1G hasta el 5G. … la adopción de límites más estrictos en la UE para los dispositivos de telefonía móvil [del 5G] sería a la vez un enfoque sostenible y de precaución”.

“8.2. Revisión de los límites de exposición para el público y el medio ambiente con el fin de reducir la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias de las torres de telefonía móvil …”.

“8.3. Adopción de medidas para incentivar la reducción de la exposición a los CEM de RF”.

“… Por ejemplo, podrían utilizarse cables de fibra óptica para conectar escuelas, bibliotecas, lugares de trabajo, casas, edificios públicos y todos los edificios nuevos, etc., y los lugares de reunión pública podrían ser zonas «LIBRES de CEM de RF” (al igual que las zonas “Libres del humo del tabaco”) para evitar la exposición pasiva de las personas que no utilicen un teléfono móvil o una tecnología de transmisión de largo alcance, protegiendo así a muchas personas vulnerables de edad avanzada o inmunocomprometidas, los niños y las personas hipersensibles”.

“8.4. Promover la investigación científica multidisciplinar para evaluar los efectos a largo plazo del 5G sobre la salud y encontrar un método adecuado de control de la exposición al 5G”

“La bibliografía no contiene estudios adecuados que permitan descartar el riesgo de que se produzcan tumores y efectos adversos en la reproducción y el desarrollo tras la exposición a la las Ondas Milimétricas del 5G, ni excluir la posibilidad de algunas interacciones sinérgicas entre la 5G y otras frecuencias que ya se están utilizando … estas lagunas de conocimiento justifican la petición de una MORATORIA SOBRE LAS ONDAS MILIMÉTRICAS DEL 5G, a la espera de que se complete la investigación adecuada … «Introducir la tecnología de las Ondas Milimétricas del 5G sin más estudios preventivos supondría realizar un ‘experimento’ en la población humana, cuyas consecuencias son totalmente inciertas …”

Aconseja aplicar el mismo criterio que en el “Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos” (REACH -CE, 1907/2006-): para “mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente mediante una mejor y más temprana identificación de las propiedades intrínsecas de las sustancias químicas” …, “mejorar la innovación y la competitividad de la industria química de la UE”, y “responsabiliza a la industria de proporcionar información sobre la seguridad de las sustancias”…

8.5. Promover campañas de información sobre el 5G.

“… Las campañas de información deben llevarse a cabo a todos los niveles, empezando por las escuelas. Hay que informar a los ciudadanos de los posibles riesgos para la salud, …, y del uso correcto de los teléfonos móviles…”.

Algunas pinceladas para saber más sobre el Panel STOA

La Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA por sus siglas en inglés) es el órgano oficial del Parlamento Europeo responsable de la evaluación tecnológica.

Tiene como propósito llevar a cabo evaluaciones expertas e independientes del impacto de las nuevas tecnologías, además de identificar opciones de políticas a largo plazo, las cuales sean estratégicamente útiles a las comisiones del Parlamento en su papel de formulación de políticas.

Su trabajo es realizado en colaboración con expertos externos (institutos de investigación, universidades, laboratorios, consultorías o investigadores individuales contratados para ayudar a preparar proyectos específicos).

Algunas pinceladas para saber más sobre el Instituto Ramazini

Es una cooperativa independiente sin ánimo de lucro con más de 27.000 personas socias, dedicada a la promoción de la investigación científica para la prevención del cáncer y de enfermedades de origen ambiental.

El Instituto Ramazzini colabora desde hace años con el Programa Nacional de Toxicología, del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos, para el tratamiento de los datos experimentales de los ensayos de carcinogénesis a largo plazo realizados en el Centro de Investigación del Cáncer Cesare Maltoni (CRCCM). El principal objetivo de esta colaboración es poner a disposición de la comunidad científica los datos de los estudios publicados, permitiendo así la evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo y la realización de nuevas investigaciones.

En el CRCCM es el segundo centro en el mundo por el número de sustancias estudiadas por su carcinogenicidad (más de 200 compuestos) después del Programa Nacional de Toxicología de EE. UU. Los resultados de numerosos estudios realizados durante más de 40 años han constituido la base científica normativa a nivel nacional e internacional.

07/04/2022

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/194950/el-impacto-para-la-salud-del-5g-el-estudio-cientifico-que-asesora-a-las-y-los-europarlamentarios/

Miércoles, 16 Febrero 2022 06:14

El patriarcado climático capitalista racial

El patriarcado climático capitalista racial

El colapso climático es el cálido aliento tóxico del patriarcado capitalista supremacista blanco. Mujeres, feministas y personas LGBTQIA2S+ de todo el planeta vienen denunciando desde hace décadas que la crisis climática tiene raíces patriarcales. Tanto si se llaman ecofeministas, feministas climáticas o ecoqueer, las activistas feministas climáticas propugnan un “cambio feminista del sistema y no un cambio del clima”, como dice uno de los lemas del movimiento.

Mujeres y Feministas por la Justicia Climática se ha convertido en una fuerza transnacional que tiene su propio acrónimo particular: WFCJ. A medida que se acelera el calentamiento global, este movimiento redobla su activismo global por una justicia climática feminista en todos los continentes. Aunque WFCJ impulse la movilización global, nace de la resistencia y la acción localizadas a nivel comunitario, regional y nacional.

Transnacional

Las mujeres indígenas que defendieron los recursos hídricos en el Campamento de Standing Rock y su victoria frente a los promotores del oleoducto de acceso XL Dakota simbolizan las innumerables luchas localizadas contra los proyectos de minería extractiva encabezadas por mujeres indígenas en todo el planeta. Las campañas comunitarias de las mujeres campesinas de La Vía Campesina para combatir y desmantelar estructuras patriarcales domésticas cimentaron su activismo internacionalista en pro de un feminismo campesino frente a la agricultura industrial planetaria.

También está el Colectivo Ecofeminista Africano, que aboga por la recuperación de los bienes comunales y se opone a las empresas multinacionales y al neoliberalismo. El Movimiento Kurdo de Mujeres refuerza las alianzas ecofeministas transfronterizas a partir de la construcción en su tierra de una sociedad ecofeminista en Rojava. Asimismo está el bloque Queer Pink en la campaña contra el carbón en Alemania, Ende Gelände, que contesta la estructura cis-heteronormativa de un sistema patriarcal transnacional que destruye el clima. Estos son algunos ejemplos de actividades locales del feminismo ecológico que han construido solidaridades transnacionales con WFCJ en todo el globo.

Solidaridad

Las luchas locales son fundamentales para este movimiento. Son específicas, situadas históricamente e interseccionales. Nombrarlas es crucial para evitar afirmaciones esencialistas, etnocéntricas y universalistas sobre el género y el clima por encima de las fronteras. Los movimientos arriba citados construyen solidaridades entre luchas locales e intercontinentales, de la misma manera que las activistas académicas Linda E. Carty y Chandra T. Mohanty han explicado que son centrales para la construcción de movimientos feministas transnacionales exitosos.

En resumen, WFCJ no es monolítico. Carty y Mohanty también subrayan la necesidad de abordar y trabajar las dificultades de la divisoria norte-sur, un término utilizado para describir el acceso desigual a recursos materiales, a la producción de conocimiento y al poder en general entre las mujeres del norte global y las del sur global, tanto históricamente como en la actualidad. Las mujeres de WFCJ se reúnen para implementar esta clase de solidaridad en escenarios internacionales para la acción climática. Esto demuestra que al igual que la resistencia climática, la justicia climática feminista no solo es nacional, sino que es global.

Liberador

En una presentación en línea realizada en 2020, Ruth Nyambura, ecologista política keniana y cofundadora del Colectivo Ecofeminista Africano, expuso las complejidades de lo que llamó políticas de solidaridad feministas transnacionales. Subrayó la importancia de “trabajar colectivamente, con cuidado y ternura, para transformar las luchas locales en luchas globales”. Explicó cómo “nuestras luchas no solo son parecidas, sino que parece que combatimos a los mismos poderes”, que “el contexto que nos une es real, pero también lo es el que nos divide…” y cómo “mucha gente… también experimenta los efectos y secuelas de la colonización”.

También formuló una propuesta vital para el movimiento cuando declaró que “mi llamamiento no es a favor de una solidaridad romantizada, sino a que nos comprometamos de verdad con sus posibilidades. Pensemos cómo podrían ser esos nuevos mundos liberados”. Las palabras de Nyambura también vinieron acompañadas de un mensaje de posibilidades anticapitalistas y descoloniales como cuestiones centrales de la visión del movimiento.

La Red de Mujeres para la Tierra y la Acción Climática (Women’s Earth & Climate Action Network, WECAN), la Organización de Mujeres por el Medioambiente y el Desarrollo (Women’s Environmental & Development Organization, WEDO), MADRE Global Women’s Rights y  Alternativas de Desarrollo con Mujeres por una Nueva Era (Development Alternatives with Women for a New Era, DAWN) son destacadas ONG climáticas de mujeres que propugnan los mundos liberadores que Nyambura nos invita a imaginar.

Sequías

La Agenda Feminista por un Nuevo Pacto Social Verde (Feminist Agenda For a Green New Deal, FemGND), la Escuela de Organización Feminista Indígena, la Escuela de Organización Feminista Internacional Berta Cáceres, la Unión Global de Mujeres Indígenas Cura da Terra Pre-Ella y el Grupo Mujeres y Género (Women and Gender Constituency, WGC) son algunas iniciativas impactantes que galvanizan un movimiento WFCJ transnacional. Son la primera línea de las comunidades que encabezan soluciones climáticas reales y robustas.

WFCJ impulsó una presencia popular y vibrante en la Conferencia sobre el Clima de Naciones Unidas COP26 de este año en Glasgow. Incluso Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), la congresista estadounidense, se unió a su plataforma climática antipatriarcal llevando una de sus máscaras “Feminist Climate Justice”.

Tal vez uno de los informes sobre clima y género que más ha circulado es el que muestra que las mujeres, especialmente las indígenas y las del sur global, son las que se ven más desproporcionadamente afectadas en todo el mundo por el cambio climático. Son ellas las que reciben los impactos y soportan las cargas más pesadas de las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático. Inundaciones, sequías, derrumbes, falta de agua, crecientes enfermedades infecciosas y problemas respiratorios golpean primero y con más saña a las mujeres.

Comunidades

Las mujeres constituyen el 80 % de la gente que se ve forzada a abandonar su hogar durante catástrofes climáticas, según estudios de Naciones Unidas. También tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir a raíz de alguna catástrofe relacionada con el cambio climático. Las personas trans y no binarias, especialmente si son de color, también se ven afectadas desproporcionadamente por el cambio climático. Durante y después de una catástrofe ambiental se producen más actos de violencia física y sexual contra ellas. Asimismo se enfrentan a más peligros durante emergencias climáticas debido a que es menos probable que lleguen a ser evacuadas al encontrarse aisladas por culpa de la discriminación que sufren.

Phillip Brown, femme queer no binaria, activista de la justicia climática, artista y escritor, nos recuerda cómo “los cuerpos queer resisten, los cuerpos queer pertenecen, los cuerpos queer protegen”. Habiendo inmigrado a EE UU procedente de Kingston, Jamaica, a la edad de 18 años, Phillip me explicó una vez por qué las comunidades queer y trans son cruciales para la justicia climática. Cómo sus manifestaciones de autenticidad y la creación de comunidades se estructuran alrededor de la cooperación y el amor, que son parte integrante de la ética de cuidados necesaria para un mundo realmente justo desde el punto de vista climático.

Multiplicidad

Sin embargo, a pesar de que las cargas del cambio climático varían en función del género, el cambio climático también afecta de modo distinto a diferentes grupos de mujeres. No solo el género, sino también la raza y la clase determinan los impactos que tiene el calentamiento global en mujeres de distintas identidades, países y antecedentes sociopolíticos. Si este es el caso, ¿cómo es que mujeres y feministas de todos los continentes generan solidaridad en un movimiento transnacional por la justicia climática?

Si dices “el sistema”, ding ding ding… ¡correcto! (emoji de levantamiento de hombros). Pero espero que estés de acuerdo en que vayamos más allá y lo llamemos por su nombre: es el patriarcado climático. O más concretamente, el patriarcado climático capitalista racial, un sistema que devalúa a las mujeres y mercantiliza el planeta y que históricamente ha sido alentado y sostenido a través del colonialismo y el imperialismo y por imposición de modelos de familia y subjetividades cis-heterosexuales dominantes. También quisiera indicar que dentro de esta estructura transnacional existe una multiplicidad de patriarcados climáticos capitalistas raciales, una plétora de manifestaciones más específicas de un lugar o localizadas del sistema global del patriarcado climático capitalista racial.

Ecológico

Los patriarcados climáticos se caracterizan por localizaciones geográficas e historias sociopolíticas específicas y por personalidades subjetivas determinadas por género, raza y clase. Soy una mujer cisgénero blanca occidental (ella) y activista académica. Procuro iluminar la teoría que escribo junto con los movimientos activistas de base en los que participo. Llevo casi una década actuando con mujeres y feministas transnacionales por la justicia climática. Muchas de ellas son ahora mis amigas y compañeras más queridas.

La acción directa, la impresión de lemas feministas en pancartas por la justicia climática, la retirada de la insignia de la COP ‒de quién si no‒ y la búsqueda colectiva de ideas y soluciones para la resistencia climática feminista son algunas de mis experiencias en este movimiento, junto con las grandes almas que lo componen. He entrevistado a más de un centenar de mujeres WFCJ de docenas de países en actos muchas veces citados a ambos lados del Atlántico. He leído la teoría y la literatura que relaciona el género y el clima en todo el globo y la teoría ecofeminista que explica cómo ha ocurrido todo esto.

Desigualdades

Lo que está claro es que existe tanto una ciencia académica como una narrativa común de WFCJ sobre el impacto desproporcionado del clima en la labor ecológica y el trabajo basado en la tierra de las mujeres, su poder, sus cuerpos y sus epistemologías en el conjunto de este movimiento transnacional, pero de maneras marcadamente diferentes e interseccionales. Lo que une a WFCJ es un sentido compartido a la hora de calificar el sistema económico global de hoy, que tiene sus raíces en legados coloniales racistas, como causa histórica y actual responsable de su desempoderamiento y su subordinación al provocar y agravar el propio cambio climático.

Existe una estructura patriarcal climática capitalista racial a la que nos resistimos colectivamente. Sin embargo, afecta a todas nosotras de modo distinto, en función de nuestras posiciones localizadas específicas y nuestras historias materiales. Las cargas desproporcionadas del cambio climático que pesan en el género y la raza en todo el mundo no son una coincidencia, ni tampoco una especie de plan patriarcal global. Lo que nos muestran los datos empíricos es que el cambio climático agrava las desigualdades estructurales preexistentes de las mujeres.

Descolonial

Ataques internacionales a los derechos reproductivos, crisis de feminicidio, machismo incesante, trabajos infravalorados y no remunerados, crecientes niveles de pobreza y sinhogarismo, desplazamiento geográfico, nivel patológico en ascenso y tasas de violencia sexual cada vez mayores suenan como una lista sobrecargada que describe las puertas encendidas del infierno  patriarcal. Trágicamente, no es más que un resumen de las cargas estructurales desproporcionadas que las mujeres han tenido que soportar bajo el capitalismo durante cientos de años. La globalización y el neoliberalismo son los instigadores de esos ataques sin fronteras.

Tetet Nera-Lauron, activista WFCJ desde hace tiempo y asesora de la Rosa-Luxemburg-Stifung en su casa de Manila, Filipinas, me contó hasta qué punto las desigualdades sistémicas tienen sus raíces en una “mala lógica inherente a una arquitectura global quebrada comercial y financiera”. Añadió explicando cómo “en un contexto en que la covid-19 y la recesión económica cada vez más intensa magnificaron las vulnerabilidades preexistentes en todo el sur y el norte globales; la incapacidad del paradigma de desarrollo dominante de ofrecer soluciones justas y duraderas a las múltiples crisis devino más evidente que nunca antes”. En su reciente artículo Climate migration is a feminist issue, Nera-Lauron explica asimismo cómo en respuesta a las desigualdades de género sistémicas que conllevan impactos climáticos desproporcionados para las mujeres es preciso plantear un nuevo pacto social verde global, descolonial y feminista.

Renombrar

El término patriarcado climático capitalista racial no es un mero lema inventado sobre la marcha o un conjunto de palabras inconexas juntadas en una expresión, sino que pretende nombrar y explicar las jerarquías estructurales globales del poder y la opresión. El concepto tiene sus raíces en décadas de activismo feminista fundacional y de teorización sobre pautas sistémicas de opresión de género, raza y clase que se remontan a la década de 1970. Sistemas de opresión que se superponen en parte y configuran la economía capitalista global tal como la conocemos.

El patriarcado climático capitalista racial es una adaptación del patriarcado capitalista, un término acuñado por Zillah R. Eisenstein en 1978. Expresa que el capitalismo no es el único sistema causante de desigualdades globales y que la opresión capitalista también es patriarcal y racista, además de ser clasista. Trata de hallar las raíces más profundas de la desigualdad global y las ubica en la opresión de género racial.

En 1983, el profesor Cedric J. Robinson desarrolla y teoriza el término capitalismo racial. Este término abarca la relación interdependiente entre opresión racial y capitalismo global, planteada décadas antes por pensadores revolucionarios como W.E.B. Du Bois, Oliver Cromwell Cox y Frantz Fanon, entre otros. En la década de 1990, la gran profesora feminista bell hooks fusiona los términos de patriarcado capitalista y capitalismo racial, renombrando el sistema global con la expresión “patriarcado capitalista imperial supremacista blanco”.

Opresión

En una entrevista realizada en 2015 con el profesor George Yancy, hooks reafirma la importancia del término para el análisis estructural global actual, declarando que “… para mí, esta expresión siempre me remite a un contexto global, al contexto de clase, de imperio, de capitalismo, de racismo y de patriarcado. Todas estas cosas tienen que ver entre sí: un sistema interconectado”. Ese mismo año, la actriz y activista trans Laverne Cox dio su versión del término tuiteando: “En realidad, su patriarcado capitalista supremacista blanco imperialista cisnormativo heteronormativo…”. Esto añade a la panoplia la opresión estructural de los binarios cisgénero hegemónicos.

El patriarcado climático capitalista racial está basado en las aportaciones de estas pensadoras activistas. En su forma más divulgada es el patriarcado climático capitalista supremacista blanco imperialista cisnormativo heteronormativo. En la línea de estas pensadoras feministas y transnacionales del sistema mundo creo que es fundamental calificar la opresión climática de sistema raíz de opresión, interconectado inseparablemente de los demás.

Ecofeminismo

La opresión climática es extractiva y ecocida. Trata a las mujeres y los pueblos marginados del mismo modo que trata el planeta. Las activistas y académicas feministas ecológicas sostienen desde hace tiempo que no se puede liberar la naturaleza sin liberar a las mujeres y a las personas trans y no binarias. Afirman que la ideología fundacional del capitalismo del crecimiento continuo ‒que se manifiesta en forma de extracción infinita de recursos naturales finitos‒ viene habilitada por la subordinación interconectada de las mujeres, las gentes racializadas y marginadas y la naturaleza.

En su libro de 1974 Le féminisme ou la mort, la feminista francesa Françoise d’Eaubonne sostiene que una opresión histórica interconectada de las mujeres y el planeta se hallan en la raíz tanto de la crisis ambiental como de la opresión sistémica generalizada de las mujeres y que la crisis ambiental es de hecho un resultado de la opresión de las mujeres. Para D’Eaubonne, el remedio para esta crisis es el ecofeminismo, siendo Le féminisme ou la mort el libro en que se publicó por primera vez el término.

Bases

No obstante, feministas y activistas indígenas han articulado la doble subordinación de género y ambiental bajo el capitalismo desde el comienzo de la crisis climática. Más recientemente, Tom Goldtooth, director dine' y dakota de la Indigenous Environmental Network (IEN), intervino ante la asamblea general de la Coalición COP26 y subrayó que “el sistema que cosifica a las mujeres es el mismo sistema que cosifica a la Madre Tierra”. Sus palabras se hacen eco de las que pronunció la activista cree Melina Laboucan-Massimo cuando dijo que “la violencia contra la Tierra engendra violencia contra las mujeres”. Y hace muy poco la miembra del clan gidimt'en y defensora del territorio wet'suwet'en, Delee Nikal, expresó cómo “el feminicidio está directamente vinculado al ecocidio”.

El colonialismo es el vehículo que exportó el patriarcado climático capitalista racial a todo el mundo mediante proyectos de desarrollo e industrialización. “ El colonialismo causó el cambio climático” fue un mensaje central de las bases en la COP26 de este año.

Promesas

En el pleno de apertura, la activista climática maorí India Logan-Riley explicó cómo “el cambio climático es el resultado final del proyecto colonial, y en nuestra respuesta hemos de ser descoloniales, basarnos en la justicia y la atención a comunidades como la mía, que han soportado la carga de la codicia del norte global durante demasiado tiempo”. El patriarcado climático capitalista racial no es una estructura inamovible frente a la que no tengamos alternativas. Y las WFCJ no son víctimas, sino dianas, como han explicado muchas.

Además, las WFCJ y comunidades de primera línea siempre han liderado soluciones climáticas reales e innovadoras. Activistas de base siguen pugnando por el cambio sistémico necesario para salvar el planeta, pero les bloquearon el paso los guardianes de este sistema violento en el interior de la COP, los grupos de presión de los combustibles fósiles: había dos de ellos por cada persona indígena en esta COP; intervenciones de opereta de líderes mundiales contrayendo compromisos insólidos mientras incumplían promesas anteriores. La lógica institucional de la misma estructura de la COP está compuesta de las mismas fuerzas contra las que luchan estas activistas.

Interseccional

El último día de la conferencia, en el Pleno de los Pueblos, Ta'kaiya Blaney, del pueblo tla’amin, representó a los pueblos indígenas al explicar que “no vengo a mis colonizadores en busca de soluciones… ¡rechazamos las falsas soluciones de nuestros colonizadores!” El mensaje se hacía eco de las palabras de Riley en el comienzo de la conferencia cuando exclamó que “¡vuelve tierra, volved océanos!” es lo que equivale a justicia climática. Terminó con una advertencia a quienes frenan la acción climática real: “uníos o apartaos del camino”.

Las mujeres y feministas por la justicia climática también fueron explícitas con respecto a las demandas de justicia climática tanto dentro como fuera de la COP. Como me contó Andrea Vega Troncoso, de la Women’s Environment & Development Organization (WEDO), el movimiento no se detendrá hasta que no haya “un cambio feminista del sistema centrado en un feminismo interseccional con no más patriarcado, no más colonialismo y no más capitalismo”.

10/12/2021

Artículo publicado en The Ecologist

Publicado enMedio Ambiente
El ensayo y manifiesto ha sido escrito por Floreal M. Romero y traducido por Sergio España Maca Hernández (CC BY-NC)

Se presenta este mes el libro ‘Actuar aquí y ahora. Pensando la ecología social de Murray Bookchin’. Su autor, Floreal M. Romero, nos hace un repaso por las principales líneas del pensamiento del historiador y activista anarquista.

 

Allá por los años 60 del siglo pasado, Murray Bookchin fue de una de las pocas personas que advirtieron de los peligros del cambio climático como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos fueron aquellas personas que lo tomaron en serio. Ahora, bien entrados en esa dinámica de calentamiento global que ya nadie niega y que ninguna cumbre del clima puede detener, la ciencia advierte de que estamos al borde de un colapso energético, de que nos enfrentamos a una sexta extinción masiva de la diversidad mundial. A lo que se suman unas fuentes hídricas comprometidas, una contaminación acentuada y la desforestación. O sea, un desastre medioambiental que, además de haber acabado con muchas especies, amenaza ahora a la humanidad. Pero el desastre empezó con el mismísimo deterioro de la sociedad y su rapto por parte del capitalismo a partir del siglo XVI, que se apoyó tanto en las dominaciones preexistentes como en la del Estado. Y ese deterioro interno no solo no ha cesado, sino que se ha acelerado provocando cada vez una mayor desigualdad, precarización y marginalización, además de la atomización de los individuos y de la creación de trabajos asalariados sin sentido. O sea, vivimos en una sociedad suicida en la que los seres humanos han ido perdiendo hasta su mismísima esencia: el apoyo mutuo y las relaciones. Lo que viene a confirmar de nuevo la más apremiante advertencia de Bookchin: “Si no hacemos lo imposible, tendremos que afrontar lo impensable”.

La conceptualización de la ecología social y del comunalismo —las ramas más libertarias de la ecología política— son obra de Murray Bookchin (1921-2006), un exobrero sindicalista que, además, se involucró en todas las luchas de naturaleza emancipadora de su tiempo. Ya en 1950 trabajaba en una doble investigación histórica sobre las causas de la crisis ecológica y sobre las políticas que podrían contribuir a superar dicha crisis. En 1960, rechaza la posición ambientalista que defiende que la crisis ecológica se puede resolver simplemente aprobando ciertas leyes proteccionistas. Tampoco está de acuerdo con el extremismo de la ecología profunda que pretende equiparar y, en cierto sentido un tanto ambiguo, someter los humanos a la naturaleza no humana.

Para Bookchin, ambas corrientes comparten una idea de base: no abordan la raíz social de los problemas. Al destacar que “casi todos los problemas ecológicos son problemas sociales” quiere evitar el reduccionismo ecológico que hace al ser humano —mediante una especie de entidad abstracta—responsable de la degradación del medio ambiente natural, mientras se ignoran las relaciones sociales capitalistas. En realidad, en el centro de todo está la búsqueda de la valorización monetaria, que se traduce en la mercantilización forzosa del mundo. Las empresas se ven obligadas a reducir constantemente sus costes de producción para ser competitivas en el mercado. “Crecer o morir” es el leitmotiv empresarial por excelencia que lleva a una explotación desenfrenada y sin límites de los “recursos humanos” y naturales. Así, el capitalismo globalizado —construido sobre las primeras jerarquías de dominación y sus corolarios de explotación y exclusión humanas— termina ejerciendo su dominación sobre el medio natural. Por tanto, “proteger la naturaleza” significa ante todo buscar la emancipación social.

Hasta aquí, las causas. La segunda parte de la investigación histórica de Bookchin se centra en cómo superar esta crisis, lo que lo lleva a integrar plenamente la ecología en la tradición socialista revolucionaria, sobre todo en su vertiente antiautoritaria. Esto significa repensar y desmitificar, liberarse de mitos como los del “Grand soir”, ese día D en el que la clase obrera o el pueblo se alzaría de golpe y tumbaría al sistema capitalista. Se trata más bien de un proceso constructivo para la emergencia de una organización de la lucha, aquí y ahora, que persiga los objetivos establecidos de salir del capitalismo creando instituciones alternativas paralelas que, una vez conseguida una relación de fuerza favorable, puedan enfrentarse a las instituciones del Estado. Y puesto que las sociedades de clase encuentran su semilla en las sociedades jerárquicas, uno de los objetivos de esta política será disolver cualquier tipo de dominación, incluyendo, claro, el patriarcado. En cierto modo, se trata, en un mismo movimiento, de luchar contra la dominación del hombre sobre el hombre, del hombre sobre la mujer y del hombre sobre la naturaleza. Bookchin actualiza el comunalismo del siglo XIX e integra la ecología, no como un añadido —el de la necesidad de «conservar el medio ambiente»—, sino como un anclaje en su problematización ecológica de la política.

Al alimentarse tanto del pensamiento anarquista como del de Marx, los supera al integrar la ecología para hacer del comunalismo una síntesis de esos tres fundamentos teóricos. Al hacer que los seres humanos interaccionen entre ellos —como seres plenamente sociales— y con los elementos de los ecosistemas a los que pertenecen, el comunalismo sitúa el vínculo social en el centro de su organización, como fundamento de una ecocomunidad basada en el principio de la “unidad en la diversidad”.  Esta ecocomunidad es un proyecto colectivo político entendido en su sentido primario: un autogobierno democrático de la ciudad por la propia ciudadanía. En las antípodas del sistema representativo y estatal, la democracia es “desespecializada” para convertirse en popular, directa, con mandatos revocables y rotatorios. Bookchin llama a un movimiento revolucionario capaz de estimular la creación de asambleas decisorias por pueblos, barrios y ciudades, articuladas juntas y en tensión con las instituciones del Estado centralizado. Para ir ganando una progresiva autonomía, estas nuevas entidades deberán instaurar circuitos cortos de abastecimiento de la manera más directa posible, con campesinos y núcleos rurales, para evitar la escasez de alimentos. La política en tanto que lugar de poder será la que determine la economía, y no al revés. Se trata de crear juntas, de decidir sobre el reparto de las tareas y sus frutos según nuestras necesidades auténticas, en interacción directa con el entorno natural en el que vivimos, para cuidarlo y enriquecerlo. Tras una evaluación exhaustiva de las posibilidades locales, las comunidades y regiones interdependientes y organizadas de la confederación “tendrán que contar las unas con las otras para la satisfacción de importantes necesidades materiales”.

Murray Bookchin, como muchos otros pensadores de la ecología política, se enfrentó a la cuestión central de la tecnología. ¿Se puede poner al servicio de la emancipación humana o se trata de una fuerza contraria a cualquier proyecto de autonomía? ¿Nos servirá o nos someterá? La abundancia material que la tecnología genera en el capitalismo devasta el medio natural y es siempre insuficiente para la creación compulsiva de necesidades alienantes y jamás satisfechas. La “tecnología para todos”, un objeto de consumo en sí misma, gestiona nuestras vidas, acentúa la atomización social e intensifica el control social. “Estandarizado por las máquinas, el ser humano se ha convertido en una máquina. El hombre-máquina es el ideal burocrático”, afirma Bookchin. Sin embargo, no desespera. Además de proteger a los seres humanos de la escasez, ahorrando esfuerzo y liberando tiempo, la tecnología ayudaría a perfilar el comunalismo tanto a nivel regional como en niveles geográficos mayores. «Una tecnología al servicio de la vida puede desempeñar un papel decisivo en la asociación entre varias colectividades; puede servir como aglutinante del concepto de confederación». En otras palabras, la tecnología bajo control puede ser liberadora: “Una sociedad liberada no buscará negar la tecnología: precisamente porque, al ser libre, encontrará un equilibrio”.

Al pensar la tecnología o cualquier otro tema que nos afecte fundamentalmente, tanto a nivel social como personal, hemos de abordarlo de forma holística, esto es, teniendo en cuenta los demás parámetros con los que interactúan. Puesto que la urgencia es salir del capitalismo, no podemos mas que unir nuestros esfuerzos para ir creando un movimiento político emancipador que abarque toda la diversidad y los componentes de la vida sin dejarlos en manos ajenas. En consecuencia, si las personas partidarias del comunalismo reivindicamos lo político, es para salir del surco profundo trazado históricamente por el Estado, esa otra cara del capitalismo en el que cayó y está embarrada tanto la izquierda como el movimiento ecologista. Estemos donde estemos, convocaremos a las fuerzas sociales emancipadoras de nuestro entorno inmediato, tanto las que luchan como las que intentan alternativas. Esa diversidad es nuestra fuerza, a poco que juntemos nuestros esfuerzos en pos de una estrategia política común que cambie a medida que avancemos. El papel del comunalismo es reanudar con la esperanza, salir de esa lógica de sumisión al cristalizar las relaciones de poder contra la economía de mercado, o sea, contra las fuerzas de destrucción social y ecológica, las del Estado y el capital. Y como nunca habrá vacío de poder, iremos tejiendo un mundo nuevo, vivo y esperanzador donde quepan muchos mundos a medida que vayamos destejiendo las tramas de la mentira y de esa pulsión de muerte que representan los poderes actuales y su dinámica del «crecer o morir»

Por Floreal M. Romero

Especialista en Ecología Social y autor de varios libros

9 feb 2022 16:00

Publicado enMedio Ambiente
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