La impune maquinaria del sicariato contra los dirigentes populares

El 11 de Enero, Alfamir Castillo, una emblemática luchadora popular del Valle del Cauca, fue víctima de un cobarde atentado mientras se desplazaba con su marido en la carretera de Pradera a Palmira. Hay que mencionar que esta carretera está altamente militarizada y tiene presencia policial permanente.

Alfamir Castillo ha vivido con un dolor muy grande: su hijo, Darbey Mosquera Castillo, fue asesinado por el Batallón de Contra Guerrilla No. 57 "Mártires de Puerres" del Ejército Nacional en Febrero del 2008, en una vereda de Caldas, donde el muchacho le habían ofrecido trabajo. Luego lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en el infame caso de los “falsos positivos”, cuando el “presidente de la paz”, Juan Manuel Santos, era ministro de defensa. Ese fue el asesinato sistemático de muchachos de escasos recursos, secuestrados por el ejército después de prometerles trabajo, para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, a fin de que la soldadesca y los oficiales pudieran cobrar beneficios económicos, ser promovidos en la jerarquía castrense y obtener vacaciones, beneficios que les garantizaba el “pacificador” Santos en su política de conteo de cabezas. Estos no fueron casos aislados: la investigación “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (2017), escrita por el ex policía y sociólogo Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavides, presenta evidencia de que hubo más de 10.000 casos. Esto fue un genocidio sin proporciones en la historia colombiana, y las denuncias de que la práctica no han cesado siguen en pie.


Alfamir Castillo, sin embargo, no es una mera víctima. Es una luchadora popular excepcional que ha convertido el dolor ocasionado por el cobarde asesinato de su hijo, en ternura para todos los oprimidos. En cada movilización, ahí está ella. Patiana de nacimiento, de un pueblo cerca del Bordo, ha vivido muchos años en Pradera, Valle, junto a su marido, un cortero de caña que está lisiado, aquejado por enfermedades ocupacionales derivadas del corte, en una batalla legal contra los ingenios para que le reconozcan la afectación que ha sufrido y lo compensen. Cuando el paro de los corteros en el 2008, allá estuvo ella, organizando el Comité de Mujeres Corteras de Caña para apoyar a sus esposos en esa lucha contra el Goliat azucarero. Su liderazgo fue clave para mantener la movilización de los corteros, un punto de inflexión en la historia reciente de las luchas populares. En esas correrías fue que la conocí, y aprendí a admirarla y apreciarla. El atrevimiento de enfrentarse a los zares del azúcar, a los Caicedo, a los Ardilla Lulle, los Cabal, los Eder, les ha costado caro a los corteros: la mayoría de quienes lideraron ese paro, han debido enfrentar agresiones, atentados y el desempleo.


Alfamir no ha estado al margen de esta situación. Varias veces ha tenido que salir desplazada de Pradera por amenazas en su contra. En el 2012, incluso, recibió el “beneficio” de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], pero no pasa nada. En Cali, desplazada, la atacaron una vez con una jeringa. Otras veces le han apuntado con pistolas. Ahora la cosa fue a tiros. Tres tiros en contra de la camioneta en que se desplazaba, ninguno de los cuales la alcanzó, afortunadamente. Ese día había recibido dos amenazas, en las que le decían, “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tú no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…” y “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere” [2]. Tu insolencia a “mi” comandante… más claro echarle agua.


Estuviera esto pasando en Venezuela, ya habría escándalo internacional, y los representantes colombianos, con espuma en la boca, estarían pidiendo sanciones en la OEA y la ONU. Pero como es Colombia, todo pasa de agache porque el asesinato de dirigentes sociales se ha vuelto un deporte: casi 300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz el 24 de Noviembre del 2016. Es decir, en poco más de dos años. Asesinatos selectivos, la mayoría después de amenazas, los cuales buscan descabezar las organizaciones sociales. Un auténtico socialicidio, como lo he llamado en ocasiones anteriores [3]. Ante quienes plantean que “el conflicto es muy complejo para saber de dónde vienen los tiros”, que pueden ser muchos sospechosos, etc. recientemente, la Universidad del Rosario ha publicado una sistemática investigación en la cual demuestran: uno, que la mayoría de los asesinados es por disputas de tierra y que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, las milicias privadas de ganaderos y terratenientes[4]. El mismo estudio abofetea al manoseado argumento, repetido por la socialbacanería hasta el cansancio antes del acuerdo de paz, de que “una vez acabadas las FARC-EP se le acabaría a la oligarquía la excusa para matar y se tendrían que volver demócratas”, demuestra que en las zonas donde existía las FARC-EP y éstas se desmovilizaron, es donde se concentra la mayor parte de los crímenes recientes.


Acá están claros los móviles de los asesinatos y los sectores sociales detrás de ellos: lo que no hay es voluntad política para coger al toro por las astas. Contrasta la ineficacia para encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes en contra de las organizaciones populares, y dirigentes sociales y de izquierda, con la asombrosa eficiencia demostrada por la policía para capturar y encerrar en la cárcel (¡en menos de 24 horas!) a un pobre muchacho que, de broma, comentó en Facebook que asesinaría a uno de los hijos de Uribe Vélez: sin ninguna intención de realizar el crimen, sin organización detrás, sin ningún arma, pasó varios meses en la cárcel mientras la Fiscalía pedía 15 años de cárcel [5] … por un comentario pendejo en las redes sociales. Pero a los líderes sociales se les estigmatiza por los medios, se les señala con el dedo, se les amenaza, se les asesina y nada. No pada nada.


El grado de podredumbre del régimen colombiano alcanza niveles realmente sórdidos… en las raras ocasiones en que la justicia medio afecta, así sea tibiamente, a sectores poderosos de la sociedad, inmediatamente comienza a moverse una maquinaria macabra que intimida y asesina a potenciales testigos en contra de sus “patrones”. El caso Odebrecht, que salpica a Uribe, a Santos y a todos los círculos del poder, ya ha tenido tres testigos claves del proceso muertos en extrañas circunstancias: José Pizano, su hijo Alejandro Pizano (ambos envenenados con cianuro) y Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de Santos, que apareció muerto en un aparente suicidio. Ahora, el tema de los falsos positivos ha entrado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aun cuando esto debería ser materia de las cortes comunes y corrientes porque es un crimen que no puede justificarse de ningún modo en el marco del enfrentamiento del Estado con las FARC-EP. Gracias al proceso de paz, y al abuso que se está haciendo de la JEP, los militares que tanto esfuerzo habían sido castigados por los “falsos positivos” están saliendo de las cárceles. Pero así las cosas, este tribunal, sin dientes, es inaceptable para los altos estamentos castrenses porque en la JEP se sabrá que este no fue un tema de “manzanas podridas” entre los bajos y medios mandos. La JEP, hecha a la medida de la clase dominante, siendo muy difícil que ningún miembro del Estado reciba condena alguna, careciendo de dientes ante los poderosos, pero potencialmente con afilados colmillos para los exrebeldes, es demasiado para una oligarquía acostumbrada a la impunidad absoluta.


El general Mario Montoya hoy enfrenta cargos por los falsos positivos, y ya comienzan a llover amenazas y tiros contra los testigos. El abogado de Alfamir señala que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado” [6]. Por si queda dudas de qué círculo provienen las amenazas y las agresiones en contra de Alfamir, en Octubre, ella participó en una de las audiencias contra Montoya por el tema de los “falsos positivos”; ese mismo día la amenazaron y le dijeron que no se volviera a aparecer por las audiencias [7].


Si Alfamir, una mujer de una valentía realmente admirable, recibe este golpe… ¿quién se va a atrever a levantar el dedo contra Montoya? Si poderosos testigos del caso Odebrecht están muriendo, ¿qué misericordia de la máquina sicarial puede esperar una mujer negra, esposa de cortero, una mujer pobre como Alfamir? El sistema ha mostrado una crueldad espeluznante hacia Alfamir y su familia: asesinándole un hijo, amenazándola y atacándola constantemente, con los ricos del Valle negándole una miserable pensión a su marido. Negándoles sistemáticamente cualquier reparación, cualquier asomo de justicia. Pero ahí está pintado de cuerpo entero y sin afeites. Es increíble que después de tanto dolor, de tanta saña contra ella, no le hayan logrado silenciar ni amedrentar. Inmediatamente después del atentado su voz, esa voz que tanto han querido callar, volvió a hablar fuerte, claro, lozana, para decir lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen (…) ¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia? (…) Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación. No podemos permitir que esto siga pasando” [8]. Con la porfía de Antígona, Alfamir no descansará hasta que haya justicia. Y todos a quienes nos palpita el corazón por la justicia social, por la libertad, tenemos que rodearla para que siga en su lucha que es nuestra lucha.


Alfamir, hermana, amiga, compañera… recibe nuestras manos solidarias abiertas para seguir tejiendo resistencias a la infamia.

Por José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Notas
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-de-madre-de-victima-articulo-380721
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[3] http://anarkismo.net/article/30859
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251112&titular=%93a-los-l%EDderes-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-miner%EDa-o-coca-como-por-
[5] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6735011https://www.semana.com/nacion/articulo/absuelto-nicolas-castro-acusado-amenazar-hijo-del-expresidente-uribe/246349-3
[6] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[7] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-solicita-con-urgencia-proteccion-para-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra
[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-83375

 

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Daniel Prado: “Los paramilitares llegaron a tener un presidente”

Daniel Prado es abogado de la parte civil en el caso Los 12 Apóstoles y defensor de los Derechos Humanos en Colombia.

 Entre los días 3 y 7 de diciembre, se celebraron en Colombia las audiencias finales del caso de Los 12 Apóstoles. Si Daniel Prado obtiene el fallo favorable del juez, a principios de 2019 Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, podría pasar 40 años en prisión tras un juicio sin precedentes en la historia colombiana. Un proceso que se remonta a 1997 y a crímenes que tuvieron lugar en la década de los 80 que podría demostrar, por vez primera, las relaciones entre los grupos paramilitares con la alta clase política y con las fuerzas de seguridad en Colombia.

El grupo contrainsurgente Los 12 Apóstoles toma su nombre de uno de sus integrantes, que era u sacerdote. En el juicio, se le atribuye a Santiago Uribe, de manera directa, el asesinato del conducto de autobús Camilo Barrientos, aunque también se le acusa de estar al mando de este escuadrón de la muerte. Los 12 Apóstoles cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron como delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fue la llamada limpieza social de las personas políticamente incómodas en Colombia.


Daniel Prado responde sin prisa en una cafetería del centro de Madrid. Llama la atención su lenguaje llano. Se aleja lo máximo posible de lo que se esperaría de un hombre “de derecho”: pocos tecnicismos, opiniones políticas y un lenguaje que se aleja de lo intrincado. Responde a todo, pero, cuando escucha la pregunta sobre las amenazas a defensores de los derechos humanos, le cambia la cara. Se deduce por su gesto que ha sufrido la pérdida de alguien cercano, y eso le invita a no responder. Hay un largo silencio. La pregunta cambia. Sigue contestando con total normalidad, como si no hubiera existido ese momento incómodo.


¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?


Se le vincula con la muerte de Carlos Barriento en 1994, un conductor de lo que en Colombia se conoce como una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y también se le acusa de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De haberlo creado, de haberlo financiado y ser parte de la estructura del grupo. Es el delito de concierto para delinquir con fines para financiamiento de grupos paramilitares.


¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles , al igual que su hermano?


Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de vigilancia privada. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los derechos humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. En el año 94 se eligió a Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y, para finales de los 80, en la región del sureste antioqueño, tienen gran presencia los grupos de vigilancia privada. Son los que comienzan a hacer las campañas de limpieza social en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una incidencia grande en la política colombiana.


Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso que adelantamos. Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.


¿Está diciendo que la casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenece a los dos hermanos y no solo a Santiago?


Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esta época. La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.


La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar. ¿Cuál era esa relación?


Se habla de que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa. En esta familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar. Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez [Prado muestra en su teléfono móvil la portada]. Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.


¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?


Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de las fuerzas públicas; es más, en la hacienda de la Carolina había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.


Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares. Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otro ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la seguridad privada como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada. En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de seguridad comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.


¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los derechos humanos en Colombia?


Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.


Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. ES parte de la dignidad del ser humano.


¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte del Estado?


Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenan al Estado colombiano blindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer es algún tipo de presión; es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los derechos humanos, en este caso por la mía también.


¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?


El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos acuerdos. [El anterior Gobierno] tuvo como única finalidad ocultar las actuaciones que cometieron, específicamente su relación con el apoyo y financiación de grupos paramilitares.


En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los 'Falsos Positivos'. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos. Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.


¿Iván Duque supone un cambio como sucesor del ahora senador Uribe respecto a estas políticas de seguridad nacional?


Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna el cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?


Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones. El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable. Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en su gobierno? ¿Cuántos funcionarios de su gobierno no están en la cárcel por corrupción? El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.

Por OSEBA TORRONTERAS / ÁLVARO BRAVO

PUBLICADO
2018-12-12 06:06:00

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Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos visita Colombia

Por estos días, finales de noviembre de 2018, se encuentra en visita oficial a Colombia el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.

El Relator Especial, Michel Forst, está en Colombia desde el 20 de noviembre y prolongará su estancia hasta al 3 de diciembre. El objetivo de su visita: evaluar la situación de los defensores de los Derechos Humanos y los esfuerzos del Gobierno para protegerlos y garantizar su labor.

La última visita oficial de este tenor a Colombia sucedió entre el 7 al 18 de septiembre de 2009, por la Relatora Especial de aquel entonces, la Sra. Margaret Sekaggya, quien en su informe del 1 de marzo de 2010 llamaba la atención sobre la estigmatización y difamación sistemáticas de los defensores por funcionarios públicos, incluso, por las declaraciones públicas hechas por el presidente de entonces –Álvaro Uribe– que presentaba a los defensores de los Derechos Humanos como “cómplices de grupos terroristas o guerrilleros”.

En aquella visita, la Relatora Especial mostró especial preocupación por la vigilancia ilegal generalizada que llevaban a cabo los servicios de inteligencia civiles y militares; los arrestos sin mediar orden judicial válida y “procedimientos penales abiertos sin fundamento contra defensores de los Derechos Humanos por delitos contra el orden constitucional ("rebelión") y la seguridad pública ("terrorismo"), sobre la base de informes de los servicios de inteligencia militares y civiles y los testimonios de testigos nada fiables”. Además de las amenazas, asesinatos, desapariciones, estigmatización, seguimiento ilegal, judicializaciones en las que se encontraban involucrados agentes estatales.

Una de las situaciones mencionadas en aquel informe, con plena vigente, son las medidas de protección ineficaces:

[...] los asesinatos y desapariciones constantes de defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales eran beneficiarios del Programa de protección, como en el caso de Ualberto Hoyos, ponen de manifiesto las limitaciones del Programa y de otras medidas de protección para evitar los ataques contra los defensores.

Luego de 10 años de la primera visita de la Relatoría Especial, podemos decir que han ocurrido cambios significativos en el contexto nacional. Hace una década el discurso antiterrorista de la política de seguridad democrática negaba la existencia de un conflicto social y armado, y hacía imposible pensar en la solución política al conflicto armado, al cual le adjudicaban el origen de la inseguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos.

 Hoy la visita del Relator Michel Forst se da en un contexto en el que el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno nacional, permite pensar que la situación de los defensores de Derechos Humanos presenta mejoras significativas; sin embargo, estamos frente a hechos que expresan lo contrario. Según las cifras oficiales del Boletín No. 087 del gobierno nacional, entre el 2016 y el 27 de julio de 2018, 183 líderes y defensores de DD.HH han sido asesinados .

El Programa Somos Defensores, en su informe anual 2017 afirma que en este año fueron agredidos 560 defensores de DD.HH (106 asesinatos (incremento del 32.5 %), 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible) en el que se destaca la focalización de la violencia en zonas rurales . Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su Informe Anual 2017 registraron 121 asesinatos (84 DDH, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales) 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (seguimientos, fotografías, robo de información, entre otras) 4 desapariciones forzadas y el acceso carnal violento de una mujer activista.

Sin duda estas cifras generan preocupación y hasta controversias. Recientemente el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, manifestó que “El debate de las cifras no debe retrasar un debate mucho más serio sobre las causas estructurales y cómo abordarlo de manera integral. Si no lo hacemos seguiremos contando los muertos. Yo no quiero participar en ello ”

¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales?

El abordaje del problema sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a defender los derechos estaba sujeto hasta hace poco (aún persiste esta visión) al problema de orden público derivado del conflicto armado. Hoy se pone en duda que el conflicto armado con la guerrilla de las Farc haya sido el principal factor de riesgo, pues tras su desmovilización, persisten los ataques contra defensores.

Esto hace suponer también que el proceso de paz y el supuesto tránsito al postconflicto encubre de una parte, la persistencia del conflicto armado en el que participan otras fuerzas insurgentes (Eln, Epl, disidencias), contrainsurgentes (Fuerzas Militares y paramilitares) y organizaciones criminales que se disputan los territorios y escenarios abandonados por la FARC-EP. Pero también hace pensar que el conflicto armado encubria una violencia mayor, estructural, en la que participan actores económicos y políticos poderosos que ven en la defensa de los derechos humanos una amenaza a sus intereses.

Recordemos que el recién electo presidente Iván Duque (2018-2022), representa la continuidad del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por su política de seguridad democrática que fortaleció a las fuerzas militares y las acciones cívico militares; la promoción de la confianza inversionista y la limitación de derechos y las libertades civiles . El “nuevo gobierno” llegó al poder oponiéndose al acuerdo de paz y la salida política negociada del conflicto armado.

Este proyecto político, desde el inicio de funciones del nuevo gobierno, se caracteriza por sus declaraciones en contra de la protesta social que ha sido una forma de exigibilidad de derechos. El Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien viene del gremio de los comerciantes (Fenalco) aseguró en declaraciones públicas que “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y que detrás de los cierres de vías siempre hay mafias organizadas, estigmatizando y deslegitimando a quienes acuden a la protesta, violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

En las recientes movilizaciones de los estudiantes que reclaman mayor presupuesto para las universidades pública y el mejoramiento de la calidad desde una perspectiva del derecho a la educación han sido reprimidos por la fuerza pública, quienes según denuncias circuladas por redes sociales, han infiltrado las movilizaciones con agentes de la policía vestidos de civil para promover disturbios, detener y judicializar a los estudiantes.

El nuevo gobierno, aunque ha aceptado a regañadientes el Acuerdo de Paz con las Farc ante la comunidad internacional, ha manifestado que hará ajustes importantes a los mismos, lo cual pone en serio riesgo algunos avances en materia de seguridad y protección de los líderes sociales y políticos declarados en oposición. En el Acuerdo de Paz se incluyeron medidas de política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores/as de derechos humanos (El Decreto Ley 154 de 2017 y Decreto Ley 898 de 2017) medidas de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 / 2017) y política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (Decreto 1581/2017)

El nuevo marco normativo derivado del Acuerdo de Paz también apuntaba, entre otras cosas, al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, particularmente a la Defensoría del Pueblo, quién ha cumplido una importante labor en el monitoreo de la situación en territorio a través del sistema de alertas tempranas (Decreto 895/2017), avance parcial que se encuentra en grave riesgo debido a la situación denunciada recientemente por el sindicato de la entidad quien manifiesta su preocupación tras las amenazas de muerte contra tres funcionarios quienes tuvieron que desplazarse desde sus lugares de trabajo, situación ante la cual, el sindicato reprocha el silencio del Defensor del Pueblos Carlos Negret.

Nada nos hace pensar hoy que el Acuerdo de Paz se cumpla y que se acuda a un enfoque más amplio de protección a los defensores de Derechos Humanos, por el contrario veremos un incremento de las estigmatizaciones, judicializaciones y medidas represivas ante lo que el gobierno llama “vandalismo”, “polarización”.

Ante este panorama esperamos que la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas evidencie la real situación por la que atraviesa Colombia en este aspecto, y ejerza presión internacional al “gobierno de Duque” para llevar los riesgos de los Defensores de Derechos Humanos a un nivel manejable que permita la acción social y política.

 

 

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Doce Apóstoles, testigos y asesinatos: Colombia se prepara para un fallo histórico contra el hermano del expresidente Uribe

Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, Colombia sigue buscando justicia, esta vez, en el agujero del paramilitarismo


Entre los días 3 y 7 de diciembre se conocerá el fallo en el que se piden hasta 40 años de cárcel para Santiago Uribe, hermano del senador


Con este caso quedaría demostrado "el uso de la criminalidad para llegar al poder político", dice Daniel Prado, abogado de la parte civil en el caso de los Doce Apóstoles


La investigación en torno al hermano del expresidente de Colombia Santiago Uribe llega a su fase final. Entre los días 3 y 7 de diciembre se conocerá la sentencia contra este ganadero al que la Fiscalía acusa de dos delitos: de la conformación del grupo paramilitar de los Doce Apóstoles y del asesinato del conductor de autobús Camilo Barrientos en el año 1994.
El hermano del ahora senador lleva siendo investigado 20 años, sin embargo, el proceso ha sido archivado en varias ocasiones por falta de pruebas y porque se cuestionó la credibilidad de varios testigos. Los Uribe defendían que se trataba de una persecución política. Sin embargo, en el año 2010 todo cambió gracias al testimonio del policía Juan Carlos Meneses que señaló directamente a Santiago Uribe.


El comienzo de los años 90 en Colombia es una época oscura en la que grupos paramilitares, que primero se formaron dentro de la legalidad y que llevaban a cabo las llamadas "limpiezas sociales", se convirtieron en el brazo armado del poder contra la guerrilla. Una de las zonas calientes de la época se sitúa en Antioquia, zona en la que los Uribe tienen numerosas propiedades como la finca de la Carolina y en la que, al parecer, operó el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles. La organización tomó este nombre porque uno de sus miembros era un sacerdote.


La cifra varía entre unas fuentes y otras, pero los defensores de los derechos humanos aseguran que el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles fue responsable de más de 500 asesinatos a principios de los 90. El grupo se encargaba de llevar a cabo labores de 'seguridad' y ' limpieza' matando de manera aleatoria tanto a miembros de la guerrilla como a drogadictos.


"En el año 1996 se determina que las pruebas no son serias", dice Daniel Prado, abogado de la parte civil en este proceso. "En el año 2010 aparece un oficial de la policía colombiana, que prestó servicio como comandante en la sección de Yarumal y cuenta cómo prestó su colaboración para los delitos que cometieron los Doce Apóstoles", narra en la redacción de eldiario.es. "Además de eso, hace referencia a que la persona que dirigía el grupo para militar era el señor Santiago Uribe Vélez".


Según las palabras del abogado, la repercusión que puede tener un fallo en contra de Santiago Uribe es la demostración de algo que se ha denunciado en Colombia desde hace décadas: el uso de la criminalidad para llegar al poder político en el país. "Este es el inicio de lo que después se conoció como el paramilitarismo".


"Si logramos demostrar que esto no solo se produjo en la región de Antioquia sino que esta política también se utilizó en otra hacienda propiedad de los Uribe como es la de las Guacharacas en esos mismos años, podremos ver que realmente fueron ellos los que iniciaron ese laboratorio de una política para garantizar el ser dueños del poder económico y político de Colombia", asegura Prado.


¿Un hito en la justicia colombiana?


En Colombia, las autoridades han condenado a muchas personas "vinculadas a los partidos políticos que han apoyado a Uribe Vélez en diferentes candidaturas por su participación con grupos paramilitares y muchos de los miembros de los gobiernos de Uribe están hoy condenados por delitos de corrupción", recuerda Prado.


Sin embargo, este es un proceso único porque apunta directamente a un presidente y porque no hay ningún otro que haya llegado a estar tan avanzado. Prado considera que Álvaro Uribe, desde lo alto del poder, ha conseguido frenar otras investigaciones que seguramente le hubieran salpicado. "Será histórico, esperamos, en la medida de que después de 20 años se conozca por fin la verdad sobre estos homicidios del grupo de los Doce Apóstoles", asegura Andrés Celis, investigador especializado en paramilitarismo de la Universidad del Rosario.


Aún con todo, los especialistas dudan de que esto repercuta de manera directa en el senador. "Al expresidente lo pueden ver un día matando a la mamá y al otro ganar las elecciones. Es uno de los famosos populistas", dice Ariel Fernández Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. "Políticamente es muy difícil que le pase algo. Ni sus militantes, ni los senadores van a renunciar. Controla su partido y todo aquel que lo apoya sabe que esto podía pasar en algún momento". Fernández Ávila ha reconocido en eldiario.es que, aunque se piden "entre 27 y 40 años de cárcel" para el ganadero Uribe, "en la vida real" cumpliría como mucho "10 o 12".


Por su parte, el nuevo Gobierno encabezado por Iván Duque, apadrinado de Uribe, parece dispuesto a enfriar el acuerdo de paz alcanzado hace dos años con las FARC y un posible acercamiento al ELN.


"Quienes manejan el poder el Colombia han entendido que si el país logra la pacificación", alerta Prado sobre la pausa en los diferentes procesos de pacificación con los grupos de guerrilla, "la sociedad va a buscar un cambio y va a tratar de escoger entre modelos económicos y futuras administraciones del país". "Colombia tiene una corrupción absoluta en todas las esferas del poder público y hay once millones de personas que salieron a la calle para pedir que se acabase con esto. Eso se puede traducir en once millones de votos y Duque consiguió diez millones", apunta.


"Necesitan la presencia de un enemigo interno, de una guerrilla armada, para seguir manteniéndose en el poder. Ellos son las mismas personas que manejan hoy el país", concluye.

Por Cristina Armunia Berges
23/11/2018 - 19:32h

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“Seguimos desenterrando la barbarie de la guerra en Colombia”

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, próximo a dejar su cargo, afirma que sus investigaciones han contribuido a sacudir a la sociedad

Gonzalo Sánchez (Líbano, Tolima, 1945), autor de libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, forma parte de la camada de investigadores que se llegó a conocer como los “violentólogos”. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional, con un máster de la universidad de Essex y un doctorado en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, dirige desde el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que pasó a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado. En decenas de informes, el CNMH, surgido de la ley de víctimas de 2011, ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia por más de medio siglo.

Sánchez ya ha anunciado su retiro del cargo. “La memoria se convirtió en un patrimonio público, de los colombianos pero también de la humanidad”, dice a EL PAÍS en su estudio, en el tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, al repasar su labor. El nombramiento de su sucesor ha despertado intensos debates en un momento delicado para la implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que el pasado 7 de agosto relevó a Juan Manuel Santos. Advierte que “lo que estamos viendo en relación con la tareas del centro es la puesta en marcha, en vivo, en escena, del relato como un nuevo campo de batalla”.


Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


Respuesta. Es un momento muy extraño. Es un cruce de algo que se vivió en los últimos cuatro o cinco años, que era un horizonte de esperanza, con el cambio generado por las elecciones, que se traduce en un momento de incertidumbre. Parecería haber todavía alientos para la esperanza, pero eso se ve más desde afuera que desde adentro. La gente que está mirando desde fuera, con la experiencia de análisis de los conflictos armados, hace una invitación permanente a la paciencia, a que a los cambios sobrevinientes a un proceso de negociaciones hay que darles unos tiempos.


Hay signos muy complejos. Un proceso de paz exige muchísima definición, compromiso, decisión sobre lo que hay que apoyar. Los mensajes que se mandan desde toda la institucionalidad suenan todavía ambiguos. Los signos sobre la consolidación de lo que supuestamente debía estar en marcha no son tan alentadores. No hay unas líneas claras que permitan mantener muy firmemente el optimismo. A todo esto se agrega un contexto internacional muy poco favorable, por lo menos en el vecindario. El proceso va a sobrevivir por la inercia de lo que es, pero vamos a estar en aguas procelosas un largo rato.

P. En su momento, en Colombia se usó mucho la expresión de que los astros estaban alineados para alcanzar el acuerdo con las FARC.


R. Los astros se desalinearon demasiado rápido. Si se hubieran desalineado con cuatro o cinco años del proceso andando en forma, el barco resiste bien, pero es que aquí la tempestad le madrugó al embarque. Estamos en una situación difícil.


P. Parecería que Colombia no quiso ver la barbarie de la guerra mientras ocurría. ¿Los informes del CNMH le han abierto los ojos?


R. Sí. Cuando lanzamos el primer informe sobre la masacre de Trujillo con mucha fuerza, en 2008, el impacto fue tremendo. Y seguimos desenterrando esa barbarie: las masacres de El Salado, de La Rochela, de El Tigre, de Bahía Portete (…). Y seguimos año tras año mostrando los múltiples rostros de la masacre, las enormes cifras de la tragedia que el país había vivido, cuando comenzamos a mirar procesos ya no locales o regionales sino temas globales como el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento forzado. Las cifras escandalizan al país, pero por momentos. La toma de consciencia del impacto de la guerra es de grandes relámpagos. Es una lucha de la memoria y de la verdad permanente por ser reconocida, de lo que se ha ido mostrando paso a paso. Parecería como si se necesitara otra vez que se prendiera la guerra para que la sociedad volviera a descubrir qué tanto se había ganado con la paz.


P. Hay cifras difíciles de entender, como la de 4.000 masacres o más de 80.000 desaparecidos. ¿Alguno de los informes lo impactó particularmente?


R. El de la desaparición forzada, que vimos crecer como fenómeno en el proceso investigativo. Cuando empezamos, las cifras que se manejaban eran de cinco, siete mil desaparecidos en el país. Esas cifras se nos van creciendo gradualmente, y ahora llegamos por el proceso mismo de esclarecimiento a esta cifra escandalosa de más de 80.000 desapariciones en la democracia colombiana. Las dimensiones fueron superiores a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur, y no habíamos visto eso.


P. ¿Algún otro?


R. Todos los informes fueron terribles, esto fue un proceso de conmoción repetida. Cuando se descubre Trujillo, con esas formas de la violencia asociadas a la motosierra, eso sacudió al país. Escuchar la violencia de El Salado, ejercida sobre una población inerme recogida en una pequeña plaza, y cómo comenzaron en un acto ceremonial, ritual, a ejercer las formas más perversas de tortura a los ojos de todos los que quedan vivos, de niños y mujeres, hasta llegar a liquidar a esa población… Sí, yo creo que el centro ha contribuido enormemente a través de este trabajo a sacudir a la sociedad colombiana.


P. ¿Qué le diría a su sucesor o sucesora en el cargo?


R. Que la confianza que se ha construido con las comunidades hay que protegerla, guardarla y proyectarla. Segundo, que debe tener una mirada muy abierta, muy integral del conflicto, para que el centro siga manteniendo su legitimidad, el reconocimiento de todas las víctimas, de todos los actores, de todos los responsables y de todos los territorios. Es decir, esa vocación globalizante del conflicto es la que le da la legitimidad que se está defendiendo ahora. Y el tercer punto, el trabajo del centro se convirtió en un referente político muy importante en el país, y hay que continuar abriendo los actores que entran a la conversación de la memoria. Nosotros la iniciamos y quisiéramos que se protegiera, no solamente para las víctimas, para la sociedad.


P. Algunas organizaciones han hecho un llamado a defender la visión amplía y pluralista del CNMH. ¿Siente que su legado en este momento de cambio de gobierno está bajo riesgo?


R. Los mensajes no han sido muy claros. Yo confiaría en que después de esta movilización que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la memoria, de los archivos, de la apertura a escuchar las diferentes voces que han vivido la guerra en el país, la nueva dirección que sea dé cuenta de esa diversidad enorme que es la diversidad del conflicto. El peor mensaje que se le puede mandar a la sociedad es que el centro se va a convertir en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas.

Por Santiago Torrado
Bogotá 27 OCT 2018 - 11:09 COT

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Colombia. Recordar el silencio, resistir al olvido. 20 años después de la masacre paramilitar en Monteloro

Silencio. Abandono. Soledad. Todas las palabras que fluyen y no fluyen están atravesadas por el dolor y la rabia. En la vereda de Monteloro, Barbosa (Antioquia), la tarde noche del 27 de junio de 1998 un grupo de paramilitares con confianza abusiva asesinó a seis personas. Destructiva crueldad. Dos décadas después no hay justicia en una vereda llena de ausencias. De dolores que carcomen. De nunca decir. Y de nunca ser escuchados.

Se habla de “paz” en Colombia por no decir guerra y apenas hay voces que salgan a decir lo contrario porque están silenciadas y las que no, son asesinadas. Muchos lugares están sometidos al silencio. Cada vez son más los lugares de los que no sabemos nada, de los que no sabemos qué ha pasado, qué está pasando. ¿Por qué será?

 

Escribir palabras, captar imágenes es quedarse largo rato adentro de ellas, buscando oír la voz de la experiencia vivida de la violencia. Una humilde resistencia al olvido. Un relato sobre un relato de lo real que resulta aterrador al mostrar la historia de las familias que sobreviven a la muerte con tal naturalidad.

La vereda de Monteloro a casi una hora de Barbosa, por caminos de tierra no transitables para la mayoría de coches, es un territorio donde se vive en una sensación generalizada de silencio. Silenciar es una estrategia militar de guerra, pero también el silencio es una forma de sobrevivir.

Silencio. Aquí no les gusta que uno hable. Que uno recuerde. La masacre de Monteloro sucedió hace 20 años. Nadie sabe. No quedó nada. Muchos se fueron. Apenas queda la coexistencia silenciosa de familiares y vecinos. Pues siempre habrá cosas que no se hablen, conversaciones que no se acaben y oídos sensibles al silencio.

 

"Esta herida: un hecho. Esta manera de quebrase y de caer: un lugar (Cristina Rivera)"

Abandono. El lugar. La casa donde ocurrió la masacre está desolada. Era una tienda de mercado, ahora cerrada. Abandonada. Tapiada. Una pared de ladrillos, apenas una cruz. Lejana. Encerrada en los acontecimientos de aquella noche.

Los hechos sucedieron allí, en esa casa, con seguridad pasmosa en lo que hacían y con la confianza abusiva infundada por la impunidad, llegó un grupo de paramilitares y asesinaron a Antonio Vanegas, Emilio Agudelo y sus hijos, Ricardo y Héctor. “Pongan guaro y prendan la música, que se prendió esto” les ordenaron antes de asesinarlos. Un guión frenético que invadió la casa, la intimidad. Su historia.

Previamente habían asesinado en su finca a Álvaro Sánchez y después a apenas 1 km por el camino mataron a Rodrigo Monsalve. Esa noche sabemos que seis vidas fueron arrebatadas por el paramilitarismo. El total de gente asesinada por estos grupos armados supera los cientos de miles y no deja de aumentar. Los vínculos y las conexiones entre el gobierno, el ejército y el paramilitarismo permiten esta impunidad y el no saber a cuánta gente han asesinado.

 

"Los vínculos y las conexiones entre el gobierno, el ejército y el paramilitarismo permiten esta impunidad y el no saber a cuánta gente han asesinado".

 

“Allí mataron a otro señor, aquí a mi papá, un tiro, mi hermano en esas piedritas de allí y otro hermano mío justo aquí.” “Aquí fueron cuatro, allá abajo para los lados de arriba otro y el otro allá lo colgaron y lo dejaron zarandeándose de la cabeza".

“Una se lastima recordando, pues todo lo que viene de la familia es dolor.” Al suceder esto, se gesta un silencio perpetuo. Una mirada evasiva. Una soledad asustada. Miedo. Que se complementa con los recuerdos. La gente no olvida. Recuerdan. Es horrible el irrastreable dolor de la muerte. Recuerdan al preguntarles y rememoran sin necesidad de preguntar.

¡Macabro! ¡Dolor!

 

 

Ariel Arango

 

La memoria de lo que sucedió se presenta como la entrada a ese pasado que llevó a Monteloro a ser lo que es. Los ecos de ese pasado construyen la complejidad del silencio y la impunidad de las masacres.

"Mi suergro, Emilio, les gritaba no vayan a dejar huérfanos a estos niños. Mi marido y yo en el suelo. Llorana. Mi hijo mayor tenía entonces dos años. Lloraba. Se llevaron a mis hijos dentro de la casa, los encerreron. A mi me pusieron en el balcón para que viera cómo los maltrataban... Perdí la conciencia".

 

"Murieron en el exceso de las miradas. Murieron frente a las familias. Después de asesinarlos, decapitaron a dos de ellos. A continuación, les obligaron a mirar mientras ellos jugaban al fútbol con sus cabezas".

 

Una forma extrema de crueldad ejercida sobre los cuerpos. Entre risas y patadas, la crueldad de los perpetradores agregó una intención de hacer sufrir todavía más. Cuerpos descuartizados. Profanados.

 


Ariel Arango
 

No volver nunca a la muerte. Quedarse en la muerte. Soledad impuesta por la muerte. Ellos ya no están.

“Mi papa era lo más querido que hay en esta vida.” La muerte ronda con fuerza. Y los imaginarios se insertan en la cartografía del terror, confundiéndose los relatos que parecen pesadillas en vida. La línea difusa entre lo real y lo que creemos que es fantasía desaparece, los sueños son parte del mundo real. “Una hermana mía estaba en embarazo y soñó cómo asesinaban a nuestro papá y perdió al muchacho… nunca se me olvidará eso, se despertó gritando.”

La gente tiene terror a soñar. Pero es en el único momento en el que pueden volver a verles. Un psicólogo llegó tras la masacre y les dijo que las fotografías, los retratos, todo eso siempre escondido. Cómo si por no verles desapareciera el dolor. Cómo si por no verles ya no hubiera sucedido.

Algo así como la impunidad. Tan sólo una mujer, ya mayor, se negó a esconder la fotografía de su hijo. Está colgada en la pared de su cocina, donde todo está envuelto en bolsas de plástico. Apenas pasa tiempo en Monteloro puesto que se desplazaron a la ciudad. Una hija de ella le repite que quite esa fotografía. Y ella siempre responde, no. Resistencias al olvido.

 

Ariel Arango

 

La Fiscalía no indaga. Las caras de los asesinos - de los paramilitares - estuvieron visibles todo el tiempo. Podrían ser descritos. Localizados. Quién sabe. Nunca ocultaron sus rostros. Podría hacerse un retrato de cada uno de ellos. Pero la Fiscalía no indaga. No pregunta. No quieren saber quiénes fueron. Y pareciera que ya no importarse más porqué los mataron. Pero así matan aquí: por nada.

En la tienda de abajo había un teléfono, el único por aquel entonces en toda la vereda. Empresas Públicas de Medellín lo trajo. La Junta de Acción Comunal se encargaba de su manejo. Antonio era el presidente. Ese fue el motivo. La excusa. La razón. El tema. El fundamento. El pretexto. Aludieron a que ellos lo habían prestado a la guerrilla.

 

"En la tienda de abajo había un teléfono, el único por aquel entonces en toda la vereda. Empresas Públicas de Medellín lo trajo. La Junta de Acción Comunal se encargaba de su manejo. Antonio era el presidente. Ese fue el motivo. La excusa. La razón. El tema. El fundamento. El pretexto. Aludieron a que ellos lo habían prestado a la guerrilla".

 

Si no hay cadáver no hay muerto. Si no hay muerto no hay víctima. Si no hay víctima no hay victimario. Si no hay victimario no hay delito. Así dice la teoría penal.

Aquí sí hay cadáveres, hay muertos. Sí hay muertos y hay víctimas. Sí hay víctimas y hay victimarios. Sí hay victimarios pero parece ser que en ambos caso no hay delito que se busque juzgar.

“Que si fue Mancuso, que si algún otro.” “Que mataron a seis pero que iban a matar a quince.” No sabemos nada. No quedó nada. Muchos se fueron. Pasaron 20 años. No hay nadie imputado. No hay sospechosos. No hay acusados. No hay nombres. Sólo una palabra: Impunidad. Y Mancuso extraditado a EEUU para que siga el olvido.

Ese día no terminó con la masacre. Con la muerte. Las familias y vecinos tuvieron que velar los cuerpos en el mismo lugar donde fueron asesinados. Descuartizados. Pasaron las horas. Amaneció. Pasaron las horas. Y nadie acudió. Ninguna fuerza pública encargada de protegerles. Hasta las cuatro de la tarde del día siguiente no aparecieron. Por fin subieron a levantar los cadáveres. Los cuerpos. A tomar testimonios. A recoger pruebas. A hacer lo que se supone que debieran de hacer pero que tampoco hicieron.

“Todo ocurrió en la noche y al día siguiente recuerdo dos soldados cagados de miedo. Les dijimos: ¿por qué les da a ustedes tanto miedo? ustedes pueden creer que si la guerrilla está allí arriba va a venir a sacarnos a nosotros para tirarles a ustedes. A nosotros nos da igual, no hay miedo en nosotros. No contestaban. Mudos. Casi que no vienen a recogerlos del miedo.”

Un acto como este cambia el curso de la vida. Por eso muchas casas están abandonadas. Las puertas tienen candados pero adentro aún hay dolor. Tuvieron que irse algunos. Desvanecerse.

 

Ariel Arango

 

La masacre de Monteloro no es conocida. No es una masacre mediática como otras. No salió en los titulares de prensa, apenas un par de noticias sin apenas información de lo que pasó, de quienes perpetraron la masacre. Estos hechos no acapararon la atención de ninguna audiencia. Se trata “sólo” de seis hombres que fueron asesinados. Que no se volvieron a ver. ¿Por qué? ¿Quién decide qué masacre será silenciada y cuál pertenecerá al relato de la Verdad en Colombia? ¿Por qué?

 

Ariel Arango

 

Alimentado por el silencio, el terror que domina los espacios de muerte, como la tienda cerrada en la vereda de Monteloro, nos paraliza. Este horror es otra cosa. ¿Quién puede sobrevivir a tanto dolor? ¿Y cual es su razón de ser?

Las estructuras paramilitares responden a una política de saqueo del territorio. Allí donde se implantó el terror y la violencia, las familias se desplazaron. Huyeron. Sus tierras, sus fincas, sus casas tuvieron que ser vendidas a muy bajo precio. ¿Quiénes son ahora los dueños de estos paisajes? ¿Qué han hecho con estos territorios?

Caminar las veredas es llenarse de preguntas, de conocer las historias. De subvertir el estado de silencio generalizado. De resistir al olvido. De reclamar justicia.

 


Laura Langa
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Carta al presidente Duque y su pacto por Colombia

Presidente Duque, la noche de su victoria, el 17 de junio, usted dijo: “Voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país”. Repitió esa idea en El Tiempo, el domingo 5 de agosto. Y, dos días después, en su discurso de posesión, fue más explícito: “Construyamos un gran pacto por Colombia”.


Presidente Duque, aunque no voté por usted, apoyo su propósito. Pero, para lograrlo, serán necesarias al menos dos premisas: auxiliar la justicia en vez de dudar de ella; y, convocar a los implicados en el gran pacto y concretar los temas.


Con motivo del llamamiento a indagatoria al senador Uribe por la Corte Suprema, usted declaró que creía en la honorabilidad de su jefe y que otorgaba la presunción de inocencia. Hasta ahí, su declaración es válida. Pero pedirle a los magistrados que investigan a Uribe, la aplicación del debido proceso y todas las garantías, es presumir que aquellos están prevaricando.


Presidente Duque, en un régimen de poder tripartito, no hay nada que divida más a una sociedad que la interferencia del ejecutivo o del legislativo en la justicia. Entonces, si usted piensa unir nuestro país, permita que los jueces hagan su tarea libres de apremio, presión y desconfianza.


Usted dice que uno de sus principales pasatiempos es la lectura. En esta encrucijada en la que lo metió su jefe, le recomiendo Del espíritu de las leyes. No necesita devorarse los dos tomos de Montesquieu. Ni siquiera todo el primero: sólo el capítulo 6º del Libro XI. Ahí encontrará la esencia del gobierno mixto, cuya génesis comenzó dos mil años antes de que Montesquieu publicara su obra (1748).


Las palabras claves de Montesquieu están en este pequeño trozo: “No hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares”.
Si ese fragmento no lo convence, busque a Platón: República, Leyes y Político. Le aseguro, que en las formas de gobierno y división tripartita del poder, estos tres diálogos son mucho más que un doctorado en Harvard.


Presidente Duque, desde la época de campaña muchas personas le pidieron desmarcarse de Uribe, por todo lo que en su pasado tiene el caudillo del Centro Democrático. Esa demarcación no resultaba fácil para usted. Pero el tiempo y el propio Uribe –con sus presuntos delitos nuevos de soborno y fraude procesal–, se encargaron de darle una oportunidad de oro: el llamamiento a indagatoria.


Aunque ponga las manos en el fuego por su mentor, deje que los jueces cumplan su función, y, cumpla usted la suya. En relación con la rama judicial, “preste a los funcionarios, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias” (art. 201, Const. Pol.), incluyendo el llamamiento a indagatoria al senador Uribe, o “presidente eterno”, como usted lo llama cariñosamente.


Presidente Duque, para que el pacto por Colombia no sea puro unanimismo, no lo haga con su gabinete corporativo, ni con los partidos que se han declarado gobiernistas, ni con quienes lo aplauden en los consejos comunitarios. A todos los anteriores usted los representa con gran solvencia. Convoque a los partidos que se han declarado opositores o independientes de su gobierno y a los movimientos alternativos. ¿Los temas? La antítesis de aquellos con los que las élites han gobernado por más de dos siglos: exclusión, represión y exterminio.

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Jueves, 09 Agosto 2018 10:16

Nicaragua. La muchacha de Pernambuco

Nicaragua. La muchacha de Pernambuco

El reparto Lomas de Monserrat hasta hace poco hervía de paramilitares encapuchados. Muy cerca de allí se encuentra la Universidad Nacional Autónoma, tomada por estudiantes desde los inicios de la protesta cívica que sacude al país. Siempre fue inminente un ataque para desalojarlos, el cual se dio por fin la tarde del viernes 13 de julio.

Los estudiantes corrieron a refugiarse en la vecina iglesia de la Divina Misericordia, y los disparos incesantes continuaron hasta la madrugada del sábado 14, ahora contra la iglesia, dejando dos muertos.

Los encapuchados continuaron en Lomas de Monserrat tras la operación limpieza contra la universidad, y el 23 de julio aún estaban allí.

Esa noche, Raynéia da Costa, de 31 años, originaria de Pernambuco, estudiante de sexto año de medicina, tras terminar su turno de practicante en un hospital, asistió junto con su novio, Harnet Lara, a una fiesta en ese reparto.

Bella como una modelo de revista de modas, según se la ve en las fotografías de su muro de Facebook, había llegado a Managua seis años atrás, recién casada con un nicaragüense de quien después se separó.

Para sostener sus estudios fabricaba brigadeiros, trufas de chocolate y coco, y cuando sus compañeros la veían acercarse sonriente ofreciendo su bandeja de dulces, silbaban en su homenaje La garota de Ipanema.

Tras la fiesta, cerca de medianoche, los novios abandonaban el reparto, ella por delante conduciendo su auto, un pequeño Suzuki, y él detrás al volante del suyo. Al escuchar disparos, Harnet aceleró y la encontró sentada en el pavimento, bañada en sangre. Ya herida, había logrado deslizarse fuera del vehículo.

Al descubrir a tres paramilitares encapuchados, las armas en ristre, se acercó con las manos en alto. La cargó en brazos hacia su auto, sin que los enmascarados se lo impidieran, para llevarla al hospital más cercano. Es lo que relató a los practicantes que la recibieron en la sala de emergencias, algunos de ellos compañeros de clase de Raynéia.

Todo fue inútil. Había recibido un balazo lateral de alto calibre a la altura de las costillas que le dañó el corazón, el diafragma y parte del hígado.

Agentes de la policía se presentaron al hospital en busca del novio para llevarlo "a reconstruir la escena", pero los médicos lo impidieron debido a su estado de shock. Sólo fue dado de alta al día siguiente.

La policía imputó primero a un guarda de seguridad del reparto, al que no identificó. Pero luego señaló a Pierson Gutiérrez, de 42 años de edad, oficial del Ejército hasta 2009, y profesor de taekwondo, a quien le fue incautada una carabina M4, de uso militar.

Gutiérrez, militante del partido oficial, es empleado de Petronic, que funciona bajo el paraguas de Albanisa, la empresa a cargo del negocio del petróleo venezolano. Tiene sus oficinas en Lomas de Monserrat.

Desde que abandonó el hospital, no se sabe de Harnet. Se lo tragó la tierra. El Suzuki de la víctima desapareció de la escena del crimen. También desaparecieron los paramilitares de Lomas de Monserrat. Las cámaras de vigilancia del vecindario fueron desmontadas.

El inculpado fue presentado subrepticiamente en los tribunales el primero de agosto, cuando es feriado obligatorio, pues se celebraba al patrono de Managua, Santo Domingo de Guzmán. La audiencia se celebró a puertas cerradas.

Las malas novelas resultan siempre incongruentes. Y mal contadas. En el escrito de acusación, la fiscalía empieza por culpar a la víctima de su propia muerte por conducir de forma "descontrolada y con actitud sospechosa"; y respecto al hechor, explica que venía de buscar, a esas horas, un local para abrir una escuela de taekwondo; se acordó de camino que conocía a unos guardas de seguridad de servicio en Lomas de Monserrat, y fue a ofrecerles capacitación en defensa personal y uso de armas de fuego. Eran entonces las 10.40 de la noche.

Sus conocidos eran dos, al servicio de Displuton SA, una empresa de seguridad también cubierta por el paraguas de Albanisa, cada uno de ellos armados con una escopeta calibre 12: así se completa el trío de paramilitares mencionados por Harnet.

Es entonces cuando queda sellada la suerte de Raynéia. "Debido al comportamiento y movilización errática del vehículo" los guardas sentían "que sus vidas estaban en peligro", dice, complaciente, la fiscalía.

Pierson, diligente en proteger a sus amigos, sacó de su auto la carabina M4, se apostó tras un poste de alumbrado, y disparó contra el Suzuki.

La fiscalía acusa al hechor de homicidio, que merece una pena de 15 años, menor a la de asesinato. La defensa pide aún una rebaja a 10 años, con lo que pronto el asesino estaría libre, digamos, por razones de salud, como es usual cuando se trata de estos juicios arreglados.

Mientras tanto, el cadáver de Raynéia, la muchacha que se pagaba sus estudios vendiendo brigadeiros, ya fue sepultado en su tierra natal de Pernambuco.

 

Masatepe, agosto 2018

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Apartadó bajo el ordenamiento territorial y político del paramilitarismo

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida campesina y sometiendo al poblador civil a una guerra que, en lugar de extinguirse, se reactiva sin cesar.


La complicidad de organismos del Estado, como son la Brigada XVII del ejército, la Policía Urabá, la Alcaldía de Apartadó y las empresas promotoras del paramilitarismo, son las que han conllevado a que la región de San José de Apartadó esté ya sometida en su totalidad por los paramilitares que viven forzando al campesinado a ajustarse a sus intereses.


En los últimos días nuestra Comunidad ha sido informada de que en las veredas Mulatos y La Esperanza se está evidenciando una alta complicidad entre los militares del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII y los grupos paramilitares que controlan las veredas; allí los militares están tomándole fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz que viven en sus tierras y luego se las entregan a los paramilitares; estas informaciones las han suministrado los mismos paramilitares en las casas de los pobladores de las veredas La Esperanza y Mulatos.


Culpable es el Gobierno con sus instituciones militares y administrativas, que en vez de desmantelar el paramilitarismo lo están es fortaleciendo, pues ¿cómo es posible que la Brigada 17 del ejército tenga sus batallones al servicio de los paramilitares en las 32 veredas de san José de Apartadó? ¿Cómo es posible que en las últimas semanas los militares de los batallones Voltígeros, Vélez y Bejarano Muñoz estén tomándoles fotos a los campesinos y se las estén entregando a los paramilitares? Es claro que no hay un verdadero interés del gobierno por terminar este fenómeno de muerte.


Ya algunos funcionarios que tienen cargos públicos están lanzando calumnias infames contra de nuestra Comunidad de Paz, como es el caso del concejal de Apartadó Carlos Betancur, quien manifiesta que: la Comunidad de Paz se opone a la inversión y al desarrollo del corregimiento de San José de Apartadó; que los campesinos son personas de bien y gente muy noble pero sólo difaman y cuestionan a las instituciones, pero que la verdad es muy diferente. Afirma perversamente el Concejal: “en lo personal considero que la Comunidad de Paz se sostiene con el ostracismo de sus habitantes y la desinformación y el cuestionamiento a la institucionalidad y su único fin es poder captar recursos de ayuda en algunos países internacionales”.


Le recordamos, señor concejal, que nuestra Comunidad de Paz nunca se ha opuesto al desarrollo sino que ha cuestionado de dónde provienen los planes de desarrollo. ¿Será usted capaz de justificar las carreteras ilegales que han ido abriendo los paramilitares desde Nuevo Antioquia hasta la vereda La Esperanza y hasta Rododoxalí y La Hoz y los proyectos de ganadería, de mejoramiento de vivienda en Rodoxalí, el arreglo de caminos en las veredas, el reclutamiento de menores, el sometimiento de las Juntas de Acción Comunal, la explotación minera, entre otros proyectos diseñados y ejecutados por los paramilitares? ¿Según usted, el campesino de la zona tiene que aceptar esos proyectos y someterse sin reacción alguna a los intereses que esos proyectos esconden? ¿Ignora usted, Concejal Betancur, que en los últimos 21 años en San José de Apartadó el “desarrollo” lo ha diseñado y gestionado el paramilitarismo y que muchas empresas que buscan su lucro y la ruina y extinción o sometimiento del campesinado y agentes del mismo gobierno se escudan en dicho “desarrollo”? Es evidente que La Brigada 17 del ejército y la Policía de Urabá han hecho todo un trabajo de encubrimiento a la gestión impune de ese falso “desarrollo” por parte del paramilitarismo y que tratan de taparlo con festejos, fiestas y promesas falsas que le hacen al campesinado en el centro urbano de San José de Apartadó. A nuestro juicio, personas que están tan comprometidas en favor de los proyectos del paramilitarismo no debieran tener cargos públicos.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes.


• El domingo 15 de julio de 2018, llegaron 12 paramilitares uniformados y portando armas largas y se quedaron en la corraleja de ganado de la finca vecina que colinda con la Comunidad Paz en la vereda La Esperanza; varias horas después se ubicaron muy cerca a la casa de un poblador, allí se tomaron 15 cajas de cerveza y al momento de irse obligaron al campesino a guardarles un fusil y un millón quinientos mil pesos (1.500.000). El mando de esta tropa se hace llamar Aquiles. A las 02:00 de la madrugada se fueron a la finca del señor Muñoz, finca donde han estado acantonados por muchos meses sin ser molestados por ninguna autoridad.

• El lunes 16 de julio de 2018, llegó un grupo de paramilitares a la casa de la mamá de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y preguntaron por el hijo, diciendo que ellos ya sabían que él vivía allí; de igual manera manifestaron que: “en esta vereda hay tres sapos, entre ellos un menor de edad y uno de esos sapos le impidió el paso por esa Aldea a los soldados del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, todo esto lo sabemos porque los mismos soldados en ese momento le tomaron fotos y nos las enviaron a nosotros los paramilitares”. También afirmaron: “Estamos cansados de las denuncias que hace la Comunidad de Paz en contra nuestra y si siguen denunciando les vamos a hacer un daño no menor sino mayor”. Quisieron decir que todas las amenazas e intentos de asesinato de los cuales hemos sido víctimas como Comunidad de Paz sí han sido de su autoría.

• Este mismo lunes 16 de julio de 2018, en otro lugar de la vereda Mulatos Medio, un mando paramilitar que se hace llamar “Cementerio” amenaza con mucha contundencia a los miembros de nuestra comunidad de paz que viven en la Aldea Luis Eduardo Guerra, manifestando; desde esta aldea nos están denunciando cada vez que nosotros pasamos por ahí, pero que cualquier día de estos nos vamos a entrar allá y vamos a ver quién es quién, porque ya tenemos la orden para matar estos sapos que nos denuncian en esa “hp” Comunidad de Paz. Este tipo de amenazas dejamos en constancias en año 2004 sobre la presencia de paramilitares en conjunto con tropas militares en Mulatos y luego el 21 de febrero de 2005 fue la masacre de ocho personas entre ellos 3 menores de edad, perpetrada por paramilitares y militares. Según nuestro análisis es la misma estrategia pues la fuerza pública hoy protege estos grupos paramilitares que controlan todo y utilizan a la población civil a su antojo. Como Comunidad de Paz cada día enfrentamos nuevas amenazas, que no paran de hacernos daño pero que aun así seguimos adelante en nuestra resistencia civil.

• El jueves 19 de julio de 2018, pasaron 8 paramilitares vestidos de camuflados y portando armas largas por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y así se la pasan todos los días transitando por este espacio enmarcado como propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz.

• El viernes 20 de Julio de 2018, nuestra Comunidad fue informada de un supuesto plan de los paramilitares que controlan el área urbana de Apartadó, según el cual, mandarían un grupo de limpieza social para las veredas La Balsa y La Victoria, paso obligado para llegar a nuestros asentamientos, por la carretera que conduce de Apartadó a San José, con la mira de acabar con nuestra Comunidad de Paz. En años anteriores colocaron en esa zona retenes militares y paramilitares donde asesinaron a cantidad de gente, coordinaron los cercos de hambre destruyendo y robando todo alimento o bebida que transportaran los chiveros, amenazaron, torturaron, desaparecieron y agredieron de mil maneras a los campesinos, cobijados por una impunidad absoluta.

• El sábado 21 de julio de 2018, llegaron 40 paramilitares armados al Resguardo Uradá Jiguamiandó, en el Departamento Del Chocó, allí cercaron ilegalmente a los pobladores por varias horas. Hechos como estos dejamos en nuestras constancias semana a semana y el Gobierno siempre ha negado todo este accionar paramilitar protegido por las Brigadas militares.

• El domingo 22 de Julio de 2018, por informaciones de pobladores de la región de San José de Apartadó, los paramilitares habrían realizado una serie de reuniones con la población civil en la vereda Arenas Bajas y en el punto conocido como Caraballo de la misma vereda; dicha reunión fue coordinada por el paramilitar alias “Chiquito Malo”.

• El viernes 27 de julio de 2018, a las 8:40 am pasaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos medio, 6 paramilitares portando uniformes militares y armas largas. Allí se encontraba una delegación de nuestra comunidad de paz con acompañamiento internacional los cuales fueron testigos de la presencia paramilitar. Estos grupos paramilitares aún siguen allí transitando las propiedades privadas de los campesinos, y se dejan ver como si fuera una tropa de militares, pues dejan en evidencia el poder que tienen para controlar y someter al campesinado.


En las últimas semanas se ha comprobado que los paramilitares que operan en el corregimiento de San José de Apartadó han ido recogiendo a todos sus miembros, tanto a los ya antes ingresados como a los recién reclutados en el corregimiento y las veredas, para entrenarlos y para planear objetivos y estrategias. Los centros de entrenamiento están en diferentes veredas como: Arenas Bajas, Playa Larga, Naín y Saiza (esta última en Córdoba).


En las veredas se mueven los paramilitares en grandes grupos con uniformes militares y portan armas largas; la fuerza pública lo sabe y lo que ha hecho es ubicar tropas militares en puntos específicos por tiempos prolongados, en lugares donde no molesten el desarrollo paramilitar y donde puedan brindarles informaciones y fotografías a los paramilitares.


Como Comunidad de Paz, que ha sobrevivido en estos 21 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas, agresiones de todo tipo, estigmatizaciones, calumnias, despojos y masacres, aún seguimos aquí con nuestro anhelo de algún día ver una verdadera paz. La vida la hemos consagrado durante estos años a la defensa de la vida y de la tierra, por eso no pararemos de dejar constancias de la barbarie que estamos viviendo, pues ni a este Gobierno ni a los anteriores les ha importado la vida del campesinado sino defender sus propios intereses económicos y políticos.

Agradecemos muy profundamente desde nuestros corazones a todos aquellos amigos y amigas, organizaciones hermanadas del país y del mundo que saben de nuestro dolor y están dispuestos a resistir junto a nosotros, con su acompañamiento físico y espiritual y nos hacen levantar cada día con más ganas de vivir para fortalecer nuestro proceso de vida comunitaria. Los seguimos invitando a no parar de confrontar a este Gobierno, al que cada día le importa menos la vida digna de la gente que amamos vivir en paz en nuestros territorios.


Comunidad de paz San José de Apartadó


Julio 31 de 2018

 

Publicado enColombia
Extrabajadores de la familia Uribe desvelan vínculos con paramilitares

Las declaraciones ante el fiscal, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, documentan la relación del hermano del expresidente con el grupo de Los 12 apóstoles

Amenazas a la población, vejaciones, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano de Álvaro, expresidente de Colombia. Las declaraciones ante el fiscal de tres exempleados de la hacienda ganadera La Carolina, que en los noventa era propiedad de esa familia, señalan a la finca, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos (a unos 80 kilómetros al norte de Medellín), como base de operaciones del grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles, activo durante esa década.


Los testimonios, recabados el pasado 31 de mayo, confirman los vínculos de Santiago Uribe, procesado por haber constituido supuestamente esa organización, con el jefe de sicarios de la banda, Jorge Alberto Osorio Rojas, alias El Mono de los Llanos y Rodrigo. EL PAÍS ha tenido acceso a las grabaciones de esos antiguos trabajadores, cuyos nombres fueron proporcionados a la justicia por el propio acusado. Este negó en enero, durante el último juicio en su contra (lleva dos décadas respondiendo ante la justicia), todo tipo de lazos con sus cabecillas y dos meses después salió de la guarnición militar donde permanecía recluido desde 2016. Se encuentra ahora a la espera de la próxima vista del proceso, que puede reanudarse a finales de julio.


El relato de los empleados, que trabajaron en la hacienda durante largos períodos, describe algunas actividades de Los 12 apóstoles y, sobre todo, documenta la cercanía entre El Mono, hoy en busca y captura, y Santiago Uribe. "Eran muy íntimos" y su trato era "muy amistoso", llega a afirmar M. T. M., uno de los testigos, de quienes se reproducen solo las iniciales por razones de seguridad. Este hombre empezó a cuidar ganado a los siete años en distintas explotaciones del departamento de Antioquia hasta que en 1982 recaló en La Carolina, donde permaneció casi dos décadas. Aunque pertenecen a generaciones distintas, su historia es parecida a la de J. L. R., que entró en la finca con su familia a los 12 años, la dejó y regresó con 33, entre 1995 y 1996.


La defensa de Uribe siempre ha argumentado, y por el momento con éxito, que los testigos presentados por la acusación particular, la ONG Comisión Justicia y Paz, y la Fiscalía son “falsos” o que han recibido dinero. Cuando no lo ha convertido en una batalla política contra su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, que en la época en la que sucedieron los hechos era senador (1986-1994) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) .


Uribe es ahora senador -fue el más votado en las elecciones legislativas de marzo- y apoya la candidatura de Iván Duque, que el domingo se disputa la presidencia con el izquierdista Gustavo Petro. Siempre se mantuvo en la primera línea de la política, liderando la oposición a los acuerdos de paz con las FARC alcanzados por el actual mandatario, Juan Manuel Santos, y alentando la indignación de parte de la sociedad colombiana ante la desmovilización de la antigua guerrilla y el sistema de reparación a las víctimas. Sus adversarios sostienen que su negativa a retirarse responde a sus temores de perder influencia y enfrentarse a la justicia como un ciudadano más.


"Rodrigo y don Santiago"


“El administrador era Carlos Serna”, declara este empleado. Se refiere a Carlos Enrique Serna Areiza. Desde 1994 fue mayordomo de ese terreno, según quedó registrado durante el juicio contra Santiago Uribe. Durante el proceso, el gerente confirmó que presenció un asesinato dentro del recinto, aunque siempre desvinculó a su jefe de cualquier actividad ilegal.


Las declaraciones de estos trabajadores apuntan en la dirección contraria. J. L. R. asegura que tanto el paramilitar Rodrigo como el hermano del expresidente portaban armas, pero el dueño de la hacienda “la llevaba tapada con una toalla”. Describe un revólver o una pistola, armas cortas, pero no detalla de qué tipo. “Hacían eso por las malas informaciones que había por ahí: La Carolina estaba amenazada por la guerrilla”.


“Rodrigo llegaba siempre antes que don Santiago. Luego salían juntos a caballo”, dice. M. T. M. se refiere, además, a "negocios entre ambos", sin precisar. "¿Quién le daba órdenes?", le pregunta el fiscal. "Don Santiago". "¿Alguien más?", insiste. "No". El lugar de encuentro de los dos, según la exposición de los testigos, era una casa dentro de la finca que se llama La Mayoría y sus alrededores.


Los trabajadores explican que, aunque este grupo estaba en La Carolina, era habitual que se movieran por los caminos de la zona y que entraran a otras propiedades aledañas. “Llegaban por la carretera y paraban a la gente”, asegura uno de ellos. “Un man [sic] me contó que cuando iba en una buseta, le bajaron y le apuntaron con un arma. Eso hacían. Pasaba gente por la carretera, les quitaban la ropa. Protegían a Santiago”.


Estos operativos estaban al cargo de El Mono -descrito como "robustico", "carirredondo", "coloraíto" y "con los ojos zarquitos"- y un grupo de hombres que los testigos identifican con apodos como Pelusa, Carlos, el Paisa y Sabino, entre otros. En uno de los informes de la Fiscalía (redactado el pasado 5 de febrero e incluido en la causa contra el jefe de los sicarios) se identifica a Pelusa como el dueño de un laboratorio de cocaína que fue desmantelado por la policía. En ese mismo documento se detalla que también tenía un vehículo en el que “llevaba a personas amarradas en horas de la mañana". Dos detalles que coinciden con el plan que llevaba a cabo este grupo en la región: "Hacían limpieza de personas que hacían maldades y las asesinaban".


'Limpieza social'


Los 12 Apóstoles es responsable de 509 víctimas a principios los noventa, según defensores de derechos humanos que han investigado a este grupo. Su tarea consistía en lo que se conoce por “limpieza social”, es decir, garantizar la seguridad en determinados territorios a través de ejecuciones arbitrarias de lo que consideraban delincuentes, colaboradores de la guerrilla, adictos a las drogas, entre otras personas inocentes. Camilo Barrientes, un conductor de autobús, es la víctima que permitió que se abriera el caso contra Santiago Uribe. Fue asesinado en febrero de 1994.


"Los comentarios eran que ellos trabajaban con la Policía y el Ejército”. El testimonio de M. T. M. hace referencia también a la presencia de personal de las fuerzas de seguridad en la hacienda. "Pues sí, allá iban. Con el Ejército que se mantenía allá". Tanto este testigo como otra recuerdan que se hablaba de estas personas como "paracos". "No me gusta esa palabra”, dice L. M. P., una trabajadora que estuvo 13 años en La Carolina cocinando, limpiando cuartos y haciendo cualquier tarea que le mandaran. “¿Qué es para usted un paraco, un paramilitar?”, le pregunta el fiscal. “Gente mala. Pasaba alguno muerto y decían: esos fueron los paracos que mantienen ahí en La Carolina”. Cada noche, cuando esta mujer salía de la finca, los mayordomos le recordaban una frase: "El Mono es de respeto'. Nos decían que nos fuéramos callados. No vimos nada, solo escuchamos comentarios. Cuando salíamos, ellos se reunían”.


En el tiempo que esta mujer pasó en La Carolina asegura que nunca vio “a la ley”, es decir, a la policía. Sin embargo, confirma que al poco de irse de la finca, se instaló un batallón militar, el de Girardot, encargado de tareas de seguridad en la zona. Otra empleada de la hacienda, M. E. R. T, habla en cambio, de encuentros una o dos veces por semana con miembros de la policía nacional. El fiscal le menciona algunos nombres, aunque esta encargada de las tareas del inmueble principal no los recuerda. Ni siquiera el de Alexander Amaya.


Este es uno de los testigos clave en el juicio, expolicía y exparamilitar que cumple una condena de 40 años de cárcel. Desde mediados de los noventa asegura que Uribe fue jefe de Los 12 apóstoles, así llamados porque uno de sus miembros era sacerdote, y de haber estado en una reunión del ganadero con este grupo en la finca La Carolina


“Se puede dar como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo Los 12 Apóstoles”, dijo la vicefiscal María Paulina Riveros al inicio del proceso en octubre de 2017. Esta acusación no ha sido probada todavía. No obstante, estos testimonios pueden ahora dar un vuelco al caso.


Bogotá 12 JUN 2018 - 10:43 COT

Publicado enColombia