Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

 

 

 

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La poética de las memorias de guerra en Colombia

El testimonio poético de Alfredo Molano

Ve la luz el libro de Farouk Caballero Hernández Molano testimonial. Poética de las memorias de guerra en Colombia, un trabajo de investigación sobre la poética de Alfredo Molano y su mirada al interminable conflicto armado colombiano publicado por desde abajo y FES Comunicación.

El trabajo de Caballero es una reconstrucción de la elaboración estética literaria de Molano, de su poética de la memoria de las guerras del siglo XX en Colombia, a partir de unos relatos que dejan ver el sinsentido de una historia de violencia que marca a sangre y fuego la realidad colombiana en sus algo más de dos siglos de existencia como país.

Las novelas testimonio, o testimonios novelados, de Molano cumplen con la exigencia planteada por el autor cubano Miguel Barnet de que estas obras deben “proponerse un desentrañamiento de la realidad, tomando los hechos principales, los que más han afectado la sensibilidad de un pueblo y describiéndolos por boca de uno de sus protagonistas más idóneos”. En el libro de Caballero se recoge una selección precisa de las voces de algunas de las personas que protagonizan los textos de Molano: campesinos, indígenas, guerrilleros, bandoleros o paramilitares, sin distinción de sexo o procedencia social.

En las obras de Molano se narran de forma clara las oscuridades de un siglo de guerras en Colombia: “Las historias de la lucha de guerrillas y de los pueblos marginales (mineros, indígenas, proletarios, campesinos, etc.) adquieren especial resonancia en la literatura testimonial”, lo que le llevó, como escritor que amplificaba las otras voces a ser señalado “por parte de las élites, como francotiradores intelectuales y revoltosos (izquierdosos en el caso colombiano)”.

Farouk Caballero destaca que “depende de nosotros llevar su mensaje a nuevas audiencias fuera del ámbito estrictamente académico. Cumplir con esa tarea es ampliar el dialogo y aprovechar de mejor forma el archivo polifónico que Molano, durante toda su vida, construyó”.

El autor afirma que “La libertad de creación no puede comprenderse como indiferencia política” por lo que, al leer las narrativas testimoniales “el espectador del testimonio literario, el lector, modifica su pensamiento a propósito de la guerra y los protagonistas que intervienen en ella. Habrá quienes se solidaricen con la causa campesina, o con las ideas guerrilleras o con el accionar paramilitar. Habrá quienes no lo hagan, pero de lo que no cabe duda es que sus historias amplían el panorama histórico. Las perspectivas de interpretación no serán unívocas, podremos creerles o no, pero al sentir los personajes es imposible desconocer su existencia histórica y su aporte literario”.

La lectura de la “dimensión estética” de la obra de Molano que hace Caballero “configura una fuerte crítica política, social e histórica de la realidad inmediata, rasgo que el testimonio adquiere del realismo crítico”. Molano testimonial. Poética de las memorias de guerra en Colombia es un libro necesario para entender no sólo la poética testimonial de Alfredo Molano, sino la realidad colombiana de los últimos sesenta años. Una realidad ignorada, y negada en muchos casos, que es analizada por Caballero a partir de las voces de las y los testimoniantes transcritas por la crónica narrativa y sociológica de Alfredo Molano, un testigo oyente de todas las atrocidades que nos podamos imaginar y que no parecen afectar a una sociedad desmemoriada que no quiere aprender de su propia historia.

Un texto poético y testimonial de la política, la vida y la muerte en un país que necesita escuchar las voces de las y los de abajo para salvaguardar la memoria, la de todas y todos los colombianos.

Artículo publicado en Mundo Obrero

12 Sep 2021

Una reseña de este libro ha sido publicada en la edición Colombia del mes de septiembre, año XIX – número 214, de Le Monde Diplomatique.

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Chile: ¿del 11 de septiembre al fin del neoliberalismo?

Después del golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo. Ahora, el país intenta liberarse de ese legado y avanzar hacia un nuevo tipo de Estado de Bienestar.

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 arrojó a Chile a la larga y brutal dictadura de Augusto Pinochet, quien implementó reformas neoliberales profundas y de largo alcance. Luego de esta traumática experiencia, el país transitó a la democracia en 1989. Los sucesivos gobiernos democráticos optaron por un enfoque de reformas graduales que, si bien ayudaron a garantizar el crecimiento económico, no tocaron los pilares del neoliberalismo implementado por Pinochet.

Hasta hace muy poco tiempo, este enfoque se consideraba un éxito, y era reivindicado como un modelo, tanto a escala latinoamericana como global. Sin embargo, a pesar de la impresionante disminución de las tasas de pobreza desde la transición a la democracia y de más de tres décadas de estabilidad política, el país ha entrado ahora en una era marcada por conflictos sociales y tensiones económicas.

A fines de 2019, manifestaciones masivas y graves disturbios se extendieron por todo el país. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra las diferentes formas de desigualdad imperantes y el modelo neoliberal que caracteriza al país. Ante la magnitud de la presión social, la clase política acordó realizar un referéndum, en el que la ciudadanía tiene la potestad para decidir si llegó la hora de cambiar la Constitución y así intentar una refundación del sistema institucional.

El proceso constituyente

El referéndum constitucional tuvo lugar en octubre de 2020 y su resultado fue una verdadera bofetada para la elite: casi 80% del electorado votó a favor del cambio de la Carta Magna. A mediados de mayo pasado, la ciudadanía acudió nuevamente a las urnas para escoger a los representantes de la asamblea encargados de redactar la nueva Constitución. El resultado de esta elección representó otra derrota para el establishment: las fuerzas políticas tradicionales –tanto de izquierda como de derecha– fueron castigadas, mientras que la mayoría de los candidatos que recibieron importantes donaciones de campaña no fueron seleccionados. Para asombro de académicos y analistas, los principales ganadores de esta elección crucial fueron no solo nuevas fuerzas de izquierda, sino que también, y sobre todo, los candidatos independientes con una agenda progresista. Chile está entrando ahora en territorio inexplorado. El proceso constitucional ya está en marcha y para fines del próximo año se realizará un referéndum, en el cual la Constitución recién redactada será aprobada o rechazada por la población.

La ciudadanía contra las elites

¿Cómo llegó el país considerado como un modelo de estabilidad a encontrarse hoy en esta situación de alta incertidumbre?

Por un lado, la propia modernización económica que ha experimentado el país en las últimas décadas allanó el camino para el surgimiento de una ciudadanía progresista, la cual demanda transformaciones estructurales del modelo de desarrollo existente. El impulso proviene en gran medida de nuevas generaciones que se definen como liberales en temas culturales y, a su vez, aspiran a la construcción de un Estado de Bienestar de corte socialdemócrata. Por otro lado, dado que las elites han permanecido ciegas ante ese proceso de transformación de la sociedad, cada vez tienen más problemas para comprender y adaptarse al nuevo escenario. En los últimos años han salido a luz pública escándalos de diverso tipo: casos de corrupción que afectan a la elite política, situaciones de flagrante colusión que manchan la reputación del empresariado y casos de pederastia en la Iglesia Católica.

En consecuencia, Chile es un caso emblemático de desconexión entre el establishment y la ciudadanía. Mientras el primero es visto como un actor ilegitimo por gran parte de la población, la segunda ha sido capaz de organizarse colectivamente y presionar para demandar la construcción de un nuevo contrato social. La crisis de la democracia chilena se explica, entonces, por la conformación de un establishment que no ha sabido cómo –y en parte no ha querido– responder a las demandas de la ciudadanía. Esto es particularmente válido para un empresariado que opera con una lógica de capitalismo rentista y sigue pensando que las políticas neoliberales son el único camino posible para alcanzar el desarrollo. La aprobación masiva del plebiscito constitucional y la derrota de las fuerzas políticas tradicionales en la Asamblea Constituyente, demuestran que gran parte del electorado está dispuesto a apostar por nuevos rostros y exige una transformación de la elite del país. Visto así, no es descabellado pensar que Chile está experimentando un proceso de renovación de la democracia. La presión de la sociedad civil y el poder de los votantes estaría llevando a la gradual conformación de una nueva clase política, la cual podría terminar generando una mejor conexión con la ciudadanía.

Esta interpretación positiva del proceso de transformación en curso depende de varios factores. Y dos son particularmente relevantes. En primer lugar, aun cuando a través de los próximos procesos electorales es esperable que se vaya generando un cambio importante a nivel de la elite política, no es del todo claro que las elites culturales y económicas estén dispuestas a dar paso a nuevos actores que sintonizan de mejor manera con la sociedad. Sin una renovación del empresariado y del mundo de la cultura seguirá existiendo una importante brecha entre elite y ciudadanía. En segundo lugar, a fines de este año se llevarán a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias, en un contexto en el que prima una fuerte fragmentación del espacio político. Debido a ello, es prácticamente imposible que quien gane la presidencia tenga una mayoría en el Congreso. Las encuestas muestran cierta ventaja para las fuerzas progresistas, pero no es del todo claro que éstas logren establecer alianzas que permitan dar gobernabilidad.

Hacia un nuevo modelo de bienestar

La salida de la crisis actual y la potencial renovación de la democracia chilena depende sobre todo de la capacidad de las elites para transformarse y dar vida a acuerdos con el objetivo de encausar las reformas demandas por la ciudadanía. La sociedad chilena se ha manifestado con fuerza, exigiendo el tránsito hacia un Estado de Bienestar propio de la socialdemocracia, el respeto del medio ambiente y un avance sustantivo en materia de igualdad de género. ¿Estarán las elites a la altura de este desafío? En gran medida, esta pregunta determinará hasta qué punto la democracia en Chile saldrá más fortalecida de este proceso y si se convertirá en un modelo de cómo, a través de procesos democráticos, se puede avanzar en políticas que pongan límites al papel del mercado y que sean capaces de reconstruir los contratos sociales rotos.

Si bien es cierto que el desenlace de la situación de Chile es incierto, no cabe duda de que el resultado final tendrá un impacto importante en América Latina y el mundo progresista. Así como el 11 de septiembre de 1973 marcó un punto de inflexión a nivel latinoamericano y para el mundo de izquierda, la potencial renovación de la democracia chilena trazará una hoja de ruta que puede ser imitada por otros actores. La pandemia de covid-19 ha exacerbado los problemas de desigualdad y pobreza, de modo que los países de América Latina necesitan reconstruir el pacto social para lograr avanzar hacia políticas sociales de corte universal. Chile podría allanar un camino que pase por la movilización social, las reformas institucionales y, sobre todo, un nuevo pacto entre elites para generar gobernabilidad.

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Viernes, 10 Septiembre 2021 05:54

El optimismo abollado

La silueta de un bombero contrasta con la montaña de escombros del World Trade Center, 13 de setiembre de 2001 AFP, JIM WATSON

Estados Unidos, 20 años después

Los avionazos de Al Qaeda acentuaron en su momento la pérdida de fe de los estadounidenses en su mito nacional y sus instituciones. El país del «sí se puede» recorre ahora la senda de la tribalización, la inseguridad y el revisionismo.

 

Menos de un mes después de los ataques de Al Qaeda, Estados Unidos inició la invasión de Afganistán y, tres semanas más tarde, la Cámara de Representantes aprobó con 357 votos a favor y 66 en contra, y el Senado ratificó con 98 votos a favor y uno en contra, la llamada Ley Patriota. La norma unificó en el recién creado Departamento de Seguridad Nacional 16 agencias policiales y servicios de inteligencia.

El montaje rápido y la aplicación severa de la nueva legislación llevaron a una ampliación inaudita del Estado policíaco, detenciones y allanamientos sin orden judicial, captura prolongada de sospechosos –en su mayoría por la razón principal de ser musulmanes– y la expansión de las intervenciones de llamadas telefónicas y comunicaciones digitales. El país se pobló de cámaras de vigilancia y se multiplicaron las redes de identificación facial, y a todo ello la mayoría de los estadounidenses se resignó en aras de impedir otros ataques terroristas.

Una investigación independiente de los antecedentes de los ataques de Al Qaeda mostró la falta de coordinación entre los servicios de inteligencia y las fallas auténticas o fingidas de quienes pudieron haber impedido la conspiración. Para la ciudadanía, el gobierno, que debió haber protegido a la nación, resultó incompetente, y en la duda germinaron teorías varias que incluyeron la sospecha de que los poderes detrás del trono manipularon los ataques.

La abdicación de las otrora tan elogiadas libertades civiles no impidió protestas multitudinarias cuando el gobierno de George W. Bush puso al país en marcha hacia la guerra en Irak. Una acción militar que no respondió a ningún ataque y que el Congreso autorizó con la oposición de una sola legisladora. La guerra en Irak, que sacó del centro de la atención mediática el conflicto afgano, trajo a la luz realidades sombrías: la mentira de las armas de destrucción masiva; el gran negocio que hizo la firma Halliburton, de la que el vicepresidente Dick Cheney había sido presidente, con un contrato sin licitación para la provisión de servicios a las Fuerzas Armadas en zonas de guerra; las fotografías de iraquíes torturados en Abu Ghraib, y los informes sobre prisiones clandestinas donde la CIA usó «métodos de interrogación realzados», que enchastraron la autopercepción de un Estados Unidos justiciero.

En 2005, la devastación en Luisiana causada por el huracán Katrina acentuó la decepción ciudadana cuando miles de habitantes de Nueva Orleans –qué raro: la mayoría de ellos de barrios pobres– quedaron en los techos de sus casas rogando auxilio o hacinados entre montañas de basura en el Centro de Convenciones, en medio de la inacción del gobierno federal. En 2008, el país se sumió en la mayor crisis financiera y recesión económica causada por las especulaciones financieras de instituciones a las que pronto el Congreso y el gobierno socorrieron con billones de dólares. Los millones de estadounidenses que perdieron su vivienda y sus ahorros poca atención recibieron en el salvamento del capitalismo.

En 2020, la pandemia de la covid-19 y la torpeza del presidente Donald Trump se combinaron para intensificar la sensación general de que el país ha perdido la brújula y apenas manotea el timón. Una encuesta de Gallup del mes pasado indica que apenas el 23 por ciento de los estadounidenses cree que la nación tiene la proa en buen rumbo.

EL PATRIOTISMO Y SUS MITOS

El patriotismo es la religión laica que reemplazó los credos más tradicionales, sobre la base de que nacer en cierto territorio, delimitado artificialmente, haría que uno tuviera en común con sus pares mucho más que con los humanos al otro lado de la frontera. Todos los países tienen el suyo. En Estados Unidos, un país joven, uno de los artículos de fe fundamentales para el patriotismo local es el concepto de crisol de razas.

A excepción de los 6,79 millones de nativos norteamericanos, que hoy representan el 2,09 por ciento de la población, el resto de los habitantes tiene ancestros venidos o traídos a la fuerza de otras tierras desde el siglo XV en adelante. Hoy, de los 332 millones de estadounidenses, más de 48 millones son inmigrantes. Para hacer una nación de esta humanidad multiétnica, con lenguajes, religiones, antecedentes y ambiciones diversas, se precisan mitos fundacionales: George Washington, héroe de una generación de genios que redactó una Constitución singular en su grandeza, para un país de tolerancia religiosa y libertades individuales; luchadores sociales que enfrentaron las injusticias y ampliaron la participación ciudadana, desde los derechos civiles de los negros hasta el voto de las mujeres; un sistema político que, con su división de poderes, equilibrio dinámico entre el gobierno federal y los estados, elecciones regulares y sucesión ordenada de partidos y presidentes en el poder, hace de esta —se insiste— una nación excepcional, sin par en el mundo ni en la historia. (Otro componente del mito ha sido que Estados Unidos nunca ha entrado en guerra alguna como agresor y solo lo ha hecho en respuesta a ataques desde el exterior.)

Este patriotismo por nacimiento o adquisición ha permitido la asimilación de oleadas de inmigrantes, quienes bregan tras el «sueño americano» en la búsqueda de lo que el preámbulo constitucional describe como «una unión más perfecta». Y esas oleadas de migrantes por siglo y medio han demostrado que el experimento único pero imitable que es Estados Unidos inspira a millones a cruzar océanos y atravesar desiertos en éxodos cuya meta está aquí, y no en otras partes.

LAS TRIBUS

En las últimas décadas, el mito fundacional perdió lustre. Los ataques de 2001 y la obsesión por la seguridad nacional actuaron como catalizadores de un proceso más largo de fragmentación de la identidad nacional. Azuzados día y noche por «comentaristas» de televisión y radio –unos dizque conservadores, los otros autocalificados como progresistas– los estadounidenses han ido separándose en identidades parciales. Más y más, en lugar de considerarse primero y por sobre todo estadounidenses, se ven a sí mismos como parte de grupos con diferencias irreconciliables. Blancos, negros, latinos, asiáticos, generación X, Y o Z, proaborto y contra el aborto, con educación universitaria o sin ella, y más identidades o preferencias sexuales que las franjas del arcoíris.

Desde 2001 ha habido decenas de matanzas a balazos, desde las que dejan decenas de muertos y heridos hasta las que ocurren por todas partes, pero solo dejan menos de cuatro víctimas fatales por incidente. Y, a pesar de ello, como sociedad, el país no encuentra un consenso que encare el problema. Durante las últimas dos décadas han ido en aumento los desastres naturales, como los huracanes, las inundaciones y los incendios forestales, pero en Estados Unidos se soslayó la mera discusión del cambio climático, considerado como un cuco creado por los enemigos del capitalismo.

El sistema político bipartidista, que funcionó por siglo y medio, tiene cada vez menos capacidad para manejar los procesos centrífugos de la nación. La elección en 2008 de Barack Obama, primer mulato después de 43 presidentes blancos, dio la impresión de que Estados Unidos superaba de a poco el racismo y se encaminaba hacia una sociedad diversa con la mira en el futuro. La realidad estuvo muy lejos de eso y mostró, además, que los dos partidos, el Demócrata y el Republicano, son más bien dos alianzas de múltiples grupos en un proceso electoral que fuerza a los ciudadanos a elegir entre apenas dos opciones. Todo intento de un tercer partido ha fracasado por más de un siglo, y millones de ciudadanos votan a disgusto por un candidato solo porque el otro les parece peor.

El surgimiento del Tea Party como reacción a la elección de Obama evidenció el desencanto de un sector importante del electorado con ese sistema, que con una exhibición de atuendos del siglo XVIII y banderas anticuadas contribuyó a otro fenómeno peculiar de este período: la nación que por décadas fuera señera en invenciones, creatividad, descubrimientos y tecnologías, orientada al futuro y optimista en la sucesión de generaciones, se ha volcado al pasado. Los progresistas, a pesar de su etiqueta, han hecho algo parecido. Se ha multiplicado la producción de documentales, estudios universitarios, programas de televisión y libros que miran al pasado y sacan a luz todos los males del exterminio de los indios, la esclavitud, la segregación racial, los linchamientos, la opresión de las minorías.

En el imaginario nacional, el impacto inmediato de los avionazos del 11 de setiembre de 2001 fue espectacular y penoso pero, a la vez, pasajero. En pocas semanas el país retornó a su funcionamiento económico y en pocos años un rascacielos asombroso se erigió al costado del hueco dejado por las torres del World Trade Center. Los efectos de más largo plazo en la sociedad estadounidense han sido la desunión, la xenofobia, la intolerancia y la pérdida de vista del mito fundacional.

Por Jorge A. Bañalesdesde Washington 
10 septiembre, 2021

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El asesinato de Javier Ordoñez y 13 pobladores más. Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional*

"Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Abraham Lincoln.

Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional como fechas trágicas pero también de apertura esperanzadora de una vitalidad social vestida de indignación, templanza, solidaridad, emancipación.

Aquellos corresponden a dos días vestidos de duelo y de vida en los que, una vez más, la inexistente democracia colombiana salió a flote tal cual es, sin apariencias ni disfraces. El 9, la coraza protectora del poder[1] asesina a Javier Ordóñez, saciando toda su vileza en el cuerpo de la víctima hasta reventarlo a golpes, patadas y descargas de pistola taser, homicidio así comprobado por el informe forense a cargo de Medicina Legal[2].

La noticia de un asesinado a manos de la policía ahora no pasa inadvertida y, como debía ser, suscitó indignación y asco. Se da entonces una fuerte reacción por la violación del derecho a la vida y también, quizá por las circunstancias de injusticia acumuladas a lo largo de seis meses de promesas y pocas realizaciones de parte de los gobiernos nacional, departamentales y municipales; quizá por la memoria de dolor acumulada de otras tantas actuaciones violatorias de los Derechos Humanos por el cuerpo policial, la mayoría de ellas negadas o dilatadas por la impunidad; pero quizá con aporte igualmente de las condiciones de desempleo y falta de estudio que afectan a decenas de miles de jóvenes, justo los movilizados en rechazo de lo sucedido y quienes en forma espontánea rodearon los Centros de Atención Inmediata (CAI), tanto en Bogotá como en Soacha.

La acción sorprendió a los agentes cuyos mandos seguramente recibían, sin guardar silencio, los reportes provenientes de cada uno de esos centros de operación y abuso La protesta gana tamaño y voces dolidas por lo sucedido increpan a los uniformados por su proceder autoritario, por el irrespeto a la vida. El reclamo contenía en su fuerza iracunda miles de denuncias de los despropósitos cotidianos de un cuerpo armado erigido en dios y señor, sufridos en carne propia por jóvenes y no tanto, y por hombres y mujeres. ¡Rabia contenida que explota con la fuerza eruptiva del volcán!

Pero sin comprender esa rabia ni tratar de encauzarla en debida forma, y sí como mensaje para romper solidaridades y atemorizar a los presentes como a otros que pretendieran sumarse a la protesta, la Policía desata una bacanal de muerte y dolor traducida en 13 manifestantes asesinados, en su totalidad jóvenes, más decenas de heridos a bala, más otros tantos a golpes y gases. La rabia se multiplica. Reportes en tiempo real muestran a quienes supuestamente velan por la vida de todos y por el bien común, disparando sin piedad alguna contra las personas que les inquieren, así como contra quienes por una u otra razón cruzan en esos momentos los territorios alterados[3].

El proceder oficial desnuda la apariencia y viste con su traje real a la Policía, cuerpo militarizado, instruido bajo la doctrina de ‘seguridad nacional’, que visualiza como enemigo a quien reclama respeto y justicia, sin ver en el mismo al ciudadano en ejercicio de sus deberes y en defensa de sus derechos. Se manifiesta así una mentalidad de ejército de ocupación, el de esta policía, acostumbrada a golpear, arrastrar, insultar, amenazar, disparar a quien desatienda sus peligrosas y desmedidas órdenes. Se trata de una unidad policivo-militar autoprotegida por un fuerte espíritu de cuerpo, revestido de impunidad, evidencia de lo cual quedan varios homicidios, todos ellos de jóvenes e incluso menores de edad, como se ve:

1) Nicolás Neira (1º de mayo de 2005), producto de un disparo de munición recalzada que le impactó la parte posterior del cráneo, acción encubierta –por orientación de sus mandos– por quienes acompañaban al sindicado, al decir que la muerte era consecuencia de un supuesto golpe del occiso contra un bolardo. Luego de 15 años, y tras múltiples demoras y componendas, incluso con presión de la Fiscalía para firmar un preacuerdo al que se oponía la familia de Nicolás, y anulado por la Corte Constitucional, la justicia aún no falla en este asesinato.

2) Óscar Leonardo Salas (8 de marzo de 2006), quien perdió la vida por un ataque en grupo de parte de efectivos del Esmad, cuya investigación está perdida en los recovecos del maleable sistema judicial colombiano.

3) Diego Felipe Becerra (19 de agosto de 2011), asesinado por un agente de la policía en servicio por estar pintando un grafiti. La investigación judicial fue bloqueada con varios montajes y en repetidas ocasiones por el ya referido espíritu de cuerpo policial, a fin de desvirtuar el motivo del crimen, así como la propia investigación, hasta permitirle al inculpado salir de la cárcel un día antes del final del juicio para que se fugara. Al día siguiente fue condenado a 38 años de prisión.

4) Andrés Camilo Ortiz Jiménez (15 de junio de 2018) Con fallo condenatorio del inculpado, el asesinato se produce porque Andrés Camilo trataba de colarse en el servicio de Transmilenio, en la estación Calle 142. La decisión judicial condenatoria a 10 años de prisión –en casa por cárcel– no satisfizo a la familia.

5) Dilan Cruz (25 de noviembre de 2019, herido el sábado 23 en la calle 19 de Bogotá), El asesinato resulta de un disparo de recalzada –¡otra!– por parte del Esmad y amplía la letanía de homicidios a manos de un cuerpo policial de choque cuyo proceder está lejos de proteger la vida y sí claramente configurado para contener, desordenar y dispersar la protesta social, no importa el precio que ello conlleve. La paquidermia judicial parece favorecerlo.

Otros homicidios, como los cometidos por unidades policiales contra indígenas en medio del proceso social denominado “Liberación de la Madre Tierra”, con un registro de decenas de heridos de diversa gravedad, también permanecen en el limbo.

Pero toda barbarie tiene su límite. La encarnada por uno de los cuerpos de protección del poder realmente existente en Colombia lo encontró en la magnitud de su propia violencia y muerte que produjo al verse cercado por la protesta ciudadana, reacción que no parece espontánea y sí responder a un dispositivo B o de emergencia, al que pueden acudir los agentes cuando se sienten sitiados, como ocurrió durante los días 9 y 10 de septiembre.

La cantidad de muertes, así como de lesionados por el accionar de sus armas, en esta ocasión fue imposible de ocultar por la solidaridad de cuerpo, más aún con el surgir de interrogantes desde el establecimiento mismo por la forma de proceder, llegando hasta exigir su reforma inmediata. Pero, pese a la demencial violación de Derechos Humanos protagonizada, todo indica que el poder está decidido a que el costo sea mínimo en términos de efectivos juzgados y condenados, mensaje así enviado por el Presidente, que el 16 de septiembre acudió a varios CAI a felicitar a la unidades policiales. Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo lo propio en otros puntos, expresando sin rubor: “Nuestra gratitud, apoyo y cariño por la tarea que hacen ustedes en la Policía. Queremos recomendarles permanentemente hacer su tarea: protección a los ciudadanos, siempre con el máximo cumplimiento de la ley, respetando y velando por los derechos de cada colombiano, sabiendo que es una tarea difícil, abnegada y sacrificada".

De igual manera, y como parte de este mismo despliegue de solidaridad de cuerpo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido al que pertenece el Presidente, acudió al CAI del barrio Cedritos –sector donde tres jóvenes fueron asesinados en las jornadas comentadas– a llevar igual mensaje. El rechazo comunitario impidió la impunidad de su acto.

El proceder censurado por la sociedad en estas jornadas se rubrica con la simultaneidad en el envío de mensajes de complacencia con lo actuado por parte de sus alfiles y peones, protectores del poder, actuación similar a la que lideró la ministra de Justicia al saludar la actuación de la guardia penitenciaria en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá en marzo de 2020 y que culminó con 23 internos asesinados[4]. En ambos casos, estamos una vez más ante la evidencia del autoritarismo y el militarismo que impregnan a la institucionalidad colombiana, soporte de su modelo de control y dominio social, y parte de los diques que bloquean la emergencia de la democracia que requiere el país para cerrar una historia de dos siglos de régimen presidencialista, centralista, militarista, autoritario y policivo.

De esta manera, con violencia y muerte como recurso eterno del poder para atemorizar y prolongar su dominio, iniciamos la mal llamada “nueva normalidad”, real continuidad de las constantes que caracterizan a los detentadores del poder y su forma de gobernar en el país, donde imperan los gobiernos de los ricos y para ellos. El enfrentamiento a la pandemia desplegó sus primeras medidas a la par de la masacre al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. En ambas ocasiones, la muerte sobrepuesta a la vida; en ambas ocasiones, la irreal democracia existente en Colombia exteriorizando sin apariencia alguna su real fisonomía, protegida por un inmenso poder y un dispositivo militar que pisotean sin cesar los derechos de las mayorías de Colombia.

Es la actual una constante de muertes, concentración de la propiedad y de la riqueza en general, del poder y de todas sus mieles, a través de una histórica, ampliada e inocultable brecha social que impera en el transcurso de más de dos siglos de la historia nacional, realidad que permite reclamar, con la voz de los ausentes y con la acción de quienes aún izan la bandera de la dignidad de la humanidad: Democracia que no has de ejercer, déjala ser.

*Este escrito corresponde al Posfacio del libro "Democracia que no has de ejercer, déjala ser", que Ediciones Desde Abajo publicará en el mes de octubre 2021.


Represión y asesinatos

 

En aquella jornada de solidaridad, resistencia y protesta ciudadana cayeron bajo la acción violenta policiva protectora del poder las siguientes personas, todas ellas jóvenes y con edades entre los 17 años y máximo 30.

Barrio Verbenal

Camilo Hernández

Jaider Fonseca

Andrés Rodríguez

 

Localidad de Suba

Germán Smith Puentes

Julieth Ramírez

Freddy Alexander Mahecha

 

 Localidad de Kennedy

Julián Mauricio González

 

Localidad de Ciudad Bolívar

Eidier Jesús Arias

 

Municipio de Soahca

Marcela Zúñiga

Gabriel Estrada Espinoza

Cristhián Andrés Hurtado,

Lorwuan Estiwen Mendoza

 

Crimenes aleves, a mansalva, sobre pesonas desarmadas. Asesinatos con impunidad total, a pesar que en su momento el general de la policía Gustavo Moreno, encargado del mando general de la institución en ese momento, aseguró que 35 agentes habían reconocido haber accionado sus armas de dotación contra los manifestantes.

Por la tortura y asesinato de Javbier Ordoñez fue condenado uno de los patrulleros del CAI donde fue brutalmente violenetado, se trata de Juan Camilo Lloera, condenado a 20 años de edad.

La impunidad perdura, y la solidaridad de cuerpo se expresa una vez más, como en otros muchos crímenes a cargo de uniformados.

 

[1] “La policía, brazo protector del poder”, periódico Desde Abajo Nº 272, septiembre 18-octubre 18, 2020, p. 4.

[2] “Javier Ordoñez murió por múltiples traumas contundentes producidos por terceros”, https://bit.ly/34IM1Gf.

[3]https://bit.ly/2FhDJMO.

[4] Periódico Desde Abajo, marzo 23/2020, Colombia. ¿La justicia es ciega?, op. cit.

Publicado enColombia
Miércoles, 08 Septiembre 2021 06:37

Si todo es facismo, ¿qué es el fascismo?

Si todo es facismo, ¿qué es el fascismo?

Hay quienes le dicen fascista a Donald Trump y quienes definen como fascistas a grupos musulmanes radicales. ¿Qué define hoy la palabra fascismo? ¿Es útil para la izquierda utilizarla como un comodín analítico?

A comienzos de la década de 1930, Antonio Gramsci se lamentaba en sus escritos redactados en prisión de que Europa hubiese caído en lo que denominó «cesarismo». La agitación social en todo el continente había fortalecido a autócratas ambiciosos que, como Julio César, se jactaban de representar la voluntad popular de su nación mientras destruían sus instituciones democráticas. Si bien el concepto se acuñó en el siglo XIX para describir a figuras como Napoleón III, muchos pensaron que caracterizaba acertadamente las nacientes dictaduras del periodo de entreguerras. Gramsci lo invocaba para analizar el Estado fascista de Benito Mussolini y el periodista Jay Franklin lo amplió para caracterizar los regímenes de Hitler y Stalin. El término «cesarismo», sin embargo, también despertó controversias, y otros pensadores lo descartaron por considerarlo inadecuado. El filósofo político Karl Loewenstein, por ejemplo, creía que las analogías con la época romana ocultaban la ambición sin precedentes de los nuevos regímenes de rehacer la naturaleza humana. Solo un término novedoso, como «totalitarismo», podría realmente caracterizar su terrorismo extremo, la utilización de nuevas tecnologías y el deseo de colonizar las mentes de los ciudadanos. Esta última posición finalmente salió victoriosa y la etiqueta totalitaria proliferó en discursos y publicaciones. Aunque el término «cesarismo» siguió circulando en ámbitos académicos durante las décadas de 1940 y 1950, «totalitarismo» se convirtió en el término básico para describir los peligros de la política moderna.

En retrospectiva, el aspecto más notable del debate no fue si los males de la época eran mejor descriptos con los términos «cesarismo» o «totalitarismo». Tanto Gramsci como Loewenstein tenían razón en algo: si bien los dictadores de entreguerras construyeron sobre modelos históricos anteriores, rompieron con ellos. Pero el desacuerdo en la terminología es digno de atención porque echa luz sobre las ansiedades, las esperanzas y las autoconcepciones de la época. Nos ayuda a comprender cómo los pensadores del pasado entendieron su lugar en la historia, cómo buscaron articular lo que era familiar y lo que era extraño, y cómo se esforzaron en desarrollar una respuesta a las aterradoras realidades de la época. Sus innumerables libros y ensayos no fueron un ejercicio pedante de precisión histórica, sino un esfuerzo por definir las características de las dictaduras modernas con la esperanza de frenar su propagación.

En los últimos años, la polémica sobre la analogía fascista ha sido también acalorada. En una avalancha de libros y ensayos, los académicos han debatido sin cesar si nos enfrentamos al renacimiento de la violenta ideología de Mussolini y Hitler o somos testigos de una bestia profundamente diferente para la que se necesita una nueva terminología. Y a pesar de que la derecha radical ha florecido en continentes y países, esta disputa teórica se ha mantenido con mayor intensidad en Estados Unidos. Desde su imposición de restricciones xenófobas a los viajes en 2017 hasta su incitación a la violencia contra el Congreso en 2021, el gobierno de Donald Trump convirtió este asunto en un tema de interés permanente.

Una vez superados los años de Trump, el debate sobre el fascismo está perdiendo algo de su urgencia. Quizás esto signifique que ahora pueda ofrecer nuevas ideas sobre el pensamiento político contemporáneo. En lugar de polemizar sobre el uso contemporáneo del término «fascismo», podemos preguntarnos por qué fue tan importante hacerlo. ¿Qué estaba en juego en la búsqueda de la definición correcta?

Después de todo, no había grandes diferencias políticas entre muchos de quienes participaban en este debate. Todos condenaban el racismo, el sexismo y la plutocracia de la derecha al tiempo que deseaban políticas igualitarias audaces. Incluso se hacían eco unos de otros en sus razonamientos para establecer comparaciones históricas con el fascismo: para exponer los males que han plagado durante mucho tiempo a la democracia liberal, especialmente en Estados Unidos. La mayor diferencia entre las dos posturas no era tanto su mirada de los temas de la época, sino el modo en que encaraban la polémica y su valor tanto para la exploración intelectual como para la movilización política. El choque de definiciones también era un desacuerdo sobre el papel del lenguaje y la historia en la configuración de las agendas políticas.

Condenar a los adversarios tildándolos de fascistas ha sido durante mucho tiempo parte de nuestro discurso político, pero la última década fue testigo de un aumento en la popularidad del término. Los críticos invocaban cada vez más el fascismo para fustigar la xenofobia, la aceptación de la violencia y el sexismo de la derecha radical en todo el mundo. Tal fue el caso de Francia, por ejemplo, donde el ultraderechista Frente Nacional (rebautizado como Agrupación Nacional en 2018) aprovechó el descontento de los votantes para convertirse en la segunda fuerza política más grande del país. Incluso después de que su líder, Marine Le Pen, buscara romper los vínculos históricos del partido con simpatizantes nazis (incluso expulsó a su propio padre, Jean-Marie, por su notorio negacionismo del Holocausto), el racismo y las excentricidades de sus seguidores contra las «elites cosmopolitas» llevaron a académicos como Ugo Palheta a calificarlo de «fascismo con otro nombre». El triunfo de Narendra Modi en la India y el de Jair Bolsonaro en Brasil generaron la misma retórica ansiosa. La etiqueta «fascista» parecía capturar la desviación de una agenda conservadora estándar por parte de estas figuras: su ataque total a la igualdad legal, los medios independientes y el pluralismo político.

Quizás menos esperada fue la creciente popularidad del término en Estados Unidos. En la era Trump se convirtió no solo en parte del discurso político popular (figuras que van desde Madeleine Albright hasta Alexandria Ocasio-Cortez lo usaron), sino en una categoría de análisis académico. El racismo y el sexismo de Trump claramente tenían sus raíces en la política estadounidense reciente, pero muchos también vieron una desviación alarmante en su estilo grosero, en sus amenazas abiertas de castigar a los opositores políticos («¡enciérrenla!») y en sus mentiras incesantes. ¿Podría el fascismo estar avanzando en el país que alguna vez lo derrotó?

El «sí» más rotundo a esta pregunta provino del historiador Timothy Snyder, quien en una serie de publicaciones comparó la administración de Trump con la máquina de propaganda nazi. Ambos regímenes, escribió en Sobre la tiranía: veinte lecciones que aprender del siglo XX (2017), buscaron aislar psicológicamente a los opositores y convertirlos en ovejas sumisas, un primer paso hacia la destrucción total de las instituciones democráticas. Una comparación menos cruda, aunque no menos urgente, apareció en Cómo funciona el fascismo (2020), del filósofo Jason Stanley, que utilizó la etiqueta fascista para describir un amplio conjunto de movimientos políticos, desde el terrorismo contra la población negra posterior a la Reconstrucción en el sur de Estados Unidos, siguiendo por la Alemania nazi, hasta el partido Bharatiya Janata en la India actual. En esta narración, los republicanos de la era Trump fueron sencillamente el último partido en combinar la nostalgia por un pasado mítico, ataques a intelectuales y universidades, insistencia en jerarquías de etnia y género, y una fijación con el «orden». Para Stanley, las diferentes encarnaciones del fascismo a lo largo del tiempo y el espacio demostraron su capacidad para expandirse incluso en sociedades con fuertes instituciones liberales. En lugar de destruirlas directamente, como sucedió en Alemania, los movimientos fascistas pueden inyectar su veneno en la vida pública existente, debilitando las culturas democráticas desde adentro.

Si bien Stanley insistía en que el fascismo es un fenómeno mundial, la mayoría de quienes vieron en él una útil herramienta de análisis se centraron en los ejemplos de Italia y Alemania. Esto no se debió en general a que encontraran en Trump una versión actualizada de Mussolini o Hitler, sino a que las comparaciones con los años de entreguerras sacaron a la luz vulnerabilidades claves en la sociedad estadounidense contemporánea. La economista Raphaële Chappe y el sociólogo Ajay Singh Chaudhary vincularon la economía estadounidense con el sistema monopólico y oligárquico del Tercer Reich. Argumentaron que el éxito de Trump, como antes el de Hitler, fue posible gracias a la desintegración de los mecanismos regulatorios y al reemplazo de las instituciones estatales en funcionamiento por una alianza corrupta entre líderes empresariales y burócratas estatales. En Strongmen: Mussolini to the Present [traducido como Hombres fuertes: de Mussolini a Trump] (2020), la historiadora Ruth Ben-Ghiat comparó el repertorio de manifestaciones multitudinarias, masculinidad inflada y ataques a la prensa del líder fascista italiano con los de Trump, revelando cuán desgastados están en nuestros tiempos los lazos cívicos y la confianza en la autoridad. Quizás el esfuerzo más original en la utilización de la década de 1930 para explicar la presencia hipnótica de Trump lo haya hecho el historiador Peter Gordon, quien afirmó que Trump cumplía una función que Theodor Adorno atribuía a Mussolini y Hitler: proporcionar a las masas una fantasía de transgresión (mediante una retórica violenta y un espectáculo sin pausa), al tiempo que mantiene las jerarquías opresivas de la sociedad capitalista-burguesa.

Vincular la derecha radical estadounidense de la actualidad con el momento histórico más oscuro de Europa resultó controvertido. Trump y sus compinches compartían algunas similitudes con los fascistas, afirmaban varios analistas, pero no eran más profundas que su superposición ideológica con los monárquicos; finalmente, las diferencias eran mucho más importantes. Victoria de Grazia, entre los principales historiadores del fascismo italiano, señaló una profunda divergencia: mientras que el fascismo de entreguerras nació en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y siempre se definió como un proyecto de movilización imperial, la derecha estadounidense estaba liderada por un desertor del servicio militar que pedía reducir los interminables conflictos militares del país. El historiador Helmut Walser Smith insistió de manera similar en TheWashington Post en que la violencia tiene una función totalmente diferente para los nacionalistas en el pasado y en el presente. Los nazis utilizaron la violencia de la turba y la policía secreta para aplastar rápidamente todo el sistema político y legal de Alemania, mientras que el gobierno de Trump, a pesar de las exageradas amenazas del presidente, dejó en pie las instituciones del país. Y su crueldad hacia los inmigrantes, las minorías sexuales y otros grupos no fue radicalmente diferente de la de sus predecesores. Otros agregaron que las analogías ocultan a los grupos sociales característicos de los que se nutrían los fascistas y el Partido Republicano. Los agentes más entusiastas del fascismo fueron los jóvenes empobrecidos, las principales víctimas de la economía moderna, mientras que la columna vertebral de la derecha contemporánea son los propietarios de cierta edad, que están tratando de proteger sus privilegios. Como señaló la politóloga Sheri Berman al referirse a Vox, las turbulencias sociales no son todas iguales, y lo que debilitó a las democracias en los años de entreguerras no fue lo que las erosionó en estos años.

A pesar de su intensidad, la característica más llamativa del debate era la superposición conceptual y retórica entre las dos partes. El filósofo Alberto Toscano, por ejemplo, insistió en el valor del término al señalar que los pensadores afroestadounidenses etiquetan históricamente de fascista el racista sistema carcelario de su país. Cuando Angela Davis acusó a Estados Unidos de ser fascista, explicó Toscano, esclareció correctamente lo superficial que era la noción del genio democrático de Estados Unidos. Peter Gordon, en una vehemente defensa de la analogía fascista, insistió de manera similar en que quienes se oponían a ella «solo han invertido la idea del excepcionalismo estadounidense». Su rechazo a ver similitudes entre el país y los regímenes contra los que alguna vez luchó fue «un truco útil» que absolvió a Estados Unidos de sus constantes injusticias. Sin embargo, aquellos que eran escépticos con respecto al valor de la etiqueta actúan con la misma lógica. Advertían que etiquetar a Trump como fascista era similar a culpar de su victoria a los robots de internet rusos: lo pintaba como una imposición o aberración extranjera, desviando la atención de sus profundas raíces estadounidenses. Este fue el principal reclamo presentado por el historiador Samuel Moyn, quien lamentaba que «anormalizar a Trump oculta que es estadounidense por antonomasia, la expresión de síndromes perdurables y autóctonos». Esto distrajo a los estadounidenses de explorar «cómo construimos a Trump a lo largo de décadas» y cómo su ascenso estuvo condicionado por la «larga historia de asesinatos, sometimiento y terror» del país, más recientemente en forma de encarcelamiento masivo e interminables guerras en el extranjero.

Lo mismo ocurrió con las advertencias contra la autocomplacencia. Stanley atribuyó a la etiqueta «fascista» un poder movilizador único. Como lo expresó en un artículo en coautoría con otros dos historiadores en The New Republic, si los partidarios de la democracia reconocen la «posibilidad de que estemos en presencia de un régimen fascista en ciernes», es más probable que abandonen su inacción e indaguen en las causas de la debilidad de la democracia. Gordon adoptó un tono más agudo y fustigó la negativa a llamar fascista a Trump al considerar que evidenciaba un desinterés elitista por el destino de la democracia. Fue «un juego de privilegio», se burló, «los que quemarían toda la casa no son los que sentirán las llamas». Los escépticos respondieron que era la propia etiqueta fascista la que favorecía el letargo acrítico. Era políticamente inútil, como sugirió el historiador David Bell, ya que, para la mayoría de los votantes, sonaba como una hipérbole histérica que socavaba el mensaje de quienes la usaban. También hizo que pareciera que derrotar a Trump era suficiente, en lugar de reconocer las políticas que hicieron a Trump y de las que fueron responsables tanto los conservadores como los liberales. Moyn remarcó que las comparaciones con Hitler implicaban que la crueldad y la violencia de Estados Unidos antes del ascenso de Trump eran «de alguna manera menos dignas de alarma y oprobio».

Las posturas de los comentaristas en este debate no se correspondían con una división política entre centro e izquierda; en ambos bandos se encontraban escritores de diferentes tendencias políticas. A pesar de la advertencia de Moyn de que la función principal de la etiqueta fascista era reafirmar el centrismo y reprimir alternativas más progresistas (culpando a sus partidarios de sabotear la tarea inmediata de derrotar a Trump), la realidad era mucho más complicada. Algunos de los defensores más vehementes de la analogía fascista, como Stanley, incluían súplicas a favor de reformas progresistas audaces, desde el fortalecimiento de los sindicatos y el fin del encarcelamiento masivo hasta la lucha contra el militarismo, mientras que comentaristas más centristas, como Jan-Werner Müller, rechazaban el epíteto. Y casi todos estaban de acuerdo en que superar el desagradable desafío de la derecha requeriría reformas ambiciosas para abordar las crecientes desigualdades que atraviesan las divisiones de género, económicas, raciales y religiosas.

Si quienes se oponían a Trump tenían tanto en común, ¿por qué una discusión tan persistente?

Los defensores de la analogía «cesarista» en las décadas de entreguerras argumentaron que daba claridad al análisis. Pero también insistieron en su valor polémico. Al invocar el fantasma del tirano romano (en ese momento, un punto de referencia fundacional en la imaginación política del Atlántico Norte), esperaban fomentar el malestar y desatar la ira. Como la mayoría de las obras del género polémico, su propósito no era abrir los ojos de los partidarios de la autocracia a su supuesta locura, sino enfurecer a los ya persuadidos y profundizar las líneas de falla existentes. Irónicamente, esta fue también una de las causas del declive final del término «cesarismo»: después de las atrocidades masivas del siglo XX, las polémicas evocaciones a Stalin y Hitler tenían un atractivo más visceral que las referencias a Julio César.

Los escritores polémicos de los últimos dos siglos a menudo lanzaron ataques contra nuevos movimientos, ideologías o regímenes utilizando precedentes históricos familiares. Los católicos del siglo XIX, por ejemplo, fustigaron la difusión de nuevas ideas e instituciones liberales, a menudo caracterizadas como el renacimiento de la Reforma Protestante. En El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1887), uno de los ensayos polémicos más populares y traducidos de la época, Jaime Balmes sostiene que el ataque de Lutero al papel mediador de la Iglesia demolió el respeto de los europeos por la autoridad, lo que llevó directamente a la Revolución Francesa y a todos los trastornos políticos posteriores. Un siglo más tarde, cuando los escritores liberales comenzaron su campaña contra el comunismo, a menudo lo comparaban con el catolicismo, que durante mucho tiempo había sido su enemigo: decían que no era únicamente un sistema económico alternativo, sino un sistema de valores que lo abarcaba todo y que requería una sumisión total, no solo del cuerpo sino también de la mente. Como dijo Arthur M. Schlesinger en El centro vital en 1949, ambos sistemas hacen que sus seguidores sean «tan dependientes emocionalmente de la disciplina» que carecen de capacidad para pensar de manera independiente.

El fascismo también formó parte de la polémica movilizadora. Y aunque este hecho se mencionó pocas veces en los debates posteriores a 2016, uno de sus usos más importantes como analogía histórica no fue la campaña contra la extrema derecha, sino contra los musulmanes. En la primera década del siglo XXI, periodistas y pensadores advirtieron sobre el renacimiento del fascismo entre los grupos musulmanes radicales, un fenómeno que denominaron «islamofascismo». Christopher Hitchens, Norman Podhoretz y otros reflexionaron que los seguidores de Osama bin Laden encarnaban el fanatismo ciego de los nazis, la glorificación de la violencia, el odio al feminismo y la oposición a las «libertades occidentales». Estas afirmaciones hicieron florecer no solo consignas triviales sino también una producción académica considerable. Jeffrey Herf, un destacado historiador del pensamiento y la propaganda nazi, advirtió en The American Interest en 2009 que el antisemitismo y el odio a la Ilustración del «islam radical» lo convertían en una «variante de la política ideológica totalitaria». Para Herf, como para la mayoría de los que utilizaron el epíteto, la analogía histórica dejó en claro por qué Al Qaeda y organizaciones similares no deben ser entendidas como grupos marginales cuyo terrorismo era una expresión de debilidad. Más bien, eran una amenaza existencial para la democracia y, como tales, tuvieron que ser bombardeadas preventivamente hasta ser olvidadas.

Los defensores de la analogía fascista en los últimos años, se han basado así en una larga tradición. Esto no se debe a que compartan ninguna de las agendas políticas o intelectuales de sus predecesores (no lo hacen), sino a su fe común en el uso de la historia como herramienta de movilización. Y el fascismo, creían, capturaba nuestro presente con mucha más fuerza que el autoritarismo o el etnonacionalismo debido a su lugar único en la memoria histórica de nuestra sociedad. La mejor articulación de esta lógica apareció en Cómo funciona el fascismo, de Stanley, que finaliza con una declaración sobre el potencial del término para desbaratar la normalización del mal. Ya sea a través de sus acciones o de su apatía letárgica, los líderes nacionalistas han hecho de los tiroteos en masa, el encarcelamiento masivo o la persecución contra los inmigrantes un hecho recurrente de la vida y han tenido como objetivo adormecer a su oposición para que se someta. Reconocer estas políticas como parte del repertorio fascista podría recordarnos su naturaleza verdaderamente horrible. «La acusación de fascismo siempre parecerá extrema», señaló Stanley, pero esto se debe solo a que «cambian continuamente las reglas de juego para el uso legítimo de la terminología ‘extrema’».

A pesar de su popularidad, esta tradición retórica siempre ha encontrado a algunos escépticos. Incluso a quienes simpatizaban con la agenda de los polemistas a veces les preocupaba que el precio de una movilización exitosa pudiera alienar a los aliados políticos y distraer la atención del necesario autoexamen. En el siglo XIX, por ejemplo, el teólogo católico Ignaz von Döllinger amonestó a quienes, como Balmes, culpaban de los males del mundo al protestantismo acechante. Si los adversarios de la Iglesia vieran la luz y volvieran a su redil, proclamó en un importante discurso de 1871, «el limitado espíritu polémico debe dar paso a uno de compromiso y reconciliación», en el que los católicos destacaran sus similitudes con otros grupos. La misma lógica sustentaba el escepticismo del pensador suizo Emil Brunner sobre la retórica de algunos anticomunistas durante la Guerra Fría. Si bien no sentía mucha simpatía por el comunismo, advirtió que las denuncias combativas impedían un compromiso potencial, que era el único camino para salir de las persecuciones anticristianas. Y después de 2001, incluso algunos belicistas como el historiador conservador Niall Ferguson se quejaban de que la etiqueta de «islamofascista» era profundamente engañosa. La analogía con la Segunda Guerra Mundial, se mofaba, «se está utilizando de manera mendaz» para desestimar objeciones legítimas a la guerra contra el terrorismo como «conciliadoras» y tuvo un efecto infantilizador en el discurso público.

La actual vacilación de los escépticos, entonces, no es un sustituto de otros desacuerdos, sino una expresión de su juicio sobre la utilidad del término: dudan de que realmente fomente la movilización y la autorreflexión que prometen sus defensores. Un ejemplo revelador es la objeción de Moyn a la analogía. «Si dices que está cerca el fin del mundo», escribió, «o bien el mundo confirmará tristemente tus profecías o bien dirás que tu advertencia lo salvó». Pero más importante ha sido la impotencia política de la analogía. Puede haber logrado aportes financieros de donantes liberales, pero difícilmente consiguió el apoyo de la derecha o ayudó a construir nuevas coaliciones. «Lo que hemos aprendido», concluyó Moyn, «es que nuestras analogías políticas no funcionan como esperábamos». El teólogo Adam Kotsko adoptó una postura similar en la Bias Magazine (un órgano de la izquierda cristiana) cuando advirtió que hablar de fascismo era lo contrario a un examen de conciencia. Los demócratas, escribió, lo usaron para no asumir su propia responsabilidad por el desastre económico que hizo posible el ascenso de Trump.

Las elecciones son una herramienta imperfecta para medir el valor de la retórica política, y las de noviembre de 2020 no fueron la excepción. A años de advertencias constantes sobre una inminente tiranía les siguió la rara derrota de un presidente en funciones. Nadie sabe si ambos hechos estuvieron relacionados ni cómo: las encuestas a boca de urna no ofrecen el «miedo al fascismo» como opción para marcar las principales preocupaciones de los votantes. Además, los resultados fueron tan ambiguos que no se prestan a conclusiones claras. Los demócratas ganaron tanto la Casa Blanca como el Congreso con márgenes penosamente estrechos y no pudieron sosegar la sostenida radicalización del Partido Republicano. De este modo, los acontecimientos han hecho poco para resolver el debate sobre el fascismo. Algunos, como el periodista del New York Magazine Eric Levitz, afirmaron que el triunfo de Joe Biden reivindicaba a quienes usaban el epíteto. No solo ayudaron a convencer a CNN y otros medios de comunicación de que adoptaran una postura severa contra Trump (Stanley aparece frecuentemente opinando en los medios), sino que lo hicieron mientras presionaban a la izquierda del Partido Demócrata en cuestiones económicas. De manera análoga, los escépticos tampoco cambiaron de opinión. El politólogo Corey Robin dijo después de las elecciones que el magro resultado de Trump en comparación con otros republicanos lo exponía como débil e ineficaz, «casi todo lo contrario del fascismo».

Pero si hay una lección por aprender de las últimas elecciones, posiblemente sea que nombrar correctamente a nuestros oponentes más radicales no es la clave del triunfo político. Tanto durante como después de su campaña, Biden evitó persistentemente hablar de su adversario. Las raras ocasiones en que lo hizo, como cuando comentó que Trump era «una aberración» o «uno de los presidentes más racistas que hemos tenido», fueron las excepciones que confirmaron la regla; siguió enfocado en políticas específicas. De manera similar, la retórica de Biden no abundó en analogías históricas. A diferencia de su predecesor, cuyos lemas «Make America Great Again» y «America First» eran claras referencias a movimientos históricos nativistas y racistas, Biden apenas invocó el pasado. Su discurso inaugural es un ejemplo revelador: recorrió la Guerra Civil, la Gran Depresión, las dos guerras mundiales y el 11 de septiembre en media oración, mencionándolos como testimonios de la capacidad de recuperación de la nación antes de centrarse en los temas de la unidad y la reconciliación. Los comentaristas progresistas dedican poco tiempo a reflexionar sobre una retórica tan insulsa e insípida como parece ser. Quizás nombrar correctamente al enemigo no sea tan importante para la movilización de la izquierda como sugería el debate sobre el fascismo.

 

Publicamos este artículo como parte de un esfuerzo común entre Nueva Sociedad y Dissent para difundir el pensamiento progresista en América. Puede leerse la versión original en inglés aquí.Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Lunes, 06 Septiembre 2021 06:37

¿De qué lado estás?

Más de mil conserjes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se manifestaron la semana pasada en Los Ángeles, California, ante el inminente vencimiento de sus contratos. Denuncian no haber recibido ninguna compensación, pese a que han sido considerados trabajadores esenciales y han laborado haciendo limpieza en oficinas de biotecnología durante la pandemia del Covid-19. Foto Afp

Este lunes se festeja el Día del Trabajo en Estados Unidos, y no es accidental que este país no se suma al resto del mundo para celebrar a sus trabajadores en Primero de Mayo. Eso, a pesar de que el Primero de Mayo nació en Estados Unidos, en la lucha por la jornada laboral de ocho horas que tuvo su epicentro en Chicago en 1886. El presidente Grover Cleveland proclamó el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo, en 1894, para separarlo de la historia radical vinculada con el primero de mayo, movimiento encabezado por anarquistas, socialistas e inmigrantes radicales con ideas muy peligrosas.

Este fin de semana se acaba de marcar el centenario de la llamada Batalla de Blair Mountain, donde entre 7 mil y 10 mil mineros sindicalizados en West Virginia tomaron las armas para confrontar a las empresas que controlaban su vida en la región. Unos 2 mil oficiales y guardias privados armados por las empresas respondieron, y hasta bombardearon desde aviones al sindicato minero, y al final otras 2 mil tropas federales llegaron para ayudar a suprimir lo que se considera el levantamiento armado de trabajadores más grande en la historia de Estados Unidos. Esa y otras partes de la historia de la lucha obrera siguen en gran medida ausentes en la narrativa oficial y la conciencia colectiva de este país.

Las luchas por la dignidad, el derecho de asociación, la jornada de 8 horas, salario mínimo y más fueron realizadas por movimientos masivos alrededor de este país, muchos a través de acciones radicales, incluyendo huelgas y enfrentamientos violentos tanto con autoridades como con fuerzas represivas privadas, y sus logros tienen ecos hoy día en nuevos esfuerzos en defensa de los trabajadores, muchas, como siempre, encabezadas por inmigrantes.

El movimiento laboral elevó la tasa de sindicalización de 11 por ciento en 1933, a 29 por ciento en 1939; para 1953 se logró llegar al punto más alto de sindicalización con más de uno de cada tres trabajadores agremiados. Esas conquistas incluyeron vacaciones, seguros de salud, pensiones y otros beneficios. Pero tal vez el efecto más importante fue la reducción de la desigualdad económica que prevaleció hasta los años 70.

Pero hoy día, la tasa de sindicalización es de 10.8 por ciento y el país –gracias a cuatro décadas de neoliberalismo– tiene el nivel de desigualdad y concentración de riqueza más extremo desde poco antes de la Gran Depresión del 29. El salario mínimo federal de 1968 es 46 por ciento mayor al de 2021 en términos reales. Eso es resultado del ataque feroz contra los trabajadores, sus sindicatos y sus derechos, que empezó con el arranque de la era neoliberal en el gobierno de Ronald Reagan (quien declaró la guerra contra los sindicatos al despedir a 13 mil controladores aéreos en huelga).

Hoy día, la tasa de sindicalización en Estados Unidos está entre las más bajas de los países integrantes de la OCDE, incluso inferior a la de México. Más aún, Estados Unidos tiene menos derechos laborales legalmente protegidos que México (por ejemplo, aquí no hay reglamentos para defender a trabajadores no sindicalizados de ser despedidos, ni seguro de salud, vacaciones y otras prestaciones), y en los hechos no hay protección de los derechos a la libre asociación y a la negociación de contratos colectivos. Un 20 por ciento de los organizadores en esfuerzos de sindicalización son despedidos por las empresas –son miles cada año– mientras continúan represalias de todo tipo contra los que se atreven a promover los sindicatos en este país. Bajo la ley, millones de jornaleros agrarios, trabajadoras domésticas y otros no tienen derechos protegidos para sindicalizarse. La lucha por los derechos civiles en este país siempre ha sido entrelazada con una lucha por los derechos de los trabajadores.

Se ha hablado mucho de la reforma laboral en México y de la necesidad de asegurar su implementación y cumplimiento de sus normas y los derechos laborales, incluyendo monitores estadunidenses para ello. Pero es igual de urgente que México y otros países brinden apoyo para impulsar la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos a partir de este Día del Trabajo. La solidaridad es una calle de dos sentidos.

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Domingo, 05 Septiembre 2021 06:06

Afganistán: la tumba de los imperios

Afganistán: la tumba de los imperios

Estados Unidos no estuvo solo cuando invadió

El “eterno rebelde” (Afganistán) volvió a repetir la historia y a validar una de las definiciones que han acompañado su trayectoria y su relación con las potencias, occidentales o no: La Tumba de los imperios. El plural “imperios” cabe perfectamente para este momento de la actualidad donde Estados Unidos aparece como el único malo de la película cuando, en realidad, detrás del derrocamiento del régimen de los talibanes consecutivo a los ataques del 11 de septiembre, no fue una sola potencia colonial sino varias las que integraron la coalición internacional que participó en una excursión militar que acabó en una farsa trágica. El ejército francés permaneció 13 años en Afganistán (2001-2014) como parte de la Fuerza Internacional de asistencia y seguridad (ISAF) al mando de la OTAN, la Alianza Atlántica. La OTAN, precisamente, fue incapaz de gestionar razonablemente el retiro de las fuerzas ocupantes y de respetar su propio credo (« in together, out together ») así como evaluar los disparates del aparato de seguridad afgano que la OTAN quiso capacitar a partir de 2015 mediante el programa Resolute Support con un costo de miles de millones de dólares. Los generales de la Alianza Atlántica siguieron creyendo que la idea que presidió las intervenciones militares estadounidenses en Medio Oriente era la carta perfecta. Después del 11 de Septiembre de 2001, la administración de George W. Bush concibió el proyecto de rediseñar los Estados agrupados bajo el concepto de Gran Medio Oriente (Greater Middle East Initiative (GMEI), Mundo Árabe, Afganistán, Irán, Israel, Pakistán y Turquía principalmente) con una estrategia neoconservadora rescatada de los años 60: el Nation-building (Construcción de una nación).

Para Washington, se trataba de restaurar la estructura de Estados fallidos, importar la democracia y transformar la sociedad civil, incluso si era necesario recurrir a la fuerza como ocurrió en Afganistán (2001), Irak (2003) y Libia (2011). Con una alfombra de bombas, en Afganistán, Siria o Irak Estados Unidos y sus aliados buscaron instaurar ese “Nation-building” como si un país fuese una pasta blanda moldeable según los objetivos definidos en las capitales occidentales. En 2021, Afganistán se convirtió en el cementerio del Nation-building y en la tumba del imperio militar constituido por la OTAN y sus integrantes. La tragedia se revalida en este Siglo XXI con los mismos naufragios que azotó en el Siglo XX a la Unión Soviética. Después de 10 años de ocupación, el Ejército Rojo se retiró de Afganistán en 1989, el mismo año en que cayó el Muro de Berlín y se derrumbó el bloque de los países del Este (Pacto de Varsovia firmado en 1955 y liderado por la URSS). Moscú dejó como herencia un millón de muertos y un país enfrentado entre los mismos grupos que habían combatido la presencia soviética. A su vez, la injerencia de Washington en esa guerra de ocupación alimentó el nacimiento del islamismo radical y el surgimiento y asentamiento posterior de los talibanes como fuerza interior contra el ocupante soviético.

Ya había, en el Siglo XIX, un precedente tan funesto como el de la invasión soviética. Las rivalidades en torno a la influencia regional entre Gran Bretaña y la Rusia de los zares animaron a los ingleses a intervenir en Afganistán tres veces: en la primera guerra anglo-afgana (1839-1841), en la segunda (1878-1880), y en la tercera (3 de mayo al tres de agosto de 1919). En la primera, Gran Bretaña pretendió sacar del poder al rey Dost Mohammed, sospechoso de colusión con Persia y con la Corona de San Petesburgo. En su lugar pusieron a una marioneta corrupta, el ex rey Shah Shuja Durrani. El monarca resultó tan impopular e ineficaz como los sucesivos gobiernos que los occidentales respaldaron en Kabul a partir de 2001 (Hamid Karzaï, 2001-2014, Ashraf Ghani, 2014-agosto de 2021). Apenas duró dos años. Los británicos emprendieron la retirada de Kabul en 1841 y allí sufrieron una de las peores derrotas militares de su historia: 4.500 soldados (tropas de la India al mano de oficiales ingleses) murieron durante los combates con las tribus patchunes. Las otras dos ocupaciones fueron motivadas por la misma estrategia: la ocupación territorial y la imposición por la fuerza de un modelo y de un lacayo del imperio. Recién, al cabo de la tercera guerra anglo-afgana, entendieron que la ocupación militar era sinónimo de fracaso. En 1919 firmaron con el rey Amanullah el tratado de Rawalpindi mediante el cual se reconoció la independencia de Afganistán y se puso fin al protectorado. Gran Bretaña dejó en el Afganistán de entonces las mismas calamidades que los soviéticos en el Siglo XX y la OTAN en el Siglo XXI.

Ni los británicos, ni los soviéticos, ni Estados Unidos y la OTAN entendieron jamás la esencia, la particularidad y la singularidad geopolítica de un país cuya complejidad y temeridad combativa le han valido el apodo de “la tumba de los imperios”. Sus vecinos le pusieron otro apodo: “el reino de la insolencia”. Occidente se permitió la insolencia de una nueva invasión con el libreto del Nation-building en cada fusil. Ni siquiera la experiencia de los aliados británicos les sirvió de guía. Importaron modelos exóticos que chocaron con las costumbres tribales, hicieron caso omiso de la historia y a golpe de millones de dólares pusieron en el trono de Kabul a falsos demócratas que se guardaron la plata en bancos de Occidente. El único modelo que prosperó con la invasión de 2001 es el de las burguesías corruptas. Ya lo escribió Marx retomando una idea de Hegel: “la historia se repite dos veces: la primera como una tragedia, la segunda como una farsa”.

04/09/2021

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Viernes, 03 Septiembre 2021 08:18

Orwell, Kafka, Afganistán

Orwell, Kafka, Afganistán

El otro día –tras un buen rato de no seguir la prensa ni medios de allá– estaba mirando cómo los valientes soldados polacos instalaban en la frontera con Bielorrusia “en tiempo récord” 6 kilómetros de valla de alambre de cuchillas. Tres capas. Dos metros y medio de altura. El previamente instalado muro de 150 kilómetros de puro alambre de púas resultó supuestamente “demasiado débil”. ¿El propósito? Según el gobierno, “proteger a Polonia de la migración” y “de los terroristas de Irak y de Afganistán” (bit.ly/38A7ljn). O sea, refugiados civiles, buena parte mujeres y niños que huyen de sus países, reventados por las guerras neoimperiales.

El ministro de Defensa se congratulaba –y ensalzaba a sus tropas– como si hubiéramos (ahora sí) parado una blitzkrieg nazi o mandado de vuelta a la casa, con la cola entre las piernas, al ejército de Stalin.

¿Cuántos materiales televisivos recordaban que éramos los primeros en sumarse a la invasión de Irak (2003) –incluso a cargo de una de las zonas de ocupación allí– librada con base en mentiras orwellianas: armas de destrucción masiva (WMD), complicidad con Saddam en el 9/11, etcétera, unas, que le causarían envidia al propio Goebbels y harían parecer a Molotov un nene de pecho?

¿Cuántos reportajes, sin importar si era la tele estatal, llena de propaganda y medias verdades como en tiempos comunistas, o la privada de los “luchadores por la libertad (y el libre mercado)”, mencionaban, en conexión con la reciente debacle (bit.ly/3yyiiwv), que éramos igualmente los primeros a mandar las tropas a Afganistán (2001) a pedido de nuestro “compadre”, Bush Jr?

Pues... ninguno (de los que alcancé a ver).

Ningún link entre nuestra complicidad en reventar aquellos países y la “amenaza ante portas”, como si la imagen de los mismos soldados, ahora en la frontera con Bielorrusia, pero antes en las calles de Bagdad y Kabul, no fuese capaz de agitarle la memoria a nadie.

Tampoco ninguna reflexión acerca de las lecciones de la crisis de los refugiados (2015) desencadenada por otra guerra, en Siria –a esta, milagrosamente, ya nos negamos a ir–, pero en la cual Polonia, aún bajo otro gobierno (neo)liberal, estaba en la primera fila de crueldad y xenofobia que caracterizaron la respuesta de la Unión Europea (UE).

Ahora que un grupo de 32 refugiados está atrapado en una “tierra de nadie”entre Polonia y Bielorrusia –con otros muchos en la zona– “en una bizarra confrontación kafkiana entre ambos países” (bit.ly/3DqslHE), como reportó The Guardian: yo ya tuve que apagar la tele polaca..., en la cual Varsovia y Bruselas acusan a Lukashenko de “librarles una guerra híbrida” y “vengarse por las sanciones” queriendo “desestabilizar a la UE”, tampoco a nadie se le despertó la conciencia.

La noción de lo kafkiano fue acuñada en los 30 por Malcolm Lowry para denotar –tal como la entendemos generalmente– una “pesadilla burocrática” o situación que oscila desde lo absurdo al ridículo (véase: Michael Löwy, Franz Kafka, soñador insumiso, Taurus, México 2007, pp. 131-135). La palabra empezó a vivir su propia vida, hasta el punto que su (sobre)uso, hizo que se “erosionara” y empezara a perder el sentido (bit.ly/3DxOiVu); lo mismo pasó de hecho con el adjetivo “orwelliano” vaciado hasta cierto punto del sentido (bit.ly/3kDF699), que apunta tanto a la destrucción del pensamiento independiente, decepción, como a la propia “erosión del lenguaje” y que –dadas las tendencias autoritarias y/o posfascistas del actual gobierno polaco de extrema derecha–, quizás sería igualmente apropiado.

En fin.

Yo digo que si un grupo de 32 personas, independientemente de dónde venga y a dónde va, es capaz de –juzgando por la reacción de Varsovia y Bruselas–, “desestabilizar a la UE”, pues bueno, ya... El último apaga la luz.

Además, si hay alguien que ha estado desestabilizando por años y trabajando duro para reventar (desde dentro) la UE son los reaccionarios polacos en el poder – with a little help of Orbán– ignorando resoluciones de la Comisión Europea, atacando cortes, medios, buleando a mujeres, minorías y arrasando –muy en el espíritu de 1984– con la disidencia y todo lo que se oponía a su “sincronización”( gleichschaltung) católica y nacionalista (perdón por andar fifí, pero la inserción de bloques religiosos hasta en un canal de radio pública de música clásica fue la gota por la cual ya dije “basta” con los medios de allá...).

Son ellos más bien que por el bien de Europa –por si hay algo digno de salvar de ella... ¡sí, me acuerdo de usted, Zygmunt Bauman!– deberían ser acorralados por un alambre de cuchillas. Arrestados y expulsados.

Lo que pasa en la frontera polaco-bielorrusa no es kafkiano. Es vergonzoso e inhumano. O bueno, que sea kafkiano: al final el gran George Steiner también apuntaba a esta faceta de “inhumanidad” en su lectura de El proceso (Löwy, p. 131).

El mismo chantaje, “de abrir la llave con los refugiados”, Erdogan le está haciendo desde hace años a la UE. Pero como Turquía es miembro de la OTAN, pues bueno... Todo en familia. Lukashenko, verdaderamente despreciable, como enemigo, es perfecto. Y como los europeos, no sólo los gringos, acabaron de salir volando de Afganistán con la cola entre las piernas –junto con las últimas tropas polacas recibidas en estas semanas como “héroes” por aquel mismísimo ministro de Defensa (bit.ly/3jxrfC0)–, siempre se ocupan nuevos.

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Fuentes: APIB [Imagen: Acción de los pueblos indígenas en la plaza de los Três Poderes el martes 25, en apoyo a la Corte Suprema y en contra del "marco temporal". Créditos: APIB]

El día en que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retomó el juicio que podría definir el futuro de los pueblos indígenas de Brasil, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) publicó una carta en la que lanza al mundo con 10 mensajes claros y contundentes.

Este jueves 26 de agosto, el STF reanuda la sentencia del caso Xokleng, que debate la tesis del «marco temporal», una demanda que argumenta que los pueblos indígenas solo pueden reclamar tierras donde ya estaban el 5 de octubre de 1988 (año en que fue promulgada la Constitución Federal vigente). Lo que está en manos de los 11 ministros y ministras de la Corte Suprema es el futuro de la demarcación de tierras indígenas en Brasil.

Para reforzar la importancia de este juicio y mostrar cómo los pueblos indígenas se relacionan con sus tierras, la Apib ha elaborado esta lista con 10 mensajes de los pueblos indígenas de Brasil para todo el mundo:

1) La historia de los pueblos indígenas en Brasil no comienza en 1500, ni en 1988.

Los pueblos originarios llegaron a esta tierra incluso antes de que se inventara esta noción de tiempo. Somos herederos de los primeros pies que pisaron esta tierra, y nuestro tiempo no puede ser medido ni determinado por relojes y calendarios que pretendan ignorar nuestra trayectoria ancestral.

2) Nuestras tierras son nuestras vidas, no una fuente de ganancias.

A diferencia de la forma en que los terratenientes, ocupantes ilegales y explotadores tratan con la tierra que usurparon y destruyeron, los pueblos indígenas tenemos una relación profunda, espiritual y ancestral con nuestra tierra. Sin tierra no hay vida para nosotros. No exploramos nuestro territorio con fines de lucro, sino para alimentarnos, sostener nuestra cultura y preservar nuestras tradiciones y espiritualidad.

3) Cuidamos los bosques y esto es bueno para todo el mundo.

Los pueblos indígenas han sido reconocidos en más de una ocasión como los mejores guardianes de los bosques. Nuestros territorios se conservan. Donde hay tierra indígena, el bosque permanece en pie, el agua pura, la fauna viva. Y esto beneficia a todo el mundo, especialmente cuando las crisis climáticas y ambientales amenazan la supervivencia de la humanidad.

4) Nuestra diversidad y nuestra ancestralidad nos unen

Los enemigos de los pueblos indígenas intentan a toda costa construir rupturas y oposiciones artificiales entre nosotros. Sin embargo, no saben que nuestra ancestralidad es más fuerte y más potente que cualquier división que puedan intentar imponernos.

5) La mayor parte de la tierra está en manos de los propietarios, ¡y la están destruyendo!

El argumento de que hay «demasiada tierra para pocos indios» ha demostrado ser falaz más de una vez. De hecho, la mayor parte de la tierra en Brasil ya está dedicada a la agricultura. Una pequeña parte son tierras indígenas, ¡pero las que han sido registradas están bien conservadas!

6) Nuestra lucha es también por el futuro de la humanidad.

Los pueblos indígenas tenemos una cultura de alteridad y acogida. Nuestra lucha por nuestras tierras también es por la preservación del medio ambiente. Somos plenamente conscientes de nuestro papel como protectores de los bosques y la biodiversidad y estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento por el bien de todos.

7) Los indígenas hemos estado luchando por nuestras vidas durante 521 años, y esto es señal de que algo anda muy mal.

Desde que nuestras tierras fueron invadidas, hemos tenido que luchar a diario para sobrevivir: contra enfermedades traídas de afuera, como la COVID-19, que mató a más de 1.100 familiares, contra el genocidio, contra los ataques. Incluso hoy tenemos que luchar por nuestras vidas, y eso significa que para muchas personas nuestras vidas no importan. ¡Esto debe terminar de inmediato!

8) ¡Tenemos un proyecto de mundo y queremos ser escuchados!

Hemos acumulado tecnologías de producción milenarias y esto nos da condiciones para pensar en un proyecto de sociedad sin desigualdades, basado en el buen vivir, el cuidado de la tierra y la libre convivencia entre los pueblos. Nuestro proyecto garantiza alimentos sin veneno, produce sin devastar. ¡Y el mundo necesita un proyecto como este para salvarnos de la destrucción!

9) Estamos aquí y aquí nos quedaremos.

Sobrevivimos al ataque colonial, sobrevivimos al genocidio, sobrevivimos a las enfermedades. Nuestra gente es resiliente e incluso en las peores condiciones supimos cómo protegernos y mantenernos con vida. Seguiremos vivos y lucharemos por nuestros derechos, y esperamos que cada vez más el mundo comprenda que nuestras vidas importan y que los pueblos indígenas quieren y necesitan y exigen una vida plena y pacífica.

10) ¡Brasil es una tierra indígena! ¡La Madre de Brasil es indígena!

Durante 521 años han estado tratando de borrar la ancestralidad indígena de esta tierra que llamaron Brasil. Pisamos este terreno antes que los demás. Cuidamos este suelo, damos forma a estos bosques, adoramos la ancestralidad milenaria de este territorio. ¡Y no importa cuánto intenten esconderse, nunca lo lograrán, porque somos muchos, somos fuertes y estamos orgullosos de nuestra historia!

 

Por Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) | 02/09/2021Traducción: Brasil de Fato.

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