Miércoles, 04 Agosto 2021 06:13

Haití: la trama internacional del magnicidio

Juvenel Moïse, el presidente de Haití asesinado el pasado 7 de julio, en un encuentro entre jefes de Estado del Caribe y Donald Trump en 2019. Foto: Gobierno Danilo Medina

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Taiwan.

Eduardo Giordano

4 ago 2021 07:07

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio. Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar las portadas de los informativos. El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional.

Evoquemos los hechos. Los comandos de ex militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance. Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla” de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las botas de los sicarios que lo acribillaron.

El presidente haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado.

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas, que durante el último año secuestraron a más de mil personas, principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir rescates millonarios a los familiares, según ha informado la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.

A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9, dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y convertido en zona de guerra desde hace dos meses. Además, estas pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria fraudulenta de Moïse en las elecciones.

Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

Militares colombianos en la industria del crimen

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se desplegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro.

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”.

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación. Una pensión que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación. El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse.

Además de Sanon, en la trama interna estaría implicado al ex senador John Joel Joseph, quien habría facilitado las armas a los sicarios, y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Felix Badio, a quien la policía de Colombia acusa —sin pruebas contundentes, solo por declaraciones de sicarios— de haber dado la orden de asesinar al presidente de Haití. El ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, declaró sin embargo a CNN que Badio “efectivamente está en el centro del asesinato, pero creemos que trabaja para peces gordos. Los autores intelectuales son más grandes. Quién financió la operación sigue siendo la gran incógnita”.

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales”.

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, ex militar colombiano e informante de la DEA reconvertido en empresario experto en seguridad, conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretelt. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto con él desde entonces.

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo”.

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte  de “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo”.

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple”.

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio.

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio.

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA —que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA.

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

El colapso planificado del Estado

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investigó las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Se atribuye al ecuatoriano Walter Veintemilla la financiación de los pasajes de los mercenarios. Además, la conexión ecuatoriana aparece también con el jefe de seguridad presidencial, Gerard Hérard, quien se formó en 2012 en una Academia Militar de Ecuador y “se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida”, según aseguró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moïse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”.

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo”. Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana.

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití —conocida en medios populares como la 'reina de Haití'—, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diarioLe Nouvellisteinsta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991”.

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos —con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse.

Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.

La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión migratoria.

En las costas del Caribe antioqueño, en la pequeña Necoclí, una localidad de 20.000 habitantes, se hacinan en estos días más de 10.000 migrantes, la mayoría de origen haitiano (cerca del 70 %), que esperan poder atravesar la temible selva cenagosa del Tapón de Darién, en la frontera del Chocó con Panamá, para iniciar el arduo recorrido de 4.000 km que los llevará hasta Norteamérica. La distancia por mar entre Puerto Príncipe y Necoclí es en línea recta de unos 1.200 km, la misma que si pudieran viajar directamente a Miami. En plena pandemia, sin mascarillas y hacinados como ganado en las calles, los migrantes haitianos esperan su turno de que una naviera los transporte al lugar de cruce hacia el otro lado de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí confiesa que todas las capacidades del municipio están completamente desbordadas por la situación. Con una media de llegada diaria de 800 a 1.000 personas, los servicios públicos colapsaron, en particular los servicios sanitarios y el suministro de agua en el casco urbano. La situación de escasez se convierte en paraíso de especuladores. Algunos alimentos, como los plátanos, ya han aumentado de precio en casi el 1.000 %.

La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que esto ocurra.

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Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.

Inicialmente fueron grandes manifestaciones, todos los días, que salían de las periferias empobrecidas y llegaban al centro de las ciudades, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimía sin contemplaciones, con exceso en el uso de la fuerza y usando armamento de guerra, como los lanzadores Venom que disparan 30 cartuchos de forma simultánea y que pueden causar unas heridas de gravedad si se usan de una manera indebida.

Lo más notable, empero, es que los y las jóvenes (porque la participación de mujeres es notable) no se echaron atrás ni ante la represión policial ni ante el accionar de grupos paramilitares que tienen un largo historial de violencia.

No puede sorprender, por lo tanto, que los datos aportados por organismos de derechos humanos afirmen que hasta el 7 de julio la policía ha matado a 64 manifestantes, mientras decenas han desaparecido. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la acción paramilitar se ha cobrado, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, la vida de 753 líderes y lideresas sociales y 276 excombatientes de las FARC firmantes de los acuerdos.

En todas las ciudades se formaron primeras líneas, que son modos de autodefensa colectiva, muy bien organizadas, para impedir que el Esmad agreda y eventualmente asesine a los jóvenes. Pero también son, digamos, un principio de orden: desde cierto lugar en adelante, las primeras líneas impiden el paso a toda persona que parezca policía infiltrado, paramilitar o narco.

También se formaron puntos de resistencia, espacios urbanos liberados de la presencia policial o paramilitar, donde los vecinos se sienten seguros, porque la inseguridad en Colombia la traen los armados, con o sin uniforme. Dentro de esos puntos los jóvenes conviven con la comunidad, que les ofrece comida, agua y baño, en una muestra de que las diferencias pueden convivir en paz y alegría.

Uno de los hechos más comentados durante la revuelta es que los jóvenes de distintas barras del fútbol, que en la vida diaria se odian y enfrentan, convivieron sin el menor problema, así como adultos y jóvenes, en espacios donde también se escuchan los más diversos gustos musicales que van mutando según la hora del día.

En Cali se formaron 25 puntos de resistencia, algunos sobrevivieron más de diez semanas hasta que las topadoras del Esmad los destruyeron. En cuanto las primeras líneas, las hubo de lo más diversas: si bien la mayoría estaban integradas por jóvenes, con cascos, gafas de alto impacto, chalecos y escudos, las hubo también de madres para proteger a sus hijos y de religiosos. Todos llevan las caras cubiertas, para evitar ser identificados.

Sorprende la decisión, el compromiso, la disciplina casi militar y un manejo profesional del espacio y del orden, que les permitió un "récord de 22 horas de confrontación entre la Fuerza Pública y las Primeras Líneas", en la ciudad de Usme, periferia de Bogotá, el pasado 20 de julio.

De hecho, las primeras líneas tienen una disciplina similar a la que puede apreciarse en la Guardia Indígena, que no es vertical ni asalariada como la policía estatal, pero es mucho más efectiva ya que consigue mantener a los muy armados y entrenados cuerpos represivos a prudente distancia.

En todos los puntos de resistencia hay comedores comunitarios, espacios de salud atendidos por brigadistas (llamados puntos fijos) y han montado bibliotecas en centros de atención inmediata de la policía, que previamente fueron desmantelados y ocupados.

En algunas ocasiones, las brigadas de REDPAS en Bogotá y del Bloque Popular de Salud de Medellín se dotan de comandantes que encabezan los grupos para asistir a los heridos, que son muchos y en ocasiones requieren atención especializada.

En Puerto Resistencia, el más emblemático espacio resistente de Cali, los vecinos levantaron un enorme monumento de más de 10 metros de altura, construido en cemento y pintado con emblemas de la revuelta, con los rostros de los asesinados y los escudos de las primeras líneas. El antimonumento Resiste fue construido durante 19 días por cientos de personas, mostrando una energía colectiva y una disciplina para el trabajo sorprendentes.

¿Cómo ha surgido este elevado nivel de organización, con tareas bien definidas para la defensa a través del combate, la división del trabajo para los cuidados y la vida cotidiana?

Creo que un elemento central ha sido la formación que le ha dado a la población el paramilitarismo de un Estado criminal, gobernado por una fracción ultra y fanática como es el uribismo. Una formación por la negativa y para superar el miedo, de forma colectiva.

Todos en Colombia saben de los falsos positivos y de las casas de pique.

Los primeros son civiles que sin participar en ningún combate ni estar siquiera organizados en grupos políticos, fueron asesinados por militares y presentados como "bajas en combate" para obtener beneficios y premios. Según la Junta Especial para la Paz, entre 2002 y 2008 (cuando gobernaba Álvaro Uribe) fueron asesinados de ese modo 6.402 personas. Cerca de 1.500 militares estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos.

Las casas de pique fueron creadas por los narcos para secuestrar, descuartizar y desaparecer a quienes les molestaban. La práctica fue luego utilizada por los paramilitares y se sigue usando ahora. En Cali aparecieron bolsas con restos humanos, diseminadas en varios lugares, como forma de intimidar a los manifestantes, ya que se presume que sean restos de desaparecidos durante la revuelta.

Lo cierto es que décadas de criminalidad estatal y paraestatal convencieron a varias generaciones de que deben cuidarse, de que ejercer sus más elementales derechos es peligroso y que pueden ser asesinados en cualquier momento. El uribismo ha sido una fuente de aprendizaje inestimable para los jóvenes colombianos que el neoliberalismo les ha robado su futuro y, si no se cuidan, sus vidas.

Raúl Zibechi, agosto 2, 2021

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Entre saboteos y festejos asoman los fines a los cuales se sirve

El desangre de nuestra región por el poder de las armas no tiene límites, pues cada día que sigue transcurriendo es una gota de tormento para la vida campesina. Ya se le prohíbe al campesino sembrar en su propio lote de tierra. El Estado de ninguna manera ha buscado cómo proteger la vida digna del campesinado en nuestra región y en el resto del país, pues los paramilitares y otras numerosas estructuras armadas que se alimentan del reciclaje de la guerra que paradójicamente ha sucedido a los “acuerdos de paz”, controlan el país a su antojo y el que más sufre las consecuencias al fin y al cabo es el campesino, que las tiene que enfrentar en el día a día, en las diversas regiones del país.

¿Hasta cuándo se va permitir que se destruya la moral del campesino? Se nota que los grupos armados buscan cómo desesperar a la población civil para que abandone sus tierras, con el fin de que las empresas multinacionales mineras hagan de las suyas con los recursos naturales, destruyendo la vida en los territorios.

Este cáncer paramilitar destructor que el gobierno no quiere erradicar de esta y otras regiones porque lo necesita para controlar lo que no pueden hacer a plena luz las fuerzas militares, está acabando con los sueños de los niños y niñas que reclutan a diario. El campesino se ve cada vez más asfixiado en su propia parcela, pero eso es algo que no le ha importado al gobierno.

Las veredas de San José son corredores paramilitares y de fuerza pública. No se percibe el más mínimo enfrentamiento entre ambas fuerzas, pero la “malicia indígena” de nuestro campesinado ha detectado claramente las supuestamente disimuladas estrategias de coordinación y unidad de acción entre ambas.  Cuando estaban las FARC, por el contrario, la hostilidad era feroz, pero al accionar sus armas los militares, las dirigían predominantemente contra la población civil, bajo la consigna de los “falsos positivos”, para no arriesgar la integridad militar en combates reales. En el conflictivo panorama actual, el paramilitarismo cuenta con toda la aquiescencia estatal y mediática, como fuerza eje de control territorial, ya se sabe al servicio de quiénes.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

  • El domingo 04 de julio de 2021, tuvimos conocimiento de que los paramilitares están comprando casas o terrenos en las veredas de San José para construir allí viviendas para los “PUNTOS” (o informantes) que tiene esta estructura en cada vereda para el control de la población civil en la zona.
  • Ese mismo domingo 04 de julio de 2021, en horas del día nuestra Comunidad fue informada de que los paramilitares estarían prohibiendo a pobladores de las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas sembrar cacao en sus propias fincas.
  • El martes 06 de julio de 2021, en horas del día fueron vistos varios paramilitares armados cuando cruzaban por una de nuestras propiedades privadas en la vereda La Resbalosa, de San José.
  • El miércoles 07 de julio de 2021, paramilitares que controlan la zona de Mulatos Medio, de San José de Apartadó, estuvieron preguntando con mucha insistencia por miembros de nuestra Comunidad de Paz, con intención de espiarlos, sobre todo cuando trabajan comunitariamente, y penetrar en los terrenos de nuestra “Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra”.
  • El jueves 08 de julio de 2021, nuestra Comunidad de Paz conmemoró los 21 años de la masacre del 8 de julio de 2000, perpetrada en el caserío de La Unión por paramilitares en conjunto con militares de la Brigada XVII, mientras un helicóptero del ejército sobrevolaba el poblado y supervisaba la barbarie. Integrantes de nuestra Comunidad llegaron muy temprano al lugar de la masacre para realizar el acto de memoria y organizar el espacio de memoria que nuestra Comunidad ha construido en el mismo sitio en que nuestros compañeros fueron masacrados. Estando allí, pudimos comprobar una vez más la alta presencia de paramilitares que hoy día ha invadido el caserío de La Unión y su intenso consumo de licor. Hicieron todo lo posible por impedir nuestro acto de memoria poniendo en el más alto volumen los equipos de sonido de las cantinas donde se encontraban tomando licor y colocando allí canciones alusivas al paramilitarismo. Nunca nos habíamos imaginado que ese caserío, hace años santuario de la resistencia y la defensa de la dignidad, llegara a esos niveles de degradación humana. De todas formas, en medio de ese vulgar e inmundo saboteo, rendimos los honores merecidos a quienes entregaron su vida con gran valentía y dignidad en defensa de nuestro proyecto de paz y de justicia.
  • El miércoles 14 de julio de 2021, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz, según las cuales, en la vereda La Unión, Arenas, Las Nieves, El porvenir, entre otras estaría patrullando un grupo de paramilitares, portando a la vista armas largas, al parecer preparando el ambiente para celebrar a su manera la “fiesta del campesino”, preparada por la Brigada XVII en coordinación con el funcionario de FEDECACAO y agente de la Alcaldía de Apartadó,  César Jaramillo, y la Junta de Acción Comunal, fiesta programada para los días 17 y 18 de julio. Desde hace un tiempo se viene haciendo propaganda entre los paramilitares para participar en esa fiesta, a la cual se está invitando al campesinado de las veredas y en la cual se anuncia la presencia de reconocidos cantantes nacionales. Lo grave es que se invite a concentrarse en un lugar tan marcado por la presencia paramilitar sin que al parecer las instituciones del Estado muestren la más mínima preocupación y sin importar las constancias de hechos tan graves que nuestra Comunidad ha hecho públicas, incluso suministrando los nombres o los alias de los líderes paramilitares que han protagonizado los escándalos. Es preocupante la connivencia de la Brigada XVII, al parecer la principal anfitriona del festejo, con la representación de FEDECACAO, la Alcaldía de Apartadó y varias Juntas Comunales sin importar la alta presencia de los paramilitares que ya se muestran a plena luz, incluso exhibiendo sus armas largas, en el profanado caserío y sus alrededores.

Por más difícil que se presente la situación en nuestro territorio, nuestra Comunidad no dejará de suplicarle al país y al mundo por nuestras vidas y las de los demás pobladores que a diario tienen que soportar la opresión de un Estado-Paramilitar en la zona y en el resto del país. Somos fuertes porque hemos sabido construir comunidad; porque nuestra resistencia es única e inquebrantable; por eso hoy de nuevo agradecemos todos los esfuerzos de personas, organizaciones, comunidades, ayuntamientos, cantones,  entre otras colectividades, que desde muchos lugares del país y del mundo, a pesar del aislamiento soportado a causa del Covid-19, nos brindan esa fuerza moral que en todo momento nos anima a seguir adelante, en la exigencia del derecho a la tierra y a la vida, en un país donde reinan la muerte y la impunidad. A todos ellos nuestra profunda gratitud.

sáb, 17 jul a las 14:35

                        

                                                          Julio 17 de 2021

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles en rueda de prensa. | Foto: MIPCC

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de las pruebas que vinculan al Gobierno de Colombia con los grupos paramilitares que participaron en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moîse y en los recientes hechos violentos en Caracas.

En comparecencia con la prensa, Rodríguez ofreció detalles de la relación que guardan las autoridades del Gobierno de Iván Duque con grupos paramilitares, al  proporcionarle a estas organizaciones armamento de alta potencia, utilizados en el despliegue contra un barrio de la capital venezolana.  

Rodríguez advirtió que el mandatario colombiano Iván Duque se ha convertido "en una verdadera amenaza" para la paz de la región.

Mostró pruebas de que la empresa que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití está involucrada en el atentado contra en presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018.

Se trata de la empresa de seguridad privada CTU Security, dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Rodríguez señaló que Intriago tiene vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live.

Denunció que el paramilitarismo colombiano es una suerte de nueva Escuela de las Américas, y empresas en Estados Unidos contratan a esos efectivos para ir a asesinar en Irak, Venezuela o ahora Haití.

Denuncia plan para atacar con drones en celebración del centenario de la Batalla de Carabobo

Agregó que tenían preparada una operación contra la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la celebración por el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Se articuló con cuatro drones que fueron neutralizados por los dispositivos de seguridad del Estado venezolano.

Explicó que, a partir del fracaso de este intento, desplegaron la operación con paramilitares en el suroeste de Caracas.

Mostró un video extraído del móvil de uno de los delincuentes que operaron en la capital venezolana, en que se aprecian vistas estratégicas de la urbe, entre ellas la Academia Militar y el Paseo de los Próceres, con la idea de atentar contra Maduro y la dirección de la Revolución Bolivariana.

Rodríguez valoró que los hechos ocurridos en la parroquia La Vega y en la cota 905 manifiestan un patrón típico del modo en que actúan los paramilitares colombianos. Refirió que la derecha violenta pretende articular acciones como estas en otras ciudades, lo cual es investigado por las autoridades.

Recordó que las oposiciones venezolanas tienen un espectro amplio y dividido, pero hay un avance real en el diálogo con aquellas que se inclinan por respetar la Constitución y por promover la vía política para participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Subrayó que otro sector de esas derechas, como el que representa Leopoldo López, desde hace mucho no tiene una participación política y solo les interesa promover acciones violentas. Al respecto, reiteró que el Gobierno no irá a ninguna mesa de diálogo o negociación con estos violentos.

13 julio 2021

(Con información de teleSur)

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Lunes, 12 Julio 2021 06:35

Haití y la mano de obra colombiana

Imagen: EFE

Las hipótesis tras el asesinato de Jovenel Moïse

¿Quién dio la orden de matar al presidente Moïse? ¿Quiénes fueron? ¿Los asesinos están entre los exmilitares y comandos colombianos detenidos hasta ahora en Puerto Príncipe?. Múltiples interrogantes del magnicidio. 

Haití lleva consigo una marca que parece perpetua. Sus muertos se cuentan de a centenares de miles sin que haya sufrido una guerra formal o no declarada. Son demasiadas tragedias juntas: el hambre, las pestes, un terremoto que en 2010 dejó 316 mil víctimas fatales, casi tres décadas de dictadura con el clan Duvalier, Papá Doc y Baby Doc (1957-1986), golpes de Estado, quince presidentes en 33 años y el 7 de julio último, un magnicidio, el de Jovenel Moïse.

La desgracia encontró un hábitat ideal para reproducirse en este territorio de 11,2 millones de habitantes. Su historia desbarrancó desde que nació como república. Fue el segundo país de América después de Estados Unidos en independizarse de las colonias. Un faro libertario guiado por sus pioneros y ex esclavos. Pero en el siglo XX y lo que va del XXI nunca pudo sacudirse una etiqueta: la de la nación más pobre del continente. Lleva décadas así y ahora, una vez más, sin presidente.

La política de Haití está en piloto automático desde un tiempo incalculable. Pero es un piloto automático que no funciona. Hay indicios de que a Moïse, un empresario bananero al que cosieron a balazos, se la tenían jurada. Las preguntas son: ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes fueron? ¿Los asesinos están entre los exmilitares y comandos colombianos detenidos hasta ahora en Puerto Príncipe? Daría la sensación que sí, aunque faltan todavía más pruebas para ratificarlo. Si fuera esta la hipótesis, la policía local habría sido muy rápida y eficiente para atraparlos. Y los soldados, suboficiales y oficiales colombianos entrenados bajo las tácticas de contrainsurgencia por EE.UU, muy verdes. Como el color de las boinas de la fuerza especial del ejército estadounidense que los adiestró.

Edgar Ceballos, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de Colombia (FFMM) declaró: “Hubo un mal planeamiento, la operación no tuvo vía de escape”. En la misma entrevista virtual de La Semana, un medio de su país, su compañero de directiva, el vicepresidente Guillermo León agregó: “Fue una operación terriblemente mal organizada”.

Mercenarios

El sábado 10 se conoció que los militares capturados después del asesinato de Moïse habían sido contratados por la empresa CTU Security con sede en Miami. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, citó en público el dato que había publicado antes la agencia AP. No fue por azar. El dueño de esa agencia de seguridad que conchaba mercenarios es Antonio Enmanuel Intriago Valera, un venezolano que apoya a Juan Guaidó, el pseudo presidente de una república imaginaria.

La otra hipótesis que investigan varios servicios de inteligencia en Haití parece que se desvaneció cuando Martine Moïse , la esposa del mandatario asesinado, dijo desde Miami, donde está internada tras sobrevivir al ataque: “Mientras hoy están en prisión los mercenarios que asesinaron al presidente, hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño, la visión y las ideas del presidente para el país”. Sus dichos no coinciden con los del exsenador opositor Steven Benoit: “no fueron los colombianos, sino la propia seguridad del presidente la que lo asesinó”, señaló.

La colombiana Jenny Capador Giraldo explicó - citada por el diario El Tiempo- que su hermano Duberney, uno de los comandos muertos en Puerto Príncipe “me decía que habían llegado tarde a proteger a la persona que tenían que cuidar, me imagino que era el Presidente. Que la Policía los tenía acorralados y que él iba a tratar de mediar para que los escucharan”. El mensaje lo recibió por Whatsapp, dijo la mujer. El militar era sargento y había pedido la baja en 2019. El grupo de colombianos estaba integrado por efectivos de distinta graduación. El de mayor rango es el exteniente coronel del ejército Carlos Giovanni Guerrero Torres. Hoy está preso en Haití.

Cualquiera de las dos hipótesis que se confirmara sobre los verdugos de Moïse, llama la atención la improvisación o la ingenuidad de los detenidos. Una de dos. Todos tuvieron alta preparación en unidades del ejército, combatieron contra los narcos y la guerrilla. Pero cayeron casi sin ofrecer resistencia. Incluso algunos fueron detenidos por la gente y entregados a la policía. De los 28 que intervinieron en el ataque según el gobierno local – dos son de origen haitiano-estadounidense-, veinte están detenidos, tres murieron y cinco continúan prófugos. Ese es el balance que publicó el sábado Le Nouvelliste, el diario más importante de Haití.

Si se demostrara que les encargaron matar a Moïse, habrían cometido otra impericia. Se expusieron en las redes sociales en los días previos a su ingreso a Haití desde la frontera con República Dominicana, el único país limítrofe con el que comparte la isla La Española. La evidencia son los posteos de uno de los comandos más experimentados. Manuel Antonio Grosso Guarín se sacó varias fotos y las subió a su Facebook haciendo turismo desde el Faro Colón, en Santo Domingo. La unidad investigativa de El Tiempo lo describe como “uno de los militares mejor preparados del Ejército colombiano. Recibió entrenamiento de Comando Especial con instructores estadounidenses. Y, en 2013, estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas”.

Sus excompañeros lo identificaron esposado y sentado en el piso apoyado contra una pared, cuando se lo expuso junto a los demás para la prensa. En un video también aparece capturado por un grupo de civiles junto a otro mercenario, condición que en su país algunos militares de alto rango niegan. En la entrevista citada de La Semana, el general Ceballos comentó: “los soldados colombianos tienen entrenamiento como nadie en América”.

El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) viajó varias veces a Haití como consultor en seguridad. Comentó que en su país “operaron mercenarios británicos e israelíes, y de Estados Unidos en Venezuela” de lo cual se desprende que la contratación de sus servicios se volvió habitual en Latinoamérica.

La privatización de las operaciones encubiertas tomó relieve con la Guerra de Irak. Mercenarios de la empresa estadounidense Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en la Plaza Nisour de Bagdad en 2007. Varios empleados de esa lucrativa compañía recibieron condenas por homicidio. Los militares colombianos son bastante requeridos en sociedades de ese tipo.

Marulanda explicó lo que pasa en la actualidad: “Los señores retirados van a trabajar a Emiratos Árabes, adquieren la nacionalidad de allá y no es ilegal o de mercenarios. El problema que se presentó es que ahí hicieron una alianza con otros países árabes para enfrentar a los chiitas, y por eso había colombianos combatiendo. Eso desnaturalizó la función por cumplir y hubo dos abatidos. También hemos tenido oficiales que han trabajado en Irak y Yemen”.

Profesionales de elite o improvisados, los militares colombianos entrenados por EE.UU ya operan en varios países. Los oficiales (R) Ceballos, León y Marulanda coincidieron en que cuando se retiran – aún está por confirmarse si en Haití no hubo comandos en servicio activo – su destino “queda sujeto al libre albedrío y solo siguen vinculados al sistema de salud”. En otras palabras, no les hacen un seguimiento. Son armas letales de carne y hueso.

Por Gustavo Veiga

12 de julio de 2021

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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Miércoles, 30 Junio 2021 05:59

Una memoria energizante

Una memoria energizante

Hoy 27 de junio de 2021, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó renovó la memoria de EDUAR LANCHERO, al cumplirse 9 años de muerte. Como de costumbre, a las 2:00 de la madrugada comenzaron a sonar con gran volumen las marchas fúnebres de los grandes clásicos de la música y la Comunidad se fue reuniendo junto a su tumba para la celebración eucarística. Su madre y sus hermanos se hicieron presentes desde Bogotá con sentidos mensajes y las lecturas de la Misa resaltaron nuevamente su talante de profeta y de servidor.

Eduar acompañó a nuestra Comunidad de Paz desde sus inicios. Cuando el ejército y los paramilitares bombardearon casi todas las veredas de San José, en respuesta a la Declaratoria pública de no participación en la guerra y de negativa a colaborar con cualquier estructura armada, provocando un gigantesco éxodo hacia el pequeño centro urbano, Eduar se ofreció a acompañar a los desplazados corriendo enormes riesgos en su vida, pues el caserío fue cercado inmediatamente por militares y paramilitares y fueron numerosas las víctimas fatales. Eduar fue detectado inmediatamente como inspirador de una resistencia que buscaba impedir el despojo masivo de tierras, que era el objetivo del bloque militar/paramilitar, y durante sus 15 años de acompañamiento tuvo que hacer frente a 25 intentos de asesinato, de los cuales salió ileso gracias a la protección de gentes de la Comunidad que detectaban a tiempo el peligro. Los montajes y calumnias urdidos por la Brigada XVII del ejército no tuvieron treguas y sus grados de suciedad no tuvieron parangón. Su salud se vio progresivamente comprometida y finalmente un cáncer muy agresivo lo llevó a la tumba el 27 de junio de 2012. Sus restos reposan en el centro del parque monumento a las víctimas de nuestra Comunidad y su memoria constituye una fuente de energía permanente que recuerda los ideales que le dieron nacimiento a nuestro proyecto de vida.

Eduar llegó a nuestra realidad impulsado por un fuerza interior que él mismo definió muchas veces como un deseo ardiente de “convertir el dolor en esperanza”. Y realmente lo logró. Su gran sabiduría, que supo compartir con todos nuestros líderes, lo llevaba a descubrir las trampas perversas mediante las cuales un sistema criminal busca cooptar a sus víctimas. Así se fue tejiendo nuestra resistencia que aún mantenemos con firmeza.

Al recordar con gratitud el regalo de su vida y su presencia entre nosotros, también hemos repasado el cuerpo de principios que le fue dando identidad a nuestra Comunidad de Paz y que él compendió en una exposición magistral que en este aniversario volvimos a escuchar para que continúen sirviéndonos de guía.

No repetimos la acostumbrada fórmula “paz en su tumba”, cuando esa “paz” se entiende como pasividad e inacción. Su tumba es más bien un lugar energizante de permanente cuestionamiento a todos nuestros intentos de ajuste pasivo al statu quo de muerte que nos envuelve. Repetimos, por el contrario, con convicción: EDUAR, SIGUES MÁS VIVO QUE NUNCA EN NUESTRA COMUNIDAD DE PAZ.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                          Junio 27 de 2021

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Violación de derechos y derrumbe cada vez más total del Estado

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como ya en muchas otras ocasiones, se ve en el deber de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de un ente exterminador que no descansa en su propósito de acabar con nuestro proceso de vida.

Nos encontramos en momentos de movilizaciones sociales en todo el país y en otras partes del mundo. La raíz de todo esto es el afán de los poderosos de eliminar o marginar cada vez más a sus víctimas. Se enfrentan los gobiernos contra su propia ciudadanía sin que se garantice siquiera el derecho elemental a la protesta. Es claro que no les importa la vida de la gente; reformas y estrategias de “seguridad” están dirigidas a causar más hambre, exclusión y exterminio de quienes estorban los intereses de las élites.

Mientras en la ciudad se reclama por una vida digna, en los campos del país el paramilitarismo no cesa de someter a la población civil, la silencian y la atemorizan con armas amparadas por el Estado y mediante pan etos continuos la amenazan por no someterse a sus órdenes. En nuestra zona, los paramilitares tratan de cooptar a más y más gente en su propósito de exterminar nuestra Comunidad de Paz. Se apoyan en funcionarios públicos para elaborar tutelas y darle apariencia legal a su lucha de exterminio contra nosotros. Policía y Ejército están lejos de proteger a la población vulnerable; es evidente su estrategia de tolerancia total al paramilitarismo y sus componendas con ellos para alejarse tácticamente de los sitios donde ellos van a actuar y así poder responder con su fórmula trillada: “no teníamos tropas en esa área”. No entendemos para qué sirven instituciones de protección que no protegen y además toleran y usan las “ollas” de consumo de drogas.

Los fallos de tutela siguen estando a favor de los victimarios, mientras que a las víctimas se les quiere amordazar e impedirles lo más elemental: hacer conocer sus sufrimientos de la sociedad y del mundo. Los derechos a la expresión, a la denuncia y a la protesta están siendo eliminados a bala en Colombia: el número de muertos y heridos en las protestas es escalofriante y la eliminación de líderes y lideresas sociales sigue un ritmo constante, incentivado por el anonimato y la impunidad.

Los hechos más recientes que nos afectan son los siguientes:

- El martes 4 de mayo de 2021, según algunos pobladores de la zona, el señor CÉSAR JARAMILLO, después de la reunión del 01 de mayo en la vereda La Esperanza, donde convocó a las juntas de acción comunal para hacerlas rmar un pacto de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, empezó a llamar a los presidentes de juntas que no asistieron a dicha reunión, para que le rmaran el documento del pacto de exterminio.-  El jueves 6 de mayo de 2021, llegó a nuestro conocimiento por informaciones de pobladores de la zona, la presión de los paramilitares para comprar terrenos ubicados en lugares estratégicos, como los los de montaña, para poner allí sus centros de operaciones. Ya han amenazado a varios pobladores que no han querido vender sus parcelas.

 

-  El viernes 7 de mayo de 2021, en horas del día en la vereda Arenas Altas personas ajenas a nuestra Comunidad de Paz destruyeron nuestras vallas las cuales son nuestras insignias como proceso de vida.

 

- El sábado 8 de mayo de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que un grupo de pobladores de la vereda La Esperanza planearon pedirle a CORPOURABA que lleguen hasta la propiedad privada de nuestra comunidad allí y se midan 30 metros de ribera del río para iniciar la construcción de una carretera sin nuestro consentimiento.

 

-  El domingo 09 de mayo de 2021, llegó a nuestra Comunidad informaciones de que el paramilitar e integrante de la junta comunal de La Unión, ADOLFO GUZMÁN, habría lanzado amenazas contra un miembro de nuestra comunidad en la vereda la Unión.

 

-  El martes 11 de mayo de 2021, en horas de la madrugada en el casco urbano de San José y sus alrededores los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región dejaron pan etos y escritos en las paredes de las viviendas con las siglas (AGC presente).

 

-  El miércoles 12 de mayo de 2021, en horas del día, tres reconocidos paramilitares portando armas largas entraron al caserío de la vereda La Unión e ingresaron a la vivienda de un poblador.

 

- El jueves 13 de mayo de 2021, recibimos llamadas y mensajes de muchas personas, alarmadas porque se habían enterado de que la Corte Constitucional, en una votación de 5 contra 4, había decidido mantener el núcleo de la Sentencia 342/20, que le daba cierta razón a la Brigada XVII del ejército en su Acción de Tutela contra nuestra Comunidad de Paz, a rmando que nuestras Constancias ofendían su buen nombre y no debían permitirse mientras no estuvieran sustentadas en fallos judiciales. Aunque no conocemos aún el texto del fallo y ni siquiera se ha emitido el comunicado de prensa de la Corte, la noticia revela ya un derrumbe muy profundo del Estado de Derecho. Si nuestra Comunidad radicó una demanda de nulidad contra esa sentencia, la petición de nulidad la respaldamos en abundantísima jurisprudencia internacional y nacional, que a todas luces le da la primacía al derecho a la libre expresión como elemento esencial de cualquier democracia, jurisprudencia que también prohíbe que el derecho al “buen nombre” se interprete como anexo a cargos o dignidades o prescripciones, puesto que el BUEN NOMBRE se construye esencialmente con el BUEN COMPORTAMIENTO

que lleva a ganar aprecio y respeto, pero en el caso de la Brigada XVII existen condenas por crímenes de tribunales nacionales e internacionales e incluso de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En el proceso se anexaron numerosos aportes de eminentes juristas de muchos países, los cuales se apoyaron en numerosas citas de la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, la decisión de la Corte, en un momento de tanta violencia estatal y caos jurídico, sólo añade una gota más a los millares de argumentos que en estos días se propalan sobre la ilegitimidad del Estado y el derrumbe total del Estado de Derecho.

  • -  El viernes 14 de mayo de 2021, paramilitares que controlan la zona prohibieron a pobladores de la vereda Arenas Bajas tumbar monte para sembrar productos de pan coger en sus ncas heredadas de sus ancestros.

  • -  El sábado 15 de mayo de 2021, en horas del día llegaron informaciones que en la vereda La Unión se habría organizado en reunión de Junta de Acción Comunal retirar sin nuestro consentimiento la malla de protección del monumento a La Memoria construido allí por nuestra Comunidad en memoria de las víctimas de la masacre cometida por militares y paramilitares el 8 julio del 2000, según es para construir allí un supuesto parque infantil aprobado por La Alcaldía de Apartadó, el mismo presidente de la junta mani esta que ya es una decisión aprobada.

    Nuestra Comunidad de Paz que ha defendido la vida por más de 24 años rechazamos rotundamente la destrucción de nuestra la memoria histórica y a la vez le dejamos claro al gobierno local y nacional que no callaremos ante la barbarie que se viene cometiendo contra nuestro proceso de vida y la integridad de toda la población civil por parte de estructuras paramilitares, fuerza pública y demás instituciones del gobierno que con alianzas oscuras buscan cómo acabar con la vida digna de nuestra región.

    En estos tiempos en que el país está volcado en las calles en defensa de sus derechos, por la imposición de reformas que oprimen al pueblo colombiano y bene cian más bien el mismo bolsillo del gobierno, y donde las muertes violentas de los inconformes se multiplican día a día, las instituciones viven encapsuladas en un modelo de Estado represor cada vez repudiado por las grandes mayorías del pueblo.

    Hoy más que nunca agradecemos a las diversas personas y comunidades que desde el país y el mundo nos han apoyado en este largo y difícil camino, especialmente en su respaldo para insistirle a la Corte Constitucional que abriera los ojos para entender que la sentencia impugnada violaba principios muy esenciales y elementales de un Estado de Derecho y de una democracia, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y asociaciones eminentes de juristas de varios países, así como tantas personas que conceptuaron que el mismo sentido común más elemental era el que debería predominar. Aunque los resultados no fueron los esperados, creemos que hemos ganado dignidad frente a una Corte que no le importa la vida del campesino y que se dejó cooptar por los intereses y el inexistente “buen nombre” de una brigada militar que sólo ha acumulado motivos de mal nombre, dada su enorme trayectoria criminal impune, la que quieren camu ar de “buen nombre” contra toda ética, contra toda razón y contra el sentido común más elemental.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó Mayo 17 de 2021

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En las garras de un “progreso” antihumano

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

En las últimas semanas se viene implementando una arremetida de construcción ilegal de carreteras por las veredas de San José de Apartadó. Sabemos que los mayores impulsores de estas carreteras son los paramilitares, pues ya han venido reuniendo a los pobladores de las diversas veredas del corregimiento, imponiéndoles altas sumas de dinero, que son impuestos ilegales y extorsivos, para comprar supuestamente el combustible para las máquinas de la Brigada XVII del Ejército que son las que van a ser utilizadas en las obras.

Todo comenzó por Nuevo Antioquia hace un tiempo, con una carretera hasta La vereda La Esperanza y luego otro ramal desde Nuevo Antioquia hasta La vereda Rodoxali. En ese momento se  hicieron indagaciones y se comprobó que esos proyectos de vías no tenían ningún sustento legal; alcaldes e instituciones nacionales y regionales afirmaron no estar enteradas en absoluto de esos proyectos puestos en marcha por los paramilitares.

 Ahora de nuevo se impulsan todas estas carreteras ilegales por las demás veredas. Ya han comenzado con la apertura ilegal desde el casco urbano de San José hacia la vereda La Linda; días antes ya los paramilitares habrían reunido a la población civil de las veredas Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes, entre otras, para exigirle a cada poblador un aporte de 800. 000,oo (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las maquinas que entrarían a trabajar, y según informaciones, estas máquinas pertenecen a la Brigada XVII del Ejército.

Se sabe que se está implementando el arreglo o mejoramiento de la carretera que desde un punto conocido como Campamento conduce a la localidad de Belencito, del  corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. ¿Quien la está mejorando? Es de público conocimiento que todo poblador del área tiene que aportar dinero  obligatoriamente  para abrir o mejorar las carreteras.

Como comunidad nos preocupa la doble estrategia que se está poniendo en juego para explotar los recursos naturales de nuestra región. Lo más preocupante es que la población de nuestro entorno se está prestando para que sea despojen de su propia tierra.

Es evidente que todo este plan, que se presenta con apariencia de “progreso” o “desarrollo” de la región, se está implementando de manera ilegal, como ha sido la costumbre en la región. En primer lugar, esas vías no hacen parte de ningún Plan de Ordenamiento Territorial ni cuentan con licencias ambientales y menos con consultas previas a las comunidades; se apoyan en recaudación ilegal de impuestos extorsivos, rodeados de amenazas; su implementación está coordinada por una estructura criminal que ha inundado de sangre la región y ha sido premiada por un Estado criminal garantizándole absoluta impunidad por sus crímenes; la maquinaria pertenece a una estructura armada del Estado: la Brigada XVII, implicada también en centenares de crímenes impunes y que ha querido “lavarse las manos” de tanta sangre asumiendo tareas que no pueden ser asumidas legítimamente por una estructura armada, pues son tareas civiles, ya que su relación con las armas constituye una violación más extensiva y profunda de los derechos de la población civil. Pero quizás lo más perverso es que los objetivos de ese falso “progreso” o “desarrollo” está disimuladamente orientado al sevicio de empresas transnacionales de extracción de recursos mineros y energéticos que destruyen el ambiente y la salud humana y de una transformación económica de la agricultura a la ganadería, no menos destructiva, no solo del ambiente sino también de la producción alimentaria tradicional, esencial para la vida.

Algún funcionario del gobierno ha salido a defender tal monstruosidad, alegando que esas carreteras hacen parte de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que están previstos  en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (Numeral 1,2). Pero tal funcionario - Consejero Presidencial- no cae en cuenta que está actuando en contravía de lo que el Acuerdo de Paz establece sobre los PDETs. En efecto, allí se definen como objetivos primordiales de los PDETs: “el bienestar y el buen vivir de la población de las zonas rurales –niños y niñas, hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto (…) y El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades …” (No. 1.2.1)

¿Cree el gobierno que cumple con el Acuerdo  de Paz sin consultar lo más mínimo a las comunidades, a no ser en asambleas convocadas por paramilitares y juntas comunales cooptadas por éstos, engañando a los campesinos al destruir su economía campesina y familiar para cambiárselas por estrategias que arruinan los suelos y desplazan a sus pobladores, entregando la planeación, diseños e implementación a los victimarios que con más saña han destruido vidas en la zona: militares y paramilitares, y sometiendo a la población a impuestos extorsivos ilegales y empobrecedores? Esto es demasiado perverso.

 Ya son muchos los años que llevamos dejando constancias públicas de este tipo de barbarie que se esta implementando en la zona. De sobra conoce el gobierno que se están creando carreteras ilegales en esta región y todo con intereses corruptos de los poderosos de facto.

Es claro que los que están coordinando y controlando estos planes de “progreso” y “desarrollo” son los paramilitares y los que ponen el trabajo son las brigadas militares. Así lo han manifiestan personajes como Cesar Jaramillo, quien hace parte a la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-; según lo manifesta dicho personaje: ahora sí se van abrir carreteras por las veredas, lo cual ya es un hecho y ya existe la plata para ello. ¿Cuál será esa plata? ¿Será la que le quitan los paramilitares a los campesinos como impuestos extorsivos? 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 28 de marzo de 2021, en horas del día, en el corregimiento de Frasquillo, de Tierralta, Córdoba, fue visto un reconocido político de los paramilitares que controlan aquella región. Allí el control paramilitar es evidente y a la vez hay un puesto militar antinarcóticos recientemente colocado, que supuestamente controla, pero lo que se deja ver es que los que controlan son los paramilitares que permanentemente se movilizan por allí en embarcaciones tipo Johnson, de su propiedad, sin ser molestados por nadie.
  • El miércoles 31 de marzo de 2021, cuando una comisión humanitaria de nuestra comunidad pasaba por la vereda Baltazar, del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo notar que allí había una fuerte presencia paramilitar, pues en el camino se dejaban ver los puntos o informantes con radios de comunicación, los cuales pasaban con mucha prisa, seguramente para informar la presencia de nuestra comunidad.
  • El domingo 11 de abril de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz conoció informes según los cuales el señor CÉSAR JARAMILLO comentó de un plan que se estaría realizando desde la Brigada XVII del Ejército para continuar abriendo las carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó.
  • El lunes 12 de abril de 2021, nos llegaron informes de que los paramilitares estaban reuniendo a las juntas de acción comunal de diferentes veredas de San José de Apartadó para imponer a sus pobladores cuotas de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para empezar a abrir las carreteras que se estarían impulsando con maquinarias de la Brigada XVII del Ejército.
  •  El martes 13 de abril de 2021, en horas del día, se notó una fuerte presencia paramilitar en la vereda La Unión, de San José de Apartadó. Según informaciones recibidas, estaban muy cerca de nuestro asentamiento Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, en la vereda La Unión, y al parecer están haciendo recorridos desde la vereda El Porvenir, donde llevan varias semanas acantonados.
  • Este mismo martes 13 de abril de 2021, un grupo de paramilitares prohibió a unas familias de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, trabajar sus tierras, al tiempo que les ordenaron abandonar los potreros, cultivos y viviendas en la propiedad, o de lo contrario tendrían que abandonar la región.
  • El jueves 15 de abril de 2021, en horas del día, nos comunicaron que la junta de acción comunal de la vereda La Esperanza, de San José de Apartadó, se había reunido con otras juntas comunales para organizar una posible invasión a nuestra propiedad privada allí, según ellos, porque nuestra Comunidad de Paz no les ha permitido pasar por allí una carretera, carretera que está siendo construida por los paramilitares. Nuestra comunidad ha rechazado dicha carretera, pues los impulsores de la misma son los paramilitares. Es de conocimiento público que los paramilitares empezaron con maquinaria pesada a abrir esta carretera desde el corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo hasta la vereda La Esperanza y un ramal hacia la vereda Rodoxalí,  y cuando se investigó la legalidad de estas vías, ninguna institución de las que por ley debe intervenir en las licencias sabía nada de ese proyecto. La misma junta local manifiesta que se va a empezar a abrir con maquinaria de la Brigada XVII del Ejército, pero en días anteriores los mismos paramilitares habrían reunido a la población de la zona e impuesto unas cuotas entre $ 500.000 (quinientos mil pesos) y $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las máquinas de la Brigada.
  • El sábado 17 de abril de 2021, en horas del día, en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, fueron vistos dos grupos de paramilitares que se movilizaban camuflados y portando armas largas, cada uno de esos grupos contaba con unos 15 hombres, y se dividieron para patrullar y controlar la zona. Se sabe que uno de los encargados de mando es ALIAS SAMUEL, reconocido paramilitar de la vereda La Unión. Estos paramilitares llevan ya varias semanas allí, portando vestidos militares y armas largas y actúan a todas sus anchas y nadie los molesta. Aún se encuentran acantonados en esa vereda.
  • El miércoles 21 de abril de 2021, en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, muy cerca a la propiedad de nuestra Comunidad de Paz, hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados.
  • El jueves 22 de abril de 2021, hacia las 13 horas, y por más de 3 horas en la vereda la Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares reunió a los pobladores de varias veredas, Miramar, San José, La Linda entre otras, para imponer la suma de dinero que deben pagar, para contribuir con la construcción de la carretera que ya llega a la vereda la Linda proveniente del casco urbano de San José. La advertencia de los paramilitares en dicha reunión es que todo el mundo debe pagar la tarifa impuesta por ellos, quien no lo haga asume las consecuencias.  
  • En los últimos días, por las redes sociales han circulado fotos de reuniones y acuerdos entre pobladores del corregimiento de San José, con efectivos de la brigada XVII para la construcción de carreteras en San José de Apartado. Mismos proyectos que hoy impulsa e impone los paramilitares en veredas del corregimiento de San José con maquinaria y operadores de la Brigada XVII. Según las informaciones allegadas, en dicha reunión entre pobladores de San José y efectivos del Batallón Vélez ultimaban detalles para la apertura de carreteras en San José, después de terminado el encuentro un coronel afirmo a uno de los asistentes que la relación entre militares y paramilitares es conjunto. Que mas evidencia que por un lado los militares con sus máquinas y operadores de la Brigada XVII abren nuevas carreteras mientras los paramilitares van adelante imponiendo y obligando a los campesinos a contribuir con dicho proyecto.

El control paramilitar sigue siendo el sostén de los intereses económicos. Se ha llegado  al punto de que se prohíbe incluso trabajar la tierra, como estrategia para expropiar al campesino de su tierra o para que termine aburriéndose y vendiéndosela al mismo empresariado que contrata a los paramilitares para realizar el trabajo sucio.

Ahora no hay caminos aptos para transitar, pues el barro y el agua se apoderaron de lo que era un camino construido a pico y pala por muchos años.

Persiste el afán por exterminar nuestra Comunidad Paz y para ello el Estado y los paramilitares incentivan a la población a actuar en contra de nuestra Comunidad, todo con la promesa de construir carreteras ilegales a las cuales después no les van a hacer mantenimiento, porque no le interesa el campesino sino su destrucción y lastimosamente los campesinos se están prestando para su propia destrucción.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no siga destruyendo  nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 23 de 2021

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Publicado enColombia
Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

Publicado enColombia