Las dos caras de un mismo drama: El país en la deriva confrontacional

Ante el agotamiento y decadencia del modelo masista

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven”. Eric Hobsbawm., Historia del Siglo XX.

  1. INTRODUCCIÓN.

En una extraña situación paradojal y como queriendo ir a contramarcha de procesos e insurgencias que están ocurriendo en países vecinos que anuncian esperanzadores avances y cambios (como en Colombia, Chile, Ecuador insurgente, y tal vez Brasil); nuestro país, Bolivia, parece como si estuviese empeñado en cumplir aquel extraño karma por el cual, como en el pasado, habiendo sido protagonista del primer grito libertario republicano de Latinoamérica aquel 16 de Julio de 1809, terminó siendo uno de los últimos países en lograr la independencia en 1825.

Es como como si se hubiese perdido el rumbo, porque habiendo marcado la ruta ya a inicios de este nuevo siglo, cuando sucesivamente se produjeron la guerra del agua en abril del año 2001, la guerra del gas en octubre de 2003 (que terminaron expulsando al neoliberalismo y transnacionales del país), y posteriormente la Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución Política del Estado (cosa que países vecinos se encuentran recién emprendiendo luego de prácticamente dos décadas); ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre confrontacional, sin haber cumplido el mandato encomendado, ni haber realizado las tareas planteadas en aquella coyuntura performativa.

Por ello, si bien a poco más de una década y media de tiempo desde que se estableció el actual régimen de gobierno, quizás no exista aún la distancia y serenidad necesarias para ejercitar una evaluación histórica; pero a cambio, si se tienen ya elementos, factores y hechos que pueden permitir realizar un ejercicio prospectivo de lo que podría suceder a futuro.

En esa perspectiva, aleccionado por esa dura sentencia de Eric Hobsbawm con respecto de aquella juventud de fines del siglo XX, y precisamente para evitar y revertir esa suerte de rompimiento con el pasado (cuya cita se transcribe al inicio de este trabajo), la idea es alertar y prevenir acerca de lo que previsiblemente nos depara el actual curso de los acontecimientos y la forma de cómo se está encarando el proceso nacional. Al efecto, aludiendo al anverso y reverso de una moneda, ensayaré un análisis crítico acerca de lo que podemos llamar las dos caras del mismo proceso: el régimen de gobierno y la oposición política.

  1. EL RÉGIMEN DE GOBIERNO DEL MAS.

No es posible entender la deriva del régimen masista luego de los más de 15 años que lleva en el gobierno, sin hacer referencia a la decadencia y agotamiento del modelo que decidió adoptar e imponer. Asumiendo el criterio de Octavio Paz en referencia al concepto de decadencia en ese su tan lúcido análisis sobre la colonización española en México, también “baste con decir que el signo inequívoco de todas las decadencias es la pérdida de un proyecto nacional” 1/.

Y esto es precisamente lo que sucedió con el MAS. A lo largo de algo más de la década y media que ya lleva gobernando, si bien por ahora no se conocen ni es posible entender las razones de fondo que motivaron su accionar, en cambio sí existen hechos y decisiones incontrovertibles que dan cuenta de la decadencia y agotamiento de su modelo, en vista del extravío del proyecto nacional.

¿Cómo se explica esta situación que más allá de endilgar una grave responsabilidad respecto de un régimen de gobierno, en realidad evidencia la pérdida de aquel instrumento principal de construcción del futuro y el destino del país?. Lamentablemente la extensión de este trabajo no permite desarrollar con el detenimiento necesario cada una de las manifestaciones del proceso seguido en esta última década y media. Sin embargo, a efecto de ejemplificar y mostrar con claridad los hechos que dan cuenta semejante deriva, se hará mención a los hitos y expresiones más destacables.

Un Proyecto Nacional no es un asunto puntual que se construya a similitud de lo que se hace con un programa de gobierno o un plan de desarrollo. Es más, se trata de procesos de maduración, e inclusive conflicto y crisis, que no se circunscriben a un episodio circunstancial, menos burocrático, en el desempeño de la sociedad. Por ello, para contar con un proyecto nacional, no basta con disponer de un diseño o una propuesta para la gestión de gobierno. En realidad implica un acuerdo y un compromiso de carácter nacional que emerge de momentos constitutivos 2/ generalmente excepcionales que no surgen en situaciones de regularidad normal ni cotidiana, y que además demandan el involucramiento decisivo del todo el conjunto del país.

Ahora bien, después de la revolución de 1952 que también dio paso a uno, esto es lo que sucedió con el país aproximadamente desde inicios del año 2000 hasta que la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Se trata de un proceso donde se condensan y asumen todo el conjunto de aspiraciones, luchas y propuestas (incluyendo por ejemplo la histórica agenda nacional de Octubre 3/) que en principio se habían expresado como movimientos de insurgencia y rebelión popular en las guerras del agua y del gas, para terminar siendo plasmadas y traducidas en una versión equivalente de mandato constitucional, que deviene como resultado del debate y la concertación nacional alcanzada en la Asamblea Constituyente, pocos años después. Por eso puede sostenerse que la nueva Constitución contiene el mandato soberano y es equivalente a lo que se entiende por un Proyecto Nacional que terminó desplazando, expulsando y derrotando al proyecto neoliberal que (influenciado por la corriente mundial de la llamada escuela de Chicago) se había adoptado en Bolivia desde 1986.

Este es el Proyecto Nacional que el régimen del MAS abandona, traiciona y termina envileciendo. Tanto es así que llega al punto no solamente de cerrar y negarle al país la oportunidad de resolver los problemas nacionales y saldar las deudas históricas que le aquejan, sino también al dar continuidad a aquellos perversos ciclos de expoliación, enajenación antinacional y usurpación de nuestros recursos naturales tan dramáticamente denunciados por Sergio Almaraz 4/. A diferencia de los ciclos anteriores, en el caso del régimen del MAS han llegado inclusive al extremo de la destrucción de la naturaleza y la vida, la pérdida de inmensas extensiones de bosques, recursos genéticos y la biodiversidad del patrimonio nacional, para terminar recalando en el litio, como el nuevo recurso a disposición.

Aunque evidentemente ningún proceso histórico tiene carácter lineal ni es mecánicamente ordenado en vista de los cambiantes factores y fuerzas que intervienen, en este caso el abandono, la traición, y el envilecimiento al que hicimos referencia, se expresaron como una sucesión paulatina, acumulativa y sistemática de hechos y decisiones que terminaron extraviando y perdiendo aquel Proyecto Nacional popular que se había pergeñado con tanto sacrificio.

El primer peldaño y muestra del abandono del Proyecto Nacional, se exteriorizó por medio de aquella negociación congresal que dio curso al cambio de varios aspectos del contenido de la Constitución aprobada en Asamblea Constituyente 5/. Ese hecho constituye el antecedente primigenio de un proceso que, independientemente de la responsabilidad del régimen masista de entonces, ha terminado dejado desguarnecido al país.

Junto a ello, es imposible dejar de mencionar el abandono y tácito incumplimiento de tareas como la descolonización (que vaciada de toda perspectiva se ha convertido en una vergonzosa función de folclorización y negocio cultural, en la más optimista de las visiones), la despatriarcalización, o la construcción de un estado intercultural, etc., solo para mencionar ejemplos de una larga lista de asuntos nacionales que fueron a parar en el olvido, o que sencillamente adoptan el rostro de la farsa.

Después del abandono (aunque no necesariamente en forma cronológica sino inclusive simultánea), se patentizó la traición. Ello lleva a preguntarse: ¿Dónde quedó el gobierno de los pueblos indígenas que se decía representar y defender?. ¿Cómo se explican las violentas represiones, los enfrentamientos, cercos militares, etc., como en Chaparina, Takovo Mora o Caranavi donde al margen de atentar flagrantemente contra derechos constitucionales inclusive se cobraron muertos y delitos que quedaron en la impunidad?. Tampoco puede dejar de mencionarse la aprobación de normas como la de deslinde jurisdiccional, o las autonomías por ejemplo. En ellas, a contra ruta de cumplir el mandato constitucional reafirmando el carácter plurinacional por medio de la promoción de la interculturalidad y el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; más bien terminan distorsionando, supeditando y anulando toda posibilidad de ejercer plenamente derechos como a la consulta previa, la autodeterminación, la autonomía y hasta inclusive el respeto a sus territorios y su forma de vivir que sistemáticamente son avasallados, intervenidos y hasta destruidos 6/.

La traición no solo es la ausencia, incumplimiento o falta de correspondencia entre la palabra o el compromiso ofrecido y su realización; también es un delito cometido contra un deber u obligación pública que se ha jurado respetar y hacer respetar. Por eso, también se comete traición cuando se quebranta o transgrede una norma (mandato legal), que viene a representar y entraña un compromiso de cumplimiento. En ese sentido, la sustitución y suplantación del Proyecto Nacional contenido en la Constitución, por la imposición de Planes Nacionales de Desarrollo, no puede ser comprendida sino como un acto de traición evidente, porque no solo deja de lado un mandato y una obligación constitucional, sino que la suplanta con una versión que altera y es ajena (muy a pesar de que pueda alegarse amplios espacios de consulta y participación, porque ellos estaban alejados y despojados de los fines y objetivos constitucionales). Para ello, basta ver la mutación paulatina pero totalmente evidente que se produjo en el contenido de los planes nacionales de desarrollo, para terminar imponiendo el modelo desarrollista y salvajemente extractivista, denominado como agenda patriótica 2025.

Ello marca otra de las características del extravío y la pérdida del Proyecto Nacional. Se trata de su envilecimiento y distorsión hasta un punto en el que ya no basta haberlo dejado de lado, sino que se impone otro, no solo diferente, sino completamente antagónico. Mandatos como el Vivir bien en armonía con la naturaleza, descolonización, independencia y soberanía nacional, o cualquiera de los valores enunciados en la Constitución 7/, mismos que se encuentran en la antípoda de la competencia, el individualismo y la explotación que caracterizan al sistema imperante; solo han pasado a ser letra muerta, sin ninguna correspondencia con lo que sucede en la práctica y el Estado aplica actualmente.

En los hechos no se trata únicamente de la sustitución conceptual y terminológica, sino de la injerencia de una voluntad política impostora que suplanta la Constitución (convirtiéndola en una quimera inútil), a cambio de un sucedáneo de contenido y enfoque diferentes. La aplicación del modelo impuesto así lo demuestra claramente, porque en los hechos se traduce en la destrucción de la naturaleza, los territorios, áreas protegidas y bosques; la pérdida y enajenación del patrimonio nacional; el extractivismo salvaje de los recursos naturales; el avasallamiento ilegal, el tráfico de tierras, y la usurpación de derechos; la contaminación y envenenamiento de la tierra y los recursos acuíferos por mercurio y explotación salvaje del oro; el uso indiscriminado de agroquímicos venenosos, la pérdida de recursos biogenéticos, semillas nativas y diversidad natural; la creciente e incontrolada dependencia y sometimiento a los intereses corporativos internacionales; la pérdida de soberanía e independencia alimentaria; la enajenación de recursos estratégicos; la imposición de normas que legalizan lo ilegal (como la quema y los chaqueos extensivos de grandes extensiones de bosques), o la ampliación de la frontera agrícola y la flexibilización de normas que garantizaban la conservación y sostenibilidad en el manejo de recursos, inclusive yendo en contra de la vocación natural de la tierra y el suelo… En fin, una cadena destructiva y salvajemente extractivista que también está íntimamente vinculada con la corrupción y el aliento de actividades ilegales. Así, la degradación y extravío del Proyecto Nacional ya no se manifiesta únicamente como vacío o ausencia en un proceso decadente; en realidad puede traducirse como inviabilidad nacional. Más adelante veremos, las implicaciones de tal situación.

  1. LA OPOSICIÓN POLÍTICA.

En consonancia a un concepto tradicional y estrictamente representativo, los partidos políticos han sido entendidos como la expresión máxima de la democracia. Esta distorsión ha sido predominante a lo largo de los años. Tratándose efectivamente de uno de los factores principales de contrapeso al poder del Estado y requisito importante de la vida democrática (no más), inclusive se les otorgó un rol determinante y hasta exclusivo que implica el establecimiento de un régimen partidocrático, en el que no se puede ejercer los derechos políticos, sin intermediación de estas organizaciones. De esa manera, la participación y el ejercicio político quedan secuestrados y los partidos actúan cual si fueran dueños de la voluntad política del pueblo y la ciudadanía. Es decir, se dio paso a un régimen que no toma en cuenta otras y diferentes formas de ejercer la democracia, la relación Estado-sociedad y las nuevas formas de decidir, participar y elegir; como es el caso de la democracia directa y participativa, o la comunitaria, que están contempladas en la Constitución. La democracia quedó deformada y los derechos políticos cercenados.

Ahora bien, en la última década y media transcurrida en Bolivia, esta realidad sufrió algunas mutaciones que vale la pena destacar.

Luego de la derrota ideológica y la expulsión material del neoliberalismo que se produjo a inicios del nuevo siglo en nuestro país, aquella corriente económica y política pasó a convertirse en la principal fuerza de oposición nacional; la misma que se expresaba mediante y por medio de diferentes siglas partidarias que van desde sus extremos más reaccionarios y racistas, hasta las versiones liberal republicanas, pero igualmente conservadoras y vinculadas a los intereses empresariales y patronales de carácter tradicional.

Debilitados y derrotados en lo político, así como despreciados y rechazados por el sentimiento popular mayoritario que los identifica con las privatizaciones, la enajenación de los recursos nacionales y la subordinación a intereses antinacionales; todavía contaban con un poder económico importante que les permitía defender sus intereses privados y empresariales, inclusive promoviendo movimientos de resistencia y rechazo a medidas que consideraban atentatorias a su visión de país. Sin embargo, esa resistencia opositora predominantemente neoliberal no duró mucho tiempo. Al estado de debilidad, derrota y desprecio nacional que sufría, se sumó su división y fraccionamiento.

Sucede que a medida que pasaron los años desde las elecciones nacionales de 2005 (incluyendo episodios muy oscuros que no terminaron nunca de esclarecerse completamente) 8/, no solo se produjo el encarcelamiento o la huida de varios y connotados líderes políticos y cívicos de esa oposición conservadora que quedó desguarnecida; sino que muy sugestivamente (con un gobierno que teniendo dos tercios determinantes en la Asamblea Legislativa no descuidó la aplicación de la política del palo y la zanahoria con la oposición), también derivó en la cooptación y el establecimiento de alianzas, precisamente con una parte de aquellos sectores conservadores y reaccionarios que hasta entonces fungían de oposición.

Maltrecha y sufriendo en carne propia el resultado de sus propias acciones y aventuras, así como el abandono y descabezamiento de sus líderes y referentes más connotados, pero también aleccionada por aquella conseja gubernamental amenazante que les había dicho que respetaría cualquier iniciativa empresarial y económica privada mientras no se meta en política, una buena parte de esa oposición neoliberal y empresarial (especialmente los acostumbrados a cuotearse y negociar el poder), entendió que no le quedaba otra que aliarse al oficialismo si no quería desaparecer.

Para comprobar este extremo, basta revisar las listas de candidatos presentados en las elecciones nacionales y subnacionales que se sucedieron, la propia composición de autoridades elegidas en diversos departamentos y municipios, o inclusive el contenido de diversas normas, las graciosas concesiones, los incentivos y hasta perdonazos ilegales que se negociaron y aprobaron en favor de sus intereses.

Este recuento breve sirve para entender mejor lo que sucede actualmente con la oposición política en Bolivia. Especialmente el por qué (a pesar de la prevalencia de un criterio partidocrático), durante varios años los partidos políticos de oposición pasaron a ser prácticamente unas organizaciones vaciadas de representatividad, huérfanas de apoyo, e inclusive sujetas del desprecio mayoritario del país. Pero como nada es estático, en el discurrir de los acontecimientos y mientras la oposición política partidaria se debatía intentando salir y recuperarse del ostracismo en el que se encontraba; la sociedad civil comenzó a articular y organizarse de una manera inédita y autoconvocada. Lo hizo a través de plataformas, grupos de solidaridad, organizaciones de activistas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres que adquirieron un rol protagónico fundamental, etc. El motivo principal de esta inédita insurgencia social estaba alimentada fundamentalmente por el rechazo y la resistencia intransigente frente a la intención anticonstitucional y antidemocrática que buscaba perpetuar en el gobierno a Evo Morales. Pero también expresaba el malestar social acumulado frente a las medidas antipopulares y contra la inocultable tendencia del gobierno que ya para entonces había tomado un rumbo que no correspondía con el mandato constitucional recibido, y tampoco atendía las justas demandas sociales por derechos y libertades conculcados.

Los movimientos sociales espontáneos, autoconvocados y de resistencia, fueron el germen y principal canal de las luchas pacíficas y las victorias democráticas que el pueblo movilizado logró a partir del referéndum nacional del 21F de 2016. Arropados en la fuerza de las causas justas que emprendieron, pero con la debilidad y la limitación de su espontaneidad que se circunscribe al logro de objetivos concretos e inmediatos, estos movimientos y movilizaciones sociales tomaron tal protagonismo político nacional, que no solo permitieron echar de menos a los partidos políticos que se suponía debían encarar la oposición, las luchas y las reivindicaciones sociales, sino que se convirtieron en una real preocupación para el gobierno, que despreciativamente los consideraba marginales e irrelevantes por su dispersión, diversidad y ausencia de cohesión orgánica.

Como todas las cosas no tienen solamente una faceta positiva, aquí es importante realizar una breve digresión para destacar un fenómeno que a la postre tendrá enorme significación en la forma cómo se canaliza el curso de los acontecimientos. Se trata del hecho de que junto al carácter fundamentalmente espontáneo, inmediatista y reactivo frente a los acontecimientos de coyuntura (lo cual delata la ausencia de un proyecto, o de objetivos mayores que no sean los meramente circunstanciales); estos movimientos sociales tienen una conformación fundamentalmente urbana y de clase media, que solo de manera ocasional (especialmente cuando se produce la confluencia de causas y luchas de interés común) se articularon con otros sectores populares. Es decir, que a tiempo de hacer prevalecer sus causas de lucha particulares y hasta excluyentes, nunca lograron una organicidad deseada y tampoco articular fuerzas con otros sectores (principalmente con los populares), que tuvieran un carácter permanente. Por eso, regularmente, una vez alcanzado el objetivo planteado y logradas las conquistas buscadas, estos movimientos tendieron a desarticularse y se desmovilizaron. Como podrá apreciarse más adelante, estas características de los movimientos de resistencia ciudadana autoconvocada, se convertirán en factores limitantes a la hora de encarar desafíos mayores.

Por ello, advertidos del riesgo que implicaban especialmente con respecto a las pretensiones de perpetuarse en el poder, el gobierno del MAS (en una maniobra de la más sucia astucia política), no dudó en aprobar a topa tolondras y con abuso de su mayoría legislativa la Ley 1096 de organizaciones políticas en el mes de septiembre de 2018.

Dicha norma, que a decir del entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, había sido propuesta para que entre vigencia recién a partir de la subsiguiente gestión gubernamental; fue puesta en vigencia inmediatamente, precisamente para anular, impedir y coartar el protagonismo de las plataformas civiles (que ya le habían propinado importantes reveces a sus inclinaciones autocráticas y algunas medidas que pretendía imponer), pero que además devolvía a la vida política y reinstalaba un régimen partidocrático, orientado a usurpar, concentrar y monopolizar todos los derechos y la actividad política en sus manos 9/.

De esa forma se asestaba un golpe demoledor a todos los movimientos sociales espontáneos que hasta entonces se habían encargado de dar la cara por la sociedad frente a los abusos del poder, porque al devolverles protagonismo a los partidos políticos tradicionales y reinstalar la partidocracia, también inseminó la tentación del poder y la ambición política, que solo puede canalizarse a través de candidaturas en esos partidos políticos que para entonces eran una especie de zombies cadavéricos. La trascendencia de este ardid tenía otras consecuencias mayores y más graves. Al inducir y obligar a que los derechos y la actividad política transite mediada exclusivamente por medio de los partidos políticos, lo que en verdad se estaba provocando es que todas las controversias y diferencias políticas sólo podían resolverse en el plano electoral. Es decir, un escenario en el que lo determinante ya no son las causas, propuestas o proyectos de las tendencias, sectores sociales o corrientes ideológicas; menos el abordaje y solución de los problemas nacionales, sino la mera y mezquina disputa por el poder.

El resultado inmediato fue la desmovilización, desarticulación y la rápida desaparición de muchos grupos y plataformas, muchas de las cuáles (incluidos sus comprometidos representantes), pasaron a formar parte de las coaliciones y candidaturas electorales. Más allá de la legítima aspiración o ambición política para alinearse detrás de cualquier corriente ideológica que se puede argüir como razón para transitar a los partidos políticos y sus listas de candidaturas; lo cierto es que a tiempo de hacer prevalecer mezquinos intereses de poder por encima de la causa democrática que decían abanderar y defender, también traicionaron las luchas de resistencia y recuperación de la democracia en la que se habían involucrado. Es más, al oficializar sus candidaturas y entrar en la farsa electoral, lo que provocaban era la legalización fáctica de la repostulación anticonstitucional y antidemocrática contra la que se había luchado.

La trampa no podía haber dado mejores resultados. La nueva norma de organizaciones políticas imponía la primacía de los partidos políticos, pero también sembraba una semilla para abonar el camino de la confrontación, con el añadido de que la oposición partidista y los movimientos autoconvocados ya no estarían dispersos en varios frentes de atención, sino que al tener como único canal de expresión a la partidocracia tradicional, el esfuerzo se concentraba y acotaba en dos únicos antagonistas. Nótese que al perder independencia de criterio y terminar adscribiéndose a un determinado partido, lo que sucedía es que se perdía una oportunidad para conformar, diferenciarse y representar otras alternativas que no sean el neoliberalismo partidocrático, ni el populismo autocrático pseudo izquierdista.

Después de las elecciones de 2019 y de la insurgencia pacífica que paralizó el país como consecuencia del rechazo al fraude electoral que derivó en el abandono y huida de Evo Morales y la casta autocrática de su gobierno 10/; a esa trama urdida se sumó la creación del falso relato sobre el golpe de Estado. El falso discurso al margen de servir de coartada para la manipulación de la justicia, el abuso de poder, la venganza política, la persecución y la búsqueda de condena y cárcel para sus enemigos opositores; también está destinado a radicalizar aquella polarización confrontacional que constituye la herramienta principal de su forma de entender la política.


El problema tiene varias aristas y radica en que la oposición política nacional (incluidas plataformas, comités cívicos e inclusive CONADE), han decidido priorizar ese juego y actuar en forma conjunta como un solo bloque sin diferenciaciones. Importa y se impone la beligerancia y el rechazo al régimen, por encima de cualquier otra causa. De esa manera no solamente pierden y disuelven en la práctica sus identidades propias, la independencia de acción y alguna diferenciación de criterio y posicionamiento que podría albergar la esperanza de alguna alternativa diferente; sino que refuerzan y confirman el criterio (tan hábilmente aprovechado y subrayado por el oficialismo), de que se trata de una oposición predominantemente neoliberal y reaccionaria. Es decir, se configura una oposición que habiendo abandonado otras perspectivas de lucha, y dando las espaldas a los problemas nacionales que atingen a los sectores más vulnerables y mayoritarios, solo atina a entrar y responder el juego confrontacional propiciado e inducido por el MAS. Entrampados en dicha disputa confrontacional (que a lo largo de los varios años transcurridos ya ha dado suficiente muestra de su inutilidad e impotencia), aquel movimiento de resistencia ciudadana autoconvocada queda subsumida por los partidos políticos tradicionales, con lo cual refuerza el sistema partidocrático reinstalado por el régimen del MAS. Las consecuencias e implicaciones nacionales y políticas que ya se intuyen de este escenario descrito, las veremos en el acápite final de análisis prospectivo.

Al efecto, antes de entrar en el acápite final de este trabajo, efectuaré un breve punteo sobre el falso debate golpe de Estado/fraude electoral. En primera instancia, el falso debate instalado por el MAS para encubrir y salvaguardar en la impunidad a su cúpula autocrática beligerante, además de haberse convertido en su método preferente para proseguir con la confrontación y la polarización nacional; no es sino un artilugio inventado (que buscando imponer un falso relato sobre los hechos históricos sucedidos, transformando los hechos en ficción y la historia en farsa), no tiene otro propósito que ocultar, distraer y falsear el verdadero sentido que los bolivianos (y especialmente esa boba oposición partidocrática tradicional) no logran ver con claridad. Me refiero a que independientemente y más allá de la sórdida y falsa argumentación que han utilizado para defender y sustentar su despropósito acerca de que se produjo un golpe de Estado, sucede que el factor determinante que se impuso fue la reafirmación (insurgente, movilizada y al mismo tiempo pacífica), de que el verdadero poder no residía en un caudillo autócrata que quiso controlar y perpetuarse en el gobierno, sino en la voluntad y la fuerza de un pueblo movilizado en las calles, que le hizo saber que si no quería respetarse su voluntad soberana en las urnas, también estaba dispuesta a hacerla prevalecer en las calles. En otras palabras, es la cancelación del respaldo a una manera de dirigir el Estado que había devenido en autocrática, para hacer prevalecer la indeclinable decisión popular de gobernarse en libertad.

Por tanto y como segundo apunte, lo que verdaderamente terminó detonando aquella paralización total del país con pititas, no fue de ninguna manera alguna oscura intención por derrocar, conspirar o realizar algún golpe contra el gobierno constituido (porque para ello no se habría llegado hasta el punto de acudir masivamente a las urnas), cuanto el haber tomado finalmente conciencia de la amenaza y el ya inocultable riesgo de que un régimen autócrata termine usurpando libertades y derechos, así como anulando la precaria democracia que todavía quedaba. Es el triunfo de la voluntad indeclinable por vivir en libertad, frente a un aparato de poder que se ensañaba en usurpar y secuestrar la democracia para imponer sus intereses autocráticos. El fraude fue el detonante de tal insurgencia. Lo que nunca entró en sus cálculos, fue el hecho de que este mismo episodio histórico en el que desplegaron todos sus esfuerzos confrontacionales y belicosos con tal de retener el poder a cualquier costo, iba a convertirse en el germen de las disputas intestinas y la división interna de su propio instrumento político, que irónicamente conspira, atenta contra la credibilidad e idoneidad gubernamental, y está poniendo en riesgo la propia estabilidad de la gestión de su gobierno. Los golpistas son ellos mismos.

  1. ANÁLISIS PROSPECTIVO.

Resultado de la dinámica de los acontecimientos del reciente proceso histórico seguido hasta aquí, se puede constatar que Bolivia ha perdido y desperdiciado la oportunidad de efectivizar el Proyecto Nacional que había construido tan sacrificadamente a inicios del presente siglo. A cambio, lo que se ha impuesto como consecuencia, está circunscrito a una beligerante confrontación de dos fuerzas que, compartiendo esencialmente el mismo modelo desarrollista y salvajemente extractivista que se ha impuesto en suplantación de aquel Proyecto Nacional (salvo diferencias en la forma de ejecutarlo), en el fondo lo único que disputan es el acceso al poder y la definición de la forma cómo se acomodarán las castas dominantes.

Tampoco existe un liderazgo diferenciado, alternativo y dirimidor 11/ que plantee una oportunidad para la esperanza, porque ninguna de las corrientes en pugna se ha planteado siquiera debatir una visión de país diferente, encarar la raíz (no los síntomas) de los problemas nacionales, y menos de construir un Proyecto Nacional.
Consiguientemente la única alternativa que surge y es posible visualizar en ese escenario, está limitada a escoger cuál de las ofertas electorales será la menos dañina (en el marco de la continuación del modelo depredador), porque sabiendo perfectamente los límites y alcances de las propuestas ideológicas que actualmente discurren en el contexto nacional, ni siquiera es posible tener la esperanza de que atiendan y aborden los problemas nacionales que aquejan al país.

Tal es la deplorable situación en la que se encuentra el país, que enzarzados en esa disputa confrontacional que da las espaldas a los problemas y verdaderas angustias del país, no resultaría extraño que se termine adoptando un régimen similar a los que imperan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la democracia no existe, la crisis es endémica y sistémica, la vida es un drama donde no parece existir esperanza de futuro, y es el pueblo en su generalidad que sufre el estado calamitoso en el que se encuentra su país 12/.

Allí, lo mismo que en Bolivia, puede señalarse que sus oposiciones a los regímenes despóticos existentes (precisamente porque solo quieren sustituir al régimen imperante y están lejos de abanderar el verdadero sentimiento nacional), no han logrado la fuerza ni el respaldo nacional necesario, y tampoco la sociedad ha alcanzado el estado de disponibilidad indispensable para resolver su problemática. Su encrucijada es similar: las dos fuerzas enfrentadas no son, no representan, ni tienen una alternativa real.

Aquí, ensimismados en una pugna interminable (que ocasional, pero oportunamente se rompe por la rebeldía, irreverencia y hastío popular sobre el estado de cosas), no se logra percibir (menos preocuparse) porque el mundo, la naturaleza, la vida y la esperanza de avizorar algún futuro, ya han llegado a un límite de soportabilidad tal, que de no cambiar la lógica de nuestro relacionamiento con ellos, solo podremos esperar la catástrofe. Es cuando menos preocupante, porque cuando deberíamos encontrarnos en un plano de mayor libertad y profundización de un Proyecto Nacional, irónicamente sucede que estamos en un contexto de recuperación de las libertades básicas, los derechos y la propia democracia. Es como si hubiésemos perdido el futuro y el horizonte estuviese secuestrado.

El panorama se muestra oscuro y sombrío para el país, pero como algo tiene que ocurrir indudablemente, con seguridad encontrará algún cause de solución (que sólo habrá que esperar que sea otro diferente al que actualmente se perfila dadas las condiciones). En todo caso y utilizando para el final otra cita textual de Eric Hobsbawm, lo que queda claro hasta aquí es que: “No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y(…)por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de temer un futuro (y a nuestro turno el propio país, n.p.), no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad” 12/.

La decisión libre (no aquella “pueril” intención de pretender elegir un desenlace como si “la historia fuese un escaparate” a decir de Sergio Almaraz 13/), está en manos del pueblo, como siempre. Sin embargo, debemos estar concientes que el estado de ánimo de la población (extraña y adicionalmente alterada por las airadas disputas internas de poder del propio MAS), está llegando a un punto de ebullición que podría adoptar causes insospechados.
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(+) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Julio 1 de 2022.
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1/ Octavio Paz., Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Ed. Fondo de cultura económica. México, 2018.

2/ “Por momento constitutivo se podría entender al punto originario de las sociedades en su sentido más remoto, por ejemplo Egipto y el riego del Nilo o la conquista del hábitat en el Ande. En el sentido que lo usamos nosotros, tiene referencia a la manera que adquiere el tono ideológico y las formas de dominación del Estado, es decir, al momento de su construcción. Ver: René Zavaleta Mercado., Lo nacional-popular en Bolivia. Ed. Siglo XXI. México 1986.

3/ La agenda de Octubre de 2003 surge como consecuencia de la llamada guerra del gas. En ella se definen y establecen las siguientes tareas principales: rechazo a la venta del gas a Estado Unidos vía Chile; nacionalización de empresas estratégicas y recursos naturales; convocatoria a la Asamblea Constituyente; y renuncia y expulsión del gobierno de Sanches de Lozada (entendido como representación del neoliberalismo repudiado).

4/ “Bolivia enfrenta su destino de país oprimido en un nuevo ciclo. La opresión extranjera describe círculos: plata, salitre, goma, estaño, petróleo. Con cada nuevo ciclo se va un girón de vida nacional, cada etapa llega a su término con una nueva mutilación de la independencia nacional”. Ver: Sergio Almaraz., Petróleo en Bolivia, pág. 335. En: Obra reunida. Biblioteca del bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

5/ Entre fines del año 2007 (cuando se aprueba la nueva Constitución en Asamblea Constituyente), y febrero de 2009 cuando vía Referéndum Aprobatorio se admite el texto final; el Congreso Legislativo con mayoría del MAS se arrogó una competencia totalmente al margen de sus atribuciones. Ella consistió en introducir modificaciones al texto y contenido de la Constitución Política del Estado aprobada en Asamblea Constituyente (la única instancia competente). Lo hicieron sobre la base de acuerdos y negociaciones entre el oficialismo mayoritario y la oposición conservadora y neoliberal, bajo el argumento de viabilizar el Referéndum constitucional aprobatorio de 2009. En perspectiva y a la vista de lo sucedido en años posteriores, esta práctica (que al principio fue hecha con los sectores conservadores y tradicionalmente dominantes que se encontraban en férrea oposición, pero que después pasaron a formar parte aliada del gobierno), se ha convertido en el mecanismo recurrente para favorecer y privilegiar esos mismos intereses antinacionales, por encima y en contra del mandato constitucional y de aquellas tareas de transformación y cambio que debieron haber sido encaradas. Es decir, se trata del antecedente primigenio de lo que a la postre se convirtió en uno de los mecanismos más recurrentes de la traición y el abandono del Proyecto Nacional.

6/ Para aproximarse a una revisión de la problemática a través de diversos enfoques y especialistas, sugiero Ver: OEP-TSE, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomìas, CONAIOC, PNUD., Diversidad Institucional. Autonomías indígenas y Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. PNUD La Paz, Bolivia 2018.

7/ Constitución Política del Estado. Capítulo Segundo. Principios, valores y fines del Estado. Art. 8. Inc. II) “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

8/ Se hace referencia a la masacre de El Porvenir en Pando y el operativo militar de asalto violento en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que cobró varias muertes y se conoció como parte de la lucha contra el terrorismo internacional vinculado con sectores políticos nacionales. Para ampliar el contexto y acercarse al significado de esta coyuntura tan especial, Ver: Boris Miranda., La mañana después de la guerra. Ed. El cuervo. La Paz, Bolivia 2012.

9/ La ley 1096 de organizaciones políticas tiene un innegable carácter, regresivo, partidocrático e inclusive colonial que debería merecer un análisis más circunstanciado que en este trabajo no es posible abordar.

10/ Para una aproximación y consulta de fuentes analíticas, testimoniales y documentales sobre el tema, se sugiere Ver: Jan Souverein y José Luis Exeni R. (coordinadores)., Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020). Ed. FES Bolivia. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.; Roberto Navia, Marcelo Suarez., Nadie se rinde. Una epopeya boliviana. Grupo editoral La Hoguera. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2020.; Página Siete., La revolución de las pititas. Compañía editora Luna Llena S.A.La Paz, Bolivia 2019.; Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)., Relato de un pueblo. Derechos humanos y resistencia democrática en 2019. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.

11/ Entendiéndose que un liderazgo nacional no es lo mismo que la consabida aparición de varias candidaturas que, desgajadas y separadas ‘oportunamente’ del bloque opositor que funge ‘unificado’, establecen sus propias tiendas (como ya ha sucedido tantas veces en las coyunturas electorales), cuya característica principal es el sectarismo y la exclusión, al punto de rechazar y negarse rotundamente a conformar alianzas frente al adversario común, como ha sido su costumbre en forma recurrente. La ambición de poder no es privativa ni exclusiva de ninguna sigla política.

12/ Para tener una crónica testimonial actualizada de lo que ocurre en Latinoamérica (incluidos estos países y Bolivia), sugiero muy especialmente el libro de: Jon Lee Anderson., Los años de la espiral. Crónicas de América Latina. Ed. Sexto piso S.A. Madrid, España 2020.

13/ Eric. Hobsbawm., Historia del siglo XX. Ed. Critica, grupo editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina 2021.

14/Sergio Almaraz., Réquiem para una república. p, 547. En: Obra reunida. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

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Leonidas Iza, interviene en medio de las negociaciones

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, admitió que el acta no incluye todas las demandas aunque destacó que tiene "importantes logros". Advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

El movimiento indígena y el gobierno de Ecuador llegaron este jueves a un acuerdo que permitirá levantar el paro y las movilizaciones que desde hace 18 días sacuden al país. En el documento, presentado por la Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, el gobierno aceptó reducir el precio de los combustibles más que lo anunciado previamente, derogar el estado de excepción reinstalado el miércoles y establecer mesas de negociación sobre otros reclamos del movimiento indígena. Esto supone un triunfo moderado para la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que logró que se atiendan varias de sus demandas.

18 días de protestas y reclamos

Los indígenas iniciaron el reclamo el 13 de junio para exigir una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos. El gobierno, atendiendo a los reclamos, bajó en diez centavos el valor del diesel (1,80 dólares) y la nafta corriente (2,45), pero la Conaie lo consideró insuficiente y obtuvo esta reducción adicional.

El acuerdo incluye también los decretos que ya firmó Lasso durante el paro: hacer que los gobernadores intensifiquen y fortalezcan los controles de precios en sus provincias, declarar en emergencia al sector salud y duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe. Se agregaron la derogación del decreto 95, que establece la política petrolera del gobierno y la reforma que contiene el plan de acción para el desarrollo del plan minero, dejando establecido que esas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas, zonas intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica.

A poco de sellarse el acuerdo el presidente de la podera Conaie, Leonidas Iza, insinuó la necesidad de incorporar nuevos puntos que no estaban consensuados ni se habían discutido, y pidió un plazo para debatir con sus allegados. Esa pausa de 30 minutos empujó al Ejecutivo a sumar otro punto: el compromiso de elaborar una propuesta de focalización de subsidios. "De acuerdo al acta que hemos firmado, vamos a suspender esta medida de hecho", expresó Iza, confirmando el fin de las protestas con bloqueo de rutas a nivel nacional.

Lasso, quien asumió el poder hace 13 meses y en medio de la crisis política se salvó de ser destituido por el Congreso, manifestó en su cuenta de Twitter: "Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país". El mandatario de derecha agregó: "Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos".

A la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la que se reunieron las partes asistieron el ministro de Gobierno, Francisco Giménez, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín y el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, informó el diario El Comercio. Mientras que en representación del movimiento indígena estuvo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

También participaron de la reunión el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera, y los presidentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), y los rectores de la Universidad Salesiana, entre otros.

"Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta, pero eso no significa que siempre vayamos a tener esa actitud. (...) Las dos partes nos hemos equivocado, pero es de valientes reconocer los errores", dijo Eustaquio Toala, presidente de Feine.

A su vez, Leonidas Iza admitió que el acta no incluye todas las demandas, pero destacó que tiene "importantes logros", a la vez que pidió que no haya criminalización en la justicia contra los participantes en las protestas. "Ya basta de seguir estigmatizando y racializando a los luchadores sociales. Basta de llamarnos terroristas", planteó el líder indígena, quien advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

Un diálogo con vaivenes

El Ejecutivo rompió hace dos días las negociaciones con la Conaie luego de acusar al movimiento indígena de un ataque a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos. En ese choque un militar murió y otros 12 resultaron heridos. En el contexto de las protestas también murieron cinco o seis manifestantes, según las fuentes que se consulten.

Los diálogos habían empezado el lunes luego de más de dos semanas de protestas, que tuvieron su punto más violento entre jueves y viernes de la semana pasada en Quito. "Reiteramos que la voluntad del gobierno nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la constitución a esa paz tan anhelada", apuntó el ministro de Gobierno, Francisco Giménez.

Aunque el gobierno había dicho el miércoles que no estaba dispuesto a dialogar con Iza, después señaló que no pretende "poner condicionamientos" a este nuevo acercamiento. Poco antes el presidente Lasso había decretado el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país, una medida que el gobierno se comprometió a derogar gracias al esperado acuerdo con el movimiento indígena.

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El gobierno de Ecuador acepta volver al diálogo con los indígenas

Quito. El gobierno de Ecuador aceptó ayer volver a un diálogo con los indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabasto de alimentos, medicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del país.

Horas antes, el presidente, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según su gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos, mientras la Conaie denunció un hpresunto intento de dividir a esa organización promovido por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Al cierre de esta edición, Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció, junto con la organización de indígenas evangélicos (Feine), que hoy "participaremos en este proceso de diálogo" en busca de resultados, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y ratificó la convocatoria para una amplia movilización pacífica este jueves.

"Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la CEE", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. La CEE es el máximo organismo de la Iglesia católica en Ecuador.

"Este proceso se inició a petición de las tres organizaciones en conflicto: Conaie, Feine (organización de indígenas evangélicos) y Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras) que dirigieron una comunicación a la CEE y en función de esa respuesta y de la mención explícita del gobierno nacional hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación", afirmó Jiménez, según el diario El Comercio.

Respecto de la negativa de ­Lasso de volver a pláticas con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, Jiménez aseveró que al haber aceptado el proceso de mediación "nos sujetamos a su metodología; son ellos los que van a designar los delegados de parte y parte. No queremos poner condicionamientos".

Aún no se conoce el día ni la hora ni quiénes participarán en la mesa de diálogo.

El ministro pidió a las organizaciones indígenas que no haya "más brotes de violencia", que pondrían en peligro las nuevas pláticas.

Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo Iza debe "deponer sus medidas de hecho; si no hay esas condiciones es muy difícil", y advirtió: "para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país".

Más temprano, Lasso decretó el estado de excepción en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, a partir de ayer por 30 días, informó el diario local El Universo. No incluyó a Pichincha, donde se encuentra Quito, y epicentro de las movilizaciones. La medida fue tomada por una "grave conmoción interna", según el decreto difundido por la Secretaría de Comunicación de la presidencia.

Estas provincias "concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", lo que afecta "el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía", y destacó que en esas jurisdicciones está en riesgo la seguridad, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno hospitalario y combustibles.

En el contexto del estado de excepción, Lasso estableció como "zona de seguridad" los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca de 30 por ciento de los ingresos.

El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además, incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.

En ese contexto, Lasso cesó a los gobernadores de Sucumbíos y Loja, Mario Mancino y Darío Domínguez, respectivamente, informó la Secretaría de Comunicación, indicó El Universo.

Antes, la Conaie, denunció un intento de dividir a esa organización. “Ahora Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, irrespetando la estructura del movimiento indígena y el proceso (de diálogo) con cinco funciones del Estado, pretende dividir y hacer invitaciones con emisarios de la policía en medio de vallas y púas. El ‘gobierno ausente’ desconectado del pueblo”, tuiteó.

En Quito, al grito de "No queremos 10 centavos, queremos resultados", cientos de indígenas marcharon pacíficamente para pedir la reanudación de las negociaciones, señaló Afp. Los alrededores del presidencial palacio de Carondelet estuvieron bloqueados con vallas metálicas y alambres con cuchillas, además de policías.

Antes, manifestantes incendiaron dos estaciones de policía en el norte de la capital. La policía confirmó que las unidades de vigilancia comunitaria de las gigantescas barriadas de Calderón y Carapungo, en el extremo norte quiteño, quedaron completamente destruidas, sin embargo los agentes lograron huir a tiempo.

Por lo pronto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi llamó a una marcha masiva hoy hacia Quito, a la que se sumará el Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos y de educación.

Las represión ha dejado seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles.

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Representantes del gobierno de Guillermo Lasso, e integrantes de organizaciones indígenas, durante la reunión de ayer en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, la cual buscaba terminar con dos semanas de protestas que amenazan la producción de crudo.Foto Ap

Quito. Las organizaciones indígenas y el gobierno de Ecuador no lograron ayer un acuerdo sobre mayores recortes en los precios de la gasolina y límites al desarrollo petrolero y minero, en una reunión que buscaba terminar con dos semanas de protestas que amenazan la producción de crudo.

El presidente Guillermo Lasso anunció la noche del domingo una baja de 10 centavos de dólar en el precio de la gasolina Extra y el diésel, que la Confederación de Nacionalides Indígenas de Ecuador (Conaie) calificó de insuficiente.

Al menos siete personas han muerto en relación con las protestas, mientras la producción de petróleo del país se ha reducido a la mitad y el Ministerio de Energía dijo que es posible tener que suspender el bombeo debido a la falta de suministros para la operación de los campos.

Lasso, cuya relación con la Asamblea Nacional ha empeorado durante las protestas, también anunció fertilizantes subsidiados, condonación de deudas y créditos baratos.

Grupos indígenas liderados por la organización Conaie dijeron ayer que las rebajas de Lasso, que ponían la gasolina Extra en 2.45 dólares por galón y a 1.80 dólares el de diésel no eran suficientes, pero acordaron reunirse con representantes del gobierno, en un encuentro que duró seis horas, (un primer acercamiento se tuvo el sábado) y se tiene prevista una segunda reunión para hoy martes a las 10 de mañana.

La Conaie buscaba en su propuesta inicial que la gasolina Extra se congele en 2.10 dólares el galón y el diésel en 1.50 dólares y además se limite la expansión petrolera y minera. Lasso informó que la reducción del precio del combustible y otras concesiones costarán alrededor de 600 millones de dólares.

Consideran cambios en las políticas petrolera y minera

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo durante el encuentro que no podían bajar más el precio de los combustibles, pero se mostró dispuesto a considerar subsidios para grupos específicos. También sostuvo la apertura oficial a discutir cambios en las políticas petrolera y minera.

"Vemos que hay poca voluntad sobre los temas sustanciales", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. En su intervención, Iza rechazó que se responsabilice a los sectores indígenas como promotores de la violencia desatada durante las movilizaciones o como desestabilizadores de la democracia.

Sobre las 10 demandas planteadas al gobierno, Iza empezó por desmentir que la Conaie busque favorecer a los contrabandistas de combustibles, cuando se solicita que baje el precio de las gasolinas y el diésel.

Dijo que retirar los subsidios afecta a los productores del campo, pues encarece el transporte y, por ende, a la producción. Refirió que en una reunión sostenida con Carondelet en noviembre de 2021 se propuso emprender una política de focalización de subsidios a los combustibles para los "sectores que sí lo merecen". No obstante, aquello no tuvo respuesta y desembocó en la actual confrontación social en las calles, aseguró Iza.

“La reducción de 10 centavos realmente no permitiría bajar los precios que han incrementado, en algunos productos, hasta cinco veces, cuatro veces, tres veces (...)

Esta medida debe ir conjugada con el control de precios, porque si no esto se atribuye únicamente al incremento del precio de los combustibles y a los factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania”, señaló Iza.

La Conaie tuiteó que policías infiltrados con bombas lacrimógenas fueron identificados en los alrededores de la Basílica del Voto Nacional donde se realizaba el diálogo entre la organización y autoridades del país. El gerente de la petrolera estatal Petroecuador, Ítalo Cedeño, señaló ante un canal local que "era un crimen" recortar la producción de crudo en medio de precios globalmente altos.

Los quiteños se han quejado de la escasez de gas doméstico y mayores precios en los alimentos. Otras ciudades también han informado de escasez de combustible y suministros médicos.

El sector petrolero, los productores privados de flores y lácteos, las empresas turísticas y otros han perdido más de 500 millones de dólares a causa de las protestas, dijo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

La Conaie contabiliza cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que tres civiles murieron durante las marchas, dos más murieron de manera accidental y otros dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos.

La Asamblea Nacional retomará hoy el debate sobre el pedido de un grupo de legisladores de la oposición para destituir a Lasso de su cargo, aunque parece que no contarían con el apoyo necesario para la medida.

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La estéril ilusión del cambio por arriba

Colombia, Ecuador y Chile nos muestran procesos recientes relativamente similares. Gobiernos de la derecha neoliberal enfrentados por grandes revueltas populares de larga duración, que abrieron brechas en la dominación y pusieron en jaque la gobernabilidad. El sistema político respondió encauzando la disputa hacia el terreno institucional, con beneplácito y entusiasmo de las izquierdas.

Durante las revueltas se fortalecen las organizaciones de base y se crean nuevas. En Chile, más de 200 asambleas territoriales y más de 500 ollas comunitarias en Santiago cuando se declara la pandemia. En Ecuador el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, con más de 200 organizaciones. En Colombia decenas de "puntos de resistencia", territorios libres donde los pueblos crean nuevas relaciones entre ellos.

Los resultados de la opción institucional suelen hacerse visibles tiempo después, cuando la potencia de los levantamientos empieza a desfibrarse y casi no quedan or­ganizaciones de base. El Parlamento ecuatoriano ya no funciona. Las asambleas chilenas se han debilitado en cantidad y participación. Igual sucede en Colombia.

El caso de Chile es el más dramático, ya que toda la potencia de la revuelta fue pronto neutralizada con la firma de un acuerdo para una nueva Constitución, aunque sabemos que el objetivo final era sacar a la población de las calles, porque es la amenaza principal para el dominio de las élites económicas y políticas.

Chile es el único de esos tres países en que el proceso electoral coronó a alguien que dijo representar la revuelta, el actual presidente Gabriel Boric. ¿Qué más se podía pedir? Un joven que fue activo en la protesta estudiantil y que forma parte de la "nueva" izquierda agrupada en torno al Apruebo Dignidad.

Es la mayor decepción imaginable, para quienes apostaban a un cambio gestionado desde arriba en ancas de la protesta. Fue Boric quien firmó el pacto con la derecha y el centro, con la elitista clase política, para convocar la constituyente. Fue quien dijo una y otra vez que las cosas cambiarían con su gobierno y prometió desmilitarizar territorio mapuche, Wall Mapu.

Dos meses después de asumir la presidencia decidió establecer el estado de excepción en esas tierras. Igual que Sebastián Piñera, el presidente derechista odiado por medio Chile. Igual que todos los gobiernos anteriores, incluyendo por supuesto al régimen de Pinochet.

El estado de excepción se dirige contra el activismo mapuche que recupera tierras y sabotea a las empresas extractivas que destruyen la madre tierra. En particular, se dirige contra la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Liberación Nacional Mapuche (LNM), así como contra organizaciones de resistencia territorial autónomas.

La ocupación militar de la Araucanía responde al pedido de camioneros y latifundistas. Para Héctor Llaitul, dirigente de la CAM, es "la plena expresión de la dictadura militar que nosotros, los mapuche, siempre sufrimos"; en tanto la RML considera que "Boric dejó las nuevas políticas represivas en las manos del Partido Socialista, con el aval del crimen organizado" (https://bit.ly/3lYSpSC).

Sólo cabe agregar que el área económica fue entregada a uno de los más destacados defensores del neoliberalismo y la ortodoxia económica, Mario Marcel. No habrá cambios. Apenas maquillaje. La popularidad de Boric se despeñó: 57 por ciento lo desaprueban, sólo dos meses después de asumir (https://bit.ly/3x2dkcz).

Lo de Chile no es la excepción, sino la regla. Algo similar sucede en Ecuador, aunque la presidencia la ganó el derechista Guillermo Lasso. En Colombia, lamentablemente, el movimiento social se entrampó en las urnas al desorganizar sus propios territorios urbanos. Algunas reflexiones.

Primero: la política electoral depende mucho más del marketing que de programas y propuestas. Así como el consumismo es una "mutación antropológica" (Pasolini), el marketing electoral remodela de arriba abajo los mapas y las conductas políticas.

Dos: el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultraconcentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcoparamilitares que rediseñan el mundo.

Tres: los gobiernos electos no pueden –en el hipotético caso de que lo intentaran– tocar los intereses de los verdaderos poderes y de los poderosos. Ellos están blindados detrás de varios ejércitos, estatales y privados, de un opaco sistema judicial y de los grandes medios.

Cuatro: se trata de tomar otros caminos, no de insistir en los que ya sabemos que no conducen más que a relegitimar lo existente y a debilitar los mundos otros que nacen. No disputar el poder de ellos (ni su salud, ni sus medios, ni su educación). Crear lo nuestro. Y defenderlo.

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Sergio Dávila, Prueba tipo PISA, https://www.flickr.com/photos/sergiodavila/8049235056/

El proceso de aprendizaje es un suceso dinámico y complejo, una vivencia que tiene que ver con las etapas de la vida y los entornos que se habitan, dinamizadas por medio de experiencias interdisciplinarias en el aula. Reducir esta dinámica y compleja experiencia a un suceso lineal, posible de evaluar y controlar por una máquina, es un imposible. Y evaluar tales experiencias, por medio de procesos como Pisa, sometido a un monopolio evaluativo a cargo de una multinacional, es un disparate.

Liquidar el monopolio absurdo de la evaluación es condición necesaria para transformar la actividad del aula en una experiencia interdisciplinaria de investigación a partir de la cual desarrollar los pertinentes recursos de evaluación y valoración. En ese orden, resulta un despropósito mantener la rutina institucional de aplicar las pruebas Pisa.

Confluencia de ciencias

En la década del 50 del siglo XX, confluyeron en las universidades norteamericanas un conjunto de programas de investigación: cibernética, inteligencia artificial, lingüística generativa, teoría de sistemas, sociología crítica. Se creó, entonces, la necesidad de repensar los problemas del conocimiento, su desarrollo histórico cultural y el modo íntimo y socialde construirlo. La psicología fue una de las disciplinas a vincular en ese emergente campo de investigación interdisciplinaria.

Noam Chomsky, quien desencadenaba en esos años una renovación en la investigación lingüística, interpeló a los psicólogos norteamericanos de la época. El lingüista había demostrado que todo enunciado dependía de la aplicación de un conjunto finito de reglas, las que, sin embargo, permiten una elaboración infinita de enunciados. Postuló, entonces, que tras cada desempeño lingüístico existía una competencia linguística.

Estas conceptualizaciones planteaban interrogantes que debían ser trabajados en cooperación con otras disciplinas. En lo concerniente con las competencias linguísticas la interpelación a la psicología era indispensable. Al buscar la cooperación de los psicólogos norteamericanos, constató que el programa de investigación dominante en la psicología de su país (el conductismo) era precario. En 1957 Skinner, la personalidad más destacada de la psicología norteamericana, había publicado su obra mayor: Conducta verbal, obra que criticó Chomsky ºmostrando la imposibilidad de investigar desde el conductismo funciones psíquicas complejas como el lenguaje y el pensamiento. Ante la ausencia de otro programa de investigación reivindicó la psicología racionalista cartesiana del siglo XVII. Estos debates fueron catalizadores del surgimiento de la llamada revolución cognitiva.

En debate

Veinte años después (1975), se organizó en Francia un debate entre Chomsky y Piaget. El propósito era, en el marco de la revolución cognitiva, encontrar consensos de principio entre la psicología y la lingüística que permitieran desarrollos investigativos significativos. Piaget, para iniciar el debate con Chomsky, planteó un acuerdo inicial, y sostuvo: “En un principio, estoy de acuerdo con él en lo que me parece su aportación básica a la psicología: que el lenguaje es un producto de la inteligencia o de la razón y no de un aprendizaje en el sentido behaviorista del término”1. Sin embargo, el encuentro no logró avanzar más allá de este punto inicial. El asunto que se tornó insuperable fue el relativo al carácter innato o construido de las competencias linguísticas. Las investigaciones y la teoría genética de Piaget fueron consideradas por Chomsky insuficientes para explicar el desarrollo del desempeño y la competencia linguística que él considera innatas.

Hoy, al inicio de la segunda década del siglo XXI, queremos rescatar la tesis de Piaget que asume el lenguaje y el pensamiento como una experiencia de la razón y de la inteligencia y no del aprendizaje. Esta conclusión que tiene implicaciones de diferente orden para las prácticas y disciplinas que se ocupan de investigar la génesis y el funcionamiento del lenguaje, el pensamiento, el intelecto y la razón no ha fructificado, sin embargo, en programas de investigación significativos. Sostenemos, entonces, que esto ha sido así, porque al diálogo entre psicólogos y lingüistas les falta un tercer interlocutor: los maestros.

Ahora, una perspectiva de trabajo que interpele efectivamente los aportes de Chomsky y Piaget a partir de programas de investigación en el aula, permitiría comprender la experiencia de conocer y las transformaciones en las competencias y desempeños lingüísticos en la niñez, la infancia y la primera juventud. Esta interlocución sólo la puede adelantar la comunidad pedagógica pero para hacerlo, maestras y maestros tendrían que romper con el esquema Enseñanza- Aprendizaje que regula toda práctica de enseñanza en el aula. Este esquema, hoy universal, muestra sus profundas limitaciones cuando se asume el punto de vista de Chomsky y Piaget. Al romper con el esquema la enseñanza sería pensar, conceptualizar y experimentar.

En Colombia se discute en ocasiones sobre la evaluación por competencias. ¿Por qué surge ese debate? Con propósitos de ubicación temporal, es necesario recordar que durante el último año del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se inició un proceso de contrarreforma legal en la educación colombiana. Recordemos que durante la década del 90 se llevaron a cabo un conjunto de transformaciones legales impulsadas por la comunidad académica ligada al movimiento pedagógico iniciado en el Congreso de Fecode realizado en Bucaramanga en 1982.

El primer acto de esas transformaciones se llevó a cabo en la Constituyente de 1991. Los enunciados constitucionales sobre educación, tuvieron un primer desarrollo en la Ley general (115 de 1994), la cual proporcionó los presupuestos legales para el Plan decenal de educación (1996). Y el Plan, a su vez, para la formulación de la propuesta de Expedición pedagógica (1999-2000). Estas acciones, aquí sumariamente reseñadas, crearon una situación nueva en la sociedad colombiana respecto a las políticas públicas en educación. Algunas instituciones y rutinas que eran funcionales en el pasado, tuvieron que ser repensadas. Una de esas rutinas fue el examen del Icfes, que respodia al viejo esquema de los tests de inteligencia, por lo cual tuvo que ser repensado.

Compentencia y desempeño

Para discutir la nueva propuesta de examen, el Icfes llamó a investigadores de distintas universidades pero especialmente de la Universidad Nacional. El proceso de trabajo concluyó en la necesidad de elaborar un examen que tuviera como eje conceptual la distinción chomskiana entre competencia y desempeño y, en consecuencia, la evaluación se adelantara por competencias.

El carácter genérico del examen colocó las preocupaciones sobre el tema de la evaluación por competencias en primer plano. El emergente debate en Colombia sobre las competencias tiene en ese hecho su antecedente inmediato. Pero la lógica del debate se ha definido por la función que las autoridades gubernamentales le han dado a la idea de evaluación, levantada a la condición de tribunal supremo. Y desde esa condición se justifican una serie de medidas de control administrativo, concebidas por tecnócratas de planeación nacional que piensan los asuntos educativos con el mismo esquema con el que se ordena el servicio domiciliario de agua, de teléfono o de recolección de las basuras.

Las tensiones derivadas de ese modo de utilizar por parte de la burocracia gubernamental la propuesta de evaluación por competencias, desencadenó una serie de alegatos absurdos. Se escucha decir, por ejemplo, que las competencias son un engendro neoliberal tendiente a imponerle a los maestros las tesis del mercado. Es evidente que es necesario sacar la discusión de ese terreno y ubicarla en el campo de programas de investigación, en los cuales cooperan lingüísticas y psicólogos, para resolver problemas que surgen de la acción de enseñar.

Se trata de comprender que la tarea de enseñar en la perspectiva de crear y enriquecer competencias implica comprometerse con un programa de investigación en el sentido de Imre Lakatos2. Hoy, cuando ya es una evidencia universal que la humanidad ha comenzado a vivir una nueva época histórica, que ya no es sostenible la vieja antinomia entre trabajo intelectual y trabajo físico, que existen objetos tecnológicos que nos liberan de las rutinas algorítmicas, la tarea de enseñar no puede seguir adelantándose con las inercias contenidas en el esquema Enseñanza- Aprendizaje (E-A).

En una perspectiva de trabajo que incorpore los aportes de Chomsky y Piaget a sus programas de investigación en el aula, los maestros no podrían mantenerse en el esquema E-A. El punto de partida sería una enseñanza sin aprendizaje (ESA), una enseñanza para pensar y conceptualizar.

Volviendo al debate: en el texto con el cual inicia las deliberaciones Piaget formula lo que considera el asunto central a debatir en los siguientes términos: “El problema reside, en elegir entre dos hipótesis: construcciones auténticas con aperturas sucesivas a nuevas posibilidades, o actualizaciones sucesivas de un conjunto de posibles presentes desde el principio” (p. 53). Es decir, se trata de aceptar un innatismo como lo hace Chomsky o de asumir unos supuestos constructivistas.

Si se asumen unos supuestos constructivistas, indica Piaget, es necesario tener en cuenta la siguiente dificultad: las formas linguísticas se tornan necesarias una vez culminada la experiencia de su construcción pero su desarrollo es singular y azaroso. Por su parte, Piaget sostiene: “[...] las construcciones que exige la formación de la razón se hacen progresivamente necesarias, mientras que cada una de ellas se inicia gracias a intentos diversos, en partes contingentes y que comportan una parte importante de irracionalidad.” (p. 57).

Piaget precisa su conceptualización cuando plantea que: “[...] las estructuras lógicas matemáticas, en su infinidad, no se pueden localizar ni en los objetos, ni en el sujeto en su origen. Así, pues, únicamente resulta aceptable un constructivismo cuya ardua tarea consiste en explicar a la vez el mecanismo de formación de las novedades y el carácter de necesidad lógica que estos adquieren en su desarrollo”. (p. 54).

Piaget insiste en diferentes momentos sobre este núcleo problemático. De modo sintético lo formula en las siguientes líneas: “El problema central es el de comprender, cómo se efectúan tales creaciones y por qué, siendo consecuencia de construcciones no predeterminadas, pueden durante el camino hacerse lógicamente necesarias”. (p. 51). Delimitado el asunto central a resolver, esboza sus conceptos centrales sobre el funcionamiento de la inteligencia, de la cual indica que tiene una función (la adaptación) que se alcanza por la mediación de dos ciclos que actuan de modo diferenciado pero que existen simultáneamente: el de asimilasión y el de acomodación.

Estas funciones se dan en la persona desde los primeros días de su existencia y su ejercicio va generando transformaciones que constituyen etapas de formación. En el lapso que va desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente los dos años, la inteligencia es sensorio-motriz. Las estructuras lógicas construidas en ese lapso proporcionan la base sobre la cual se construye, a su vez, la inteligencia reflexiva, la cual está mediada linguísticamente. En ese sentido, la construcción de la función semiótica es decisiva para el desarrollo de la inteligencia reflexiva. Un rasgo central de la emergencia de esa función es el uso de significantes diferenciados de su significado. A ese respecto Piaget señala: “[...] la función semiótica debuta [...], cuando los significantes aparecen diferenciados de los significados y pueden corresponder a multiplicidad de estos”. (p. 56).

La finalidad última de la inteligencia reflexiva es la de asimilar el universo al yo y acomodar el yo al universo, dice Piaget. Las cosmologías tendrían una función orientadora básica en la actividad formadora de las nuevas generaciones, premisa que planteó Rodolfo Llinás hace un cuarto de siglo (1994) cuando la Misión de Sabios convocada por el presidente de entonces, César Gaviria, presentó su informe con el título “Colombia en el filo de la oportunidad”.

En ese proceso, la persona es simultáneamente espectador y protagonista de transformaciones sucesivas. La primera de ellas, es el tránsito de la inteligencia práctica a la inteligencia reflexiva. En la periodización de Piaget, la inteligencia reflexiva se inicia con una primera fase o estado de tipo preoperatorio (2 a 5 años), una segunda fase que llama de las operaciones concretas (de 7 a 12 años) y una fase donde el proceso llega a un estado estacionario, al que denomina de las operaciones formales (12 a 15 años). La función adaptativa y el doble ciclo de asimilasión y acomodación es para Piaget : “[...] enteramente general y se encuentra en los diferentes niveles del pensamiento científico”. (p. 52).

La fuente dinámica de los tránsitos de un estado a otro lo proporciona el ciclo de asimilasión. En términos de Piaget, la asimilasión “[...] se erige en motor del acto cognoscitivo” (p. 52). En el doble movimiento de asimilasión y de acomodación se construye el yo del sujeto, proceso que no fue motivo de investigación sistemática por parte de Piaget, pero sí es un proceso siempre presente en su conceptualización.

Un ejemplo claro de esa presencia es la siguiente reflexión de Piaget acerca de los esquemas de asimilasión construidos por el niño hacia los siete años: “[...] el niño reinventa para sí, alrededor de los 7 años, la reversibilidad, la transitividad, la recursividad, la reciprocidad de las relaciones, la inclusión de las clases, la conservación de los conjuntos numéricos, la medida, la organización de las referencias espaciales (coordenadas), los morfismos y ciertos functores, etc.; en otras palabras, todas las bases de la lógica y las matemáticas”. (p. 54).
Por último, en este texto Piaget postula la existencia de una función general de autoregulación intrínseca a los organismos y a la experiencia de conocer. En lo relativo al organismo, esa función general procura mantener su integración en cada momento y situación; el resultado es un estado de equilibrio homeostático. En el caso de la experiencia cognitiva, esa función general se orienta no a mantener un equilibrio sino a construir nuevos equilibrios. En su libro Biología y conocimiento, Piaget denomina homeorrético a ese equilibrio. Las personas que conocen tenderían a pasar de estados de menor a mayor equilibrio, de estados de menor complejidad conceptual a estados de mayor complejidad.

Planificar las experiencias

Ahora, una de las competencias inherentes a la función general de autoregulación es la abstracción. Para Piaget toda abstracción es, simultaneamente, una generalización. El psicológo y epistemólogo distingue tres tipos de abstracciones: La primera, la que opera sobre los objetos. En ella se abstraen (generalizan) las propiedades físicas de los objetos. A esta la denomina abstracción empírica. La segunda es la que opera sobre las acciones. En ella se abstraen (generalizan) las propiedades lógicas de la acción, A esta la denomina abstracción reflectora. La tercera es la que opera sobre los resultados de las dos primeras. En ella, dice Piaget, “[...] aunque se actué sólo sobre elementos ya construidos, constituye naturalmente una nueva construcción, puesto que dota de simultaneidad, mediante correspondencias transversales, a lo que hasta entonces estaba elaborado por vinculaciones sucesivas”. (p. 56). A esta abstracción Piagetre la llama flejada.

Este proceso es de orden psicogenético e histórico cultural, y desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias y las tecnologías pone en correspondencia los procesos biográficos y la historia de las ciencias. La enseñanza tendrá sus especificidades en cada ciclo de la historia personal, en correspondencia con las instituciones educativas y sus modos de funcionamiento. Los desarrollos que se han dado en el sistema educativo nuestro respecto a los ciclos es una premisa de gran importancia para adelantar procesos de investigación en el aula.

En el caso de la enseñanza de las ciencias, las artes y las profesiones en las universidades, esta puede ser asumida como investigación de los paralelismos entre el proceso psicogenético de los alumnos y el proceso histórico de configuración de las redes conceptuales que sostienen la existencia y transformación de las ciencias, las artes y profesiones.

La idea de la historicidad de las ciencias es un acontecimiento histórico reciente. Hasta mediados del siglo XX, la ciencia se asumió como la búsqueda de conocimientos absolutos y definitivos. Esta idea del conocimiento como un estado fue dando paso a la idea del conocimiento como una experiencia histórica asumida por las personas y la sociedad con sus instituciones. El programa de investigación de Piaget sobre la epistemología genética es uno de los momentos culminantes de ese cambio en el modo de pensar las ciencias. Así mismo el programa de investigación de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas.

En este nuevo orden de existencia, la actividad mediante la cual las nuevas generaciones enriquecen sus competencias y desempeños linguísticos para poder pensar las ciencias, las artes y las tecnologías, y poder así integrarse como miembros activos de las comunidades artísticas, científicas o profesionales, se convierte en una tarea decisiva de la sociedad.

Se trata, pues, de planificar las experiencias que permiten al estudiante que, por ejemplo ingresa a la universidad, asimilar los conocimientos y prácticas propias de una profesión o de una ciencia o un arte y lo convierten en integrante de las comunidades académicas respectivas. En síntesis, tenemos que el entorno institucional de esa experiencia es la universidad, su acción reguladora la enseñanza, su propósito enriquecer las competencias linguísticas de los estudiantes para pensar las ciencias, las profesiones y las tecnologías, y el horizonte temporal es el programa de formación o currículo y el programa de cada cátedra o asignatura.

El momento en el cual el conjunto de esas acciones y sus respectivos horizontes temporales se coordinan, es el trabajo de aula, en cuyo espacio la lógica del intercambio entre maestros y alumnos es fundamental. En ese acto se pone en movimiento el acumulado histórico de la profesión, las artes y las ciencias, y el modo como ese acumulado se expresa por el equipo de profesores que enseña. Esta lógica de trabajo investigativo es también pertinente para la formación de los estudiantes en el ciclo básico (primario y secundario) y en los grados 10 y 11 previos a la formación profesional, artística o científica.

En el debate actual acerca de las transformaciones de la institución escolar y universitaria, algunas agencias empresariales sostienen que el maestro puede ser sustituido por un dispositivo tecnológico. Skinner en la década del 50 del siglo pasado propuso una máquina de enseñar. Hoy se proponen máquinas virtuales de aprendizaje. En efecto, si se trata de organizar entornos de aprendizaje, esa tarea la pueden asumir máquinas (Machine Learnings). Las situaciones en las que el control de las ejecuciones puede instrumentarse, en correspondencia con las propiedades físicas de las superficies de los objetos y la reactividad de los organismos, se configuran en laboratorios de física y fisiología.

Los laboratorios de cibernética construyen robots que aprenden. Pero si se trata de enriquecer las competencias lingüísticas para pensar esos laboratorios y construirlos, esa tarea sólo la pueden asumir personas y grupos. El modo de evaluación de programas de investigación de la enseñanza de este tipo, no puede ser estandarizado al modo como lo hacen los exámenes Pisa.

El actual debate sobre los resultados alcanzados en esa evaluación, parte de presupuestos propios del Taylorismo, el Fordismo y el Skinerismo. Lo sorprendente es cómo la burocracia internacional, y empresas como Pearson, pueden imponerle a la sociedad global esas evaluaciones sin que se repare en lo insostenible de sus presupuestos conceptuales.

Pero existen otros presupuestos que mantienenen funcionamiento el entramado institucional local y global del proyecto: la codicia y la voluntad de control planetario de toda la educación. En su edición del 15 de agosto del año 2015 la revista The Economist informó que Pearson, su socio por décadas, había decidido retirarse. La razón: su tránsito hacia la industria de la educación. Sucedió que a Pearsons le entregaron la gestión, via plataforma digital, de los exámenes
Pisa, en aplicación desde el año 1998.

Liquidar ese monopolio absurdo es condición necesaria para transformar la actividad del aula en una experiencia interdisciplinaria de investigación a partir de la cual desarrollar los pertinentes recursos de evaluación y valoración. En ese orden, resulta un despropósito mantener la rutina institucional de aplicar las pruebas Pisa.

1 Piaget J., Chomsky N., Teorías del lenguaje. Grijalbo, Barcelona, 1979, p. 89.
2 Imre Lakatos. Matemático y filósofo de la ciencia nacido en Hungría. Propuso los programas de investigación como idea orientadora para investigar la experiencia científica.

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La urgencia de educar(nos) en la autodefensa

Cuando el sistema ha devenido en muerte. Cuando el capitalismo es sinónimo de riesgo para la vida, el medio ambiente y los pueblos. Cuando las grandes obras para acumular capital van de la mano de feminicidios y de genocidios, deberíamos pararnos a pensar cómo frenar este sistema para defender la vida.

Aun quienes sabemos desde tiempo atrás que el capitalismo se va deslizando por la pendiente de la guerra contra los pueblos, guerras permanentes no declaradas, tenemos dificultades para encontrar los modos de actuar, en colectivo, para poner impedir la locura que pretende hacer de la vida mera mercancía.

En primer lugar, descartamos las simetrías. Oponer la guerra a la guerra no es un buen camino, porque los muertos los ponen siempre los mismos: pueblos originarios y negros, mujeres y jóvenes de todos los colores de piel, campesinos, obreros y todo el abanico de los abajos. La experiencia reciente de las guerras latinoamericanas, me refiero a las guerras llamadas revolucionarias, debería convencernos de que la simetría es mal camino.

Pero también rechazamos la quietud y el pacifismo de poner la otra mejilla, ambos funcionales (al igual que la guerra) al sistema genocida y feminicida. Porque el capitalismo no va a caer solo, de muerte natural o por las supuestas "leyes" de la economía, de la historia o de lo que sea. El sistema debe ser derribado. El asunto es "cómo".

Un primer paso es la autodefensa colectiva, que pasa primero por estar organizados. Hay muchos modos y maneras de autodefendernos, como lo enseñan los pueblos latinoamericanos que han creado las más diversas formas de autodefensa para protegerse de grupos paramilitares, policiales y de las fuerzas armadas, pero también de las grandes mineras.

Nos han enseñado mal la historia. O la hemos aprendido mal y debemos recuperarla. Recién conocí que las sufragistas inglesas de comienzos del siglo XX contaban con grupos de autodefensa, gracias al trabajo de la feminista francesa Elsa Dorlin*.

Parte del movimiento, que se negaba a recurrir a la ley por considerar al Estado como principal instigador de las desigualdades, tomaba cursos de jiu-jitsu (arte defensivo con bastón). La autodefensa colectiva, argumenta Dorlin, "politiza los cuerpos, sin mediación, sin delegación, sin representación" (p. 112).

En una reciente entrevista, Dorlin destaca algo relacionado con la autodefensa que vale tanto para los chalecos amarillos franceses, como para los jóvenes de Cali, con quienes estos días pude compartir espacios de formación: se llega a un punto de inflexión cuando el poder desconsidera la vida de ciertas personas. Se trata de vidas que comprendieron que "ya no valen nada y que pueden reventar en medio del silencio y la indiferencia si no se sublevan" (https://bit.ly/3Kgpwfc).

Amplios sectores de la población tienen necesidad de defenderse colectivamente, porque no cuentan ni para el poder ni para el capital. Podemos nombrarlos de muchos modos: los de abajo, descartables, habitantes de la zona del no-ser, población sobrante; esa porción de la humanidad que sólo existe cuando se rebela.

Vale recordar el reciente aserto del periodista israelí Gideon Levy, sobre los palestinos: "Si no utilizan la violencia, el mundo entero se olvidará de ellos" (https://bit.ly/3x6Memh).

No toda autodefensa, apunta, ejerce la violencia, pero eso depende de las decisiones colectivas. Busca sobre todo asegurar la sobrevivencia colectiva, para lo cual es imprescindible frenar la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial contra los pueblos: megaminería, monocultivos, megaobras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana. En suma, todos los modos que hacen negocio con la vida.

La autodefensa, o cuidados en común, tiene una dimensión autoeducativa de sus miembros y de los pueblos y barrios que han decidido defenderse. El sistema ha mutado, al punto que es capaz de convertir las emociones más íntimas en mercancías**. Participar en la autodefensa colectiva nos debería ayudar a lidiar con estos nuevos modos de la acumulación por despojo.

La nueva generación de jóvenes zapatistas intentan usar la Internet en un sentido diferente al diseñado por el sistema. Con ello pretendo insinuar que las autodefensas trabajan tanto en la defensa material, colocando límites a los violentos, como en las subjetividades, desaprendiendo los modos de consumir impuestos con modos mucho más sutiles de violencia, pero que igual nos despojan de nuestros sentires e identidades.

Por último, la autodefensa es un arte de vida en medio de un sistema de muerte. Un modo de caminar sorteando obstáculos, enseñándonos a seguir siendo pueblos y seres humanos. No para conquistar algo como el poder, sino, simplemente, para seguir caminando como vidas que somos.

* Autodefensa. Una filosofía de la violencia, Txalaparta, 2019.

**Eva Illouz (comp.) Capitalismo, consumo y autenticidad. Las emociones como mercancía, Madrid, Katz, 2019.

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Martes, 15 Febrero 2022 05:04

Volver a tejernos y movilizarnos

Volver a tejernos y movilizarnos

En muchos rincones del continente se multiplican encuentros de colectivos autónomos y comunitarios, dejando atrás los momentos más duros del aislamiento, dispuestos a reencontrase y moverse otra vez para romper el aislamiento y seguir resistiendo los megaproyectos de muerte.

La Teia dos Povos (Red de Pueblos) de Brasil realiza en marzo un encuentro estatal en Rio Grande del Sur, donde pueblos originarios vienen recuperando tierras para asegurar la sobrevivencia de las comunidades. La convocatoria de la 1ª Jornada de Agroecología de ese estado, señala: “Sin la territorialización de las comunidades indígenas, campesinas, quilombolas y tradicionales es imposible tener una vida digna y que podamos vencer los dos principales desafíos que tenemos los de abajo: el hambre y el ecocidio que afecta a la tierra toda”.

La Teia tenia prevista su 7ª Jornada Nacional de Agroecología en Bahia, un gran encuentro nacional que organizan desde 2013, pero las grandes inundaciones que afectaron a ese estado, hicieron imposible el encuentro por el enorme daño que sufrieron las comunidades. Sin embargo, pusieron en marcha jornadas de solidaridad y ayuda mutua (mutirões solidarios) en los que volvieron a cultivar maíz, frijoles, bananos y los cultivos que había perdido por las inundaciones.

La Red Trashumante de Argentina vuelve a realizar encuentros presenciales, como tantos otros movimientos que han sido duramente golpeados por el aislamiento de la pandemia y por las políticas de cooptación del gobierno progresista. Se trata de un campamento nacional que es un primer paso para retomar los trabajos más allá de lo local, que se han mantenido durante estos meses.

También se está comenzando a tejer una red de colectivos autónomos, que empieza a dar sus primeros pasos para retomar la política de autonomía que se ha desgastado mucho en estos tiempos. Pequeños avances en momentos en los cuales arrecian las movilizaciones contra el acuerdo que firmó el gobierno con el FMI y contra los nuevos y viejos emprendimientos extractivos.

En Colombia se realizarán en marzo los primeros encuentros directos de la Alianza de Medios Independientes (AMI), conformada por cuatro colectivos de comunicación colombianos (Desde Abajo, Contagio Radio, Canal 2 de Cali y Kavilando), en la que también participa Desinformémonos. La alianza surgió en medio de la rebelión popular lanzada el 28 de abril, tuvo un punto alto en el seguimiento de las movilizaciones en Cali y en otras ciudades, y ahora se propone incluir a más medios alternativos y críticos.

También en Uruguay se realizan encuentros de comunidades entre febrero y abril, retomando una práctica de encuentros de abajo que había quedado suspendida durante la pandemia.

En este breve y muy incompleto resumen, quizá el logro mayor haya sido el “Encuentro nacional contra gasoductos y proyectos de muerte”, realizado el 15 y 16 de enero en Altepelmecalli, la antigua fábrica Bonafont recuperada por los habitantes de 22 comunidades organizados como Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, en Puebla. Más de 15 movimientos del país se reunieron y pronunciaron contra el “decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021” que legaliza el despojo y la imposición de megaproyectos.

Para conmemorar el aniversario de la clausura del pozo que les robaba el agua, las organizaciones que luchan contra hidroeléctricas, gasoductos y la extracción de agua y minerales, anunciaron una “Caravana de los pueblos por la vida y contra megaproyectos”, que partirá el 22 de marzo y llegará el 22 de abril al istmo de Tehuantepec, donde confraternizarán con los pueblos que resisten megaproyectos.

Como señalaron los zapatistas a convocar la Gira por la Vida, en octubre de 2020: “Que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación”.

14 febrero 2022

Publicado enSociedad
Colombia es el país más peligroso para la defensa de los derechos humanos: Amnistía Internacional

Tras hacer un comparativo con países como Honduras, Mexico y Brasil, la organización con presencia en más de 150 países levanta una alarma y exhorta a los gobiernos a tomar medidas que garanticen la seguridad y que protejan la vida

 

El pasado 17 de enero, el cuerpo de Luz Marina Arteaga fue hallado sin vida. Arteaga era una de las defensoras de comunidades campesinas más conocidas del departamento del Meta. Antes de morir, había denunciado que en su región la situación de orden público era complicada por el abandono del Estado y el despojo territorial al que habían sometido a campesinos e indígenas grupos armados ilegales.

Las aseveraciones de ese entonces dieron luz verde a la Unidad Nacional de Protección para velar por la vida de esta lideresa que se encontraba amenazada y en abril del 2019 se impusieron entorno a ella una serie de medidas materiales para proteger su vida, pero no fueron suficientes.

Llevada por algo de temor, en octubre de 2019 Luz Marina denunció a la Fiscalía las amenazas en su contra y en 2020 alcanzó a informar a la Unidad Nacional de Protección que estas no eran las adecuadas. Nada fue suficiente.

La historia se repite con el caso del José Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca. El pasado 24 de enero, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (TDVD) denunció su asesinato a manos de presuntos miembros de un grupo paramilitar que dispararon en contra de la comunidad después de que la guardia les había expulsado del territorio.

Aunque el caso de Arteaga sucedió en el Meta y el de Camayo en el Cauca, los hechos no son distantes. Hacen parte de una realidad que en Colombia se escucha a diario en los medios, pero que parece salirse de la manos de un Estado que se esfuerza pero que no logra garantizar la vida y que tampoco toma suficientes medidas para abatir los grupos armados, disidencias y delincuencia que ahora se disputan el territorio por el tráfico de sustancias ilegales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz lo pone en cifras. Solo en enero de este año 15 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia y al 29 de enero de 2022 se registró un total de trece masacres, que resultaron en la muerte de 39 personas que viven en zonas rurales en Colombia.

La situación ha hecho que Amnistía Internacional denuncie las políticas fallidas de prevención y protección y que en un listado de los países que considera más peligrosos para la defensa de los derechos humanos en años anteriores, posicione a Colombia como el país más peligroso.

“La protección de comunidades Indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia es ineficaz porque no aborda las causas estructurales de la violencia y comúnmente se da sin la debida participación de quienes están en riesgo. Las personas defensoras de comunidades en riesgo están en una constante situación de desprotección, por lo que las amenazas, ataques y asesinatos son constantes en el país considerado el más peligroso para defender derechos humanos en el mundo”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

México, Brasil y Honduras

Decir la verdad y defender la vida sigue siendo motivo de incomodidad para muchos. Sobre todo en México, en donde cuatro periodistas fueron asesinados y una defensora de los derechos humanos, que luchaba por el feminicidio de su hija en Temixco, Morelo,s pagó con sangre lo que significaba exigir algo de justicia.

En Honduras y Brasil las cifras son semejantes; tres defensores asesinados. En Honduras uno luchaba por los derechos de la comunidad trans, los otros defendían el territorio.

Por su parte, en Brasil fueron hallados los cuerpos de tres personas de una misma familia conocida por liberar crías de tortugas y por defender una causa: la protección ambiental.

La vida sigue, dirán unos, pero las cifras dan cuenta de un escenario que es aterrador. Por eso, para revertir la tendencia, Arias sugiere mayor compromiso de la justicia pues se trata de construir un futuro donde defender los derechos humanos no signifique arriesgar la vida.

“Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro de que estos actos no son tolerados”, señaló.

Con esto, se busca levantar alarmas en defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, pues aquellos que amenazan los intereses de unos cuantos son necesarios para ejercer control ante sistemas políticos y económicos que parecen indolentes y son negligentes ante la violencia que enfrentan.

2 de Febrero de 2022

Publicado enColombia
Sábado, 29 Enero 2022 06:07

Los pueblos y la guerra entre potencias

Los pueblos y la guerra entre potencias

Suenan tambores de guerra con una intensidad desconocida desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La tensión en Ucrania puede desembocar en un conflicto entre la OTAN, capitaneada por Estados Unidos, y Rusia, que no acepta el despliegue de armas en sus fronteras, al igual que Washington no toleró en la década de 1960 el despliegue de misiles en Cuba.

La situación en el mar del Sur de China y entre China y Taiwán es igualmente grave, aunque los frentes de guerra abiertos son numerosos: Yemen, Siria y Libia, entre los más destacados. Sin entrar a considerar las guerras contra los pueblos (Colombia, Guatemala y México entre las más destacadas en América Latina), el planeta atraviesa una situación muy peligrosa.

La pregunta es qué deben hacer los movimientos y los pueblos en movimiento ante un conflicto entre grandes potencias, en concreto Estados Unidos y Europa frente a China y Rusia. ¿Abstenerse? ¿Tomar partido? ¿Construir una agenda propia?

En la Primera Guerra Mundial (1914-18) la inmensa mayoría de las izquierdas se posicionaron con "sus" gobiernos y, por tanto, con "sus" clases dominantes para atacar a otros pueblos, en lo que fue la primera gran carnicería mundial, con saldo de 17 millones de muertos, 20 millones de heridos y mutilados, y una enorme cantidad de personas afectadas en su salud mental.

Antes de la guerra, Lenin afirmaba que una clase revolucionaria "no puede dejar de desear la derrota de su gobierno en una guerra reaccionaria". Cuando estalló la guerra defendió el "derrotismo", la derrota de la propia nación para acelerar la revolución. Transformar la guerra imperialista en guerra civil para derrocar a la clase dominante, fue la ruta trazada por Lenin y seguida, al principio, sólo por un puñado de internacionalistas.

Esta línea de actuación permitió a los revolucionarios rusos la conquista del poder en octubre de 1917, gracias al masivo levantamiento de obreros, soldados y campesinos, cansados de la guerra y del hambre.

¿Pueden los pueblos tomar un camino similar en estos tiempos en que se anuncia una guerra entre potencias nucleares?

Me parece evidente que no es deseable.

En primer lugar, desde los abajos debemos afirmar que no hay potencias buenas y potencias malas, que no apoyamos ni a Estados Unidos ni a Rusia ni a China. En la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas optaron por apoyar a la URSS en vez de repetir la táctica de Lenin en la guerra anterior, porque dieron prioridad a la defensa de la "patria socialista".

Aclaración necesaria porque muchas personas creen que es mejor que ganen aquellos que se oponen al imperialismo estadunidense, lo que los lleva a apoyar a Rusia y China y, en ocasiones, a Irán o a cualquier nación que se oponga a las potencias occidentales.

En segundo lugar, creo que los movimientos y los pueblos deben oponerse a la guerra para profundizar su propia agenda: el arraigo territorial para ejercer la autonomía y el autogobierno, construyendo "mundos otros", nuevos y diferentes al capitalista, patriarcal y colonial.

En las guerras siempre pierden los pue­blos y ganan las grandes empresas capitalistas que se aprestan a rediseñar los territorios conquistados en su beneficio, explotando los bienes comunes para mercantilizarlos. Por eso es necesario boicotear las guerras, porque no existen las guerras justas, ya que las realmente existentes son guerras de despojo a través del genocidio.

Si es cierto que la guerra es la continuación de la política por otros medios, como dijo Clausewitz, el principal rasgo de la actual política de arriba es el despojo de los pueblos originarios, negros, campesinos y mestizos para acelerar la acumulación de capital.

En tercer lugar, los pueblos deben defenderse, lo que no es igual que participar en un guerra que no eligieron. Por lo que venimos aprendiendo del EZLN, de los pueblos mapuche, nasa/misak y otros de América Latina, así como de comunidades negras y campesinas, el mejor camino no consiste en responder a la guerra con guerra, porque la simetría nos desfigura como pueblos.

Porque "ellos" tienen armas muy sofisticadas y enormes ejércitos, estatales y privados, con formas militares tradicionales y con modos narcoparamilitares, que están atacando a los pueblos. Si respondemos con la violencia (que éticamente sería irreprochable), tomarán la iniciativa que más desean: el genocidio de pueblos enteros, como sucedió en el pasado reciente. Por propia experiencia de cinco siglos, los pueblos sólo confían en sus autodefensas: guardias indígenas, cimarronas y campesinas; policías comunitarias, rondas campesinas y guardianes de las lagunas, por mencionar apenas un puñado de defensas comunitarias. La tarea de los pueblos, en este periodo de guerras del capital, no es tomar el poder sino preservar la vida y cuidar la madre tierra, eludir los genocidios y no volvernos iguales a "ellos", que sería otra forma de ser derrotados.

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