El yihadista estadunidense de Orlando, empleado de la trasnacional paramilitar británica

G4S, mayor empresa de seguridad del mundo y bizarra firma paramilitar trasnacional británica, destaca por sus poco conocidas operaciones en 125 países, entre ellos el “México neoliberal itamita”, con 618 mil "empleados" sui géneris, como el "yihadista estadunidense" Omar Saddiqui Mateen.

G4S encabeza la privatización de la "seguridad" global y es el tercer empleador privado del mundo detrás de la explotadora Walmart y Foxconn.

Es curioso que se sepa muy poco de la trasnacional paramilitar privada G4S que controla nuestras vidas, que carga con estruendosos escándalos (http://goo.gl/fvl2tl). Su comedia de "errores" es infinita, desde el pésimo cuidado de las cárceles en Gran Bretaña hasta los Juegos Olímpicos de Londres, donde no pudieron cumplir con la cuota de 13 mil vigilantes, por lo que el gobierno llamó a miles de soldados y policías en su lugar.

¡Qué parecido existe entre la siniestra paramilitar G4S y la funesta Blackwater, empresa privada (sic) militar de EU en Iraq, que tuvo que trasmutar su nombre al de Xe Services y luego al de Academi, después de su barbarie ocupacional!

¿Se trata de una nueva modalidad de ocupación/intervención paramilitar de los países vasallos al outsourcing (deslocalización) de la "seguridad", donde brilla intensamente la tripleta israelí-anglosajona y su panoplia ­ciberbélica?

Hoy las invasiones son multidimensionales, más que únicamente con ejércitos, donde juegan un papel decisivo las "guerras geofinancieras" de los banksters israelí-anglosajones y sus empresas paramilitares de "seguridad" con sus bélicos ­"empleados".

De no ser por la deleznable carnicería en Orlando perpetrada por el presunto "yihadista estadunidense" Omar Saddiqui Mateen –exhibicionista de playeras de la policía de Nueva York y empleado desde 2007 de la siniestra G4S (http://goo.gl/qjiLXn)–, es probable que la tan desinformada opinión pública nunca se hubiera enterado de la existencia de la trasnacional paramilitar y multifuncional británica.

Pregunta tonta: ¿por qué nadie investiga a G4S en EU, ya no se diga en el “México neoliberal itamita”?

La privada paramilitar G4S pre­gona sus labores multifuncionales: "Servicios de personal de seguridad, servicios de manejo de efectivo, servicios de justicia, vigilancia de espec­táculos masivos y externalización de procesos de negocios (sic) relacionados con la seguridad y sus riesgos" cuando "protege los principales aeropuertos del mundo (120)" y puertos (70 países), además de que maneja cárceles y correccionales, provee logística y transporte de bancos (sic), realiza vigilancia electrónica, dispone de minas (¡supersic!) terrestres y artefactos explosivos militares y da entrenamiento en seguridad”.

Más bien G4S parece una trasnacional paramilitar en el limbo entre lo privado y lo público, donde oculta el número de sus empleados ex militares en el mundo turbio del contratismo de la "seguridad" local/regional/global que abarca a los impresentables “guaruras (body guards)” para todo tipo de "servicios" cuando 27 por ciento de sus ingresos globales provienen de contratos con los gobiernos.

¿Qué tipo de contratos tuvo y tiene G4S con el fallido “México neoliberal itamita”? ¿Lo sabrán sus ignaros congresistas? ¿Chi lo sa?

No cuadran sus magros ingresos netos, unos raquíticos 26 millones de dólares, con sus alcances globales y su espectacular número de empleados.

Su división en Estados Unidos (EU) se ha cansado de hacer trampas en sus ejercicios antiterroristas, por lo que ha sido expulsado y sustituido en 10 principales sitios nucleares (sic) tras el 11-S.

A mi juicio, muchas "fallas" de G4S sirven para sembrar el terror deliberado con propósitos extra-curriculares.

Según el feroz investigador Way­ne Madsen, “Sitora Yusufiy, ex mujer del tirador del bar Pulse, Omar Mateen, confesó que había sido instruida por los agentes de la FBI de no decir a los medios que su ex marido era gay (http://goo.gl/z9u0Au)”, lo cual ya había sido referido por Bajo la Lupa.

Wayne Madsen exhuma los "es­trechos vínculos" de G4S con el sector judicial (sic) de EU cuando operaba como Wacken­hut, empresa que arrancó con el ex agente de la FBI (sic) George Wackenhut Sr, en representación del director de la FBI Edgar Hoover. ¿Es la filial G4S en EU una cobertura de la FBI?

Se ha cocinado una extraña mezcla de yihadista/gay/neoyorquino del terrorista Omar Mateen cuando resulta que su padre, candidato a la presidencia en Afganistán, forma parte de la red pro talibán de los propagandistas afganos/paquistaníes que usan las redes de televisión y radio financiadas por Broadcasting Board of Governors (BBG), influida por la CIA.

¿Entonces, los consagrados comentaristas de radio y televisión en Estados Unidos son palomeados por la CIA/FBI/Mossad para desinformar a su audiencia ignara? Ahora queda claro por qué ya no me invitan en fechas recientes. Jajaja.

Se ha gestado una clásica colisión bipolar entre la FBI, consagrada a asuntos domésticos, y la trasnacionalidad de la CIA, cuyo director es John Brennan, anterior jefe de la estación en Arabia Saudita y quien "testificó ante el Congre­so que no existía evidencia de una conexión entre Omar Mateen y los yihadistas del califato islámico", según Madsen.

G4S operó antes como Group 4 Securicor, y su sede se encuentra en Crawley (Sussex). Su presidente es el británico John Connolly y su director ejecutivo es el anglosudafricano Ashley Almanza, cuya operatividad es perturbadora: hace 23 años fue director financiero (sic) en el área de exploración y producción de British Gas (¡supersic!) y luego director financiero de BG Group con ingreso neto de mil 44 millones de dólares con solamente 5 mil 200 empleados (http://goo.gl/cpaUxJ).

En forma extraña, Almanza es director simultáneo (sic) de Schroders –trasnacional británica de manejo de capitales financieros en 28 países– y Noble Corporation, contratista de perforación off shore.

¿Qué tienen que ver juntos "seguridad de G4S" con manejo de activos financieros de Schroders y exploración petrolera de Noble Corporation en las aguas muy profundas de la geopolítica y el outsourcing de la "seguridad"?

La estructura operativa de G4S, nominada por la ONG Public Eye Award como una de las peores compañías del mundo, se divide en dos rubros: 1) Secure Solution: consulta de riesgo, manejo de seguridad y sistemas de seguridad, y 2) Cash Solutions: outsourcing del ciclo del manejo de liquidez para bancos, instituciones financieras y menudeo: 18 por ciento (sic) de su rotación.

G4S ha sido acusada de usar como "mano de obra barata" a los detenidos inmigrantes en las cárceles (https://goo.gl/Sxkzhg). ¿G4S explotará también a los migrantes mexicanos detenidos en las cárceles que "maneja"?

A lo que ha llevado la perniciosa "privatización paramilitar" de la seguridad pública y su outsourcing, que forma parte intrínseca del neoliberalismo global israelí-anglosajón y que no pocas veces es manipulado por las agencias de espionaje (FBI, CIA, Mossad, etcétera) y sus macabros juegos electoralistas y hasta geopolíticos cuando ahora las elecciones en el Atlántico Norte se están decidiendo con la siembra de atentados y la difusión deliberada del miedo ulterior.

AlfredoJalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id254048037

Publicado enInternacional
Viernes, 17 Junio 2016 07:27

Que el dolor no nos apague la rabia

Que el dolor no nos apague la rabia

 

De ser “la ciudad de Pablo Escobar” a ser premiada internacionalmente por su urbanización. De ser la ciudad de la violencia a considerarse la ciudad de la “convivencia”. En Medellín, el sórdido dominio paramilitar no logra apagar la resistencia y la construcción.

 

—¡Párese! –grita el policía del otro lado del andén.

Me paro. Tengo hambre. Saco un pan de queso que tenía en la mochila. Pasa un minuto y se acercan dos policías agresivos.

—Guarde eso ya –me dice. Yo lo miro perplejo.

—¿Qué hace acá? Ya pasaron como diez trenes. ¿No sabe que el tiempo de espera es de dos?

—No.

—Debe tomarse el próximo metro sí o sí.

 

En la “cultura metro” hay una asepsia que lo prohíbe todo. En el metro de Medellín te regalan libros, buenos, pero no se puede comer. Ni tomar agua. Ni sentarse en el piso. Ni esperar a una amiga.

 

—La sociedad está siendo pensada para turistas. Todo apunta a la privatización, a eliminar a los ciudadanos del espacio público –había dicho Bibiana Ramírez, mi amiga periodista, en el “aeropuerto” de la Universidad de Antioquia, como llaman al parque donde los jóvenes universitarios van a “despegar”. Es decir, a tomar cocaína, fumar porro, tomar cerveza y tocar la guitarra. Para entrar a “la U”, la pública, hay que pasar por unos molinetes y, en algunos casos, como el mío, ignorar el llamado del vigilante que pedía mi identificación.

 

—Es lo que llaman el “urbanismo social”: poner escaleras mecánicas para subir a una comunidad donde la gente tiene la heladera vacía. O que el piso de un parque sea de un material que conserva el calor para que la gente de la calle no se siente, o los marihuaneros no vayan a dar sus pitadas ahí–dice Henry, con marcado acento paisa, pelo largo, caravanas, un Pielroja humeando entre los dedos y un tatuaje que dice “La palabra es un arma”.

 

Esa macroimposición de la buena ciudadanía le tocó en casa, a nivel micro. Trabajó mucho tiempo en una fábrica de ropa, pero se hartó. Su madre le decía que se cortara el pelo, que se sacara las caravanas, que se pusiera a trabajar en algo serio y no en esas pendejadas con esos peludos. Y, en buenos términos, pero se fue. Ahora vive en la casa de la Red Popular Caminando la Palabra, un colectivo que integra el Congreso de los Pueblos, un movimiento de carácter nacional que surgió en el año 2013 y nuclea a organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y urbanas de todo el país. Junto a Marcha Patriótica lideran gran parte del movimiento social organizado colombiano. Y se lo disputan también.

 

Júnior, acento costeño, que había dicho al pasar que nadie puede ser revolucionario sin haber escuchado a Evaristo –vocalista de la Polla Records–, piensa y se pregunta por qué el movimiento Congreso no va al paro cuando para Marcha, y por qué el movimiento Marcha no va al paro cuando lo hace Congreso. Se trata de los dos movimientos sociales y políticos más importantes del país.

 

—Uno se tiene que cuidar mucho, porque esta es una ciudad con una cultura narco y paramilitar muy fuerte. Uno no puede llegar a los barrios gritando que va a hacer la revolución, no puede ser mamerto, tiene que trabajar de a poquito, formando, discutiendo, construyendo –dice Henry, y habla de los principios zapatistas, de eso de mandar obedeciendo.

 

Tienen una impresora para imprimir en grande y hacen serigrafía. Están como locos estampando banderas para el paro nacional que comienza en unos días, y piensan que ese “camello”, como llaman a las “changas”, puede servirles para mantenerse. Y piensan en formar Estampado Sinpa, estampado sin patrón. Acá se desayuna fuerte. Hoy dos arepas con huevo, cebolla y tomate, arroz, y un vaso de agüita de panela caliente. Sobre el fogón hay una olla eléctrica para preparar arroz.

 

—Producíamos el 70 por ciento del arroz que comemos. Hoy ya casi nada–dice con un dejo de desolación mientras revuelve el arroz en el plato.

 

 
La trece.

 

Un encapuchado camina al frente de tropas militares, señalando. Vecinos desesperados toman las calles agitando sábanas blancas. La imagen se repite en las ventanas. Las balas atraviesan los cuerpos y los helicópteros sobrevuelan la Comuna 13 de Medellín, que irónicamente se formó con puebladas que escapaban de la violencia. Tirando a mansalva, el Ejército colombiano avanzó con la excusa de combatir las milicias urbanas de las guerrillas, haciendo una matanza atroz. Era el año 2002.

 

—Yo pienso que a estas personas hay que perdonarlas, sin olvidar lo que nos han hecho –dice doña Blanca, cuando se cumplen 14 años de la masacre y hay conmemoración en la biblioteca de la 13.

 

Tiene tres hijos asesinados y un sobrino desaparecido.

 

—Uno con rabia no es capaz de llegar a ningún lado. Si no perdonamos no seremos capaces de alcanzar la paz interna, para seguir luchando por nuestro objetivo, que es que aparezcan nuestros desaparecidos –insiste.

 

—Para mí no existe el perdón. Yo no estoy de acuerdo. Con el perdón no se arregla todo. El dolor que nos han hecho es para toda la vida. Aquí estamos y estaremos siempre presentes, con nuestra rabia –dice doña Berta–. Por cosas del Estado me lo arrebataron, y no lo dejaron disfrutar su vida –dice sobre Jorge Alexander, su hijo.

 

Estas madres, nucleadas en Mujeres Caminando por la Verdad, quieren justamente eso: verdad. Quieren saber por qué lo hicieron. Justicia y reparación. Dignidad. Llorar a sus muertos. Quieren a sus desaparecidos. Y tienen certeza de que están en La Escombrera, un botadero de basura y escombros ubicado en lo alto de la comuna. No solamente de perdón habla Blanca:

 

—Seguiremos resistiendo. Todavía somos seres humanos, y de aquí no nos vamos.

 

 

El Bello Oriente.

 

“Le digo por si quiere ver la ciudad desde arriba.” En la montaña de Bello Oriente, en la Comuna 3, todo es allá arriba o allá abajo: “Ahorita subo”, “¿Ya vas a bajar?”; aunque no parece haber ni arriba ni abajo. Más bien un heterogéneo abajo.

 

De día y desde aquí, Medellín descansa grotesca sobre un hermoso valle, y de noche la agitan súbitos rayos.

 

Arnulfo, barba larga y amabilidad perpetua, explica que Bello Oriente se fue formando con desplazados. Campesinos arrancados de los campos, afros cansados de rondar por las regiones escapando del fuego cruzado del conflicto armado, refugiados de otros barrios de Medellín. Él llegó hace 18 años.

 

El barrio también fue víctima del enfrentamiento entre las guerrillas, el Ejército y los paramilitares, que hoy decantó en el poder y control absoluto de estos últimos, como acontece en gran parte del país. Acá manejan el gas, los huevos, las arepas, el transporte, las casas de vicio y las vacunas. Pero ya no necesitan andar armados.

 

—Han ido muriendo los agresivos, y han quedado los miedosos. Los colombianos tienen miedo, desconfianza y un profundo descreimiento de la política, que es sin dudas la solución al conflicto. No quieren pertenecer, sin embargo puede que sigan a cualquier fascista con sombrero de campesino, que al mismo tiempo sea el paraco más hijo ’e puta –dice Pino, jovencito, vecino. “Paraco” es un término coloquial y a la vez despectivo para hablar de los paramilitares.

 

En Bello Oriente hay huertas colectivas, y los lunes hay “minga”, es decir, trabajo colectivo. Allí las vecinas van a las huertas de otras vecinas a compartir las tareas. Por eso Arnulfo prefiere hablar de “econuestra” y no de “economía”.

 

La mayoría de los habitantes del barrio salen todos los días al “rebusque”, salen a laborar en lo que haya, épica y amarga realidad de cualquiera de nuestras periferias.

 

El Estado insistía en que Bello Oriente era una “zona de alto riesgo no recuperable”, pero el proyecto de los jardines de circunvalación, que busca generar “parques” en los bordes montañosos de la ciudad, como diciendo “hasta acá llega”, le devolvió una especie de validez burocrática.

 

En Bello Oriente los vecinos buscan fortalecer el intercambio con otras comunidades, de semillas, experiencias, sentires. En la cima de la montaña está Casablanca, administrada por Colectivo Cultural, que trabaja desde 2009 en la comunidad. Hay instrumentos, libros, niños que corren, perros y gatos, muchas plantas. Los recursos se gestionan y obtienen en colectivo, sin el Estado. En Casablanca se toca, se baila, y se vive. Y se respetan los acuerdos toltecas: ser riguroso con la palabra, no tomarse nada personal, no hacer suposiciones y dar el máximo de cada uno.

 

—Acá hay héroes sin súper –dice Álvaro, que llega a ensayar teatro junto a su compañera, Denis.

 

En Teofanía, “la casa de todos” donde viven Arnulfo, Denis y Álvaro, cualquier lugar es una excusa para sembrar. Hay plantas en carcasas de monitores viejos, en zapatos, cascos y neumáticos. Y hay cientos de botellas de plástico con desechos de nailon adentro, con las que es posible hacer casas. A Teofanía puede llegar el vecino, de 12 años, a pedir una escalera para martillar quién sabe qué en el techo de su casa, o dos gurises a escuchar reggaetón en el entrepiso de madera. En Teofanía hay una ludo-biblioteca y hay cabras.

 

—A veces sueño con vivir todo el día con ellas –dice Arnulfo mientras las ordeña junto a Rubiela y Bibian. Les habla, las alimenta y las imita. Teofanía es un cúmulo de ensayos y errores, de tiempo condensado. Una imperfección. Resistencia y creación.

 

—¿De qué color es la vida? –le había preguntado Arnulfo una vez a Bibian. Y se había contestado él mismo–: Amarillo, verdetodo, y “asulado”.

 

 

La Barca

 

—¡Este pueblo no tiene pantalones! –había escuchado Bernardo al pasar, de boca de alguien que caminaba solo en la noche.

 

Mientras tomaba café en un pueblito llamado Fredonia, al suroeste de Antioquia, y escribía en unas hojitas sueltas, vio entrar en el bar a un hombre con un cuchillo. Un “mataganao”.


—Lo voy a matar a usted y también a su señora.
—¿Qué, a nosotros? ¿Por qué?
—Pues porque le están dando brebaje al pueblo para engañarlo.
El café voló y Bernardo consiguió correr y atravesar la plaza del pueblo, hasta entrar en la comisaría.
—Suelte el cuchillo, señor juez –dijo el comisario, que salió a ver lo que pasaba.

 

No es la primera vez que ocurre algo así con La Barca de los Locos, el grupo de teatro que sostienen Bernardo Ángel y Lucía Agudelo. En una universidad, un rector “al que se le saltaba la corbata de la rabia”, ya le había dicho a Bernardo: “Te voy a hacer comer las huevas, hijo ’e puta”, mientras presentaban la obra Aúllan los lobos, que incluye cuerpos desnudos y banderas de Colombia frotándose en ellos.

 

Ahora, en esta tarde en el parque Bolívar –donde se presentan todos los jueves–, un policía mueve los brazos cual jugador de fútbol, otro al lado se rasca la pierna y un tercero toca la guitarra. Allá, y ahora acá, donde Lucía hace precalentamiento para la función, Bernardo saluda y dice:

 

—El otro día escuchaba unas reflexiones de Almódovar en las que decía que lo aterraba absolutamente llegar a viejo, al momento en que el cuerpo se rompe, se hace pedazos. Y nosotros estamos aquí para eso, exorcizando. Gritando: ¡Paren esto!

 

—¿Y por qué la plaza?

 

—Para resistir con el cuerpo, que es lo único que tenemos. Espacio y cuerpo. En un teatro convencional la gente va predispuesta a lo que va a ver. Va cierto tipo de gente y va en la pose de intelectual. Acá hay que tomar el espacio a nivel mental, hay que conquistar al público, porque ahí se empieza a construir la libertad. Este es el lugar para hacerlo, con todas las dificultades que pueda tener. No hay otra tierra prometida.

 

Están desde 1985 en el parque Bolívar. Bernardo dice tener escritas unas 150 obras, pero hasta el momento montaron unas 15. Para él el teatro es anárquico, sin autoridad, incandescente, cuestionador. Dice que está hecho de palabras, pero adora el silencio. Dentro de esas palabras está Artaud, que le enseñó que el teatro debe cambiar cada noche.

 

“Estamos en la no razón, no somos la verdad, pero somos auténticos, antes que todo el teatro es sinceridad, es encontrar que los textos que uno está presentando tienen que ver con su vida, que no hay distancia entre lo que uno está diciendo y lo que uno realiza cada día”, dice Lucía en Palabras de fuego, el documental sobre La Barca de los Locos que Bibiana hizo junto a otros compañeros. Y agrega: “El teatro nace en las oscuridades, en lo que la gente rechaza”.

 

—Vivimos en una sociedad moralista, cerrada, hipócrita. Somos gobernados por capataces, pequeños tiranos con mentes ganaderas. Pero hay rebeldía que se mueve. Que nos lleva a buscar cambios, sentidos de libertad –dice Bernardo, mientras guarda su espada en el bolso.

 

Medellín es una ciudad paramilitar. Es la cuna del ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe. Es la ciudad del mito de Pablo Escobar y de la realidad del tráfico. Pero es también un enjambre de resistencias en ebullición, como toda Colombia.

 

— Es que aquí también estamos rodeados de gente fantástica –dice Bibiana.

 

 

 

Publicado enColombia
El Bronx, un reflejo del control paramilitar vigente en sinnúmero de territorios del país

Casas adaptadas con calabozos y zonas para tortura y descuartizamiento –como lo instituyeron los paramilitares en muchas otras regiones del país donde impusieron su ley de terror y violencia–, son parte de las prácticas instituidas en este barrio localizado en pleno corazón del centro de Bogotá, desde donde controlaban buena parte del tráfico de narcóticos hacia muchos de los barrios de la capital del país, así como su control social y territorial.

 

La mañana del sábado 28 de mayo no fue normal para quienes habitaban de manera permanente el barrio El Bronx en Bogotá, o para quienes pasaban por allí de manera ocasional o rutinaria para surtirse de bazuco, marihuana, u otros alucinógenos, así como para participar de fiestas en las cuales podían pagar por tener sexo con menores de edad.


En efecto, la amanecida los sorprendió rodeados por más de 2.500 integrantes de la Policía y el Ejército, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de las secretarías de Salud e Integración Social del Distrito; su propósito: desarticular el poder violento instituido allí.


El operativo empezó a prepararse hace más de un año cuando el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el señor Julián Quintana fue comisionado por el Fiscal General para que descifrara lo que allí estaba sucediendo. La orden le llegó luego que dos de sus investigadores fueron secuestrados allí. En el curso de la investigación la sospecha, y posterior confirmación, de lo allí encubada era tenebroso: el secuestro de extranjeros que se aventuraban a ingresar allí en busca de narcóticos, así como funcionarios públicos que terminaban retenidos allí y por los cuales pedían dinero a cambio de su libertad.


En ese entonces el exalcalde Gustavo Petro declaró: “El Bronx es un territorio en disputa entre el Estado y la mafia, que no es el habitante de la calle, este es usado por la mafia. La mafia vive en Madrid, Quito, Caracas, Miami, así como en barrios muy pudientes de Bogotá”. Para ese entonces (finales de mayo de 2015) habían sido asesinados unos 30 “habitantes de la calle”*, cuya muerte fue relacionada con el intento de las mafias “por mantener en la esclavitud al habitante de la calle". En esa lucha, según el burgomaestre, también habían sido asesinados funcionarios distritales que realizaban trabajos sociales en el Bronx** .


Crimen cruel y organizado. Prostitución infantil, asesinatos y desmembramientos, esclavitud.


Como ya lo habían detectado en sus investigaciones, el operativo permitió desarticular redes de prostitución infantil, de esclavitud, macabros asesinatos, además del tráfico de drogas. “Una niña de 14 años murió por sobredosis en el Bronx el año pasado. Integrantes de la organización violaban a los niños/as; tenían, además, un portafolio de prostitución en la internet. También hay casos de homicidio; mataron a un policía, hay casos de homicidio por el control del territorio, lo mismo que en Ciudad Bolívar. Encontramos canecas en las que metían a las personas asesinadas para deshacer sus cuerpos. También tenemos documentados los casos de torturas: con armas de fuego, con armas blancas; hasta con perros eran torturadas las personas”, declaró Julián Quintana a radio Caracol.


“[...] Según nuestras fuentes y nuestros agentes, teníamos los reportes de que en estos lugares se estaba descuartizando personas, pero no teníamos el material probatorio. Ayer hasta altas horas de la noche nuestros peritos científicos estuvieron en cada inmueble que teníamos identificados y, efectivamente, encontramos rastros de sangre humana. Lo que nos señala que allí torturaban y descuartizaban a la gente. [...] ahora (que ingresamos al Bronx) tenemos la facilidad de recoger elementos y material probatorio para fortalecer la hipótesis de la fiscalía”.


“[...] Vendían licor adulterado, tenían pequeñas fábricas para producir licor. Robaban bicicletas, partes de automotores. Tenían más de 900 máquinas ilegales de juego. Contrataban habitantes de la calle para cometer delitos. Eran quienes transportaban las drogas y quienes sacaban los muertos que fallecían dentro del Bronx. Hacían peleas de niños y de habitantes de la calle y apostaban a ver quién ganaba. Y, finalmente, el reclutamiento de menores que hacían en los colegios del sur de Bogotá con el fin de explotarlos sexualmente y para el contrabando de cigarrillos”.
Corrupción de funcionarios.


“Tampoco fue posible hacer el operativo antes porque tenían comprados a funcionarios de la policía y de la fiscalía. [...] Dentro de la investigación establecimos que había agentes tanto de la policía como de la fiscalía que estaban trabajando con esta organización, y uno de los problemas que tuvimos fue la filtración de la información. Siempre que nosotros queríamos hacer una intervención se filtraba la información y los delincuentes huían, quedaban allí sólo los habitantes de calle, así que nos tocó con la policía traer funcionarios, inclusive del CTI del nivel central y de la policía fuera de Bogotá, con el objetivo de que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos por información acerca del operativo del Bronx. Afortunadamente eso lo pudimos mitigar y le dimos una sorpresa a la organización”.


El operativo


Reconociendo que el problema del narcotráfico no es el drogodependiente sino las organizaciones criminales y los policías corruptos que se lucran con este negocio, el director del CTI declaró: “El objetivo de la Fiscalía no era el habitante de la calle; el objetivo de la Fiscalía era la estructura de la organización criminal, la cual identificamos y se hicieron dos grandes capturas ayer en el operativo; la de alias “Teo” –que es el jefe de finanzas de la organización– y alias “El flaco” –quien es el jefe de sicarios de la organización–. Además de esas, hicimos otras 11 capturas de los ‘saiayines’, en la operación”.


La sorpresa no sólo fue para los delincuentes. “Encontramos un túnel de aproximadamente 200 metros que iniciaba en el sector del Bronx y salía a una bodega a dos cuadras donde los ‘saiayines’ ingresaban la droga, también transportaban armas y además era como un canal de comunicación para despistar a las autoridades. [...] Descubrimos un arsenal de 30 armas largas y cortas. De estos francotiradores y algunos ‘saiayines’ fueron capturados el día del operativo.”


En el operativo también se incautaron varios millones de pesos en droga y dineros producto de la venta. (entre semana allí vendían) “[...] 70 millones diarios, y 150 millones de pesos los fines de semana. El día del operativo logramos incautar aproximadamente 40 millones y 100 mil 200 dosis de droga, lo que representa más o menos 100 millones o 150 millones de pesos en su venta en la calle”.


Operativos en el pasado


En 1999 (primer gobierno de Peñalosa) fue realizado un operativo que desalojó a más de 5 mil personas habitantes de calle y demolieron cientos de casas donde funcionaban ollas y otros mercados ilegales A ese infierno le llamaban El Cartucho (Una disputa de varias décadas). En ese entonces la operación fue presentada como una de las más ambiciosas arremetidas contra el narcotráfico en la ciudad, contra la indiferencia y contra la desigualdad social, y una apuesta por la recuperación de Bogotá.


Resultó que el problema no era le gente, los/as habitantes de calle ni los/as personas drogodependientes. Las estructuras criminales siguieron, las mafias se consolidaron y El Cartucho –que hace 17 años dejó de ser un gueto, un infierno–, se trasladó a varios puntos de la ciudad: “La L” y “El Bronx” son sus máximos exponentes.


El director Quintana, hace un poco de memoria. “El Bronx comienza desde el año 1998 y cuando llegan estas mafias –que son familias que algunas venían del Bronx y otras venían de Antioquia y Pereira–; los denominados Homero, Mosco, Payaso y Manguera, más o menos en los años 2000 a 2002 se consolidan como organización criminal al interior del Bronx e instrumentalizan a su vez habitantes de la calle para cometer delitos”.


Un problema netamente social


En consecuencia con los fracasos del pasado, el CTI acertó en que la solución no está en tratar de desmantelar las redes que se regeneran y propagan como plagas, tampoco está en arrestar al drogodependiente o meterlo una noche en un calabozo: “Lo primero que se le exigió a la Alcaldía fue un programa integral de atención al habitante de calle y a los menores [lo cual le] corresponde a la Alcaldía. [...] Lo que se debe hacer es una intervención integral y social porque el problema no se puede trasladar a otros sectores de Bogotá. Realmente hay que hacer una rehabilitación de todas estas personas y hacer un programa a largo plazo con el objetivo de resocializarlas a la vida en Bogotá”.


Estas son las palabras de un funcionario que, como siempre, quedarán en el aire pues al poder reinante en el país le sirve y le favorece la existencia y permanencia de este tipo de poderes, los cuales desarticulan comunidades, las dividen y atemorizan, impidiendo que las solidaridades que conocieron persistan en el tiempo. El narcotráfico y el paramilitarismo son una estrategia de control y dominio social.

 

(*) En Colombia han dado en llamar “habitante de calle” al despojado de todo, a miles de personas que no tienen nada y viven arrojados a su suerte –mala situación– en las calles de las principales ciudades del país. En realidad son expropiados, desarraigados, el factor humano arrojado a la calle por la máquina del capital; miles de personas que ante la falta de oportunidades –a todo nivel–, terminan deprimidos, sin motivos para vivir, y por ello atropados por el consumo de todo tipo de sustancias sicoactivas, muchos de ellos/ellas, utilizados, de distinta manera, por bandas criminales.

 

**A la ruleta rusa obligaron a jugar a agentes del CTI secuestrados en el Bronx. En http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ruleta-rusa-obligaron-jugar-agentes-del-cti-secuestrado-articulo-563066 


Una disputa de varias décadas

Con el desalojo de El Cartucho, además, avanzaban en su plan por desalojar del centro de la ciudad a sus históricos pobladores. El barrio, parte de San Victorino, hacía parte de un sector histórico de la misma, en el cual el gobierno local no volvió a invertir en mantenimiento ni servicios públicos, presionando así a sus propietarios históricos para que lo abandonarán. Así fue, estos salieron de sus habitaciones de siempre, compradas por El Distrito o por especuladores del suelo, quienes los dejaron como ‘lotes de engorde’. Finalmente la ciudad termina comprando todo y proyecta estas decenas de cuadras para nuevos proyectos urbanísticos entre los cuales está el nuevo Centro Administrativo del país, parques urbanos, avenidas para conectar el oriente con el sur y el norte de la capital, entre otros. Como se sabe, tal proyecto de reorganización urbanística está en marcha hace más de 40 años en la ciudad, y sólo la resistencia interpuesta por sus pobladores en varios de sus barrios ha impedido y postergado su consumación.

Publicado enColombia
De la experiencia temprana en Bolivia hasta Colombia y México Narcotráfico y paramilitarismo, contubernio contrainsurgente

El imperialismo estadounidense, viene enfrentándose a distintos desafíos para su dominio y expoliación, en regiones como el Pacífico, que después del 45 considero como su “lago”. Así como en Europa, donde a través de la OTAN el Pentágono tienen a su cargo el 75 por ciento del gasto militar, para “garantiza la integridad territorial de sus estados miembros”. Y en Oriente Medio, donde la existencia de enormes bases navales y aéreas de Estados Unidos “tranquiliza a los amigos e intimida a los rivales”.

 

Razones por las cuales le resulta inadmisible la intervención rusa en Ucrania y Siria, así como el hecho de que China está convirtiendo sus mares territoriales junto al lago estadounidense en aguas claramente en disputa. No obstante desde el final de la Guerra Fría, la abrumadora supremacía del poder militar estadounidense ha sido el elemento central de la política internacional1.


De ahí también que, cada vez más la Casa Blanca viene recurriendo a métodos “poco ortodoxos” dentro de su estrategia de dominación. Muestra de ello lo da tanto la Guerra Global contra el Terror (GWOT, por sus siglas en inglés), como el financiamiento encubierto de estos grupos llamados terroristas, que en realidad funcionan como actores paramilitares. Así, estos grupos han extendido el terror yihadista desde un remoto rincón de Afganistán hacia la mayor parte del planeta, desde África y Levante hasta el sur y el sureste de Asia. Además de algunos ataques terroristas en Europa y Estados Unidos.

 

Mismos que por medio da la invasión contra Iraq han contribuido sustancialmente al establecimiento de este régimen de hechos. La Guerra de Iraq dio lugar a la multiplicación por siete de la tasa anual de ataques yihadistas con víctimas fatales, llegándose literalmente a cientos de nuevos ataques y miles de civiles muertos. Y aunque se excluyese el terrorismo en Iraq y Afganistán, los ataques mortales en el resto del mundo han aumentado en más de un 33 por ciento.

 

A este respecto, Médicos con Responsabilidad Social (de EEUU), Médicos por la Supervivencia Global (de Canadá) y Médicos del Mundo por la Prevención de la Guerra Nuclear (de Alemania). Mediante un estudio que intenta aportar un estimación real del total de cadáveres contados en las tres principales zonas de guerra [Iraq, Afganistán y Pakistán] durante los 12 años de ‘guerra contra el terrorismo’”. Y que además incluye un minucioso escrutinio “de las principales publicaciones y datos aparecidos en relación con el número de víctimas en esos países”, e información extra sobre acciones militares. Ha arrojado la “cautelosa estimación” de que 1,3 millones de personas murieron en esas guerras, sin embargo un recuento “incluso podría superar los dos millones”.

 

Más aun, estudios realizados por el Instituto Oslo de Investigación sobre la Paz, han demostrado que dos tercios de las muertes en las zonas de conflicto se agudizaron cuando la solución fue impuesta por elementos ajenos. Tan sólo en Siria, el número de muertes se triplicó después de que los occidentales iniciaran ataques aéreos contra el Daesh. Así como cuando la CIA inicio su velada interferencia militar en la guerra2.

 

Lo cual viene apuntando hacia la conclusión de que, las llamadas “guerras de protección” contra el terrorismo y el narcotráfico [combatidas por ‘coaliciones de voluntades’], hoy en día se han convertido en la principal fuente de violencia en el mundo, contribuyendo ocasionalmente con más de la mitad de las víctimas del conflicto”. Incluso cuando en muchos de los casos, como ocurrió en Siria, haya posibilidades de arreglos diplomáticos, sin embargo estos han sido ignorados.

 

Hechos que sin duda debemos tener en cuenta en América Latina, máxime cuando Washington en nuestro continente tiene la intención de reimplantar el proyecto del ALCA para sortear los problemas que enfrenta en Asia y Europa. Con la intensión de transformar al continente en una inmensa área de “libre comercio”, comandada por la economía norteamericana. Extendiendo hacia toda la región lo que ha venido poniendo en práctica en México bajo el TLCAN.

 

Sin embargo, en 2002 la victoria de Lula en Brasil les causo un gran disgusto a los estrategas estadounidenses ya que se rompió con ese proyecto. Bajo la dirección de Celso Amorim en la política externa brasileña se intento abrir el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de integración existentes y hacia la construcción de otros espacios de integración. Fue así que el Mercosur avanzó hacia la fundación de Unasur, con su Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, entre otros organismos, desembocando en la Celac.

 

Además de ello, en América Latina algunos países logran cambiar su inserción internacional, especialmente aquellos países que han intentado a salir del modelo neoliberal. Por lo que la prioridad de esos países pasó a ser la integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU. A lo cual contribuyo la intensificación del comercio con China, y a consecuencia de esto la extensión y profundización del mercado interno de consumo popular. 

 

Sin embargo, el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil le brinda la oportunidad a los EEUU para terminar con el aislamiento y el consecuente estancamiento de sus proyectos, que al menos durante un decenio padeció en la región.

 

Particularmente a partir del Mercosur, puesto que a partir de él la derecha brasileña siempre ha querido abrir espacios para acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU. Por lo que se vislumbra el rebajamiento del perfil del Mercosur, a la vez que se agilizan los acuerdos con la Unión Europea y de intercambios con la Alianza para el Pacifico3.

 

Así, el Pentágono pretende que a partir de la reversión de gobiernos como el brasileño y argentino, promover un nuevo proceso para la inversión de capitales norteamericanos en toda la región. A la vez que pretende ampliar el cerco hacia países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. De ahí podemos observar la manera que altos funcionarios de inteligencia y medios masivos, han alertado sobre un “posible colapso” de Venezuela y hasta de un golpe de Estado.

 

El Times acorde con los intereses de la burguesía de su país ha dicho que las amenazas que los venezolanos enfrentan hoy en día no son el resultado de conspiraciones extranjeras o domésticas, sino del liderazgo desastroso de Nicolás Maduro. Además según el mismos diario, la crisis venezolana ha expuesto las promesas “vacías” de las políticas socialistas que Maduro, así como su antecesor Hugo Chávez han promovido desde finales de los años 90. Más aun, ha criticado al gobierno venezolano por no “acudir” al Fondo Monetario Internacional u otras instancias para “rescatar” su economía”4.

 

Y en el mismo tenor golpista, La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) solicito para el año fiscal 2017 incrementar su presupuesto para Venezuela en más de un millón de dólares, a un total de 5 millones 500 mil, para “defender prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyen los derechos humanos, la libertad de información y la participación de la sociedad civil”.

 

En tanto que, la oposición interna en Venezuela no se ha quedado a tras y ha cumplido con su parte, utilizando las guarimbas5, así como a paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, mismos que se han apoderado del mando de redes delictivas y ejercen la violencia bajo la supervisión del Comando Sur6.

 

Y ante el uso cada vez mayor de grupos paramilitares y narcotraficantes, tanto en Europa, Asia y Medio Oriente así como en nuestros países, haremos una breve revisión histórica de estos grupos, pero además trataremos de ver como vienen funcionando en la actualidad.

 

 

La conformación del esquema narco-paramilitar en Bolivia

 

En Bolivia durante 1980 logro encumbrarse en el gobierno una auténtica mafia civil-militar, que se fortaleció mediante el flujo ilícito de dólares provenientes de la venta de drogas, y el consecuente amparo de la corrupción que esto conlleva, así como el abuso de poder. Todo a su vez producto de una larga secuencia de golpes de Estado militares perpetrados desde 1964 en ese país. Resultando en una inestabilidad política institucional crónica, con profundas raíces en las contradicciones del desarrollo del capitalismo dependiente que caracteriza a los países de nuestra región.

 

Derivado de la inestabilidad política, las Fuerzas Armadas ocuparon el escenario político boliviano casi ininterrumpidamente desde 1964. Mediante dictaduras con la del General Barrientos en el 64, pero particularmente desde 1971 con la dictadura del General Bánzer, los militares trataron de institucionalizar su presencia en la escena política boliviana, a semejanza del modelo brasileño, primero y los sistemas argentino y chileno, después. Pero no lograron estos objetivos en un principió, y no por falta de apoyo por parte del Pentágono, ya fuera de forma abierta o encubierta.

 

De hecho, los oficiales bolivianos además de haber sido educados dentro de su país en el Colegio Militar de la Paz, así como en otras escuelas superiores de especialización en aquel entonces existentes en Cochabamba, fueron adoctrinados en la entonces Escuela Militar de Las Américas (hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) de la zona del canal de Panamá y en demás instituciones de Norteamérica. En dichos lugares se formaron al menos 4.000 oficiales bolivianos, equivalentes a todos los que durante 1980 formaban parte del establecimiento militar de esa nación7.

 

Más aun, según lo indico el que fuera presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, en las escuelas estadounidenses los oficiales bolivianos fueron adoctrinados dentro de los esquemas de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada”, las cuales postulan que la defensa exterior de los países queda en manos de Washington, mientras que los ejércitos locales se harían cargo de luchar contra el enemigo interno.

 

Educación que convenció a los militares bolivianos de que su función sagrada era gobernar a Bolivia. E incluso que aquellos que dudaban de la validez de las enseñanzas recibidas, se mantuvieron leales al sistema por los beneficios obtenidos. Ya que de 1974 a 1977 los generales entraron en un proceso de aburguesamiento relativo, emanado del enriquecimiento que experimentaron cuando la coyuntura económica internacional favorable para Bolivia les permitió ingresos extraordinarios por concepto de exportación de materias primas y de endeudamiento externo.

 

A lo cual se le sumo el hecho de que muchos militares ocuparon funciones civiles de todo tipo, como prefecturas, alcaldías, presidencias o gerencias de empresas autárquicas o estatales, mediante las cuales percibieron además jugosos sueldos civiles. Así como conllevaron grandes beneficios sociales de carácter personal y facilidades financieras. Mismas que les permitieron construir casas, comprar tierras o invertir en negocios. Que de la mano de ventajas aduaneras les dieron acceso a todo tipo de productos manufacturados llevados directamente desde Panamá o Miami, como automóviles de lujo.

 

En tal contexto, el grupo de oficiales más próximos a Bánzer se benefició de todo tipo de favores y licencias derivadas de la posición que cada uno de ellos ocupaba en la administración de los asuntos públicos. Deviniendo a su vez en abusos y corrupción, por lo que varios jefes y oficiales se vieron envueltos en negocios y tráficos ilícitos, al margen de toda ley con total impunidad. Así se trafico con gasolina, maderas preciosas, autos, armas, drogas, etcétera. Y fueron el origen de superganancias y fortunas espectaculares. Siendo el tráfico de la cocaína sin lugar a dudas el factor fundamental del surgimiento de una mafia militar-civil-narcotraficante8.

 

Todo lo cual se unió al intento más serio por institucionalizar el poder militar en ese país realizado por Bánzer. Durante ese periodo, se puso en marcha un experimento de acumulación de capital acelerada bajo moldes dictatoriales. Consistente en desmantelar la economía estatal y popular, en beneficio de empresas privadas. Resultando muy lucrativo y de gran benefició para el capital nacional y trasnacional. Debido a que el uso irrestricto del poder estatal, sin limitaciones legales o morales de ninguna especie, les permitió cuantiosas posibilidades de enriquecimiento. Implementando políticas que les facilitaron la explotación sin freno de la clase trabajadora a la vez que les facilitaban la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública hacia entes privados. Y para lo cual distintos mecanismos de corrupción fueron pilares centrales de la estructura de poder, además de una condición fundamental para su permanencia y reproducción9.

 

Configurándose así la explotación irracional de los recursos naturales, la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial-privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios y especialmente, el irracional endeudamiento externo. Razones por las cuales el régimen banzerista no fue una dictadura militar como las que anteriormente azolaron a América Latina. Sino que formo parte de un esquema continental para la conformación de Estados dictatoriales, en los cuales todos sus engranajes estarían orientados al servicio del capital nacional e internacional. Por lo que fue un régimen brutalmente represivo hacia la clase obrera, sustentándose en el terror sistemático. No obstante lo cual, el experimento fracaso, dejando solo las deudas, junto con socavones cada vez más vacíos, tanto de yacimientos mineros como petroleros.

 

 

Fundamentos del narco-paramilitarismo

 

La burguesía boliviana y los militares que la representaban en los ochenta al igual, al igual que ocurre en la mayor parte de nuestros países, no tenían un proyecto político financiero que representara los intereses de la nación. Sino que estaban más enfocados - como hoy día ocurre en Colombia y México –, en enriquecerse lo más rápido posible, siendo incapaces de formular lineamientos que cubrieran un amplio horizonte para el futuro de su país. De ahí que, tal como por desgracia viene ocurriendo hoy en día en nuestro país, en el régimen dictatorial boliviano no existía un mínimo programa económico, o si existía era incompatible con las necesidades de la clase trabajadora. Derivando en una constante inconformidad social.

 

Y pos consiguiente, cuando la dictadura de Bánzer no logra llevar a buen puerto los intereses de la burguesía local e imperialista, se recurrirá cada vez más al uso de bandas armadas con un carácter absolutamente irregular e ilegal, conformado por elementos organizados militarmente, pero vestidos de civil. Dedicados a las “tareas sucias” de la represión política y del terrorismo de Estado. Generalmente como “policías paralelas”, “grupos parapoliciales” o “paramilitares”.

 

Actores que al amparo del poder de las fuerzas armadas bolivianas comenzaron a constituirse en los 80. Aunque parte de sus orígenes tuvieron fundamento en los grupos de choque que en los años cincuenta organizo la Falange Socialista Boliviana (FSB), a cargo de Carlos Valverde Barbery, bajo el nombre de “Camisas Blancas”, con el fin de combatir a las milicias populares del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

 

Resultando así, que durante el sangriento golpe de Estado en Bolivia, en agosto de 1971, hicieron su aparición los primeros embriones de grupos paramilitares. En La Paz estos grupos fueron francotiradores asesinos, donde destacaron el “Mosca” Monroy y Alberto Álvarez, así como la pandilla llamada los “Marqueses”. En tanto que en Santa Cruz se experimento con la aplicación del sistema de “escuadrones de la muerte”, llevados a Bolivia desde Brasil. En estos hechos los dirigentes fueron Widen Razuk Abrene y Oscar Román Vaca, organizando a los escuadrones que entre el 19 de agosto de 1971 y marzo de 1972 asesinaron a 304 personas. Lo cual los llevo a ser premiados por Bánzer con cargos públicos: Monroy fue a la Dirección de Aduanas, Álvarez a la Presidencia de la Lotería Nacional, Razuk a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Román Vaca a la Presidencia del Comité Pro Santa Cruz10.

 

Con tales individuos, así como con otros derivados del ejército, la policía y el hampa el régimen de banzerista organizo su policía política con el nombre de Departamento de Orden Político (DOP) encubierto como dependencia del Ministerio del Interior. Y a su amparo, durante los siete años que duró la dictadura, distintas bandas semiclandestinas y parapoliciales fueron las encargadas de sembrar el terror entre la población, recurriendo a asaltos nocturnos en los domicilios de quienes eran molestos al régimen, así como a los cada vez más “refinados sistemas de interrogatorio”, la abierta tortura y las “detenciones”, que en realidad eran secuestros políticos.

 

Así, se hicieron “celebres” torturadores militares como: el coronel Rafael Loayza, jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, el capitán Carlos Mena , jefe de Operaciones del Ministerio del Interior y posteriormente sucesor de Loayza, el coronel Jorge Cadima, el Rudy Landívar y el mayor Tito Vargas. Así como otros tantos civiles: Guido Benavides (inspector de policía, jefe del DOP y luego de la Dirección de Investigación Nacional DIN), Jorge “Coco” Balvián y Daniel “Damy” Cuentas, este último ex militante revolucionario11.

 

Todo lo cual fue posible después de que el general Juan Pereda –ministro del interior desde 1974-, fue derrotado por la oposición, una vez que se hecho a andar el proyecto de “legitimación electoral” de la dictadura. Pereda se levanto en armas contra Banzer y le quitó el gobierno, el 2 de julio, para ser derrocado a su vez el 24 de noviembre, por el comandante del ejército, general Padilla. Mismo que bajo presión de los Estados Unidos prometió nuevas elecciones para legitimar su dominio en contubernio de la burguesía local e internacional. Y ante la “debacle” y el desmoronamiento del régimen militar, los sectores más lúcidos del ejército se organizaron para sobrevivir y preparar su contraofensiva.

 

Por lo que a partir de 1978 comienzan a llegar a Bolivia los primeros mercenarios extranjeros reclutados por el criminal de guerra alemán Klaus Barbie-Altmann (jefe de la policía política nazi GESTAPO en la ciudad francesa de Lyon durante la SGM) mediante el Ministerio del Interior boliviano (DOP-SIE), donde el refugiado nazi era asesor12.

 

Así como hicieron su aparición en la escena boliviana los argentinos Alfredo Mario Mingolla y González Bonorino y Silva, quienes pertenecieron a la tristemente célebre “Alianza Anticomunista Argentina” (triple A). Contratados por el Ministerio del Interior, actuaron como provocadores durante la campaña electoral de 1978, así como fueron quienes dinamitaron la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre del mismo año. Además, en ese mismo mes también llego a Bolivia igual por conducto de Altmann, el terrorista alemán Joachim Fiebelkor (desertor del ejército alemán, mercenario de la Legión Extranjera, vinculado a la “Internacional neonazi”), proveniente de Paraguay.

 

Más toda vía, a fines del mismo año, Altmann llevo a Bolivia también desde Paraguay al ex soldado alemán nazi Hans Joachim Stellfeld y al mercenario belga “coronel” Jean Sheramme. Mismos que recibieron sueldo y credenciales del Ministerio del Interior boliviano y se pusieron a cargo de la instrucción militar de grupos irregulares. Todos estos grupos actuaron finalmente durante la derrota del régimen dictatorial del coronel Alberto Natusch, en noviembre de 1979. Tras ponerse en pie un ejército de paramilitares “profesionalizados” con el objetivo de conquistar el poder, ya que el ejército regular había sido derrotado, después del proceso democrático-electoral que colocará como presidente interino al abogado Walter Guevara arce y ante tales hechos los militares tuvieron que retirarse a sus cuarteles después de 15 años en el poder.

 

Después de que en octubre de 1979 Natusch proclama el fin de la democracia representativa en Bolivia y reimplanta el régimen militar, quince días más adelante Natusch se ve obligado a abandonar el Palacio de Gobierno por la puerta trasera repudiado por el pueblo. De suerte que el Parlamento nombró nuevo presidente interino a Lidia Gueiler, misma que una vez en el puesto convocó a nuevas elecciones para junio de 1980.

 

Y en dicho contexto, tan solo un día después del aplastamiento del golpe de Natusch, se preparo el siguiente golpe de Estado que tendrá como brazo ejecutor a las fuerzas paramilitares. Y en dicho proceso la experiencia argentina será fundamental, puesto que se hizo un uso extensivo de la represión clandestina, en lo cual eran expertos. Si bien el capitán Miguel Ángel Benazzi, oficial de Inteligencia, uno de los primeros torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ya se encontraba en Bolivia desde 1978 como funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina. Para 1980 llegan en masa a Bolivia los “pesos completos” expertos en provocación, terrorismo, secuestro, tortura y la desaparición.

 

Resultándole más cómodo al Estado, actuar desde las sombras que desde las instituciones expuestas a la luz pública, logrando bajar la moral del “enemigo” (entiéndase movimiento popular) desatando el pánico en sus filas, a la vez que se mantiene la ilusión de una neutralidad de las fuerzas armadas o al menos no se desgastan estas en las “tareas sucias” de la represión política. Y más todavía, logran intimidar a los sectores militares “blandos” (institucionalistas o democráticos) que se oponen a las directrices de los sectores “duros”13.

 

Así, destacaron el siniestro capitán Antonio Pernía, que anteriormente ya había participado en operaciones clandestinas en París y Madrid, así como el capitán Schelling, ex jefe de Inteligencia del aparato represivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, el cual además se llevo a todos su equipo de torturadores. Derivando en que la Misión Militar argentina pronto elevara su personal en cubierto en Bolivia hasta llegar a contar con 70 funcionarios.

 

Pero el elemento fundamental para la construcción de la fuerza paramilitar golpista fue el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército, una vez que a raíz del golpe de Natusch, queda en manos del coronel Luis Arce Gómez. Después del fracaso del golpe, Arce Gómez se atrinchero en el Departamento II, ante la pasividad del gobierno y de los demás jefes militares.

 

Siendo una de las principales “cualidades” de Luis Arce para desarrollar un nuevo golpe, el hecho de ser narcotraficante. De forma que por medio de Luis Arce y de sus contactos en la mafia del narcotráfico la fuerza paramilitar en formación encuentra no sólo su principal fuente de financiamiento, sino que además representará su principal fuente de crecimiento al incorporar masivamente a los pistoleros a sueldo de los narcotraficantes.

 

Para tales efectos, fueron los encargados de reclutar traficantes de cocaína, los oficiales Abraham Baptista y el capitán Rudy Landívar vinculados al narcotráfico. Configurándose desde los primeros meses de 1980 la simbiosis entre servicios secretos, el hampa del narcotráfico, militantes falangistas, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del ejército, todos bajo el mando invisible de la misión militar argentina. Y quedando la jefatura de tal banda terrorista en manos del coronel Arce, en tanto que la coordinación operativa estuvo a cargo de un equipo de “diplomados”, liderada por el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del SIE14.

 

Este grupúsculo hizo su aparición en 1980 secuestrando y asesinando con técnicas desconocidas hasta entonces en Bolivia. Causando una ola de atentados y explosiones, varias de las cuales fueron mortales, recorrieron a ese país meses antes de las elecciones del Todo lo cual ocurre ante la pasividad y complicidad del Ejército, por lo que se pudo llegar así hasta el golpe del 17 de julio. Día en que las operaciones del golpe se encontraron por completo a cargo de los paramilitares.

 

De manera que tan sólo en hora y media, unas cuantas decenas de individuos vestidos de civil, pero entrenados militarmente y armados con metralletas, recorrieron la ciudad de La Paz al medio día en ambulancias, hasta lograr secuestrar a la presidenta de la República, así como a su gabinete magisterial, también a la dirección político-sindical del país, además de acallar mediante la fuerza a todas las radioemisoras de la ciudad. Y una vez paralizada la capital, los paramilitares entregaron el poder al ejército en la persona de comandante general, Luis García Meza15.

 

Demostrando así los golpistas a sus camaradas, que al utilizar a fuerzas paramilitares se podía actuar de manera “independiente” del resto de las fuerzas armadas, al tener la capacidad de lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles. Más toda vía, servía como factor demostración para los indecisos o reticentes, al indicarles que también podían correr la misma suerte que tuvieron los políticos a manos de los paramilitares.

 

Siendo así que la mayor parte de los comandantes de regimientos no dudaron en participar en la represión, después de cumplidas las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares. De manera que en los allanamientos actuaron en conjunto militares y paramilitares, donde a los últimos les correspondía la iniciativa mientras que a los primeros les tocaba ser el respaldo de la fuerza16.

 

Desde entonces, es de vital importancia para la clase obrera y campesina de toda América Latina, comprender que los narcotraficantes pueden actuar dentro del paramilitarismo, como una especie de “ejército paralelo” o guardia pretoriana, al servicio del ejército y fracciones de la burguesía nacional y extranjera. Y que llegan a conformar un verdadero poder dentro del ejército, debido a que los jefes y oficiales vinculados a ellos controlan al mismo tiempo puestos clave dentro del mismo. En Bolivia jefes y oficiales actuaron incluso como logias secretas, tal fue el caso de las llamadas “Águilas Negras”. Además, los narcotraficantes lograron penetrar en todos los entresijos del aparato estatal.

 

 

Quitar el agua al pez y tierra arrasada, de métodos y estrategias para deshacer la insurgencia

 

Desde hace muchos años atrás, gran parte de los consejeros y expertos norteamericanos en política exterior sobre la ciencia político-militar de la contrainsurgencia, han observado a las revoluciones modernas con sumo detalle, para comprender sus estrategias y así poder contrarrestarlas o revertirlas. De forma que comienzan a definir a los participes de la insurgencia como “guerrilleros políticos”, civiles armados para quienes el rifle o el machete son armas secundarias. Siendo su arma principal su relación con la comunidad o la nación, misma por las cuales pelean. Y su “arma secreta”, más allá de cualquier estrategia o táctica, es la capacidad de despertar en la comunidad la inconformidad con el sistema de cosas imperante. Por lo que la derrota militar del enemigo, el derrocamiento del gobierno, son tareas derivadas que vienen en consecuencia. Siendo entonces la tarea central de la insurgencia lograr que la población se transforme en militante, ya que sin su consentimiento no tendría fuerza.

 

Tales hechos llevan a los estrategas a comprender que el insurgente puede emprender la retirada cuando no logra sostener un combate con buenas posibilidades de triunfo, o dispersarse y esconderse cuando no tiene seguridad de movimiento. De forma que siempre que cuente con el apoyo de la comunidad, puede diluirse en el seno de la población pacífica, el mar donde según Mao-Tse-Tung, la insurgencia nada como un pez.

 

Identificando entonces que la población es la clave de toda lucha, debido a que sin el apoyo del pueblo la insurgencia sería un simple grupo de bandidos incapaz de sobrevivir. Y si por el contrario la contrainsurgencia logra cooptar a la población para contar con su apoyo, la insurgencia no será posible, no habrá guerra ni revolución. La causa se evaporaría, muriendo al no encontrar el impulso popular necesario para alcanzar el cambio radical17.

 

Del examen descrito, también determinaron que el objetivo central de la insurgencia es elevar el nivel de madurez revolucionario y por ende la participación popular. Hasta llegar a un punto en el que la insurgencia se generalice en todo un país y las masas populares terminen con el orden existente, así como con el ejército que lo defiende. Y de acuerdo con la experiencia boliviana se puede observar que, los estrategas contrainsurgentes al resultarles improbable la derrota militar de una auténtica insurgencia, han optado cada vez más por la utilización de métodos cercanos al genocidio.

 

Todo lo cual ocurre al mismo tiempo que el gobierno finge ser popular, prestando gran atención a los conceptos populares de democracia, justicia y derechos humanos, para mantener cierta apariencia de normalidad. Esquema dentro del cual, conforme han aprendido que no pueden aplastar abiertamente a la oposición que los perturba y los hostiga, vienen recurriendo cada vez más a la estrategia narco-paramilitar o simplemente paramilitar, como la boliviana. 

 

Revirtiendo para la insurgencia una situación en la que la movilización de la gente sencilla de todo un país, les permite crear un enorme mar humano donde ahogar al enemigo, como postulaba Mao. Máxime, cuando en los hechos los insurgentes en determinados momentos históricos lograron ampliar sus bases rurales hasta abarcar a la gran mayoría de la población campesina, haciéndole inviable el movimiento a las fuerzas armadas. Y lograron tomar posteriormente aldeas y pueblos grandes, hasta lograr replegar al ejército hacia sus puntos fuertes en la ciudad18.

 

Por ejemplo, durante 1982, en el Salvador cuando el ejército de esa nación no era capaz de derrotar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR). Se orquesto una campaña militar dirigida principalmente por fuerzas estadounidenses, que encaminaron sus fuerzas contra la población civil inerme, para quitarle apoyo al FMLN-FDR, amedrentando y masacrando a la gente. Asimismo se dio la persecución de obreros, campesinos, intelectuales, periodistas nacionales y extranjeros, así como fueron perseguidos todos aquellos que resultaran sospechosos de “simpatizar” con el movimiento revolucionario.

 

Bajo esa tesitura, se creo un clima represivo durante los ochenta tanto en el Salvador como en Bolivia, que se ha perfeccionado hasta la actualidad en Colombia y México mediante la guerra contra el narcotráfico. Ya que bajo esta se ha venido afectando a casi todos los sectores de la población, mediante la salida a las calles de militares que supuestamente intentan contener el avance del narcotráfico, pero que por el contrario han favorecido el fortalecimiento y la conformación de grupos de narco-paramilitares. Que tienen por objetivo escarmentar por medio del terror a todo el pueblo y mostrar que no hay derechos humanos que valgan. A causa de esto, hoy en día estamos padeciendo una terrible guerra genocida “contra las drogas”. Inspirada, apoyada y conducida, tal como en las dictaduras del pasado, por el demencial imperio norteamericano.

 

Por las siguientes razones, en Colombia durante el mandato del tecnócrata Virgilio Vargas (1986-1990) se exponencia la guerra sucia inaugurada por Betancourt Cuartas. Siendo que se facilito la represión “legal” a la que fue sometida la oposición a partir de los dictados para “perseguir a narcotraficantes” y sus sicarios. Pero que en los hechos, los narcotraficantes contribuyeron decididamente a la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y sicarios de las fuerzas armadas. Como resultado del dinero que los narcotraficantes inyectaron, los paramilitares pudieron obtener armas modernas, sofisticados sistemas de comunicación, financiamiento de mercenarios internacionales como entrenadores, así como permitieron asalariar a extensas redes de sicarios e intimidar y sobornar a quien fuera necesario19.

 

Y conforme el narco-paramilitarismo se acentúo en Colombia, estos grupos se pusieron a “trabajar” en actos como el asesinato del médico, catedrático y senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia Giraldo, ocurrido el 14 de agosto de 1987. Después de que días antes fuera uno de los organizadores de una marcha en Medellín para protestar ante la ola de asesinatos a profesores y estudiantes universitarios. Asesinado por sicarios que se encontraban bajo el mando del líder paramilitar y miembro del cártel de Medellín, Carlos Castaño Gil, ocurriendo tales hechos a muy pocas calles del supervigilado cuartel de la IV Brigada.

 

Más aun, el uso de narco-paramilitares ha permitido en Colombia dar un salto cualitativo en el tipo de asesinatos, puesto en evidencia ante la ejecución de cuatro militantes de derechos humanos. siendo que hasta antes de esas ejecuciones, gran parte de los asesinatos políticos cometidos por las fuerzas de seguridad y sus escuadrones de la muerte, recaía sobre personas asociadas a la oposición de izquierda como, sindicalistas, líderes populares, campesinos en la regiones guerrilleras, ex presos políticos, así como amigos y padres de miembros de los grupos de oposición armada.

 

Desde entonces, las desapariciones y los asesinatos se multiplicaron, ya que también se dirigieron a personas conocidas por sus contribuciones culturales, universitarias u acciones a favor de la ciudadanía. Configurándose como un ataque contra sectores enteros de la sociedad colombiana, donde lo único necesario para ser víctima era no apoyar abiertamente al gobierno y por lo tanto ser considerado como “subversivo”20. Resultando asimismo entonces, que la organización de la defensa de los derechos humanos en 1987, fue duramente perseguida, siendo amenazados de muerte 15 de sus miembros, cuatro asesinados y uno desaparecido. En tanto que otros cinco tuvieron que abandonar el país.

 

Quedando en claro el grado de impunidad ante estos hechos, del Estado colombiano, quien actuó al amparo del narco-paramilitarismo. Según demostraron las declaraciones por el líder paramilitar y narcotraficante Carlos Castaño Gil. Después de que este reconociera que el 9 de agosto de 1994 viajo a Bogotá y dirigió el comando que ejecuto al senador Manuel Cepeda Vargas. Pero no obstante su declaración la Corte Suprema de Justicia rechazó la confesión. Más aun, Manuel Cepeda señalaría la ironía y el deplorable sistema de justicia colombiano, al indicar que que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda responsabilidad, sin que el mismo se asignara un abogado para su defensa21.

 

A este deplorable escenario en Colombia, se le sumaron las mal llamadas Juntas de Autodefensa, estipuladas en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10 Restringido), como los principales apoyos de combate en contrainsurgencia, además de los servicios de inteligencia y los grupos de guerra psicológica. Resultando entonces que las autodefensas estuvieron cada vez más activas en las regiones de sus miembros y para lo cual contaron con la coordinación y el apoyo activo del ejército. Siendo enviadas por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.

 

Despliegue paramilitar dentro del cual se debe tener en cuenta que ocurre una vez que en Colombia se instauran empresas trasnacionales estadounidenses como Del Monte y Doley, además de la United Fruit que se acento desde los sesenta en la zona de Urabá. Todas estas empresas acapararon las mejores tierras, de manera que a principios de los años ochenta Urabá ya ocupaba el segundo lugar en la exportación de banano en el mundo. Para lo cual se explotaron a unos 30 000 trabajadores cuyas jornadas llegaban a ser de hasta 70 horas semanales, sin seguridad social ni contratos fijos, además de que la mayoría se encontraban hacinados con sus familias en campamentos22.

 

Explotación ante la cual los trabajadores comenzaron a manifestarse en contra, apoyados por organizaciones y partidos de izquierda. Lo que le posibilito a su vez a la izquierda ganara alcaldías en los principales municipios de Urabá. Demostrando su contundencia organizativa sindical al momento de negociar pliegos laborales y ante la intransigencia patronal lograron paralizar totalmente la producción y exportación del banano, además de otras actividades económicas. Lo cual enfureció a los empresarios y al Estado.

 

Además la ruptura de las negociaciones entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno agudizaron el contexto de conflicto, particularmente desde 1987. Y tal como viene ocurriendo hoy en día en distintos estados de la republica mexicana como Guerrero y Chiapas, el gobierno colombiano anuncio llevaría la “paz” a Urabá, declarándola “zona especial de orden público y operaciones militares”. Ocurriendo entonces en esa zona que bajo el mando de un militar con poderes plenos, se instalaron cinco batallones de contraguerrilla, se cancelaron las personerías jurídicas de los sindicatos, a la vez que se multiplicaron los grupos de narco-paramilitares y se instauró una política represiva de tierra arrasada23.

 

En consecuencia, la madrugada del 4 de agosto de 1988, los narco-paramilitares llegaron a las haciendas bananeras Honduras y la Negra, en Urabá. Sacaron a los campesinos de sus dormitorios, los identificaron, interrogaron y mataron a veinte de ellos cuando aun permanecían tendidos en el piso. A esto se le sumaban la muerte de cuarenta dirigentes sindicales, asesinados días antes por “desconocidos”. Y cuando algunos jueces, después de la masacre de campesinos, acudieron acompañados de militares para hacer el levantamiento de los cadáveres, algunas mujeres sobrevivientes identificaron a varios de los uniformados como partícipes de la masacre. Indicando que, cuando los asesinos estaban revisando a los fusilados, uno de ellos dijo: “Mi cabo, todavía hay uno vivo”. “Remátelo” obtuvo como respuesta24.

 

Pero, no obstante la participación de militares en tales eventos, se dijo que algunos de ellos habían participado, estos eran una especie de “ovejas descarriadas”. Afirmaciones que tenían la intención de negar una política de terror a escala nacional desatada por las fuerzas armadas contra la oposición. De ahí que la versión gubernamental fue desmentida por distintas investigaciones oficiales e independientes al establecer que las masacres habían sido muy bien preparadas. Más aun, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación se concluyó que desde el Magdalena Medio se trasladaron paramilitares bajo el mando del ex militar Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”.

 

Además, los operativos para identificar a las futuras víctimas fueron realizadas por unidades de inteligencia de la V y X Brigadas, con el respaldo de empresarios bananeros y ex guerrilleros reclutados por el ejército, todo lo cual fue ordenado por el oficial Sanmiguel Buenaventura. Mientras que el desplazamiento de paramilitares y la dirección de operativos estuvo bajo la dirección del mayor Luis Felipe Becerra Bohórquez, mismo que incluso pago son su tarjeta de crédito la cuenta del hotel de Medellín de algunos de los militares trasladados desde el Puerto Bocaya a Urabá. 25

 

Asesinato y persecuciones que también alcanzaron a la jueza Martha Lucía González, después de que ésta el 31 de agosto de 1988 ordenara el arresto del mayor Becerra Bohórquez y del jefe paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil. Desde entonces recibió amenazas de muerte, hasta verse obligada a salir del país. Pero en represalia, el 4 de mayo de 1989 su padre fue asesinado en Bogotá. Más toda vía, la jueza que la sustituyo fue asesinada junto con sus escoltas el 28 de julio, después de que esta confirmara la orden de arresto contra Becerra Bohórquez.

 

Y si bien en septiembre de 1989 un tribunal de Bogotá confirma la orden de aprensión contra el oficial, esta nunca se efectuó, sino que por el contrario éste fue ascendido y enviado aun curso al extranjero. Además, la orden de aprensión fue revocada, a la vez que el militar fue nombrado secretario de prensa del ejército y recibió la medalla al Servicio distinguido.

 

De estos hechos se puede inferir que en Colombia, igual que ocurrió en Bolivia y se viene acentuando en México, se ha buscado abrirle espacio a los intereses y actividades del narcotráfico que se encuentran en contubernio con las perspectivas agroindustriales. Por lo que detrás de la estrategia de terror hacia la población y sus organizaciones, se debe destacar el hecho de que Urabá es considerada como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo. Zona con 1,230,000 hectáreas de tierra y cerca de 700,000 habitantes, no sólo es productora del 60 al 100% de los cultivos de banano del país, sino que además, posee enormes reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, gigantescos recursos petroleros, así como una gran biodiversidad26.

 

Mientras tanto en México, particularmente en el estado de Guerrero, desde antes del 26 de septiembre de 2014, día en el que 43 estudiantes de la Normar Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecieron a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales. El número de desaparecidos por supuestos narcotraficantes eran casos de todos los días y que nadie volteaba a ver. Tan solo en mayo de 2010 se localizo en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres, así como se encontraron “narcofosas” descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala. Tan solo de enero a agosto de 2014 se contabilizaron 197 desaparecidos, que sumados con los 43 normalistas son 240 27.

 

Hechos que han gozado de tal impunidad que, al día de hoy han colocado a Guerrero en una situación donde todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco sean campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios. Mismos que se encuentran bajo las órdenes de algún cártel local. Ocurriendo así desde 2012, cuando el estado empezó a disputar el primer sitio en violencia frente a Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez y Ecatepec. Siendo considerado Acapulco el año pasado como la ciudad más peligrosa del mundo con casi mil 200 asesinatos. Éste estado de la república comenzó a sufrir una exacerbación de la violencia desde el 28 de octubre de 2010, después de que en el centro de Acapulco fueron fusilados tres hombres y una mujer. Desde entonces, la violencia ha ocasionado el cierre 970 negocios en el puerto, la huida de familias, así como el abandono de residencias o casas de playa.

 

Ante tales eventos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncio un plan de “rescate para Acapulco”, que ha implicado la militarización de la seguridad pública, tal como ocurriera en Colombia cuando se instauran los narco-paramilitares. Y de igual forma que en aquel país, pese o gracias a la implementación de operativos policiaco-militares la narcoviolencia continúa. Situación que parece se agudizara, puesto que Osorio Chong anuncio en 2015 la creación de un cuartel militar en Chilapa, a pesar de que dicha zona ha sido señalada como una franja donde el Ejército ha sido acusado de proteger al grupo de los “Ardillos”.

 

Versiones que han sido corroboradas por los hechos, pues este grupo no sólo aniquila con toda impunidad a sus adversarios, sino que también realiza secuestros para reclutar adeptos y los obligan a trabajar para ellos en campos de enervantes o los integran a sus escuadrones de la muerte. Más aun, se ha señalado a la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez de mantener vínculos con el grupo de los Ardillos, así como con integrantes de una nueva banda. Este nuevo grupo supuestamente ha desaparecido a 16 personas de entre 15 y 31 años, algunos de los cuales han sido vistos trabajando en campos de amapola resguardados por hombres armados28.

 

Y como resultado de estos hechos, se viene observando una indolencia por parte del gobierno federal, al no hacer nada para detener a tales delincuentes, pese a las denuncias de familiares de las víctimas como José Díaz Navarro. Éste ha advertido desde 2015 que en Chilapa se estaba gestando otro Ayotzinapa, ya que ha sido evidente que la delincuencia actuó en colusión con el ejército, autoridades federales y estatales, para la desaparición de su hermano Hugo y Alejandro. Estos fueron interceptados, junto con tres empresarios de la construcción, por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de 2014 y hasta la fecha los cinco siguen desaparecidos.

 

Pero además, el vínculo narco-paramilitar también se ha visto fortalecido por el respaldo de la prensa, debido a que en ésta algunos informadores han sido contratados por las autoridades y publican notas y reportajes sesgados, tal como ha señalado Ángela Buitrago, ex fiscal colombiana y que trabajo en México durante 13 meses como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, Ángela a señalado que cuando el GIEI solicito a las más altas autoridades del país que permitieran interrogar a los militares que presenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como les permitieran revisar los informes que los militares entregaron a sus superiores. El Secretario de Gobernación, Osorio Chong les dijo que esos interrogatorios no iban a ser posibles29.

 

Otro tanto ha venido ocurriendo en el caso de Tlatlaya, estado de México, lugar donde también se ha puesto en evidencia que el 30 de junio de 2014 el ejército mexicano realizo ejecuciones sumarias, después de mantener un enfrentamiento con supuestos integrantes del crimen organizado. En este caso, Grupo Televisa se fue deshaciendo de los directivos de Esquire, ya que estos respaldaron la publicación del reportaje freenlace (el cual sostiene la versión de ejecuciones por parte del ejército) en 2014 y el seguimiento que le dieron en 2015. Así, la cúpula editorial de Televisa despidió a Manuel Martínez Torres, quine era directos de Esquire, así como a su jefe, Javier Martínez Staines y por lo cual Mael Vallejo, editor general también de Esquire, renuncia.

 

Así, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, ha señalado que la falla de origen para dar solución al caso Tlatlaya, se encuentra en el hecho de que los militares mantuvieron el control sobre el lugar de los acontecimientos por varias horas, antes de la intervención de una autoridad civil, mientras que la CNDH ha encontrado que cuando la Sedena toma el control de una escena del crimen con frecuencia la altera para encubrir lo que ocurrió. Lo cua es corroborado por el testimonio de los sobrevivientes de Tlatlaya y los mismos soldados, ya que estos han indicado que la zona estuvo bajo control castrense entre seis y ocho horas hasta que llegaron, después de las 12:30, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México30.

 

Pero por si todo esto no fuera suficiente, en el estado de Guerrero bajo el clima de violencia e incertidumbre ya descrito, han surgido las llamadas Autodefensas desde junio de 2012, en Huamuxtitlán, región de la Montaña, antes incluso que en Michoacán, donde el fenómeno emergió más tarde y el armamento como cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato y por lo cual salieron en los titulares de la prensa nacional e internacional, en tanto que las armas en Guerrero no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre.

 

Y aunque el embrión de la Policía Comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en noviembre de 1995, las autodefensas de Huamuxtitlan estarían signadas por enfatizar su lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esta misma línea le siguió Olinalá, lugar que ha tenido mayor relevancia a partir de que a mediados de 2013 su comandanta Nestora Salgado García detuvo al síndico procurador del Municipio, armando Patrón Jiménez. Acusado de mantener vínculos con los narcotraficantes de la región31.

 

Asimismo en Telamacatzingo, poblado perteneciente al municipio de Olinalá, surge otra autodefensa el 2 de diciembre de 2012, con Citlali Pérez Vázquez al frente. Mientras que el 5 de enero de 2013, surge otra autodefensa en Ayutla de los Libres, bajo el mando del násuvi Bruno Plácido Valerio.

 

Sin embargo es importante tener en cuenta que tales autodefensas han mantenido diferencias radicales en sus formas de trabajo. Destacando el hecho de que mientras Nestora Salgado se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio sólo recibió una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptando todo tipo de prebendas, desde playeras y radios para sus huestes, hasta una camioneta blindada en la que se transportaba.

 

No obstante estas diferencias, desde 2012 el surgimiento de las autodefensas no ha parado en Guerrero, manifestándose en las siete regiones de dicho estado. En municipios como El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teololoapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande, Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla y Chilpancingo. Todas las autodefensas han avanzado, crecido o se han extinguido, al igual que sus líderes, en un clima de corrupción e inconformidad social, donde el gobierno a tejido alianzas con el narcotráfico y algunas autodefensas, dejando de lado a otras que no se han subordinado. De tal suerte que algunas han terminado por ser infiltradas por el narco, minadas desde dentro, por lo que hoy en día el narcotráfico sigue inamovible e imbatible, manteniendo bajo su control a la ciudad más grande y poblada, Acapulco. Así como al pueblo más pobre y recóndito, Zitlala, causando miles de muertes y cientos de personas desplazadas32.

 

Pero al igual que en Urabá, no se debe pasar por alto que tales eventos ocurren en un estado de Guerrero donde existen ricas minas de oro, plata y cobre, así como tiene grandes recursos hídricos en ríos, lagunas y playas, además de recursos forestales. Mismos que el generoso presidente Enrique Peña Nieto, pone a disposición de empresas como el Grupo Collado. Grupo que recibió de manos del mismo presidente, el 12 de octubre del año pasado el Premio Nacional de Exportación33.

 

 

Bibliografía.

 

Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982.
Echeverria Zuno Álvaro. “Centroamérica: la guerra de Reagan”. Presencia latinoamericana, 1985.
Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967.
Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008.
Hemerografía.
La Jornada, sábado 21 de mayo de 2016.
Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.
Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
Notas:
1 Rebelión. “Un poder imperial en la cuesta abajo. Un desafío al poder de Estados Unidos (I)”. Por: Noam Chomsky, 17-05-2016
2 Rebelión. ¿Qué principios gobiernan el mundo? Un desafío al poder de Estados Unidos (y II). Por: Noam Chomsky, 21-05-2016.
3 Rebelión. “Desmonte de la integración regional”. Por: Emir Sader, 17-05-2016.
4 La Jornada, jueves 19 de mayo de 2016.
5 Guarimbas, término popular que comenzó a utilizarse como sinónimo de refugio, cuando en Venezuela mandaba el militar Marcos Pérez Jiménez (1953). En aquel entonces, la resistencia cívica diseñó un método de subversión: Se operaba en contra de la dictadura para luego correr en busca de seguridad en el interior de las iglesias. Sin embargo hoy en día es utilizado por la derecha venezolana para identificar protestas organizada en zonas residenciales, así como con cierre de calles.
6 La jornada. “Preparativos de intervención militar en Venezuela”. Por: Ángel Guerra Cabrera. 19-05-2016.
7 Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982. Pág. 90.
8 Ibíd. Pág. 93
9 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 92
10 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 101.
11 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 102.
12 Ibíd. Pág. 103
13 Ibíd. 105.
14 Ibíd. Pp. 106-107
15 Ibíd. Pág. 108
16 Ibíd. 108
17 Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967. Pág. 19
18 Ibíd. Pág. 55
19 Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008. Pág. 169
20 Ibíd. Pág. 175.
21 Ibíd. Pág. 176.
22 Ibíd. Pág. 181.
23 Ibíd. Pág. 181
24 Ibíd. Pág. 183
25 Ibíd.
26 Ibíd. Pág. 185
27 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
28 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.

Publicado enPolítica
Un autobús calcinado durante un paro armado del Clan Úsuga, en abril.
El repunte de la violencia de los herederos de los paramilitares marca la recta final del proceso de paz
 

 

El pasado 10 de abril, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana compartió en su perfil de Twitter una viñeta del humorista colombiano Matador. Una serpiente, del tamaño de una anaconda, a punto de devorar una paloma de la paz sobre el mapa de Colombia. La caricatura incluye una flecha apuntando al reptil y una palabra: paramilitarismo. La metáfora, compartida por otros tantos usuarios (no todos miembros de la guerrilla) resumía el temor que sobrevuela el país a pocos meses de que se firme el acuerdo de paz que pondrá fin a más de medio siglo de conflicto con la guerrilla: la presencia, cada vez más activa, de grupos armados que atentan de una forma similar a la que solían las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

Desde principios de año hasta abril, la Policía colombiana y la ONU han confirmado al menos 12 asesinatos de líderes sociales a manos de bandas criminales, un saldo de tres muertos al mes. El Gobierno asegura que todos los casos se están investigando, pero no encuentra una relación directa entre la ideología de esas personas y el crimen organizado. La semana pasada, un hombre armado disparó contra una reunión en la que se encontraba Imelda Daza, histórica líder de la Unión Patriótica (partido surgido de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur), la formación que perdió a más de 3.000 integrantes, asesinados por grupos paramilitares, incluidos dos excandidatos presidenciales.

 

Pese a todos los indicios, el Gobierno de Juan Manuel Santos se ha mostrado reticente a hablar de paramilitarismo. Las autoridades consideran que las AUC ya se desmovilizaron a principios de este siglo y que lo que buscan ahora estas organizaciones criminales es un reconocimiento político para beneficiarse de la justicia especial que se ha acordado con las FARC en La Habana por la que serán juzgados todos los actores del conflicto. El Gobierno argumenta que estos grupos armados tampoco evidencia una estrategia contrainsurgente y no constan enfrentamientos entre estas estructuras y las guerrillas. Las investigaciones que llevan a cabo desde distintas estancias estatales concluyen que aunque “hay evidencias” de relaciones con miembros de la fuerza pública y funcionarios, “son aisladas y producto de la corrupción”.

 

Se ha vuelto un debate semántico. El Gobierno se empeña en mostrar las diferencias con los paramilitares y los movimientos sociales las semejanzas. Lo único cierto es que se trata de grupos que quieren afectar al proceso de paz”, opina Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. La entidad, con cálculos similares a otros centros de estudio, estima que de los 1.102 municipios del país estos grupos operan en cerca de 300. El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños, formado por unos 3.000 miembros, es el grupo más activo. Su líder, alias Otoniel, es hoy en día el hombre más buscado de Colombia. Más de 1.000 hombres participan desde hace más de un año en la Operación Agamenón para tratar de capturarlo.

 

Ávila divide a estos grupos neoparamilitares en tres tipos: un 30% con características similares a los paramilitares de antaño, es decir, dedicadas al contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, con jerarquía dentro de la organización y una cercanía con sectores políticos y judiciales. Otoniel encabezaría este grupo. Otro 30%, menos jerarquizado, que venden servicios de seguridad privada o sicariato, protegen algunos territorios, pero tienen alcance regional. El 40% restante lo formarían “bandas de 20 o 30 tipos, mercenarios, con mucha autonomía criminal que presenta sus servicios al mejor postor”. “Los Urabeños no van a empezar a matar guerrilleros porque sí, pero si, pongamos, un ganadero lo quiere hacer y les pagan, lo van a hacer”, concluye.

 

La creciente actividad de estos grupos está teniendo una fuerte repercusión en la recta final del proceso de paz con las FARC, que desde hace tres años y medio se desarrolla en La Habana.. Las garantías de seguridad a los guerrilleros después de su desmovilización es un asunto que ambas partes llevan trabajando desde hace meses. La comisión negociadora que trata este tema, liderada por el general Óscar Naranjo y Pablo Catatumbo, respectivamente, se ha intercambiado una treintena de borradores sin conseguir llegar a un acuerdo. En sus charlas el término de paramilitarismo se pronuncia con más asiduidad que en territorio colombiano. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido visos de un cambio de postura por parte del Gobierno. Recientemente, autorizó el uso de “toda la fuerza del Estado”, incluido los bombardeos aéreos, contra las principales bandas criminales del país. De hecho, del término Bacrim empleado para definir a estos grupos se ha pasado al de “grupos armados organizados”.

 

En los últimos días, las referencias al paramilitarismo han copado varios de los mensajes más relevantes de Colombia. La excandidata presidencial Íngrid Bentacourt, en su regreso a Colombia después de seis años, hizo referencia a la “reciente reincidencia del paramilitarismo a través de las bandas criminales después de un programa de sometimiento a la justicia”. Incluso el presidente, Juan Manuel Santos, lanzó este viernes un duro mensaje a su máximo opositor, Álvaro Uirbe. El expresidente, del que Santos fue ministro de Defensa, llamó esta semana a la “resistencia civil” ante los acuerdos de La Habana. “Es la misma que proponía Carlos Castaño”, le ha espetado Santos, recordando a uno de los máximos cabecillas paramilitares que ha tenido Colombia.

 

 

 

Publicado enColombia
“Si no se reconoce que existe el paramilitarismo en Colombia es difícil firmar la paz”

El asesor jurídico de la Delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de Colombia y abogado español, Enrique Santiago, asegura que todavía faltan matices cruciales para la paz definitiva en Colombia aunque cree que, si la firma llega en el primer semestre de 2016, lo convertiría en el segundo proceso de paz más rápido del mundo.

 

Enhebra, hilvana, borda, corta, cose, dibuja. El tapiz ya casi está pero aún quedan flecos pendientes.


Como si de una obra textil delicada y frágil se tratase, quienes trabajan en los Diálogos de Paz de Colombia en La Habana parecen artesanos y artesanas que avanzan con minuciosidad y cautela. Y no es para menos cuando la Paz está en juego tras más de 50 años de conflicto social y armado ocasionando millones de víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones forzosas, violencia sexual y afectaciones psicológicas, entre otras consecuencias.


El pasado 23 de marzo no se pudo firmar el Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por eso mismo, a pesar de haber previsto la fecha durante meses.
Trabajar en consenso a lo macro teniendo en cuenta el contexto social y político de Colombia y los intereses de cada parte hacen muy complejo tejer unas conversaciones donde hasta la decisión de poner o no una coma en cualquiera de los acuerdos puede ser crucial.


Diagonal entrevista al asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, en un hueco de su apretada agenda por Bogotá, e indaga en los detalles de lo que falta por acordarse entre las partes. Su optimismo y convicción de que la firma final es definitiva y pronta, no desdibuja lo delicado del proceso y de que ponerse una fecha puede enturbiar este momento histórico que otorgue de una vez al pueblo colombiano la paz con justicia social que se merece.


¿Qué particularidades tiene este proceso de paz con respecto a otros que se han realizado en el mundo?

De momento es el segundo más rápido. Los procesos de paz son bastante complejos y lo que no puedes es considerar la variable tiempo para alcanzar la paz. Es absolutamente absurdo y más en un conflicto de 52 años como es éste.
El proceso de El Salvador duró como nueve años, el de Guatemala como 12, el de Irlanda del Norte como 14, el de Angola 15... Estamos hablando de unos plazos que no son en absoluto excesivos, de hecho éste podría ser el segundo proceso que se ha cerrado en menos tiempo si se firma en el primer semestre de 2016 tras el de Nepal, que duró tres años y poquito.


Pero sin duda alguna, la diferencia sustancial y particular es haber situado a las víctimas en el centro de las conversaciones. Todo lo relativo a derechos humanos y víctimas es muchísimo más detallado que en cualquier otro proceso de paz. Habitualmente, en los procesos de paz los asuntos de justicia, de víctimas, de derechos humanos son asuntos muy delicados que, como implica responsabilidades de las partes, causan fricciones y se suelen solventar como declaraciones de intenciones y compromisos de futuro una vez suscrita la paz.


De los dos últimos procesos de paz que se han cerrado con acuerdo, el Acuerdo de Argel, alcanzado en Malí para acabar con una rebelión secesionista de la región Azawad, se aprobó un acuerdo muy detallado en temas militares, administrativo, de autonomía. Es un acuerdo de más de cien páginas, aproximadamente, y de justicia, derechos humanos y víctima hay solo una. Además, habla de que una vez se consolide la paz se estudiará un mecanismo, como una comisión de la verdad, y se analizará qué hacer con los crímenes internacionales que se han cometido.


El Acuerdo Bangsamoro, de Mindanao (Filipinas), el penúltimo proceso de paz que se cerró en el año 2014, es un acuerdo muy detallado sobre cuestiones marítimas diferenciadas, de autonomía administrativa, incluso un poder judicial diferenciado; pero de víctimas, derechos humanos, causación de victimizaciones del conflicto armado hay exactamente 12 líneas en el acuerdo. Y en la misma tónica, cuando se consolide la paz se verá qué mecanismos se ponen en marcha para acabar con la impunidad.


En Colombia, todo lo que se ha alcanzado en materia de justicia o el compromiso previo de poner a las víctimas en el centro del acuerdo y de que el proceso de paz no fuera un cúmulo de impunidades, no ha respondido a una exigencia real de la Corte Penal Internacional, sí del Derecho Internacional y de la voluntad de las partes exclusivamente.


Y eso es porque, afortunadamente en Colombia, hay una sociedad civil desarrollada y estructurada y en concreto hay una red muy importante de organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Colombia es el segundo país de América Latina, después de Argentina, con esa estructura de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos tan consolidada. Yo creo que ésas son las características fundamentales de este proceso.


¿Qué flecos faltan en el Acuerdo de Paz para que no se firmase el pasado 23 de marzo como se propuso?

Ahora mismo se están discutiendo dos puntos de la agenda: el tres, "Fin del conflicto"; y el seis, "Implementación, Refrendación y Verificación". Falta además un aspecto importante del punto 5, que es el de Víctimas, dado que cuando se cerró no se alcanzó acuerdo y ambas partes se comprometieron a abordarlo en el punto tercero para facilitar que en diciembre se presentara el Acuerdo de Víctimas a la sociedad colombiana y al mundo.


Lo que falta no es menor, es todo lo relativo a las Garantías de No Repetición, algo muy importante dentro de esa visión de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, lo que se ha llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. En ningún proceso de paz se había abordado con detalle ni se había creado un Sistema Integral y es un asunto muy estratégico para las partes porque de eso depende la consolidación de la paz y la finalización de la victimización.


¿Qué deben abordar esas garantías de no repetición en particular, siendo estas conversaciones ya una propia garantía en sí misma?
Pues el cambio de la doctrina militar y de seguridad, que el papel de las Fuerzas Militares se limite a lo que establece la Constitución colombiana que es salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional, y no asuntos de orden público interno porque, incluso, constitucionalmente no pueden hacerlo si no hay una declaración de Estado de sitio.


El paso de la policía a un ministerio civil porque no hay ningún país del mundo donde la policía dependa del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. Todo el problema relativo a la depuración de la fuerza pública, personas responsables tanto de violaciones de derechos humanos como de colaboraciones con el paramilitarismo, o incluso con organizaciones corruptas. Todo el problema de la ley de ascenso de las Fuerzas Militares, el acceso a los archivos, a la información... Todo esto no son cuestiones menores.


Todo ello se está discutiendo junto con dos puntos muy críticos del punto 3 (Fin del Conflicto) que hacen referencia al combate y al desmantelamiento efectivo del paramilitarismo. El 3.7 se denomina Esclarecimiento del Fenómeno del Paramilitarismo; y el 3.4 es el combate a las organizaciones que han atentado o agredido a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es decir, el paramilitarismo. Pero este asunto es muy delicado porque el Gobierno, desde que empezaron las conversaciones y a fecha de hoy, siguen manteniendo que el paramilitarismo no existe, que lo que hay son bandas criminales (Bacrim).


Eso hizo que la discusión del punto de víctimas fuera muy complicada incluso porque no había acuerdo a la hora de denominar esa realidad. En el Acuerdo de Justicia se consigue introducir la creación de una Unidad Especial de Investigación y Acusación del Paramilitarismo, que debería funcionar como una fiscalía especializada, como un organismo que combata el paramilitarismo directamente desde el punto de vista judicial y de seguridad. Y en La Habana, la Comisión de Garantías de Seguridad está discutiendo las políticas de desmantelamiento del paramilitarismo y las políticas de protección, no solamente a los guerrilleros una vez hayan hecho la dejación de armas y se hayan incorporado a la vida civil, sino también a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las fuerzas políticas, etc.


Si el Gobierno no reconoce el paramilitarismo, ¿cómo está avanzando este punto para combatirlo?

 

Eso es algo que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo. Y evidentemente, todo lo que va quedando por acordar está muy interrelacionado.


No es posible cerrar el punto clave, formal, de terminación del conflicto, que es el cese bilateral y definitivo más la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, si no se cierra lo de garantías de seguridad. Pero es muy complicado cerrar lo de garantías de seguridad si no se ha cerrado lo de garantía de no repetición. Está todo íntimamente ligado.


¿En cuanto a las cuestiones técnicas del acuerdo, qué queda por trabajar?


De nivel técnico quedan muchas cuestiones. Por ejemplo, concretar los mecanismos para elegir a los comisionados de la verdad, a los jueces de la jurisdicción, a los fiscales de la jurisdicción... Queda pendiente también de cerrar un acuerdo sobre la conformación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay que aclarar el acuerdo sobre quién va a dirigir eso, qué personas se van a integrar.


Está pendiente también cerrar un acuerdo que, desde mi punto de vista, el Gobierno está dilatando demasiado, como es la salida de los menores que hay en los campamentos de la insurgencia. En febrero del año pasado las FARC se comprometieron a desvincular a todos los menores de 15 años que hubiera en los campamentos y, posteriormente, se comprometieron a cesar el reclutamiento de menores de 18 años facilitando también la desvinculación. El problema es que el Gobierno está dificultando mucho llegar a un acuerdo porque, bajo mi punto de vista, está intentando generar una situación ante la opinión pública para que las FARC aparezcan como violadores de los derechos humanos de forma permanente y habitual.


El gran punto que queda por concretarse es todo lo relacionado al Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, Dejación de Armas y Reincorporación a la Vida Civil. Los dos primeros se trabajaron en una comisión técnica compuesta por generales, comandantes y guerrilleros. Cuando llevaban ocho meses de trabajo, presentaron una propuesta a la mesa y sorprendentemente el Gobierno la rechazó. Si bien es cierto la excusa metodológica de que los acuerdos no se alcanzan en las comisiones sino que se deben alcanzar en la mesa, también es cierto que lo lógico, hablando de metodologías, es que si hay una comisión de trabajo que lleva funcionando ocho meses las partes vayan revisando los avances que se van haciendo a los puntos parciales, por lo menos la delegación de las FARC así lo ha ido haciendo.


Porque la Comisión no llega a unas conclusiones de la noche a la mañana, es un trabajo muy minucioso, muy delicado, de encaje de muchas cosas, y es sorprendente que el Gobierno haya esperado a que concluyera el trabajo de la Comisión para rechazarlo, sobre todo cuando el Gobierno tenía mucho interés en haber alcanzado el Acuerdo Final en marzo.


¿Y qué lectura tiene ante esto?

Aquí se ha repetido el escenario que ya ocurrió en septiembre, cuando se firmó el Acuerdo de Justicia derivado de la Comisión Jurídica, que incluso después de firmarlo por el presidente Santos y el comandante de las FARC Timochenko (Timoleón Jiménez), el Gobierno se desdice y obliga a su renegociación, por lo que no se firma definitivamente hasta diciembre. La impresión es que el Gobierno no acepta ningún acuerdo que no haya sido construido en la Mesa de Conversaciones, sino que haya sido construido por personas que intervienen en comisiones de trabajo de la Mesa de Conversaciones.


¿Cómo se está trabajando la implementación para el cumplimiento de los acuerdos una vez se realice la firma final?

 

La implementación es otro asunto polémico, porque viene existiendo unilateralidad por parte del Gobierno. El itinerario de implementación jurídica de los acuerdos diseñado unilateralmente por el Gobierno carece de lógica porque no contempla la incorporación expresa al ordenamiento jurídico de Acuerdo Final, con lo cual es muy difícil implementarlo.


El diseño que ha aprobado unilateralmente el Gobierno es un plebiscito que no tiene ningún efecto jurídico, porque el resultado favorable del plebiscito no implica que el acuerdo de paz entre a formar parte del ordenamiento jurídico. Asimismo, la forma elegida de las tres posibles vías que hay en la Constitución colombiana (el referéndum, la consulta y el plebiscito) probablemente sea la menos adecuada. Y es que el plebiscito legalmente es la votación ciudadana para la aprobación o rechazo para una decisión presidencial que no requiere desarrollo legislativo, y un Acuerdo de Paz no es una decisión presidencial, es fruto de un trabajo en una mesa de conversaciones. Además de que un Acuerdo de Paz lo que sí requiere es mucho desarrollo legislativo.


La segunda fase del diseño de implementación que ha aprobado el Gobierno es la creación de una Comisión Legislativa, "el Congresito", que estaría encargado de expedir leyes de desarrollo del Acuerdo; de ese mismo acuerdo que en el diseño legislativo del Gobierno en ningún momento se ha incorporado al ordenamiento jurídico, con lo cual, como esa Comisión queda habilitada para trabajar una vez acabado el proceso y no haya mesa de conversaciones, al final eso significa que el Gobierno –éste y los que vengan después– puede interpretar como ellos consideren los contenidos del Acuerdo de Paz a la hora de expedir leyes de desarrollo sin ningún tipo de control, lo cual puede provocar desvirtuar los acuerdos.


Y el tercer mecanismo que considera es la delegación de facultades extraordinarias al Presidente y a determinadas instituciones del Estado para que también puedan hacer el desarrollo legislativo.


Frente a esto, ¿qué propone la delegación de las FARC?

 

La delegación de las FARC propone incorporar el acuerdo al ordenamiento jurídico y ello puede hacerse por dos vías, ya que son técnicas que no son sencillas, mecanismos jurídicos que no siempre se han utilizado en procesos de paz anteriores pero que dan máxima garantía de seguridad jurídica.


Una primera fase es la incorporación al ordenamiento jurídico interno con un acto del legislativo colombiano. La propuesta es que el Acuerdo Final se firme como un Acuerdo Especial, figura jurídica contemplada en la Convención de Ginebra. Esto tiene un efecto jurídico e inmediato que provoca la incorporación de todos los contenidos del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno y la incorporación al bloque de constitucionalidad de aquellos contenidos que tienen que ver con los derechos fundamentales.


También es posible la incorporación al ordenamiento jurídico del Acuerdo Final, firmado como Acuerdo Especial, a través de un Acto legislativo, que es la vía de reforma constitucional que existe en Colombia.


Cualquiera de las anteriores técnicas legislativas deben llevarse a la práctica con una tramitación similar a la prevista en la Constitución colombiana para los tratados internacionales, lo cual tiene varia ventajas.


La primera, la esencial, es que en la discusión parlamentaria de un Tratado Internacional no se pueden introducir enmiendas. O se aprueba o se rechaza el tratado, o se asume íntegramente o no se asume. Lo que no se puede es alterar un tratado que está firmado por un montón de Estados. Porque sería inaceptable que un Acuerdo de Paz se varíe durante una discusión parlamentaria, porque entonces el resultado final no sería el acordado en la Mesa de Conversaciones.


Además, debe existir un segundo mecanismo para mayor seguridad jurídica, que es la transformación del acuerdo en una norma de derecho internacional una vez incorporado al ordenamiento jurídico interno. Esto evitaría que un posterior gobierno colombiano pretendiera modificar el Acuerdo de Paz.


La propuesta es efectuar una Declaración Unilateral del Estado, que es una forma de declaración del Derecho Internacional por el cual el Estado formula voluntariamente una declaración de compromiso ante la Comunidad Internacional o ante otro Estado o ante un organismo como Naciones Unidas. Lo que se propone es que esa declaración unilateral vaya acompañada de una solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se incorpore el Acuerdo Final a una resolución del Consejo de Seguridad.


¿Y qué pasa con la refrendación, el punto que tanta polémica está causando entre las partes por buscar el mecanismo apropiado para que el pueblo colombiano participe en la implementación de los acuerdos?

 

Ahí hay una discusión interesante porque también el Gobierno ha decidido unilateralmente que se realice un plebiscito pero hay muchos mecanismos de refrendación, desde una constituyente hasta una consulta, hasta la aprobación del acuerdo por los representantes de la soberanía nacional, las cámaras.


Otra cosa es qué materias son susceptibles de refrendación y cuáles no. Por ejemplo, el Derecho a la Vida no es susceptible de refrendación, los derechos fundamentales como la dignidad de la persona tampoco, es decir, no se puede someter la vigencia de un derecho humano a la voluntad popular, son normas de derecho imperativo del sistema jurídico internacional.


Entonces, ¿la paz no es necesaria someterla a refrendo?

 

La paz es un valor supremo, sin la paz no se puede garantizar ningún derecho humano, con lo cual dentro de la categoría de derechos fundamentales no susceptibles de someterse a refrendación, sin duda alguna, el que está en la cúspide es el derecho a la paz.


Pero, ¿cuál es el efecto? Sometamos la paz a una consulta, ¿y qué ocurre si el resultado es negativo? ¿Acaso el mecanimo de verificación internacional va a devolver las armas a las FARC para que se vuelven a la montaña a estar otros 20 años en guerra?

Evidentemente no, es una situación absurda.


Lo que ha ocurrido en otros procesos cuyos acuerdos se han sometido a refrendación y se ha rechazado el Acuerdo de Paz, como por ejemplo Guatemala, el resultado evidentemente no ha sido volver a la guerra. Con lo cual, desde mi punto de vista, la refrendación de la paz no es equivalente al voto ciudadano sí o no del Acuerdo de la Paz.


¿La realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que plantea las FARC y quiere gran parte de la sociedad colombiana una vez se firme la paz, es una condición o una consecuencia de los acuerdos?

 

No es ni una condición ni un mecanismo de implementación. Creo que ha habido cierta confusión ante esto o no se ha explicado bien. Las FARC no piden que la implementación de los acuerdos se haga a través de una Constituyente, lo que pide es que la implementación se haga de la forma más rápida, eficaz y que dé más seguridad jurídica, y eso no es una Constituyente.


Una Constituyente puede ser limitada, que fue la técnica utilizada en Sudáfrica para acabar con el apartheid y el conflicto. Una Constituyente puede tener como resultado que cuestiones acordadas en unas conversaciones sean después derogadas o no sean incorporadas a la Constitución. Por eso haya que limitarla y abordarla previo acuerdo de unos contenidos pétreos, no modificables.
La propuesta de las FARC en una Constituyente responde a la necesidad de conformar un amplio acuerdo nacional para que el nuevo país que surgirá después de la firma de la paz y cese del conflicto, y ojalá que se llegue a un acuerdo con el ELN, sea resultado del proceso de paz.


Los acuerdos alcanzados implican multitud de reformas institucionales y cierran además un periodo histórico en Colombia, que hace necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo país, y ese nuevo contrato social solamente se puede reflejar con una Constituyente; que deje atrás para siempre problemas estructurales que ha tenido la sociedad colombiana que han hecho de la violencia una formación de hacer política. Esa es la función de la Constituyente, modificar toda la institucionalidad que ha permitido que la violencia sea una forma de hacer política.


¿Qué lecturas y propuestas plantea las FARC para acabar con el paramilitarismo?

 

Las FARC comenzó el proceso de negociaciones diciendo que no iba a haber dejación de armas hasta que no desapareciera el paramilitarismo. Pero lo cierto es que aun en el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año ni en dos, eso es evidente.


Las FARC lo que pide es que se acuerden políticas serias y reformas estructurales eficaces para que acabe el paramilitarismo, es decir, que se acredite el compromiso y la voluntad del Estado de terminar con esto.


Las reivindicaciones de las FARC son, primero, la puesta en marcha de lo que ya está acordado, la Unidad de Investigación de Desmantelamiento del Paramilitarismo, el punto 74 del Acuerdo de Justicia. ¿Y eso qué significa? Pues un acuerdo sobre las competencias y formas de funcionamiento: quién va a dirigirla, con qué recursos se va a contar, cómo se va a elegir a las personas que la integran, qué garantías se van a dar de inamovilidad de sus responsables, dónde se va a ubicar funcionalmente, va a depender de la fiscalía o no, en qué jurisdicciones va a actuar, qué competencias de tipo policía judicial, va a tener, etc.


Las FARC han hecho la propuesta después de consultar a multitud de operadores jurídicos que han venido trabajando en el desmantelamiento del paramilitarismo y que han coincidido en las evidentes deficiencias de la institucionalidad colombiana para combatir el paramilitarismo.


Otra cuestión importante para las FARC es la creación de una Comisión Nacional de Garantías conformada por el Estado pero también por las organizaciones de Derechos Humanos y víctimas y por expertos que hagan un seguimiento estricto de las políticas contra el paramilitarismo. No van a dirigir las políticas anti paramilitarismo, eso lo tiene que hacer las administraciones públicas a las cuales les corresponde (poder judicial, policía, ejército...), pero lo que se pretende es una Comisión que haga un seguimiento permanente al respecto, proponga actuaciones y que pueda hacer públicas las valoraciones y deficiencias que vean en la lucha contra el paramilitarismo.


Se propone también la puesta en marcha de una serie de planes piloto en los lugares donde existe el paramilitarismo más agresivo. También, mecanismos de seguridad que protejan en el terreno a los guerrilleros reincorporados a la vida civil, a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde haya una dejación de armas de las FARC, ya que esas regiones van a ser un objetivo para los paramilitares


Por último, se propone una reforma del funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad, incluida la creación de nuevos mecanismos policiales de combate al paramilitarismo en las zonas rurales, donde tienen la presencia uniformada y armada.


Precisamente en las zonas rurales de Colombia existen incertidumbres y dudas de que este acuerdo pueda otorgarles la paz debido, en parte, a que los grupos paramilitares continúan violando sus derechos y la violencia se ha incrementado en algunas regiones.

 

Pues no me extraña porque lo que es palpable es la falta de voluntad del Estado para combatir el paramilitarismo. Eso se ha visto claramente con el paro armado que ha habido ahora en el Chocó donde no se ha visto al ejército ni a la policía. Se ve también en general con los resultados de la jurisdicción de Justicia y Paz: en 10 años de actuación son únicamente 35 sentencias las emitidas, 140 personas condenadas y 2.000 personas que han cumplido el máximo de ocho años de cárcel previsto en la ley sin haber sido nunca condenadas en juicio, por lo que serán excarceladas, a pesar de haber habido 30.000 paramilitares desmovilizados. No se sabe dónde han ido a parar más de 20.000 paramilitares supuestamente desmovilizados que no están controlados por el sistema de la ley 975, la ley de desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).


Lo que no me extraña es que la gente sea escéptica, eso es normal. Y el escepticismo sólo desaparecerá si somos capaces de poner en marcha políticas que realmente acaben con el paramilitarismo. Ese escepticismo no acabará hasta que no se vean resultados.


La misma apreciación que tiene la sociedad colombiana sobre la dejación en materias de persecución del paramilitarismo, es lo que se aprecia en muchos momentos en la mesa al abordar estos debates: una dejación del Gobierno de su obligación de cerrar los acuerdos sobre desmantelamiento del paramilitarismo.


¿Cómo se plantea las garantías de seguridad, entonces, si está siendo tan difícil trabajar el tema del fin del paramilitarismo?

 

Sobre el punto de garantías de seguridad se han intercambiado 29 borradores, lo cual es desproporcionado.


Esta dilación es un factor que puede enturbiar la firma del Acuerdo final, más incluso que el debate sobre los lugares de ubicación de los guerrilleros para la dejación de armas.


Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte. Importantes sectores de la sociedad colombiana no entenderían que no se cerrara un acuerdo eficaz, claro y ambicioso para acabar con el paramilitarismo, por lo que si las FARC no son muy exigentes en esto pueden tener un problema serio de credibilidad social.


¿De qué manera será la dejación de armas?

 

La dejación de armas va a ser bilateral. Las FARC lo hará a través de un mecanismo de verificación de dejación de armas con un mecanismo internacional, y a su vez, el Gobierno hará el seguimiento y conocerá el proceso a través de ese mecanismo internacional.


Lo que se sabe es que la dejación de armas será en fases, no están definidas cuántas fases pero no tienen por qué ser muchas. La dejación de armas se iniciara no más tarde de 60 días desde la firma del Acuerdo Final. Las FARC han manifestado en el último ciclo de la mesa de conversaciones que no tienen por qué trascurrir 60 días para empezar ese proceso, pueden ser menos. Su voluntad es iniciar la dejación de armas tan pronto se firme el Acuerdo Final.


La dejación tiene que ir acompañada, como ha ocurrido en todos los procesos de paz, de la entrada en vigor de la amnistía, porque el guerrillero que hace la dejación de armas sale de la zona de concentración y debe quedar libre, así esté sometido a la futura acción del sistema de justicia para la paz, al igual que cualquier otro ciudadano colombiano que no tenga que hacer dejación de armas para que le alcance la amnistía, como los condenados por protesta social, ley de seguridad ciudadana o defensa de los derechos humanos. Debe existir una presunción de amnistía para todas las personas a las que les alcance la ley de amnistía, al menos hasta que se acredite por la Jurisdicción Especial para Paz que son responsables de delitos no amnistiables.


Y las zonas campamentarias para la dejación de armas no pueden ser cárceles. Sólo faltaba que hubiera un régimen más duro de limitación de derechos para la dejación de armas que el que se ha aprobado en el sistema de justicia para aquellos que reconozcan responsabilidades de forma voluntaria y rápida, y además al libre albedrío y decisión del Gobierno, sin intervención de un juez. Eso no puede ser.


Las armas nunca van a ser entregadas al estado colombiano, se destruirán, desaparecerán como armas mediante unos procesos que serán verificados y certificados por los mecanismos de verificación de Naciones Unidas.


¿Cómo valora el papel que está teniendo Estados Unidos en este proceso?

 

Estados Unidos, desde el inicio de 2015 está teniendo un papel activo, constructivo y amigable. Quizás quiso tener un papel más activo a partir del año pasado porque llegó a la conclusión de que la paz era irreversible, al principio del proceso no hubo un gran compromiso, quizás por la incertidumbre sobre si iban a concluir las conversaciones positivamente o no. Creo el apoyo de Estados Unidos es un espaldarazo al proceso de paz; es decir, el proceso viene siendo serio, enfocado, está teniendo resultados y la paz parece muy al alcance de la mano.


Obviamente Estados Unidos, como no podría ser de otra forma, cualquier presencia que tenga en política internacional es para salvaguardar sus intereses. En este caso, parece en esta administración ha llegado a la conclusión de que sus intereses pasan por garantizar la paz en Colombia.


En la práctica, el papel que han hecho es positivo. Es un papel respetuoso, incluso en momentos delicados han ayudado a superar crisis, bloqueos, parálisis. A fecha de hoy, creo que la Administración del presidente Obama sí está comprometida con el proceso de paz. ¿Qué pasará con futuras administraciones? Pues ésa es la gran incógnita. Por eso creo que es muy recomendable cerrar el Acuerdo de Paz durante la actual administración de Obama, de forma que se garantice que Estados Unidos va a hacer las aportaciones en lo concreto del proceso de paz.


En los diálogos de La Habana es la primera vez que se introduce una Subcomisión de Género integrada por mujeres de ambas partes firmantes, ¿cómo valora el papel que están teniendo las mujeres en la construcción de la paz para y en Colombia?

 

No sólo en el proceso sino también en el post-acuerdo van a ser transcendentales. La característica de todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos años es que, respecto a lo acordado en materia de desarrollo económico y social, no se cumple nada. Eso es lo habitual y además sin matices: no se cumple nada. Se cumple lo que tiene que ver con la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes y los mecanismos de justicia, de exención y de exigencia de responsabilidades.


Estoy convencido de que, como ha pasado en todas las sociedades después de un conflicto armado, el peso fundamental de la puesta en marcha de los acuerdos y de la exigencia y vigilancia al Estado para su cumplimiento tiene que residir en las mujeres. Las mujeres son las grandes constructoras de paz y son las que tienen más habilidades, sensibilidad, técnica y conciencia para superar los enfrentamientos armados y para construir una sociedad en de paz.


Con lo cual, yo creo que el papel de las mujeres es fundamental para que se implementen cuestiones muy importantes que se han acordado en La Habana y que supondrían acabar con problemas estructurales y con la inequidad que hay en Colombia.


La Subcomisión de Género es un grupo de trabajo compuesto por mujeres de ambas partes que han velado durante todas las discusiones por intentar acercar esas discusiones a las mujeres y, además, para que el contenido de los acuerdos respete la igualdad de género, la perspectiva de género y la defensa de los menores, niños y niñas.


De hecho, las mujeres víctimas que acudieron a sesiones y audiencia en La Habana, algunas con testimonios espeluznantes y con un esfuerzo psicológico tremendo, mantuvieron un discurso no sólo de paz sino también de reconciliación. Incluso los momentos de mayor acercamiento entre víctimas y victimarios, en general, se produjeron allí en esas audiencias, protagonizados por mujeres.


El pasado 30 de marzo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció junto con el Gobierno el inicio de los acuerdos de paz en una rueda de prensa en Caracas, ¿qué le parece que se inicien ahora estas conversaciones?

 

Eso es muy importante, lo que siempre se ha defendido es que obviamente son dos mesas pero es un solo proceso de paz. Sin el ELN la paz estaría incompleta.

A mi juicio, ojalá el anuncio hubiera sido antes, es decir, que el ELN se hubiera incorporado a conversaciones a la mesa, por ejemplo, sobre el punto de víctimas o sobre la construcción de mecanismos de justicia. Ahora es prácticamente imposible que convivan dos modelos de justicia para resolver el conflicto, por lo que habría sido bueno que el ELN hubiera podido participar en esos debates. Y se intentó pero no pudo ser.


Ahora lo que hace falta es que la muy ambiciosa agenda del ELN se aborde de la forma más coordinada con este proceso. Obviamente este proceso va a acabar antes que el del ELN pero, en mi opinión, el ELN debería tomar las medidas para que llegaran al proceso de la Constituyente y creo que sería una tragedia si el ELN desaprovechara esa ocasión histórica.


Les deseo muchos éxitos y tengo el absoluto convencimiento de que no era posible alcanzar una paz en Colombia sin el ELN.

Por último, ¿para cuándo la firma definitiva del Acuerdo de Paz?


Desde mi punto de vista, el Acuerdo Final es irreversible. Creo que puede alcanzarse en este primer semestre del año, que el proceso de dejación de armas podría estar concluido este año, y que el inicio de la reincorporación a la vida civil podrá producirse también durante este año.

Publicado enColombia
Viernes, 08 Abril 2016 16:29

El cura de las dos biblias

El cura de las dos biblias

Estaba por alcanzar los 60 años de edad cuando llegó al pueblo en un bus de línea y una maleta de cuero que arrastró hasta la residencia parroquial donde viviría. No daba la apariencia a primera vista de ser un cura cualquiera porque, entre otras particularidades, tenía dos biblias.


Revestido hasta los talones con su sotana negra, abrochada de arriba a abajo y desteñida por el uso y los años, Gonzalo Javier Palacio Palacio, llegó para servirle de ayudante al párroco principal de la iglesia Las Mercedes del pueblo de Yarumal, departamento colombiano de Antioquia. El nuevo sacerdote pronto cobró fama porque indagaba hasta el último detalle sobre cada uno de los pecados de los feligreses que iban a pedirle que se los perdonara en el ámbito secreto del sacramento de la confesión.


“Otra cosa que recuerdo de él es que tenía dos biblias: una, común y corriente, para las misas y en la otra, que llevaba a todas partes, había abierto un hueco entre las páginas para esconder un revólver Smith &Wesson, calibre 32, de seis tiros y cacha negra”, precisó un viejo campesino que acudió muchas veces a buscar la bendición del cura.


En los oficios religiosos tronaba desde el púlpito exhibiendo la Biblia de decir misa: “en este evangelio vemos muy claro que Cristo nos da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. En ninguna parte dice que los cristianos deban pedirle perdón a Dios directamente. No, siempre deben pedírnoslo a nosotros, sus apóstoles”, rememoró el viejo campesino.


Recuerda que, como ningún otro cura, examinaba cada confesión con detenimiento para saber de ella hasta los más pequeños detalles. Podría decirse que con sus preguntas le hacía la autopsia a cada pecado hasta verificar si tenía rastro de algún delito secreto. “No le bastaba saber si uno había mentido, si uno tuvo un mal pensamiento, si uno juró en vano el santo nombre de Dios o si uno deseó a la mujer del prójimo. No, preguntaba de quién era hija la mujer del prójimo, dónde había estudiado, cómo se llamaba, dónde vivía y qué hacía exactamente ese prójimo”.


Otra peculiaridad del cura Palacio Palacio era que, en contraste con sus exhaustivos interrogatorios, “ponía penitencias muy cómodas. Usted podía confesarle, pongamos por caso, que se peleó con un vecino o que se robó un carro. Entonces, le preguntaba, eso sí, hasta el último detalle del vecino o del carro y al final simplemente daba la bendición y, cuando más, ponía de penitencia un simple padrenuestro”.


No obstante la serie de preguntas exhaustivas a las que sometía a sus feligreses, ellos preferían que él les tomara la confesión para verse recompensados con la simplicidad de sus penitencias.


Pero la predilección por este padrecito comenzó a disminuir entre la gente debido a que adoptó la costumbre perniciosa de pedirles a ciertos parroquianos fotografías de personas que fueran mencionadas en las confesiones y dejaba en suspenso el perdón de Dios hasta cuando el penitente cumpliera la orden celestial impartida a través de él.


Luego, el apóstol de Cristo comenzó a despertar sentimientos de pavor entre un sector del pueblo que descubrió cómo muchas de las personas por las que el cura preguntaba con sumo detalle en el confesionario eran asesinadas después por bandas de pistoleros, la Policía Nacional o el Ejército.
Llegó un momento en que ya nadie acudía al locutorio de su reverencia el padre Palacio Palacio y éste, extrañado por esa pérdida repentina de fe, salió a las calles y las cantinas del pueblo a indagar entre los feligreses acerca de por qué habían decidido esquivarlo.


“Su reverencia, a mí me dijo una señora que es que usted tiene muy mal aliento y por eso ahora prefieren confesarse con el párroco o ir hasta Santa Rosa”, recuerda que le mintió el viejo campesino cuando fue interceptado una mañana por el cura.


En medio del terror que sembró en la región un largo y creciente período de asesinatos de personas sobre las que Palacio Palacio había preguntado en la confesión, los miembros de la Policía Nacional en Yarumal comenzaron a amarrar cadáveres al parachoques delantero del carro de patrulla Nissan Patrol del destacamento para exhibirlos durante lentos recorridos por el pueblo.


Era 1990. Los paisanos no debieron hacer muchos esfuerzos para descubrir que un grupo de hacendados y comerciantes del pueblo, asociados con la Policía Nacional y el Ejército, estaban cometiendo asesinatos selectivos, llamados “limpieza social”, bajo la dirección principal del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del controvertido político regional Álvaro Uribe Vélez, ambos hijos del extinto comerciante, ex socio de Pablo Escobar y supuesto comerciante de cocaína Alberto Uribe Sierra, a quien las influencias de su hijo Álvaro lo habían salvado de un pedido de extradición hecho por el gobierno de Estados Unidos.


Antes de poner en práctica la estrategia aterrorizante de exhibir al público los cadáveres de las víctimas de “Los doce apóstoles”, en expedientes judiciales quedó registrado que Santiago Uribe Vélez mandó renovar el carro de patrulla del destacamento usado para ello y lo hizo repintar con los colores reglamentarios, negro y blanco, que entonces distinguían a los vehículos de la Policía Nacional.


Las víctimas de la “limpieza social” eran, por lo común, drogadictos, prostitutas, homosexuales, izquierdistas, forasteros, trabajadores agrarios inconformes que denunciaban judicialmente a sus empleadores, protestantes, deudores morosos, ladrones, ateos, sospechosos de congeniar con el hampa guerrillera y, en general, todo aquel que fuera contrario a la decencia, la moral pública y las sanas costumbres cristianas.


Bajo el imperio del terror, Yarumal se convirtió, según se hizo costumbre reconocerlo, en un remanso ejemplar de orden, paz y seguridad con democracia.


Las indagaciones cautelosas que, sin embargo, hacía el pueblo para averiguar la realidad permitieron determinar que la organización criminal causante de tantos “beneficios de higiene social” era manejada por un consejo de once personas, más el mensajero de Cristo en Yarumal, su reverencia Gonzalo Javier Palacio Palacio: por eso se dio en llamarla “Los doce apóstoles”.


Las pesquisas que, con silencio y cautela, los pobladores comentaban en la clandestinidad y debatían en voz baja, les permitieron establecer que los asesinos que asolaban los campos de la región eran adiestrados por policías y militares en un sector de la gigantesca hacienda La Carolina, de los hermanos Uribe Vélez, situada entre los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento de Antioquia. El latifundio estaba dedicado principalmente a la crianza de toros de lidia.


La semana pasada, con una tardanza de 25 años, fue arrestado Santiago Uribe Vélez por la formación de esa banda criminal cuyas fechorías suman cerca de 300 homicidios. Fue una acción judicial inesperada que siempre impidió llevar adelante el eficiente poder saboteador que ha tenido sobre este caso Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010.


El propio expresidente está enredado en el sumario matriz, compuesto por cerca de 13 mil folios, de los cuales guardo copia auténtica, a buen recaudo, en Nueva York. Distinguido con el número 8051 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de Colombia, contiene abundantes denuncios, informes forenses, declaraciones de testigos reservados, investigaciones independientes, delaciones, confesiones de narcotraficantes, conceptos de organismos internacionales, organigramas, peritajes, informes oficiales acusatorios de distintas autoridades y enlaces a otros procesos penales en los que, de la misma manera, abundan los señalamientos directos contra Santiago y Álvaro Uribe Vélez por variados delitos de lesa humanidad atribuidos a “Los doce apóstoles”, raíz y cimiento de lo que años después sería el gran ejército de los carteles del narcotráfico que, con más de 20 mil sicarios distribuidos en bloques paramilitares regionales, se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.


“La verdad sea dicha, para condenar a Álvaro Uribe no han faltado pruebas sino cojones”, sentenció en su cuenta de Twitter la abogada penalista Diana Muñoz  de Bogotá.


Una de las masacres más repudiadas de “los doce apóstoles” fue la de la familia López, en la zona rural La Solita, del municipio de Campamento, próximo a Yarumal, en la que fueron asesinados seis campesinos, entre ellos dos niñas de ocho y once años, Yoli y Milena (ver foto). A un niño de ocho años, Darwin (ver foto), le perdonaron la vida para que contara cómo fue cometido el crimen múltiple y aterrorizara a la población con su relato. Este chico salvó a un bebé de brazos al que las balas de los asesinos lo rozaron por todos lados pero solamente recibió heridas menores con esquirlas de una granada de fragmentación lanzada por los asesinos.

 

 

En la masacre participó el batallón Bárbula, de la IV Brigada del Ejército Nacional, y los muertos, incluidas las dos niñas, fueron presentados como combatientes de las Farc.


La familia López supo que el Ejército y “Los doce apóstoles” habían decidido asesinarlos y durante un par de meses pasó las noches durmiendo a la intemperie escondida en las montañas. Luego abandonó su parcela campesina y se escondió en Medellín y Anorí pero regresó en la clandestinidad para saldar asuntos domésticos que habían quedado pendientes. Cuando todo estuvo en orden, los López se prepararon para huir del todo en una larga caminata que emprenderían en la madrugada, sanos y salvos.


Sin embargo, a partir de un par de desprevenidas confesiones de penitentes recibidas en el locutorio de la parroquia de Las Mercedes, de Yarumal, el cura Palacio Palacio ató cabos, dedujo que los López habían regresado a La Solita, bendijo a los confesantes, pasó la información a los asesinos y estos masacraron a la familia cuando acababa de beber una olla de café cerrero y se disponía a emigrar por las montañas en una marcha de varios días que intentó emprender antes de que brillaran las primeras luces del nuevo día.


Veinte años después, María Eugenia López, quien perdió a su familia en la masacre, supo que el cura Palacio Palacio daba misas en la parroquia del barrio San Joaquín, en Medellín, donde la iglesia Católica lo escondía de la justicia, y decidió buscarlo. Al entrar en la iglesia reconoció la voz del apóstol que rebotaba contra las paredes del ámbito sagrado, esperó que terminara la misa y lo encaró.


–Usted mató a mi familia –lo increpó María Eugenia.


–No sé de qué me está hablando –contestó el cura atolondrado.


–Usted asesinó a mi familia, en La Solita, con el ejército y “Los doce apóstoles” –le gritó de nuevo María Eugenia mirándolo a los ojos.


–Lo que quiera saber pregúntelo en la Fiscalía, yo soy inocente–murmuró el cura con el aliento agitado y próximo a alcanzar los 80 años de edad.


– A usted lo apresaron el 22 de diciembre de 1995 y le encontraron el revólver que escondía entre una biblia y después quedó libre pero usted es un asesino –afirmó María Eugenia con un coraje que jamás en su vida había experimentado.


–¿Y es que yo no puedo tener un arma? –replicó el ahora anciano cura. Con el pulso tembloroso, sustrajo de un bolsillo de su sotana una navaja y desdobló la hoja bruñida y filosa –¿El que yo tenga esta navaja significa que la vaya a matar? –preguntó haciendo una embestida fallida hacia la garganta de María Eugenia, que la esquivó –¡Ese revólver me lo regaló el general Gustavo Pardo Ariza! (el que fue destituido por haber protegido a Pablo Escobar para que huyera de la cárcel en 1991).


– Yo no lo voy a perdonar a usted ni voy a olvidar lo que me hizo. Sólo quiero saber la verdad y que haya justicia –le exclamó María Eugenia al apóstol de Cristo que acababa de oficiar una misa y de errar un lance de puñal.

 

07 MAR 2016

 

Tomado de: http://www.hispanopost.com/el-cura-de-las-dos-biblias

 

Publicado enColombia
Generales Montoya y Torres Escalante ¿Se erradicara el paramilitarismo?

Ojalá las ordenes de captura expedidas por el Fiscal contra dos prominentes generales, organizadores de grupos paramilitares, sea el inicio de la erradicación del fenómeno paramilitar que se debate en la mesa de La Habana como parte del fin del conflicto.

Uno de los puntos de mayor complejidad y alcance político de los que actualmente debate la Mesa de diálogos de paz de La Habana tiene que ver con la erradicación del fenómeno paramilitar, causante principal de los peores episodios de violencia contra los campesinos y sectores populares en las últimas cuatro décadas.

El paramilitarismo es un instrumento de poder de las castas oligárquicas que controlan el Estado, el gobierno y el campo político en sus distintos niveles programáticos y territoriales.

Es igualmente, como lo señala Samuel P. Huntington en sus estudios de ciencia política, una prolongación del poder militar institucional.

El paramilitarismo es un dispositivo y una tecnológica utilizada ampliamente por las fuerzas armadas norteamericanas a partir de diversas experiencias acumuladas, después de la Segunda Guerra Mundial, en China, Tailandia, Indonesia, Chile, Guatemala, Argentina, Uruguay y Brasil, para combatir y aplastar los movimientos revolucionarios.

Hoy el paramilitarismo es una práctica consuetudinaria en las guerras de Irak, Afganistán y Siria.

Colombia ha sido un teatro privilegiado de aplicación de dicho esquema bélico, el cual se soporta en las doctrinas anticomunistas contrainsurgentes, desde los años 50, y con los planes Lasso y Colombia.

El paramilitarismo es la esencia terrorista del Estado y su organización ha corrido por cuenta de los militares –activos y retirados– que han contado con abundante financiación de narcotraficantes, ganaderos, multinacionales, banqueros, terratenientes, gamonales y empresarios de la industria.

Ese monstruo sangriento representa uno de los mayores peligros para la paz.

No es cierto que el mismo haya sido eliminado, como lo proclaman los voceros santitas, pues sigue vivito y coleando tal como lo hemos podido constatar con la reciente cadena de asesinatos y homicidios de líderes sociales y populares en varios lugares del territorio nacional. Ya van más de 40 líderes acribillados.

Las bandas paramilitares, disfrazadas de Bacrims ahora, operan en Arauca, Meta, Quindío, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Bogotá, la Guajira, Córdoba, Putumayo, San Vicente del Caguan (de la mano del alcalde local) y en infinidad de municipios y territorios.

Hoy, el Fiscal Montealegre ha tomado una decisión trascendental en ese sentido. Ha ordenado la captura inmediata de un general y le ha imputado cargos con posterior orden de captura a otro, los dos, muy influyentes en el aparato militar del Estado (http://bit.ly/1SgSOaH).

Se trata de Torres Escalante, una feroz ficha de las fuerzas especiales que sembró el terror con masacres y torturas en el departamento del Casanare, especialmente, pero también en otros lugares donde ejerció la comandancia de brigadas militares.

Se trata, igualmente, del G. Mario Montoya, reconocida flecha de la ultraderecha uribista, responsable de cientos de crímenes, falsos positivos y desapariciones de líderes comunitarios. Suficiente con recordar la conocida Operación Orión en la Comuna 4 de Medellín (2002), ordenada desde la Casa de Nariño por el Innombrable de marras.

La pregunta que nos planteamos es la siguiente ¿Se dará por fin la erradicación del fenómeno paramilitar mediante la depuración de las Fuerzas Armadas y de Policía y la eliminación total de las doctrinas contrainsurgentes y anticomunistas con las que se educan a los oficiales?

Nota. En Colombia es el único país donde se organiza una marcha fascista, como la del próximo sábado 2 de abril, para promover y defender la guerra. Eso solo se le ocurre a una mente loca como la de Uribe Vélez y sus seguidores. Por fortuna solo serán cuatro pelagatos, los que saldrán a vociferar contra el proceso de paz.

Publicado enColombia
Desaparecer en la cárcel: el horror en La Modelo

La Fiscalía de Colombia investiga más de 100 asesinatos dentro de una prisión de Bogotá


Entraban y nunca más se volvía a saber de ellos. Desde el año 1998 hasta 2003, en la cárcel La Modelo de Bogotá hubo más de 100 desapariciones. Envenenamientos, torturas, palazos. La Fiscalía colombiana ha logrado documentar cuáles fueron las prácticas que se usaron para asesinar a reclusos y visitantes del penal. Carlos Villamil, director de justicia transicional de la entidad, cuenta que en el proceso de verdad al que sometieron a los paramilitares se escucharon testimonios que desempolvaron las investigaciones que se abrieron hace algunos años sobre estos casos. Gracias en parte también a la labor de Jineth Bedoya, periodista colombiana que en el año 2000, cuando elaboraba una investigación sobre este centro y el horror que allí se vivía, fue secuestrada y violada.


“Desde el año 2014, cuando iniciamos un proceso de cierre de los juicios de los desmovilizados del paramilitarismo, hemos oído los relatos de las personas que estuvieron recluidas en La Modelo y que fueron testigos de las atrocidades que ocurrieron en ese lugar”, dice el fiscal. La idea de los paramilitares de controlar las prisiones del país llevó a que en varias de ellas se impusieran y llegaran a tener cárceles dentro de las mismas cárceles, según la teoría de esta institución. “Tenían sus propios espacios para encerrar y torturar a quienes quisieran”. El investigador afirma que con estos testimonios se abre un nuevo capítulo del paramilitarismo, cuyo proceso de desmovilización empezó en 2003.


Según las pesquisas adelantadas, los paramilitares reinaron en varios penales ante el supuesto desconocimiento de las autoridades competentes. ¿Cómo era posible esta impunidad? La Fiscalía asegura que hubo algunas denuncias e investigaciones, como las que llevó a cabo Bedoya, pero al mismo tiempo considera que pudo haber un silencio acordado por el personal de la cárcel. Por miedo o por complicidad. La indagación también apunta a que durante esa época hubo pocos intentos de fuga, debido al interés de los paramilitares de tener el control del penal y trasladar allí la lucha subversiva que sostenían con las FARC. La Modelo tenía en ese momento una capacidad para 1.800 reclusos, pero alcanzó a tener más de 5.000.


Caterine Heyck Puyana, del área de fiscalías especializadas, aseguró que los casos que se han documentado se han basado principalmente en inspecciones a la cárcel, testimonios e investigaciones que en su momento se abrieron. “Se ha conocido que en la cárcel Modelo de Bogotá ocurrió un fenómeno oscuro de desaparición de personas, pero no solo de presos y familiares de presos, sino también de visitantes que eran ajenos al penal”, ha afirmado. “Al parecer no solo habría ocurrido en una sola cárcel del país, pero a La Picota llevaron a un buen número de paramilitares en la etapa de proceso judicial, y podemos evidenciar que allí ocurrió en mayor proporción”, agrega el investigador Villamil.


La periodista Bedoya ha asegurado que en el desarrollo de su trabajo encontró testimonios que darían cuenta de que allí hubo personas desmembradas que después fueron arrojadas a las cañerías de la cárcel. La periodista ha descrito el penal como “la oficina desde donde se manejaba la criminalidad más grande del país. Allí además de los jefes paramilitares más poderosos y de la delincuencia organizada, todavía había rezagos del Cartel del Norte del Valle y entre todos se disputaban el poder”. Varios paramilitares en sus testimonios a las autoridades reiteran el horror que en La Modelo se vivió. La revista Semana reveló uno de esos relatos. En él, un exparamilitar cuenta cómo eliminaban a las personas. “Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa (residuos de comida)”, publicó la revista.


La Fiscalía espera avanzar en la investigación hasta determinar las identidades de las víctimas y hacer justicia. “Los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo deben ser analizados en profundidad por la Fiscalía desde su responsabilidad penal, pero también ameritan una reflexión profunda de la sociedad colombiana”, señaló la fiscal Caterina Heyck.

Publicado enColombia
Amnistía pide a Colombia que restituya las tierras a los indígenas

La organización insta al Gobierno a "anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales"



Casi tres años después de que comenzara el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, el territorio que desde hace 50 años se disputan sigue sin ser devuelto a sus primeros moradores. El desplazamiento forzado y la expropiación de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 años son dos de las deudas que el país tiene con su población indígena y afrodescendiente. El informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando la paz elaborado por Amnistía Internacional recuerda al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que "debe anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales".

Aproximadamente el 14% del territorio de Colombia (unas ocho millones de hectáreas) se ha convertido en una zona abandonada o tomada a la fuerza por la guerrilla, los paramilitares, las redes del narcotráfico y las empresas, en especial aquellas dedicadas a la minería, que se han beneficiado de concesiones no siempre legales. "La ley de Víctimas y Restitución de Tierras [aprobada en 2011] solo ha afectado a una pequeña parte de los propietarios", recuerda la institución.


El saldo de esta apropiación son unos seis millones de personas que vagan por el país en busca de una nueva casa y sustento. Casi un millón y medio son indígenas y más del 70% vive o solía habitar el campo, según cifra la institución. Y casi medio millón no tiene reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra. Los afrodescendientes sufren además el agravante de no saber quién compone su comunidad. Un censo de 2005 registró más de cuatro millones de personas, pero los líderes de esta comunidad lo aumentan hasta 10, el 25% total de la población del país.


El peso de estas poblaciones y una ley sobre la restitución de tierras no parecen ser suficientes para garantizar sus derechos. "Se avanza con excesiva lentitud", opina Amnistía Internacional y recuerda que solo dos territorios han sido devueltos por orden judicial a estas comunidades desde que se llegara a este acuerdo.


"A lo largo de los años, las autoridades colombianas han otorgado licencias a empresas mineras y de otros sectores, y en el caso de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes lo han hecho a menudo sin su consentimiento libre, previo e informado", plantean. El Congreso, para apuntalar este tipo de operaciones, aprobó el pasado junio una ley que, según la ONG, "podría facilitar estas operaciones poniendo en peligro la existencia de la comunidad indígena del departamento noroccidental del Chocó".


En Colombia no solo se dispone un tablero que debe volver a repartirse, Amnistía le pone altavoz a otro debate, la protección del medio ambiente. La minería ilegal y descontrolada amenaza al entorno y a la forma de relacionarse con la tierra de los indígenas y los afrodescendientes. "Hemos recibido quejas por el uso indebido de materiales químicos y el uso de maquinaría para dragar y desviar ríos", se recoge en la investigación. "No se adelantan investigaciones para determinar quiénes están detrás de estas operaciones, pero cuando la comunidad ha instado a las autoridades se han dado amenazas en nombre de grupos paramilitares", explica Peter Drury, miembro del equipo de investigación de AI en Colombia. "Las FARC también han estado relacionadas con operaciones de minería ilegal, en algunos casos en áreas reclamadas por empresas".


"Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos", concluye Erika Guevara Rosas, una de las responsables del informe.

Publicado enColombia