El candidato a las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, durante su entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de Colombia.

Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) inició esta semana en España su campaña y lo hizo arropado por el exilio colombiano. En un acto multitudinario, en la sede madrileña del sindicato UGT, desfilaron madres de hijos asesinados, lideresas que han abandonado su país por amenazas, jóvenes que formaron la primera línea de lucha durante las protestas del pasado año en Cali (y que sabían que si seguían en su país iban a matarles), mujeres y hombres escapados de la pobreza y la persecución. Más de cinco millones de colombianos viven en el exterior, varios cientos llegaron a Madrid, muchos desde otras ciudades europeas y españolas, y una buena parte no pudo entrar al evento por las restricciones de aforo por la covid, pero no les importó. Le recibieron en la calle al grito: "Petro presidente". Allí le acompañaron políticos de los tres partidos que forman el Gobierno de España (PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos). Antes había sido recibido por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Felipe González y empresarios y banqueros con inversiones e intereses en Colombia.

Justo antes de partir a Bogotá, en una entrevista exclusiva con Público, Gustavo Petro afirmó que el proyecto uribista ha llegado a su fin, que ahora comienza la verdadera transición hacia la paz y la democracia en Colombia, y habló de sus prioridades: crisis climática, cambio de la matriz energética, de su ánimo para negociar con los grupos armados y de poner fin al narcotráfico; también lamentó las heridas de la guerra y anunció la transición hacia la democracia real.

Muchas zancadillas en un país donde siempre el poder ha estado en manos de conservadores y oligarquías. ¿Ha llegado el momento de que, por primera vez, la izquierda gobierne en Colombia?

Yo no divido la política entre derecha e izquierda, es difícil aplicar esos conceptos europeos en América Latina, la divido entre política de la vida y política de la muerte, y a Colombia la ha gobernado durante dos siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte, una política de la exclusión social, por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país.

¿Y qué cambiará en Colombia?

Se disminuirá la desigualdad, habrá más justicia social y se construirá la paz. Si logramos una sociedad que permita derechos fundamentales, ese sería el verdadero acuerdo de paz, el pacto de la ciudadanía, no de los grupos armados. Un pacto no se puede establecer bajo la base de la exclusión, de la injusticia, un pacto se establece a través de la inclusión y la equidad.

¿Qué es el Pacto Histórico?

El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas políticas y sociales, no solo de organizaciones que provienen de la izquierda, también liberales, de centro, de movimientos sociales, indígenas, feministas, ambientalistas. Si ganamos las elecciones, seremos también una forma de gobernar, vamos a gobernar a partir de la concertación y el diálogo, es la única manera de construir una paz grande de camino a unas reformas fundamentales, no para mantener un estatus quo. Un pacto que busque reformas en el terreno de la educación, la salud, los derechos en el terreno productivo.

¿Los acuerdos de paz con las FARC y el estallido social de 2021 han ayudado a unir a las fuerzas progresistas en Colombia?

Ha sido la crisis y el mal gobierno de (Iván) Duque lo que ha hundido completamente algo que era antes valorado: el proyecto uribista. Este proyecto es una especie de franquismo a la colombiana pero con elementos nuevos como la ideología neoliberal que mantiene esa herencia violenta, excluyente y antidemocrática. Ese proyecto hoy está en mínimos históricos de aceptación popular y se plasma en las políticas contra la pandemia. Si miras a Estados Unidos, Europa o el Sudeste Asiático, afectados por el mismo virus, allí se estableció una política socialdemócrata que ha permitido que no aumente la pobreza y que el empleo se mantuviera en niveles en los que se pudiera actuar. En Colombia se aplicó el neoliberalismo, se profundizó el modelo de antes del virus y produjo un crecimiento rápido y sustancial del hambre y de la pobreza. Las estadísticas oficiales muestran saltos de 20 puntos en niveles de pobreza, el hambre se convirtió en algo cotidiano, de ahí el aumento de la delincuencia que es consecuencia del hambre. La élite política y económica de Colombia se equivocó, cuando aumentaba el hambre, el gobierno propuso una reforma tributaria que elevaba el impuesto a la comida y estalló la movilización social que terminó siendo confrontada con asesinatos por el aparato público armado. En vez de proceder a un diálogo, el gobierno de Duque mató a los jóvenes.

La izquierda siempre ha sido perseguida y aniquilada en Colombia. ¿Teme por su vida?

"A las élites les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan para evitarlo y eso nos pone en riesgo"

No voy a mentir, sí hay riesgos y son altos en la medida que nos acercamos al poder, a gobernar; no hay más que mirar los trinos (tuits) de Uribe mientras yo desarrollaba mi agenda en España para darse cuenta cómo ascendía la histeria y la sinrazón. Es el desespero y el miedo que tiene que ver con una especie de culpabilidad por parte de la elite colombiana porque es promotora de grandes procesos de corrupción y de la quiebra de los derechos humanos, hasta el punto que podemos hablar de genocidio. Les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan por todas las vías -en Colombia se llama combinar todas las formas de lucha- para impedirlo y eso eleva el riesgo. De hecho la violencia está ascendiendo, el homicidio, la masacre, motivada por el narcotráfico pero también por la propia violencia política y el discurso estatal del odio; y esos son indicadores de riesgo. Lo cierto es que el país ha sido incapaz de resolver la conflictividad propia de toda sociedad con instrumentos pacíficos y ha recurrido permanentemente a la guerra, esa historia nos acompaña desde hace siglos y es el momento de frenarlo. Yo le llamo cambiar de era, es pasar de una era de violencia a una era de paz.

El precio es alto, decenas de integrantes de Colombia Humana, guerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. ¿Merece la pena?

Sí, siempre merece la pena porque Colombia necesita la paz. El Pacto Histórico ha transformado la enorme burbuja de dolor en una enorme burbuja de esperanza, y estamos ante la posibilidad de construir una sociedad en paz, justa y democrática en el corto plazo.

Lo primero es ganar el 13 de marzo las primarias del Pacto Histórico, su principal rival es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente. ¿Si usted lo consigue, Márquez será candidata a vicepresidenta?

Hay varios aspirantes a ser candidatos presidenciales del Pacto Histórico, entre ellos, dos mujeres muy valiosas: una que viene de la afrodescendencia; otra es indígena. La ciudadanía escogerá la candidatura oficial del gran cambio en Colombia y todas las fuerzas participarán del gobierno si ganamos las elecciones. Es una nueva forma de hacer política.

¿Y Francia Márquez?

La candidatura que quede segunda tiene opción preferencial, el acuerdo es que la vicepresidencia no sea un cargo simbólico. Si es Francia Márquez se abre esa posición a un mundo completamente excluido en Colombia, el de las negritudes. Hoy quienes gobiernan son los herederos de los esclavistas. En Colombia una mujer tiene siete veces más posibilidades de morir si es pobre y negra, en el caso de los niños afrodescendientes menores de un año se dispara hasta diez veces. Esta es una de las estadísticas de la política de la muerte más tristes y deprimentes. Si Francia se convierte en fórmula presidencial, porque podría ser al revés [sonríe], será la encargada de una enorme lucha contra la exclusión en términos de mujer, racismo, regiones y pobreza.

Ha habido algunas disputas en la elaboración de las listas al Congreso para las legislativas del 13 de marzo. ¿Cómo evitar una ruptura de la izquierda por desacuerdos internos?

Ha sido un proceso difícil, complejísimo, porque la tradición en Colombia es hacer campañas individuales (listas abiertas). Logré, y espero no equivocarme, que las agrupaciones del Pacto Histórico acordaran una lista cerrada, donde el orden determina quien entra al Congreso, quisimos así intercalar los géneros, que la mitad de curules sean mujeres, en el voto abierto eso no es posible. Es una conquista histórica, por eso se volvió más complejo el proceso. Le agregamos la ‘cremallera’, además del género decidimos que cada cinco renglones se incluyera en la lista un representante étnico para garantizar la diversidad. La bancada progresista será muy femenina y diversa. Obviamente quedaron heridas, individualidades que se sintieron excluidas, pero marcaremos un hito en la nueva política.

Si llega a la Presidencia, ¿cómo va a sacar adelante el programa del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que cuando fue alcalde de Bogotá le destituyeron sin razones jurídicas ni constitucionales?

Yo planteé el reciclaje, ¡algo tan subversivo! [ríe con ironía], y por eso me destituyeron; simplemente porque los grandes operadores eran unos empresarios privados poderosos que terminaban su contrato con la Alcaldía. Yo no les quité el contrato, simplemente terminaba; y había una orden de la Corte Constitucional de incluir en el sistema a miles de recicladores que andaban con sus hijos durante las madrugadas en las calles, sobreviviendo, recogiendo residuos que dejaba la gente, y había que incluirles en el modelo de aseo, darles una remuneración y potenciar el reciclaje. El resultado fue que 65.000 niños dejaron de trabajar y esos empresarios, que se creyeron tenían un derecho perpetuo, sabotearon el proceso y yo terminé destituido. Gracias a la justicia internacional, y a la nacional de diversas maneras, logré restablecer mis derechos políticos porque a la postre lo que querían era inhabilitarme para, precisamente, no poder competir en las elecciones, ni disputar el poder.

¿Esta experiencia le servirá si llega a la Presidencia? Hay antecedentes en países vecinos, el mejor ejemplo es Brasil con la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva.

He hablado con Felipe Gonzalez, aquí en Madrid, porque fue protagonista de un proceso en el que una sociedad pasa del fascismo a una democracia moderna, de cómo una fuerza policial y militar creada y criada en concepciones fascistas puede convertirse en una fuerza pública y aceptar el control civil. Esto es importante para Colombia, porque estamos en una transición democrática. Mi gobierno de cuatro años será de transiciones, de una economía extractivista basada en el petróleo y el carbón, hacia una economía productiva, agraria y agroindustrial. En el siglo XXI, esto significa una transición de la ignorancia al conocimiento, del autoritarismo a la democracia, desde la violencia a la paz, de una sociedad del machismo a una sociedad femenina. Pero harán falta varios gobiernos, con presidencias diferentes, parecido a lo que inició Chile. En cuatro años sí podremos hacer al menos la transición hacia la democracia, y no será fácil. Implica un gran cambio en el Congreso, si el ciudadano vota progresista a la Presidencia y corrupción al Congreso, lo de Brasil podría volver a ocurrir. También hay que modernizar la fuerza pública, ponerla en la escala del honor militar y policial que corresponde en el respeto a la ciudadanía y los derechos humanos.

La crisis climática es una de sus banderas políticas. ¿Cuál es su propuesta para atajar la explotación de recursos naturales y el uso de energías sucias?

Yo lo introduje en la Alcaldía de Bogotá cuando la expresión ‘cambio climático’ no se usaba en la prensa colombiana, aun sin comprender a fondo la discusión mundial que empezaba a librarse. Este es uno de los ejes ahora de Colombia Humana. Colombia depende desde hace 30 años de exportar carbón y petróleo, el otro sector de la exportación es la cocaína, y no son mundos separados, interactúan entre sí, se mueven como una gran masa de liquidez que hizo creer a la sociedad la ilusión de que se hizo rica. Esas burbujas han explotado y parte de la crisis actual tiene que ver con eso. No es sostenible que un país políticamente, éticamente y económicamente se sustente sobre el petróleo, el carbón y la cocaína. La transición consiste en salir de ahí hacia una economía agraria, agroindustrial, democratizar la producción e iniciar el balbuceante proceso de industrialización.

Pero sin reforma agraria y con la oposición de los empresarios y latifundistas será difícil. ¿Ve posible un acuerdo con esos sectores?

El narcotráfico hizo de la tierra fértil, cerca de 20 millones de hectáreas, su caja de ahorros, se apropió de ella, la compró en efectivo o la tomó de forma violenta, de ahí el desalojo de cinco millones de campesinos y pequeños y medianos empresarios, de ahí la destrucción del mundo agrario, hundido en la violencia y donde han proliferado ejércitos privados del narcotráfico y paramilitares. El narcotráfico está ligado a la destrucción de la economía productiva tanto rural como urbana. Una ciudad como Medellín permitió a un Pablo Escobar porque se destruyó su industria textilera. El narcotráfico creció en la medida que se profundizó el neoliberalismo con mucha ayuda de gobiernos extranjeros que no vieron esta evolución dañina. Hoy dependemos del petróleo, el carbón y la cocaína, y mi gobierno tiene que liberar a Colombia de ello. Dejaremos de firmar contratos de exploración petrolera desde el próximo 7 de agosto si ganamos las elecciones, eso nos da un margen de 12 años porque tenemos reservas para hacer la transición, para que la demanda interna de combustible sea reemplazada por energías limpias. En el corto plazo se puede sustituir petróleo, carbón y cocaína por turismo, tenemos la posibilidad de pasar de 4 a 15 millones de turistas al año, pero eso no se logra si no hay paz. Una serie de variables (acabar con la violencia, la paz, democratizar el país, aumentar la producción) permite las sinergias y eso es lo que nos va a permitir reducir el narcotráfico y desligarnos de una economía fósil.

Las fuerzas reaccionarias califican este discurso de castrochavista.

No tanto Castro, pero sí el proyecto de Chávez -parecido a proyectos del socialismo árabe- se sustentó en el petróleo. En cierta forma, el progresismo latinoamericano resultó afectado por el elevado precio de las reservas fósiles a causa de la demanda china desde la crisis de 2008. Un progresismo realmente sostenible y constructivo no puede afianzarse en los fósiles. Yo propongo lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.

¿Cómo va a controlar a las bandas del narcotráfico, a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC?

Tengo un reto ambicioso y la realidad es que hay miles de hombres armados bajo diferentes agrupaciones todas ligadas al narcotráfico. Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las FARC, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial. Quiero plantear una opción: el desmantelamiento pacifico del narcotráfico, pero no soy ingenuo, sé de lo que estamos hablando, es un negocio que mueve miles de millones de dólares, y hoy se quedan más en México que en Colombia porque los cárteles mexicanos dominan más el escenario. A Colombia entran unos 15.000 millones de dólares, hoy por hoy es el mayor producto de exportación dada la caída del precio del petróleo. Esto es lo que deja el uribismo en Colombia después de 20 años. La base por la cual el narcotráfico se mantiene y crece es porque tiene poder político, y eso es control sobre la población, sobre tres grandes masas: campesinos-productores de hoja de coca, consumidores en general urbanos, del mundo y de Colombia, y la economía popular que no tiene crédito, también muy urbana, y acude al crédito usurero que la mafia entrega para lavar dólares. Si le quitas esas masas de población, le quitas poder al narcotráfico. Y hay políticas específicas que pueden lograr la democratización del crédito, incluida la banca pública. De eso he hablado en Madrid, de tú a tú, con banqueros muy poderosos españoles que operan en Colombia. El objetivo es democratizar el crédito, regular el consumo de estupefacientes, que es una experiencia mundial exitosa y que quita al consumidor del contacto directo con la mafia, y la reforma agraria para que el campesino tenga opciones distintas al cultivo de coca. Así le quitamos poder al narcotráfico y se puede abrir una vía de desmantelamiento pacifico a través de un sometimiento colectivo a la justicia. No digo que inmediatamente pero se podrían iniciar los procesos.

¿Colombia está preparada para vivir en paz?

En un anhelo, no hay mujer que no quiera vivir en paz, que no quiera que sus hijos no sean materia prima de una guerra, que sus amores acaben muertos en una esquina. Si sumamos todos los casos, eso implica una sociedad que está preparada para la paz.

madrid

12/01/2022 21:39 Actualizado: 13/01/2022 09:27

 

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) presentó un informe con cifras alarmantes respecto a desplazamiento y confinamiento forzado en Colombia

 

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) publicó un informe en el que presenta las cifras del impacto y tendencias humanitarias en Colombia durante este año. Entre los números más alarmantes están los de desplazamiento forzado en el territorio nacional.

De acuerdo con la OCHA, hasta octubre de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, representando un incremento del 198 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Así mismo, informó que de las personas en situación de desplazamiento, al menos 53.100 se mantienen desplazadas “con necesidades intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro”.

El informe aseguró que sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen; sin embargo, en este punto el informe resalta que muchos regresaron a sus territorios sin garantías de seguridad.

Respecto a este flagelo del confinamiento forzado, el informe señaló que Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional. Las zonas de ese departamento donde persiste en mayor medida esta situación son: Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.

Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, los Equipos Locales de Coordinación recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.

 “A nivel general se percibe una crisis humanitaria en los departamentos del Pacífico, en <b>donde se han concentrado el 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento</b>”, dice el informe.

Según este estudio, hay municipios que requieren particular atención, entre esos está Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde 15.000 personas han sido afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento a lo largo de 2021.

“Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas y Tumaco (Nariño) presenta un aumento de enfrentamientos y consecuentes emergencias por desplazamientos masivos, que se han generado a lo largo del año especialmente a partir de mayo”, sostuvo el informe.

Así mismo en Bojayá, Medio San Juan, Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó, en Chocó, existe un aumento de confinamientos del 17 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Argelia (Cauca) se destaca la situación de desplazamiento forzado, especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad. Este municipio ha reportado una intensificación de la violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos y combates.

“Otros eventos que llaman la atención y requieren seguimiento es el Resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguará II que está ubicado en tres municipios fronterizos La Macarena (meta), Calamar (Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se desplazaron 53 personas de la comunidad indígena debido a amenazas contra el líder de la comunidad”, aseguró la OCHA.

De otro lado, en Arauca, se reportó por primera vez desde 2018 un desplazamiento masivo de 81 personas tras el homicidio de un joven indígena miembro de la comunidad Makaguán del Resguardo La Esperanza, municipio de Tame, según informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

10 de Diciembre de 2021

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Desaparecieron 80 mil 500 personas antes del acuerdo de paz en Colombia: ONG

En un informe, el Colectivo Orlando Fals Borda señala como responsables a seis batallones y grupos paramilitares

 

Casi 80 mil 500 desapariciones forzadas fueron contabilizadas en Colombia desde 1958 hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reportó el Colectivo Orlando Fals Borda.

De estas desapariciones, 8 mil 288 corresponden a la región de los Llanos Orientales, que abarca los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare, según la organización, que pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un macrocaso para esta zona con énfasis en la situación territorial y con la presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos paramilitares.

"El departamento del Meta es el segundo que registra más víctimas de desaparición forzada en el país, con 5 mil 280 víctimas; le siguen los departamentos del Guaviare, con mil 794, y del Casanare, con mil 215", detalló Carolina Hoyos, vocera del colectivo, citada por la radio pública colombiana RNC.

En el informe Resistencia al olvido y a la impunidad, el Colectivo Orlando Fals Borda y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos. Destacan que la etapa con mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos fue entre 2000 y 2009.

El informe señala a más de seis batallones militares y a grupos paramilitares, principalmente los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras, publicado por la diputada María José Pizarro, amenazó a 20 políticos, entre ellos a los aspirantes a la presidencia Francia Márquez y Gustavo Petro, así como a organizaciones de víctimas de la violencia, políticos opositores y periodistas en Colombia.

Los paramilitares aseguran que evitarán que "terroristas y narcotraficantes disfrazados con corbatas" lleguen a ocupar cargos públicos.

La amenaza fue publicada en víspera de las elecciones de este domingo a los Consejos de Juventud, en las que personas de 14 a 28 años podrán elegir, por voto popular, a sus representantes y en precampaña para las elecciones de 2022.

Entre los amenazados figuran el ex presidente Juan Manuel Santos; el ex diputado Alirio Uribe, de Polo Democrático; la ex combatiente y ahora senadora por el Partido Comunes Victoria Sandino; la concejal Heidi Sánchez, de Colombia Humana, y la diputada Pizarro, de Decentes. Además, Ariel Ávila, periodista y candidato al Senado por Alianza Verde; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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El congresista colombiano, cuando participó en el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, con el tema Crisis del neoliberalismo, el 23 de octubre pasado.Foto José Antonio López

El legislador esboza el ambiente que floreció en su país a la sombra del tratado que puso fin a la guerra que duró casi medio siglo. Por ejemplo, con los paramilitares –expone– se busca no una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley

 

Se acerca el quinto aniversario de los Acuerdos de Paz en Colombia, pactos que el presidente Iván Duque y el entorno de Álvaro Uribe han intentado destruir, bloquear, desprestigiar. Y que, sin embargo –asegura el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda– han tenido efectos políticos, culturales y sociales que permiten pensar, "por primera vez en la historia republicana del país, en la posibilidad del triunfo de una coalición de centroizquierda" en las elecciones de marzo de 2022.

Cepeda, quien forma parte del directorio del Pacto Histórico, una de las dos coaliciones que enfrentarán a conservadores y uribistas en los próximos comicios, describe en entrevista con este diario el nuevo ambiente que floreció en Colombia bajo la sombra del acuerdo que puso fin a la guerra que se prolongó casi medio siglo: un realineamiento de todas las fuerzas en favor o en contra de la paz; un clima de continuas movilizaciones y protestas sociales; un sistema de justicia transicional inédito que, pese a navegar a contracorriente, ha tenido grandes avances.

El simple hecho de que los acuerdos se mantengan, luego del asesinato más de 300 ex guerrilleros y líderes sociales, "es un triunfo del pueblo colombiano", que lo sostiene "a pesar de todo". Y ese "a pesar de todo" significa que de enero a septiembre de 2021 se registran al menos 50 masacres, centenares de asesinatos de defensores del ambiente y los derechos humanos. "Lo que el gobierno llama paz con legalidad son palabras huecas."

Lo que propone para las elecciones del año próximo: apuntalar un proceso de paz que ponga en marcha procesos que incluyan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a grupos del paramilitarismo que sobreviven y a sectores del narcotráfico. "No a través de una negociación política, por supuesto, sino de procesos de sometimiento pacífico a la ley."

(El Pacto Histórico es una amplia alianza de fuerzas de izquierda que van desde Colombia Humana, del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hasta el partido de las ex FARC, pasando por Polo Democrático, Unión Patriótica y otros. Coalición de la Esperanza agrupa a liberales, verdes y fuerzas de centro, e incluye a figuras como Ingrid Betancourt.)

Lo que falta: paramilitares y narcotráfico

–En la ecuación para ampliar los efectos de los Acuerdos de Paz incluye al paramilitarismo. ¿Cómo?

–En el discurso de Uribe, este proceso de los acuerdos paz ha sido como entregarles el poder a los ex guerrilleros. Pero lo cierto es que Uribe, en su momento, quiso entregar literalmente el país a los paramilitares. De ello resultó que hubo entre 30 y 40 por ciento de los congresistas elegidos por los paramilitares. Y que terminó con 70 de ellos en las cárceles. Si se logró juzgar por sus crímenes a los paramilitares fue por los movimientos de víctimas, jueces y fiscales honestos, los periodistas valientes, que promovieron el examen de la verdad y que logramos parar la paramilitarización de Colombia.

–¿Y cuál es el proceso que se propone con ellos?

–No una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley. Si dejan las armas, dejan el negocio y contribuyen a reparar a las víctimas, obviamente el procedimiento judicial tiene que ser benigno.

–Sobre el tema de la configuración política ¿Cómo va el proceso con las ex FARC?

–El balance es variopinto. [El partido] Comunes es el resultado político del acuerdo de paz. Su incorporación ha tenido problemas y retrocesos, no sólo por los ataques, sino por la propia lógica después de 50 años de guerra. Pero la realidad es que están en el Congreso y las otras fuerzas políticas, incluso la extrema derecha, han tenido que acatar.

–El acuerdo de paz colom­biano no se pactó sobre amnistías ni a guerrilleros ni a represores del Estado. ¿Cómo va ese proceso de justicia transicional?

–Es un sistema de justicia inédito. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal con una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, fruto de un acuerdo entre adversarios que vienen de una guerra muy larga.

“Se le ha querido mostrar como un tribunal sin garras y ni dientes y no es así. En sus salas se están procesando siete macrocasos. Están siendo juzgadas 13 mil personas ligadas a los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado, en su mayoría guerrilleros, pero también 2 mil 500 militares y civiles.

“Ya hay resultados muy importanes. Por ejemplo, el juicio contra los jefes de las FARC por secuestro ha permitido documentar hasta 20 mil casos, algo que no había podido ser establecido. Los ex guerrilleros han hecho una petición pública de perdón a las víctimas y lo que sigue es la sanción.

“Hay otro auto que se sigue contra el ejército por los falsos positivos. Son 6 mil 402 personas, en su mayoría jóvenes que fueron prácticamente secuestrados por el ejército, ejecutados, vestidos con uniformes de la guerrilla y sus cadáveres presentados como bajas terroristas. Además se ha documentado que los cementerios en las zonas de conflicto fueron utilizados para esconder en fosas comunes los cuerpos de víctimas. La unidad de búsqueda ha desenterrado e identificado a centenares de personas. Yo mismo, con mi equipo, investigué seis de esos cementerios con más de dos mil casos.

“La comisión de la verdad es el tercer elemento de este sistema y se apresta a presentar su informe, al menos 10 mil testimonios de víctimas del conflicto armado.

“Cuando terminen su trabajo vamos a tener, yo no diría que toda la verdad, pero sí avances supremamente importantes. Por eso es una mentira impúdica lo que dicen Uribe y Duque de que los acuerdos de paz crearon un sistema de impunidad. Es exactamente lo contrario.

“Uribe teme a la JEP. Cuando se termine este proceso se revelará lo que ocurrió durante su gobierno con los falsos positivos, algo monstuoso. Por eso ha emprendido una batalla feroz contra los magistrados y la Corte Suprema de Justicia.

“Por otra parte, su pupilo, Duque, ha conducido un gobierno desastroso. Todas las políticas que ha querido poner en marcha han recibido un rotundo rechazo popular. Como su intento de gravar los alimentos básicos en un país con 40 por ciento de pobreza y 15 por ciento de desempleo.

"Esto desató un ciclo de protestas sociales que sigue hasta ahora. Y a ello respondió con una violencia inusitada, echando mano del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ya es sinónimo de violación a los derechos humanos, que ha dejado sin ojos, muertos o asesinados a decenas de jóvenes."

–Muy importante también hacer el balance de lo que ha significado el movimiento por los derechos humanos en Colombia.

–En pocas palabras: sin el movimiento de los derechos humanos en Colombia muchas comunidades habrían desaparecido, muchas más personas habrían muerto. El movimiento ha sido un cinturón de protección y contención para muchas poblaciones y ha develado el rostro criminal del poder político y del conflicto armado en Colombia.

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) afirmó que la crisis de seguridad en el país se debe a la expansión e incremento de los grupos armados ilegales

 

Durante los nueve primeros meses de 2021 se registró el desplazamiento forzado de más de 60.700 personas en Colombia, una cifra que triplica los datos recogidos durante todo 2020, según alertó este martes 26 de octubre la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Así lo evidencia el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia titulado ‘Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y septiembre de 2021′, en el que advierte que el principal determinante de esta grave situación de seguridad en país se debe a la multiplicidad, incremento y expansión de los grupos armados ilegales.

“El nivel de respuesta complementaria de los socios humanitarios a la población afectada por desplazamientos masivos en 2021 ha sido del 41 %. En la mayoría de los casos se tiene respuesta con ayuda humanitaria inmediata (AHI) por parte de las administraciones locales y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos ya que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los sectores con necesidades, especialmente en un contexto con más de 50.500 personas desplazadas en emergencias masivas, que no han podido retornan a sus lugares de origen”, advierte el informe.

A su vez, la OCHA indicó que en los últimos diez años, a excepción de 2013 y 2020, no se registraba un número tan alto de personas confinadas, debido a que entre enero y septiembre de 2021 se ha documentado que al menos 50.900 personas han sido forzadas a confinarse por el accionar y presencia de los grupos armados ilegales que hace presencia en los territorios.

Dentro de las zonas del país más afectadas por esta grave situación de seguridad se encuentran la región del Pacífico, en la que confluyen varios factores de riesgo como el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en los territorios, así como el incremento de la migración ilegal, que han ocasionado una crisis humanitaria en varios municipios del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

“Cabe resaltar que, la multiplicidad de emergencias ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, e inclusive algunas personas desplazadas optan por retornan a sus lugares de origen sin tener las garantías de seguridad para un retorno. Por esta razón las personas sufren nuevamente hechos victimizantes en un corto periodo de tiempo”, indica la oficina de la ONU.

A su vez, el informe alerta sobre el deterioro de la situación de seguridad en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, debido a la reciente presencia e influencia de varios grupos armados organizados que han realizado varias amenazas en contra de la población con el propósito de imponer su control social en estas localidades.

En ese sentido, la OCHA indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana de inminencia en el Amazonas, que evidencia el alto riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas de La Pedrera por las recientes amenazas de reclutamiento y uso de menores por las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que hace presencia en este territorio.

“Por otra parte, se evidenció que las principales preocupaciones de los migrantes y comunidades de acogida en la frontera con Panamá giran en torno al acceso a agua segura, condiciones de seguridad durante el trayecto por la selva del Darién, atención en salud, alimentación, acceso a otros bienes y servicios a precios más bajos y formas para poder realizar el tránsito hasta sus lugares de destino (EE.UU.) en menor tiempo y de forma digna”, concluyó el informe.

26 de Octubre de 2021

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&quot;Otoniael&#039;, sontie ante los celulares de los oficiales del Ejército que lo capturaron

Las autoridades colombianas llevaban aproximadamente siete años tras el rastro líder del Clan del Golfo, por el que la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Este sábado, las autoridades colombianas confirmaron la captura del hombre más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, conocido en el mundo criminal bajo el alias de 'Otoniel'.

Úsuga, de 49 años, era la cabeza del Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande de Colombia y sus crímenes lo llevaron a consagrarse como uno de los capos más buscados a nivel internacional. Por información que llevara a su captura, la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Tras el arresto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una rueda de prensa en la que declaró que este es "el golpe más duro al narcotráfico de este siglo en Colombia" y aseguró que es "comparable solo con la caída de Pablo Escobar".

Vida criminal

'Otoniel' nació en el municipio de Necoclí, en Antioquia, y desde allí empezó a fortalecer su emporio criminal. Inicialmente fue miembro del Ejército de Liberación Popular (EPL), donde llegó a delinquir con tan solo 16 años de edad. Posteriormente se deslindó de este grupo subversivo, para luego entrar a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que operó hasta el 2006.

En ese bloque estuvo a las órdenes de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', con quien iniciaría en el negocio de las extorsiones y el lavado de activos. El 3 de septiembre de 2005, Úsuga se desmovilizó de nuevo, cuando se desintegraron las AUC. 

Tras la captura de 'Don Mario', 'Otoniel' y su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovanny', tomaron el control de Los Urabeños, cuyo nombre se debe al control que ejercían en la zona antioqueña de Urabá. Desde entonces podría hablarse del denominado 'Clan Úsuga', que posteriormente se conocería como el Clan del Golfo.

Tras la muerte de su hermano, a manos de la Policía colombiana en 2012, 'Otoniel' ocupó el cargo de máximo cabecilla de nuevo grupo criminal. En su contra existen más de 120 procesos abiertos por toda una serie de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, varios tipos de secuestro y concierto para delinquir, recoge El Tiempo.

Las autoridades colombianas ofrecían hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 794.000 dólares) por información que ayudara a dar con su paradero.

El presidente Duque catalogó a Úsuga como "el narcotraficante más temido de todo el mundo; asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además, reclutador de menores. Asimismo, indicó que era conocido por "abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes". 

Duque también recalcó que contra el capo existen ordenes de extradición y aseguró que trabajarán con las autoridades "para lograr este cometido", sin que esto impida que también se pueda hacer justicia sobre el resto de sus crímenes en el país.

Operación 'Osiris'

Desde hace meses el estado de salud del jefe criminal había venido empeorando, por una serie de complicaciones. Según informes de Inteligencia, Úsuga no usaba servicios tecnológicos como celulares, sino que se comunicaba mediante una red de correos humanos, presuntamente por la presión policial.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, detalló este sábado que llevaban aproximadamente siete años tras el rastro de 'Otoniel', sin embargo, en enero de 2021 "se decidió cambiar los ritmos" y se diseñó una nueva estrategia, para entender de mejor manera a sus estructuras y red de apoyo.

"Fuimos develando los anillos de seguridad, entendiendo de mejor manera los corredores de movilidad y nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno, explicó el alto mando.

El general también resaltó que ya se tenía todo listo para romper la última barrera de seguridad de 'Otoniel', así que reunieron todos los recursos y se lanzó la operación 'Osiris' en la madrugada de este sábado.

Revelaron que la operación se desplegó con más de 500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, además de 22 helicópteros de apoyo, con lo cual se logró cercar cualquier escapatoria. Finalmente se logró su captura cerca de las 15:00 (hora local). Durante la ejecución del operativo', también contaron con apoyo satelital por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido.

Navarro señaló que 'Otoniel' nunca tuvo oportunidad de encontrarse con sus redes de apoyo, ni de salir del área porque "todos los comandos estaban ubicados de manera estratégica".

Publicado: 24 oct 2021

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La periodista colombiana Jineth Bedoya, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Más de 21 años después de la agresión a la periodista en la Cárcel Modelo de Bogotá, el tribunal internacional determinó que el Estado deberá pagar

 

Veintiún años después de que la periodista Jineth Bedoya fuera atacada en la Cárcel Modelo de Bogotá y agredida sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la actual subeditora del diario El Tiempo. Según el tribunal internacional, el Estado colombiano fue responsable no solo del ataque que sufrió Bedoya dentro de la prisión el 25 de mayo del 2000, sino del posterior secuestro en el que fue agredida sexual, física y verbalmente por paramilitares.

“La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000″, se lee en el resumen de la sentencia publicado por el tribunal este 18 de octubre.

La pelea de Bedoya en los tribunales internacionales está relacionada a dos atentados contra su integridad física y mental que sufrió en su labor como periodista. El primero, como ya se mencionó, ocurrió el 25 de mayo del 2000 y fue orquestada por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y situación de violencia en la cárcel La Modelo. Allí se documentaron casos de descuartizamiento y desaparición y Bedoya, quien en ese momento trabajaba para el diario El Espectador, fue a investigar el tema.

El segundo caso ocurrió en 2005, cuando ya trabajaba para El Tiempo. La periodista fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que la liberó después de la presión del diario para el que trabajaba y de la sociedad civil.

Ambas situaciones sucedieron a pesar de que Bedoya había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.

Teniendo esto en cuenta, y las otras evidencias aportadas por la periodista, la Corte IDH tomó la decisión de forma unánime.

Además de encontrar responsable al Estado colombiano por los que le sucedió a Bedoya en el año 2000, los magistrados declararon “violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Luz Nelly Lima, madre de Bedoya.

En razón de estas violaciones, la Corte IDH ordenó siete medidas esenciales de reparación para resarcir a Bedoya de forma directa y para evitar que se presenten más casos como este en el futuro.

En la lista está promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los otros responsables de los actos sucedidos el 25 de mayo del 2000 y los actos de amenazas que ha sufrido. Además, el Estado colombiano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas.

El Estado también deberá garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Este proyecto inició en 2010 y es liderado por Bedoya.

Entre las medidas que se deberán adoptar para evitar casos parecidos en el futuro, la Corte IDH ordenó crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar casos de violencia contras las mujeres basadas en el género. En este sentido, también deberán diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.

Por último, el Estado debe crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. Además de un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia.

18 de Octubre de 2021

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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

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La CIDH alerta sobre el aumento de desplazamientos forzados en Colombia

Entre enero y agosto más de 57 mil personas fueron desplazadas en el país.

Según la ACNUR el país tiene el número más alto de desplazados en el mundo superando los 8 millones de personas.

 

La cantidad de desplazamientos forzados en Colombia aumentó en un 135 por ciento en lo que va del año en comparación a 2020, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo además recordó que Colombia tiene el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo: un total de 8,3 millones de personas hasta fines de 2020. La comisión pidió al gobierno de Iván Duque aplicar medidas urgentes ante los desplazamientos forzado a raíz de las amenazas de grupos armados no estatales.

Desplazamiento forzado

Entre enero y agosto de 2021 la cantidad de colombianos y colombianas que tuvieron que desplazarse internamente aumentó en un 135 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020 según la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citada por la CIDH en un comunicado de prensa. “Las cifras indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados no estatales”, indicó la Comisión. Mientras que según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el primer semestre del año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo que llevaron a la movilización forzada de más de 44 mil personas en el país. Para la Defensoría el número de desplazamientos internos se duplicó en comparación a los registrados el año pasado.

La comisión también se refirió al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que ubica a Colombia como el país que más desplazados internos genera en todo el mundo. Hasta fines de 2020 registraron un total de 8,3 millones de personas desplazadas en el país.

Según la OCHA, la mayoría de los desplazamientos masivos tuvieron lugar en los municipios de Roberto Payán y Magüí (Nariño, donde el mes pasado ocurrió una masacre), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros departamentos. En Buenaventura, la Comisión se refirió a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron que sólo entre enero y marzo de 2021 los desplazamientos afectaron a 3.625 personas. “En particular, indicaron que los hechos de violencia que habrían ocasionado el desplazamiento estarían vinculados al control territorial a fin de poder construir infraestructura portuarias y turísticas”, señaló la CIDH.

Líderes asesinados

El organismo también advirtió la preocupación de la sociedad civil por los desplazamientos en los municipios de Santa Rosa (Bolívar) y Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, donde el mes pasado fue asesinado el gobernador y guardia indígena Efrén Antonio Bailarín Carupia. En este sentido la CIDH expresó su preocupación por el desplazamiento individual y familiar que “termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos”.
“Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas”, detalló la comisión en el comunicado. “Las personas con liderazgo social cuya función es reclamara territorios pertenecientes a familias y comunidades desplazadas, se enfrentan a diversos actos de violencia, incluyendo el asesinato de las mismas”, alertó.

"Escasos avances"

La CIDH reconoció los esfuerzos que se realizaron desde el Estado colombiano a través de medidas para fortalecer a la policía y su articulación con las fuerzas armadas. Sin embargo, la comisión también evidenció que de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil “la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno”. En este sentido, el organismo advirtió que recibieron información sobre “los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente, en los componentes que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia". “Las organizaciones denunciaron la expansión de grupos armados no estatales que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios; la reducción de presupuesto para la atención de contingencias; la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas”, indicó la comisión en su comunicado.

Además según a Defensoría, los colectivos más afectados son los que enfrentan una “situación de vulneración histórica y estructural, tales como las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59 por ciento de los casos) y la población campesina. El impacto diferenciado del desplazamiento interno también se extiende a las mujeres. La comisión se refirió a la información destacada por la Corte Constitucional de Colombia, que indica los riesgos específicos basados en el género: riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, así como el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas y los obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.

La CIDH urgió al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones para prevenir el desplazamiento y garantizar los derechos de las personas afectadas. La comisión le recordó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la situación del desplazamiento se mantiene hasta que las personas puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en condiciones de seguridad o que haya ocurrido su reasentamiento voluntario en otra parte del país”.

2 de octubre de 2021 - 00:58

 

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Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de desaparición forzada

 Un total de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 días de intervención en el cementerio La Dolorosa, del municipio colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia (noroeste), informó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).

"Desde el 14 hasta el 26 de septiembre la Unidad de Investigación y Acusación participó en la diligencia de recuperación de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Puerto Berrío, Antioquia, en conjunto con la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas)", indicó dicha unidad a través de Twitter.

La diligencia fue parte de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger zonas en las que posiblemente se encuentren cuerpos de víctimas del conflicto.

La acción humanitaria es hasta el momento la mayor desarrollada para identificar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada cuyos restos fueron sepultados en el cementerio La Dolorosa, protegido con medidas cautelares de la JEP para evitar cualquier tipo de intervención mientras se realizan las exhumaciones e investigaciones respectivas.

Los restos fueron depositados en ese cementerio por la misma comunidad, que recogió de manera frecuente los cuerpos que llegaban al municipio arrastrados por la corriente del río Magdalena, el más grande de Colombia.

Hasta la fecha han sido recuperados en ese cementerio 116 restos óseos de posibles víctimas del conflicto armado, luego de que en abril pasado se exhumaron otros 43 cuerpos, que se han puesto a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

Según la JEP y la UBPD, en la zona del Magdalena Medio, que comprende el departamento de Antioquia, se prevé que estén los restos de unas 1.940 personas víctimas del conflicto.

Reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que de ellas, 851 estarían en el municipio de Puerto Berrío, 518 en Puerto Boyacá, 270 en Puerto Triunfo, 181 en Puerto Nare y 120 en Puerto Salgar.

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