La muerte de Junior Jein y el poder que tiene miedo

Cuenta el primer libro de Samuel que el rey Saúl tenía muchos miedos de perder el poder y andaba ansioso y muy estresado; para aliviarlo de estos males alguno de sus funcionarios le aconsejó que se trajera a su palacio al joven David que tenía fama de sonar el arpa y cantar bien. Y así fue, David resultó en la corte y tocaba para el rey y lo calmaba; pero, muy pronto, a Saúl le empezó a chocar la música de David y empujado por sus demonios intentó clavarlo en la pared y así deshacerse de él: Las melodías del muchacho no le entretenían más y más bien alborotaban sus miedos, su ansiedad, su estrés y sus demonios.

El poder corrupto, ese que ostentaba Saúl, y todos los otros arbitrarios antes y después de él, nunca resiste el arte y esto porque la belleza, allí donde se le permita brotar, en la música o en la poesía, en la pintura o en los tatuajes, en los grafiti o en la fotografía, en las caricaturas o en las trovas, en los libros o en la danza, en la liturgia o en las fiestas populares, en los monumentos o también en los anti monumentos, en lo que sea, nombra lo innombrable, empuja desde dentro a los que se extasían en ella, y porque delante de una obra maestra ya no hay masas, hay personas y gente muy digna y esto, que es también muy sencillo y sin alardes, desarma a los tiranos de sus señuelos para manipular.

La historia de David se repitió en Colombia,el pasado domingo,13 de junio; el poder, no se sabe todavía si el poder legal o el ilegal, porque aquí en este país hay de los dos y no raramente son cómplices y se mezclan, se fastidió con la música de Junior Jein, un cantante del pueblo negro que con su salsa choke y la música tradicional del Pacífico hacía temblar consciencias; sus letras y su ritmo eran más que entretenimiento y resultaron retratando la realidad de nuestro país. Tristemente, hay que anotar que Junior Jein no tuvo la misma suerte del músico David: mientras que Saúl falló en su intento criminal contra David, los sicarios contratados en el caso de Junior Jein le descargaron cargas de fúsil y de pistola y lo dejaron bien muerto.

El poder en el Israel de la Biblia no resistía las canciones de David y el poder en Colombia no resistió las canciones de Junior Jein; es que también aquí el poder tiene miedo de perder y anda ansioso, estresado y lleno de demonios y ya sólo sabe disparar; estas canciones nos entregaban toda la fiesta y la fuerza de la cultura negra, la belleza del Pacífico, la alegría de Buenaventura y todo eso fastidió. Es que este país, lo hemos visto en la forma como el gobierno y la autodenominada “gente de bien” han reaccionado ante la protesta social, quiere oír un solo relato, se obstina en desaparecer y asesinar a los líderes que proponen alternativa. Este país, es doloroso escribirlo, parece no resistir el arte, nunca ha oído lo que un día apuntó Dostoievski y es que la belleza salvará el mundo.

La primera vez que vi actuar a Junior Jein fue el año pasado cuando después de la masacre de Llano Verde en Cali, en la que murieron cinco niños negros, él y sus amigos, a ritmo de currulao y de rap, compusieron y cantaron para preguntar “¿Quién los mato?”; como homenaje, ahora que lo hemos enterrado, quiero recordar la estrofa que le tocó interpretar a Junior Jein, en esa obra que es, como en su momento tituló el diario El Espectador, “más que una canción, un clamor por la justicia en Colombia”. Así cantaba el artista reclamando por los menores masacrados: “Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre lo hacen; nada, la vida de los negros no importa nada, lo primero que dicen es: «andaba en cosas raras»…. como Jean Paul, Jair, Leyder, Álvaro y Fernando; somos víctimas del sistema y abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Ahora, en este día triste y de esperanza, tendríamos que hacer coro con él y pedir que no solo la muerte de los de Llano Verde, sino también la del mismo Junior Jein, y la de tantos y tantos masacrados en este país, encuentren justicia y no queden en la impunidad.

Miles de personas que despidieron a Junior Jein, en Buenaventura y en Cali, gritaban bien duro y con honda fe -“no se fue, no se fue”… y tienen razón, Saúl no pudo callar la música de David, los poderes de aquí tampoco la de Junior Jein. La belleza es lo más revolucionario y esto porque nadie la puede matar.

Por Jairo Alberto, mxy

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Un agente investigador que estaba de descanso fue linchado por una turba en Cali, tras acusarlo de ser infiltrado y de disparar a manifestantes.Foto Afp

Viernes 28 de mayo, paro nacional en Colombia. Como en las citaciones anteriores, por decenas de ciudades la comunidad se movilizó de manera alegre, entonando cánticos, celebrando un mes de intensas movilizaciones. Abril 28, despertó un inmenso conglomerado social, transformado en un alzamiento juvenil/popular que fue dando cuenta de pretendidas reformas gubernamentales, todas injustas e improcedentes, así como de funcionarios públicos, autoritarios como el mismo gobierno del que hacían parte.

El nuevo llamado a paro estuvo antecedido de la negativa del gobierno Duque a firmar un acuerdo que de paso a la instalación de una mesa de negociaciones para entrar a resolver a fondo el Pliego de Emergencias radicado ante el gobierno de turno por decenas de organizaciones sociales desde hace más de un año.

Con un mes de lucha, con varios triunfos entre las manos, los sectores movilizados coparon calles con la convicción de que son nuevos tiempos, en los que es posible alcanzar más triunfos, además de ahondar el tejido organizativo para poder sostener y prolongar la onda por el cambio, la misma que debe alcanzar sintonía profunda en los territorios.

En medio de esta celebración, en la ciudad de Cali, los manifestantes que estaban en el sector conocido como La Luna, fueron atacados a bala por un civil por cuya acción dos personas perdieron la vida (Luis Eduardo López Solano de 35 años, trabajador del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y Michael Aranda, joven que fue trasladado muy grave al hospital, donde se certificó su muerte). La reacción solidaria de un grupo de los atacados alcanzó a rodear al atacante, hasta lincharlo. La revisión de sus prendas de vestir arrojaron un resultado “sorpresa”: el personaje era agente del CTI. Es decir, el atacante y asesino, linchado por los aireados manifestantes, era un agente encubierto.

La noticia se esparció como pólvora, de manera que el Fiscal General, Francisco Barbosa, salió rápidamente a lavar la cara del establecimiento. Según su relato, el agente encubierto, cuyo nombre era Fredy Bermudez, sí era activo del CTI pero “estaba de vacaciones”. ¡Qué vacaciones!

El suceso recuerda otros acaecidos a lo largo de los treinta días de paro nacional y en los cuales diversas manifestaciones sufrieron ataques a bala por personajes de civil, incluso ante la vista de uniformados. En todos ellos la sospecha de que son agentes encubiertos late por todas partes, la suspicacia de que son provocadores en procura de generar confusión, muerte y temor siempre está presente, pero hasta ahora no había sido posible dejar al desnudo, como en este día: los provocadores y los asesinos hacen parte del establecimiento, son sus protectores.

Producto de esta manera de operar –paramilitar / parapolicial–, fueron asesinados Nicolás Guerrero en la misma ciudad de Cali, y Lucas Villa en la ciudad de Pereira. Pero en circunstancias similares una docena de integrantes de la minga indígena fueron baleados. Otras docenas de manifestantes también registran en su humanidad las huellas de bala.

Mientras esto sucedía en esa parte de la ciudad, en otro sector de la capital vallecaucana, en la Universidad del Valle y sus alrededores –barrio Ciudad Jardín–, los manifestantes eran atacados a bala por civiles, incluso con armas de asalto, protegidos con chalecos antibalas, disparando en presencia de agentes de la policía motorizada. Las denuncias dan cuenta de varios heridos pero no precisan cuántos ni la gravedad de las lesiones.

El sector donde ocurrieron los hechos es el mismo donde la minga indígena fue atacada en días anteriores y en iguales circunstancias. Es decir, la evidencia se repite y con gravedad: existe un sector de la sociedad, de altos ingresos, fanática de la defensa de su riqueza, mentalizada en que el orden se impone a punta de bala, por el derecho que les da esa misma riqueza, la cual compra salvoconductos, silencio e impunidad. Cuarenta años de paramilitarismo, de un Estado terrorista e instigador de la violencia, asesino de su propio pueblo, ha dado muchos frutos extremos, entre ellos la disposición del aparato policial y militar para defender exclusivamente a la minoría de la sociedad, no a toda como lo ordena el cuerpo constitucional; pero por otro, la extensión de una mentalidad militarista, de odio de clase, con ideas de propiedad, orden y racistas claramente arraigadas, soporte y defensa del 1 por ciento, los demás sobran. Y como sobran, o se quedan en sus barrios, veredas, resguardos, quietos, sin hacerse sentir, o se exponen al derecho que les asiste a los ricos, y a quienes los defienden: la mal llamada “fuerza pública”.

En otras ciudades del país las marchas de quienes acataron el llamado a paro y a celebrar, fueron atacadas por el Esmad y los heridos y detenidos se cuentan por decenas. Se denuncia la muerte de por lo menos otros dos manifestantes, también en Cali o sus cercanías. Uno de ellos perdió la vida en la vía que conduce a Candelaria, en una disputa –según las autoridades entre un sector que bloqueaba la vía y otro que intentaba su desbloqueo–. El otro muerto ocurrió en el barrio Meléndez: según denuncias de derechos humanos, era Sebastián Jacanamijoy, indígena del Pueblo Inga y estudiante de la Universidad del Valle información que está en proceso de verificación. La orden del establecimiento es una y solo una: hay que restablecer la producción a como de lugar, no importa el costo que ello signifique en vidas de los marginados. Así continuará su proceder en los días que vienen y entre ojos tienen a quienes resisten con los bloqueos a lo largo del país.

Como antesala a ello, Duque ordena el máximo despliegue militar en Cali y el Valle del Cauca: “Quiero dejar claro que este despliegue llevará a casi triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento…” . Una orden que da respuesta a la insistente demanda a los gremios de país a desbloquear las autopistas. El costo humano de las acciones que ya pueden preverse no será poco.

Es una acción militar, económica u política que también ha estado antecedida por la inculpación al Comité Nacional del Paro de la existencia y pervivencia de tales bloqueos. Por lo tanto, una vez procedan a desbloquear a la fuerza inculparán al citado Comité de todo lo que pueda suceder en esos operativos

Entra así el Paro nacional en una nueva fase: su confrontación a través de una abierta acción militar.

La resistencia

El paro del 28 de mayo termina con luto y dolor, y el duelo por las víctimas lo celebraran los marginados y excluidos con nuevas jornadas de resistencia, a pesar del militarismo, del paramilitarismo, de los parapolicías, de las manipulaciones, de la desinformación, de la intimidación.

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Atacada Guardia Indígena por los "pájaros" del Estado

En un ataque predeterminado y llevado a cabo por personas de civil, tres chivas en las que se transportaba decenas de mujeres, hombres, niños y adultos, comuneros pertenecientes a La Minga y a la Guardia Indígena Nasa, fueron interceptadas en la zona conocida como Cañas Gordas, vía Jamundí,y atacados a tiro de pistolas por personas que se bajaron de camionetas de alta gama. El saldo: 12 heridos de distintas consideración, cuatro de ellos graves.

El saldo pudo ser aún mayor ya que cuando los atacados trataron de protegerse ocultando sus cuerpos tras de otros vehículos recibieron descargas desde la parte posterior al ataque. Es decir, estamos ante una acción claramente premeditada, lo que despeja la duda si quienes atentaron eran civiles que de manera espontánea, por racismo o por motivos similares, entraron en ira. No, la premeditación y la impunidad indica que el formato corresponde a fuerzas parapoliciales y/o paramilitares.

Los y las mingueras se dirigían hacia la Universidad del Valle, donde se realizaba una asamblea para coordinar con estudiantes y colectivos de derechos humanos medidas por implementar para neutralizar el grado de violencia que está afectando a los sectores populares caleños.

El ataque, sin duda, desnuda aún más el desespero de un régimen que se siente acorralada y sin respaldo ciudadano; un desespero que se traduce en violencia, cada vez más aguda, y la cual puede ahondarse hasta sumir el país en un mayor chaco de sangre, avanzando, en pro de impunidad, hacia un autogolpe.

James Larrea, defensor de DDHH, en entrevista con desdeabajo describe que al interior de la Universidad del Valle se vive una tensa calma y el temor de quienes allí sesionan a un posible ataque, temor no infundado ni gratuito, más aún cuando se enteraron de lo sucedido con la delegación indígena que se dirigía hacia el centro universitario. Realidad refrendada por el senador Feliciano Valencia que en horas de la tarde vía Twitter alertó sobre el cerco de la Universidad por unidades policiales y militares, incluso con sobrevuelo de un helicóptero.

Un viejo modelo

El proceder parapolicial y/o paramilitar desplegado en las horas de la tarde del domingo 9 de mayo es similar a la actuación de civiles que atacaron en el viaducto de Pereira, con total alevosía, a tres activos del paro, entre ellos Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño, el primero de los cuales fue declarado con muerte cerebral.

Es un proceder que recuerda, a pesar del paso del tiempo, el actuar de los pájaros en la década de los años 50 del siglo XX en Colombia, los que bañaron de sangre sus zonas rurales, procediendo al asesinado y desplazamiento de decenas de miles de campesinos marcados como sus enemigos, imponiendo el silencio a sangre y fuego.

Un modelo de control y de imposición autoritaria del “orden” también experimentado con los “Escuadrones de la muerte”, como denominó a este tipo de cuerpos civiles armados, un miembro de la Guardia Indígena que habló vía telefónica  con desdeabajo.

Violencia, muerte e impunidad. ¿Hasta dónde posibilitará este gobierno un modelo genocida de control social y hasta cuándo continuara desconociendo las demandas populares? 


Relación (parcial) de integrantes de la Guardia Indígena heridos:

Nombre                                 Resguardo

Segundo Pequi                  Toribío

Alexander Yule Ramos     Toribío

Marlen Martínez                 Pueblo Nuevo

Yerson J. Talaga                 López Adentro

Eucardo Ul                          Huellas

Daniela Soto                        Sat tama

Sandro Camayo                  Las delicias

Yeison Tenono                   Monchique    


          

Videos relacionados

https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/d41d8cd9/4491007630913861/

 

Adjuntamos videos que llegaron a la redacción:

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (1)

https://youtu.be/OaHgFIgefoA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (2)

https://youtu.be/duTtVX6dir4

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (3)

https://youtu.be/5CQNXmqebiA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (4)

https://youtu.be/UTqN9QB0yNY

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (5)

https://youtu.be/mXsU7N0cShU

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (6)

https://youtu.be/BC5yrUQlJbM

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (7)

https://youtu.be/r_6Lct3H3P8

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (8)

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (9)

https://youtu.be/vCpT8XMOgm0

 

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En riesgo de muerte, al menos dos tercios de ex guerrilleros de las FARC, advierte la ONU

Bogotá. La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia contabilizó 297 ataques contra antiguos guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2018.

Un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, notificó 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. La Unidad Nacional de Protección puso en marcha hasta ahora 94 medidas urgentes de protección. Al menos 19 ex combatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a su solicitud.

El organismo denunció 42 matanzas y el asesinato de 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, incluidos nueve de co­mu­nidades indígenas y cinco mujeres, en 2020, en Colombia, y advirtió del riesgo de muerte que corren más de dos tercios de los 11 mil guerrilleros desmovilizados.

El escrito, basado en un reporte trimestral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en el país sudamericano, señala que, aunque han disminuido las tasas nacionales de homicidio durante el primer semestre de 2020, "la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto aún continúa", y añadió que 13 presuntas masacres siguen en proceso de verificación, que se sumarían a las 42 confirmadas.

Guerrilla reconoce crímenes cometidos

Por otra parte, la ex guerrilla de las FARC reconoció ayer ante la justicia de paz su responsabilidad en varios crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el del ex candidato presidencial conservador Álvaro Gómez, perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.

El tribunal, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano, informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen "aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad" en seis sonados casos.

Entre ellos los asesinatos de Gómez, del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.

También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las FARC.

El anuncio de la ex guerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa, pues por muchos años se creyó que detrás del ataque contra el histórico líder conservador estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

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EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

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El asesinato de María del Pilar Hurtado, reflejo de una crisis de país

Dos sicarios en motocicleta recorrieron las calles de Tierralta (Córdoba) buscando a María del Pilar Hurtado. Quizás estos dos fueron quienes llevaron los panfletos que amenazaban la vida de varias personas que se reusaban a abandonar sus techos, pues como miles en el país no tienen otra opción que armar sus casas y ranchos en tierras vacías que terminan siendo de “propiedad privada”, como los que ostenta Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero, actual alcalde de Tierralta, quien meses atrás prometió titular tierras a las familias que habitan los lotes de su padre, pero que al final prefirió engañarlos y en vez de dialogar decidió enviar al Esmad para desalojar a las familias.

Quizás los dos sicarios no pensaron en las historias que hay detrás de aquellas personas que viven día a día las condiciones de la pobreza, de la falta de oportunidades para alcanzar vida en dignidad, quizás tampoco les interesa entenderlas. Quizás los sicarios conocen esas realidades en carne propia, pues a lo mejor las tuvieron que padecer en la niñez. Quizás decidieron alquilarse como “gatilleros” para dejar atrás ese pasado de angustias de hambre. El problema es que ahora son bestias que acatan órdenes sin pensar, y solventan su hambre con unos pocos pesos, estimulando su irreal sensación de poder con el miedo y el terror que producen con sus armas a todas las personas que intimidan.

La mujer, su nuevo objetivo, caminaba por la calle con uno de sus hijos cuando la encontraron. Los sicarios aumentaron la velocidad y en una esquina le propiciaron varios disparos. María del Pilar quedó tendida en el suelo, inmóvil, y la luz de sus ojos se nubló abandonando la vida, mientras que su pequeño hijo comenzaba a gritar desesperado al no entender lo que sucedía, desequilibrado al ver el cuerpo de su madre inerte. Sin duda, su hijo, marcado por tan brutal suceso, ya nunca será un niño feliz, tampoco de joven podrá gozar con espontaneidad los gozosos de la vida, pues la imagen de su madre, allí tendida, no lo abandonará. A él también le arrebataron la vida.

Historia de un conflicto errante

María del Pilar Hurtado cargaba consigo la historia del conflicto armado y social que vive nuestra sociedad. Según uno de los congresistas de la Comisión de Paz que visitó la zona, al tiempo que asistía al velorio de esta nueva víctima del poder, uno de sus hermanos de 15 años fue asesinado por los paramilitares y el otro murió prestando servicio militar. Algunos medios sostienen que al momento de su asesinato María trabajaba como recicladora y tiempo atrás participaba en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), en donde denunció torturas, asesinatos y desapariciones en las denominadas “casas de pique” que existían en Puerto Tejada, Cauca, de donde fue desplazada al sur de Córdoba con sus cuatro hijos y su esposo.

Asentada en Tierralta, María del Pilar se fue a vivir con otras familias a un barrio de invasión, en donde comenzó a liderar la lucha por el derecho a la vivienda, pero lo que parecía una simple lucha por justicia trascendió a la violencia y la intimidación. En los primeros días del mes de junio apareció en el asentamiento un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con amenazas que en particular declaraban como objetivo militar a varias personas entre ellas a María; dos semanas después, el 21 del mismo mes, a sus 34 años, fue asesinada María del Pilar. Vale la pena recordar que el 25 de noviembre del 2018 la Defensoría del Pueblo había advertido a través de una alerta temprana, que la población que habita este municipio y otros como Montelíbano y Puerto Libertador, estaban en grave peligro, pues estaban a merced del grupo paramilitar.

El desangre de liderazgos sociales

El asesinato de María del Pilar se suma a la oleada de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales que se riega a lo largo y ancho del país, el cual se presenta como goteo diario de sangre que se va convirtiendo en río.

Una situación aterradora. Aunque para múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia los asesinatos suman más de 600 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta lo corrido del año 2019, la Defensoría del Pueblo apenas tiene un registro de 479. La situación es crítica y va en ascenso, pues según Carlos Negret –Defensor del Pueblo– entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, se han registrado 982 amenazas a líderes y lideresas sociales en todo el país. A esto debe sumarse que en lo corrido del año han sido asesinados más de 80 liderazgos sociales. Es necesario decir que desde la firma del Acuerdo con las Farc han sido asesinados 134 excombatientes, 34 de sus familiares y 11 están desaparecidos.

En el mes de junio del presente año los asesinatos no se detuvieron y siguieron los patrones de los meses anteriores (ver artículo: “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”), son muestra de ello el asesinato de Dagoberto Álvarez, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Miraflores y quien había denunciado amenazas en su contra ante las autoridades y sería encontrado muerto el 2 de junio en Playa Belén, Norte de Santander, de igual manera Manuel Gregorio González Segura, campesino del programa de sustitución de cultivos ilícitos y miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), fue hallado muerto el 27 de junio con signos de tortura. Así mismo, el asesinato de población indígena continua presente, como lo demuestra el caso de Rocío García Pai, Leidy Jacqueline Burgos Pai y Robert Dionisio García Bisbicús, indígenas Awa asesinados el 7 de junio en el departamento de Nariño. En tal record también registran los asesinatos del indígena Nasa Carlos Biscue, acaecido en Caloto, Cauca el 23 de junio, y Uriel Piranga Valencia, indígena Coreguaje y autoridad en su comunidad, quien sería encontrado sin vida en el municipio de Pital, departamento del Huila.

De igual manera serían asesinados 4 excombatientes de las Farc en tan solo una semana, como lo registra la muerte de Anderson Pérez Osorio, quien se desempeñaba como líder juvenil y comunicador, asesinado en el departamento del Cauca, así mismo están Daniel Esterilla Grueso y Servio Delio Cuasaluzan, encontrados muertos en el departamento de Nariño.  

La situación crítica en Colombia no avizora una alternativa

Las denuncias a nivel nacional e internacional, los comunicados denunciando la grave situación de derechos humanos, parecen totalmente insuficientes, ¿Cómo se podría solucionar de raíz el problema? ¿Cómo confiar en una institucionalidad estatal que no actúa de inmediato, y cada vez es más claro que lo que está sucediendo hace parte de un mismo plan de carácter político militar? ¿Es posible que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales construya otros mecanismos para detener esta masacre?

Con el caso de María del Pilar Hurtado o el de Dimar Torres hace unos meses, queda claro que estamos entrando de nuevo al encuentro con la degradación que caracterizó a los grupos paramilitares, quienes no temían en desmembrar, jugar fútbol con cabezas o masacrar a las comunidades para generar terror en el país y así lograr el control económico y político de las regiones. Esta nueva ofensiva, así puede deducirse, tiene dos propósitos: 1. Arrasar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y así reactivar un escenario de guerra; 2. Cubrir de miedo e inactividad colectiva en amplios territorios de la geografía nacional, garantizando con ello su control en las elecciones de octubre próximo.

Sin duda, debemos aprender de lo que está sucediendo. Ante el ataque dirigido y sistemático, ¿podría ser una opción pasar de liderazgos y vocerías individuales a liderazgos y vocerías colectivas? ¿acaso no daría más seguridad estar juntos que disgregados? ¿esto que estamos viviendo puede entenderse como un llamado a la urgente tarea de construir una ruta y agenda propia del conjunto de organizaciones y sectores alternativos, que se piensen más allá de la coyuntura electoral y busque por fin el encuentro con el país nacional? ¿no sería el tiempo de problematizar la democracia existente y su formalismo para así proponer otra democracia que realmente represente los intereses de la sociedad toda?

La oleada de muerte que recorre el país arroja victimas por doquier. De no encontrar, proponer y construir entre el conjunto social una alternativa de país que despierte el sentir de las mayorías, donde reine la justicia y la equidad para todos los connacionales, esta crisis “histórica” que padece Colombia, que se ve “tan natural” seguirá viendo nacer generaciones y generaciones de “Desquites”, como en la elegía del poeta Gonzalo Arango. Generaciones que vivirán una vida que no merecían, que vivirán muriendo, errantes, ya que no valorarán la existencia misma pues lo despreciarán todo.

Artículos relacionados

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Notas consultadas

https://pacifista.tv/notas/maria-del-pilar-hurtado-si-era-lider-el-contundente-mensaje-tras-su-sepelio/?fbclid=IwAR1pDb-gfFoNMMaMJXRhTbJL8wpjv2FVRpp03MGYwy-oMfPnHlk6kGGKeis

https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-maria-del-pilar-hurtado-eln-desmiente-version-de-mindefensa/620834

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ultimo-adios-para-la-lideresa-maria-del-pilar-hurtado-articulo-867632

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensor-de-dd-hh-en-tierralta-denuncia-amenazas-y-deja-el-municipio-articulo-867519

https://prensarural.org/spip/spip.php?article24426

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3063-criomc-denuncia-asesinato-del-ex-cacique-uriel-piranga-valencia

https://canal1.com.co/noticias/la-lider-maria-del-pilar-hurtado-si-habria-recibido-un-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3041-asesinatos-amenazas-a-lideres-y-lideresas-en-medio-de-la-asamblea-general-y-conmemoracion-de-los-29-anos-de-la-unipa-incrementa-la-crisis-humanitaria-que-vive-el-pueblo-awa

 

 

 

 

 

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Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

Artículos consultados


https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article24263
https://analisisurbano.org/a-tiros-mataron-a-lider-social-policarpo-guzman-mage-en-argelia-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

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Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

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La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja

El Comité Internacional de la organización señala el deterioro de la situación humanitaria tras la firma del acuerdo de paz

En Colombia aún no puede hablarse de posconflicto. Dos años y medio después de haber sellado la paz con los rebeldes de las FARC, persisten complejos desafíos humanitarios y la situación incluso se ha deteriorado en muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar este jueves las “preocupantes” conclusiones de su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa del continente -hoy convertida en partido político con representación en el Congreso-, la población civil sufre la presencia de otros grupos armados y se siguen presentando asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y personas desaparecidas


“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, que cumple 50 años operando sobre el terreno en el país andino. La población civil en muchos territorios todavía no siente los beneficios del pacto sellado a finales de 2016, y de hecho todos los indicadores humanitarios tuvieron una tendencia negativa durante el año pasado.


Luego de la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de las zonas donde estaban dejaron un vacío de poder, un poder que no conocía un reemplazo, y en ese entorno donde abundan las economías ilegales se crearon dinámicas conflictivas en las que la población civil quedó completamente desprotegida, explicó el jefe de la delegación. En la costa pacífica y amplías regiones del oriente y sur del país no llegó la respuesta estatal, “no hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a estas zonas lo que se llama ley y orden”, o tan siquiera los servicios más básicos. El horizonte de esperanza ha dado paso a un presente de incertidumbre. “La vida en estas zonas es hoy más difícil y tienen un sentimiento de abandono”, apuntó Harnisch.


Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.


Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayorintensidad estos artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse, como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.

La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada cuatro días.


¿Cuáles son los correctivos necesarios? “Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser de seguridad solamente, debe ser una respuesta de todo el Estado”, fue el mensaje del jefe del CICR en Colombia a los líderes políticos encargados de tomar decisiones. “Hay que reflexionar y cambiar prioridades”.


Más de medio siglo de conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. A los formidables desafíos humanitarios se suma la llegada masiva de migrantes venezolanos, que probablemente se agravará a lo largo de este año. Los migrantes, expuestos a extorsiones, reclutamiento o violencia sexual, enfrentan riesgos crecientes especialmente en zonas afectadas por la violencia armada. “La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que, sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir”, apuntó Harnish.

Por Santiago Torrado
Bogotá 28 MAR 2019 - 18:06 CO

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Asesinan a 93 líderes sociales en Colombia en lo que va de año, el más violento desde 2010

Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los homicidios. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha denunciado que 93 líderes sociales han muerto en Colombia en lo que va de año, un "problema que requiere soluciones urgentes" y que convierte este periodo de tiempo en el más violento desde 2010.


Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los asesinatos. Entre ellos figuran Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Arauca.


En el informe 'Agresiones y homicidios de líderes sociales', el 'think tank' ha indicado que en 2000 murieron 30 líderes sociales asesinados, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 50.


Según la fundación, los líderes son ahora más vulnerables ante la violencia debido a que "tienen una mayor visibilidad por los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz, se han visibilizado liderazgos y agendas políticas locales que afectan intereses de actores legales e ilegales y hay tensiones intracomunitarias alrededor de la representatividad de las comunidades y sus agendas".


Las agresiones a líderes sociales también están determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52% de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos.


En cuanto a los responsables de estos actos, el documento recoge que en el 58% de los casos no se ha establecido el culpable, mientras que en el 35% la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales.


En el 58% de los casos no se ha establecido el culpable


Fundación Ideas para la Paz ha señalado que se ha producido un aumento del 11% de los homicidios durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos en relación con el primero. Además, ha alertado de que aunque el número de agresiones a mujeres líderes es menor, el uso de la violencia sexual se acentúa en dichos casos.


"La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de revictimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias", añade.
Por ello, la Fundación Ideas para la Paz ha propuesto diez acciones entre las que se destacan crear un registro único integrado, consolidado y actualizado que documente las agresiones y publicar periódicamente los avances que realizan las instituciones del Estado sobre las investigaciones.


Además, ha recomendado reconocer públicamente las afectaciones de derechos humanos como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor del líder social, crear mecanismos rápidos y efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas y superar la cultura de estigmatización, entre otros.


madrid
02/10/2018 09:27 Actualizado: 02/10/2018 09:42

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