Volkswagen, acusada en Brasil de esclavizar a miles de campesinos en la dictadura

Una denuncia por violaciones a los derechos humanos contra la automotriz alemana

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional.

La automotriz alemana Volkswagen (VW) adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación de la dictadura militar para diversificar sus operaciones comerciales en Brasil entre 1970 y 1980 con el objetivo de desarrollar la ganadería, para lo cual ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos a la esclavitud, denunció este martes la fiscalía.

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional alemana durante la dictadura de Brasil (1964-1985).

El caso, que había sido denunciado por la prensa alemana, se da en el marco de acuerdos de reparación histórica que la automotriz alemana está realizando en Brasil.

La empresa ya hizo un acuerdo de unos 7 millones de dólares de indemnización porque la compañía colaboró con la dictadura para detener a cinco trabajadores que encabezaban reclamos salariales y reconoció haber cedido la unidad de Sao Bernardo do Campo, en el Gran San Pablo, para que se torturara a un trabajador.

Ahora, el Ministerio Público del Trabajo de Brasilia anunció una reunión el 14 de junio con directivos de VW para que la empresa ofrezca detalles de otro crimen cometido en la época por sus directivos: una suerte de campo de concentración en una hacienda del sur del estado de Pará, en la Amazonía brasileña.

"Concluimos que hay pruebas suficientes para caracterizar la responsabilidad de VW con las graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70 en Pará", dijo el fiscal García Rodrigues.

Las denuncias surgieron a partir de un trabajo hecho por la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica en 2019, que recogió relatos de los trabajadores sometidos a la esclavitud, tras lo cual la fiscalía de Brasilia creó un grupo de investigación sobre esta violación a los derechos humanos.

Durante la presidencia del dictador Emilio Garrastazú Médici, Brasil lanzó el plan nacional llamado "integrar para no entregar", que consistió en enviar a cientos de miles de miserables campesinos del sur y centro del país a la selva amazónica.

Con la construcción de la ruta transamazónica, el objetivo era deforestar y crear grandes campos para la cría de ganado a cambio de la entrega de títulos de propiedad.

La Comisión de la Verdad indicó que 8.000 indígenas de pueblos originarios fueron asesinados para abrir paso a la transamazónica y al agronegocio. Este es considerado el momento fundacional de la devastación amazónica a gran escala.

El caso de la hacienda de Volkswagen está vinculado a una misma oferta del régimen de facto para que la compañía lleve adelante proyectos agropecuarios en Brasil y ayude al programa nacional de integración del Gobierno de Médici.

En el interior del estado de Pará hay todavía hoy una ciudad llamada Medicilandia, en homenaje al dictador que llevó allí a los llamados "pioneros" de otras regiones del país con la obligación de eliminar selva y criar ganado.

"El trabajo que hacía la empresa era derribar la selva y preparar el campo para el ganado. Volkswagen contrataba capataces para reclutar trabajadores golondrina a los que les prometía excelentes condiciones de trabajo", dijo el fiscal.

Según éste, los trabajadores llegaban a la hacienda de esa región, que todavía no estaba dividida en municipios sino que eran tierras fiscales federales, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y salud.

"Tampoco había acceso a comida, agua fresca o un médico", dijo, y apuntó que sobrevivientes relataron cómo sus compañeros murieron por malaria.

En un comunicado enviado a la TV Globo, Volkswagen informó que "refuerza su compromiso de contribuir con las investigaciones involucrando derechos humanos de manera muy seria", aunque aclaró que no quiere comentar el asunto hasta conocer toda la acusación de la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, VW había montado también una suerte de ejército particular para evitar la fuga de los esclavizados.

La única forma de salir era pagando una deuda a la que la empresa obligaba a adquirir a los trabajadores. El trabajador debía endeudarse para adquirir alimento y ropa y nunca lograba pagar esa deuda, con lo cual estaba impedido de salir.

"Los trabajadores que son parte de la denuncia narran las diversas formas de violencia, con el Estado ausente, y que hubo trabajadores asesinados intentando huir y que fueron atados a árboles por día como forma de tortura ejemplificadora", dijo a la prensa el fiscal, que cuenta con el testimonio de 20 sobrevivientes.

García Rodrígues aclaró que el caso es motivo de una audiencia con VW para intentar llegar a un acuerdo pre-judicial para indemnizar a las víctimas.

En Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 sancionada por el entonces dictador Joao Baptista FIgueiredo permitió la apertura política y sindical, pero también evitó la apertura de procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad.

Es por ello que Brasil nunca juzgó a los represores, uno de los cuales es considerado un héroe nacional por el presidente Jair Bolsonaro, el coronel Carlos Eduardo Brilhante Ustra, jefe de los torturadores del régimen de facto.

El caso salió a la luz por primera vez en Alemania en 2017, con un libro del historiador Antoine Acker llamado Volkswagen en la Amazonía: La tragedia del desarrollo global en el Brasil moderno.

En el libro se aborda la responsabilidad de los directivos alemanes de la automotriz en Brasil para crear una suerte de "ganadería del futuro" colaborando con la colonización y devastación amazónica impulsada por el dictador Médici.

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Lunes, 31 Enero 2022 07:48

2022, en catalejo

2022, en catalejo

Sin otra novedad que la tendencia a la agudización del conflicto que enfrenta a las grandes potencias, inclinadas hacia una colusión directa, las tendencias políticas, económicas, sociales, militares, en el orden nacional e internacional al comienzo del 2022, son continuidad de las dominantes al cierre del 2021. Difícilmente podría ser de otra manera, pues el cambio de calenda es algo que no corresponde a la geopolítica global y sí a fenómenos astronómicos, en este caso la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Las más relevantes de esas tendencias corresponden, para el caso nacional, a la agenda electoral que marca el primer semestre del año. Por primera vez en la historia del país este queda dibujado en tres alianzas, clara imagen de la sociedad que somos, dejando a un lado la típica y facilista confrontación reducida a dos, ricos y pobres, explotadores y explotados, opresores y oprimidos, derecha–izquierda, lo que permite visualizar la complejidad de nuestro tejido social, a la par de lo dinámica que es la política.

Estamos en un escenario electoral que por primera vez, también, marca un giro en la posibilidad del voto, lo que despierta una peligrosa sensación triunfalista en una de las alianzas, que –de no ser ratificada en las urnas– puede llevar a una debacle anímica en amplios sectores progresistas de la sociedad. “Nada peor que un guayabo electoral”, dijo hace años un dirigente de uno de los partidos tradicionales. Prepararse para ese escenario, con total conciencia, es parte de la responsabilidad que le cabe a la dirigencia de izquierda que hace parte de esa alianza.

A la par, se presenta la dinámica que lleva la economía, el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, los signos inflacionarios con sus variados impactos, el mayor empobrecimiento de millones de familias, la constante de la concentración de la riqueza y, para protegerla, junto con el poder, el autoritarismo y sus manifestaciones de constante violencia en contra de los liderazgos sociales, que se acentuará en la medida que se acerque la hora del sufragio.

De manera subterránea, aunque no tanto –y esto como una particularidad de la coyuntura electoral–, se realza el manejo direccionado de la política gubernamental para favorecer la continuidad en el poder de sus afines y, en contraparte, la resistencia de sus opuestos para menguar esa instrumentalización de dineros y otros recursos, manifiesto ello en las constantes denuncias de corrupción, favorecimiento de los ‘amigos’ a la hora de la contratación pública, y otros particulares.


Más allá

Fuera de nuestras fronteras persiste, en primera instancia en América Latina, la disputa entre continuidad y cambio, favorecida por la elección de gobiernos que se dicen no neoliberales aunque en la práctica poco logren romper con tal herencia. Extractivismo, direccionamiento de los movimientos sociales, endeudamiento creciente, alineamiento con Estados Unidos vs. China y Rusia, también son parte de esas constantes.


Las tensiones derivadas de allí despiertan denuncias de parte del bloque dominado por los Estados Unidos sobre la negación del modelo democrático liberal por parte de países salidos de su orbita, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. El autoritarismo manifiesto en estos países no es distinto del también reinante en países como Colombia, Chile, Honduras, con tendencia a ser dominante también en Ecuador, Guatemala y otros países de esta parte del mundo. Una disputa del régimen político que solo puede ser resuelta de manera favorable para las mayorías por parte de los sectores alternativos, con autonomía de cualquiera de los imperios y con la puesta en marcha de proyectos soberanos en todos los renglones de la economía y de la vida diaria.

En otras latitudes, la confrontación entre imperios no ceja. El control del Pacífico, en particular es uno de los signos de esa realidad; también Rusia vs. Estados Unidos y sus aliados, asociados en la Otan, en un afán por encerrar al país euro-asiático y así dificultar el crecimiento de su poderío regional y más allá del mismo. La perla de esta realidad, además de la disputa creciente alrededor de Ucrania, se extiende al asunto del gas y los obstáculos para que el país de Putin vea retrasado hasta el máximo posible la puesta en flujo del gasoducto Nord Stream 2. Una renegociación de este proyecto seguramente será el resultado de las tensiones que hoy se destacan.

Este inmenso proyecto, con efectos notables en el poder que Rusia pueda tener sobre Europa, en tanto sea el factor fundamental para abastecerla mucho más allá del 40 por ciento con que hoy la surte, en esta ocasión a través de Bielorrusia, Polonia, Ucrania y el Mar Negro, tiene luz propia. La confrontación entre imperios que afecta a esta región es clara y no es casual. Por ahora, la población europea, con notable impacto en España, por ejemplo, paga a través de las crecientes tarifas del gas los coletazos de esta realidad, además de los efectos de políticas privatizadoras de este sector de los servicios públicos.

El incremento de la militarización en el mundo, así como el armamentismo de colosal poder, junto con la colisión por el control del espacio estelar, son otras de las manifestaciones reinantes, con la conformación de polos de países que recuerdan la antesala de las grandes confrontaciones armadas que marcaron el siglo XX.

La constante de la cuarta revolución industrial, con sus manifestaciones en variedad de campos que han propiciado que distintas multinacionales concentren hoy más poder que muchos países, también es parte de la disputa interimperial. En verdad, esos inmensos conglomerados, a pesar del peso del capital privado, son caballos de Troya de cada una de las potencias que hoy chocan.

Sin dar tregua –mientras la ciencia todavía no logra diseñar un biológico que en verdad pueda llamarse vacuna–, el covid-19 sigue afectando la vida de miles de millones de seres humanos en todo el planeta. Validos de esa realidad, desde instancias multilaterales, desde multinacionales de la farmacia, así como desde la mayoría de los gobiernos de los países que integran Naciones Unidas, se ponen en práctica mecanismos de control social cada vez más autoritarios y violadores de los derechos humanos. Son todo ello una clara tendencia a excluir, aislar, criminalizar y sancionar de diferentes modos a quienes no se someten al modelo imperante para enfrentar el virus que domina por doquier, y con ella el avance hacia la sociedad del apartheid.

Aunque las evidencias invitan a replantear el modelo impuesto por doquier para superar el virus, se persiste en su imposición. Entrando al tercer año de pandemia, y tras dos, tres vacunas, y anunciando en algunos países la cuarta, los ritmos de contagio por cientos de miles no se detienen. Los vacunados, que se suponía que estaban inmunes, padecen nuevos contagios, y también contagian. A la par, otras formas de valorar la pandemia y de afrontarla son negadas, aisladas, sancionadas, desconocidas. En el filo queda el cuestionamiento a una ciencia que ahora no se rige por principios básicos, como ensayo y error, sino que se asume como verdad impuesta desde el poder del capital, ¡y punto! De manera desconcertante, cuanto menos cómoda e irresponsable, en sus tendencias más reconocidas la izquierda guarda silencio ante esta realidad o, para mayor sorpresa, la apoya fervientemente, siendo más cientificista que la propia derecha.

Como epílogo de lo resumido en este editorial, el factor determinante que alimenta la disputa cada vez más abierta entre imperios, así como demás elementos retomados aquí, tenemos la continuidad de una crisis sistémica que marca el final de un ciclo civilizatorio y el avance hacia otro. Es decir, todo lo que hasta ahora fue comprendido como “palabra sagrada” está en cuestión; todo tiene que revalidarse de cara a una realidad cada vez más cambiante. Y en ese escenario los sectores alternativos, desde hace varias décadas sin piso firme para sostenerse, otear el mundo y actuar, tienen la oportunidad de recuperar la legitimidad que por décadas los mantuvo como el referente fundamental en la lucha contra el capital, y así levantar, con eco efectivo, banderas en favor de las mayorías, y hacerlas realidad. No falta sino arrojar a un lado los salvavidas que se niega a desechar, atreverse a saltar en alta mar y nadar en medio del océano bravío.

 

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Sábado, 29 Enero 2022 14:55

2022, en catalejo

2022, en catalejo

Sin otra novedad que la tendencia a la agudización del conflicto que enfrenta a las grandes potencias, inclinadas hacia una colusión directa, las tendencias políticas, económicas, sociales, militares, en el orden nacional e internacional al comienzo del 2022, son continuidad de las dominantes al cierre del 2021. Difícilmente podría ser de otra manera, pues el cambio de calenda es algo que no corresponde a la geopolítica global y sí a fenómenos astronómicos, en este caso la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Las más relevantes de esas tendencias corresponden, para el caso nacional, a la agenda electoral que marca el primer semestre del año. Por primera vez en la historia del país este queda dibujado en tres alianzas, clara imagen de la sociedad que somos, dejando a un lado la típica y facilista confrontación reducida a dos, ricos y pobres, explotadores y explotados, opresores y oprimidos, derecha–izquierda, lo que permite visualizar la complejidad de nuestro tejido social, a la par de lo dinámica que es la política.

Estamos en un escenario electoral que por primera vez, también, marca un giro en la posibilidad del voto, lo que despierta una peligrosa sensación triunfalista en una de las alianzas, que –de no ser ratificada en las urnas– puede llevar a una debacle anímica en amplios sectores progresistas de la sociedad. “Nada peor que un guayabo electoral”, dijo hace años un dirigente de uno de los partidos tradicionales. Prepararse para ese escenario, con total conciencia, es parte de la responsabilidad que le cabe a la dirigencia de izquierda que hace parte de esa alianza.

A la par, se presenta la dinámica que lleva la economía, el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, los signos inflacionarios con sus variados impactos, el mayor empobrecimiento de millones de familias, la constante de la concentración de la riqueza y, para protegerla, junto con el poder, el autoritarismo y sus manifestaciones de constante violencia en contra de los liderazgos sociales, que se acentuará en la medida que se acerque la hora del sufragio.

De manera subterránea, aunque no tanto –y esto como una particularidad de la coyuntura electoral–, se realza el manejo direccionado de la política gubernamental para favorecer la continuidad en el poder de sus afines y, en contraparte, la resistencia de sus opuestos para menguar esa instrumentalización de dineros y otros recursos, manifiesto ello en las constantes denuncias de corrupción, favorecimiento de los ‘amigos’ a la hora de la contratación pública, y otros particulares.


Más allá

Fuera de nuestras fronteras persiste, en primera instancia en América Latina, la disputa entre continuidad y cambio, favorecida por la elección de gobiernos que se dicen no neoliberales aunque en la práctica poco logren romper con tal herencia. Extractivismo, direccionamiento de los movimientos sociales, endeudamiento creciente, alineamiento con Estados Unidos vs. China y Rusia, también son parte de esas constantes.


Las tensiones derivadas de allí despiertan denuncias de parte del bloque dominado por los Estados Unidos sobre la negación del modelo democrático liberal por parte de países salidos de su orbita, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. El autoritarismo manifiesto en estos países no es distinto del también reinante en países como Colombia, Chile, Honduras, con tendencia a ser dominante también en Ecuador, Guatemala y otros países de esta parte del mundo. Una disputa del régimen político que solo puede ser resuelta de manera favorable para las mayorías por parte de los sectores alternativos, con autonomía de cualquiera de los imperios y con la puesta en marcha de proyectos soberanos en todos los renglones de la economía y de la vida diaria.

En otras latitudes, la confrontación entre imperios no ceja. El control del Pacífico, en particular es uno de los signos de esa realidad; también Rusia vs. Estados Unidos y sus aliados, asociados en la Otan, en un afán por encerrar al país euro-asiático y así dificultar el crecimiento de su poderío regional y más allá del mismo. La perla de esta realidad, además de la disputa creciente alrededor de Ucrania, se extiende al asunto del gas y los obstáculos para que el país de Putin vea retrasado hasta el máximo posible la puesta en flujo del gasoducto Nord Stream 2. Una renegociación de este proyecto seguramente será el resultado de las tensiones que hoy se destacan.

Este inmenso proyecto, con efectos notables en el poder que Rusia pueda tener sobre Europa, en tanto sea el factor fundamental para abastecerla mucho más allá del 40 por ciento con que hoy la surte, en esta ocasión a través de Bielorrusia, Polonia, Ucrania y el Mar Negro, tiene luz propia. La confrontación entre imperios que afecta a esta región es clara y no es casual. Por ahora, la población europea, con notable impacto en España, por ejemplo, paga a través de las crecientes tarifas del gas los coletazos de esta realidad, además de los efectos de políticas privatizadoras de este sector de los servicios públicos.

El incremento de la militarización en el mundo, así como el armamentismo de colosal poder, junto con la colisión por el control del espacio estelar, son otras de las manifestaciones reinantes, con la conformación de polos de países que recuerdan la antesala de las grandes confrontaciones armadas que marcaron el siglo XX.

La constante de la cuarta revolución industrial, con sus manifestaciones en variedad de campos que han propiciado que distintas multinacionales concentren hoy más poder que muchos países, también es parte de la disputa interimperial. En verdad, esos inmensos conglomerados, a pesar del peso del capital privado, son caballos de Troya de cada una de las potencias que hoy chocan.

Sin dar tregua –mientras la ciencia todavía no logra diseñar un biológico que en verdad pueda llamarse vacuna–, el covid-19 sigue afectando la vida de miles de millones de seres humanos en todo el planeta. Validos de esa realidad, desde instancias multilaterales, desde multinacionales de la farmacia, así como desde la mayoría de los gobiernos de los países que integran Naciones Unidas, se ponen en práctica mecanismos de control social cada vez más autoritarios y violadores de los derechos humanos. Son todo ello una clara tendencia a excluir, aislar, criminalizar y sancionar de diferentes modos a quienes no se someten al modelo imperante para enfrentar el virus que domina por doquier, y con ella el avance hacia la sociedad del apartheid.

Aunque las evidencias invitan a replantear el modelo impuesto por doquier para superar el virus, se persiste en su imposición. Entrando al tercer año de pandemia, y tras dos, tres vacunas, y anunciando en algunos países la cuarta, los ritmos de contagio por cientos de miles no se detienen. Los vacunados, que se suponía que estaban inmunes, padecen nuevos contagios, y también contagian. A la par, otras formas de valorar la pandemia y de afrontarla son negadas, aisladas, sancionadas, desconocidas. En el filo queda el cuestionamiento a una ciencia que ahora no se rige por principios básicos, como ensayo y error, sino que se asume como verdad impuesta desde el poder del capital, ¡y punto! De manera desconcertante, cuanto menos cómoda e irresponsable, en sus tendencias más reconocidas la izquierda guarda silencio ante esta realidad o, para mayor sorpresa, la apoya fervientemente, siendo más cientificista que la propia derecha.

Como epílogo de lo resumido en este editorial, el factor determinante que alimenta la disputa cada vez más abierta entre imperios, así como demás elementos retomados aquí, tenemos la continuidad de una crisis sistémica que marca el final de un ciclo civilizatorio y el avance hacia otro. Es decir, todo lo que hasta ahora fue comprendido como “palabra sagrada” está en cuestión; todo tiene que revalidarse de cara a una realidad cada vez más cambiante. Y en ese escenario los sectores alternativos, desde hace varias décadas sin piso firme para sostenerse, otear el mundo y actuar, tienen la oportunidad de recuperar la legitimidad que por décadas los mantuvo como el referente fundamental en la lucha contra el capital, y así levantar, con eco efectivo, banderas en favor de las mayorías, y hacerlas realidad. No falta sino arrojar a un lado los salvavidas que se niega a desechar, atreverse a saltar en alta mar y nadar en medio del océano bravío.

 

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Publicado enEdición Nº287
Los manifestantes se enfrentan los agentes del orden durante una protesta provocada por el aumento del precio del combustible en Aktobe, Kazajistán, el 5 de enero de 2022. — Reuters

El país atraviesa la mayor crisis desde su independencia de la URSS. La gente cansada de una clase dirigente casi perpetua se ha alzado pidiendo mejoras sociales. El equilibrio de esta región clave entre Rusia y China entra en crisis.

El 2 de enero empezó una serie de protestas locales que en un tiempo récord han incendiado el país del Asia central. A medio camino entre China y Rusia, Kazajistán se ha distinguido por la estabilidad y bienestar que proporcionaba su régimen. Sin embargo, la falta de relevo en la dirección y la ausencia de una democracia abierta junto a la crisis económica global han hecho posible que sesenta años más tarde un bloque militar vuelva a intervenir en uno de sus miembros.

Kazajistán atraviesa la mayor crisis desde su independencia de la URSS. Una crisis que ha hecho que el gobierno kazajo haya pedido ayuda militar a sus aliados para poder controlar la situación dentro de su propio territorio. El país más estable y ejemplo de prosperidad de Asia central se ha incendiado con lo que parece ser una revolución de color. La gente cansada de una clase dirigente casi perpetua se ha alzado pidiendo ante todo mejoras sociales, aunque lo han hecho de manera vandálica y con una violencia extrema. Ello amenaza con cambiar el equilibrio de toda esta región rica en gas y petroleo, así como parte clave de la ruta que une China y Europa.

El 2 de enero en la región de Mangystau, en el oeste de Kazajistán empezaron unas protestas que rápidamente se propagaron por el resto del país. Empezaron tras el anuncio de que el gobierno kazajo subía el precio del gas licuado, combustible para coches, de 60 tengue (aproximadamente 0,12 euros) por litro a 120 tengue (0,24 euros). Une medida que el ejecutivo echo atrás rápidamente, incluso bajando el precio a 50 tengue por litro, pero la chispa del descontento ya había prendido. La crisis global provocada por el Covid-19 también afecta esta parte del planeta, con una importante subida de precios de productos básicos. Por todo ello las protestas se propagaron rápidamente a las principales ciudades kazajas.

Kazajistán es un país del Asia central que comparte frontera con Rusia en el norte y China en el este, así como con otras tres repúblicas post-soviéticas en el sur. Ocupa un territorio de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, más de cinco veces el tamaño de España. Tiene una población de 19 millones de habitantes, de los cuales unos 13 millones son kazajos, 3,5 millones son rusos y el resto diferentes minorías pertenecientes a las naciones vecinas.

No es un país pobre, sobre todo si se compara con el resto de su vecindario. Es la segunda economía de todo el espacio post-soviético con aproximadamente 158 mil millones de euros de PIB en 2021, solo por detrás de Rusia. El sueldo medio mensual ha superado los 500 euros en 2021. Su capital, Nursultán, es ejemplo de modernidad con sus edificios altos de nueva construcción, pero también es la clave para entender el descontento popular. Lleva el nombre del que fuera el presidente del país Nursultán Nazarbayev desde 1990 hasta 2019. Además toda su modernidad se ha hecho sin pensar en sus habitantes, es parte de una modernización llevada a cabo por un sistema autoritario sin repercutir en el bienestar real de amplios grupos de la población.

El partido en el poder, Nur Otan (Luz de la Patria) tiene como parte de su símbolo el Sol. Este partido domina el panorama político con varios partidos menores que le hacen de comparsas, casi como los planetas del sistema solar alrededor del astro rey. Tras el retiro de Nazarbayev, a quién se refería de manera poco disimulada el nombre del partido, Kasim Tokaev ocupó el cargo de presidente, pero el poder real en el país seguía en manos de Nazarbayev. Al menos hasta esta crisis.

Una de las primeras consecuencias de la crisis ha sido una reordenación de las élites. Tokaev ha sustituido al gobierno, eliminando las figuras afines a Nazarbayev. Al propio Nazarbaev se le ha quitado la presidencia del Consejo de Seguridad kazajo, y al sobrino de Nazarbaev lo han quitado del Comité de Seguridad Nacional, la heredera del KGB kazaja, donde era el número dos desde 2015. Todos estos movimientos por un lado pueden estar destinados a calmar a los protestantes, quienes han tirado estatuas de Nazarbaev y han gritado "¡viejo márchate!" durante las protestas. Sin embargo, por otro lado estas medidas pueden ser parte de una lucha interna en la que Tokaev se deshace ya de manera definitiva del patronato del anterior presidente para empezar a hacer una política propia, con unas élites nuevas.

Por su lado, las violentas protestas en unos días han dejado 18 policías muertos, una cifra indeterminada de manifestantes muertos, pero que según estimaciones sobre el terreno deben de contarse por decenas, más de mil heridos y más de dos mil detenidos. Los manifestantes de momento no tienen una agenda pública, no han presentado una lista definitiva de peticiones al gobierno, aunque sí dejan entrever que ante todo esperan mejoras sociales, mejor nivel de vida. Tampoco tienen líderes y la desconexión de internet practicada por las autoridades kazajas no les ha impedido coordinarse o ha frenado siquiera la protesta.

No se ha podido probar, al menos de momento, que detrás de las protestas esté alguna potencia extranjera, ya sea EEUU, China, Turquía o la propia Rusia. Es cierto que es Washington quien tiene mayor peso en este sentido, ya que son muchas las organizaciones estadounidenses como el NED, el IRI o la Open Society Foundation de Soros quienes operan en el país con un gasto anual de decenas de millones de dólares para trabajar con la sociedad civil kazaja. Pero ninguna de ellas se ha pronunciado a favor de los sucesos y tampoco lo ha hecho la diplomacia norteamericana.

Finalmente toda la situación que se ha originado ha derivado en la petición de ayuda por parte de Kazajistán a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar de la que es miembro junto a Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Los casi 3.770 efectivos ya están desplegándose en Kazajistán y habrá que ver cómo son recibidos por los manifestantes. Porque a pesar de que tanto Moscú como Nursultán los llamen "tropas de paz", es dudoso que sean recibidos como tales por los kazajos que han salido a las calles a pedir cambios.

Lo que parece claro es que de momento el Kazajistán estable y con una política internacional multivectorial en la que tenían cabida buenas relaciones con Rusia, China, EEUU o incluso Irán, va a cambiar. La presencia de tropas extranjeras y la crisis interna van a dejar una seria huella en este país rico en recursos naturales y en una posición estratégica entre China y Europa.

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Imagen ilustrativa. El Pentágono, Arlington, Virginia, EE.UU.Carlos Barria / Reuters

El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa 768.000 millones de dólares, lo que supera en 28.000 millones el presupuesto de 2021.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado este lunes la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que establece los gastos de Washington en defensa para el próximo año fiscal.

La ley fue aprobada este diciembre por el Senado con 89 votos a favor y 10 en contra, y por el Congreso, donde fue apoyada por 363 diputados frente a 70.

El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa, tanto del Pentágono como de otros departamentos —como el programa nuclear supervisado por el Departamento de Energía— 768.000 millones de dólares. Esta suma supera el mayor gasto militar anterior, que fueron los 740.000 millones aprobados para 2021 durante la presidencia de Donald Trump. En realidad, es incluso superior a los 752.900 millones que había solicitado el Pentágono.

La ley prevé un aumento del 2,7 % en los salarios de las tropas, así como más compras de aviones y barcos de las planeadas por el Departamento de Defensa. Asimismo, incluye considerables gastos relacionados con Rusia y China.

Por una parte se prevé la destinación de 4.000 millones de dólares a la Iniciativa Europea de Disuasión, ideada para contener las supuestas amenazas de Rusia en Europa, así como la concesión de 300 millones a los militares ucranianos y 150 millones a la cooperación militar en el Báltico.

En cuanto a contrarrestar a China, la Iniciativa Pacífica de Disuasión recibirá 7.100 millones de dólares. La ley también prohíbe al Pentágono usar productos supuestamente fabricados por mano de obra forzada en la región china de Xinjiang y reafirma el apoyo del Congreso a la defensa de Taiwán.

"La Ley brinda beneficios vitales y mejora el acceso a la justicia para el personal militar y sus familias, e incluye autoridades críticas para apoyar la defensa nacional de nuestro país", señaló Biden en un comunicado al respecto. Sin embargo, indicó que en varios aspectos no está satisfecho con la texto.

Críticas de Biden

En particular, el mandatario se quejó de que la ley no le permite cerrar el centro de detención de Guantánamo.

"Lamentablemente, […] sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros y […] prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos a menos que se cumplan determinadas condiciones", declaró el mandatario.

"En algunas circunstancias, estas disposiciones podrían dificultar el cumplimiento de la sentencia definitiva de un tribunal que ha ordenado la liberación de un detenido mediante un recurso de 'habeas corpus'", advirtió, pidiendo al Congreso que elimine estas restricciones "lo antes posible".

Entre las cláusulas criticadas por Biden está también la obligación de presentar a los diputados del Congreso informes sobre los equipos militares perdidos por EE.UU. durante su retirada de Afganistán. "Contendrán información clasificada, incluida información que podría revelar fuentes de inteligencia críticas o planes operativos militares", indicó el mandatario, afirmando que la Constitución le da suficiente poder para "evitar la divulgación de información tan sensible a fin de cumplir con su responsabilidad de proteger la seguridad nacional".

Asimismo, Biden se opone a varias otras disposiciones de la legislación, como la confirmación de los miembros del grupo de trabajo de la optimización de la logística y la quema de residuos al aire libre. Al mismo tiempo, reconoce que "no le corresponde solo al presidente determinar todo el contenido de la política exterior de la nación", pero asegura que no tratará las cláusulas al respecto como una limitación de su "discrecionalidad constitucional para articular los puntos de vista de los Estados Unidos ante organizaciones internacionales y Gobiernos extranjeros".

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Protestas contra el golpe de Estado en Sudán el lunes 25 de octubre de 2021. — MOHAMMED ABU OBAID / EFE

Hay más de 140 heridos. El Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS) denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo".

 

 Al menos siete personas han muerto y 140 han resultado heridas este lunes durante las manifestaciones en contra del golpe de Estado urdido por los militares en Sudán, según ha informado un agente del Ministerio de Sanidad del país a Reuters. El grupo de militares ha arrestado al primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, después de que este rechazara "apoyar el golpe" de Estado. Se desconoce el paradero del primer ministro.

Se pone fin al proceso de transición democrática que se inició tras la caída del dictador Omar al Bashir, en abril de 2019. "Se ha confirmado la muerte de un tercer mártir por disparos de las fuerzas del consejo militar golpista. Gloria eterna a los mártires y victoria a nuestro pueblo que resiste", ha informado el Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS), que informa que hay más de 80 heridos.

El CCDS también denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo y preparar sangre para los heridos". Organismos como la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe o la Unión Europea han condenado el golpe de Estado.

La Unión Europea ha condenado la detención del primer ministro. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que "las acciones de los militares representan una traición a la revolución, la transición y las legítimas solicitudes del pueblo sudanés de paz, justicia y desarrollo económico". Pide, además, a los militares que pongan "en libertad de inmediato a las personas que han detenido ilegalmente".

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que "Estados Unidos está profundamente alarmado por las informaciones sobre una toma de control militar del Gobierno de transición". "Rechazamos las acciones de los militares y pedimos la liberación inmediata del primer ministro y de los otros que han sido puestos bajo arresto domiciliario. Las acciones de hoy son completamente opuestas a la voluntad del pueblo sudanés y sus aspiraciones de paz, libertad y Justicia", añadió.

El Ministerio de Información ha denunciado que "las fuerzas militares están disparando con munición real contra los manifestantes que rechazan el golpe militar en Jartum", según recoge Europa Press. El Ministerio asegura que "decenas de miles" de personas han salido a las calles y han intentado llegar a la sede del Mando General del Ejército.

25/10/2021 17:51 Actualizado: 26/10/2021 10:22

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Miércoles, 18 Agosto 2021 05:38

La «trumpización» de Jair Bolsonaro

La «trumpización» de Jair Bolsonaro

Ante una posible derrota electoral, Bolsonaro está dirigiendo sus ataques al voto electrónico y denunciando futuros fraudes en 2022. Mientras aviva a sus seguidores, algunos imaginan la posibilidad de que se produzcan eventos similares a los de Estados Unidos durante el final del mandato de Trump. Aunque un asalto al Capitolio a la brasileña parezca poco probable, habrá que seguir de cerca a las fuerzas de seguridad, que constituyen hoy un pilar fundamental del gobierno bolsonarista.

Faltaban solo algunos días para las elecciones presidenciales estadounidenses y Jair Bolsonaro aseguraba que quería ser el primer gobernante del mundo en felicitar a Donald Trump por su triunfo. Hacía meses que el ocupante de la Casa Blanca venía sembrando las dudas sobre el proceso electoral y anticipaba que los demócratas pretendían quedarse con la elección mediante fraude. El desenlace fue la invasión al Capitolio, el pasado 6 de enero. En tanto, Bolsonaro fue el último presidente en «reconocer» públicamente a Joe Biden como el ganador de las elecciones. Ahora, a poco más de un año de las elecciones brasileñas, Bolsonaro recurre a la misma estrategia de sembrar dudas sobre el proceso electoral y anticipar la denuncia de fraude en 2022. «Si no hay elecciones limpias, no habrá elecciones», amenazó.

Se trata de una estrategia idéntica, a pesar de que sean sistemas completamente diferentes, ya que en Brasil la urna es 100% electrónica desde 2000, mientras que en Estados Unidos el voto es mediante papeleta y el problema de Trump era con los votos por correo con los que se habría consumado el fraude electoral. Pero, en definitiva, esa diferencia del sistema de votación no es importante para la derecha radical, ya que lo central es la deslegitimación del proceso en sí mismo. Tanto en el caso de Bolsonaro como en el de Trump, lo determinante es la línea de cuestionamiento a las instituciones, la apelación a supuestas conspiraciones y el estilo siempre provocador, propio de la alt-right que impregna ambos liderazgos, estilo que logra que se hable permanentemente de ellos. No obstante, y sobre todo en el caso de Bolsonaro, la estrategia resultó más efectiva a la hora de llegar a la presidencia –permitiéndole instalarse y mantenerse en el debate público– que para gestionar y construir poder una vez en el gobierno.

El caso de Trump es ilustrativo: para el consultor político Frank Luntz, al persistir en la denuncia de fraude en las presidenciales, los republicanos terminaron desincentivando la concurrencia a votar en las posteriores elecciones para senadores del estado de Georgia, elección que terminó alterando el equilibrio de poder dentro del Congreso en favor de los demócratas. O bien algo más de fondo: los estados del Cinturón de Óxido –el pujante polo industrial hasta comienzos de la década de 1980– que habían sido claves en la victoria de Trump en 2016, cuatro años después quedaron mayoritariamente en manos de los demócratas. De poco sirve encarnar el enojo y la desesperanza de los trabajadores de cuello azul si lo que se establece como política (el enfrentamiento comercial contra China) termina produciendo más daños en la propia producción.

Resulta evidente que Bolsonaro sigue la misma estrategia antidemocrática de Trump, pero también es innegable que, tanto entre sus liderazgos como entre sus países, hay diferencias importantes. Para empezar, el liderazgo de Jair Bolsonaro siempre fue más débil en términos de apoyo ciudadano que el de Trump, con índices de aprobación más bajos. El trumpismo tiene una fuerza mayor en la sociedad estadounidense que el bolsonarismo en Brasil. Da cuenta de ello las dificultades del establishment del Partido Republicano primero para evitar el triunfo de Trump en las primarias de 2016 y ahora para quitárselo de encima. Una segunda diferencia relevante se vincula precisamente con el sistema de partidos (bipartidismo versus multipartidismo fragmentado) y con el hecho de que Trump contó con una estructura de apoyo importante, algo de lo que su émulo latinoamericano carece. Hoy Bolsonaro no está afiliado a ningún partido, después de abandonar el Partido Social Liberal (PSL) —por el que fue electo— y de fracasar en su intento de crear un partido propio.

En comparación con Trump, si algo tiene a su favor Bolsonaro son las debilidades de las instituciones brasileñas. Concretamente, lo que atañe a las fuerzas de seguridad y más específicamente a las policías militares que dependen de los gobiernos estaduales. Tanto en Estados Unidos como en Brasil se puede observar que los miembros de las policías son proclives a los liderazgos de cada momento. Pero en Brasil existe una historia de dificultades de control sobre las policías por parte de los gobernadores. Los motines, como el último ocurrido en el estado de Ceará en 2020, tienen cierta recurrencia en diferentes estados. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la actual militarización del gobierno comenzó paulatinamente con Michel Temer, luego del impeachment de Dilma Rousseff. Pero además, como escribió el politólogo Juan Negri, la raíz de la influencia del poder militar en la política brasileña se encuentra en gran medida en el diseño de la transición democrática, en la que los militares conservaron algunas prerrogativas. Hoy no se puede analizar el gobierno de Bolsonaro y sus posibles desenlaces sin considerar la imbricación con el poder militar.

No obstante la opacidad del universo militar y el permanente corporativismo que se puede observar, desde hace un tiempo comenzaron a hacerse visibles los contornos de las divisiones a su interior, fundamentalmente promovidas por los distintos posicionamientos sobre Bolsonaro y sus intentos de inmiscuir a las Fuerzas Armadas de manera más directa en la política y en el enfrentamiento con los otros poderes. El hecho más significativo y que da cuenta de las fisuras es la remoción de los comandantes de las tres fuerzas este año; en los tres casos dejando en claro expresamente que el motivo de la remoción fue su oposición a la utilización de las Fuerzas como instrumento de presión hacia gobernadores. Es evidente que una parte de los altos mandos no apoya la politización de las fuerzas y menos su utilización para una ruptura democrática. La última de esas utilizaciones, y que también dejó entrever las fracturas, fue el desfile de tanques y vehículos militares de la Marina en la Plaza de los Tres Poderes el pasado 10 de agosto. La intención era intimidar a la Corte Suprema, situada justo en frente al Palacio del Planalto, y no tanto al Congreso, donde la votación sobre el voto impreso estaba perdida desde el comienzo.

El proyecto de enmienda constitucional mediante el cual el gobierno pretendía instaurar el voto impreso (y no solo electrónico), y cuya votación coincidió con el desfile militar, fue enviado al Congreso en el contexto de embates contra la urna electrónica y al Tribunal Superior Electoral. Ese proyecto es una demostración de cómo mantener un estilo de radicalización permanente termina siendo para Bolsonaro más importante que las políticas en sí mismas. Se trató, desde un comienzo, de una votación perdida y, sin embargo, Bolsonaro hizo de ella el principal caballito de batalla durante semanas.

El Ejecutivo brasileño bajo las órdenes de Bolsonaro ha mostrado que tiene serias deficiencias para formular políticas públicas en varios de los ministerios. En buena medida, este es el resultado de la inexperiencia de los nuevos funcionarios y de la persecución política a las burocracias existentes y la política de vaciamiento estatal. El caso más grave es el del Ministerio de Economía. Todas las reformas de peso, desde la reforma previsional en 2019 hasta la tributaria –que hoy se tramita en el Congreso–, o bien las privatizaciones, dejan sabor a poco y exhiben déficits técnicos importantes en su formulación. 

A esta altura, el gobierno de Bolsonaro tampoco tiene una política pública de peso que se haya constituido en la marca de su gestión. Lo más parecido a eso ha sido el auxilio de emergencia pagado a los sectores más vulnerables durante 2020, y vigente hasta hoy aunque con un monto y alcance menores que en sus inicios. La historia del auxilio ilustra la falta de coherencia al menos en lo que a políticas sociales se refiere. El gobierno primero se opuso a la medida –impulsada por la oposición en el Congreso–, pero una vez consumada la derrota aprovechó y capitalizó políticamente el beneficio. Hoy la intención es crear el Auxilio Brasil, para sustituir al Bolsa Familia creado por Lula da Silva en 2003, con un aumento de 50% del valor pago en promedio. Así, quedaría como una continuidad del auxilio de emergencia (percibido mayoritariamente como un beneficio otorgado por Bolsonaro) y se intentaría borrar al programa que es legado de Luiz Inácio Lula Da Silva. No obstante, hasta la aprobación del auxilio por el Congreso, Bolsonaro y los suyos nunca habían tenido en el horizonte de su gestión fortalecer las políticas sociales. Al contrario, la trayectoria del presidente es la de desprecio hacia los programas sociales, e incluso hacia sus sus beneficiarios.

En consecuencia, se produce un cambio drástico en la narrativa del gobierno, que pasa de tener como uno de sus ejes la ética y la antipolítica, para luego eyectar al afamado Sergio Moro (para muchos emblema de la anticorrupción) del gobierno y aliarse a las fuerzas políticas más comprometidas en investigaciones por corrupción. El perfil de sensibilidad social tampoco termina de asentarse, ya que Bolsonaro comenzó a construir ese nuevo perfil con el auxilio de emergencia pero luego fue errático, oscilando en sus declaraciones entre no comprometer más gastos, siguiendo la agenda de su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, o bien continuar y ampliar la asistencia.

Las embestidas antidemocráticas que generan convulsión política permanente, la ineficacia de las políticas públicas y las reformas y la ambigüedad respecto del rumbo económico liberal ya hicieron perder importantes apoyos dentro del establishment económico. El 5 de agosto, más de 200 empresarios, intelectuales y políticos publicaron una carta en la que manifiestan que no permitirán ninguna «aventura autoritaria». La «carta del PIB», como la apodó la prensa, tuvo la particularidad de reunir a algunos nombres de peso del mundo empresarial, desde industriales a banqueros. En definitiva, parte del «círculo rojo» brasileño pasó a manifestarse abiertamente contra Bolsonaro. Ya desde hace un tiempo son frecuentes los comentarios provenientes del empresariado en el sentido de que las permanentes crisis institucionales afectan al mundo de los negocios y la tan imprescindible previsibilidad. El daño a la imagen internacional del país es otro de los tópicos frecuentes. Medio ambiente, gestión de la pandemia, pueblos indígenas: todos temas que confluyen en un deterioro de la imagen internacional de Brasil durante la presidencia de Bolsonaro.  

El mejor momento para Bolsonaro en términos de imagen llegó con el auxilio de emergencia a mediados de 2020, cuando llegó a superar el 40% de aprobación. Esa mejora coincidió con los breves meses en que Bolsonaro moderó su estilo, redujo sus apariciones públicas y estableció algunos pactos de convivencia con los poderes judicial y legislativo. Posteriormente, el mandatario abandonó ese estilo pero aún así llegó a febrero de este año con una gran articulación política en el Congreso que le permitió colocar dos nombres alineados (inicialmente) con el gobierno tanto en la presidencia de la Cámara de Diputados como en la del Senado. 

Sin dudas, ese fue su momento de mayor poder en el plano institucional. Sin embargo, poco tiempo después esos mismos socios, Arthur Lira en Diputados y Rodrigo Pacheco en el Senado, ya han tenido sus desencuentros con el presidente, centralmente por el negacionismo ante la pandemia y los ataques a las instituciones. Recientemente, el presidente de la Corte Suprema rechazó realizar una reunión entre Bolsonaro y todos los jueces de la Corte con la que desde el Ejecutivo se pretendía restablecer la pacificación después los sucesivos ataques contra el Tribunal Superior Electoral, al que acusó de estar coaligado con Lula Da Silva, y contra la propia Corte, en una ya habitual lógica de tensión y distensión permanente. Aquella quimera del «Bolsonaro moderado» es mucho más difícil para los 15 meses que restan hasta las elecciones y él mismo se ha encargado de concretizar los temores con que algunos le dieron su voto en 2018. Mantener la identidad radicalizada mina las posibilidades de construcción de poder, en el caso de Bolsonaro mucho más que en el de Trump. Sobre todo si no se exhiben suficientes resultados positivos en la gestión.

De momento no hay «incendio del Reichstag» que justifique una avanzada autoritaria. Incluso la amenaza «comunista» era más creíble con el Partido de los Trabajadores sin Lula como alternativa a Bolsonaro, que con la aparición de este luego de la anulación de las sentencias en marzo de este año. Lula Da Silva es un interrogante. Su regreso, ¿sería más parecido a cuál de todos los gobiernos del PT? El «primer Lula» es el preferido del establishment, aunque ya ha pasado mucho agua bajo el puente para que aquel modelo conciliador del «Lula paz y amor» pueda replicarse. Pero en cualquier caso ninguno de sus gobiernos fue de izquierda radical. Bolsonaro se las ha ingeniado para que cuatro años más de un gobierno suyo suenen como un fantasma incluso más amenazante que el regreso de el ex obrero metalúrgico. De allí la foto de hace algunos meses del expresidente Fernando Henrique Cardoso junto a Lula Da Silva y su declaración de que votaría por este en una hipotética segunda vuelta contra Bolsonaro.

Si lo que está haciendo Bolsonaro con sus ataques a la urna electrónica es preparar el terreno para un asalto al Capitolio a la brasileña, entonces habrá que ver qué sucede con las fuerzas de seguridad, las divisiones internas existentes en su interior y hasta dónde están dispuestas a apoyarlo. Aunque hoy parezca poco probable que un intento de ruptura pueda tener éxito, entre otras cosas por la baja legitimidad que tendría, no se puede dejar de lado que la coerción es un elemento constitutivo del poder. Por ahora, el estilo alt-right y el déficit en las políticas conspiran contra las posibilidades de que Bolsonaro continúe en el poder más allá de 2022. 

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Acusan en Colombia a 10 militares por desapariciones y asesinatos

Un general, seis oficiales y tres suboficiales habrían participado en 120 ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros

 

Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó ayer a 10 militares y a un civil por 24 desapariciones forzadas y al menos 120 asesinatos de civiles a los que presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combates en medio del conflicto armado de Colombia.

Se trata de la primera acusación formal en contra de efectivos del ejército colombiano en medio de las investigaciones por los denominados falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Para la JEP, los acusados tuvieron una participación determinante en los asesinatos en estado de indefensión, presentados como bajas en combate en la región de Catatumbo, en el departamento de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008, para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar en los combates contra la guerrilla.

"La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil", dijo un comunicado leído por la magistrada Catalina Díaz.

Los imputados, señalados por la JEP como máximos responsables por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil.

De acuerdo con la acusación, los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal a partir de la política institucional del ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión sobre comandantes y subordinados para obtener "muertos en combate". Díaz señaló que las víctimas fueron campesinos, agricultores, comerciantes y transportistas informales.

La JEP reveló que al menos a 6 mil 402 personas fueron asesinadas en Colombia por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008 a cambio de beneficios que incluían permisos, vacaciones y reconocimientos.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.

El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo que si los 11 acusados no aceptan los cargos podrían recibir una sentencia de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada contra el gobierno.


La Jurisdicción Especial de Paz los señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad

Colombia: imputan a diez militares y a un civil por los "falsos positivos"

Se trató de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. "Recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar", destacó Jacqueline Castillo, representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá. 

Por Guido Vassallo

07 de julio de 2021

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a diez miembros del Ejército y a un civil por las salvajes ejecuciones militares conocidas como "falsos positivos". Los once hombres fueron imputados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada entre 2007 y 2008 en la convulsa región del Catatumbo, al noreste de Colombia. Entre las víctimas hay líderes sociales, campesinos, políticos locales, personas con discapacidades y supuestos consumidores de drogas. Se trata de la primera decisión de este tribunal nacido del Acuerdo de Paz en torno al Caso 03, que corresponde a las "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

"Desde el colectivo recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar. Sabemos que es un paso más después del avance que se dio con la versión de Juan Manuel Santos (además de expresidente fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe), cuando reconoció que los jóvenes masacrados no eran guerrilleros". destacó en diálogo con PáginaI12 la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.

Crímenes de lesa humanidad

La magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del caso de los falsos positivos, sostuvo que "la evidencia indica que los imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada". Aunque el alto mando castrense siempre negó que se tratara de una acción sistemática, según la JEP "estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate".

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, valora mucho que la jurisdicción deje en claro la naturaleza de los crímenes. "Esta ha sido una discusión muy larga y muy intensa porque el uribismo ha sostenido la tesis de que los mal llamados falsos positivos son hechos delictivos que no responden a unos patrones ni a una planificación, y se inscriben mas bien en hechos excepcionales que tuvieron lugar a partir de una mala interpretación de unos estímulos que se crearon al interior de las fuerzas militares para promover lo que se llamaba el conteo de cuerpos, es decir los éxitos operacionales", destacó Cepeda ante la consulta de este diario.

Entre los imputados por la JEP se encuentra el general Paulino Coronado, quien en la época en que se cometieron los delitos comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza de Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados. El tribunal de paz colombiano había revelado en febrero su estrategia para esclarecer estos hechos y explicó que el departamento de Norte de Santander, donde se han contabilizado el 82 por ciento de las víctimas entre 1999 y 2008, le serviría de plataforma para abordar los ocurridos en Catatumbo entre 2007 y 2008. 

El organismo judicial colombiano identificó dos patrones durante las ejecuciones. Por un lado, "el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en base a prejuicios", y por otro "una suerte de sofisticación criminal" consistente en reclutar a las víctimas de otros territorios para matarlas en Catatumbo y "reportar su muerte como baja en combate". 

"Bajo una lógica criminal cercana a la de la limpieza social, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran habitantes de calle", denunció el tribunal surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016. En el auto de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de "un trabajo bien remunerado" en municipios como Soacha, llevados a Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían "trago" o "drogas", no los dejaban contactarse con nadie y eran entregados a una "unidad militar ejecutora".

A partir de este martes los imputados tienen 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión. "Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años", advirtió el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes. Por su parte el senador Cepeda recordó que "si los militares quieren recibir los beneficios de la jurisdicción, deberán cumplir con el compromiso de verdad y reparación".

La voz de los familiares de las víctimas

Madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron este martes que los imputados por la JEP colombiana reconozcan sus delitos. "Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas", aseguró la representante legal de Mafapo, Jacqueline Castillo, quien además exige conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime.

Jaime Castillo Peña tenía 42 años cuando desapareció el 10 de agosto de 2008 en la ciudad de Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. "Una distancia de 16 horas por ruta", remarcó la titular de Mafapo, quien agregó que "al igual que otros jóvenes, en dos días a Jaime lo habían convertido en guerrillero y le dieron de baja".

Castillo remarcó que más allá de que exista una condena ejemplar, lo que las mujeres agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, "quién dio la orden de cometer todos estos crímenes". En ese sentido, llama a los militares a que "no sientan temor y den la cara" para avanzar en el esclarecimiento de los hechos: "Saben que ahorita tienen que asumir sus consecuencias. O aceptan que cometieron estos hechos o tendrán que pagar las penas que la JEP les puede imponer. Creo que a estas alturas está muy dificil que ellos tapen la verdad con un dedo".

La responsabilidad de Uribe

Los últimos datos de la JEP cifran en 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, aunque la Fiscalía contabiliza 2.248. La mayoría de estos crímenes, según el tribunal de paz, habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años del mandato del expresidente Álvaro Uribe, referente de la derecha colombiana y consejero del actual mandatario Iván Duque.

Frente al avance hacia la responsabilidad política de los crímenes, Cepeda se muestra optimista. "Creo que tarde o temprano se va a llegar a los principales responsables. En días anteriores el expresidente Santos presentó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y muchos sectores han reclamado que haga lo propio Álvaro Uribe. Por supuesto este es un asunto que no quedará resuelto si su papel no es esclarecido", manifestó el senador de izquierda. 

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Domingo, 09 Mayo 2021 05:10

Las capas del golpe en Myanmar

Las capas del golpe en Myanmar

El golpe de Estado perpetrado en Myanmar el 1 de febrero tiene que ver con el nacionalismo budista y el odio a los rohingya, dos elementos que paradójicamente comparten las partes implicadas. El mismo golpe tiene implicaciones regionales por cuanto afecta a la ASEAN y a China.

 

El 1 de febrero, una instructora de fitness emitía en streaming uno de sus entrenamientos con una gigantesca autopista de 20 carriles tras ella. En la ancha vía, sin que la mujer se percatara, aparecía un enorme convoy de vehículos militares que se dirigían al Parlamento de Myanmar: quedaba así testimonio gráfico del inicio del golpe de Estado en el país. El vídeo, viralizado, dio la vuelta al mundo.

Habitualmente, la ya famosa carretera está prácticamente desierta, reflejando las lagunas de la decisión que tomó la junta militar en 2005 de trasladar la capital de Myanmar a Naypyidaw. Esta ciudad viene experimentando un aumento vertiginoso de infraestructura desde aquel año que en absoluto se corresponde con el ritmo y el tamaño demográfico real de la ciudad, de unos 700.000 habitantes.

Esta excentricidad no desentona en absoluto con la política nacional de las últimas décadas. El golpe de febrero, de hecho, se enmarca en un contexto de múltiples clivajes, disputas de poder y polarización, donde la religión budista está imbricada a varios niveles. Tanto es así que el gran experimento marxista local, la vía birmana al socialismo de Maung Shu Mang Ne Win, combinó el budismo con un marxismo-leninismo que pretendía revisar las tesis de los clásicos y adaptarlas a su particular forma de entender lo birmano. Plantearon que el budismo era parte constitutiva de su identidad nacional y, sobre esa base, se justificó la exclusión de las minorías étnico-religiosas, con un especial ensañamiento contra la comunidad rohingya.

En la actualidad existen alrededor de 140 etnias reconocidas en la periferia de Myanmar, teniendo un papel protagónico los ya mencionados rohingya, que vienen sufriendo, según la ONU, una limpieza étnica desde 2017. Cuatro meses después de la insurgencia de este pueblo que marcó el inicio de su persecución ya se registraban cerca de 650.000 personas desplazadas hacia campamentos en Bangladesh. Para sorpresa de la comunidad internacional, una de las responsables de esto fue la Premio Nobel de la Paz (1991) Aung San Suu Kyi, quien llegó al poder de facto en 2015 en unas elecciones en las que se retiró a los rohingya su derecho al voto. Resaltar el carácter fáctico del poder de Suu Kyi no es baladí: al ser sus dos hijos ciudadanos británicos, no puede acceder a la presidencia formal de la nación. Es por eso que ha tenido que construir su autoridad en términos de influencia y accediendo a “cargos menores” como la Consejería de Estado.

El liderazgo de Aung San Suu Kyi se ha sostenido sobre un frágil equilibrio entre ella y su partido —la Liga Nacional por la Democracia (LND)— y el Tatmadaw —las Fuerzas Armadas—. La figura de Suu Kyi se forjó durante la dictadura militar que siguió al golpe de Estado de 1988 contra el gobierno del Partido del Programa Socialista de Birmania. Durante el periodo de la Junta militar se agravaron los conflictos entre etnias que venían desde antes del gobierno socialista-budista y se fijó definitivamente a los rohingya como el enemigo interno.

En 2010 se cerró el tibio proceso aperturista que se había iniciado unos años antes, aunque el verdadero hito fue la victoria de la LND en las elecciones generales de 2015. Ahora bien, es primordial apuntar que la Constitución garantiza al Tatmadaw un 25% de los escaños y varios puestos ministeriales, por lo que tan pronto accedió la LND al gobierno comenzó una difícil relación política entre el partido, Aung San Suu Kyi y la Junta que tantas veces la había perseguido y arrestado y cuyo aparato se mantiene gracias al expolio de recursos tales como los rubíes o el oro.

El budismo es uno de los lazos entre los liberales de la NLD y las Fuerzas Armadas: ambos sostienen la construcción del Estado en torno a la predominancia de los bamar (budistas), autopercibidos como la única etnia auténticamente birmana. En realidad, este nacionalismo étnico-religioso ha pasado de mero garante de una cierta cohesión social de carácter exclusivista a ser un verdadero clivaje político. De forma similar a lo acontecido en la India de Narendra Modi con el nacionalismo hindú —también enfrentado con los indios musulmanes—, esta cuestión es ya un aspecto central de la política nacional. Los últimos años han visto una cooptación de las bases nacionalistas, históricamente ligadas al Tatmadaw, por parte de Aung San Suu Kyi, que ha conseguido capitalizar el odio contra la minoría rohingya, llegando a blanquear ante a la Corte Penal Internacional la limpieza étnica perpetrada por los militares.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

En las elecciones generales de 2020, Aung San Suu Kyi revalidó su mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. El líder de Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) —vinculado al Tatmadaw— declaró que impugnaría el resultado electoral alegando fraude y solicitó a las Fuerzas Armadas que velaran por unas “elecciones justas”. Progresivamente, el propio ejército fue ensuciando el debate, llegando a hablar de “fraude electoral masivo”. “No decimos que el Tatmadaw tomará el poder, pero tampoco que no lo hará”, llegó a declarar un portavoz. Apelando a la Constitución, su discurso fue incorporando elementos golpistas y fueron desplegando unidades militares en algunos puntos del país.

Horas antes de que la asamblea legislativa tomara posesión comenzó una persecución militar sobre líderes políticos. Ese mismo día, el 1 de febrero, fue arrestada Aung Saan Suu Kyi, concretándose un golpe de Estado que podía palparse días antes. Bajo tal clima, U Myint Swe —hasta entonces vicepresidente— asumió la presidencia y traspasó el poder a Min Aung Hlaing, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

La polarización política sacudió definitivamente al país y masas de trabajadores urbanos salieron a repudiar el golpe, encontrándose de frente con la represión de la Junta. La escalada de violencia estatal dejó episodios como el del 14 de marzo, en el que los trabajadores textiles de Hlaing Tharyar fueron atacados por francotiradores. La clase obrera industrial ha sido la triste protagonista de algunos de los más cruentos capítulos que ha dado de sí el golpe en Myanmar. En la fecha de redacción de este artículo, la cantidad de asesinados por el gobierno de facto del Tatmadaw asciende a más de 760. Pueden consultarse diariamente los datos a través de AAPP Burma.

Concretamente, la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos birmana cifró en su informe diario del 5 de mayo en 769 los asesinados y en 4766 los detenidos.La virulencia en el accionar de la Junta ha sido condenada por organizaciones como la Unión Nacional de Karen, la cual narró a través de un comunicado oficial cómo se habían perpetrado ataques aéreos sobre población civil en los distritos de Mutraw y Kler Lwee Htoo, arrebatando la vida de niños, estudiantes y destruyendo la infraestructura y las viviendas de múltiples poblaciones, provocando además la huída de más de 12.000 personas. La crueldad de los golpistas ha tratado de ser visibilizada por varias figuras públicas. Tal es el caso de Han Lay —Miss Myanmar 2020— quien, entre lágrimas, dedicó su discurso en la ceremonia celebrada a finales de marzo a condenar la represión militar. Paradójicamente, la misma Han Lay llegó a declarar que Aung Saan Suu Kyi era una inspiración para ella. Sirva esto como ejemplo de la polarización política en Myanmar.

La delicada situación de la ASEAN

Para entender el Sudeste Asiático se torna imprescindible conocer la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incorpora a día de hoy a Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia, Brunéi, Singapur, Tailandia, Indonesia, Laos y el propio Myanmar. Fundada en 1967 tras conflictos como la konfrontasi entre Malasia e Indonesia, fue en gran parte la dialéctica socialismo-capitalismo la que precipitó su creación. La región concentró gobiernos de múltiple índole que percibieron como necesario un instrumento de cooperación y control del conflicto. Finalizada la Guerra Fría, se aplicó dentro de la organización un tratado de libre comercio que facilitó el crecimiento de las distintas economías de la región.

Su capacidad de ejercer como bloque hacia fuera es una de las grandes fortalezas de una organización que es asumida como ejemplo por muchos internacionalistas. Los tratados de libre comercio con Corea del Sur, India o China, su papel en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o su voluntad de ejercer como mediador entre Estados Unidos y Corea del Norte han legitimado su existencia interna y externamente.

El factor de la diversidad no estuvo ausente en el largo proceso de consolidación de la ASEAN. Repúblicas socialistas, repúblicas democrático-liberales y monarquías constitucionalistas y absolutistas comparten este espacio regional. También países cristianos, musulmanes, budistas, no religiosos e incluso un crisol como Singapur. Es esta diversidad la que, en cierta medida, explica las limitaciones que la organización ha tenido a lo largo de su historia para diseñar posturas unitarias sobre asuntos internos. El pragmatismo de la ASEAN, aceptando como integrante a Myanmar en 1997 cuando todavía estaba regida monolíticamente por la Junta, ayudó a la apertura del país. Ahora, afronta un dilema similar al de aquellos años: poner o no en riesgo la reputación de la propia organización por apoyar a un miembro desacreditado internacionalmente.

Varios elementos están sobre la mesa para la ASEAN: en primer lugar, la relación con Estados Unidos, que mantenía un estrecho vínculo con Aung Saan Suu Kyi; en segundo lugar, las imágenes de la violencia del Estado contra la clase trabajadora del país ponen en evidencia al bloque frente a la comunidad internacional por su tibieza, especialmente llamativa en una organización que llevó la defensa de los Derechos Humanos por bandera desde el momento de su fundación; y, en tercer lugar, el potencial riesgo de una crisis de refugiados que afectaría a países de la asociación y a otros como India, China o Bangladesh.

El resultado de esta combinación de factores es la dificultad de diseñar y aplicar una posición conjunta al respecto del golpe, lo que complica cualquier tipo de intervención. Como ejemplo, Tailandia, Camboya, Filipinas y Vietnam han mantenido una postura cauta hablando de ello como un asunto interno, Malasia e Indonesia condenaron explícitamente el golpe y Singapur pidió no imponer sanciones económicas sobre el país. En términos generales, el único consenso hacia dentro de la ASEAN pareciera ser la no injerencia directa y el pedido de un “diálogo constructivo” entre las partes implicadas.

¿Y China?

Siempre se mira con lupa lo que hace China en materia internacional. El economista Giovanni Arrighi plantea que Estados Unidos se convirtió, mediante tratados de defensa bilateral dirigistas, en el Estado central de un sistema vertical que incluía a estados como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas en el que estos hubieron de especializarse en el comercio y la búsqueda de beneficios, y aquel lo hizo en el suministro de protección. Desde que tomara forma ese sistema constitutivo de la Guerra Fría hasta hoy han cambiado muchas cosas en la región. Quizá la más importante sea la ya indiscutible centralidad de China.

El gigante asiático ha mantenido una relación compleja con Myanmar desde hace varias décadas. Habiendo sostenido vínculos simultáneos con la Junta y con algunas etnias del país, el Estado chino ha sido capaz de consolidar su papel de mediador entre ambas aprovechando las lagunas que deja un Estado como el birmano, desbordado en materia de seguridad. A esto cabe sumar el enorme peso político y económico que Beijing tiene sobre Naypyidaw a través de, por ejemplo, sus inversiones en zonas especiales como Shan, que inclina la balanza de las decisiones de los gobiernos de Myanmar.

La reacción china al golpe no ha cambiado sustancialmente desde el propio 1 de febrero, cuando Wang Wenbin —portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores— señaló simplemente su deseo de que todas las partes “manejen adecuadamente sus diferencias a la luz de la Constitución y del marco jurídico”. Eso sí, a medida que avanzaron las semanas se ofreció como mediadora y reconoció su voluntad de coordinar para “promover conversaciones pacíficas”. Sin que deba pasarse por alto, además, el 2 de mayo arribó al aeropuerto internacional de Yangon un avión de Air China cargado con vacunas frente al COVID-19 donadas por el gobierno de Xi.

Ahora bien, aunque China haya sido especialmente cauta a la hora de calificar el golpe como tal, lo cierto es que no se encuentra estrictamente cómoda con los militares. Durante los años de liderazgo de Suu Kyi, las relaciones diplomáticas mejoraron profundamente, Myanmar experimentó un gran crecimiento económico en el que las inversiones chinas jugaron un papel protagónico y China encontró un mercado en el que vender sus productos. Un gran número de proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda salieron adelante después de que la NLD ganase las elecciones en 2015, pero el golpe los rodea de dudas, pudiendo retrasarlos o incluso deslegitimarlos si China no define una posición política específica con respecto de la violencia de la Junta.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

9 may 2021 06:00

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Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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