La periodista colombiana Jineth Bedoya, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Más de 21 años después de la agresión a la periodista en la Cárcel Modelo de Bogotá, el tribunal internacional determinó que el Estado deberá pagar

 

Veintiún años después de que la periodista Jineth Bedoya fuera atacada en la Cárcel Modelo de Bogotá y agredida sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la actual subeditora del diario El Tiempo. Según el tribunal internacional, el Estado colombiano fue responsable no solo del ataque que sufrió Bedoya dentro de la prisión el 25 de mayo del 2000, sino del posterior secuestro en el que fue agredida sexual, física y verbalmente por paramilitares.

“La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000″, se lee en el resumen de la sentencia publicado por el tribunal este 18 de octubre.

La pelea de Bedoya en los tribunales internacionales está relacionada a dos atentados contra su integridad física y mental que sufrió en su labor como periodista. El primero, como ya se mencionó, ocurrió el 25 de mayo del 2000 y fue orquestada por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y situación de violencia en la cárcel La Modelo. Allí se documentaron casos de descuartizamiento y desaparición y Bedoya, quien en ese momento trabajaba para el diario El Espectador, fue a investigar el tema.

El segundo caso ocurrió en 2005, cuando ya trabajaba para El Tiempo. La periodista fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que la liberó después de la presión del diario para el que trabajaba y de la sociedad civil.

Ambas situaciones sucedieron a pesar de que Bedoya había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.

Teniendo esto en cuenta, y las otras evidencias aportadas por la periodista, la Corte IDH tomó la decisión de forma unánime.

Además de encontrar responsable al Estado colombiano por los que le sucedió a Bedoya en el año 2000, los magistrados declararon “violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Luz Nelly Lima, madre de Bedoya.

En razón de estas violaciones, la Corte IDH ordenó siete medidas esenciales de reparación para resarcir a Bedoya de forma directa y para evitar que se presenten más casos como este en el futuro.

En la lista está promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los otros responsables de los actos sucedidos el 25 de mayo del 2000 y los actos de amenazas que ha sufrido. Además, el Estado colombiano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas.

El Estado también deberá garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Este proyecto inició en 2010 y es liderado por Bedoya.

Entre las medidas que se deberán adoptar para evitar casos parecidos en el futuro, la Corte IDH ordenó crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar casos de violencia contras las mujeres basadas en el género. En este sentido, también deberán diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.

Por último, el Estado debe crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. Además de un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia.

18 de Octubre de 2021

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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

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La CIDH alerta sobre el aumento de desplazamientos forzados en Colombia

Entre enero y agosto más de 57 mil personas fueron desplazadas en el país.

Según la ACNUR el país tiene el número más alto de desplazados en el mundo superando los 8 millones de personas.

 

La cantidad de desplazamientos forzados en Colombia aumentó en un 135 por ciento en lo que va del año en comparación a 2020, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo además recordó que Colombia tiene el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo: un total de 8,3 millones de personas hasta fines de 2020. La comisión pidió al gobierno de Iván Duque aplicar medidas urgentes ante los desplazamientos forzado a raíz de las amenazas de grupos armados no estatales.

Desplazamiento forzado

Entre enero y agosto de 2021 la cantidad de colombianos y colombianas que tuvieron que desplazarse internamente aumentó en un 135 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020 según la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citada por la CIDH en un comunicado de prensa. “Las cifras indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados no estatales”, indicó la Comisión. Mientras que según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el primer semestre del año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo que llevaron a la movilización forzada de más de 44 mil personas en el país. Para la Defensoría el número de desplazamientos internos se duplicó en comparación a los registrados el año pasado.

La comisión también se refirió al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que ubica a Colombia como el país que más desplazados internos genera en todo el mundo. Hasta fines de 2020 registraron un total de 8,3 millones de personas desplazadas en el país.

Según la OCHA, la mayoría de los desplazamientos masivos tuvieron lugar en los municipios de Roberto Payán y Magüí (Nariño, donde el mes pasado ocurrió una masacre), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros departamentos. En Buenaventura, la Comisión se refirió a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron que sólo entre enero y marzo de 2021 los desplazamientos afectaron a 3.625 personas. “En particular, indicaron que los hechos de violencia que habrían ocasionado el desplazamiento estarían vinculados al control territorial a fin de poder construir infraestructura portuarias y turísticas”, señaló la CIDH.

Líderes asesinados

El organismo también advirtió la preocupación de la sociedad civil por los desplazamientos en los municipios de Santa Rosa (Bolívar) y Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, donde el mes pasado fue asesinado el gobernador y guardia indígena Efrén Antonio Bailarín Carupia. En este sentido la CIDH expresó su preocupación por el desplazamiento individual y familiar que “termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos”.
“Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas”, detalló la comisión en el comunicado. “Las personas con liderazgo social cuya función es reclamara territorios pertenecientes a familias y comunidades desplazadas, se enfrentan a diversos actos de violencia, incluyendo el asesinato de las mismas”, alertó.

"Escasos avances"

La CIDH reconoció los esfuerzos que se realizaron desde el Estado colombiano a través de medidas para fortalecer a la policía y su articulación con las fuerzas armadas. Sin embargo, la comisión también evidenció que de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil “la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno”. En este sentido, el organismo advirtió que recibieron información sobre “los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente, en los componentes que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia". “Las organizaciones denunciaron la expansión de grupos armados no estatales que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios; la reducción de presupuesto para la atención de contingencias; la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas”, indicó la comisión en su comunicado.

Además según a Defensoría, los colectivos más afectados son los que enfrentan una “situación de vulneración histórica y estructural, tales como las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59 por ciento de los casos) y la población campesina. El impacto diferenciado del desplazamiento interno también se extiende a las mujeres. La comisión se refirió a la información destacada por la Corte Constitucional de Colombia, que indica los riesgos específicos basados en el género: riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, así como el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas y los obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.

La CIDH urgió al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones para prevenir el desplazamiento y garantizar los derechos de las personas afectadas. La comisión le recordó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la situación del desplazamiento se mantiene hasta que las personas puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en condiciones de seguridad o que haya ocurrido su reasentamiento voluntario en otra parte del país”.

2 de octubre de 2021 - 00:58

 

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Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de desaparición forzada

 Un total de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 días de intervención en el cementerio La Dolorosa, del municipio colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia (noroeste), informó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).

"Desde el 14 hasta el 26 de septiembre la Unidad de Investigación y Acusación participó en la diligencia de recuperación de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Puerto Berrío, Antioquia, en conjunto con la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas)", indicó dicha unidad a través de Twitter.

La diligencia fue parte de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger zonas en las que posiblemente se encuentren cuerpos de víctimas del conflicto.

La acción humanitaria es hasta el momento la mayor desarrollada para identificar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada cuyos restos fueron sepultados en el cementerio La Dolorosa, protegido con medidas cautelares de la JEP para evitar cualquier tipo de intervención mientras se realizan las exhumaciones e investigaciones respectivas.

Los restos fueron depositados en ese cementerio por la misma comunidad, que recogió de manera frecuente los cuerpos que llegaban al municipio arrastrados por la corriente del río Magdalena, el más grande de Colombia.

Hasta la fecha han sido recuperados en ese cementerio 116 restos óseos de posibles víctimas del conflicto armado, luego de que en abril pasado se exhumaron otros 43 cuerpos, que se han puesto a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

Según la JEP y la UBPD, en la zona del Magdalena Medio, que comprende el departamento de Antioquia, se prevé que estén los restos de unas 1.940 personas víctimas del conflicto.

Reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que de ellas, 851 estarían en el municipio de Puerto Berrío, 518 en Puerto Boyacá, 270 en Puerto Triunfo, 181 en Puerto Nare y 120 en Puerto Salgar.

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Guerra y caos arriba; resistencia y dignidad abajo

Desde la distancia no se pueden aportar análisis tan precisos y ajustados como los que aparecen en el comunicado del EZLN, del 19 de setiembre, "Chiapas al borde de la guerra civil" (https://bit.ly/3krmlH6). Tampoco un bordado de datos como los que integran el artículo de Luis Hernández Navarro, "El infierno chiapaneco" (https://bit.ly/3ksil9l).

Sólo quisiera enmarcar la agresión a las bases de apoyo zapatistas, en particular, y a los pueblos originarios de Chiapas y de otras geografías, en general, en la estrategia de "guerra perpetua" definida por el Pentágono, que se despliega en estos momentos con una tremenda capacidad destructiva.

La contrainsurgencia ha mutado tanto como la guerra. En Vietnam, el Pentágono creó las "aldeas estratégicas", donde encarceló a 8.5 millones de campesinos, 55 por ciento de la población total de Vietnam del Sur (https://bit.ly/3kwjmxm). Era la forma de aislar a la guerrilla para evitar que se moviera como "pez en el agua", según el aserto de Mao.

En las guerras actuales no se trata de "quitarle el agua al pez", como se hizo hasta la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático, sino de enturbiar y envenenar el agua, para que nadie pueda vivir en paz, y así el capital sigue destruyendo "creativamente", territorios y pueblos, para seguir acumulando.

Lo primero a tener en cuenta es que la guerra dejó de ser un medio para convertirse en un fin. Antes las guerras pretendían derrotar enemigos para instalar una paz que permitiera la continuidad y fluidez de la acumulación de capital. Ahora la guerra es el fin, porque el capital acumula despojando, robando, destruyendo.

Los ingenieros de la guerra, los que tienen una visión más clara y descarnada de las necesidades del capital y del imperio, para seguir siendo el poder dominante, no andan con vueltas. El teniente coronel Ralph Peters, en un texto diáfano como "Constant conflict" (Conflicto constante), publicado en la revista militar Parameters en 1997, enseña la brutalidad conceptual del Pentágono (https://bit.ly/39pEHBY).

La democracia es apenas "esa hábil forma liberal de imperialismo". Peters recomienda la guerra sucia para mantener la dominación, y destaca que "no habrá paz", ya que "durante el resto de nuestras vidas habrá múltiples conflictos en formas mutantes en todo el mundo".

La "guerra perpetua" del Pentágono busca "mantener el mundo seguro para nuestra economía y abierto a nuestro asalto cultural", con un ejército bien informado capaz de "negar ventajas militares a nuestros oponentes". Es evidente que cuando el capitalismo se convirtió en sinónimo de guerra, el pensamiento militar es el que define los modos de actuar y los pasos a seguir.

No se le puede negar precisión y lucidez a estos análisis, por más que resulten repugnantes. La "guerra perpetua" busca eliminar porciones enteras de la población, a la que consideran sobrante, como ha sido analizado por el subcomandante Marcos, en el texto "¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?", hace ya más de dos décadas (https://bit.ly/3hSKwfS).

Que la guerra se haya convertido en el fin del sistema, cambia las cosas de raíz. El mejor escenario para comprender la "guerra perpetua" es Siria, donde no hay potencias mejores ni peores, ni regímenes o gobiernos aceptables; donde las milicias kurdas defienden a su pueblo de un amplio espectro de enemigos: desde los ejércitos de Turquía y Siria hasta las bandas del Estado Islámico y otros grupos terroristas.

Como en Chiapas, estos grupos no surgieron espontáneamente, sino arropados por el Estado, sostenidos por los más diversos gobiernos, incluso por los que se denominan progresistas. Sencillamente, porque son formas sistémicas de dominación, o sea los modos de mantener a los capitalistas en el lugar de mandones.

Asumir que la guerra será para un largo periodo histórico, plagado de tormentas sistémicas, supone decidir el tipo de organización y las formas de lucha adecuadas a esta nueva situación. Si la guerra busca instalar el caos, debemos ser principio de orden y claridad en nuestros territorios. Si quieren instalar la muerte de pueblos y de geografías, defendamos la vida en todo tiempo y lugar.

Por supuesto que los gobiernos progresistas no comprenden el peligro, porque sueñan con poder gobernar a las mafias narcoparamilitares. No perciben que esas mafias están dispuestas a enfilar sus armas contra esos mismos gobiernos que miran para otro lado, mientras disparan contra los pueblos. Cuando adviertan el error, será demasiado tarde.

Entre los de abajo, lo primero es la cohesión comunitaria y el apego a los territorios en resistencia. Aunque elegimos transitar el camino de la lucha pacífica, no somos pacifistas, no renunciamos a defendernos. En cierto momento hace falta un "tatequieto", un ya basta colectivo que ponga las cosas en su sitio.

El potente comunicado del EZLN nos alerta de la cercanía de esos momentos. Cada quien, en su geografía, estamos alertados.

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El periodista Daniel Mendoza Leal, en una manifestación contra la llegada del presidente de Colombia a Madrid, en la Puerta de Alcalá, a 12 de septiembre de 2021, en Madrid. — Isabel Infantes / Europa Press

Amenazado de muerte, Daniel Mendoza (Bogotá, 1978) se escondía en el maletero de los coches de sus amigos para trasladarse de un lugar a otro y concedía entrevistas de forma clandestina. Se refugió en la embajada francesa y finalmente huyó de Colombia antes de que una bala pudiera acabar con su vida. Este abogado, criminalista y periodista, había asombrado al país desde mayo de 2020 con el lanzamiento de la serie web Matarife, en la que se narra de una manera innovadora y audaz el contubernio entre políticos, narcotraficantes y paramilitares.

Apoyado en investigaciones propias y de otros periodistas colombianos, Mendoza desgrana en Matarife las oscuras relaciones entre el poder y el hampa, y señala con el dedo a quien, a su juicio, es el capo dei capi de la narcopolítica: el expresidente (2002-2010) y hoy senador Álvaro Uribe, protagonista de una serie que ha convulsionado los cimientos de la política colombiana. Con un pulso narrativo vibrante, cercano al thriller psicológico, y un formato de breves píldoras audiovisuales, el documental ha llegado a los móviles de millones de colombianos (unos 35 millones de visitas en YouTube).

Con Mendoza como hilo conductor, por la pantalla desfilan testimonios e imágenes de la historia reciente de Colombia, los asesinatos de activistas sociales, la ejecución de miles jóvenes en el caso de los "falsos positivos", las vendettas de los narcotraficantes y sus alianzas con la élite política y económica del país... No es una ficción de Netflix. Es Colombia al desnudo. En Matarife se dan la mano la investigación, la denuncia y la estética en una experiencia subversiva y creativa, en palabras de su autor. Antes de abandonar Madrid, donde ha promocionado la segunda temporada de la serie, Mendoza recibe a Público.

Con sus tatuajes, su apariencia le acerca más a la farándula que al Derecho penal. Mide cada palabra que dice, no en vano ya le han caído varias denuncias por sus investigaciones, mientras recapitula sobre el vértigo de sus últimos años y sueña ya con la tercera temporada de la serie.

'Matarife' es todo un fenómeno audiovisual en Colombia, con millones de visitas en YouTube. ¿Qué se encuentra el espectador en la serie?

La primera temporada está basada en tres artículos (sobre la carrera política de Uribe y sus presuntas relaciones con el narcotráfico) que publiqué en el medio digital La Nueva Prensa y que fueron virales en Colombia. Esos artículos formaron el esqueleto de la primera temporada, que también se nutre de las investigaciones de periodistas como Gonzalo Guillén. Al principio pensamos en que yo fuera una sombra, con otro nombre, porque nos estábamos enfrentando a un aparato de poder, a una fábrica criminal, pero luego pensé que una sombra iba a asustar más a la gente. Decidí entonces exponerme y poner la cara. Todos me dijeron que estaba loco y yo les contesté que era la única forma de que funcionara el proyecto. Un proyecto, Matarife, cuya principal finalidad era que Colombia le perdiera el miedo a Uribe. Hasta ese momento todo el mundo se refería a él como El Innombrable para evitar las denuncias al acusarlo en redes. Pero yo necesitaba que la gente empezara a decir lo que es: un narcotraficante, un mafioso y un genocida. En mi artículo Uribe, el asesino que nos puso la mafia se ofrece una visión de lo que fue desde su nacimiento hasta su último periodo presidencial.

El propio rodaje de la serie y la promoción de la primera temporada es material digno de una película de suspense.

Para protegerme de Uribe, tuve que inventar que la serie había sido realizada por una productora australiana y que contaba con apoyos de afuera. En realidad, al proyecto de la primera temporada le dimos forma cuatro personas durante tres o cuatro meses. Fue una estrategia de engaño al Gobierno, y, en cierta forma, nos resultó. Ellos pensaban que toda la serie ya estaba hecha al lanzar el primer capítulo y que contábamos con apoyos internacionales, pero lo que hacíamos César Andrade [cineasta mexicano] y yo era ir grabando y editando cada capítulo poco a poco. En la segunda temporada despejo las dudas y explico nuestro vía crucis mientras hacíamos la primera parte. Yo pensaba que Matarife me iba a cubrir, pero lo que hizo fue echarme los sicarios encima. Pensaba que me iban a matar sin haber visto la reacción de la gente al ver la serie.

¿Y se fue de Colombia por ese temor a que lo mataran?

Recibí una serie de amenazas después de que en La Nueva Prensa se denunciara la compra de votos en las elecciones que llevaron a Iván Duque [actual mandatario] a la presidencia por medio de Uribe, en asociación con el cártel de la costa caribeña, del narcotraficante Marquitos Figueroa. Esas denuncias iniciaron una serie de amenazas [contra varios periodistas] después de que Uribe me acusara de ser un subversivo de la izquierda internacional y llamara a sus seguidores a tomar acciones en mi contra. Un senador de la República grabó una llamada en la que un informante le decía que la Oficina de Envigado [una organización criminal] había dado la orden de ejecución de varios periodistas de La Nueva Prensa. Entonces empiezan a buscarme para matarme a mí también en Bogotá. La Fundación para la Libertad de Prensa y varios senadores progresistas pidieron mi protección y ahí empieza mi huida en los baúles [maleteros] de los carros de mis amigos. Yo vivía cada día para dar una entrevista y decirle a la gente que Uribe era un narcotraficante y un genocida. Me buscaba la Policía, el Gobierno y los peores cárteles del narcotráfico y del paramilitarismo. Sabía que no iba a durar mucho tiempo antes de que me encontraran y me mataran. A través de Amnistía Internacional y una amiga abogada, me contactó la embajada de Francia y me dijeron que estaban dispuestos a salvarme la vida. Me refugié en la embajada y poco después me sacaron del país en un vuelo humanitario.

¿Qué pensó al tener que abandonar Colombia de forma forzada mientras millones de ciudadanos veían su serie?

Lo primero que pensé cuando se cerraron las puertas del avión fue que ya no me iba a morir. Y el segundo pensamiento que me vino a la cabeza fue hacer la segunda temporada y cómo carajo iba a hacerla en Francia. Lo único que se me ocurrió es que tenía que seguir contando la historia, pero ubicando escenas en Francia, y la segunda temporada se desarrolla allí con un formato y una narrativa más digerible para el público internacional. Se puede ver sin haber visto la primera, más centrada en el público colombiano. Esa primera temporada tuvo una difusión de más de 25 millones de visitas. Hoy, juntando las dos temporadas, hay casi 35 millones de visitas solo en el canal oficial.

Usted nació en el seno de una familia de la élite colombiana y fue miembro del selecto club El Nogal, objeto de sus denuncias

Sí, nací en una familia de la élite, no sé si afortunada o desafortunadamente para mí. En el club El Nogal empecé a observar algunas cosas y esto, unido al hecho de que yo era abogado penalista y que tenía conocimiento de expedientes de la parapolítica, me llevó a ver las relaciones que había entre la élite colombiana, el paramilitarismo y el narcotráfico. En el centro de todo eso estaba Álvaro Uribe. Eso me hizo escribir una serie de artículos que involucraban al club El Nogal como una institución que reunía a peligrosos delincuentes, corruptos, lavadores de activos, narcos y paramilitares, y tras esas denuncias me expulsaron del club. Después de cuatro años, gané un proceso judicial que anula esa expulsión, lo que significa un triunfo para la libertad de expresión en Colombia.

'Matarife' presenta hechos que ya se conocen en Colombia, pero de una manera original y dinámica. ¿Es ése el secreto de su éxito?

Yo quiero que la gente goce también viendo Matarife, en cierto sentido. Que sufra, pero que también goce con una fotografía bella, una música linda, un buen guion. Las artes sirven para eso. Matarife utiliza la información para disparar un misil que llegue al inconsciente colectivo de una sociedad como la colombiana. Para que eso ocurra, tiene que generar emociones individuales en las personas a través del arte. En este sentido, es un arma revolucionaria, lo que yo llamo la "subversión creativa", que para mí hace más daño que las armas reales. Se trata de una propuesta audiovisual que nutre al pueblo de una información que le llega al alma, convirtiéndose así en un mecanismo revolucionario muy efectivo. Yo ya no me considero abogado ni periodista. Ni tampoco director ni guionista ni actor. No soy nada de eso, sino un subversivo creativo que disparo sin herir físicamente a nadie y trato de violentar un sistema que riega de dolor y sangre a mi país.

La segunda temporada, de formato más extenso, no ha tenido la resonancia de la primera. ¿Por qué cree que ha sucedido esto?

Es cierto que la primera temporada se masificó más. El formato fue uno de los factores de que llegara a mucha gente. En la segunda temporada [de la que ya se han emitido ocho de sus diez capítulos] los episodios son más largos, pero la razón principal de que no haya tenido la misma difusión es porque ha habido un pacto de silencio entre los grandes medios colombianos, que no han hablado de la serie como sí lo hicieron de la primera parte. No les está funcionando del todo porque el pueblo colombiano está compartiendo la serie en redes, y la gente que la ha visto dice que la segunda temporada es más sólida desde el punto de vista estético. Los guiones están mucho más trabajados.

¿Qué reacción espera de ese público internacional al que va dirigido la nueva temporada?

Yo me pregunto: ¿qué le pasa al mundo? Están viendo que están matando a los jóvenes, que los están descuartizando, y llevan haciéndolo muchos años. La organización Human Rights Watch (HRW) ya lo verificó [como el caso de los "falsos positivos", ejecuciones sistemáticas de más de 6.000 jóvenes durante el mandato de Uribe para engrosar la lista de bajas de supuestos guerrilleros y dar la impresión de que se estaba ganando la guerra]. Hay que decirle al mundo que hay un genocidio en Colombia.

¿Cómo ve el futuro de su país ante las elecciones presidenciales del año que viene?

Yo creo que Colombia tiene dos opciones ahorita, y creo que la sociedad colombiana las está viendo y las encuestas lo dicen, porque ahorita la sociedad colombiana no se debate entre izquierdas y derechas, no se debate entre partidos políticos o colores políticos. Se debate entre la vida y la muerte. Esas son las dos opciones que tiene la sociedad colombiana. O la vida o la muerte. Yo espero que escoja la vida.

Madrid

18/09/2021 22:42

César G. Calero

Publicado enColombia
Frente a aguas borrascosas el faro son nuestros principios

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Nuestra región parece cada vez más codiciada por todo tipo de poderes, tanto económicos como políticos, militares y paramilitares. La característica de todos ellos es abusar de la población, exprimirnos para sacarnos todo lo que pueden en beneficio de sus intereses. Están las empresas mineras que han buscado cómo  explotar los minerales que se encuentran en esta Serranía del Abibe y para lograrlo se valen de la ayuda de los paramilitares para conseguir por la fuerza las tierras para esas empresas. Por otro lado están todos los falsos proyectos de desarrollo del Estado, diseñados para  engañar al campesino. En el otro extremo se encuentra la politiquería o falsa política, mediante la cual enredan a la población con falsos proyectos de mejoramiento de caminos y aperturas de carreteras, como método para conseguir curules. Finalmente está el poder de las armas de militares y paramilitares que se encargan de someter bajo el miedo y la amenaza a la población civil.

En los últimos meses el señor César Jaramillo, quien hace parte de la junta de FEDECACAO, la SAMA y la Alcaldía de Apartadó, ha estado liderando, con algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal, la ejecución de un plan que han llamado: “No Más Comunidad de Paz”. El primer paso fue convocar a los pobladores de la zona  a la vereda La Esperanza para firmar calumnias con el fin de llevar acusaciones ante la Fiscalía contra nuestra Comunidad de Paz. Luego empezó a llamar por teléfono a los que no fueron y no firmaron, para obligarlos a hacerlo. Algunas organizaciones y personas que no están de acuerdo con el trabajo que está liderando este personaje, ya lo han denunciado por injuria y calumnia contra sus organizaciones. Sabemos que el interés que ha perseguido es poder conseguir una buena cantidad de personas que le sirvan para exterminar a quien estorba sus intereses. Todo redunda en interés de la misma Brigada XVII del ejército, que es la que en todos estos años ha buscado por todos los medios  cómo acabar con nuestro proceso de vida; primero se coordinó con los bloques paramilitares más poderosos de Urabá y perpetraron numerosas masacres, entre ellas la del 21 de febrero del 2005; después se buscó cómo desprestigiar a nuestra Comunidad acusándonos falsamente de manejos comerciales ilegales. Comandantes como el mismo Coronel Germán Rojas Díaz lanzaron diversas calumnias contra miembros de nuestra comunidad, tratándolos de guerrilleros orgánicos de los diferentes frentes de las FARC que había en la zona, y por último se han valido de acciones de tutelas pésimamente fundamentadas y con la intención perversa de que no denunciemos sus atrocidades, buscando callarnos para que ya no se les destape en su complicidad con los grupos paramilitares que han existido desde que se creó esa brigada.

Se respira, pues, en nuestra región, un ambiente viciado por estrategias perversas contra nuestra Comunidad de Paz. Ahora el Señor César Jaramillo mediante audios maneja un supuesto plan de conciliación con las juntas comunales, organizaciones y personas que no han querido participar de sus ideas, según él, para limar asperezas y poder unirse para solucionar los problemas internos que tienen en sus veredas. Como Comunidad de Paz sabemos que se busca cómo tener a toda la población a su favor para dos cosas: la primera, cumplir el trabajo encomendado de exterminio de nuestra Comunidad, y el segundo, tener buenas firmas y votos para manipular los escaños políticos y la representación de las víctimas en el Congreso.

A las Juntas de Acción Comunal de todas las veredas de San José de Apartadó, desde nuestros corazones, como Comunidad de Paz, les decimos: ustedes, señores miembros de sus comunidades, son capaces de salir adelante autónomamente en su proceso organizativo en las veredas, sin tener que someterse a la guía de personas que sólo buscan cómo utilizar a la población para sus propósitos inconfesables. Entendamos que el paramilitarismo y los intereses políticos son los que han acabado con nuestra región.  Rechazarlos debe ser deber todos como comunidades campesinas. Anhelamos ver una zona donde el campesino se organice y busque desarrollar sus proyectos comunitarios, lejos de personas que buscan sus propios intereses por encima de quien sea.  

Las carreteras siguen siendo un importante método para que la maldad penetre  en nuestros espacios comunitarios. Se ha escuchado que se realizará una reunión en la vereda Playa Larga, donde se anuncia que participarán la Gobernación y funcionarios de la administración de Apartadó, según se dice, para legalizar carreteras que llevan más de 10 años siendo impulsadas ilegalmente por la Brigada 17 del ejército y los paramilitares.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

·        El viernes 20 de agosto de 2021, en horas de la mañana nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares habrían tenido una serie de reuniones internas entre ellos para coordinar cómo sería su participación en  las juntas de acción comunal de la zona. Según se afirma, cada paramilitar que viva dentro de una vereda debe estar inscrito dentro de la Junta de Acción Comunal y apoyarla en todo. Estas informaciones son muy preocupantes porque el paramilitarismo ha ido penetrando las diferentes organizaciones civiles que hay en nuestra región y así lo hemos dejado en evidencia en anteriores constancias públicas donde con nombres propios se ha denunciado la presencia de paramilitares dentro de las comunidades civiles.

  • El miércoles 25 de agosto de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una serie de audios donde el Señor Cesar Jaramillo y varios presidentes y miembros de las juntas de acción comunal de San José de Apartadó convocan a todas las demás juntas, incluyendo a personas que no están de acuerdo con los planes del señor Cesar Jaramillo en esta zona, para que  se acerquen a conciliar y seguramente a someterse a esa lógica que este personaje trae a la zona. Se escucha claramente en los audios cómo se invita a la población civil a desmovilizarse, como si fuera un grupo armado; esto ya es una clara calumnia de algunos dirigentes veredales contra el campesino.
  • El domingo 29 de agosto de 2021, en horas del día se recibieron informaciones según las cuales en la fiesta que se realizó el pasado 17 y 18 de julio, en la vereda La Unión, coordinada por la Brigada XVII del ejército, Cesar Jaramillo y la misma Junta Comunal de la vereda La Unión, se tuvo un muy alto consumo de licor, para lo cual el Señor César Jaramillo, miembro de la Junta Nacional de FEDECACAO, aportó parte del dinero  y según el resto fue aportado por el paramilitar Wilmar de Jesús Úsuga, alias “el Mexicano”, asesinado por el ejército en el departamento del Cauca el pasado 25 de julio de 2021.
  • El miércoles 01 de septiembre de 2021, en horas del día, pobladores amigos nos informaron sobre detalles de la estrategia que se está planeando, desde algunos presidentes de juntas de acción comunal en alianzas con el señor Cesar Jaramillo, para calumniar a nuestra Comunidad de Paz ante la Fiscalía: según eso, allí están llevando informaciones construidas por ellos sobre nexos de nuestra comunidad de paz con las extintas FARC-EP. Eso lo han intentado durante 25 años valiéndose de los más perversos métodos de chantajes, sobornos, torturas, utilización criminal de personas ilegal e injustamente detenidas para hacerlas víctimas de montajes, todo bajo el impulso del expresidente Uribe y sus secuaces. Uno de los autores más productivos en calumnias, montajes y chantajes contra nuestra Comunidad de Paz fue el coronel Néstor Iván Duque López, cuyos desempeños criminales están muy bien denunciados ante varios tribunales internacionales. Numerosos de esos expedientes, con todas sus trampas y podredumbres jurídicas y éticas han sido ya puestos a la luz, sus autores dejados en pública vergüenza y muchos de los que se prestaron para los montajes confesaron bajo la presión de la ley 975 o de la JEP y están profundamente arrepentidos. Con todo, al Señor César Jaramillo mucha gente le ha escuchado expresar deseos desesperados de que los líderes de nuestra Comunidad de Paz “se pudran en la cárcel”, pues él añora que los montajes del pasado se vuelvan a repetir. Su cercanía con la Brigada XVII, recinto donde se urdieron tantos crímenes del pasado que buscaban el mismo objetivo: destruir nuestra Comunidad de Paz, quizás le da confianza de que es posible repetirlos.
  • El viernes 3 de septiembre de 2021, fue visto un grupo de 12 paramilitares portando armas largas y prendas militares entre las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas de San José de Apartadó. Aún se encuentran allí sin ser molestados por nadie.
  • Este mismo viernes 3 de septiembre de 2021, fueron vistos varios paramilitares en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó. Uno de ellos portaba 4 radios de comunicación.
  • El sábado 4 de septiembre de 2021, en horas del día se nos informó que los paramilitares están comprando tierras mediante terceros, o los llamados testaferros, en esta zona. Según quienes nos informaron, ya han comprado varias fincas en las veredas Mulatos, Arenas, Playa Larga, y La Cristalina. La misma Alcaldía de Apartadó desde hace varios años ha comprado varias fincas en las veredas: La Unión, Buenos Aires, La Linda, el centro poblado de San José y La Cristalina, entre otras, ¿Para qué se comprarán todas esas fincas?  Allí se le prohíbe totalmente a la gente trabajar.
  • El miércoles 8 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, el señor Cesar Jaramillo, en el medio radial Antena Stereo, de Apartadó, manifestó que nuestra comunidad y otras organizaciones civiles de la zona lo están poniendo en alto riesgo al publicar constancias en contra de él. Manifestó que si algo le pasa será responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz. Manifiesta que tiene dos enemigos muy grandes en la Zona, uno es nuestra Comunidad de Paz y el otro es la Asociación Campesina de San José de Apartadó ACASA. Supuestamente la Fiscalía le encomendó que se esté reportando a diario. En dicha entrevista radial manifestó que se encuentra muy vulnerable frente a los delincuentes, como queriendo decir que nuestra Comunidad y otras organizaciones que han denunciado sus actos lesivos en la zona, somos “delincuentes”. Nuestra Comunidad nunca ha querido hacerle daño a él ni a nadie y si algo hemos expresado públicamente sobre él ha sido en defensa de nuestra integridad y nuestros derechos, porque este personaje ha buscado por todos los medios destruir nuestra Comunidad, pues así lo hizo público en meses pasados a través de sus redes sociales.

·        El martes 14 de septiembre de 2021, en horas del día fuimos informados sobre una carta que tendría la ASOCOMUNAL de San José de Apartadó, supuestamente para invitarnos a reuniones en algunas veredas, entre ellas Playa Larga. los motivos son conciliar en temas de carreteras, entre otros. Nuestra comunidad ha dejado constancia muchas veces sobre este tipo de proyectos ilegales que se han impulsado por la misma Brigada 17 del ejército y funcionarios públicos de Apartadó.

Según se está notando en el ambiente, en la zona algo se está planeando muy fuerte en contra de nuestra Comunidad de Paz, lo cual nos llena de preocupación, pues percibimos muchos malestares e informaciones de muchos pobladores que comentan cómo se está convocando a toda la población de nuestro entorno para que ayude a este ente exterminador a destruir nuestro proceso de vida; muchos otros se oponen a esa estrategia de exterminio que consideran perversa.  

Para las fuerzas militares, funcionarios públicos y el paramilitarismo de Urabá que es invasivo, somos su enemigo número uno y así lo ha venido mencionando desde hace varios años. Sabemos que mientras no paremos de dejar constancias públicas sobre la barbarie que se comete contra la población civil de nuestra zona siempre seremos un estorbo para quienes buscan dividir a los pobladores e imponer la lógica de muerte a   favor de los poderosos. Dejamos claro que no es nuestra responsabilidad como Comunidad de Paz, si algo le llegara a pasar a cualquier funcionario público y mucho menos a los humildes pobladores de nuestra región. Nuestra Comunidad es COMUNIDAD DE PAZ y si hemos sufrido tanta persecución ha sido justamente por negarnos a participar en el conflicto armado y negarnos a convivir con cualquier actor que utilice armas o apoye su lógica de muerte. SOMOS VÍCTIMAS. JAMÁS VICTIMARIOS. Para ello nos hemos formado en estos 25 años, asimilando la espiritualidad de la Paz y de la Vida y agrandando distancias frente a toda estrategia de muerte y de violencia. El mismo gobierno -local y nacional- ha sido el máximo responsable de toda acción violenta y de muerte que ha ocurrido en nuestro entorno y además se ha hecho sordo y ciego a nuestros clamores para que detenga toda violencia. Lo único que hemos hecho como población civil es, mediante comunicados públicos, exigir que se proteja la vida y se le respete la tierra al campesinado en la zona. Por eso no pararemos de comunicar al mundo todo lo que sigue pasando y lo poco que le preocupa al gobierno colombiano esta situación.

No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en todo este tiempo.

                                      Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                          Septiembre 17 de 2021

Publicado enColombia
Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

 

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Fabio Mejía Botero, Tras las columnas, fotografía (Cortesía del autor)

“Este fallo es de importancia trascendental para las víctimas en Colombia, porque el Tribunal, quienes lo conforman y sus sentencias, tienen reconocimiento a nivel mundial. A través de los testimonios directos de nosotras las víctimas, se evidencian las practicas sistemáticas de represión utilizadas por el Estado desde sus fuerzas militares, organismos de seguridad en connivencia con grupos paramilitares, en la continuidad de mecanismos atroces: desaparición forzada, tortura, masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira, El Planchón de Oriente, San Carlos de Guaroa, Masacre de Mesetas (en el Meta), ejecuciones extrajudiciales, la eliminación de expresiones alternativas, movimientos campesinos (Sintragrim, en el exilio), movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición –UNO–, el Frente Democrático –FD–, la Unión Patriótica –UP–, el Partido Comunista Colombiano. Dirigentes hombres y mujeres, seres amados, que fueron eliminados físicamente, desplazados forzadamente, despojados de su patrimonio y desarraigados de su territorio e identidad”.


Así resume y enfatiza Vilma Gutiérrez Méndez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–, capítulo Meta, la importancia de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) haya sesionado en marzo pasado en Colombia, cuyo fallo, aunque simbólico marca pautas fundamentales en la lucha contra la impunidad y la valoración de las víctimas de crimenes de Estado. Esta mujer encarna, precisamente, en la memoria viva de su proyecto de vida, la materialización de las prácticas genocidas y silenciadoras utilizadas por el Estado:


El Tribunal

Como escenario de justicia popular, desde su concepción, el TPP se convirtió en un espacio jurídico esencial que sin tener un carácter vinculante, posiciona la responsabilidad de los gobiernos por su participación en graves crímenes contra los pueblos, tanto por acción como por omisión.


El fallo de la sesión 48° del TPP, llevada a cabo en Colombia, trae consideraciones esenciales como reconocer que en este país ha existido un genocidio continuado, sostenido en el tiempo y orientado al exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social, que no tienen cabida en la concepción del modelo de Estado-Nación.


Como se menciona en la sentencia, han orientado la acción de las fuerzas del Estado y de los grupos paramilitares hacia el reordenamiento social a través del terror, intentando eliminar percepciones de identidad, formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, entre otras, que se reconozcan contrarias al establecimiento; las víctimas de crímenes de Estado son actores protagónicas al encarnar esta persecución y al recibir todo el impacto de esta violencia sociopolítica individual y colectiva.


Las doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno*, como menciona la sentencia, contraponen la distinción básica del derecho internacional humanitario, pero además dan cuenta de un Estado que modela como opositor, opositora u objeto de exterminio, a quien cuestione, proteste o genere resistencias al modelo político hegemónico, las clases dominantes o la estructura de desigualdad que predomina.

El significado del fallo para las víctimas de crímenes de Estado

Menguar la capacidad organizativa de individuos y colectivos que se contraponen al modelo hegemónico del establecimiento y debilitar su voluntad política y capacidad transformadora quebrantando su tejido social, a través del “castigo ejemplarizante” y del sostenimiento del terror en el tiempo, son algunos de los objetivos que encarna el genocidio político y que el fallo argumenta de manera juiciosa.

Por eso son precisamente las víctimas de crímenes de Estado a quienes la sentencia del TPP más reivindica, otorgando veracidad, dignidad y completa legitimidad a lo que históricamente han denunciado: que en Colombia el Estado construyó un sistema sofisticado de exterminio y terror dirigido hacia los grupos sociales, políticos, culturales, que interpelan su modelo inequitativo de sociedad.

Enunciar que el fallo del TPP tiene prevalencia simbólica al evidenciar que no tiene carácter vinculante, no va en desmedro de la fuerza restauradora y reparadora que la sentencia tiene para las víctimas. No es un hecho menor que esta misma potencia del fallo posibilite restaurar la memoria histórica construida desde el relato hegemónico y negacionista, permitiendo que emerjan las narrativas silenciadas de las víctimas de crímenes de Estado.


En ese sentido, la sentencia del fallo tiene efectos reparadores porque moviliza una memoria colectiva que le exige a la sociedad y al Estado colombiano que se nombre a las personas olvidadas. Trae a la remembranza la lucha de quienes fueron estigmatizados, señalados, asesinados, torturados, desaparecidos y constreñidos al desvanecimiento de su accionar político, sólo por el hecho de disentir e interpelar al Estado.

Memoria de dolor, de resistencia y de superación


A Vilma Gutiérrez, en el año 1984, en plena gestación de la UP en la ciudad de Villavicencio, los paramilitares le asesinaron a su compañero y padre de sus hijos, por pertenecer a una organización gremial de izquierda, ser militante del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Asamblea del Departamento del Meta por el FD.


Vilma, como víctima del genocidio de la UP, es una voz autorizada para evidenciar la lucha histórica de las víctimas de crímenes de Estado, por visibilizar no sólo la existencia del genocidio político como práctica de terror sistemática y continuada sino, además, por denunciar cómo este sistema de exterminio se orienta hacia la eliminación invidividual y colectiva de proyectos políticos identificados por el Estado como ‘enemigos’. Por eso Vilma argumenta que: aunque la sentencia del Tribunal es de opinión y no penal, sus recomendaciones son una ruta para emprender procesos investigativos, de juzgamiento y condenatorios en otros escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional. Posibilita que las comunidades puedan decidir autónomamente sus propios modelos de justicia y no los ordinarios articulados históricamente al establecimiento gubernamental y que perpetúan la impunidad.


Enfatizando en que el punto cinco (5) del Acuerdo de Paz, que posiciona la centralidad de las víctimas y que para su favorecimiento se crea el Sistema Integral para la Paz, Vilma menciona que el fallo además: “nos servirá para la participación activa y de incidencia de las víctimas en el Sivjrnr. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, para el reconocimiento de esas causas estructurales (modelo de desarrollo económico, doctrina de seguridad nacional, construcción del enemigo interno, desmonte de estructuras paramilitares, reconocimiento de responsabilidades por acción u omisión del Estado y de otros actores), que permitan una transformación real de costumbres políticas, económicas y sociales. En la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es necesaria la participación e incidencia de las víctimas como un derecho a la justicia, donde se investigue, procese y se condene a los responsables permitiendo que exista una reparación integral que satisfaga la necesidad de sanar y de emprender caminos de convivencia y reconciliación. Por eso las víctimas seguimos firmes en defender y exigir al Estado y gobierno colombiano, la implementación de los Acuerdos pactados en noviembre de 2016, especialmente aquellos integrados en el Sistema Integral para la Paz”.


La historia de Vilma es el reflejo de la lucha continuada de las víctimas de crímenes de Estado por visibilizar la responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia sociopolítica y la violencia continuada. Por lo que este fallo responde a la lucha contra la impunidad, desde la creación de un lugar para la enunciación, la escucha, la visibilización y la sanción simbólica. Esto es, propiciar escenarios de autorreflexión crítica de nuestra historia, orientados hacia el desmonte de la narrativa negacionista y la dignificación de las víctimas.

El fallo como herramienta pedagógica

En el marco de ese objetivo de desmonte de la narrativa negacionista del Estado colombiano sobre el genocidio político continuado y sostenido en el tiempo, el fallo del TPP se convierte para las víctimas en una herramienta pedagógica de cara a la sociedad colombiana para visibilizar los horrores de la violencia, pero también para aportar en la construcción de una narrativa de las memorias silenciadas.


La deconstrucción de los tejidos de las violencias y el aporte a la consolidación de procesos narrativos de liberación es una posibilidad pedagógica y reparadora que tiene el fallo y que permitirá difundir la verdad y hacer de ella un bien público para la sociedad colombiana.

Esta sentencia, por tanto, se convierte en una herramienta para nuestros pueblos, en una oportunidad de visibilizar los relatos de la atrocidad de la violencia estatal del pasado y del presente, apuntando a que realmente exista justicia y garantías de no repetición para las víctimas y para el país entero.

 

* Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia. Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021, p. 111.

 

 

 

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https://pacifista.tv/tag/clan-del-golfo/

En el Chocó está en curso una disputa entre grupos armados, en la cual el Clan del Golfo toma la delantera, ampliando a esta región el control territorial que ya ostenta en otras partes del país. Las consecuencias de esta confrontación no pasan inadvertidas y sobre ello alertan los obispos de las diócesis de Quibdó, Itsmina-Tadó y Apartadó, que en rueda de prensa, junto con voceros de pueblos indígenes y organizaciones sociales del Chocó y del Occidente de Antioquia, denunciaron el efecto de esta realidad sobre su población.

 

Los paramilitares del Clan del Golfo ya coparon todo el río San Juan. Además hacen presencia permanente en numerosos poblados, entre ellos Ichó, Neguá, Bojayá, Vigía del Fuerte, Acandí, Ungía, Riosucio, Carmen del Darién, y todo el Medio Atrato. Es decir, estamos presenciando un copamiento de toda la región. Su pretensión de dominio es total, no solo militar, por lo que en tiempo electoral, como el actual, se multiplican las alertas electorales extremas en nueve municipios, también de incremento de la violencia. La denuncia procede de lideres religiosos que conocen la región y mantinenen contacto permanente con sus fieles, en este caso los oblspos de la Diócesis de Qjuibdó, Juan Carlos Barreto, Apartadó, Hugo Alberto Torres, y el de Itsmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez Gómez


Es una disputa de la cual no está ajena la capital del departamento, Quibdó, con un registro de 290 asesinatos en los últimos dos años, una cifra que expresa una altísima tasa para una ciudad de 130 mil habitantes.

Y mientras los ojos se dirigen hacia conflictos en el extranjero, nadie quiere reconocer que la población civil en la región chocoana está entre el fuego cruzado. Según Monseñor Juan Carlos Barreto, “lo de Bahía Solano es increíble, los dos grupos armados ahí en medio de la población”. La misma Defensoría del Pueblo señala que la población afectada representa el 72 por ciento, lo que equivale cerca de 396.000 personas, de las 550 mil que habitan en todo el departamento.

Pero estas denuncias que deben escandalizarnos, para el gobierno no existen. Según Daniel Palacios, ministro del interior, las informaciones son falsas y extravagantes. Este calificativo le indicó a la Iglesia que el momento actual no es oportuno para el dialogo, por lo que fue cancelada la reunión programada para mediados de febrero con el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos. Incluso el prelado con jurisdicción sobre el territorio que en buena parte cruza el río Atrato, se vio sometido por presiones de aclaración y retractación exigidas por los comandos de la Brigada décimo quinta del Choco y cuarta de Antioquia. Para los obispos, la convivencia y tolerancia del ejército con actores paramilitares no puede combatirse dilatando la presencia oficial, pues lo único que se logra es aumentar la violencia.

Para precisar algunos de los tópicos antes relacionados, contactamos al obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto. A continuación la conversación sostenida:
‘La negación y la defensiva estatal no ve la realidad de las comunidades’

Edwin Guzmán (EG). Monseñor, ¿Cuál es la situación actual que se vive en la región y en particular de su diócesis?
Monseñor Juan Carlos Barreto (MJCB). El trabajo que realizamos los obispos con jurisdicción en el departamento del Chocó, un esfuerzo colectivo con las organizaciones etnicoterritoriales y sociales, venimos acompañando a las comunidades, visibilizando sus situaciones y tratando de incidir en diferentes espacios en los cuales se toman decisiones. No es para menos, el departamento atraviesa por una crisis del estado social de derecho, reflejada en los problemas de salud, educación, pobreza monetaria, desempleo y de inseguridad.

En el tema de paz, concretamente, no pasa desapercibido el avance de los grupos armados, no solo en las zonas rurales sino también en Quibdó, sometida a una creciente inseguridad producto de extorsiones, a un alto número de homicidios, a las amenazas, el desplazamiento interno y también desplazamiento hacia otras ciudades; en zonas rurales el confinamiento, el desplazamiento, los artefactos explosivos instalados por los grupos armados, el reclutamiento de menores, la amenaza a líderes sociales y la perdida de autonomía de las comunidades.

EG. ¿Pero el gobierno dice que son exageradas y extravagantes las cifras que ustedes mencionan sobre el porcentaje del control de población?
MJCB. Esa cifra es ofrecida por la Defensoría del Pueblo. Se dice, haciendo cálculos de población, que el 72 por ciento estaría en riesgo por la violencia que impacta al departamento.

EG. ¿Cuáles son los actores que están afectando a la población chocoana?
MJCB. El Eln y el clan de Golfo que aquí se denominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

EG. ¿Cómo se dio este proceso de redacción del comunicado colectivo y en el que denuncian lo ya anotado por usted, y en el que también participaron otros actores de la sociedad civil?
MJCB. Esas denuncias, que se venían haciendo con anterioridad, se fortalecieron producto de las misiones humanitarias desarrolladas en el año 2021 y en las que participación las tres diócesis, y en algunas de ellas también la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derecho Humanos ONU, las organizaciones étnicas y también algunas otras iglesias. En esas misiones humanitarias visitamos los once municipios más afectados por la violencia, con grupos de 40 y 50 personas; a través del diálogo con las comunidades se verificó el tipo de afectaciones, y esa realidad fue la que se visibilizó en comunicados y ruedas de prensa.

EG. ¿Qué opinión le merece la respuesta del gobierno, por medio del ministro Diego Molano, de calificar lo denunciado como exageraciones? ¿Por qué esa indiferencia estatal?
MJCB. La sociedad civil debe perseverar en la exigibilidad de sus derechos y es obligación constitucional del Estado atender las necesidades de los habitantes de las diferentes regiones del país. Nosotros vamos a perseverar en ese esfuerzo. Creemos que esa actitud de negación y defensa que hace el Estado no permite ver la realidad que se vive en el territorio, por eso hemos querido visibilizar las denuncias y hacer que el Estado reconozca lo grave de la situación. Y que de las respuestas que corresponda.

EG. En la lucha por sus derechos, ¿qué sigue para las comunidades del Chocó?
MJCB. Tiene que haber un diálogo respetuoso, en el que se reconozca la dignidad del pueblo chocoano que hace estas exigencias, de acuerdo con las competencias del Estado. Estamos abiertos siempre al diálogo, junto con las organizaciones sociales y toda la sociedad civil. Esperamos que realmente se abran los espacios de diálogo significativo para el departamento y que los altos niveles del Gobierno y del Estado en general respondan a estos llamados que se hacen desde la región.

Quisiera agregar que es importante la expresión de solidaridad recibida por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, que en visita al departamento del Choco constató en terreno cuál es verdadero pensamiento y situación de las comunidades, en conversación directa y escuchándolos realmente. Por eso su presidente, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, expresó que en el Chocó hay una crisis humanitaria y necesita que el Estado escuche a sus habitantes, y empiece a dar respuestas oportunas a las exigencias que se hacen desde los departamentos.

 

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Publicado enEdición Nº289