Territorios tomados por el neoliberalismo, el paramilitarismo y la corrupción

Un ambiente caracterizado por la proliferación de riesgos electorales (1)  gobernó la dinámica electoral el 25 de octubre. Los partidos tradicionales lograron imponerse en todo el país, y dentro de estos La 'Unidad Nacional' integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal. El Uribismo disminuyó su poder regional y capacidad de incidencia política. La gran derrotada de la jornada fue la izquierda, que no logró conservar la alcaldía de Bogotá.

El domingo 25 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales en Colombia, en las que fueron elegidos los gobernadores de sus 32 departamentos, los alcaldes de sus más de mil municipios, concejales, diputados a las asambleas departamentales y ediles de las juntas administradores locales.

El 25 despertó con un ambiente nacional lleno de expectativas ya que en ciudades como Bogotá estaba proyectada una reñida disputa entre tres de los aspirantes a suceder al Alcalde.

Como en otras ocasiones, los sondeos de opinión pública se dedicaron a dirigir, de acuerdo a intereses preestablecidos, el escenario electoral, mientras los candidatos y sus clientelas regionales protagonizaron un sombrío espectáculo que resaltó una vez más cuán posicionadas se encuentra este tipo de prácticas 'democráticas' en que se cimienta la legitimidad del Estado nacional, la de sus sistemas de gobierno y dominación.

Es así como los resultados arrojados por los comicios el 25 de octubre permiten afirmar que el escenario nacional, sus poderes regionales y locales, poco cambió con respecto a elecciones y resultados anteriores en los que los mismos fueron conquistadas por elites regionales con el auspicio y respaldo armado de agrupaciones paramilitares, embarcados unos y otros en la empresa de "refundar al país" para convertir a Colombia en un idílico paraíso donde las "mejores" familias instaurarían oficialmente la triunfante república antisubversiva y neoliberal en la que las pocas barreras constitucionales, y el estorbo de organizaciones sociales –para sus prácticas de acumulación–, serían finalmente extinguidas. En esta oportunidad la empresa no tuvo los mismos tintes de macro-proyecto, pero los intereses de las oligarquías regionales otra vez lograron imponerse recurriendo a procederes y alianzas poco pulcras para consolidar su modelo económico, preeminencia y poderes territoriales.

El panorama fue poco alentador. Las elecciones celebradas este octubre permitieron visibilizar que las relaciones de connivencia entre Estado, paramilitarismo y criminalidad fueron revitalizadas en muchas regiones. Las organizaciones delincuenciales y grupos paramilitares lograron nuevas posibilidades de negocios, impunidad y poder en diversas regiones a través del triunfo de delegatarios de parapolíticos y organizaciones criminales; las elites regionales también ganaron pues a través de las alianzas con la delincuencia y sectores empresariales corruptos tienen nuevamente la posibilidad de robustecer su estabilidad política, reforzar los sistemas de acumulación y despojo, profundizar el clientelismo como supremo dinamizador de prácticas político/económicas que les permiten ahondar en su hegemonía social.

 

El panorama pre-electoral

 

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación titulado "¿A eso le llaman Democracia?", a partir de un estudio desarrollado en 21 (2) departamentos del país ya había anunciado a mediados de año: "Basados en toda la información recopilada, se ha logrado establecer un total de 152 candidatos con presuntos vínculos con la ilegalidad, los cuales fueron agrupados en una matriz de riesgos electorales. Del total de candidatos, el 81% tiene altas probabilidades de salir elegidos". Estos candidatos se distribuían en el país tal como lo muestra la gráfica 1.

 

Cuatro departamentos concentraban mayores riesgos electorales: Sucre, Valle del Cauca, Magdalena y Antioquia. Se presumía que allí candidatos a alcaldías y gobernaciones tenían serios vínculos con políticos condenados por parapolítica o con estructuras delincuenciales. Este informe de la Fundación Paz y Reconciliación presenta siete conclusiones basadas en el análisis de los datos recopilados.

La primera de ellas es que existían varias tipologías de candidatos relacionados con la ilegalidad: a. Los candidatos que eran cuota directa de un político involucrado en la para política; b. Los candidatos vinculados a organizaciones criminales que aspiraban a participar en política; c. Aquellos que tenían condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía; d. Los candidatos ligados con redes de contratistas que se habían beneficiado con el desfalco al erario público; e. Los parapolíticos que habían pagado condenas o firmaron pactos con grupos armados.

La segunda indica que la estrategia de recolección de firmas utilizada en otras ocasiones, para que este tipo de candidatos pudieran lanzarse a través de movimientos supuestamente independientes, fue reemplazada por los avales que los partidos políticos tradicionales entregaron con muy pocos reparos y poca responsabilidad política. La distribución de avales otorgados por los partidos a los candidatos cuestionados en las elecciones del 25 de octubre puede observarse en la gráfica 2.

 

 

La tercera conclusión aportada por el estudio es que los candidatos cuestionados habían consolidado su caudal electoral en los mismos municipios que sufrieron los más altos niveles de violencia en la arremetida del paramilitarismo, cuestión que dejó serias dudas respecto a la desaparición del fenómeno paramilitar y de su incidencia política local. La cuarta conclusión de la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que las campañas empezaron mucho antes que el periodo establecido para llevarlas a cabo, lo que contribuyó a que los costos de las mismas se elevaran demandando enormes cantidades de dinero (3) para sustentarlas, dinero que en muchas oportunidades provino de grupos armados al margen de la Ley o de contratistas con los que se contrajeron compromisos de tipo económico y político. La quinta conclusión indica que ante los altos costos de las campañas políticas los candidatos independientes no tuvieron más alternativas que lanzar su candidatura por medio de clanes que pusieron a su disposición maquinarias y enormes cantidades de dinero con las que financiaron sus campañas.

Las conclusiones seis y siete sostienen respectivamente que el dinero de los cupos indicativos (4) entregados en el 2014 logró cambiar el mapa político (5) en varias regiones del país y que en términos de violencia política se presentaron 160 casos, entre ellas 119 amenazas, 18 atentados, 17 asesinatos a candidatos o políticos en ejercicio.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (6) (MOE) presentó en el mes de agosto del presente año su informe: "Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones de autoridades locales 2015", en el cual sostiene: "El mapa consolidado de riesgos electorales (7) para las elecciones 2015 arroja que un total de 204 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral. Si bien no es positivo que uno de cada cinco municipios se encuentre en riesgo electoral, la buena noticia es que este universo ha venido teniendo una disminución sostenida frente a las dos últimas elecciones locales, la caída más drástica es frente al 2007 con un 52,4%, y un poco más moderada con referencia al 2011, que fue del 15.3%". Según este informe, aunque el número de municipios en riesgo para las elecciones del 25 de octubre presentó un decrecimiento del 31%, los municipios de alto riesgo presentaron un incremento del 82%; de los 32 departamentos del país cinco se encontraban en alto riesgo por tener más del 90% de sus municipios en riesgo. El mapa 1 ilustra la situación delineada por la MOE.

 

 

Uno y otro informe permiten afirman que para octubre ya estaba configurado en Colombia un panorama electoral en que proliferaban riesgos por doquier: candidatos que disputaban alcaldías, gobernaciones, etcétera, con el aval de partidos tradicionales, seriamente cuestionados por sus relaciones con parapolíticos y grupos armados al margen de la ley; candidatos con procesos en organismos de control y otros con estrechas relaciones con contratistas, prácticas de transhumancia (8) electoral, campañas financiadas por grupos políticos integrados por familias cuyos miembros habían sido vinculados a procesos de corrupción y paramilitarismo, prácticas de violencia política y periodística sobre opositores locales, entro otros.

Más allá de todos los señalamientos que permitieron catalogar como riesgosos varios municipios y departamentos en el proceso electoral del 25 de octubre, se encontraba un riesgo transversal a todos: la posibilidad de que siguiera primando en las regiones el sistema político y económico basado en la apropiación de lo público por oligarquías regionales y grupos armados al margen de la Ley, en el saqueo a los erarios departamentales y municipales, en la concentración de la propiedad de la tierra, el ejercicio del clientelismo y la corrupción como prácticas capaces de asegurar durante los próximos cuatro años la hegemonía de las elites regionales entronizadas en el poder.

 

¿Qué pasó en las elecciones?

 

El gran vencedor de las elecciones fue Cambio Radical, regentado por el vicepresidente todopoderoso, German Vargas Lleras, quien de esta manera consolida un capital político imprescindible para sus aspiraciones presidenciales en el 2018. Cambio Radical ganó 14 gobernaciones, cinco de ellas en solitario (Guajira, Magdalena, Sucre, Vaupés, Amazonas), y un número importante de alcaldías entre ellas las de Barranquilla y Bogotá.

César Gaviria, presidente del Partido Liberal habló sobre el proceso electoral en los medios de comunicación: "La jornada nos arroja un balance positivo, estamos en el corazón de los colombianos, más de dos millones y medio de personas votaron por nuestro partido en un balance más que satisfactorio, que nos indica que creen en el proceso de paz, que no están en la confrontación contra la posibilidad de que Colombia vuelva la paz". Amplia votación para el partido político que de la mano del expresidente Gaviria fue la segunda colectividad en términos de entrega de avales a candidatos abiertamente cuestionados por sus relaciones con la delincuencia, paramilitarismo y corrupción. Resultados poco halagüeños.

El Partido Liberal obtuvo, en solitario, las gobernaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Santander y Caquetá, además de 240 alcaldías e incrementó su presencia en los concejos y asambleas municipales. Las votaciones recibidas por este Partido se distribuyeron de la siguiente manera: gobernación: 1.629.000 votos, alcaldías: 2.015.000 votos, concejos: 2.558.000 y asambleas: 2.296.000 votos.

El partido de la U logró, en solitario, las gobernaciones de los departamentos de Valle del Cauca y Cesar, además de las de Córdoba, Caldas, Meta y Norte de Santander en coalición con otros partidos de la unidad nacional. El partido de la U mantuvo su representatividad e incidencia a nivel nacional como fuerza política aliada al presidente Santos.

El Centro Democrático, partido presidido por el expresidente Uribe, resultó debilitado en estas elecciones de autoridades regionales pues solo pudo ganar, en coalición interpartidista, las gobernaciones de Casanare y Tolima, además de perder las alcaldías de Manizales, que se daba por descontada, y la de Medellín –en este caso por un pequeño margen de nueve mil tres votos. En número de votaciones por partido para alcaldías ocupó la cuarta posición, para gobernación la tercera, para asambleas municipales la quinta posición y para juntas administradoras locales la cuarta. En todas las ocasiones fue precedida por partidos de la 'unidad nacional' (Cambio Radical, Liberal, partido de la U). Similar suerte tuvo el Partido Conservador quien en solitario solo logró la gobernación de Risaralda, sin mayores ganancias de alcaldías o municipios estratégicos.

Los grandes derrotados de la jornada fueron los partidos y movimientos de izquierda: Polo Democrático, Unión Patriótica y Progresistas, quienes tuvieron un pobre desempeño durante la jornada, perdiendo el gran fortín electoral de Bogotá y quedando bastante mal paradas frente a su capacidad de incidencia política regional. Gran reversa para los partidos de izquierda que llega en un pésimo momento, justo cuando debieron salir fortalecidos para alcanzar un margen de maniobra más amplio en los procesos de refrendación de los acuerdos de paz con las Farc y el Eln.

 

¿Y los candidatos cuestionados?

 

Oneida Pinto, elegida como gobernadora de La Guajira, es el arquetipo de los candidatos bajo sospecha de relación con el paramilitarismo y la corrupción. Obtuvo 180.263 votos que representan el 65.64% de los depositados para la gobernación de La Guajira. Luego de conocer su victoria expresó en medios de comunicación "Trabajaremos para sacar adelante el departamento, le pido a los guajiros que trabajemos unidos por el agua, por disminuir los índices de desnutrición, por la salud, por la educación y por un pilar importante que es el turismo". Rampante descaro.

Pinto fue alcaldesa del municipio de Albania en el año 2003, justo cuando ese municipio y otros en la Guajira experimentaban una cruenta arremetida del paramilitarismo. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación es la heredera política de Kiko Gómez (9) exgobernador de la Guajira, inició su carrera política de la mano de su tío Sergio Hernández Pinto, perteneciente al Movimiento Renovador de Acción Social de Miguel Pinedo, condenado a 9 años de prisión por los nexos económicos y políticos con el Bloque Tayrona de las auc. En el 2003, cuando ganó las elecciones, fue acompañada por "El negro" Parra, su esposo, colaborador de grupos paramilitares. Oneida pinto recibió el aval de Cambio Radical.

Luis Pérez, electo gobernador de Antioquía con 816.337 votos, equivalentes al 39.43% de las papeletas depositadas. Este político fue denunciado en el 2011 por el entonces alcalde Alonso Salazar de recibir apoyo para su campaña a la alcaldía de Medellín de parte de los paramilitares localizados en las comunas 8 y 9 de la ciudad. La Fundación Paz y Reconciliación consigna en su informe "de acuerdo con el investigador Juan Diego Restrepo "Diversos testigos coinciden en señalar que Pérez se alió con la Corporación Democracia para recaudar votos en sus bases sociales, siendo respaldado por sus directivas a través del acta N. 44 del 29 de septiembre de 2007. El documento fue aportado por Luís Carlos Piedrahita, director ejecutivo de la Corporación desde mayo de 2006 a noviembre de 2007 por mandato de Don Berna. En sus declaraciones ante la fiscalía Piedrahita aseveró que a Pérez se le dieron $16 millones para su campaña [...] y se acusó a este candidato de asociarse con grupos paramilitares en el corregimiento San Antonio de Prado". Luis Pérez recibió el aval del Partido Liberal.

Rosa Cotes, elegida como gobernadora del Magdalena con 294.793 votos, equivalentes al 59.38% del total, también había sido fuertemente cuestionada. Es la tía del actual gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes hábil (10) acordeonero, pero pésimo orador y mucho más pésimo gobernador. Es la esposa y cuota política de José Francisco Zuñiga, ex alcalde de Santa Marta condenado por parapolítica. Además, es señalada de tener el apoyo político de Trino Luna (11), Alfonso Campo Escobar (12) y Jorge Caballero (13). En esta oportunidad el aval fue entregado por Cambio Radical quien ignoró el prontuario delictivo del selecto club de para políticos que propiciaron el ascenso a la gobernación de esta integrante de la oligarquía genocida, narcotraficante y corrupta del Magdalena.

Otro ejemplo similar es el de Didier Tavera, elegido como gobernador de Santander con 311.458 votos, equivalentes al 31.50% del total. Tavera había sido capturado (14) en mayo del 2014 cuando exparamilitares lo señalaron del asesinato de una persona. Según la Fundación Paz y Reconciliación "Es hijo de Ernesto Tavera, narcotraficante de la cordillera oriental, que trabajó junto a 'El Caracol' y 'El Viejo', a quien la Policía incautó en 2010 cerca de 98 bienes avaluados en 50 mil millones de pesos, ubicadas en los municipios de Piedecuesta, Guespa, San Benito, Moniquirá, Suaita, Floridablanca, Sabanalarga, Barranquilla y Bucaramanga". El honor de entregar el aval a este candidato lo ostentó el Partido Liberal.

Pero el fenómeno aquí relacionado es mucho más amplio, pues similar actuar recae sobre candidatos para alcaldías, concejos municipales y asambleas en todo el país, los cuales: resultaron electos, y en no pocos casos con amplias votaciones y ventajas significativas sobre sus directos competidores. Solo en los departamentos de Antioquia y Sucre, donde el fenómeno de los candidatos abiertamente señalados por tener vínculos con estructuras delincuenciales e involucrados en prácticas de corrupción, ganaron siete y seis alcaldías respectivamente.

Preocupante situación que deja entrever la ausencia de una cultura política sana y democrática en el país, además de la persistencia de una serie de factores que siguen impulsando al electorado a delegar su representación en individuos que en otras oportunidades los han victimizado, que han tenido comportamientos lesivos hacía la sociedad o que se relacionan con estructuras mafiosas y delincuenciales. Factores que no en todas las ocasiones depende del grado de intimidación de los candidatos hacia la población civil o de la manifiesta voluntad popular, sino que están relacionados con la cooptación de los aparatos productivos locales, así como del empleo público, por parte de las redes clientelares que alimentan el ejercicio de su praxis política local.

 

¡Gran peligro! el neoliberalismo gobernando Bogotá

 

Hacía las 10:30 de la noche del domingo 25 de octubre la torre Colpatria se encontraba iluminada de azul. Un gigantesco número hecho con bombillos intermitentes que se encendían y apagaban en sentido vertical exhibía un portentoso 33.10%. Era el porcentaje de votación con el que Enrique Peñalosa había ganado la alcaldía de Bogotá. De esta manera anunciaban, en el emblemático edificio de la capital, las elites comerciales, financieras y políticas, los inversionistas, constructores y organismos internacionales de crédito de la ciudad, la conquista de la ciudad más importante del país, abierta de nuevo, de par en par para sus negocios.

Los informes de la Misión de Observación Electoral y de la Fundación Paz y Reconciliación no trataron a Bogotá. Comprendieron, quizás, que en Bogotá el riesgo electoral no provenía de un candidato en especial o de prácticas específicas de fraude, el verdadero riesgo para millones de ciudadanos que habitan la ciudad radicaba en que volviera a operar, en toda su amplitud, una concepción de gobierno y administración que sitúa a la capital del país como el epicentro más importante para la acumulación privada de capitales en Colombia.

Paradoja. Los 903.764 votos obtenidos por Peñalosa no pudieron ser depositados en las urnas solo por los pobladores más acaudalados de la ciudad. Produce malestar, pero así es, reconocer que su gobierno fue refrendado en las urnas por miles de ciudadanos de los estratos medios y populares que en los próximos años serán empobrecidos, excluidos y marginados en términos espaciales de la ciudad, los mismos sectores a quienes fueron dirigidas las políticas públicas por la que el electo alcalde increpa a la administración de Gustavo Petro de haber duplicado el gasto público en los últimos cinco años. ¿Qué sucedió con los electores?

La izquierda capitalina confió su candidatura a Clara López Obregón, destacada dirigente política e intelectual nacida en el seno de una de las familias más acaudaladas del país, con trayectoria en luchas sociales y experiencia en el manejo de la administración distrital. Esposa de Carlos Romero, exconcejal de Bogotá y una de las figuras oscuras detrás del escándalo de las contrataciones suscitado en la administración de Samuel Moreno Rojas en la que López se desempeñó como Secretaria de Gobierno y luego como alcaldesa encargada cuando el burgomaestre fue destituido por saquear junto a su hermano –exsenador– Iván, a Emilio Tapia y los hermanos Nule, la ciudad.

La permanente situación de ingobernabilidad de Gustavo Petro generada por la destitución proferida por el Procurador General Alejandro Ordoñez, el inclemente saboteo protagonizado desde el Concejo de la ciudad de Bogotá a las propuestas sometidas a su consideración, y la intervención de poderes de orden nacional como el Concejo de Estado y la misma Presidencia de la República, dieron al traste con todas las ambiciones de ejecutar políticas públicas consistentes con la agenda programática de gobierno delineada para la capital, llevando a la administración Distrital a cometer errores de gestión y a ser acusada con grandes despliegues mediáticos de improvisación. Su acción no fue en vano, al final derribaron su credibilidad.

Por otro lado, las estrategias orientadas a hilvanar en términos políticos y electorales las administraciones de Gustavo Petro y Clara Lopez, brillaron por su ausencia. No se registraron muchos movimientos desde la administración de Petro orientadas a fundamentar movimiento político y organización social capaz de liderar la transición. Las brillantes intervenciones en los sectores socialmente vulnerables de la ciudad, así como un gasto público que priorizó a estas comunidades, demostraron no ser suficientes para asegurar los votos, tampoco las oportunidades de empleo que proyectaron sobre estas poblaciones varias de las secretarias del Distrito cooptadas por crecientes y ambiciosas clientelas de izquierda que proliferaron bajo las sombras del Palacio Lievano. Petro compiló adeptos a su estilo de gobierno, pero no electores para Clara López. En realidad tenía un potencial político menos grande que el que imaginó cuando envió a Hollman Morris a conquistar la alcaldía para el Progresismo.

Una estrategia mediática sin precedentes fue desplegada en el curso de estas elecciones. La construcción de los textos audiovisuales, el trabajo de la prensa, la radio, los medios digitales, el ejercicio de construcción de opinión pública y de favorabilidad electoral estuvo al servicio de Enrique Peñalosa. ¿Y cómo no estarlo? Los dueños de los medios de comunicaciónvinculados a esta campaña mediática serán algunos de los principales actores en la empresa de urbanización y transformación que Peñalosa pretende impulsar en la capital: ganarán billones de pesos con las obras que el alcalde contratará con sus empresas de construcción a través de la figura de las APP (Asociaciones Publico Privadas). Los medios favorecieron a Peñalosa, distorsionaron aún más la imagen ya cuestionada de López Obregón. Además, generaron la sensación de que su candidatura o era muy peligrosa o era inviable, con lo que trasladaron parte de sus votos a Pardo, y los de Pacho Santos a Peñalosa.

Hasta aquí, apenas tres factores que contribuyen a explicar el comportamiento de los electores que terminaron por elegir al "restaurador" Enrique Peñalosa, quien recibe una Bogotá con 7.878.783 habitantes, el 16.34% de la población de Colombia, asentada en un área metropolitana en pleno crecimiento. Precisamente es este potencial el que la hace la joya de la corona de los proyectos de acumulación por expansión urbana, razón por la que la primera medida por expedir, tal y como lo ha manifestado en público el alcalde electo, consistirá en sepultar finalmente el Decreto 562 de 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial de Petro, con lo cual arrasan las medidas orientadas a eliminar la segregación de la población de escasos recursos en zonas de alto riesgo, el favorecimiento de la densificación de zonas centrales en la ciudad, el crecimiento a favor de la preservación de espacios naturales y recursos acuáticos, de la descontaminación del aire y de una política de movilidad que optó por compartir y por cooperar antes que construir grandes carreteras, entre otras.

En el limbo quedarán algunas de las políticas sustentadas por Petro. Bajo el auspicio del gobierno de Peñalosa por parte del Concejo. Nos preguntamos ¿Qué va a pasar con la política del agua? ¿Qué ocurrirá con el programa Basura Cero? ¿Qué será de la población LGTBI? ¿Qué pasará con el metro cuyos diseños el alcalde electo sigue pensando en modificar? Similares preguntas pueden hacerse sobre la política del desarme ciudadano, los logros de la política educativa distrital, la política de reciclaje, la política de contención del cambio climático, la política de salud preventiva extramural, la atención a los habitantes de la calle, la política de seguridad alimentaria fundamentada por los comedores comunitarios.

Toma mayor cuerpo, de esta manera, un desafío para un amplio segmento de la izquierda centralista, acostumbrada a gobernar su fortín en la ciudad de Bogotá descuidando el trabajo en muchos municipios y departamentos estratégicos, una bofetada histórica que exige la recomposición, de la calle, la restauración de la movilización política y social, pues ahora debe desarrollar las tareas pendientes que propiciaron su derrota.

La hora del Gobierno quedó atrás, es hora de proyectar y de construir alternativas de poder cimentadas en procesos sociales de base, si algún día se quiere ser políticamente incidentes en este país del Divino Niño, de neoliberalismo, paramilitarismo y corrupción.

 

1. Por riesgo electoral se asume en este artículo la definición de Camilo Vargas Betancourt presentada en el informe “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones de autoridades locales 2015” de la MOE. Riesgo electoral es: “el conjunto de amenazas a la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema electoral, esto combinado con ciertas vulnerabilidades o puntos débiles del mismo (que también se pueden entender como faltas de capacidades), deja abierta la posibilidad (o el riesgo) de que se cometa fraude electoral.”

2. En ocho departamentos (Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander) se enfocó la investigación en las relaciones entre estructuras políticas y grupos paramilitares. En los restantes 13 departamentos la investigación se llevó a cabo a nivel de gobernaciones y alcaldías.

3. El excongresista Yahir Acuña fue detenido con 516 millones de pesos en efectivo que se presume iban a ser usados para comprar votos para su esposa, Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación del Departamento de Sucre. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-cito-interrogatorio-al-excongresista-yahir-acu-articulo-595206. El total de dinero incautado, previo a las elecciones, asciende a más de 1.800 millones

4. http://www.elespectador.com/noticias/politica/mermelada-no-ilegal-articulo-485829

5. El mapa político fue alterado porque el dinero de la denominada “mermelada” fue usada por senadores que estaban intentando consolidar su caudal lectoral a través de candidatos a la alcaldía. 

6. El informe de la MOE es valioso, entre otros factores, porque utiliza herramientas de cartografía estadística para explicar, a partir del espacio territorial, dónde se cometen los fraudes electorales. El informe contribuye a identificar el comportamiento típico de los electores, patrón que se utiliza como referente para identificar las irregularidades.

7. El concepto de riesgo electoral presente en el informe de la MOE incluye variables activas (nivel de participación electoral, variación de la participación electoral, nivel de votos nulos, nivel de tarjetones no marcados, dominio electoral) y variables pasivas (presencia y acciones unilaterales de grupos armados electorales, desplazamiento forzado, violaciones a la libertad de prensa, hechos de violencia política).

8. http://wsr.registraduria.gov.co/Informacion/inscrip_ced_2011_trashumancia.htm

9. http://www.semana.com/nacion/articulo/hasta-50-anos-de-carcel-pagaria-kiko-gomez/404075-3

10. http://www.elheraldo.co/blogs/politica/el-mello-cotes-tan-chiquito-y-tan-investigado-95454

11. http://lasillavacia.com/perfilquien/31972/trino-luna

12. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-condenado-parapolitica-alfonso-campo-escobar

13. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4103324

14. http://www.vanguardia.com/judicial/261755-capturado-excongresista-santandereano-didier-tavera

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Colombia. Cuatro informes sobre víctimas, paramilitarismo y criminalidad estatal

Un proceso de desmovilización ficticio, la extradición de jefes paramilitares y la estigmatización de las víctimas y sus representantes, no han sido suficientes para acallar las voces de quienes proclaman la necesidad por develar las verdades sobre el conflicto armado en Colombia, las mismas que comprometen a las elites como sus artífices y promulgadoras. La persistencia de agrupaciones paramilitares que desarrollan actividades contrainsurgentes en 31 departamentos y 400 municipios del país, 168 agresiones contra dirigentes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice– desde junio del 2013 y tres asesinatos durante el 2015, son el testimonio de que persiste su voluntad de exterminio contra organizaciones sociales. Informes detallan la situación.

 

El 14 de octubre tuvo lugar en la Casa España, ubicada en el céntrico parque de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, el lanzamiento de cuatro publicaciones presentadas por tres organizaciones integrantes del Movice, quien a su vez representa alrededor de 200 organizaciones –organizadas a través de 22 capítulos regionales– de víctimas de la violación de los derechos humanos. La presentación tuvo lugar en el evento denominado "El desmonte de las estructuras criminales y la protección de las víctimas de crímenes de Estado: una obligación del Estado colombiano para la construcción de la paz".

 

Los informes "Protección de las víctimas de crímenes de Estado como un imperativo para la paz" y "Estructuras criminales al interior del Estado colombiano" fueron presentados por el Movice, mientras que el Libro "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas" y el informe "La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las victimas", fueron presentados por La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

 

Aura Díaz, Directora Nacional de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) e integrante del Movice, fue la encargada de instalar el evento con la lectura de un comunicado que promulgaba: "Urge garantizar la protección de las víctimas y el desmonte efectivo de la criminalidad estatal para lograr una paz estable y duradera". Dicho comunicado presentado a la opinión pública puso de manifiesto la remanencia de estructuras criminales al interior del Estado y el poco e inefectivo desmonte de los grupos paramilitares que siguen ejerciendo la violencia y la victimización en amplias zonas del país.

 

Las constantes agresiones contra el Área de Protecciones del Movice, provenientes de grupos como Los rastrojos, Los urabeños, Aguilas negras, Amigos del pueblo, entre otras, corroboran esta hipótesis. Desde agosto del 2013 y hasta junio del presente año se han presentado 168 agresiones contra integrantes del Movice. Solo durante el primer semestre del 2015 tres de sus integrantes han sido asesinados: en enero ocurrió la desaparición forzada y posterior asesinato de Carlos Alberto Pedraza en Bogotá, el 7 de abril el líder indígena Fernando Salazar Campo fue asesinado en Caldas, y durante los últimos días de mayo se presentó el asesinato de Alex Fabian Carvajalino integrante del capítulo de Norte de Santander.

 

De acuerdo a los organizadores del evento, los informes fueron pensados para entender la realidad colombiana desde la mediana duración, permitiendo mirar hacía el pasado en la historia de las víctimas de la violencia estatal, así como la naturaleza mafiosa y criminal innata al Estado colombiano. Una de las grandes preguntas que plantean los informes es de manera precisa ¿cómo va desmantelarse la criminalidad estatal? Los informes también pretenden contribuir al esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la violencia, a modificar su imagen de víctima de la infiltración del paramilitarismo por la visión de un Estado que ha usado sistemáticamente el paramilitarismo como estrategia para sembrar el terror, tercerizar la guerra y auspiciar cada momento de acomodación económica del país desde mediados del siglo XX.

 

El informe "Estructuras criminales al interior del Estado colombiano" habla de cómo los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez impulsaron cierres simbólicos con los cuales lograron fundamentar la percepción de que los paramilitares, en efecto, se desmovilizaron y sus víctimas fueron satisfechas con la verdad, la justicia y la reparación, así como del exitoso proceso de restitución de tierras con los que están regresando las propiedades usurpadas durante el ejercicio de la violencia.

 

El informe llama la atención respecto a la posibilidad de que el proceso de paz no busque superar las causas sociales y políticas que dieron origen al conflicto, "[...] sino la imposición de un relato que busca legalizar el despojo, asegurar el acceso a recursos todavía no explotados y garantizar una seguridad jurídica y política para los inversionistas nacionales y extranjeros profundizando, de esta manera, las contradicciones sociales, políticas y económicas que dieron origen al conflicto armado". La evasión de la responsabilidad del Estado a través de la promulgación de una Ley de punto final para indultar a los máximos responsables de la criminalidad del Estado deja de ser procedente en el escenario de la reconciliación y de la paz.

 

Franklin Castañeda, miembro del Cspp fue el encargado de presentar el libro: "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas". El informe recoge algunos aprendizajes de la actividad de litigio coordinado por tres organizaciones (Cajar, Cspp, Comisión Intereclesial de justicia y Paz) sobre casos emblemáticos relacionados con el desmonte real de las estructuras paramilitares en sus dimensiones jurídicas, así como en la participación efectiva de las víctimas y la actividad investigativa que se siguió en cada uno de los nueve casos seleccionados.

 

Refiriéndose al libro Castañeda expresó: "Lo primero que vamos a encontrar es un análisis sobre el paramilitarismo, cuál ha sido la historia del paramilitarismo en Colombia, muchos dirán están lloviendo sobre mojado, más o menos puede ser cierto, sobre eso se ha hablado bastante, pero la razón por la cual vamos a hablar del paramilitarismo que conocíamos hasta la época de la desmovilización –entre el 2002 y el 2005– es para poder caracterizar el funcionamiento del paramilitarismo más allá de sus denominaciones y poder comparar el funcionamiento del neo paramilitarismo con lo que ha sido el paramilitarismo históricamente, y poder decir si lo que tenemos hoy es paramilitarismo o es delincuencia común, como se pretende decir".

 

En la segunda parte del informe se encuentra una narración sobre la actividad de litigio de las tres organizaciones, y en la tercera se encuentran las recomendaciones pertinentes al proceso de diálogo en La Habana.

 

El libro presentado por Castañeda documenta tres cierres simbólicos propiciados por el Estado colombiano donde el paramilitarismo fue dado por terminado. El primero de ellos se remonta al año 1989 cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965 y la Ley 84 de 1968, marco jurídico que posibilitó a los civiles ser armados y entrenados por parte de las Fuerzas Militares para acompañarlas en labores de restablecimiento del orden público. El segundo cierre simbólico ocurre en el año 1997 cuando la misma Corte declara inconstitucional a las Convivir, creadas y reglamentadas a través de decretos a finales del año 1994. El tercer cierre simbólico alude al marco jurídico para la paz creado por la ley 975 de 2002 que propició el proceso de desmovilización y reintegración de las autodefensas hasta el 2005. Aunque el paramilitarismo ha sido suprimido legalmente en estas tres oportunidades no ha dejado de existir, generando violencia y victimización en 31 departamentos y cerca de 400 municipios del país.

 

El libro "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas", sostiene como hipótesis central que la recurrencia del fenómeno paramilitar, que ha pretendido ser velado con los cierres simbólicos relacionados, da cuenta de un fenómeno complejo que no ha sido correctamente interpretado. En palabras de Castañeda: "[...] un fenómeno que tiene origen en las elites, que a su vez hicieron las leyes que permitieron el funcionamiento junto al Estado (de grupos paramilitares) y que se enriquecieron coordinando sus labores con esos paramilitares. Esas elites nunca han sido tocadas en Colombia [...] mientras no se judicialice ni se ataquen claramente a las élites nacionales y regionales que financian el paramilitarismo, que son la madre real de las ideas políticas del paramilitarismo, no vamos a avanzar en un proceso de desestructuración de estas bandas. Mientras la impunidad contra el fenómeno sea generalizada en Colombia, no vamos a poder avanzar".

 

Una de las recomendaciones más importantes de la publicación tiene que ver con el fortalecimiento del aparato de justicia ordinaria, más allá del aparto de justicia transicional que se encargará de procesar a los guerrilleros desmovilizados. Si no se fortalece el sistema de justicia, conservará sus debilidades y seguirá favoreciendo la impunidad cuando el aparato de justicia transicional haya dejado de operar.

 

El tercer informe "La Protección de víctimas de crímenes de Estado como imperativo para la paz" presentado por el Movice fue realizado con el esfuerzo y apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos que integran la organización. En su introducción hace una reflexión sobre el momento histórico en que nace el movimiento de víctimas hacía el año 2005 y su surgimiento como reacción ante la ola de impunidad generada por la Ley 975 de 2002. El Movice Fue pensado como plataforma de lucha contra la impunidad y a favor de los derechos de las víctimas que, por entonces, se creía iba a ser muy necesario para enfrentar la nueva oleada de violencia producida por organizaciones paramilitares en recomposición producto de un proceso desmovilización ficticio. No se equivocaron.

 

El informe exhibe dos ejemplos concretos de la doctrina de seguridad en nuestros días: la operación estimulada, orquestada desde el DAS, para mostrar que la marcha por la dignidad de las víctimas del 6 de marzo del 2008 era organizada por la guerrilla; el segundo ejemplo corresponde a la estigmatización por parte del director de la Policía hacia los abogados del Movice, representantes legales de los estudiantes y funcionarios del Distrito capturados del 8 de julio del 2015 en la ciudad de Bogotá y señalados de pertenecer a una estructura urbana del Eln. Dos ejemplos de una política de estigmatización facilitada por el Estado colombiano que propicia, de esta manera, los señalamientos y estimagtizaciones, poniendo en riesgo la integridad física y la vida, de víctimas y defensores de derechos humanos.

 

El informe del Movice hace un diagnóstico de la situación humanitaria actual de sus capítulos de Valle del Cauca, Sucre, Magdalena Medio y Bogotá, de las amenazas y vulneraciones en contra de los integrantes de éste Movimiento en cada uno de estos departamentos entre los años 2013 y 2015. La situación que evidencia la publicación es alarmante porque muestra que aún prosiguen con frecuencia las desapariciones, asesinatos y amenazas en contra de los integrantes del Movice, aunadas a la manifiesta voluntad del Estado de no proporcionarles protección.

 

Una de las conclusiones fundamentales del informe es la siguiente: "La protección de derechos humanos en Colombia ha sido un derecho negado por el Estado colombiano. No sólo porque no ha intervenido de manera efectiva para proteger y prevenir hechos que vulneran la ida e integridad de las personas, sino también porque ha instaurado un modelo social que, desde su propia lógica, es injusto, desigual y viola sistemáticamente los derechos humanos. En ese sentido, los avances en materia de protección logrados hasta el momento han sido, principalmente, el resultado de la lucha del movimiento por los derechos humanos".

 

El informe finaliza con una lista de exigencias para la protección integral de los defensores de derechos humanos: protección que no se limita a la seguridad física, pues el Estado debe ser capaz –a través de todas sus instituciones (no solo la Unidad Nacional de Protección)– de impedir que se vulnere su seguridad; la protección no sebe der un negocio privado, la protección debe responder a necesidades humanas y estar guiada a superar la situación de vulnerabilidad; el modelo de protección colectiva debe ser implementado.

 

Danilo Rueda fue el encargado de presentar el informe "La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas". El informe integra el resultado de un trabajo coordinado por dos de las organizaciones fundadores del Movice, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En el informe se comenta: "El proyecto nació como respuesta a la extradición a los Estados Unidos de América, EEUU, en mayo del 2008 de 14 jefes paramilitares postulados de la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005, acontecimiento que generó gran preocupación en sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Para el MOVICE, las extradiciones eran "otra maniobra para la impunidad" debido a que se interpretaba como una exportación de la verdad."

 

El informe prosigue: "Fue en este contexto que la CIJP y la CCAJAR solicitaron la colaboración de PCS para desarrollar una iniciativa que visibilizaría la situación de las víctimas afectadas por la extradición; animaría la colaboración de los paramilitares extraditados con las víctimas; e incidiría ante los dos gobiernos a favor de mayor acceso a los extraditados y mayor colaboración judicial en función del desmantelamiento de las redes y estructuras que había sostenido la actuación de los paramilitares".

 

Danilo Rueda comenta: "Dos miembros del Senado y la Cámara de la República, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, se dieron a la tarea de crear en el Congreso de la República, en el 2009, una comisión accidental para conocer qué había pasado un año después con la extradición de los catorce ex comandantes paramilitares. A partir de eso hubo una invitación de Piedad Córdoba al Movice para ser parte de la comisión accidental, pero esto generó una discusión interna en el Movice, [...] en el caso nuestro se pensaba que hablar con los paramilitares era legitimarlos aún en la condición de estar encerrados entre unos barrotes [...]". Con esto se propició, lo que Rueda denomina una "ruptura epistemológica" que posibilitó tener elementos de prueba judicial e histórica para comprender lo que había sucedido en el país, se abrió la puerta para la creación de informes como el presentado.

 

El informe presentado documenta el caso de la extradición de los jefes paramilitares hacía los Estados Unidos como un intento del Gobierno para sembrar la impunidad e impedir que se conocieran las verdades que pudieran contar estos jefes, así como los esfuerzos de las víctimas para establecer contacto directo e impulsar los mecanismos en Colombia que permitiesen que la verdad finalmente fuera conocida. En el informe se comenta: "Se ha podido observar directamente la ausencia de procedimientos para facilitar el acceso de las víctimas y sus representantes a los extraditados, en función del ejercicio de su derecho de ser sujeto procesal, rol que no se reconoce en el sistema penal estadounidense. Se ha experimentado el gran costo económico de intentar acceder a los extraditados, la incertidumbre que acompañaba cada esfuerzo, y la total falta de voluntad del Departamento de Justicia de EEUU de escuchar la posición de las víctimas colombianas, siendo la única excepción la Sección de Derechos Humanos y Judicializaciones Especiales".

 

Las recomendaciones que se efectúan en el documento "[...] tienen como objetivo contribuir a asegurar la garantía de no repetición para víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas en el marco del conflicto armado interno o no. En este sentido son relevantes para el contexto actual en el cual persiste el conflicto armado interno y para un futuro sin conflicto armado pero en el cual puedan persistir graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, si no se logra el desmantelamiento completo del fenómeno paramilitar o por otras causas".

 

Una serie importante de recomendaciones, son dirigidas a los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y a las víctimas y sus representantes, con una cita textual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su documento Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia del 26 de mayo del 2010:

 

"La extradición no debe "favorecer, procurar o asegurar la impunidad" [...] el Estado colombiano está obligado de "adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos [. . .] comparezcan ante la justicia".

 

Los informes aquí comentados, merecen la pena que todas las organizaciones sociales del país los tengan en cuenta, los estudien y compartan con sus integrantes, retomando sus lecciones y recomendaciones, para que entre el conjunto de la sociedad colombiana se obligue al Estado a que de cuente de los fenómenos de violencia e impunidad aquí retomados y denunciados.

Publicado enColombia
Martes, 15 Septiembre 2015 06:40

¿Cómo es la vaina en Venezuela?

¿Cómo es la vaina en Venezuela?

Las noticias que hablan de Venezuela son un tanto desconcertantes. Los hechos de la frontera y los derechos humanos, el paramilitarismo y el narcotráfico, la especulación y el desabastecimiento, el contrabando y el bachaqueo son algunas aristas de un nudo mucho más grande que nunca terminamos de desentramar.


Para entender la situación actual del país es necesario partir de dos elementos: que los venezolanos y venezolanas están parados sobre las mayores reservas de petróleo del mundo; y que Venezuela se ha planteado la construcción del socialismo (y la riqueza de ese petróleo va a ser disfrutada por todo el pueblo). Estos dos elementos, petróleo y socialismo, son motivo suficiente para que esta tierra brava y generosa esté en la mira de los imperios y grandes poderes financieros y económicos globales.


Lo que aquí se denomina Guerra Económica es una serie de ajustes y presiones producidas desde afuera, principalmente desde Colombia pero orquestadas desde los EE UU, que buscan mediante la asfixia económica desestabilizar el gobierno democráticamente electo de Maduro.


En Venezuela, como parte de un paquete de medidas sociales, todos los productos de la canasta básica de alimentos están subvencionados y regulados para garantizar el acceso de toda la población a una alimentación sana y de calidad. En Colombia, en cambio, esos mismos productos cuestan hasta diez o quince veces más. Esa diferencia, y los desastrosos índices de desocupación que afectan a las poblaciones de frontera, producen el fenómeno conocido como "bachaqueo", que es el contrabando a pequeña escala.


Decenas de miles de personas cruzan diariamente las fronteras y los pasos ilegales llevando productos de contrabando. Los productos de primera necesidad y los precios regulados desaparecen de Venezuela y se consiguen sólo en Colombia a precios mucho mayores. El desabastecimiento en todo el país es un fenómeno creciente que golpea mayormente a los sectores populares. El arroz, la pasta, leche, azúcar, café, papel higiénico, champú son prácticamente inalcanzables.
Ante este panorama de desabastecimiento, los productos empiezan a valer cada vez más, las empresas aprovechan para acaparar su mercadería y especular con el precio y se acelera el espiral inflacionario. Existen numerosos almacenes y depósitos privados llenos de productos que escasean en las góndolas, esperando, especulando.


Una de las respuestas del gobierno es aumentar la producción, subvencionando a las empresas privadas, otorgando dólares para importar materias primas y producir los alimentos que aquí no se producen, pero prácticamente la totalidad de ese dinero se pierde en los pasillos de la corrupción estatal. Se calculan en miles de millones los dólares fugados entre los principales empresarios del país con la complicidad de funcionarios. Y la producción no crece.


Otra medida del gobierno bolivariano es atacar la distribución, se intenta asegurar con numerosos mercados populares el acceso a los bienes de primera necesidad. Pero es insuficiente, la demanda supera ampliamente las posibilidades y se forman infinitas colas para conseguir algunos kilos de arroz o jabón a un precio justo. La salida, para aquellos que pueden, es pagar lo que los especuladores quieren.


Pero la verdadera sangría venezolana es el petróleo. Se estima que más de 200.000 barriles diarios de petróleo se fugan de manera ilegal. ¿Cómo salen de un país tantos litros de petróleo? Existen altos mandos del Ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del gobierno que están implicados en esta red de corrupción. Y una estructura de cerca de 25 grupos mafiosos colombianos con logística, recursos, armamento, seguridad y amparo político para operar con tranquilidad.


Y como último ingrediente está el narcotráfico. Colombia es el principal productor de cocaína de América y Venezuela el principal exportador. La ruta del narcotráfico busca los puertos del Atlántico para llegar a Europa y EE UU. Otro negocio millonario con complicidad del poder político y policial.


Es tan grande el peso del contrabando en los pasos fronterizos, que la cotización del dólar paralelo en Venezuela se realiza del lado colombiano. Y está en relación directa con las casas de cambio colombianas que operan las divisas del contrabando de petróleo y narcotráfico. Es decir que el valor del dólar y del bolívar es establecido desde el otro lado de la frontera. Hoy el dólar oficial está en 190Bs y el dólar paralelo sube a 700Bs. Y viene disparándose a un ritmo estrepitoso. Lo que representa una pérdida de valor del bolívar y del salario real de las venezolanas y venezolanos.


Todo este entramado mafioso es apuntalado y fogoneado con las operaciones de desinformación de los grandes medios de comunicación de Colombia, España y los EE UU. Algunos autores hablan de una guerra de cuarta generación, con la población civil como rehén. Es notable la campaña de desprestigio que emprenden los grupos mediáticos, donde manipulan y tergiversan los hechos para desestabilizar y generar confusión en la comunidad internacional y dentro del país.


Por último, en la estrategia golpista y desestabilizadora, la violencia es una herramienta más. Organizaciones populares aseguran que hay en Venezuela cerca de veinte mil células paramilitares dispuestas a actuar, preparadas para generar escenarios de conflictos y caos. Todos recordamos las "guarimbas" de principios del 2014 (pequeños focos de insurrección urbana reaccionaria) o los hechos de sicariato que se vienen sucediendo. El caso más nombrado de los últimos tiempos es el diputado de la Asamblea Nacional Robert Serra asesinado hace menos de un año. En silencio, cientos de militantes, luchadores, campesinos y dirigentes son eliminados por las fuerzas paramilitares mediante asesinatos selectivos.


La última medida del gobierno fue cerrar la frontera y destitutir varios cargos de la guardia, deportar a colombianos indocumentados en masa y tratar de acomodar el problema interno. Declarar el Estado de Excepción, anular las garantías constitucionales (con todo lo que eso significa en nuestro continente) para hacer frente al contrabando y el paramilitarismo. En el corto plazo se medirá la capacidad política del gobierno de Maduro para enfrentar tantos flancos simultáneos de conflicto, la guerra económica, el contrabando, la corrupción, el narcotráfico, la presión mediática y el paramilitarismo.


Lo que podemos leer de trasfondo de estas maniobras son dos claros objetivos inmediatos: el fortalecimiento del engranaje capitalista de acumulación y al mismo tiempo desestabilizar el gobierno chavista. Hay una clase dominante de uno y otro país que se está aprovechando y viendo beneficiada directamente con estos negociados mafiosos.


Así y todo, pese a la asfixia económica y la pérdida de valor de los salarios, la humillación de las colas y los miles de dólares que se van con la corrupción y la violencia, la gente de a pie, los que más sufren esta situación, buscan con ingenio e iniciativa las alternativas para hacer frente a esta situación. Fuimos testigos de numerosos proyectos comunales para acelerar la producción y la distribución, o para resguardar su seguridad y autodefensa, o para hacer reales los procesos de control sobre los mecanismos estatales. Ellos, los venezolanos y venezolanas de abajo, heróicamente, siguen apostando y trabajando por el socialismo y el sueño de Chávez de construir una nueva democracia popular, participativa y protagónica.

 

Por Martín Villarroel Borgna, integrante de la Brigada Internacionalista Che Guevara

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"Si Venezuela cierra la frontera, Colombia tiene productos venezolanos para nueve meses"

En una entrevista publicada el pasado 10 de julio por noticiasbarquisimeto, reveladora del fenómeno del lavado de dinero que se efectúa en Venezuela a través del contrabando hacia Colombia, como del saqueo que está sufriendo la economía bolivariana producto del accionar de mafias, que incluso llegan a determinar la dinámica cotidiana del Bolívar, Juan Carlos Tanus, representante de colombianos en Venezuela, se anticipa a la crisis que hoy viven estos dos países. Su lectura permite comprender lo que oculta o no quiere reconocer el gobierno colombiano, así como la imperiosa necesidad que tiene Venezuela de solucionar esta situación.

 

El representante de colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus (JCT) estuvo como invitado en Somos Televisión, y allí converso con el Periodista José Israel González (JIG) sobre los temas del "bachaqueo", el contrabando de productos hacia Colombia y el manejo desde Cúcuta del llamado Dólar Today.

 

JIG. ¿Qué está pasando en Venezuela que se están llevando nuestros productos?
JCT. Bueno, la gran realidad es que hay una población en Colombia que consume los productos que llegan de contrabando del territorio venezolano. Grandes mafias logran tener una infraestructura económica, financiera y criminal en la frontera, y lógicamente articulan. Cerca de 3.500 personas se fortalecen día a día con el escenario del contrabando. Pero estos son trabajadores de 25 grandes mafias que operan en el corredor fronterizo. Hemos demostrado que no solamente los productos subsidiados son apetitosos para los contrabandistas, cualquier producto en Venezuela con la fijación empobrecida del Bolívar en la frontera va a ser llamativo. ¿Por qué? Porque resulta que mientras tenga la facultad un grupo de cambistas en Colombia de darle valor al bolívar, nunca se va acabar la posibilidad de tener los mismos pesos en Colombia

JIG: ¿Cómo funciona esto?
JCT. En Colombia la resolución ocho del año 2000, creó la figura de las casas de cambio, que son doce estructuras fortalecidas consolidadas en Colombia, que operan con una legislación establecida de la resolución ocho, pero además tienen el control de la superintendencia financiera, esta misma resolución creó los profesionales de la compra y venta de las divisas, llamados "cambistas", que se constituyen como empresas a partir de hacer un oficio y una declaración en la cámara de comercio, se inscriben y ya son inmediatos cambistas.

JIG. ¿Cómo hacen la conversión?
JCT. La resolución ocho le dio facultades para quienes intervengan en el proceso de la compra y venta del Bolívar, sean los que fijen el valor. Entonces, hay 5 grupos económicos mafiosos vinculados al paramilitarismo en Cúcuta, que determinan todos los días antes de las 4 de la tarde cuanto va a costar el día siguiente, ¿Cómo lo hacen? Sencillo, ponemos un ejemplo de 10 mil pesos, con 10 mil pesos en Colombia se pueden comprar hoy 2 kilos de arroz, con 10 mil pesos en Venezuela, cambiados con el Bolívar empobrecido, se puede comprar aquí hasta 60 kilos de arroz.

JIG. ¿Dónde lo compro?
JCT. En cualquier parte, compras en San Cristóbal, en Maracaibo.

JIG. ¿Con pesos o con Bolívares?
JCT. No, con bolívares.

JIG. 60 kilos de arroz, ¿Cuántos bolívares doy?

JCT. Seria 10 mil pesos colombianos entre 6.

JIG. ¿Dónde lo convierto?
JCT. En Cúcuta.

JIG.- ¿Quién me da los bolívares?
JCT. Los cambistas, que regularmente no saben de manera legal cuanto es el movimiento en bolívares, porque la legislación no les permite que se declare, no los obliga a declarar cuanto bolívar se mueve a diario.

JIG. ¿Esa persona que cambio 10 mil pesos a bolívares, va a Venezuela y compra el arroz?
JCT. Eso es correcto. Compra arroz, lo lleva a la frontera, luego lo pasa a Colombia, y va a vender 60 kilos de arroz a un promedio de 4.700 pesos. Ahí esta el gran negocio.

JIG. Pero si gaste 10.000 pesos.
JCT. Correcto, el gran secreto esta en tomar el pesos colombiano, convertir en bolívares pero con el cambio empobrecido del Bolívar, que se fija en la frontera, traer los bolívares acá, comprar cualquier producto. Mire los estudios indican que el 62% de los productos son venezolanos.

JIG. ¿Cuándo vendo, cobro en pesos?
JCT. Eso es correcto

JIG.- ¿Qué hago con ese peso?
JCT. Lo vuelvo a convertir.

JIG. Ahora bien ¿Qué tiene que ver eso con el bendito DolarToday?
JCT. Fíjese, hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta como referencia. La primera, DolarToday hizo un acuerdo los cambistas en Cúcuta, y a partir del año 2012 lo toman como referencia para la asignación de DolarToday,

JIG.- ¿DolarToday como hace para ponerse de acuerdo con estas mafias colombianas?
JCT. Simplemente revisan. En Colombia la tasa representativa del mercado, para efecto del dólar, la determina la superentendía financiera, esta semana tuvo un pico de 2.628, luego bajo a 2.550.

JIG. Entonces primero verifican como está el peso?
JCT. Primero ven cuánto vale un dólar en Colombia, que vale 2.500 pesos, esos 2.500 pesos lo dividen en cambio empobrecido del Bolívar que lo asigna una mafia, y ella le va a dar el resultado. Ustedes en sus casas lo pueden hacer, un dólar en Colombia vale 2.500 pesos, y eso lo dividen en 6 y es el valor empobrecido del Bolívar, eso le va a dar una tendencia en Dólar Today. Este acuerdo está enmarcado dentro de una acción de guerra, porque el movimiento del Bolívar hace parte de la dinámica que tiene la guerra económica que se ha sustentado en Colombia, que lógicamente tiene un enorme impacto, y que hoy la fijación de los productos y servicios en gran parte de la frontera y hacia el interior del país, son determinados por DolarToday y el Bolívar en Cúcuta.

JIG.- ¿Cómo paso yo esa mercancía para Colombia y cómo Colombia permite que ingrese?
JCT. Bueno, digamos, de aquí para allá tiene la complacencia de las estructuras que cuidan frontera, eso no se puede desconocer, GNB y algunos otros.

JIG. ¿Eso funciona igual para la gasolina?
JCT. Debe funcionar igual. Donde si estamos públicamente convencidos de la participación de los organismos es en Colombia, porque usted puede revisar en los videos, la policía reconoce que detiene, que los ve pasar, que convive con ellos, pero no los pueden detener, porque es parte de la economía del día a día.

JIG. Si eso llega a Colombia quiere decir que alguien de Venezuela lo dejo pasar...
JCT. Claro. Por una parte hay que tener en cuenta José Israel, que Cúcuta, Maicao y Arauca dejaron de recibir producto de las remesas. Cuando Venezuela corta las remesas con Colombia, Cúcuta dejó de recibir un millón quinientos mil dólares, mensuales. ¿Qué hicieron las estructuras mafiosas? Tomaron ese dinero, lo convirtieron en bolívares y lograron hacer una socialización del bachaqueo.

JIG. ¿Bienvenida clase social bachaquera?
JCT. La cultura en el norte santardeniana, la cultura Guajira, los pobladores de frontera, el tema del contrabando es una cotidianidad, porque es una forma de vida, es una forma de trabajo, siempre e incluso sociológicamente quienes lo realizan reconocen que no son contrabandistas, que ellos no violan ninguna normativa, ellos simplemente son comerciantes que compran barato, que utilizan algunos métodos, buenos, regulares, malos, para llevar el producto y venderlo.

JIG. Los guajiros hemos conocido toda la vida eso, pero no tenia influencia directa en la economía.
JCT. Por eso insistimos en la socialización. El contrabando y el bachaqueo se dan, a partir que se producen ingresos de las mafias, producto de las remesas. Esa acción del contrabando ya genera una estructura de orden social. Usted puede encontrar familias completas dedicadas a este proceso, hacen la cola, sacan el dinero, hacen la cola, luego lo llevan y se vende a un mayorista, hay un centro de acopio que dependiendo del tipo de producto moviliza el transporte para la frontera. Ahora esto es una modalidad de contrabando, pero también hay otra modalidad, que es las grandes transnacionales. Con 10 mil pesos en Colombia compro dos kilos de arroz, y aquí compro 60. Al llevarlo allá, cuanto no se me va a multiplicar, cuando al día siguiente traiga el resto del dinero. Hay que multiplicar 60 unidades con el valor de compra del producto en Colombia, eso va a dar muchísimo dinero, entonces con esos recursos lógicamente el circuito del contrabando va a ser multiplicador, porque genera una cantidad circulante, claro, enorme.

JIG. Por eso, ¿quién va a querer trabajar en una empresa con una economía informal así?
JCT. Por eso en Colombia el desempleo es altísimo.

JIG. ¿El desempleo formal?
JCT. En el departamento de la Guajira, que es cuando nosotros hablamos de la socialización del bachaqueo, el 57% de su población es pobre, muy pobre, y cuando sumamos todo lo que pasa por contrabando por la Guajira, se queda menos del 2% del contrabando porque, además, un kilo de arroz de contrabando si se lo fuesen a vender a la población con el 50% del valor del precio en Colombia, uno diría "puede ser", pero son 100 pesos por debajo del valor que se consigue el producto nacional o el importado legalmente por Colombia, significa que 25 grandes mafias colombianas se llevan los recursos para otros departamentos, o incluso van al exterior para incluirse en otro tipo de negocio.

JIG. ¿Están identificadas estas 25 mafias colombianas?
JCT. Sin señalar algunas aquí, hay proyecciones por departamentos, algunos grupos económicos vinculados, algunos factores políticos vinculados a ellos: en el caso del norte de Santander hay de a dos o tres.

JIG. ¿EL gobierno colombiano no hace nada?
JCT. El gobierno lógicamente no hace nada porque debe parecer ilógico, el Ministro del Interior y Justicia está ligado al desarrollo político del norte de Santander. Su hermano Andrés Cristo es Senador de la República. Parte de su electorado, parte de las finanzas que se recaudan para su actividad política proviene de la economía informal y, dígame, ¿de dónde se surte?, se nutre de la economía cucuteña. ¿Cómo conseguir entonces que los productos que van para una campaña se puedan bloquear con una ley antricontrabado o con una defensa de los grandes negocios?

JIG. Es decir, indirectamente financiamos campañas electorales en Colombia?
JCT. No solo campañas, hemos señalado con documentos en mano, que Venezuela mitiga los efectos que produce la ausencia de petróleo y políticas públicas en Colombia, y Venezuela sigue atendiendo el tema de la salud, de la educación, de la vivienda, de miles de colombianos que viven en este país, que le correspondería al gobierno colombiano. Las grandes mafias financian candidaturas. Ñuna Romero es el candidato del Partido Liberal a la alcaldía de Cúcuta, fue asesor económico y de negocios del embajador colombiano en Venezuela, Y hoy aspira a ser el alcalde de Cúcuta, pero además es el presidente de la Asociación de Cambistas, es el que preside a la estructura que empobrece a Venezuela.

JIG. ¿El poder político en Colombia ampara la mafia?
JCT. El circuito esta dado por una expresión política organizada, el proceso de los cambistas, el proceso de los comerciantes, el paramilitarismo y el narcotráfico, es un círculo.

JIG. ¿Ya desplazo ser bachaquero al tema del narcotráfico?
JCT. Aun no, porque resulta que la fortaleza del narcotráfico no es Venezuela, son los países, en caso concreto, Estados Unidos, y hay un proceso de lavado que llega a la frontera, y lógicamente el contrabando lo que hace es lavar el dinero del narcotráfico, es decir todavía no lo va reemplazar, pudiese hacerlo en ese sector fronterizo, pero el contrabando sigue facilitando el lavado de activos por esa parte.

JIG. ¿El dinero del bachaqueo, del contrabando sirve para lavar el dinero del narcotráfico?
JCT. Sí, claro, porque yo tomo un millón de dólares, lo convierto a Bolívar empobrecido, por la maquinaria de la frontera, ya yo no soy un narcotraficante, yo soy un contrabandista de la colombianidad, que es tener estatus, que en Colombia es ser un tipo inteligente, que burla la justicia, que tiene buenas relaciones políticas, que la vida es capaz de identificar. Todavía la oligarquía no ha dado instrucciones de que tienen activa esa profesión, mientras que el tema del narcotráfico sí. Son enemigos encontrados en el poder, es una realidad que vive hoy la frontera porque los gobiernos no han querido sacar la resolución ocho del año 2000. Pastrana negoció con el Bolívar la aplicación de esta resolución, un gran negocio, primero para mantener el control del Bolívar, porque que ocurriría: si un migrante que ahorra aquí 10 mil bolívares en tres meses, para enviar a Colombia se lo pagarán a como el Banco de la República lo paga hoy, el Banco de la República en Colombia paga 219 pesos por un Bolívar, eso es de manera oficial, y estos señores cambistas en la frontera le dan a ese migrante, óigase bien, 60 mil pesos por 10 mil bolívares, cuando el Banco le da dos millones ciento noventa mil, el valor del Bolívar en el Banco de la República son 219 pesos,

JIG. ¿Las transnacionales participan en el contrabando?
JCT. Claro, las que producen en Venezuela. Si usted revisa lo de aquel gran contrabando, si bien hemos señalado que a partir de la eliminación de las remesas con destino Colombia hay una socialización del bachaqueo que permanece, antes de eso las trasnacionales que producen en Venezuela tienen grandes movimientos al corredor fronterizo, no es el bachaqueo de 100 kilos, 80 kilos 40 kilos, son toneladas o gandolas completas que fue el de 22 toneladas de productos. Ponemos un ejemplo concreto de la Colgate-Palmolive: en Colombia se ha detectado producto de la Colgate-Palmolive que en el interior del producto dice elaborado estado Carabobo y la cajita de cartón dice en Jumbo-Cali departamento Valle del Cauca, dice que es hecha aquí, entonces qué ocurre por las toneladas, por lo que se ve en la frontera, y no sólo la frontera, mire, los cálculos que tenemos es que en Colombia un 60% de la población, óigase bien, consume algún producto de contrabando de origen venezolano; y le vamos a dar la siguiente información: en la costa norte colombiana –desde la Guajira hasta el departamento de Córdoba– está surtida por productos del contrabando, que si se cerrará la frontera hoy los contrabandistas tendrían, por lo menos, nueve meses para sostener el stock en este corredor, por eso nosotros creemos que el tema del bachaquero no es lo que le da la consistencia el contrabando, ya están las trasnacionales que producen en Venezuela detrás de ella.

JIG. ¿Qué tiene esa ley anti contrabando, y el problema que los bachaqueros en Colombia la protestan?
JCT. Bueno, los bachaqueros en Colombia que están en contra de la ley, son las grandes estructuras que han controlado el contrabando históricamente, porque también el presidente Santos y los autores de esta normativa, que es un sector que está enfrentado a Santos en la frontera, también pretenden con ello resolver una situación interna. Con ello aspiran a mejorar el nivel de empleo en la capital, aspiran a bajar dos puntos porcentuales el índice desempleo en Cúcuta, porque resulta que la ley anti contrabando pone, como tope, 12 mil 100 dólares para calificarlo de contrabajo. Si yo tengo una que llega a costar 12 mil ciento 1 dólar, se declara contrabando, pero si muevo unos 12 mil dólares no hay contrabando.

JIG. Es un tema de mayor interés del lado venezolano que del lado colombiano, y sin embargo no han podido?
JCT. No, incluso yo creería que no va a ser posible si no hay intervención del gobierno colombiano, y se llegue a un acuerdo entre Caracas y Bogotá para resolverlo; hay que eliminar la resolución 8 del año 2000; hay que ponerle un mayor control y no se puede determinar un techo de contrabando tan altísimo como el que acaba de aprobar la ley. Yo creo que aquí hay que trabajar un gran acuerdo entre los dos gobiernos para controlar la frontera. Ahora, esto no es fácil por todo lo que significa recibir entre 8 mil y 12 mil millones de dólares al año producto del contrabando en toda la frontera. Eso inhibe a cualquier Presidente.

Entrevista publicada el 10 de Julio de 2015 en www.noticiasbarquisimeto.com

Publicado enColombia
Sábado, 29 Agosto 2015 11:28

Magdalena Medio, 13 años después

Magdalena Medio, 13 años después

Las inversiones de capital en la región del Magdalena Medio, en el contexto de una rigurosa crisis ambiental y social, con el control de estructuras neo-paramilitares enquistadas en el dominio de la tierra y el Estado local, amparado para ello en la complicidad del Estado nacional y los medios de comunicación, merecen una revisión constante. En efecto, el conflicto armado tiene intencionalidades económicas aún no esclarecidas, que en escenarios de diálogos entre el Estado y los grupos insurgentes, son un factor determinante.

 

En este contexto, la salida al conflicto armado, pasa, entre otros factores, por el esclarecimiento de las responsabilidades que tienen los grupos económicos y sus empresas en la reproducción de un modelo desarrollado en medio de la guerra y consolidado a partir de violaciones masivas a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en extensos territorios del país.

 

El territorio

 

La región del Magdalena Medio1, es una zona de conexión entre el Caribe y el interior del país. Por allí transitan buena parte de las mercancías que circulan entre los centros urbanos del interior (Bogotá, Santander, Antioquia) y las rutas marítimas del comercio globalizado, para potenciar lo cual están en desarrollo varios proyectos de infraestructura: La ruta del Sol, la hidrovía del Magdalena, El puerto de Barrancabermeja, los puertos de Gamarra, y varias conexiones férreas entre las que está el proyecto del Ferrocarril del Carare.

 

En paralelo, están en proceso fuertes transformaciones en la estructura productiva de la región. La "agroindustria" se expande de manera notoria, sobresaliendo los cultivos de palma africana y ganadería. Por ejemplo, la palma ha pasado de 80.000 hectáreas en la primera década del dos mil a casi 140.000 en la actualidad, con perspectivas de aumentar a 300.000 hectáreas para la próxima década, lo que demanda profundizar las transformaciones de la estructura social, ambiental, económica y política regional.

 

Las notorias inversiones de capital dirigidas hacia esta región no son comprensibles si al margen quedan tres factores centrales: 1) la extracción de recursos naturales, 2) el control y transformación del uso de la tierra y, 3) la hegemonía del proyecto político paramilitar en la región.

 

1) La extracción de recursos naturales. En este aspecto hay que valorar la potencial expansión de la explotación de recursos naturales, como el carbón y otros minerales, en las montañas de la Cordillera Oriental (Cundinamarca, Boyacá, santanderes), cuyo principal obstáculo operativo son los altos costos de transporte desde los yacimientos hasta los buques de embarque en el Caribe (70 US/ton)2. También existe la actividad extractiva petrolera y los potenciales yacimientos de hidrocarburos, que con la tecnología del fracking, poseen la capacidad de seguir transformando la región3.

 

Este factor está sujeto a la coyuntura de precios internacionales de minerales y petróleo –materia prima esencial de los circuitos económicos globales–, cuyo precio por barril aumentó desde 40 dólares en el año 2004 a 140 en el año 2008, fluctuando alrededor de los 90 hasta mediados del 20144. En contraste, a finales del 2014 e inicios del 2015, se observa un notable descenso en el precio internacional de las materias primas, entre las que –por ejemplo el petróleo– cayó hasta los 49 dólares por barril en enero de 2015. A la par, los precios de la onza de oro, por ejemplo, descienden hasta 1.194 dólares, precios comparables con la crisis financiera del año 2008, desestimulando las inversiones en los proyectos extractivos. No obstante, la tendencia mundial de agotamiento de materias primas, más su creciente demanda (por el incremento de la población y su mayor demanda en Asia), permite pensar que los precios tendrán un crecimiento paulatino y sostenido en el tiempo.

 

2) Control y transformación del uso de la tierra. En Colombia, 8,6 millones de hectáreas de tierra fueron despojadas en los últimos veinte años. En este contexto, todos los departamentos con coordenadas en la región del Magdalena Medio registran un notable incremento del indicador de concentración de tierra (Gini)5. Se encuentran casos, como el de La Dorada (Caldas) donde el Gini de tierras pasó de 0,639 en 2000 a 0,740 en 2009 o en Yondó (Antioquia) aumentó de 0,641 a 0,696. La concentración de tierras se ha apalancado en proyectos agroindustriales, especialmente de palma africana y la ganadería extensiva.

 

3) La hegemonía del proyecto político paramilitar en la región. No es posible entender el mapa político de la región sin considerar la masiva ola de violaciones a los derechos humanos, en particular el desplazamiento forzado que azotó la región por décadas, una de cuyas consecuencias más notorias ha sido la concentración criminal de la tierra, el establecimiento de estructuras mafiosas en el Estado a nivel regional6, y el debilitamiento de los movimientos sociales7.

 

Estas expansiones se han llevado a cabo en el contexto de una grave conflictividad social, dominada por el control político paramilitar. Uno de los más claros indicadores de este hecho, descansa en las cifras de desplazamiento forzado en la región. Tomando como base la población censada en el 2005, y comparándola con el acumulado de desplazados entre los años 1999-2011 –población desplazada 1999-2011/población censada 2005–, es posible encontrar las dimensiones dramáticas del desplazamiento forzoso. Se encuentran casos entre el 2 por ciento de Puerto Salgar (Cundinamarca), hasta Cantagallo (Bolívar) en el que el equivalente al 119 por ciento de la población censada en el 2005 sufrió expulsión por desplazamiento forzado. En total, entre los años 1999 y 2011, fueron desplazadas 144.274 personas en los municipios de la región, es decir el 20 por ciento de la población censada en el 2005.

 

Por otro lado, los campesinos que quedan se encuentran acorralados entre cultivos de palma y ganadería, controlados por estructuras neo paramilitares que todavía ejercen control territorial de manera velada8. La pérdida de sus medios de vida, el deterioro de las condiciones ambientales que garantizaban su autonomía alimentaria (pesca, caza, leña, materiales de construcción, entre otros), está llevando a comunidades enteras a enfrentarse a la migración forzada por la pérdida de sus medios de vida.

 

Si bien el desplazamiento está determinado por la acción de actores armados, es necesario subrayar que muchas actividades extractivas se llevaron a cabo en estas regiones en medio del conflicto, es el caso de las exploraciones mineras y petroleras9, pero también la siembra de cultivos como palma africana y la potrerización para ganadería. La expansión de las inversiones extractivistas en medio del conflicto, refuerza la afirmación sobre la relación entre actores armados y grupos económicos. Acción violenta que persiste.

 

El narcoparamilitarismo en el año 2015 es una realidad. Indepaz señala en su VIII informe sobre grupos paramilitares 201210, que estas estructuras se han expandido en los últimos años a través de nuevas membresías. De 259 municipios con presencia de grupos paramilitares identificados en el 2008 se pasó a 409 en el año 2012. De los 32 municipios de la cuenca media del Magdalena, se reportan 23 municipios con presencia y actividad de Los Rastrojos, 14 municipios con actividad de Los Urabeños, 7 municipios con actividad de Las Águilas Negras y 3 municipios con actividad de Los Paisas.

 

Dimensiones del uso de la tierra

 

De las dimensiones del uso de la tierra, pueden cuantificarse de manera aproximada los conflictos territoriales. La cuenca media del Magdalena tiene 3,4 millones de hectáreas. Si se suman los actuales uso de la tierra arroja como resultado 3,8 millones. El aumento de la ganadería, la siembra de palma africana y la minería presionan de manera permanente a la cobertura de bosques, el área de ciénagas y a la agricultura minifundista.

 

Al revisar las perspectivas de crecimiento de las principales actividades extractivistas, es posible dimensionar las proporciones del conflicto. En la cuenca de 3,4 millones de hectáreas, los proyectos extractivistas suman 5,1 millones de hectáreas, entre solicitudes mineras (1,8 mill ha), bloques de exploración de hidrocarburos (1,4 mill ha), y aumento de área sembrada de palma africana (300.000 ha), cifras que revelan una clara conflictividad producto de la expansión de las inversiones extractivistas, de las que, seguramente, derivarán nuevos conflictos ambientales y por la apropiación de tierras.

 

Persistente presencia

 

El paramilitarismo no es una estructura militar desmantelada. Es un proyecto político-militar que sigue controlando varias regiones del país. El paramilitarismo, es un fenómeno que abarca no sólo estructuras militares, se relaciona de manera estrecha con las élites políticas regionales, coopta las rentas del Estado a nivel regional y encausa significativas sumas de dinero del narcotráfico para la financiación de grandes proyectos productivos. En el Magdalena Medio hay una coexistencia no suficientemente esclarecida de capitales del lavado, con grandes inversiones especulativas del extractivismo. Es posible pensar en la existencia de sinergias entre estos capitales, que quedarían a nivel de hipótesis ante el control efectivo que ejercen estructuras mafiosas en la región. Realzar, por ahora, que la evidencia más clara de los estragos causados por el modelo extractivista implementado, son las altas proporciones de desplazamiento forzado, desnutrición en la población regional, la concentración de la propiedad de la tierra, el control del Estado a nivel local y la angustiosa crisis ambiental.

 


 

* La investigación completa puede consultarse en cedins.org.
1 En este documento, se entiende la región del magdalena medio se entiende como la correspondiente a la cuenca hidrográfica del río, que empieza en Puerto Salgar Cundinamarca hasta La Gloria en el Cesar. Los límites se circunscriben a las líneas divisorias de aguas. Aunque no puede pasarse por alto que la región tiene fuertes conexiones con otros centros políticos y económicos del país, por lo que el análisis desde la cuenca puede tener claros limitantes.
2 El camino hacia la competitividad del carbón. Jorge Taboada, Gerente de la corporación para el Desarrollo del Ferrocarril del Carare.
3 Magdalena Medio, llamado a liderar producción con "Fracking". Vanguardia.com, 7 de diciembre de 2014.
4 Información obtenida de: charts.kitco.com
5 Cesar: 0,75 (2000), 0,77 (2009); Caldas: 0,87 (2000), 0,88 (2009); Santander: 0,79 (2000), 0,80 (2009).
6 Y refundaron la patria... Claudia López (Editora). Edt. Debate, Bogotá 2010.
7 El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia. Marianne Moor y Jorls van de Sandt. PAX. Junio de 2014.
8 Y refundaron la patria... op. cit.
9 "¿Sólo coincidencias?", periódico desdeabajo Nº 214, Junio 20 - Julio 20 de 2015. "AngloGold Ashanti y El Bloque Central Bolívar: ¿Sólo son coincidencias?" Equipo de investigación sobre territorio y extractivismo. Cedins. 2015.
10 VIII Informe sobre grupos paramilitares. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz–. 2012.
11 Datos tomados de: Deterioro de humedales en el Magdalena Medio: un llamado para su conservación. Fundación Alma, Valentina Garzón y Juan Gutiérrez. Bogotá 2013.

Publicado enEdición Nº 216
Gobiernos de Colombia y Venezuela llaman a consultas a sus embajadores respectivos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y pidió se convoque a un encuentro de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para contarle al mundo lo que está pasando, al cumplirse una semana del cierre de la frontera con Venezuela. Horas después, la cancillería venezolana hizo lo propio con su embajador en Bogotá, Iván Rincón.


Revisaremos integralmente las relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y la guerra económica, sostuvo la funcionaria venezolana, Delcy Rodríguez.


Previamente, la canciller colombiana, María Ángel Holguín, informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se negó a responder a Santos para conversar sobre el cierre de la frontera que el gobernante bolivariano dispuso hace una semana en el estado de Táchira tras ataques atribuidos a paramilitares colombianos. Holguín dijo que las deportaciones masivas violan el derecho internacional humanitario.


En un mensaje a la nación, Santos dijo que dará prioridad al diálogo, pero advirtió: no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y al gobierno de esta forma.


Ante del anuncio de Santos, Maduro aseveró que la línea divisoria se reabrirá cuando Santos realice acciones para evitar agresiones a Venezuela, y le pidió prohibir la venta en Colombia de productos extraídos ilegalmente de su país y los ataques a la moneda venezolana.


Afirmó que su homólogo es víctima del engaño de medios de comunicación enemigos de la revolución bolivariana, y sostuvo que tiene pruebas de las tergiversaciones sobre el trato dado a los colombianos en la frontera y en el país, así como a los deportados.


Subrayó que su país recibió generosamente a 5 millones 600 mil colombianos, 800 mil en los últimos nueve años.
En Caracas, unos 13 mil enfermos de cáncer de mama, hemofilia y a quienes les han trasplantado órganos protestaron este jueves aquí para exigir medicamentos indispensables en un país afectado por una severa escasez.


El control de cambios, la caída en la producción nacional y el contrabando han reducido los suministros de medicinas. Se estima que siete de cada 10 fármacos no están disponibles.


La palabra espera no existe para los trasplantados. El medicamento es día a día. Si no se tienen, en cuestión de días el paciente colapsa, explicó a Reuters Alfredo Quintero, de 52 años, quien recibió un trasplante de riñón y tiene disponibilidad del medicamento hasta el 6 de septiembre.


Maduro ha atribuido la escasez a una guerra económica, que, afirma, es liderada por empresarios a quienes acusa de acaparamiento y contrabando.


El fallecido Hugo Chávez, antecesor de Maduro, construyó clínicas y consultorios gratuitos en las barriadas, lo que generó una disminución en problemas como la mortalidad materna.


El gobierno ha dejado de publicar indicadores de salud. Los hospitales están rebasados, los médicos abandonan el sector público y escasean insumos básicos.

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Una política de fronteras no puede ser construida sobre el chovinismo.

En la disputa fronteriza entre Colombia-Venezuela el blanco no puede ser el pueblo, el blanco es la estructura mafiosa fronteriza.

 

Es dolorosa la imagen repetida de colombianos expulsados de Venezuela, con miradas angustiadas y desesperanzadas, con sus corotos a cuestas. Los grandes medios colombianos dicen que parecen a los judíos bajo el régimen nazi, el gobierno venezolano dice que son base social del paramilitarismo. El chovinismo (nacionalismo cargado de odio) se expande en los dos países. Sin embargo una solución estable y duradera en este espacio social binacional, requiere poner fin a unas condiciones históricas y políticas impuestas por actores sociales que han generado la crisis social, económica y política fronteriza. Una mirada histórica puede ayudar a entender lo que está en juego.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Esta frontera empezó a delimitarse a partir de la tercera década del siglo XIX para establecer acuerdos diplomáticos sobre el territorio de los dos Estados nacientes que estaban por entonces inventando una nación y un territorio, para lo cual requerían ejercer control sobre una región y una población con lazos históricos y culturales existentes con anterioridad a la existencia de la convención fronteriza. Particularmente la zona fronteriza Táchira-Norte de Santander ha sido históricamente un espacio de intercambios sociales, culturales y políticos, anhelado por la población como zona de flujos y oportunidades, pero usado por poderes políticos y económicos, legales e ilegales como espacio de usufructo y enriquecimiento particular. La frontera es un bien común, o por lo menos a eso aspira el pueblo que habita en el territorio binacional.

La frontera y sus cierres

Sin embargo las fronteras has sido vistas históricamente con recelo y sospecha por parte de todos los Estados, y Colombia y Venezuela no han sido la excepción. A lo largo del siglo XIX el espacio fronterizo se convirtió en un mundo de intercambios económicos, y en zona de refugio de los perseguidos políticos de ambos países. La élite tachirense siempre vio a Colombia como una oportunidad para formar a sus hijos en los colegios y universidades de Pamplona, Bucaramanga y Tunja. Y los comerciantes colombianos de cacao y el café cultivado en el departamento de Santander, encontraron por décadas en el puerto de Maracaibo en Venezuela, la principal salida para sus exportaciones. Así desde finales de siglo XIX y hasta mediados del siglo XX Cúcuta y Maracaibo fueron polos de un pujante entramado económico y social que dinamizo la vida binacional. Este auge tuvo un primer declive con la gran depresión de 1929 y los efectos de la segunda guerra mundial, tiempo en que disminuyó la exportación del café del oriente colombiano.

Para regularizar los intercambios económicos y controlar la inquieta población binacional, que no quería ser enmarcada como exclusivamente de un estado-nación, los gobiernos de los países establecieron en 1942 el Estatuto del Régimen Fronterizo, un primer intento de regulación comercial y de control laboral de la población que a ambos lados de la frontera mantenía intercambios sociales, culturales, comerciales y laborales.

Empero, a la decadencia del café del oriente, se le sumó la ola migratoria de refugiados colombianos que huían de la represión estatal de los años 40 y 50. Además en 1953 se cerró el Puerto de Maracaibo para la exportación cafetera colombiana, quedado miles de braceros colombianos en el desempleo. Población flotante, desempleo e inseguridad llevaron a los dos Estados a buscar soluciones comunes, para esto firmaron en 1959 el Tratado de Tonchalá, en el marco del primer gobierno del Punto Fijo (pacto oligárquico venezolano) y del primer gobierno del Frente nacional (pacto oligárquico colombiano). El bloque oligárquico binacional aspiraba con este tratado a regular el libre tránsito de la población entre las ciudades de Cúcuta, San Antonio del Táchira y Urueña, para lo cual se propusieron censar a la población de cada país residente en el país vecino, legalizar su situación, y sobre todo regularizar la situación de los trabajadores agrícolas e industriales principalmente colombianos, que recibían mal tratos laborales y sociales por los empresarios venezolanos. En los años posteriores para conmemorar el tratado, los gobiernos de ambos países promovieron festivales de la integración nacional en Cúcuta y San Antonio, con reinados, corridas de toros, bailes populares y fiestas en los salones exclusivos de las dos ciudades.

Pero las efusivas expectativas de integración se fueron deteriorando poco a poco. En 1960 seguidores del dictador Pérez Jiménez fracasaron en un intento de golpe de Estado y buscaron refugio en la frontera con Cúcuta. Para combatirlos el gobierno venezolano Rómulo Betancur ordenó un primer cierre de la frontera en abril de 1960, lo que le permitió capturar a los militares golpistas. Este cierre afectó a la población de ambos países, cuya cotidianidad era hasta entonces transfronteriza.

A lo largo de la década de 1960 y al amparo del Tratado de Tonchalá, aparecieron bandas de contrabandistas de ganado colombiano hacia el Estado de Zulia, por lo que el 9 de julio de 1972, el presidente venezolano Rafael Caldera ordenó un nuevo cierre de la frontera de Táchira para combatir a la mafia contrabandista.

En la década de 1970 y 1980 se juntaron dos dinámicas sociales, de una parte el boom petrolero venezolano que atrajo a miles de colombianos pobres en busca de una imaginada tierra de promisión. Simultáneamente se inició el ciclo de la siembra y exportación de marihuana en el espacio fronterizo. Para combatir la oleada migratoria y el naciente narcotráfico, que ya había penetrado a sectores políticos y policiales de Norte de Santander y Táchira, desde caracas se ordenó el presidente Herrera Campins ordenó la persecución y deportación de miles de colombianos indocumentados. La más mencionada fue el diciembre negro de 1980, sobre la que incluso se han escrito narrativas y se han hecho telenovelas colombianas. Luego en diciembre de 1982 ese mismo gobierno cerró nuevamente la frontera, pero esta vez en la zona limítrofe con la Guajira, en los municipios de La Playa y Paraguachón, argumentando que más de 30 mil colombianos habían ingresado como turistas, pero en realidad habían ido en busca de trabajando, dejando en la pobreza a los "nativos" venezolanos.

La frontera y el conflicto armado colombiano

A este espacio binacional ya de por sí conflictivo se le agrega el conflicto armado colombiano reciente. Desde la década de 1980 se empezó a registra presencia de las guerrillas colombianas en la zona de frontera, y en la década de 1990 apareció la respuesta paramilitar, apoyada por empresarios, políticos y militares, con intereses en la zona de frontera y que buscaban beneficiarse de las medidas de Apertura Económica decreta en Colombia por el gobernó neoliberal de César Gaviria Trujillo en 1991. Este proyecto neoliberal fronterizo acudió a la creación del Bloque Fronteras y del Bloque Catatumbo de los paramilitares colombianos, cuya presencia generó en la región una de las versiones más salvajes del capitalismo: libre comercio, desempleo, contrabando, prostitución, mafia de la gasolina, segregación espacial en la ciudad de Cúcuta: barrios de desplazados y barrios de los estratos más altos de la región, que sin ningún reparo ostentan su modo de vida ante la miseria de la mayoría. Defender este orden económico exigió la vía paramilitar y sus manifestaciones sociales, culturales, urbanas y políticas.

Al comenzar el siglo XXI la frontera va a ser objeto de nuevos conflictos. En Colombia se instaló un gobierno de ultraderecha y en Venezuela un gobierno de izquierda. Ambos proyectos políticos miraron con sospecha lo que sucede en ese espacio binacional. La desmovilización del bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras en 2005, dio paso al surgimiento de nuevos grupos paramilitares, que operan en ambos países: urabeños, águilas negras, rastrojos. El gobierno venezolano tanto de Chávez como de Nicolás Maduro insistió en que estos grupos aprovechaban el marco del Tratado de Tonchalá, para asentarse en la región y establecer relaciones económicas y políticas con la oposición venezolana, que ha tenido uno de sus fortines políticos en el Táchira. Igualmente el gobierno de Uribe Vélez reclamó permanentemente a Venezuela que protegía campamentos de la guerrilla colombiana. Esta situación estuvo a punto de estallar como un conflicto mayor a lo largo de la primera década del siglo XXI.

El inició de las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, distencionó inicialmente el conflicto fronterizo. No obstante el crecimiento mafioso del contrabando, la gasolina y el narcotráfico en manos de los Rastrojos y los Urabeños, sus continuos enfrentamientos, la perpetración de masacres asociadas al control de población de los municipios del se ha convertido en un nuevo elemento de tensión entre los dos países. Lo cierto es que ni las autoridades nacionales colombianas y de Norte de Santander han querido atender las reclamaciones venezolanas, tampoco el gobierno del Tachira, opuesto a Maduro ha buscado medidas para controlar la delincuencia. No gratuitamente Chávez en su tiempo denunciaba a la policía de Táchira, como bastión del paramilitarismo colombiano.

Un nuevo tratado binacional es urgente

La reciente crisis se genera en un contexto altamente complejo. Crisis económica en Venezuela, inestabilidad política del proyecto bolivariano, incremento de la mafia paramilitar, nexos entre mafias y políticos de oposición y próximas elecciones territoriales en Diciembre de 2015 en Venezuela. La decisión de Maduro de imponer un estado de excepción en la zona de frontera y las medidas contra los colombianos, la destrucción de sus propiedades, la deportación violente es desesperada y arbitraria, no es para nada justificable, pero se entiende en ese entramado de un conflicto fronterizo de larga data, desatendida por los Estados de los dos países y enmarcada en un tratado binacional a todas luces obsoleto. Las apelaciones al chovinismo en ambos países no contribuye a comprender lo que está en juego, el blanco no puede ser la población colombiana, el responsable de esta situación es la presencia mafiosa del paramilitarismo y sus vínculos con las autoridades políticas y líderes empresariales de Cúcuta y San Cristóbal. No sirve de nada el chovinismo al que apela el uribismo, la gran prensa y los políticos. Es urgente un nuevo tratado que se entronque en una apuesta de respeto a los derechos transfronterizos del pueblo, a la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos y a la solidaridad e integración entre países hermanos

 

Por Frank Molano Camargo
Historiador y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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Venezuela decreta estado de excepción en frontera con Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes estado de excepción constitucional en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia, del estado Táchira (oeste), todos ubicados en la frontera con Colombia, durante 60 días.


"Hemos decidido combatir todas las formas de paramilitarismo en el país", dijo al tiempo que llamó al pueblo a trabajar unido contra las conspiraciones de la derecha.


Asimismo, el presidente venezolano decidió prolongar por más de 72 horas el cierre de la frontera con Colombia "hasta nuevo aviso, hasta que regularicemos nuestra vida económica y social, hasta que capturemos a los asesinos; mantendremos cerrada la frontera".


El mandatario venezolano instó a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos ha colaborar con la paz en la frontera. En este sentido, recordó que su país ha contribuido con el proceso de paz de la nación vecina.


"Nunca hemos dicho nada de todo lo que hemos hecho por el proceso de paz en Colombia, tengo de los mejores cuadros diplomáticos dedicados a ayudar todos los días", dijo el presidente Maduro, motivo por el cual pidió a Santos hacer lo mismo en la lucha que se emprende en la frontera.


¿Qué significa un estado de excepción?


El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, será el encargado de supervisar el estado de excepción, por lo que aseguró que defenderá la paz y la estabilidad junto con las fuerzas de seguridad y el pueblo. Asimismo, indicó que fortalecerá los lazos de amistad entre ambas naciones, pero desde el marco del respeto y sin tolerar el abuso. "Pedimos respeto al territorio venezolano", destacó.


En un contacto telefónico con teleSUR, Vielma Mora enfatizó que el decreto de estado de excepción no significa la suspensión de las garantías. Con esta medida se busca garantizar la distribución de alimentos y de insumos médicos, así como el acceso a la educación y a la salud.


De igual modo, resaltó que con esta medida prohíbe la tortura y se garantizan los derechos humanos

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Vínculos de la derecha y Álvaro Uribe con el paramilitarismo


Más temprano, el mandatario venezolano reiteró la denuncia contra los planes paramilitares promovidos por la derecha de su país y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Veléz.


Durante una reunión del puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), el jefe de Estado condenó las acciones de Uribe para desestabilizar la paz en Venezuela. "El señor Uribe sigue conspirando contra el pueblo de Bolívar y Chávez", añadió.


Dio a conocer que en los últimos siete meses han ingresado 121 mil colombianos a Venezuela. "Los colombianos consiguen en Venezuela, tranquilidad y estabilidad", dijo Maduro en respuesta a los señalamientos de Uribe en su contra.


Sostuvo que el tema de la migración de colombianos hacia Venezuela es un punto álgido que se debe tratar a la brevedad posible.


Saludó los resultados obtenidos tras la instalación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). "Seguiremos trabajando por la paz y la seguridad del pueblo venezolano", añadió al tiempo que reconoció las acciones emprendidas por las comunidades organizadas del país.


Luego que el presidente Maduro anunciara el cierre por 72 horas de la frontera de su país con Colombia en San Antonio del Táchira y Ureña (oeste) sectores de la ultraderecha comenzaron a conspirar contra las políticas promovidas por el Gobierno Revolucionario.


(Con información de Telesur)

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Martes, 23 Junio 2015 11:41

¿Sólo coincidencias?*

En junio de 2014, la organización Pax1 publicó un informe que mostraba las relaciones entre el frente paramilitar "Juan Álvarez", con las multinacionales mineras Drummond Ltd. y Prodeco (subsidiaria de Glencore Plc) en el departamento del Cesar, entre los años 1999 y 2005. Estas relaciones implicaron el desplazamiento forzado de cientos de familias, la apropiación de tierras en beneficio de la explotación minera, el desmantelamiento del movimiento social opuesto a la empresa y el debilitamiento del sindicato que exigía mejores condiciones laborales. A pesar de la contundencia de las pruebas recolectadas, Drummond negó todas las acusaciones.

 

Movimientos sociales y organizaciones2 señalan de manera insistente que el paramilitarismo no sólo fue creado como una estrategia contrainsurgente; también, en muchos otros casos y regiones del país, posibilitó la rápida acumulación de tierras y de recursos naturales por parte de grupos económicos con el ejercicio sistemático de la violencia. Oficialmente se reconoce el despojo de 6,7 millones de hectáreas, en el marco del desplazamiento de por lo menos 5 millones de personas. Todo esto se relaciona con la ejecución de fuertes inversiones de capital en muchas regiones del país que tienen aún las heridas abiertas de una violencia desgarradora.

 

Hay coincidencias, por ejemplo, entre las actividades mineras de una de las empresas más notorias del sector de la gran minería como es AngloGold Ashanti (AGA) y el accionar criminal del grupo paramilitar conocido como Bloque Central Bolívar (BCB). En el año 2012, el Centro Toledo para la Paz, en su informe Grupos Armados e Industria Extractiva, señalaba la responsabilidad de la AGA en una zona duramente golpeada por el paramilitarismo –como lo ha sido el Sur de Bolívar3–, lo que permite afirmar que ya existen graves indicios contra la empresa.

 

Las razones de hacer énfasis en el seguimiento a la empresa AGA son significativas. La empresa acumula de manera directa o indirecta la mayor cantidad de títulos, operaciones y proyectos de minería de oro a cielo abierto en el país4, es la única con la capacidad técnica, económica y política para jalonar un proyecto minero de oro de grandes proporciones y, de hecho, tiene dos a punto de iniciar la fase de construcción de infraestructura para extracción (Gramalote y La Colosa). Es una de las empresas que operaba durante la ofensiva paramilitar en muy diversas regiones del país, y la que claramente expandió su presencia en el país con títulos y operaciones una vez llevada a cabo la ofensiva paramilitar en el año 2006, después de la aparente desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

 

 

 

La AGA es la segunda multinacional minera de oro en el mundo, su sede se encuentra en Sudáfrica. En Colombia ha realizado durante por lo menos doce años actividades de exploración, priorizando cerca de ocho proyectos, dos de los cuales se encuentran en fase de factibilidad5. Esta empresa se encuentra amparada por una legislación favorable y cuenta con el apoyo de la acción estatal. La empresa es la más sobresaliente de varios grupos empresariales que intercambian información, títulos, acciones y operan sistemáticamente en labores de exploración en el país, lo que se ha denominado como cartel de la minería del oro en Colombia6. La empresa tiene graves antecedentes en sus operaciones en el continente africano, que pasa por la financiación de grupos paramilitares en la República Democrática del Congo hasta demandas millonarias por enfermedades laborales de cientos de miles de sus trabajadores. La consideran como una de las peores empresas multinacionales del mundo por la contaminación tóxica en los ríos de Ghana, África7. En enero de 2015 el senador Iván Cepeda hizo públicos varios contratos del ejército colombiano con empresas extractivas8, entre ellos un contrato por 2,8 billones de pesos con AGA. La empresa nunca se pronunció ni explicó nada al respecto.

 

Los proyectos de AGA antes del 2006

 

De acuerdo al Reporte a la Sociedad de AGA del 2005, ésta empezó sus operaciones en Colombia en el año 1999, e inició actividades sistemáticas de exploración de campo en el año 2003. En el informe de exploración del 2005, la empresa ya anunciaba seis proyectos en los que estaba realizando exploración sistemática regional9. En los informes de exploración de AGA no se encuentra información clara sobre los proyectos, especialmente desde antes del año 2006. Sólo se nombran o comentan de manera tangencial, en varios casos sólo brindan el nombre del proyecto pero no su ubicación ni nada que lo referencie.

 

Para la identificación de los proyectos de AGA antes del 2006 se usaron los informes trimestrales de exploración y de los informes de Reporte a la Sociedad de AGA –todos en inglés–, contrastados con información técnica de empresas mineras exploradoras, la base de datos Noche y Niebla del Cinep, y revisión de prensa. Inicialmente fueron identificados siete proyectos, cuatro de ellos concentrados en el Sur de Bolívar alrededor de lo que es conocido como la Serranía de San Lucas, región sobre la cual la empresa niega su interés, pese a lo cual conserva títulos en la misma.

 

Entre el 1999 y 2006, la empresa tuvo tres prioridades claramente establecidas, que coincidían en realizar exploraciones en inmediaciones de minas que fueron productivas. Como en el caso de La Colosa, en las inmediaciones de la montaña conocida como La Mina –Cajamarca, Tolima– o alrededor de la mina Miraflores –Quinchía. Risaralda–. La empresa concentró sus esfuerzos en la exploración de la serranía de San Lucas entre los años estudiados. Por el norte de la Serranía, en las inmediaciones del municipio Barranco de Loba, en el lugar conocido como Santa Cruz; en el municipio de Norosí, al noroccidente de la serranía, en el corregimiento de Buena Seña; hacia el noroccidente, en el municipio de Nechí, en asocio con Mineros SA; y de acuerdo a testimonios de comunidades locales, al occidente, en el municipio de Simití, en el corregimiento de Monterrey y San Blas.

 

En todos estos casos, la empresa actuó en zonas claramente controladas por el BCB. La Serranía de San Lucas fue el lugar donde este bloque concentró sus actividades. En Quinchía, Risaralda, también estuvo operando el frente del BCB conocido como Cacique Pipintá, mientras que en Cajamarca, Tolima, no estuvo presente el BCB, pero si ocurrió una masacre que lo vinculó indirectamente (ver artículo completo).

 

 

Perspectivas de las coincidencias observadas

 

El Centro Toledo para la Paz, en su investigación sobre industria extractiva y derechos humanos en Colombia, concluye que "si bien la mayoría de las empresas dedicadas a la extracción minera o de hidrocarburos resulta beneficiada sin preverlo por ciertas dinámicas del conflicto armado, otras lo hacen de manera más consciente"10. En las gigantescas proporciones de las víctimas y tierras despojadas durante la ofensiva paramilitar, sin duda se presentaron innumerables casos y móviles que beneficiaron directa o indirectamente a empresas extractivas, no sólo mineras.

 

En los reportes técnicos y financieros realizados por AGA, se encuentra que existieron varios municipios y regiones en las que estuvo presente antes del 2007 –año en el que hicieron pública su presencia en el país–. Del análisis del contexto de derechos humanos y la presencia del BCB, es posible afirmar lo siguiente:

 

1. Entre 2003 y 2005, en todos los proyectos operados en Colombia por AGA, que aparecen en sus informes técnicos, la empresa operó de manera secreta en municipios también controlados por el grupo paramilitar conocido como BCB.
2. Los proyectos en los que operó la empresa y que eran controlados también por el BCB, se encuentran claramente distanciados por largos trayectos, en departamentos diferentes (Antioquia, Tolima, Bolívar, Risaralda), y contextos políticos y militares disímiles, en los que no había otro elemento en común que el interés minero de AGA.
3. De acuerdo a la información disponible11, no era posible realizar actividades económicas o productivas de envergadura en una zona controlada por el paramilitarismo sin que existieran acuerdos con éstos. Es posible plantear la hipótesis, de que existió un acuerdo de operación entre AGA y el CB, planteamiento reforzado por la enorme diferencia de los casos, por las similitudes temporales, por los señalamientos de comunidades y organizaciones en diferentes regiones, por las coincidencias espaciales en las operaciones, y el carácter secreto de las operaciones de AGA.
4. No existen pruebas que permitan afirmar el vínculo directo de la multinacional minera con el bloque paramilitar. Sin embargo, los hechos documentados hasta ahora permiten exigir a las autoridades de justicia el pronto esclarecimiento del papel de AGA, que operaba de manera secreta en regiones, en momentos que sus pobladores padecieron duramente la violencia paramilitar.
5. Un año después de la aparente desmovilización del BCB, AGA empezó a adquirir masivamente títulos mineros en zonas en las que, aparentemente, estuvo involucrada en exploraciones. La empresa minera acumula en títulos localizados en regiones que han sido controladas por el BCB. Varios de estos títulos, en particular los del caso de Quinchía, Risaralda, fueron cedidos a empresas con las que ha tenido vínculos operativos.
6. El cuestionamiento a AGA no es el primer caso de vinculación entre paramilitares y empresas multinacionales mineras. Como se comentó al inicio de este artículo, ya existen vínculos demostrados entre Drummond y Prodeco con el frente Juan Andrés Álvarez en el centro del Cesar. También AGA tiene antecedentes de relaciones con vínculos paramilitares en la República Democrática del Congo, con señalamientos en Colombia, por centros de investigación y reconocidas organizaciones sociales, por haberse beneficiado –directa o indirectamente– por la violencia ejercida en varias regiones del país.
7. También es necesario señalar que, a pesar de haber operado en zonas de control paramilitar del BCB en las que habían violaciones generalizadas a los derechos humanos, esta multinacional nunca se pronunció, ni se retiró de tales zonas, como lo predican sus códigos de conducta. Es posible pensar, incluso, que sus actividades mineras significaron un factor de empeoramiento de la situación de derechos humanos en las zonas en que estuvo presente.

Junio de 2015

 

 


 

 

* El artículo completo puede ser consultado en: www.cedins.org
1 Marianne Moor y Joris Van de Sandt, El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la Zona Minera del Cesar, Colombia. . PAX, Los Países Bajos, junio, 2014.
2 Sentencia final del Tribunal Permanente de Los Pueblos. Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia. 2006-2008. 21-23 de julio, Bogotá, Colombia. Secretaría General. Fondazione Basso. Roma. Italia.
3 "Es posible afirmar que parece existir cierta responsabilidad de la empresa, de momento por omisión en presuntos hechos de desplazamientos forzados generados como consecuencia de muertes y amenazas contra líderes mineros en zonas de influencia de AngloGold Ashanti en varias de sus áreas de influencia en el Sur de Bolívar". En: Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. CITPax Colombia y Observatorio Internacional de Justicia y Paz. V Informe. 2012.
4 La Colosa. Una muerte anunciada, Colombia Solidarity Campaign. 2013.
5 AngloGold Ashanti. Delivering Sustainable Value. Sep 2012. www.anglogold.com/NR/rdonlyres/BFE16A4A-0D31-4066-9D40-9EA2157EB1CF/0/MarkCutifaniatthe2012Denver-GoldForum.pdf
6 Alejo Pulido, "Las preguntas detrás de Anglogold Ashanti". La silla vacía. 30 de junio de 2011.
7 Ver: La Colosa. Una muerte..., op. cit.
8 Cuestionan seguridad Estatal a Drummond y otras transnacionales. El Espectador. 8 de enero de 2015.
9 "Regional systematic exploration continued in six areas in Colombia. Further target definition". AngloGold Ashanti exploration report. Q3 2005.
10 Frédéric Massé y Johanna Camargo, Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. V Informe 2012. . CITpax Colombia y Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz. 2012.
11 "Los tentáculos de Bloque Central Bolívar". Verdad abierta. Verdadabierta.com

 

Publicado enEdición Nº 214
La era santista: nueva masacre indígena en el Norte del Cauca

De manera hipócrita el señor Santos exige hechos de paz desconociendo olímpicamente los 4 meses históricos de tregua unilateral determinada por las Farc desde diciembre del 2014 con resultados contundentes en la superación de la violencia política nacional. Nunca en la historia del conflicto social y político había ocurrido un hecho de tales dimensiones políticas y militares. Eso le importa un bledo a este tipo.

Se rasga las vestiduras este capitán de la oligarquía proclamando el agotamiento de su falsa paciencia aristocrática.

Paciencia?. Paciencia la que ha tenido el pueblo colombiano durante siglos y décadas con su sangriento y putrefacto régimen de poder.

Con paciencia y silencio tiene que soportar la mayoría popular el imperio de un régimen social y político antidemocrático y explotador. Régimen que utiliza el crimen, la masacre, el atropello y la mentira para mantener su dominio hegemónico.

No es un invento nuestro. La camarilla oligárquica colombiana impera con la masacre y el desplazamiento de millones de colombianos. Miles de masacres de inermes campesinos e indígenas han sido la nota permanente en las últimas décadas, después de expedida la famosa Constitución del 91, para lo cual se organizó una infraestructura paramilitar adiestrada en batallones y brigadas militares. Los paramilitares en Colombia son hechura directa de generales, coroneles, capitanes y oficiales de los aparatos armados, por supuesto, de políticos fascistas como Uribe Vélez. Miles de presos de origen militar y parapolitico lo confirman con amplias y sustentadas investigaciones judiciales.

Son esos grupos anticomunistas de terror y sangre los autores de una nueva masacre de humildes indígenas en el Norte del Cauca [1], región afectada por el dominio de una feroz oligarquía cañera y agroexportadora, que aliada con la Tercera Brigada[2] y otras compañías bélicas, han impuesto un sistema dictatorial en la zona.

Así que en plena era santista de Prosperidad social y felicidad neoliberal ha ocurrido otra masacre de indígenas. Misma que es ignorada por los grandes medios de comunicación y que no merece el más mínimo comentario de las eminencias politologicas defensoras de la democracia de papel vigente en el Estado.

En efecto, los asesinatos se dieron desde el 14 de abril del 2015, en jurisdicción de los municipios de Suárez [3] y Buenos Aires[4], según las comunidades.

Comandos paramilitares organizados por las brigadas militares han asesinado a seis indígenas en dos hechos perpetrados en zonas rurales del norte del Cauca, en la misma región donde esta semana murieron 11 militares a manos de guerrilleros de la resistencia revolucionaria campesina.


Según Héctor Fabio Dicué, dirigente indígena de la región, los crímenes se produjeron entre los municipios de Suárez y Buenos Aires.

Tres de los indígenas fueron sacados violentamente por los paramilitares de sus viviendas de la vereda Cerro Tijeras, en jurisdicción de Suárez y los otros tres en la vereda La Esperanza, de Buenos Aires.

En la zona se han registrado otros dos indígenas desaparecidos.

Entre las víctimas, que habían sido llevados por desconocidos en varios carros paramilitares, hay cinco miembros de una misma familia. El caso ocurrió en una zona aledaña donde se han dado los combates entre las Farc y el ejército. Evidentemente se trata de una retaliación oficial.

Hombres armados identificados como paras, raptaron y asesinaron con disparos en la cabeza a cinco miembros de una familia indígena.

El sitio exacto de la masacre paramilitar de la familia indígena se conoce como el resguardo Cerro Tijeras [5], una comunidad asentada en la vereda Agua Bonita, del corregimiento Los Robles, zona rural de Suárez. En las montañas de ese municipio fue asesinado cobarde y traicioneramente por Santos, en medio de diálogos y conversaciones para iniciar la paz, en 2011, el comandante guerrillero Alfonso Cano.

Según informaron las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin [6], la masacre se cometió sistemáticamente y con sevicia en dos días y solo hasta este viernes 17 de abril fueron hallados por las autoridades indígenas, los últimos dos cadáveres en un paraje de la zona.

Las víctimas de ese fatal hecho de sangre han sido identificados fueron identificadas como los hermanos Berney y Wilson Trochez; Cristian David Trochez, Belisario Trochez Ordoñez y Mario Germán Valencia Vallejo.

Según explicaron los consejeros de Acin quienes a través de la guardia indígena llegaron a la zona, el crimen fue perpetrado en dos tandas. El martes 14 de abril a las 9:00 a. m. hombres armados se llevaron por la fuerza a los hermanos Berney y Wilson y al día siguiente (miércoles 15 de abril) los paramilitares madrugaron a las 5:30 a. m. para raptar a los tres restantes (Cristian, Belisario y Mario Germán).

Según versiones de moradores del resguardo, "personas desconocidas vestidas como militares y portando armas de largo alcance, los sacaron de manera violenta de su casa (...), quienes posteriormente fueron subidos a dos camionetas que partieron con rumbo desconocido".

El segundo grupo de secuestrados fue el primero en ser hallado sin vida, "siendo aproximadamente las 3:30 p. m., vecinos del lugar informaron la presencia de tres cuerpos abandonados a orillas de la carretera en la vereda Guadualito. Al momento de ser encontrados los comuneros presentabas impactos de bala en la cabeza", dice un documento de Acin.

El consejero indígena ha dicho que en la zona es muy común la presencia de grupos paramilitares, al igual que la fuerza pública que los protege. Santos ha anunciado una ofensiva militar y estos son sus resultados.

Quiere decir que la guerra seguirá su curso por otros 100 años, ignorando lo ocurrido en la Cumbre de Panamá, en que Obama reconoció sus errores y atropellos contra Cuba revolucionaria y socialista. La oligarquía colombiana sigue en la misma guerra anticomunista de los últimos 60 años.

Estamos en una nueva era de violencia liberal y neoliberal para proteger los intereses de la plutocracia dominante.

La única manera de parar toda esta arremetida reaccionaria es con la movilización y lucha del pueblo colombiano por la paz y la justicia. En ese sentido, desde el próximo 22 de abril 2015, se realizaran huelgas, protestas y acciones populares de educadores, trabajadores de las minas de carbón, trabajadores petroleros, indígenas del Cauca, empleados estatales y otros grupos sociales, que exigen la negociación de sus derechos y la suspensión del Plan Nacional de Desarrollo cuyas medidas ahondan la crisis social del país. Que exigen la paz con democracia ampliada y justicia social.

Toda esta violencia santista, obviamente, tendrá sus consecuencias en el incremento de la resistencia campesina revolucionaria.

No más violencia liberal santista. Llegó la hora de acabar con este régimen de sangre y dolor.

[1] La Provincia del Norte es una de las cinco regiones que se subdivide el departamento colombiano del Cauca; está conformada por los siguientes municipios: Buenos Aires Caloto Corinto Guachené Miranda Padilla Puerto Tejada Santander de Quilichao.

[2] La Tercera Brigada, adscrita a la Tercera División del Ejército, tiene sede en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y fue creada mediante Disposición No. 0004/2005, cubriendo operacionalmente municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y siete municipios del Norte del Cauca (http://bit.ly/1HjaOiD).

[3] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1G5NUfX

[4] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1Oqq1yK

[5] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1G49Lla

[6] Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1b7HE9L

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