Paro armado, la vergüenza del Gobierno

Nuevamente, nuestra Comunidad de Paz, acude a la humanidad y a la historia para dejar constancias de nuevos hechos perpetrados conjuntamente entre paramilitares y Estado.

Nuestra región, continúa en un círculo vicioso donde el estado y el paramilitarismo es la principal droga que; somete, amenaza, tortura, controla y mata la vida social y campesina. Es la voz del paramilitarismo la que se impone a todas anchas, en la cual toda la población debe obedecer sus directrices o asume las consecuencias.

¿Hasta cuándo el Gobierno va a permitir que se siga controlando al que humildemente cultiva la tierra para el sustento de sus familias y del país? Es una vergüenza, estos gobiernos de turno, tras sus mandatos, dejan cientos de miles de violaciones al derecho internacional humanitario, entre ellos, los líderes y lideresas asesinados en los últimos meses en el país, quedando las víctimas condenadas al olvido y a la impunidad absoluta. ¡Que dolor!

Hoy, el paramilitarismo sigue siendo la mayor fuerza oscura con la que se cuenta para realizar el trabajo criminal que no pueden hacer a la luz pública las instituciones del estado. Urabá es un ejemplo, la misma Brigada XVII del ejército y la Policía Urabá han sido los garantes y aliados de los paramilitares. En muchas ocasiones operaron conjuntamente para realizar falsos positivos y masacres en el Urabá y el País. Hoy, no parece que esas alianzas se hayan terminado, pues los paramilitares autodenominados AGC tienen el absoluto control en todo el territorio e incluso conviven y comparten con la fuerza pública en San José, Nuevo Antioquia, Piedras Blancas entre otros corregimientos del Urabá y no hay ni el más mínimo interés en desmantelar estas estructuras paramilitares.

Se acercan elecciones presidenciales en el país, y se evidencia las diversas acciones conjuntas de las maquinarias que han gobernado, vendido y desangrado nuestra Patria. Estos, buscan cómo seguir aferrados al poder, y para ello, cuentan con la corrupción en los órganos de control existentes en las diversas instituciones Estatales. Ojalá, que las buenas ideas de un país mejor sean las que ganen, pues ya es momento de un cambio a esta dictadura que solo ha destruido y arruinado el país.   

Los nuevos hechos son los siguientes;

  • ·El viernes santo 15 de abril de 2022, en la vereda La Esperanza del corregimiento de San José, se realizó un evento donde el reconocido paramilitar alias el COCHERO celebró su matrimonio en medio de una gran multitud de personas que participaron en su boda, este personaje hace ya un tiempo llegó a la vereda El Porvenir como paramilitar para ejercer control allí.
  • ·El viernes 22 de abril de 2022, en la vereda la Unión, del Corregimiento de San José de Apartadó se realizó una jornada comunal de arreglo del camino de herradura impulsada por la junta de acción comunal de dicha vereda y con la participación de efectivos miembros de la Brigada XVII del ejército nacional con sede en Carepa, Antioquia. En dicha jornada, un agente del ejército nacional que participaba, procedió a leer a todos los allí presentes, la constancia pública del pasado 18 de abril de 2022de la Comunidad de Paz. Manifestando en tono de burla que, “lo más seguro es que esa comunidad de paz hoy o mañana volverá a sacar constancia de esta jornada de trabajo” se supo que el uniformado rechazó tajantemente nuestras constancias al manifestar que estuvo investigando a comerciantes de la vereda la Unión sobre el paradero o conocimiento del paramilitar alias Adolfo Guzmán. A ¿Quién se le ocurre interrogar a las víctimas frente a los victimarios?  Dejamos constancias de que a pocos metros de donde se encontraban los uniformados, se hallaba también alias Adolfo Guzmán, realizando labores de arreglo de camino.  Este mismo sujeto, ya el pasado 3 de abril de 2022 había amenazado a comerciantes de La Unión, de igual forma participó de la jornada comunal el pasado 8 de abril de 2022 en compañía de miembros de la brigada XVII del ejército nacional y constatado por miembros de nuestra Comunidad de Paz. Este sujeto habita en una vivienda junto a las instalaciones del ejército nacional adscritos al batallón N.6 de desminado en la parte de arriba del centro poblado de la Unión, pero nadie lo conoce y menos los militares.
  • ·El sábado 23 de abril de 2022, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un evento privado que realizara un reconocido cantante de música popular en un establecimiento público en el centro poblado de San José. Según los testigos, se evidencio la presencia del reconocido mando paramilitar alias LEÓN excombatiente de las Farc-ep y firmante de los acuerdos de Paz, conocido con el alias la “FIERA”. Dicho evento musical se realiza en medio de una fuerte presencia de policía y militar en el casco urbano de San José donde actualmente existe una base militar y un búnker de la Policía Nacional. Se argumenta que el artista tiene algún parentesco familiar con este mando paramilitar.
  • ·El domingo 24 de abril de 2022, cuando una comisión de nuestra Comunidad dePaz se dirigió a la vereda la Resbalosa, se pudo constatar que allí había presencia de varios reconocidos paramilitares, minutos después en el camino entre las veredas Mulatos y La Resbalosa se notó la presencia de un paramilitar que se dirigía a la Resbalosa, ya en horas de la tarde se vio regresar a Mulatos.
  • ·Este mismo domingo 24 de abril de 2022, en la vereda la Resbalosa nuestra Comunidad de Paz,fue informada de amenazas de un paramilitar contra la maestra de dicha vereda. El reconocido paramilitar le advirtió a la maestra que tenía los días contados, por tal motivo, la maestra fue trasladada a otra instalación educativa.
  • ·El lunes 25 de abril de 2022, mientras una delegación de nuestra Comunidad de Paz, adelantaba una jornada comunitaria de mejoramiento de la vía en el sector el barro de la vereda Mulato, fue hallado un artefacto explosivo que habría sido instalado junto al camino y dañado por los semovientes que transitan por el lugar. Según el mal estado del mismo, estaba allí desde hacía muchos años. Tales artefactos como estos, son los que vienen supuestamente desactivando el batallón de desminado N.6 del Ejército Nacional. A juzgar por el largo tiempo que llevan en la zona, la millonada que habrán invertido en dichas jornadas sin que a la fecha se evidencien avances significativos de desminados. Creemos que la estadía en estos lugares responde a otros intereses, pues las integraciones sociales son más su afán que la de hallar los artefactos explosivos.
  • ·Este mismo lunes 25 de abril de 2022, en la vereda mulatos, más exactamente junto a nuestro espacio de vida y trabajo de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de la presencia constante del paramilitar alias “GRIPIN”, en reuniones y demás actividades en la casa comunal, este paramilitar, hace presencia y control permanente en la zona y reside en la casona en la vereda mulatos medios.
  • ·El jueves 5 de mayo de 2022, en horas de la tarde nuestra Comunidad tuvo conocimiento de la advertencia de los paramilitares de un paro armado decretado para su cumplimiento a partir del día 5 de mayo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022. Ya en horas de la tarde, las actividades comerciales, transportes entre otras fueron cerradas. Este mismo jueves 5 de mayo de 2022, un grupo de estudiantes que provenían de la escuela de la vereda Arenas Altas a integrarse con estudiantes de la escuela de la vereda la Unión, fueron interceptados por paramilitares que hacen presencia en la unión, quienes ordenaron regresar a sus casas.
  • ·El viernes 6 de mayo de 2022, se ha constatado que el paro armado decretado por los paramilitares, ha surtido efecto; vehículos incinerados, los centros comerciales, oficinas, comercio en general y laboral, estudiantil, de transportes y en si toda actividad en general fue paralizada por órdenes de los paramilitares. Y nos preguntamos, ¿Dónde están las fuerzas de seguridad del Estado? ¿En qué queda el estado de Derecho? ¿No es esto la evidencia de un Estado secuestrado por las mafias y el poder que lo domina? Se evidencia que no son las armas las que nos libertan, por el contrario, nos esclavizan.
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, se tuvo conocimiento de que dos paramilitares hicieron presencia en el área poblada de la vereda la Unión el pasado jueves 5 de mayo de 2022, y ordenaron a los comerciantes cerrar sus locales, y ordenaron a la población civil no realizar ningún tipo de actividad comunal como el que tenían programado para el día de hoy, y de igual forma ninguna actividad personal fuera de la casa, esos reconocidos paramilitares están haciendo rondas en el centro poblado de La Unión impidiendo el comercio, recordar que allí, hay una fuerte presencia militar que además tenían programada actividad comunal con la junta y prefirieron acatar las órdenes y el control paramilitar.  
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, en el casco urbano de San José, los locales comerciales amanecieron cerrados, el caserío fantasma, ni un soldado, ni un policía se veían allí, ni siquiera en sus guarniciones militares. Los soldados y policías están encerrados.  

Estos hechos claramente evidenciados por nuestra comunidad y la población de nuestra región, muestra de cómo el gobierno ha sido permisivo con el paramilitarismo y lo ha venido dejando que sean ellos los que realicen su trabajo sucio de control y sometimiento de la población civil.

San José y sus veredas se han convertido en el campo propicio de libertad y tranquilidad para los paramilitares y la fuerza pública que conviven sin hacerse ningún tipo de daño, lo que cada vez lo hace más cómplice de sus crímenes.

Siempre que renovamos la memoria de nuestros sufrimientos, renovamos también nuestros sentimientos de gratitud a numerosas personas y comunidades de Colombia y del mundo que caminan espiritualmente con nosotros y nos llenan de energía resistente.

                                Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                        Mayo 6 de 2022

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En el Chocó está en curso una disputa entre grupos armados, en la cual el Clan del Golfo toma la delantera, ampliando a esta región el control territorial que ya ostenta en otras partes del país. Las consecuencias de esta confrontación no pasan inadvertidas y sobre ello alertan los obispos de las diócesis de Quibdó, Itsmina-Tadó y Apartadó, que en rueda de prensa, junto con voceros de pueblos indígenes y organizaciones sociales del Chocó y del Occidente de Antioquia, denunciaron el efecto de esta realidad sobre su población.

 

Los paramilitares del Clan del Golfo ya coparon todo el río San Juan. Además hacen presencia permanente en numerosos poblados, entre ellos Ichó, Neguá, Bojayá, Vigía del Fuerte, Acandí, Ungía, Riosucio, Carmen del Darién, y todo el Medio Atrato. Es decir, estamos presenciando un copamiento de toda la región. Su pretensión de dominio es total, no solo militar, por lo que en tiempo electoral, como el actual, se multiplican las alertas electorales extremas en nueve municipios, también de incremento de la violencia. La denuncia procede de lideres religiosos que conocen la región y mantinenen contacto permanente con sus fieles, en este caso los oblspos de la Diócesis de Qjuibdó, Juan Carlos Barreto, Apartadó, Hugo Alberto Torres, y el de Itsmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez Gómez


Es una disputa de la cual no está ajena la capital del departamento, Quibdó, con un registro de 290 asesinatos en los últimos dos años, una cifra que expresa una altísima tasa para una ciudad de 130 mil habitantes.

Y mientras los ojos se dirigen hacia conflictos en el extranjero, nadie quiere reconocer que la población civil en la región chocoana está entre el fuego cruzado. Según Monseñor Juan Carlos Barreto, “lo de Bahía Solano es increíble, los dos grupos armados ahí en medio de la población”. La misma Defensoría del Pueblo señala que la población afectada representa el 72 por ciento, lo que equivale cerca de 396.000 personas, de las 550 mil que habitan en todo el departamento.

Pero estas denuncias que deben escandalizarnos, para el gobierno no existen. Según Daniel Palacios, ministro del interior, las informaciones son falsas y extravagantes. Este calificativo le indicó a la Iglesia que el momento actual no es oportuno para el dialogo, por lo que fue cancelada la reunión programada para mediados de febrero con el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos. Incluso el prelado con jurisdicción sobre el territorio que en buena parte cruza el río Atrato, se vio sometido por presiones de aclaración y retractación exigidas por los comandos de la Brigada décimo quinta del Choco y cuarta de Antioquia. Para los obispos, la convivencia y tolerancia del ejército con actores paramilitares no puede combatirse dilatando la presencia oficial, pues lo único que se logra es aumentar la violencia.

Para precisar algunos de los tópicos antes relacionados, contactamos al obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto. A continuación la conversación sostenida:
‘La negación y la defensiva estatal no ve la realidad de las comunidades’

Edwin Guzmán (EG). Monseñor, ¿Cuál es la situación actual que se vive en la región y en particular de su diócesis?
Monseñor Juan Carlos Barreto (MJCB). El trabajo que realizamos los obispos con jurisdicción en el departamento del Chocó, un esfuerzo colectivo con las organizaciones etnicoterritoriales y sociales, venimos acompañando a las comunidades, visibilizando sus situaciones y tratando de incidir en diferentes espacios en los cuales se toman decisiones. No es para menos, el departamento atraviesa por una crisis del estado social de derecho, reflejada en los problemas de salud, educación, pobreza monetaria, desempleo y de inseguridad.

En el tema de paz, concretamente, no pasa desapercibido el avance de los grupos armados, no solo en las zonas rurales sino también en Quibdó, sometida a una creciente inseguridad producto de extorsiones, a un alto número de homicidios, a las amenazas, el desplazamiento interno y también desplazamiento hacia otras ciudades; en zonas rurales el confinamiento, el desplazamiento, los artefactos explosivos instalados por los grupos armados, el reclutamiento de menores, la amenaza a líderes sociales y la perdida de autonomía de las comunidades.

EG. ¿Pero el gobierno dice que son exageradas y extravagantes las cifras que ustedes mencionan sobre el porcentaje del control de población?
MJCB. Esa cifra es ofrecida por la Defensoría del Pueblo. Se dice, haciendo cálculos de población, que el 72 por ciento estaría en riesgo por la violencia que impacta al departamento.

EG. ¿Cuáles son los actores que están afectando a la población chocoana?
MJCB. El Eln y el clan de Golfo que aquí se denominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

EG. ¿Cómo se dio este proceso de redacción del comunicado colectivo y en el que denuncian lo ya anotado por usted, y en el que también participaron otros actores de la sociedad civil?
MJCB. Esas denuncias, que se venían haciendo con anterioridad, se fortalecieron producto de las misiones humanitarias desarrolladas en el año 2021 y en las que participación las tres diócesis, y en algunas de ellas también la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derecho Humanos ONU, las organizaciones étnicas y también algunas otras iglesias. En esas misiones humanitarias visitamos los once municipios más afectados por la violencia, con grupos de 40 y 50 personas; a través del diálogo con las comunidades se verificó el tipo de afectaciones, y esa realidad fue la que se visibilizó en comunicados y ruedas de prensa.

EG. ¿Qué opinión le merece la respuesta del gobierno, por medio del ministro Diego Molano, de calificar lo denunciado como exageraciones? ¿Por qué esa indiferencia estatal?
MJCB. La sociedad civil debe perseverar en la exigibilidad de sus derechos y es obligación constitucional del Estado atender las necesidades de los habitantes de las diferentes regiones del país. Nosotros vamos a perseverar en ese esfuerzo. Creemos que esa actitud de negación y defensa que hace el Estado no permite ver la realidad que se vive en el territorio, por eso hemos querido visibilizar las denuncias y hacer que el Estado reconozca lo grave de la situación. Y que de las respuestas que corresponda.

EG. En la lucha por sus derechos, ¿qué sigue para las comunidades del Chocó?
MJCB. Tiene que haber un diálogo respetuoso, en el que se reconozca la dignidad del pueblo chocoano que hace estas exigencias, de acuerdo con las competencias del Estado. Estamos abiertos siempre al diálogo, junto con las organizaciones sociales y toda la sociedad civil. Esperamos que realmente se abran los espacios de diálogo significativo para el departamento y que los altos niveles del Gobierno y del Estado en general respondan a estos llamados que se hacen desde la región.

Quisiera agregar que es importante la expresión de solidaridad recibida por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, que en visita al departamento del Choco constató en terreno cuál es verdadero pensamiento y situación de las comunidades, en conversación directa y escuchándolos realmente. Por eso su presidente, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, expresó que en el Chocó hay una crisis humanitaria y necesita que el Estado escuche a sus habitantes, y empiece a dar respuestas oportunas a las exigencias que se hacen desde los departamentos.

 

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Álvaro Herrera interpreta el corno durante una de las protestas pacíficas de 2021 en Cali, Colombia

Álvaro Herrera, el músico que durante las manifestaciones de 2021 fue torturado por la policía, habla desde el exilio con EL PAÍS

Álvaro Herrera aparece a medio cuerpo al otro lado de la pantalla. Está vestido con una camiseta y su pelo está amarrado con una coleta. Se ve cansado. Está cansado. Las últimas semanas no ha podido dormir bien. No había planeado dejar su país y menos como lo tuvo que hacer, de un día para otro, de emergencia, exiliado. Herrera fue la imagen de la persecución que vivieron los jóvenes durante las protestas del año pasado en Colombia. Es la cara de los que siguen sufriendo hoy, cuando ya han pasado varios meses de esos días en los que civiles armados salían a apuntar a cualquiera que se atreviera a manifestarse contra el Gobierno y la policía detenía arbitrariamente a quien quisiera, al que estuviera en la calle.

Su caso fue la máxima evidencia de lo que el país veía a cuentagotas en redes sociales: la represión policial sin límites. El día que a Álvaro lo detuvieron y lo obligaron a autoincriminarse, en una captura que luego fue declarada ilegal, 14 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en su ciudad, Cali. Que Álvaro esté hoy vivo es un milagro, que pueda volver a su país dependerá de otro. “Solo un milagro podría hacer que regrese”, dice desde Francia, a donde llegó con su única arma: un corno francés. Interpretando ese instrumento fue blanco de la policía, que lo detuvo la tarde del 28 de mayo de 2021. Álvaro iba camino a su casa tras participar en cacerolazo sinfónico, una protesta con música a la que se unieron varios estudiantes de la Universidad del Valle, a la que entró con mucha disciplina y esfuerzo, por lo que hoy lamenta no saber si se podrá graduar. “Siento mucha impotencia, rabia, tristeza. Tuve que dejar todo. A mi mamá, mis estudios, mis amigos”, dice y alza la voz. Álvaro Herrera tiene rabia, lo que ha vivido el último año ha sido una cadena de injusticias.

Colombia supo de él esa tarde de mayo cuando, tras estar varias horas detenido por la policía, se le vio en un video con la cara ensangrentada, sin camisa, atado de manos y diciendo ante una cámara que era un vándalo, que había lanzado piedras y que los golpes los había recibido de otros manifestantes. Las imágenes se viralizaron y fueron celebradas por sectores políticos que insistían en el discurso de que los que protestaban eran personas que solo buscaban desestabilizar al país. Un día después, una jueza le daría la razón a su familia, a sus amigos y a los que lo conocían y sabían que él no había hecho nada aparte de tocar su instrumento. Herrera había sido obligado a autoculparse. La Justicia decretó ilegal su captura y fue liberado. Desde entonces, y con su cara ya conocida en todo el país, ha vivido bajo zozobra. “En mi vida universitaria ya había sentido el estigma de ser parte del movimiento estudiantil, sobre todo el estigma de quienes estudiamos en una universidad pública, pero nunca nada tan grave como ahora. Uno no tiene palabras para expresar la ira y la rabia que se siente tener que dejar el país solo porque protesté, pero si no salía, me mataban”, dice.

Ahora, lejos de casa, dice no tener esa sensación de persecución constante, “que en Colombia sí tenía, en cualquier ciudad, donde estuviera”, pero tampoco está feliz. “No estoy tranquilo, el principio básico del ser humano es tener la tranquilidad de sentirse bien en cualquier lugar, es poder hablar con los que has amado, pero pues salir del país, dejarlo todo y saber que quedan compañeros en esa situación da mucha impotencia”. Tiene 26 años y decidió protestar porque estaba harto. Lo sigue estando. “Si los jóvenes no toman las riendas del país nadie nos va a salvar. Esto no es de partidos ni de ideologías, es de dignidad, es una cuestión de dignidad”, repite enfurecido. Tiene razón. Los estudiantes, como él, piden lo básico en un país que se dice democrático. Igualdad de oportunidades, justicia social, que los jóvenes puedan estudiar, que las universidades públicas tengan las instalaciones que merecen. “Estamos acostumbrados a mirar hacia otro lado, pero no nos miramos a nosotros mismos. La sociedad colombiana tiene que sacar valentía para hacer un cambio, no se puede vivir en un país donde la muerte está normalizada”, cuestiona el músico, que se exalta al dar las cifras de una violencia que parece no tener fin. “[El conflicto ha dejado] 9 millones de desplazados, en solo tres meses del paro nacional [las protestas de 2021] hubo más de 300 desaparecidos. Si hace unos años se hablaba de un Estado fallido, pues parece que ahora sí estamos frente a eso”, dice.

Muchos de los jóvenes que fueron retenidos y reportados como desaparecidos fueron liberados, pero sigue habiendo decenas de jóvenes enjuiciados, algunos con casa por cárcel. Las cifras son inexactas porque el Gobierno nunca se dio a la tarea de llevar un conteo real, lo que se sabe es, sobre todo, gracias a organizaciones de derechos humanos. Álvaro Herrera no se quería ir de Colombia y estaba dispuesto a volver a las calles a protestar, pero sabía que estaba en riesgo y que su familia lo estaba sufriendo. “Mientras usted esté aquí, yo no tendré vida”, cuenta que le dijo su mamá. Un mensaje suficiente para tomar la decisión definitiva. “A los que protestamos en Colombia nos ponen una lápida en la cabeza”, repite varias veces durante la conversación. Según la ONU, al menos 28 personas fueron asesinadas por la policía en las protestas del año pasado.

Es la primera vez que vive fuera de Colombia y estos días no han sido fáciles. El clima, el idioma, la soledad, volver a empezar. “Llevo más de dos semanas sin poder sentarme a estudiar mi instrumento, a pensar en mis piezas. La música es algo tan sublime que no soy capaz de estudiar si estoy mal”. Es su bálsamo, dice. Su instrumento fue lo primero que metió en el equipaje. Su corno y algo de ropa lo acompañan en este viaje, que de emocionante ha tenido poco. “Vivir fuera así, es difícil. No es una maravilla, no es turismo, no es exótico, es otro nivel”, asegura. Una bombilla le ilumina la cara, está a punto de hacerse de noche. Otra vez empieza una jornada larga en la que le costará conciliar el sueño. “Estoy despierto hasta la madrugada, sigo viendo las noticias, no puedo dejar de pensar en lo que está pasando en Colombia”. No se puede desconectar fácil, olvidarse de lo que dejó. “Jamás había experimentado algo así”, dice, pero confía en poder hacer camino en un lugar que no es el suyo aferrado a su corno. Su rabia, a la que llama una rabia digna, no es con el país en el que nació y del que tuvo que salir huyendo. “Colombia no me sacó, me sacaron los que no están de acuerdo con lo que cuestioné en una protesta”, dice.

El proceso para conseguir su asilo está en trámite, si la respuesta es positiva sabe que tendrá que estar allí por varios años. Ya está aprendiendo el idioma y lo hace él solo, con aplicaciones e internet. La erre ya le suena francesa. “Para sobrevivir aquí sé que tengo que aprenderlo y rápido”. Ante la pregunta sobre si ya fue a ver la Torre Eiffel dice que sí. Por fin se le sale una sonrisa.


“La intimidación se ha hecho más fuerte”

Sebastián Caballero, abogado de Álvaro Herrera y de otros tantos jóvenes que protestaron el año pasado, cuenta que el caso del estudiante de Música, que tuvo que salir del país por amenazas tras las manifestaciones, no es el único. También lo tuvo que hacer Noé Muñoz, un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Buenaventura. “Después de que ellos y otros estudiantes decidieron empezar un proceso legal contra el Ministerio de Defensa, la Policía y los civiles que indiscriminadamente salieron a disparar en la ciudad de Cali a los protestantes, la intimidación se ha hecho más fuerte”, cuenta por teléfono el abogado, representante de los estudiantes en el caso.

La próxima semana el proceso tendrá una nueva etapa, en la que está citado uno de los civiles que quedó registrado en cámaras de teléfonos celulares apuntando y disparando a los jóvenes y a los indígenas que intentaron unirse a las marchas en Cali y que fueron recibidos a balazos por civiles, ante los ojos de la policía. La denuncia presentada por los jóvenes, con la representación legal de Caballero, se hizo por los posibles delitos de de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio en grado de tentativa. El abogado también representa a las familias de las víctimas mortales que dejaron esos días en que estudiantes salieron con la idea de marchar, sin imaginar que algunos no regresarían a casa.

12 feb 2022 - 22:00 COT

Sobre la firma

Sally Palomino:

 

Redactora de EL PAÍS América desde México. Antes fue parte del equipo de EL PAÍS en Colombia. Ha sido reportera de la revista SEMANA en su formato digital y editora web del diario EL TIEMPO, entre otros medios colombianos. Su trabajo periodístico se ha concentrado en tem

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Colombia es el país más peligroso para la defensa de los derechos humanos: Amnistía Internacional

Tras hacer un comparativo con países como Honduras, Mexico y Brasil, la organización con presencia en más de 150 países levanta una alarma y exhorta a los gobiernos a tomar medidas que garanticen la seguridad y que protejan la vida

 

El pasado 17 de enero, el cuerpo de Luz Marina Arteaga fue hallado sin vida. Arteaga era una de las defensoras de comunidades campesinas más conocidas del departamento del Meta. Antes de morir, había denunciado que en su región la situación de orden público era complicada por el abandono del Estado y el despojo territorial al que habían sometido a campesinos e indígenas grupos armados ilegales.

Las aseveraciones de ese entonces dieron luz verde a la Unidad Nacional de Protección para velar por la vida de esta lideresa que se encontraba amenazada y en abril del 2019 se impusieron entorno a ella una serie de medidas materiales para proteger su vida, pero no fueron suficientes.

Llevada por algo de temor, en octubre de 2019 Luz Marina denunció a la Fiscalía las amenazas en su contra y en 2020 alcanzó a informar a la Unidad Nacional de Protección que estas no eran las adecuadas. Nada fue suficiente.

La historia se repite con el caso del José Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca. El pasado 24 de enero, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (TDVD) denunció su asesinato a manos de presuntos miembros de un grupo paramilitar que dispararon en contra de la comunidad después de que la guardia les había expulsado del territorio.

Aunque el caso de Arteaga sucedió en el Meta y el de Camayo en el Cauca, los hechos no son distantes. Hacen parte de una realidad que en Colombia se escucha a diario en los medios, pero que parece salirse de la manos de un Estado que se esfuerza pero que no logra garantizar la vida y que tampoco toma suficientes medidas para abatir los grupos armados, disidencias y delincuencia que ahora se disputan el territorio por el tráfico de sustancias ilegales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz lo pone en cifras. Solo en enero de este año 15 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia y al 29 de enero de 2022 se registró un total de trece masacres, que resultaron en la muerte de 39 personas que viven en zonas rurales en Colombia.

La situación ha hecho que Amnistía Internacional denuncie las políticas fallidas de prevención y protección y que en un listado de los países que considera más peligrosos para la defensa de los derechos humanos en años anteriores, posicione a Colombia como el país más peligroso.

“La protección de comunidades Indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia es ineficaz porque no aborda las causas estructurales de la violencia y comúnmente se da sin la debida participación de quienes están en riesgo. Las personas defensoras de comunidades en riesgo están en una constante situación de desprotección, por lo que las amenazas, ataques y asesinatos son constantes en el país considerado el más peligroso para defender derechos humanos en el mundo”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

México, Brasil y Honduras

Decir la verdad y defender la vida sigue siendo motivo de incomodidad para muchos. Sobre todo en México, en donde cuatro periodistas fueron asesinados y una defensora de los derechos humanos, que luchaba por el feminicidio de su hija en Temixco, Morelo,s pagó con sangre lo que significaba exigir algo de justicia.

En Honduras y Brasil las cifras son semejantes; tres defensores asesinados. En Honduras uno luchaba por los derechos de la comunidad trans, los otros defendían el territorio.

Por su parte, en Brasil fueron hallados los cuerpos de tres personas de una misma familia conocida por liberar crías de tortugas y por defender una causa: la protección ambiental.

La vida sigue, dirán unos, pero las cifras dan cuenta de un escenario que es aterrador. Por eso, para revertir la tendencia, Arias sugiere mayor compromiso de la justicia pues se trata de construir un futuro donde defender los derechos humanos no signifique arriesgar la vida.

“Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro de que estos actos no son tolerados”, señaló.

Con esto, se busca levantar alarmas en defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, pues aquellos que amenazan los intereses de unos cuantos son necesarios para ejercer control ante sistemas políticos y económicos que parecen indolentes y son negligentes ante la violencia que enfrentan.

2 de Febrero de 2022

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El candidato a las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, durante su entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de Colombia.

Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) inició esta semana en España su campaña y lo hizo arropado por el exilio colombiano. En un acto multitudinario, en la sede madrileña del sindicato UGT, desfilaron madres de hijos asesinados, lideresas que han abandonado su país por amenazas, jóvenes que formaron la primera línea de lucha durante las protestas del pasado año en Cali (y que sabían que si seguían en su país iban a matarles), mujeres y hombres escapados de la pobreza y la persecución. Más de cinco millones de colombianos viven en el exterior, varios cientos llegaron a Madrid, muchos desde otras ciudades europeas y españolas, y una buena parte no pudo entrar al evento por las restricciones de aforo por la covid, pero no les importó. Le recibieron en la calle al grito: "Petro presidente". Allí le acompañaron políticos de los tres partidos que forman el Gobierno de España (PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos). Antes había sido recibido por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Felipe González y empresarios y banqueros con inversiones e intereses en Colombia.

Justo antes de partir a Bogotá, en una entrevista exclusiva con Público, Gustavo Petro afirmó que el proyecto uribista ha llegado a su fin, que ahora comienza la verdadera transición hacia la paz y la democracia en Colombia, y habló de sus prioridades: crisis climática, cambio de la matriz energética, de su ánimo para negociar con los grupos armados y de poner fin al narcotráfico; también lamentó las heridas de la guerra y anunció la transición hacia la democracia real.

Muchas zancadillas en un país donde siempre el poder ha estado en manos de conservadores y oligarquías. ¿Ha llegado el momento de que, por primera vez, la izquierda gobierne en Colombia?

Yo no divido la política entre derecha e izquierda, es difícil aplicar esos conceptos europeos en América Latina, la divido entre política de la vida y política de la muerte, y a Colombia la ha gobernado durante dos siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte, una política de la exclusión social, por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país.

¿Y qué cambiará en Colombia?

Se disminuirá la desigualdad, habrá más justicia social y se construirá la paz. Si logramos una sociedad que permita derechos fundamentales, ese sería el verdadero acuerdo de paz, el pacto de la ciudadanía, no de los grupos armados. Un pacto no se puede establecer bajo la base de la exclusión, de la injusticia, un pacto se establece a través de la inclusión y la equidad.

¿Qué es el Pacto Histórico?

El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas políticas y sociales, no solo de organizaciones que provienen de la izquierda, también liberales, de centro, de movimientos sociales, indígenas, feministas, ambientalistas. Si ganamos las elecciones, seremos también una forma de gobernar, vamos a gobernar a partir de la concertación y el diálogo, es la única manera de construir una paz grande de camino a unas reformas fundamentales, no para mantener un estatus quo. Un pacto que busque reformas en el terreno de la educación, la salud, los derechos en el terreno productivo.

¿Los acuerdos de paz con las FARC y el estallido social de 2021 han ayudado a unir a las fuerzas progresistas en Colombia?

Ha sido la crisis y el mal gobierno de (Iván) Duque lo que ha hundido completamente algo que era antes valorado: el proyecto uribista. Este proyecto es una especie de franquismo a la colombiana pero con elementos nuevos como la ideología neoliberal que mantiene esa herencia violenta, excluyente y antidemocrática. Ese proyecto hoy está en mínimos históricos de aceptación popular y se plasma en las políticas contra la pandemia. Si miras a Estados Unidos, Europa o el Sudeste Asiático, afectados por el mismo virus, allí se estableció una política socialdemócrata que ha permitido que no aumente la pobreza y que el empleo se mantuviera en niveles en los que se pudiera actuar. En Colombia se aplicó el neoliberalismo, se profundizó el modelo de antes del virus y produjo un crecimiento rápido y sustancial del hambre y de la pobreza. Las estadísticas oficiales muestran saltos de 20 puntos en niveles de pobreza, el hambre se convirtió en algo cotidiano, de ahí el aumento de la delincuencia que es consecuencia del hambre. La élite política y económica de Colombia se equivocó, cuando aumentaba el hambre, el gobierno propuso una reforma tributaria que elevaba el impuesto a la comida y estalló la movilización social que terminó siendo confrontada con asesinatos por el aparato público armado. En vez de proceder a un diálogo, el gobierno de Duque mató a los jóvenes.

La izquierda siempre ha sido perseguida y aniquilada en Colombia. ¿Teme por su vida?

"A las élites les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan para evitarlo y eso nos pone en riesgo"

No voy a mentir, sí hay riesgos y son altos en la medida que nos acercamos al poder, a gobernar; no hay más que mirar los trinos (tuits) de Uribe mientras yo desarrollaba mi agenda en España para darse cuenta cómo ascendía la histeria y la sinrazón. Es el desespero y el miedo que tiene que ver con una especie de culpabilidad por parte de la elite colombiana porque es promotora de grandes procesos de corrupción y de la quiebra de los derechos humanos, hasta el punto que podemos hablar de genocidio. Les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan por todas las vías -en Colombia se llama combinar todas las formas de lucha- para impedirlo y eso eleva el riesgo. De hecho la violencia está ascendiendo, el homicidio, la masacre, motivada por el narcotráfico pero también por la propia violencia política y el discurso estatal del odio; y esos son indicadores de riesgo. Lo cierto es que el país ha sido incapaz de resolver la conflictividad propia de toda sociedad con instrumentos pacíficos y ha recurrido permanentemente a la guerra, esa historia nos acompaña desde hace siglos y es el momento de frenarlo. Yo le llamo cambiar de era, es pasar de una era de violencia a una era de paz.

El precio es alto, decenas de integrantes de Colombia Humana, guerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. ¿Merece la pena?

Sí, siempre merece la pena porque Colombia necesita la paz. El Pacto Histórico ha transformado la enorme burbuja de dolor en una enorme burbuja de esperanza, y estamos ante la posibilidad de construir una sociedad en paz, justa y democrática en el corto plazo.

Lo primero es ganar el 13 de marzo las primarias del Pacto Histórico, su principal rival es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente. ¿Si usted lo consigue, Márquez será candidata a vicepresidenta?

Hay varios aspirantes a ser candidatos presidenciales del Pacto Histórico, entre ellos, dos mujeres muy valiosas: una que viene de la afrodescendencia; otra es indígena. La ciudadanía escogerá la candidatura oficial del gran cambio en Colombia y todas las fuerzas participarán del gobierno si ganamos las elecciones. Es una nueva forma de hacer política.

¿Y Francia Márquez?

La candidatura que quede segunda tiene opción preferencial, el acuerdo es que la vicepresidencia no sea un cargo simbólico. Si es Francia Márquez se abre esa posición a un mundo completamente excluido en Colombia, el de las negritudes. Hoy quienes gobiernan son los herederos de los esclavistas. En Colombia una mujer tiene siete veces más posibilidades de morir si es pobre y negra, en el caso de los niños afrodescendientes menores de un año se dispara hasta diez veces. Esta es una de las estadísticas de la política de la muerte más tristes y deprimentes. Si Francia se convierte en fórmula presidencial, porque podría ser al revés [sonríe], será la encargada de una enorme lucha contra la exclusión en términos de mujer, racismo, regiones y pobreza.

Ha habido algunas disputas en la elaboración de las listas al Congreso para las legislativas del 13 de marzo. ¿Cómo evitar una ruptura de la izquierda por desacuerdos internos?

Ha sido un proceso difícil, complejísimo, porque la tradición en Colombia es hacer campañas individuales (listas abiertas). Logré, y espero no equivocarme, que las agrupaciones del Pacto Histórico acordaran una lista cerrada, donde el orden determina quien entra al Congreso, quisimos así intercalar los géneros, que la mitad de curules sean mujeres, en el voto abierto eso no es posible. Es una conquista histórica, por eso se volvió más complejo el proceso. Le agregamos la ‘cremallera’, además del género decidimos que cada cinco renglones se incluyera en la lista un representante étnico para garantizar la diversidad. La bancada progresista será muy femenina y diversa. Obviamente quedaron heridas, individualidades que se sintieron excluidas, pero marcaremos un hito en la nueva política.

Si llega a la Presidencia, ¿cómo va a sacar adelante el programa del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que cuando fue alcalde de Bogotá le destituyeron sin razones jurídicas ni constitucionales?

Yo planteé el reciclaje, ¡algo tan subversivo! [ríe con ironía], y por eso me destituyeron; simplemente porque los grandes operadores eran unos empresarios privados poderosos que terminaban su contrato con la Alcaldía. Yo no les quité el contrato, simplemente terminaba; y había una orden de la Corte Constitucional de incluir en el sistema a miles de recicladores que andaban con sus hijos durante las madrugadas en las calles, sobreviviendo, recogiendo residuos que dejaba la gente, y había que incluirles en el modelo de aseo, darles una remuneración y potenciar el reciclaje. El resultado fue que 65.000 niños dejaron de trabajar y esos empresarios, que se creyeron tenían un derecho perpetuo, sabotearon el proceso y yo terminé destituido. Gracias a la justicia internacional, y a la nacional de diversas maneras, logré restablecer mis derechos políticos porque a la postre lo que querían era inhabilitarme para, precisamente, no poder competir en las elecciones, ni disputar el poder.

¿Esta experiencia le servirá si llega a la Presidencia? Hay antecedentes en países vecinos, el mejor ejemplo es Brasil con la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva.

He hablado con Felipe Gonzalez, aquí en Madrid, porque fue protagonista de un proceso en el que una sociedad pasa del fascismo a una democracia moderna, de cómo una fuerza policial y militar creada y criada en concepciones fascistas puede convertirse en una fuerza pública y aceptar el control civil. Esto es importante para Colombia, porque estamos en una transición democrática. Mi gobierno de cuatro años será de transiciones, de una economía extractivista basada en el petróleo y el carbón, hacia una economía productiva, agraria y agroindustrial. En el siglo XXI, esto significa una transición de la ignorancia al conocimiento, del autoritarismo a la democracia, desde la violencia a la paz, de una sociedad del machismo a una sociedad femenina. Pero harán falta varios gobiernos, con presidencias diferentes, parecido a lo que inició Chile. En cuatro años sí podremos hacer al menos la transición hacia la democracia, y no será fácil. Implica un gran cambio en el Congreso, si el ciudadano vota progresista a la Presidencia y corrupción al Congreso, lo de Brasil podría volver a ocurrir. También hay que modernizar la fuerza pública, ponerla en la escala del honor militar y policial que corresponde en el respeto a la ciudadanía y los derechos humanos.

La crisis climática es una de sus banderas políticas. ¿Cuál es su propuesta para atajar la explotación de recursos naturales y el uso de energías sucias?

Yo lo introduje en la Alcaldía de Bogotá cuando la expresión ‘cambio climático’ no se usaba en la prensa colombiana, aun sin comprender a fondo la discusión mundial que empezaba a librarse. Este es uno de los ejes ahora de Colombia Humana. Colombia depende desde hace 30 años de exportar carbón y petróleo, el otro sector de la exportación es la cocaína, y no son mundos separados, interactúan entre sí, se mueven como una gran masa de liquidez que hizo creer a la sociedad la ilusión de que se hizo rica. Esas burbujas han explotado y parte de la crisis actual tiene que ver con eso. No es sostenible que un país políticamente, éticamente y económicamente se sustente sobre el petróleo, el carbón y la cocaína. La transición consiste en salir de ahí hacia una economía agraria, agroindustrial, democratizar la producción e iniciar el balbuceante proceso de industrialización.

Pero sin reforma agraria y con la oposición de los empresarios y latifundistas será difícil. ¿Ve posible un acuerdo con esos sectores?

El narcotráfico hizo de la tierra fértil, cerca de 20 millones de hectáreas, su caja de ahorros, se apropió de ella, la compró en efectivo o la tomó de forma violenta, de ahí el desalojo de cinco millones de campesinos y pequeños y medianos empresarios, de ahí la destrucción del mundo agrario, hundido en la violencia y donde han proliferado ejércitos privados del narcotráfico y paramilitares. El narcotráfico está ligado a la destrucción de la economía productiva tanto rural como urbana. Una ciudad como Medellín permitió a un Pablo Escobar porque se destruyó su industria textilera. El narcotráfico creció en la medida que se profundizó el neoliberalismo con mucha ayuda de gobiernos extranjeros que no vieron esta evolución dañina. Hoy dependemos del petróleo, el carbón y la cocaína, y mi gobierno tiene que liberar a Colombia de ello. Dejaremos de firmar contratos de exploración petrolera desde el próximo 7 de agosto si ganamos las elecciones, eso nos da un margen de 12 años porque tenemos reservas para hacer la transición, para que la demanda interna de combustible sea reemplazada por energías limpias. En el corto plazo se puede sustituir petróleo, carbón y cocaína por turismo, tenemos la posibilidad de pasar de 4 a 15 millones de turistas al año, pero eso no se logra si no hay paz. Una serie de variables (acabar con la violencia, la paz, democratizar el país, aumentar la producción) permite las sinergias y eso es lo que nos va a permitir reducir el narcotráfico y desligarnos de una economía fósil.

Las fuerzas reaccionarias califican este discurso de castrochavista.

No tanto Castro, pero sí el proyecto de Chávez -parecido a proyectos del socialismo árabe- se sustentó en el petróleo. En cierta forma, el progresismo latinoamericano resultó afectado por el elevado precio de las reservas fósiles a causa de la demanda china desde la crisis de 2008. Un progresismo realmente sostenible y constructivo no puede afianzarse en los fósiles. Yo propongo lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.

¿Cómo va a controlar a las bandas del narcotráfico, a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC?

Tengo un reto ambicioso y la realidad es que hay miles de hombres armados bajo diferentes agrupaciones todas ligadas al narcotráfico. Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las FARC, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial. Quiero plantear una opción: el desmantelamiento pacifico del narcotráfico, pero no soy ingenuo, sé de lo que estamos hablando, es un negocio que mueve miles de millones de dólares, y hoy se quedan más en México que en Colombia porque los cárteles mexicanos dominan más el escenario. A Colombia entran unos 15.000 millones de dólares, hoy por hoy es el mayor producto de exportación dada la caída del precio del petróleo. Esto es lo que deja el uribismo en Colombia después de 20 años. La base por la cual el narcotráfico se mantiene y crece es porque tiene poder político, y eso es control sobre la población, sobre tres grandes masas: campesinos-productores de hoja de coca, consumidores en general urbanos, del mundo y de Colombia, y la economía popular que no tiene crédito, también muy urbana, y acude al crédito usurero que la mafia entrega para lavar dólares. Si le quitas esas masas de población, le quitas poder al narcotráfico. Y hay políticas específicas que pueden lograr la democratización del crédito, incluida la banca pública. De eso he hablado en Madrid, de tú a tú, con banqueros muy poderosos españoles que operan en Colombia. El objetivo es democratizar el crédito, regular el consumo de estupefacientes, que es una experiencia mundial exitosa y que quita al consumidor del contacto directo con la mafia, y la reforma agraria para que el campesino tenga opciones distintas al cultivo de coca. Así le quitamos poder al narcotráfico y se puede abrir una vía de desmantelamiento pacifico a través de un sometimiento colectivo a la justicia. No digo que inmediatamente pero se podrían iniciar los procesos.

¿Colombia está preparada para vivir en paz?

En un anhelo, no hay mujer que no quiera vivir en paz, que no quiera que sus hijos no sean materia prima de una guerra, que sus amores acaben muertos en una esquina. Si sumamos todos los casos, eso implica una sociedad que está preparada para la paz.

madrid

12/01/2022 21:39 Actualizado: 13/01/2022 09:27

 

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) presentó un informe con cifras alarmantes respecto a desplazamiento y confinamiento forzado en Colombia

 

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) publicó un informe en el que presenta las cifras del impacto y tendencias humanitarias en Colombia durante este año. Entre los números más alarmantes están los de desplazamiento forzado en el territorio nacional.

De acuerdo con la OCHA, hasta octubre de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, representando un incremento del 198 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Así mismo, informó que de las personas en situación de desplazamiento, al menos 53.100 se mantienen desplazadas “con necesidades intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro”.

El informe aseguró que sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen; sin embargo, en este punto el informe resalta que muchos regresaron a sus territorios sin garantías de seguridad.

Respecto a este flagelo del confinamiento forzado, el informe señaló que Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional. Las zonas de ese departamento donde persiste en mayor medida esta situación son: Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.

Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, los Equipos Locales de Coordinación recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.

 “A nivel general se percibe una crisis humanitaria en los departamentos del Pacífico, en <b>donde se han concentrado el 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento</b>”, dice el informe.

Según este estudio, hay municipios que requieren particular atención, entre esos está Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde 15.000 personas han sido afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento a lo largo de 2021.

“Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas y Tumaco (Nariño) presenta un aumento de enfrentamientos y consecuentes emergencias por desplazamientos masivos, que se han generado a lo largo del año especialmente a partir de mayo”, sostuvo el informe.

Así mismo en Bojayá, Medio San Juan, Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó, en Chocó, existe un aumento de confinamientos del 17 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Argelia (Cauca) se destaca la situación de desplazamiento forzado, especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad. Este municipio ha reportado una intensificación de la violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos y combates.

“Otros eventos que llaman la atención y requieren seguimiento es el Resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguará II que está ubicado en tres municipios fronterizos La Macarena (meta), Calamar (Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se desplazaron 53 personas de la comunidad indígena debido a amenazas contra el líder de la comunidad”, aseguró la OCHA.

De otro lado, en Arauca, se reportó por primera vez desde 2018 un desplazamiento masivo de 81 personas tras el homicidio de un joven indígena miembro de la comunidad Makaguán del Resguardo La Esperanza, municipio de Tame, según informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

10 de Diciembre de 2021

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Desaparecieron 80 mil 500 personas antes del acuerdo de paz en Colombia: ONG

En un informe, el Colectivo Orlando Fals Borda señala como responsables a seis batallones y grupos paramilitares

 

Casi 80 mil 500 desapariciones forzadas fueron contabilizadas en Colombia desde 1958 hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reportó el Colectivo Orlando Fals Borda.

De estas desapariciones, 8 mil 288 corresponden a la región de los Llanos Orientales, que abarca los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare, según la organización, que pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un macrocaso para esta zona con énfasis en la situación territorial y con la presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos paramilitares.

"El departamento del Meta es el segundo que registra más víctimas de desaparición forzada en el país, con 5 mil 280 víctimas; le siguen los departamentos del Guaviare, con mil 794, y del Casanare, con mil 215", detalló Carolina Hoyos, vocera del colectivo, citada por la radio pública colombiana RNC.

En el informe Resistencia al olvido y a la impunidad, el Colectivo Orlando Fals Borda y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos. Destacan que la etapa con mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos fue entre 2000 y 2009.

El informe señala a más de seis batallones militares y a grupos paramilitares, principalmente los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras, publicado por la diputada María José Pizarro, amenazó a 20 políticos, entre ellos a los aspirantes a la presidencia Francia Márquez y Gustavo Petro, así como a organizaciones de víctimas de la violencia, políticos opositores y periodistas en Colombia.

Los paramilitares aseguran que evitarán que "terroristas y narcotraficantes disfrazados con corbatas" lleguen a ocupar cargos públicos.

La amenaza fue publicada en víspera de las elecciones de este domingo a los Consejos de Juventud, en las que personas de 14 a 28 años podrán elegir, por voto popular, a sus representantes y en precampaña para las elecciones de 2022.

Entre los amenazados figuran el ex presidente Juan Manuel Santos; el ex diputado Alirio Uribe, de Polo Democrático; la ex combatiente y ahora senadora por el Partido Comunes Victoria Sandino; la concejal Heidi Sánchez, de Colombia Humana, y la diputada Pizarro, de Decentes. Además, Ariel Ávila, periodista y candidato al Senado por Alianza Verde; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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El congresista colombiano, cuando participó en el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, con el tema Crisis del neoliberalismo, el 23 de octubre pasado.Foto José Antonio López

El legislador esboza el ambiente que floreció en su país a la sombra del tratado que puso fin a la guerra que duró casi medio siglo. Por ejemplo, con los paramilitares –expone– se busca no una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley

 

Se acerca el quinto aniversario de los Acuerdos de Paz en Colombia, pactos que el presidente Iván Duque y el entorno de Álvaro Uribe han intentado destruir, bloquear, desprestigiar. Y que, sin embargo –asegura el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda– han tenido efectos políticos, culturales y sociales que permiten pensar, "por primera vez en la historia republicana del país, en la posibilidad del triunfo de una coalición de centroizquierda" en las elecciones de marzo de 2022.

Cepeda, quien forma parte del directorio del Pacto Histórico, una de las dos coaliciones que enfrentarán a conservadores y uribistas en los próximos comicios, describe en entrevista con este diario el nuevo ambiente que floreció en Colombia bajo la sombra del acuerdo que puso fin a la guerra que se prolongó casi medio siglo: un realineamiento de todas las fuerzas en favor o en contra de la paz; un clima de continuas movilizaciones y protestas sociales; un sistema de justicia transicional inédito que, pese a navegar a contracorriente, ha tenido grandes avances.

El simple hecho de que los acuerdos se mantengan, luego del asesinato más de 300 ex guerrilleros y líderes sociales, "es un triunfo del pueblo colombiano", que lo sostiene "a pesar de todo". Y ese "a pesar de todo" significa que de enero a septiembre de 2021 se registran al menos 50 masacres, centenares de asesinatos de defensores del ambiente y los derechos humanos. "Lo que el gobierno llama paz con legalidad son palabras huecas."

Lo que propone para las elecciones del año próximo: apuntalar un proceso de paz que ponga en marcha procesos que incluyan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a grupos del paramilitarismo que sobreviven y a sectores del narcotráfico. "No a través de una negociación política, por supuesto, sino de procesos de sometimiento pacífico a la ley."

(El Pacto Histórico es una amplia alianza de fuerzas de izquierda que van desde Colombia Humana, del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hasta el partido de las ex FARC, pasando por Polo Democrático, Unión Patriótica y otros. Coalición de la Esperanza agrupa a liberales, verdes y fuerzas de centro, e incluye a figuras como Ingrid Betancourt.)

Lo que falta: paramilitares y narcotráfico

–En la ecuación para ampliar los efectos de los Acuerdos de Paz incluye al paramilitarismo. ¿Cómo?

–En el discurso de Uribe, este proceso de los acuerdos paz ha sido como entregarles el poder a los ex guerrilleros. Pero lo cierto es que Uribe, en su momento, quiso entregar literalmente el país a los paramilitares. De ello resultó que hubo entre 30 y 40 por ciento de los congresistas elegidos por los paramilitares. Y que terminó con 70 de ellos en las cárceles. Si se logró juzgar por sus crímenes a los paramilitares fue por los movimientos de víctimas, jueces y fiscales honestos, los periodistas valientes, que promovieron el examen de la verdad y que logramos parar la paramilitarización de Colombia.

–¿Y cuál es el proceso que se propone con ellos?

–No una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley. Si dejan las armas, dejan el negocio y contribuyen a reparar a las víctimas, obviamente el procedimiento judicial tiene que ser benigno.

–Sobre el tema de la configuración política ¿Cómo va el proceso con las ex FARC?

–El balance es variopinto. [El partido] Comunes es el resultado político del acuerdo de paz. Su incorporación ha tenido problemas y retrocesos, no sólo por los ataques, sino por la propia lógica después de 50 años de guerra. Pero la realidad es que están en el Congreso y las otras fuerzas políticas, incluso la extrema derecha, han tenido que acatar.

–El acuerdo de paz colom­biano no se pactó sobre amnistías ni a guerrilleros ni a represores del Estado. ¿Cómo va ese proceso de justicia transicional?

–Es un sistema de justicia inédito. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal con una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, fruto de un acuerdo entre adversarios que vienen de una guerra muy larga.

“Se le ha querido mostrar como un tribunal sin garras y ni dientes y no es así. En sus salas se están procesando siete macrocasos. Están siendo juzgadas 13 mil personas ligadas a los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado, en su mayoría guerrilleros, pero también 2 mil 500 militares y civiles.

“Ya hay resultados muy importanes. Por ejemplo, el juicio contra los jefes de las FARC por secuestro ha permitido documentar hasta 20 mil casos, algo que no había podido ser establecido. Los ex guerrilleros han hecho una petición pública de perdón a las víctimas y lo que sigue es la sanción.

“Hay otro auto que se sigue contra el ejército por los falsos positivos. Son 6 mil 402 personas, en su mayoría jóvenes que fueron prácticamente secuestrados por el ejército, ejecutados, vestidos con uniformes de la guerrilla y sus cadáveres presentados como bajas terroristas. Además se ha documentado que los cementerios en las zonas de conflicto fueron utilizados para esconder en fosas comunes los cuerpos de víctimas. La unidad de búsqueda ha desenterrado e identificado a centenares de personas. Yo mismo, con mi equipo, investigué seis de esos cementerios con más de dos mil casos.

“La comisión de la verdad es el tercer elemento de este sistema y se apresta a presentar su informe, al menos 10 mil testimonios de víctimas del conflicto armado.

“Cuando terminen su trabajo vamos a tener, yo no diría que toda la verdad, pero sí avances supremamente importantes. Por eso es una mentira impúdica lo que dicen Uribe y Duque de que los acuerdos de paz crearon un sistema de impunidad. Es exactamente lo contrario.

“Uribe teme a la JEP. Cuando se termine este proceso se revelará lo que ocurrió durante su gobierno con los falsos positivos, algo monstuoso. Por eso ha emprendido una batalla feroz contra los magistrados y la Corte Suprema de Justicia.

“Por otra parte, su pupilo, Duque, ha conducido un gobierno desastroso. Todas las políticas que ha querido poner en marcha han recibido un rotundo rechazo popular. Como su intento de gravar los alimentos básicos en un país con 40 por ciento de pobreza y 15 por ciento de desempleo.

"Esto desató un ciclo de protestas sociales que sigue hasta ahora. Y a ello respondió con una violencia inusitada, echando mano del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ya es sinónimo de violación a los derechos humanos, que ha dejado sin ojos, muertos o asesinados a decenas de jóvenes."

–Muy importante también hacer el balance de lo que ha significado el movimiento por los derechos humanos en Colombia.

–En pocas palabras: sin el movimiento de los derechos humanos en Colombia muchas comunidades habrían desaparecido, muchas más personas habrían muerto. El movimiento ha sido un cinturón de protección y contención para muchas poblaciones y ha develado el rostro criminal del poder político y del conflicto armado en Colombia.

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) afirmó que la crisis de seguridad en el país se debe a la expansión e incremento de los grupos armados ilegales

 

Durante los nueve primeros meses de 2021 se registró el desplazamiento forzado de más de 60.700 personas en Colombia, una cifra que triplica los datos recogidos durante todo 2020, según alertó este martes 26 de octubre la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Así lo evidencia el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia titulado ‘Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y septiembre de 2021′, en el que advierte que el principal determinante de esta grave situación de seguridad en país se debe a la multiplicidad, incremento y expansión de los grupos armados ilegales.

“El nivel de respuesta complementaria de los socios humanitarios a la población afectada por desplazamientos masivos en 2021 ha sido del 41 %. En la mayoría de los casos se tiene respuesta con ayuda humanitaria inmediata (AHI) por parte de las administraciones locales y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos ya que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los sectores con necesidades, especialmente en un contexto con más de 50.500 personas desplazadas en emergencias masivas, que no han podido retornan a sus lugares de origen”, advierte el informe.

A su vez, la OCHA indicó que en los últimos diez años, a excepción de 2013 y 2020, no se registraba un número tan alto de personas confinadas, debido a que entre enero y septiembre de 2021 se ha documentado que al menos 50.900 personas han sido forzadas a confinarse por el accionar y presencia de los grupos armados ilegales que hace presencia en los territorios.

Dentro de las zonas del país más afectadas por esta grave situación de seguridad se encuentran la región del Pacífico, en la que confluyen varios factores de riesgo como el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en los territorios, así como el incremento de la migración ilegal, que han ocasionado una crisis humanitaria en varios municipios del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

“Cabe resaltar que, la multiplicidad de emergencias ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, e inclusive algunas personas desplazadas optan por retornan a sus lugares de origen sin tener las garantías de seguridad para un retorno. Por esta razón las personas sufren nuevamente hechos victimizantes en un corto periodo de tiempo”, indica la oficina de la ONU.

A su vez, el informe alerta sobre el deterioro de la situación de seguridad en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, debido a la reciente presencia e influencia de varios grupos armados organizados que han realizado varias amenazas en contra de la población con el propósito de imponer su control social en estas localidades.

En ese sentido, la OCHA indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana de inminencia en el Amazonas, que evidencia el alto riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas de La Pedrera por las recientes amenazas de reclutamiento y uso de menores por las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que hace presencia en este territorio.

“Por otra parte, se evidenció que las principales preocupaciones de los migrantes y comunidades de acogida en la frontera con Panamá giran en torno al acceso a agua segura, condiciones de seguridad durante el trayecto por la selva del Darién, atención en salud, alimentación, acceso a otros bienes y servicios a precios más bajos y formas para poder realizar el tránsito hasta sus lugares de destino (EE.UU.) en menor tiempo y de forma digna”, concluyó el informe.

26 de Octubre de 2021

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&quot;Otoniael&#039;, sontie ante los celulares de los oficiales del Ejército que lo capturaron

Las autoridades colombianas llevaban aproximadamente siete años tras el rastro líder del Clan del Golfo, por el que la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Este sábado, las autoridades colombianas confirmaron la captura del hombre más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, conocido en el mundo criminal bajo el alias de 'Otoniel'.

Úsuga, de 49 años, era la cabeza del Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande de Colombia y sus crímenes lo llevaron a consagrarse como uno de los capos más buscados a nivel internacional. Por información que llevara a su captura, la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Tras el arresto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una rueda de prensa en la que declaró que este es "el golpe más duro al narcotráfico de este siglo en Colombia" y aseguró que es "comparable solo con la caída de Pablo Escobar".

Vida criminal

'Otoniel' nació en el municipio de Necoclí, en Antioquia, y desde allí empezó a fortalecer su emporio criminal. Inicialmente fue miembro del Ejército de Liberación Popular (EPL), donde llegó a delinquir con tan solo 16 años de edad. Posteriormente se deslindó de este grupo subversivo, para luego entrar a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que operó hasta el 2006.

En ese bloque estuvo a las órdenes de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', con quien iniciaría en el negocio de las extorsiones y el lavado de activos. El 3 de septiembre de 2005, Úsuga se desmovilizó de nuevo, cuando se desintegraron las AUC. 

Tras la captura de 'Don Mario', 'Otoniel' y su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovanny', tomaron el control de Los Urabeños, cuyo nombre se debe al control que ejercían en la zona antioqueña de Urabá. Desde entonces podría hablarse del denominado 'Clan Úsuga', que posteriormente se conocería como el Clan del Golfo.

Tras la muerte de su hermano, a manos de la Policía colombiana en 2012, 'Otoniel' ocupó el cargo de máximo cabecilla de nuevo grupo criminal. En su contra existen más de 120 procesos abiertos por toda una serie de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, varios tipos de secuestro y concierto para delinquir, recoge El Tiempo.

Las autoridades colombianas ofrecían hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 794.000 dólares) por información que ayudara a dar con su paradero.

El presidente Duque catalogó a Úsuga como "el narcotraficante más temido de todo el mundo; asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además, reclutador de menores. Asimismo, indicó que era conocido por "abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes". 

Duque también recalcó que contra el capo existen ordenes de extradición y aseguró que trabajarán con las autoridades "para lograr este cometido", sin que esto impida que también se pueda hacer justicia sobre el resto de sus crímenes en el país.

Operación 'Osiris'

Desde hace meses el estado de salud del jefe criminal había venido empeorando, por una serie de complicaciones. Según informes de Inteligencia, Úsuga no usaba servicios tecnológicos como celulares, sino que se comunicaba mediante una red de correos humanos, presuntamente por la presión policial.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, detalló este sábado que llevaban aproximadamente siete años tras el rastro de 'Otoniel', sin embargo, en enero de 2021 "se decidió cambiar los ritmos" y se diseñó una nueva estrategia, para entender de mejor manera a sus estructuras y red de apoyo.

"Fuimos develando los anillos de seguridad, entendiendo de mejor manera los corredores de movilidad y nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno, explicó el alto mando.

El general también resaltó que ya se tenía todo listo para romper la última barrera de seguridad de 'Otoniel', así que reunieron todos los recursos y se lanzó la operación 'Osiris' en la madrugada de este sábado.

Revelaron que la operación se desplegó con más de 500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, además de 22 helicópteros de apoyo, con lo cual se logró cercar cualquier escapatoria. Finalmente se logró su captura cerca de las 15:00 (hora local). Durante la ejecución del operativo', también contaron con apoyo satelital por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido.

Navarro señaló que 'Otoniel' nunca tuvo oportunidad de encontrarse con sus redes de apoyo, ni de salir del área porque "todos los comandos estaban ubicados de manera estratégica".

Publicado: 24 oct 2021

Publicado enColombia
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