Ecuador: el Congreso rechazó la destitución de Guillermo Lasso luego de 18 horas de debate

Con 11 abstenciones, 42 votos en contra y 84 a favor, la votación quedó muy cerca de los 92 votos requeridos para que la moción fuera aprobada. Más temprano, el gobierno había suspendido el diálogo con los movimientos indígenas por la muerte de un militar durante las protestas.

Luego de tres sesiones y 18 horas de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, promovido por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. La moción fue votada por una importante mayoría de los congresistas--81 votos a favor, 42 en contra-- y estuvo a apenas ocho votos de ser aprobad. Había sido presentada bajo la causal contemplada en la Constitución ecuatoriana de "grave crisis política y conmoción interna", en el marco de las protestas indígenas contra el gobierno por el aumento del costo de vida y los combustibles. Lasso había sido noticia más temprano al rechazar cualquier posibilidad de diálogo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, al responsabilizar al movimiento que lidera de estar detrás del ataque en la provincia de norteña de Sucumbíos a un convoy que custodiaba camiones cisterna en el que murió un militar.

Molesto por la acusación, Iza le respondió a Lasso que "está muy alejado de la realidad", aunque reconoció que ambas partes "necesitan bajar de tono". Un segundo día de conversaciones entre la Conaie y una delegación del Ejecutivo liderada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fracasó este martes ante la ausencia de la representación oficial. Entre los diez puntos de la agenda propuesta por el movimiento indígena se destaca la reducción de los precios de los combustibles, ya que la dispuesta por el gobierno fue valorada como insuficiente.

La votación en la Asamblea

La del martes fue la tercera sesión del pleno de la Asamblea de Ecuador para debatir la continuidad del derechista Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia hace poco más de un año luego de superar en segunda vuelta al candidato correísta, Andrés Arauz. Para destituir al jefe de Estado y convocar inmediatamente a elecciones se requería el voto favorable de dos tercios de la Cámara.

Las principales fuerzas políticas a favor de la salida de Lasso eran las bancadas de Unión por la Esperanza (Unes), cercanas al expresidente Rafael Correa; y un sector del movimiento indigenista Pachakutik, brazo político de la Conaie. 109 asambleístas intervinieron a lo largo de las sesiones aunque varios de los argumentos, e incluso los videos que algunos legisladores utilizaron para realizar sus exposiciones, parecían calcados.

En uno de los últimos discursos previos a la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, le pidió a Lasso que reconsidere su postura y vuelva a la mesa de diálogo. "Estamos a un pequeño paso de resolver el conflicto social que vive el país", aseguró el jefe del Legislativo al recordar la serie de avances que se produjeron durante la jornada del lunes, en la que participaron representantes de todos los poderes del Estado.

En su cadena nacional previa al debate y posterior votación en la Asamblea, Lasso había acusado al correísmo de intentar "asaltar la democracia" en Ecuador con la moción para destituirlo. El gobernante rechazó "las amenazas, chantajes, persecuciones e intimidaciones a quienes con su voto en la Asamblea Nacional están dispuestos a defender la institucionalidad y la paz".

Las palabras de Lasso fueron rápidamente respondidas por el expresidente Correa desde su cuenta de Twitter, donde le pidió al actual jefe de Estado que "ya no sea ridículo". "Por su engreimiento, cobardía e incapacidad tiene al borde de guerra civil. (...) Gradúese de demócrata, vamos a elecciones, y no siga llenándose las manos de sangre", señaló el expresidente ecuatoriano, actualmente asilado en Bélgica.

"No volveremos a sentarnos a dialogar"

En el fragmento más agresivo de su discurso al país, Lasso disparó: "El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases". El mandatario de derecha agregó que solo "cuando se cuente con legítimos representantes" de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador se sumará a la mesa de diálogo.

Horas antes de la difusión de este mensaje por cadena nacional, el gobierno había informado que un militar falleció y 12 resultaron heridos por el ataque a un convoy que custodiaba camiones cisterna en una ruta de la Amazonía del país. "Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas", apuntó Lasso al recordar también que, en la sureña provincia andina de Azuay, fue impedido el paso de un camión que transportaba oxígeno para enfermos hospitalizados.

"Lasso rompe con el pueblo"

Luego del mensaje de Lasso, miles de indígenas volvieron a manifestarse en Quito. A su paso los comercios, que habían abierto luego de un lunes calmo, volvían a cerrar sus puertas. "Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo", dijo la Conaie en su cuenta de Twitter. La confederación indígena aseguró que la ruptura del diálogo confirma el "autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad" del gobierno para resolver los problemas del país. 

El gobierno se ausentó de la mesa de diálogo con los indígenas que tiene lugar en la Basílica del Voto Nacional de Quito desde el lunes. "Fue un ataque brutal. Pero, ¿cómo podemos saber que si realmente salió o no salió de los manifestantes?, se preguntó Iza en la mañana durante la frustrada reunión. En ese sentido, pidió formar una comisión independiente para que investigue los hechos.

El presidente de la Conaie dejó en claro que el movimiento indígena y los otros colectivos sociales que llevan adelante las protestas jamás han querido "desestabilizar" al gobierno, como afirmó más temprano Lasso. Iza también rechazó la afirmación de que el movimiento indígena haya "sitiado" Quito. "Lo que ha sitiado a los ecuatorianos es la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico. De tanta pobreza nuestras comunidades no tenemos más que luchar", advirtió el líder indígena, al tiempo que dijo que el diálogo "no es una imposición de un lado ni del otro".

La ONU en alerta por los niños

Al margen del ataque del martes a un convoy, las protestas dejan hasta el momento cinco manifestantes muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes. El Comité de Derechos del Niño de la ONU exhortó a las autoridades de Ecuador a cesar la violencia contra niños y adolescentes de parte de las fuerzas de seguridad en medio de las movilizaciones contra el gobierno. La entidad internacional también instó a una investigación de los incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los niños.

El comité de la ONU además denunció que muchos niños en Quito se encuentran sin protección alguna ni contacto con sus parientes adultos como consecuencia de las acciones represivas del Estado, y realizó un llamado a todas las partes a que "escuchen, cuiden y protejan a todos los niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones".

Publicado enInternacional
Representantes del gobierno de Guillermo Lasso, e integrantes de organizaciones indígenas, durante la reunión de ayer en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, la cual buscaba terminar con dos semanas de protestas que amenazan la producción de crudo.Foto Ap

Quito. Las organizaciones indígenas y el gobierno de Ecuador no lograron ayer un acuerdo sobre mayores recortes en los precios de la gasolina y límites al desarrollo petrolero y minero, en una reunión que buscaba terminar con dos semanas de protestas que amenazan la producción de crudo.

El presidente Guillermo Lasso anunció la noche del domingo una baja de 10 centavos de dólar en el precio de la gasolina Extra y el diésel, que la Confederación de Nacionalides Indígenas de Ecuador (Conaie) calificó de insuficiente.

Al menos siete personas han muerto en relación con las protestas, mientras la producción de petróleo del país se ha reducido a la mitad y el Ministerio de Energía dijo que es posible tener que suspender el bombeo debido a la falta de suministros para la operación de los campos.

Lasso, cuya relación con la Asamblea Nacional ha empeorado durante las protestas, también anunció fertilizantes subsidiados, condonación de deudas y créditos baratos.

Grupos indígenas liderados por la organización Conaie dijeron ayer que las rebajas de Lasso, que ponían la gasolina Extra en 2.45 dólares por galón y a 1.80 dólares el de diésel no eran suficientes, pero acordaron reunirse con representantes del gobierno, en un encuentro que duró seis horas, (un primer acercamiento se tuvo el sábado) y se tiene prevista una segunda reunión para hoy martes a las 10 de mañana.

La Conaie buscaba en su propuesta inicial que la gasolina Extra se congele en 2.10 dólares el galón y el diésel en 1.50 dólares y además se limite la expansión petrolera y minera. Lasso informó que la reducción del precio del combustible y otras concesiones costarán alrededor de 600 millones de dólares.

Consideran cambios en las políticas petrolera y minera

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo durante el encuentro que no podían bajar más el precio de los combustibles, pero se mostró dispuesto a considerar subsidios para grupos específicos. También sostuvo la apertura oficial a discutir cambios en las políticas petrolera y minera.

"Vemos que hay poca voluntad sobre los temas sustanciales", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. En su intervención, Iza rechazó que se responsabilice a los sectores indígenas como promotores de la violencia desatada durante las movilizaciones o como desestabilizadores de la democracia.

Sobre las 10 demandas planteadas al gobierno, Iza empezó por desmentir que la Conaie busque favorecer a los contrabandistas de combustibles, cuando se solicita que baje el precio de las gasolinas y el diésel.

Dijo que retirar los subsidios afecta a los productores del campo, pues encarece el transporte y, por ende, a la producción. Refirió que en una reunión sostenida con Carondelet en noviembre de 2021 se propuso emprender una política de focalización de subsidios a los combustibles para los "sectores que sí lo merecen". No obstante, aquello no tuvo respuesta y desembocó en la actual confrontación social en las calles, aseguró Iza.

“La reducción de 10 centavos realmente no permitiría bajar los precios que han incrementado, en algunos productos, hasta cinco veces, cuatro veces, tres veces (...)

Esta medida debe ir conjugada con el control de precios, porque si no esto se atribuye únicamente al incremento del precio de los combustibles y a los factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania”, señaló Iza.

La Conaie tuiteó que policías infiltrados con bombas lacrimógenas fueron identificados en los alrededores de la Basílica del Voto Nacional donde se realizaba el diálogo entre la organización y autoridades del país. El gerente de la petrolera estatal Petroecuador, Ítalo Cedeño, señaló ante un canal local que "era un crimen" recortar la producción de crudo en medio de precios globalmente altos.

Los quiteños se han quejado de la escasez de gas doméstico y mayores precios en los alimentos. Otras ciudades también han informado de escasez de combustible y suministros médicos.

El sector petrolero, los productores privados de flores y lácteos, las empresas turísticas y otros han perdido más de 500 millones de dólares a causa de las protestas, dijo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

La Conaie contabiliza cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que tres civiles murieron durante las marchas, dos más murieron de manera accidental y otros dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos.

La Asamblea Nacional retomará hoy el debate sobre el pedido de un grupo de legisladores de la oposición para destituir a Lasso de su cargo, aunque parece que no contarían con el apoyo necesario para la medida.

Publicado enInternacional
Ecuador: en Paro Nacional se cocina otro país

Lunes día 15 Paro Nacional. En la Y de la Armenia, arteria principal que une la costa con Quito, hace 12 días se mantiene un bloqueo. Hemos vivido días duros e intensos, incluida una noche de fuerte represión con un saldo de dos compas retenidos ilegalmente y uno de ellos golpeado, amenazado y secuestrado durante varias horas.

Hemos debido afrontar diversas situaciones dentro de la cuestión humanitaria… familias con niños y niñas pequeñas, personas enfermas, estrés y cansancio de quienes –engañados por las mentiras de los medios y la policía nacional que insisten en decir que la vía se encuentra abierta y sin bloqueos– optaron por utilizar esta vía para volver a sus casas. Sin embargo y haciendo uso de los procesos asamblearios, hemos ido resolviendo día a día estas situaciones. La amenaza permanente de parte de la policía y el ejército, los sobrevuelos de drones y helicópteros, las imágenes compartidas por compas del territorio de vehículos militares acercándose, en fin.

Este bloqueo se mantiene, las gentes con alegría siguen llegando y los relevos son una constante. Ayer, y en asamblea, se decidió abrir durante dos horas el paso, esto en solidaridad con el anuncio del transporte pesado de unirse al paro Nacional… ya veremos si ellos cumplen, nosotrxs cumplimos!

La población propia del lugar y de comunidades cercanas, hace presencia a diario, trae sus apoyos en víveres y participación. Hemos tenido noches con musiquita e incluso hubo una tarde en que un grupo musical que, producto del paro debió pasar caminando por nuestro bloqueo, nos acompañó con un par de canciones de su autoría… el grupo Landa Landa.

En lo nacional, hace dos días, el día 13, inició el circo de la Asamblea Nacional (parlamento o congreso) para destituir al presidente Lasso. El mecanismo es la muerte cruzada que se ocncreta con un llamado a elecciones adelantadas, tanto del presidente como de la asamblea nacional. Para esto se requiere dos tercios de la votación. Por más cuentas que se haga, no existe ese número de votos dentro de la Asamblea Nacional, sin embargo se trata de un paso más dentro del proceso de agotamiento de todas las formas legales. (Un elemento a tener en cuenta es que, de acuerdo a la propia constitución, este recurso tiene un candado y solo puede ser usado una única vez, por lo que si en esta ocasión no obtienen los dos tercios, no pueden volver a intentarlo).

Por su parte, la dirección del paro nacional, constituida por las tres más grandes organizaciones indígenas del país ha insistido en que las 10 demandas colectivas son el tema, no la destitución o muerte cruzada, aunque tampoco se niega a ésta y acompaña el proceso de la Asamblea Nacional.

El ambiente en las calles y los bloqueos de carreteras, entre quienes vinimos al paro, es una mezcla de las dos cosas, la indignación por la violencia, los asesinados y heridxs y la falta de diálogo por parte del gobierno que nos invita al grito de ¡Fuera Lasso fuera! y a la vez, sabemos que no basta, que sin las 10 demandas nada habremos ganado. La dirigencia del paro ha sido fundamental en esto, en cada intervención se insiste y recuerda ¡cuáles son las demandas y los porqués del paro nacional!

El gobierno, de forma unilateral, sin aceptar el diálogo, hace anuncios… entre los primeros, una subida en el presupuesto de educación bilingüe, baja el precio de la urea, pone en emergencia nacional el sistema de salud… entre las últimas, deroga el estado de excepción, (aunque asevera que lo podría poner en cualquier momento) baja 0.10 centavos el precio a las gasolinas… Todo esto son victorias nuestras, de la movilización, sin embargo, tanto las bases, es decir nosotrxs, como las dirigencias, sabemos y decimos que esto no es suficiente, que no vinimos ni paramos el país, ni soportamos muertos y heridxs y presxs por estas migajas… LAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS SON NUESTRO HORIZONTE INMEDIATO!!

Hasta la noche de ayer no se ha iniciado ni un proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones. La dirigencia desmiente la noticia de un supuesto diálogo y reafirma que el paro nacional sigue y que el diálogo requiere de parte del gobierno muestras públicas claras y reales de que cederá en las demandas. Son días complejos, hay cansancio y cierto sector de la población urbana y rural que no ha participado del paro, pero que ha mostrado su apoyo, empieza a resentir la escasez, la dificultad para sacar sus productos o salir a trabajar…

Las ciudad amanece con cierta calma, con cierta normalidad… el circo de la Asamblea sigue, pues los discursos no se acaban. Por ley, hay 72 horas hasta la votación… habrá que esperar, con la certeza de que, aún ganando la votación, nada hemos ganado. Aun con muerte cruzada, aun con llamado a elecciones adelantadas, ¡¡SON NUESTRAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS LAS QUE NOS MOVILIZAN!!

Publicado enInternacional
Lasso baja precios de combustibles en un monto menor al que exige la Conaie

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció anoche una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que piden miles de indígenas que protestan desde hace 14 días, y advirtió que la policía y las fuerzas armadas seguirán actuando "mediante el uso progresivo de la fuerza" para "restablecer el orden".

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó que el paro nacional continuará hasta obtener todas las respuestas a las 10 demandas que planteó, entre ellas la reducción de los precios de los combustibles en momentos en que el Congreso reanudó el debate sobre la posible destitución de Lasso.

Antes del anuncio del mandatario, el ministerio de Energía advirtió que Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas de continuar las protestas indígenas que han incluido la toma de pozos. El ministerio de Producción añadió que las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares.

En un mensaje transmitido por radio y televisión al filo de las 10 de la noche, Lasso expuso: "todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la pieza angular que mantiene el conflicto, y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana".

E informó: “he decidido reducir el precio del galón de gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos (de dólar) y el diésel también en 10 centavos.

La Conaie exige que los precios se congelen y se fije la tarifa de la gasolina Extra y Ecopaís en 2.10 dólares y el diésel quede en 1.50 dólares. El precio actual del galón de gasolina Extra y Ecopaís es de 2.55 dólares, y el del diésel 1.90.

Lasso destacó que el fin de semana adoptó medidas, entre ellas derogar el estado de emergencia en seis provincias, "pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo", y amenazó: "nuestra policía nacional y nuestras fuerzas armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y trabajar y prosperar".

Antes, en declaraciones a CNN el mandatario acusó que la violencia a raíz de las recientes protestas en su contra fueron acordadas por el ex presidente Rafael Correa y el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Al cierre de esta edición no se conocía la reacción de la Conaie al anuncio y amenazas de Lasso.

Desde la Universidad Central del Ecuador, zona de paz y asistencia humanitaria para el movimiento indígena y campesino de otras provincias, Iza agradeció a quienes continúan en el paro en los territorios y en Quito, donde habitantes de muchos barrios apoyan el levantamiento popular con alimentos y otros insumos.

Iza reconoció el desabasto generado en la capital por los días de protestas y anunció la resolución tomada de trasladar productos del campo a la ciudad, para compartir solidariamente, como hacen los quiteños con los movilizados. En Twitter, Iza solicitó a la Cruz Roja facilitar un "corredor logístico y humanitario para el paso de insumos médicos, ambulancias, gas de uso doméstico y todo lo que signifique emergencia". El líder indígena recorrió puntos de reunión, donde afirmó: "estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestros compañeros".

En cuanto al paro, Iza anunció que las movilizaciones continuarán hoy, y advirtió que sólo regresarán a sus comunidades cuando se cumpla lo planteado en la agenda de la Conaie: bajar el precio del combustible y el costo de la canasta básica, mayor valor a los productos de los campesinos, prohibición de minería en zonas de protección hídrica y territorios de pueblos autóctonos, entre otros temas.

"Les pido mucha solidaridad entre todos. Nos hemos jugado la vida y la libertad, pero vamos a seguir en esta lucha por los 10 puntos de la agenda", enfatizó."Que no se confunda, si regresamos será con una ganancia para el pueblo. Si no hay eso, no nos vamos de Quito", insistió.

Reconoció los pasos dados por el gobierno como la firma de decretos para controlar la especulación, declarar en emergencia la Salud Pública, condonar deudas hasta los tres mil dólares, bajar costo de la urea al 50 por ciento y de presupuesto para la Educación Intercultural. No obstante, recalcó que falta lo más importante, relacionado con el combustible, los créditos, la minería y el alto costo de la vida.

Interés en el debate sobre la destitución del presidente

En medio de la crisis, la atención se centra además en la decisión que adoptará la Asamblea Nacional, al retomar el debate sobre la destitución de Lasso. El legislativo da trámite a un pedido del bloque opositor Unión por la Esperanza (Unes), que requiere el respaldo de 92 de los 137 asambleístas para aprobar la medida contemplada en el artículo 130 de la Constitución.

Otros bloques parlamentarios como la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, y el bloque oficialista Creo han rechazado públicamente la medida. El Unes solamente tiene 42 votos y respaldo de seis de los 24 del partido Pachakutik que en contra de lo que piden sus bases se opone mayoritariamente a la destitución del mandatario.

El pleno de la Asamblea Nacional en la que se debatía un pedido de destitución del presidente, Guillermo Lasso, retomó la sesión en la que ayer se apuntaron 40 diputados para hablar en tribuna, cada uno con diez minutos. Al cerrar esta edición continuaban los debates.

El presidente derogó antier el estado de excepción que regía en seis provincias, como muestra de apertura al diálogo y para generar espacio de paz, señaló un comunicado oficial.

En el contexto de la paralización, las cifras oficiales dan cuenta de cinco muertos y centenares de heridos entre manifestantes, policías y militares. En ese tono, el ministerio de Energía informó que de continuar las protestas, Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas. “Por los actos vandálicos, toma de pozos y cierre de vías no se ha podido transportar los insumos y el diésel necesario para mantener la operación”, dijo en un comunicado.

Mientras, las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares, el nivel del riesgo país se ha elevado desde el inicio de las protestas, dijeron ayer las autoridades.

Cada día de paro representa entre 40 y 50 millones de dólares de pérdidas en el sector productivo, afirmó el ministro de Producción, Julio Prado. Sobre el riesgo país, indicó que tras aumentar en 295 unidades se ubica "por encima de los mil 55 puntos", lo cual encarece el crédito al que se accede a nivel internacional y "podría afectar el crédito a nivel local".

Ante las movilizaciones impulsadas por la Conaie, que incluyen cierre de vías, toma de instalaciones e incidentes violentos, la empresa estatal Petroecuador registró el cierre de mil 94 pozos y 31 torres, según Prado. Las pérdidas para el sector ascienden a 96 millones de dólares.

En el sector comercial, los perjuicios económicos alcanzan 90 millones de dólares. Quito registra pérdidas por 25 millones de dólares diarios debido a una caída de las ventas de 60 por ciento, mientras en las industrias textil y del calzado la comercialización se desplomó 75 por ciento, afirmó el ministro.

La industria láctea registra pérdidas por 13 millones de dólares debido a una caída de ventas del 85 por ciento, el sector florícola de 30 millones y el agrícola y ganadero de 90 millones de dólares, agregó el titular de la cartera de Producción.

Las reservaciones de turistas se desplomaron 80 por ciento debido a cancelaciones y redundaron en pérdidas por 50 millones de dólares para el sector, señaló Prado.

Intelectuales y artistas de Ecuador expresaron preocupación ante las violaciones a los derechos humanos registradas en el contexto del paro nacional contra el gobierno.

Entre ellos figuran los escritores Alejandro Moreano, Raúl Pérez, Kintto Lucas, Iván Égüez, Abdón Ubidia, Sandra Araya, Luis Zúñiga, Edgar Allan García, la coreógrafa María Luisa González, el director teatral Iván Morales y los docentes de la Universidad Central del Ecuador Xavier León Borja, Cristhian Viteri, Carlos Pesantes y Mónica Ayala.

El papa Francisco llamó a la calma a todas las partes ante las sangrientas protestas indígenas. "Sigo con preocupación lo que pasa en Ecuador, estoy cercano a ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas", luego de la oración del Ángelus desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano.

Publicado enInternacional
Un vehículo policial dispara gas lacrimógeno a los manifestantes durante una protesta contra el Gobierno de Ecuador en Quito. — Adriano Machado / Reuters

Guillermo Lasso asegura que esto es un golpe de Estado en el que se busca "el derrocamiento del Gobierno".

 

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó para este sábado una sesión para debatir como único punto del día una petición de destitución del presidente del país, Guillermo Lasso, quien lo ha calificado de un intento de golpe de Estado contra él.

La convocatoria, confirmada por la Agencia Efe, fue realizada este viernes a petición de al menos un tercio de los asambleístas al alegar una grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno.

La activación del procedimiento de destitución presidencial ya había sido anticipada este viernes por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa y por un sector del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas.

La sesión del Legislativo ecuatoriano se desarrollará en la sede de la Asamblea, a escasa distancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del aledaño parque de El Arbolito, que durante los dos últimos días ha sido escenario de un enfrentamiento casi constante entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.

El Parlamento tiene 72 horas para votar

Tras el debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

En caso de conseguirlo, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días tras publicada la resolución, y convocaría para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

En un mensaje a la nación difundido en televisión y redes sociales, Lasso denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas e hizo una llamada "a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador".

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar "el derrocamiento del Gobierno".

El gobernante agradeció el apoyo ya anticipado de grupos parlamentarios de la oposición como Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik, lo que permitiría ganar la moción y mantener el poder.

Doce días de protestas

Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.

25/06/2022 09:48

Publicado enInternacional
Ecuador: "Fuera Lasso, Fuera", el grito que retumba en las calles

"Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno", explica Nelson Erazo, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.

 

Un potente estruendo pone en pausa la comunicación con Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie). "Estamos en medio de una batalla campal. Hay varios helicopteros sobrevolando en distintos edificios y un enfrentamiento en toda esta parte central de la ciudad", detalla Tapia desde las calles de Quito, donde decenas de miles de indígenas marchan por onceavo día consecutivo con un grito que los unifica: "¡Fuera Lasso, Fuera!".

Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes intentaba irrumpir este jueves en la sede de la Asamblea Nacional, pero terminó siendo reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Los manifestantes que llegan a Quito desde distintos puntos del país recuperan fuerzas por la noche, albergados en dos universidades, y antes del mediodía se dispersan en distintos grupos. Portan palos, escudos artesanales y wiphalas, la bandera multicolor de los pueblos originarios andinos. Cuando las fuerzas combinadas de soldados y policías atajan su marcha, cambian de rumbo. Desafían el estado de excepción en las narices del gobierno, que sacó a los militares de los cuarteles para tratar de recuperar el control de las calles.

Los indígenas no están solos. Los acompaña la militancia estudiantil, el movimiento campesino y los trabajadores de distintos gremios. "Esta lucha que se levanta en nuestro país tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno. Esta lucha ha estado enmarcada desde el inicio de la presidencia de Lasso, toda vez que su política ha significado el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza", explica a Página/12 Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

La mecha del diálogo todavía no enciende

En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el aumento de la nafta encareció el costo de los fletes. Los indígenas alegan que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas. Pero la presión no doblega a un Lasso que considera inviables los reclamos. Acosado y aislado por un reciente contagio de covid-19, el presidente se rehúsa a ceder en las condiciones que exigen los indígenas para sentarse a negociar. Entre ellas se encuentra la derogación del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital, con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.

"Todos los sectores hemos insistido en convocar al diálogo. Sin embargo, al momento el gobierno nacional ha señalado que quiere diálogo pero reprime al pueblo y encarcela a los luchadores sociales. Nos dice que quiere diálogo, pero acaba de establecer decretos presidenciales en donde se pone como elemento central el despido de servidores públicos y continúa con su política de vender las empresas estatales como el Banco del Pacífico", advierte Erazo. En la misma línea se manifiesta Tapia, quien plantea que el presidente "constantemente llama al diálogo pero no da señales claras de pretender encontrar soluciones a las propuestas de la Conaie".

El dirigente del movimiento indígena amazónico habla con este diario desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar ubicado en Quito que permanecía tomado por las fuerzas de seguridad y que este jueves fue finalmente abierto a los manifestantes. La posibilidad de volver a ingresar a este lugar para instalar una asamblea popular que defina la continuidad del plan de lucha era una de las condiciones exigidas al gobierno por el presidente de la Conaie y principal promotor de las protestas, Leonidas Iza.

El reclamo también es estudiantil

El lunes pasado, en medio de las movilizaciones, el gobierno ecuatoriano publicó el Decreto 457 que establece lineamientos para "optimizar" el gasto público. Organizaciones sociales y estudiantiles exigen que sea derogado porque, según entienden, incluye la finalización de contratos. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), cree que "la intención de Lasso es debilitar la universidad pública" y que este nuevo decreto lo confirma, ya que "se desvincularán varios docentes en las universidades".

"Mientras el gobierno se sigue blindando con la policía y se sigue blindando con el FMI, reprime a nuestros compañeros de sur a norte. Por eso queremos denunciar que las universidades publicas están siendo amenazadas por el gobierno para no ser centros de paz y albergue. Hay que decirles como decía el Che Guevara, la universidad debe pintarse de pueblo, debe pintarse de mulato y de indígena", expresa Chiluisa desde Quito.

El recuerdo de 2019

En octubre de 2019 los movimientos indígenas avanzaron sobre Quito para que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno desistiera de un acuerdo con el FMI que, en la práctica, eliminaba subsidios millonarios a los combustibles. Las protestas fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 muertos y más de mil heridos, obligando a Moreno a dar marcha atrás.

Según Erazo, el escenario actual es "mucho más elevado" que el de 2019. "Tienes un país entero peleando, tienes un país entero levantado", sostiene el dirigente sindical. De su lado, Tapia expresa que el conflicto puede seguir escalando "en la medida en que el presidente no tenga la sensibilidad para entender lo que está pasando, continúe minimizando los hechos o simplemente dé largas a los pedidos que se están planteando".


Ecuador: reprimen a manifestantes afuera de la Asamblea Nacional

El país avanza hacia su onceavo día de manifestaciones inicialmente convocados por el movimiento indígena y a las que se sumaron estudiantes y otras organizaciones sociales. El gobierno de Lasso no da señales para derogar el estado de excepción aunque ordenó la desmilitarización de la Casa de la Cultura donde las organizaciones indígenas llevarán a cabo una Asamblea Popular para definir los pasos a seguir.

Por Dominique Galeano

Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes fue reprimida por la policía en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la capital ecuatoriana. Las manifestaciones en reclamo al aumento del costo de vida llegan al onceavo día sin diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) que encabeza las protestas en las que murieron al menos tres personas y 90 resultaron heridas según registran organizaciones de derechos humanos. El mandatario mantiene el estado de excepción en seis provincias ecuatorianas, pero este jueves atendió uno de los pedidos de la Conaie y desmilitarizó la Casa de la Cultura. En tanto los gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas entre la administración nacional y la confederación indígena liderada por Leónidas Iza. Mientras una mayoría de asambleístas votó a favor de una moción para que los ministros de Interior y de Defensa comparezcan ante el congreso para informar sobre el accionar de la policía y las fuerzas armadas en el contexto del paro

Represión en Quito

La capital ecuatoriana es el epicentro de las protestas del movimiento indígena y a las que se sumaron otras organizaciones sociales ante el aumento a los precios del combustible, así como el costo de vida en general. Por la tarde la movilización encabezada por mujeres y estudiantes llegó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional donde fueron reprimidos por la policía que lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes.

Más temprano la Conaie informó que recuperó y liberó la Casa de la Cultura. "Es un triunfo de la lucha", aseguró el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a su llegada al centro cultural donde instalarán una asamblea popular para definir los próximos pasos. Ese espacio fue reclamado por los manifestantes tras ser militarizado en medio del estado de excepción impuesto por Lasso en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y Pastaza.

El mandatario, que se encuentra aislado por covid-19, ordenó el repliegue de los militares que estaban en la Casa de la Cultura desde el inicio del paro. “Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura", aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez en un mensaje grabado.

Unos de 14 mil indígenas llegaron hasta Quito en los últimos días para unirse a las manifestaciones fuertemente reprimidas por la policía nacional, que por su lado también denunció violencia por parte de los manifestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (AODH) registró un muerto en la última jornada en la localidad andina de Tarqui, al sur del país. Según la entidad, al lado del cuerpo de Marcelino Villa, de 38 años, encontraron un cartucho de gas lacrimógeno. Desde el pasado 13 de junio el organismo dio cuenta de 3 muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos.

Mientras que las fuerzas de seguridad informaron que 101 policías y militares resultaron heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados. En el caso de la muerte de Villa la policía aseguró que murió por una cirrosis hepática en “el contexto de las manifestaciones”. Además, las autoridades confirmaron que los 18 policías que habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, fueron encontrados y están bien.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador denunció que uno de sus edificios se encuentra bajo ataque. Además, revelaron que durante la semana manifestantes sustrajeron y quemaron en la vía pública documentación de esa institución.

Los gobernadores piden diálogo

Por otra parte, los gobernadores agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) pidieron al gobierno nacional y a la Conaie una tregua de 24 horas que le permita a las partes ir a una mesa de diálogo. Ante el corte de calles y rutas en la capital y en otras provincias ecuatorianas, los prefectos plantearon establecer corredores humanitarios para abastecer y atender necesidades urgentes en zonas afectadas por los paros.

En esta línea, llamaron a las organizaciones que se manifiestan a respetar la libre circulación en estos corredores. Además, durante la presentación también propusieron que las autoridades nacionales, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural para reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.

Mientras que en la Asamblea Nacional una mayoría aprobó la moción de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que ordena la comparecencia en el pleno y en las comisiones del ministro de Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para informar sobre las acciones de la policía y de las fuerzas armadas durante el paro nacional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones de los 130 legisladores presentes y fue presentada por Jhajaira Urresta, asambleísta de UNES, que en 2019 perdió el ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía mientras participaba de un cacerolazo afuera de su casa.

La parlamentaria por Pichincha indicó que los funcionarios del gobierno de Lasso deben dar cuenta sobre como la fuerza pública coordina sus acciones. “Es claro que se está extralimitando en el desarrollo de las funciones y no sólo están violando derechos consagrados en la Constitución sino también los derechos humanos en general”, precisó Urresta en su presentación. También serán convocados por la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que informen sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la integridad de los niños en el marco de las protestas.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio del Partido Socialista Ecuatoriano presentó una denuncia ante la fiscalía por rebelión y terrorismo durante el paro. "Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe", señaló en su cuenta de Twitter.

La Conaie participó en varias mesas de diálogo con el gobierno de Lasso para reclamar una baja en los precios de los combustibles que entre mayo de 2020 y octubre de 2021 eran revisados mensualmente. Según Iza, durante las últimas conversaciones en noviembre de 2021 el mandatario se había comprometido a dar una respuesta en un plazo de 15 días y sin embargo siete meses después todavía no tienen soluciones por parte del Ejecutivo.

Según Lasso una rebaja al precio de combustibles es inviable y considera que la protesta es una tentativa para destituirlo. Esta semana el gobierno conservador anuncio algunas medidas como el aumento de bonos de 50 a 55 dólares para el 30 por ciento de la población más pobre. También condonó deudas de hasta 3.000 dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos. Sin embargo, el pedido de Iza por la derogación del estado de excepción en seis de las 24 provincias no está dentro de los planes de presidente

Publicado enInternacional
Ecuador: indígenas y gobierno miden fuerzas

Reportan desabasto tras 10 días de protestas y bloqueos // La Conaie, dispuesta al diálogo sin intermediarios

 

Quito. El gobierno de Ecuador se negó ayer a derogar el estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en la capital, como exige el movimiento indígena para negociar una salida a la crisis que cumple 10 días de protestas con saldo de dos muertos, decenas de heridos y detenidos, además de policías desaparecidos.

La ciudad de Puyo se encontraba sitiada ayer por los manifestantes, sin custodia policial y en crisis por la falta de alimentos, tras una violenta noche en que los manifestantes indígenas incendiaron un cuartel policial, saquearon negocios y atacaron bienes públicos y privados, luego de que un comunero fue abatido por fuerzas de seguridad.

Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que se vislumbre una solución.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta mantuvo la presión para exigir una reducción de precios de los combustibles, entre otras medidas.

Llegados de varios puntos, unos 10 mil indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos. A su vez, los militares protegen la sede de la presidencia con vallas de alambre de púas. La ciudad está semiparalizada por la protesta.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las "manos manchadas de sangre", denunció Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que llamó al paro nacional.

Entre lunes y martes murieron dos personas en las protestas, informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. Según la policía, hay 101 efectivos y soldados lesionados.

Iza reiteró su disposición al "diálogo" sin intermediarios, pero con la supervisión ciudadana que garantice "resultados".

Como punto de partida, la Conaie exige que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó: "no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", advirtió en entrevista para el canal Teleamazonas.

Tras la negativa del gobierno a los puntos planteados por el dirigente Iza la noche del martes, la Conaie envió ayer por la tarde una carta a Lasso, y el ministro Jiménez tuiteó que revisaban el texto para "comenzar un proceso de diálogo efectivo", sin dar más detalles.

La fiscalía en Quito fue atacada por segundo día consecutivo. La Coanaie comentó al respecto: "dejamos claro que los autores de estos graves hechos no forman parte del movimiento indígena; nosotros, de hecho, seguimos llamando a evitar el vandalismo".

Al cabo de 10 días de protestas con bloqueos y movilizaciones, comienza el desabasto, mientras en las calles retumba el grito de los indígenas: "¡Fuera Lasso!"

El subsecretario estadunidense de Estado para el Hemisferio Occidente, Brian Nichols, llamó a "todas las partes a que se abstengan de la violencia", luego de que Washington aumentó el nivel de alerta para viajar a Quito.

Las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza, externaron su "preocupación por los disturbios, en especial porque afectan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", e invitaron a las partes al diálogo y "la concreción de acuerdos".

Al cierre de esta edición se informó que el presidente Lasso dio positivo a covid-19. "No presenta síntomas y cumplirá con los protocolos médicos correspondientes", informó la oficina de comunicación de su gobierno.

Publicado enInternacional
Miembros de las fuerzas armadas bloquean el acceso a la carretera E35 para una marcha de protesta de cientos de indígenas de la provincia de Cotopaxi.- EUROPA PRESS

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.

Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una "grave amenaza". Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Represión y estado de excepción

"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. 

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.

En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".

Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.

"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

La reacción del gobierno

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.

El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que "desde su mejor predisposición" y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo "franco y respetuoso" entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil "que deseen sumarse al proceso" y poder así "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".

Alerta de Amnistía Internacional

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".  El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.


 El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario del banquero presidente

Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València

Virgilio Hernández, Parlamentario Andino

Diario Público

21/06/2022

América Latina vive un momento de cambio trascendental. La reciente victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se suma a la llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno y puede ser el preludio del triunfo de Lula en Brasil que confirmaría el giro regional de corte progresista y la evidencia del declive de la agenda neoliberal.

Los estallidos sociales que han sacudido la región desde el año 2019 han influido de manera decisiva en el impulso de los cambios antedichos. Los levantamientos populares del momento pre-pandemia enfrentaron la estrategia autoritaria y represiva de gobiernos como el de Duque, Piñera o Moreno, cuya única estrategia posible para imponer los ajustes económicos brutales fue la represivo-autoritaria. En algunos escenarios, como Colombia o Chile aquellas protestas tuvieron la capacidad de reconfigurar alianzas político-sociales y estructuras político-partidistas, articulándose sujetos capaces de disputar el poder y ganar procesos electorales no sólo frente a la derecha clásica sino frente a las expresiones de las nuevas extremas derechas.

Pero no todo han sido victorias en la región y mientras celebramos el triunfo del vivir sabroso en Colombia, una nueva oleada de violencia institucional y de autoritarismo azota a un país que se ha convertido en la representación regional de la captura corporativa. La República del Ecuador, primero en manos de Lenin Moreno (entregado a la voluntad de Estados Unidos y de los intereses de del capital trasnacional) y ahora gobernado por un cártel bancario personalizado en Guillermo Lasso, se encuentra sumido en una deriva de represión, desinstitucionalización y vulneración de derechos humanos que se recrudece día a día.

El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliar las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer.

En el momento presente, la situación se ha vuelto insostenible para las mayorías sociales que asisten a un aumento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, del transporte y de los productos para la producción. Los paralelismos con el Paro Nacional de octubre de 2019 frente al gobierno de Moreno son cuantiosos y merece la pena recordar lo sucedido en aquel momento, cuando el primer ajuste duro en cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional trajo consigo la adopción de una serie de medidas económico-sociales con un fuerte impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. El detonante definitivo de aquella protesta social fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace 40 años. Aquellos doce días que paralizaron el país y en los que se contabilizaron centenares de heridos, más de una decena de fallecidos, miles de detenidos y una intensa persecución política, se cerraron en falso, con una dura mesa de diálogo entre el gobierno y distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador donde se llegaron a acuerdos posteriormente incumplidos por Moreno.

El nuevo ciclo de movilizaciones que sacuden Ecuador se asienta de nuevo en el rechazo al modelo neoliberal, ahora aplicado, agravado y perfeccionado por el gobierno de Lasso. En esta ocasión la CONAIE ha planteado un decálogo claro de reivindicaciones cuyo primer punto es la congelación de los precios de los combustibles y la focalización de subsidios para sectores vulnerables. Además, entre las exigencias del movimiento indígena se encuentra la moratoria de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y la condonación para pequeños y medianos productores; los precios justos en los productos del campo, el subsidio agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio (cabe recordar que la Constitución del Ecuador todavía prohíbe la firma de tratados con sistema de arbitraje inversor-Estado, algo que el gobierno parece desconocer); la generación de empleo, la regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicación y organización de la clase trabajadora; la moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos; la prohibición de la privatización de sectores estratégicos; las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad; la garantía del acceso a la educación superior y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud. Finalmente, en el listado se incluye como pieza clave la cuestión de la seguridad, tema que ha protagonizado el último año en un país asolado por el aumento de la violencia de manera general, con índices de criminalidad similares a las que se registraban hace 20 años y que se expresa con particular virulencia en las cárceles, donde han sido asesinadas en estos últimos 12 meses más de 350 personas y que afecta particularmente a jóvenes racializados.

Ante la falta de voluntad de acuerdo del gobierno y la situación insostenible de las mayorías sociales, el 13 de junio comenzó la protesta, convocada por diversas organizaciones (CONAIE, FENOCIN; FEINE; entre otras) que llamaron a un Paro Nacional para reivindicar el decálogo mencionado. El paro inició con el cierre de vías en 12 de las 24 provincias del país y la respuesta del gobierno fue tan desmedida como ilegal y torpe, con la detención del Presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acusado de paralización de servicios públicos en un proceso plagado de irregularidades, sin orden judicial, sin el proceso debido, sin defensa técnica inmediata y sin información en Kichwa. Además, para su traslado se organizó un impresionante operativo policial y militar, deteniéndolo en una base aérea. Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, se le dejó en libertad con la obligación presentarse en fiscalía dos veces por semana, prohibición de salir del país y audiencia fijada para el 4 de julio, para ser juzgado a través de un proceso directo, que junta todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia en la que podría ser sentenciado y encarcelado. La indefensión y la violación del debido proceso son evidentes y han sido resaltadas por diversos juristas del país.

La detención de Leónidas Iza aceleró el estallido. El hastío, descontento, cansancio y sufrimiento popular se combinaron con la indignación y el sentimiento de agravio por la utilización ilegal del aparato judicial contra el líder indígena, como ocurrió en el 2019 contra determinados líderes de la Revolución Ciudadana. Tras su liberación, Leonidas Iza afirmó que la CONAIE se mantendría movilizada hasta que el Gobierno diera respuestas concretas a sus 10 puntos de demandas.

Una vez más, el libreto típico de la represión se ha puesto en funcionamiento, como un guion bien engrasado. El primer paso fue la deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación, aliados de manera mayoritaria con el gobierno, que difundieron las fake news provenientes del jefe de los servicios de Inteligencia y del Ministro del Interior que afirman una supuesta financiación de las protestas por grupos políticos ligados al crimen transnacional con voluntad de desestabilizar al gobierno. Además, y de nuevo, el mantra de que "la culpa es de Correa" volvía a airearse aun cuando el líder de la Revolución Ciudadana, acosado por la estrategia de Lawfare desde hace años, lleva ya un lustro fuera de país y tiene asilo político en Bélgica. Tal y como ocurrió en el paro del 2019, el gobierno no ha dudado en utilizar las noticias falsas para involucrar en una supuesta confabulación golpista a las pocas instituciones gobernadas por la oposición, como la prefectura de la provincia de Pichincha a cuyo frente está la lideresa Paola Pabón. No podemos olvidar que la Prefecta fue igualmente víctima de una persecución política que la llevó a pasar meses en prisión preventiva acusada infundadamente de rebelión por el gobierno de Lenín Moreno y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a su favor. Con Lasso, y a pesar de prometer un "gobierno del encuentro", continúa y se agrava la estrategia represiva y el Lawfare, que combina, como antaño, la utilización ilegítima del aparato judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación.

En paralelo y para facilitar las estrategias de represión de la protesta, se ha recurrido a una herramienta clásica: la declaración del Estado de Excepción. En esta ocasión, se adoptó un primer decreto, el 455, cuyo texto prohíbe no sólo la libertad de movimiento a determinadas horas del día sino que limita el derecho de reunión y asociación y, de forma inaudita, restringe los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet, autoriza el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y permite detenciones y allanamientos, sin orden de juez. Además, el texto decretó al Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de las Fuerzas Armadas, encargadas de "mantener el orden" de manera "complementaria" a la Policía Nacional. Para bochorno nacional y ante la indignación por lo extralimitado del texto, el gobierno difundió la noticia de que este Decreto (firmado por el presidente) era un "borrador". A continuación, se promulgó otra versión del texto, donde solo se eliminó la restricción de las telecomunicaciones y la autorización para el uso de armas letales.

La reacción de las fuerzas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Revolución Ciudadana (la bancada de UNES) y una parte de Pachakutik (escindido entre aquellos que apoyan a la CONAIE de Leónidas Iza y los que decidieron apoyar al gobierno) se han unido para debatir la pertinencia y proporcionalidad de este Decreto del Estado de Excepción. Ante la inminente alianza para derogar el texto, el lunes 20 de junio el Gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, para impedir su debate por parte del órgano legislativo, obturando una vez más los cauces de debate necesarios en situaciones de en normalidad democrática. Al mismo tiempo, Lasso expidió un nuevo decreto, el 459, en el que amplía el estado de excepción a las provincias de la Sierra Central y a la de Pastaza, en la Amazonía. La Asamblea tendrá la oportunidad de derogarlo, pero debe esperar ser notificada oficialmente. Es especialmente destacable la rotundidad de la bancada de UNES que emitió un comunicado con exigencias claras en materia social, económica y de derechos fundamentales. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana cierra el comunicado señalando la posibilidad de una "muerte cruzada", que según el modelo institucional ecuatoriano permite la destitución del Presidente y abre la puerta a la convocatoria de elecciones.

Ajena a esta maraña de normas y actuaciones políticas, la Policía no tardó en hacer un uso abusivo de la fuerza amparándose en el extralimitado paraguas del Estado de Excepción para allanar el pasado domingo la Casa de la Cultura de Quito. Las razones de la ocupación policial de la Casa de la Cultura son evidentes. Allí se refugiaron los manifestantes en el paro de 2019 y en momentos anteriores, siendo el lugar emblemático de concentración de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con esta actuación el Gobierno trata de impedir que se repitan los episodios de solidaridad y apoyo popular de la población de Quito al movimiento indígena y a las personas que protestan. Muchas voces relevantes dentro del progresismo ecuatoriano han señalado que esta ocupación es un parteaguas, una muestra de autoritarismo que no se veía en el país desde los años 60 del siglo pasado. Mientras esto ocurre, y mientras escribimos estas páginas, las protestas se siguen sucediendo, con episodios de represión cada vez más violentos. Se reportan heridos, incluso fallecidos, las universidades abren sus puertas como espacio humanitario para las comunidades que llegan desde otras provincias, se suceden los comunicados de alerta y protesta. Incluso la Directora para las Américas de Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado que la organización pide "al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse".

La situación se agrava y una vez más vemos a Ecuador, como vimos a Chile o a Colombia, sacudido por un estallido social que evidencia la incompatibilidad entre el momento actual del neoliberalismo y la democracia. El momento autoritario, como señala el profesor Ramírez, se vuelve inevitable para conseguir imponer a las mayorías sociales un ajuste incompatible con la vida. Ante las protestas, la activación del aparato brutalmente represor, combinado con la destrucción de la imagen de toda disidencia que pasa a ser "enemigo del Estado" y la utilización del poder judicial y policial ya son herramientas del libreto que lleva años reproduciéndose en América Latina.

Las enseñanzas de otros países marcan un camino por el que se debe transitar para que el estallido sea la chispa que permita la acumulación de fuerzas con capacidad para generar alianzas, complicidades y diálogos capaces de traducirse en una victoria electoral de lo popular con capacidad transformadora. Son muchas las disonancias en el pasado entre las y los que ahora luchan contra un banquero que preside un gobierno dispuesto a acabar de saquear por completo al país, pero son más las causas comunes, los anhelos, las sintonías y las esperanzas que unen a las que hoy recorren las calles del Ecuador exigiendo un vivir bien, un vivir sabroso, una vida digna y una esperanza para el país.

Publicado enInternacional
Fuentes: ALAI

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a la sociedad ecuatoriana al abismo. En ese contexto, la nueva dirigencia de la CONAIE, conducida por Leonidas Iza, adoptó un tono más radical.

A partir de la elección de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador y miembro numerario de la secta del Opus Dei, como Presidente en el año 2021, se produjo una situación política sui géneris en el Ecuador. Lasso tenía que cohabitar con un Parlamento que, en sus dos terceras partes, era dominado por fuerzas de izquierda y de centro izquierda.

Empero, Lasso apenas se posesionó como Presidente puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales. En los primeros meses había avanzado de forma agresiva en su programa de privatizaciones y casi sin ninguna oposición; de hecho, había desmantelado la principal empresa de seguros del Estado, Seguros Sucre, para repartir el mercado del aseguramiento, sobre todo de la infraestructura pública, entre sus socios financieros.

Había creado, asimismo, un mercado para la comercialización de hidrocarburos que tenía en la empresa estatal Petroecuador su principal soporte, a través del incremento de los precios de los combustibles, de tal manera que se convierta en un mercado rentable para los inversionistas privados. Los importadores de combustibles podían utilizar la infraestructura del Estado sin pagar un centavo por ello. Emitió varias regulaciones para crear un mercado para la distribución de la energía eléctrica en el que transfería capacidades regulatorias a las empresas privadas.

También, desde la Presidencia, pudo bloquear cualquier intento de regular más a la banca por varios sectores que pedían un alivio financiero para una economía que aún estaba en shock por la pandemia del Covid-19. A finales del año 2021, su banco, el Banco de Guayaquil, tendría sus mejores utilidades de las últimas dos décadas. Como horizonte de mediano plazo, Guillermo Lasso se había propuesto la privatización del segundo banco más grande del país, el Banco del Pacífico, que pertenecía al Estado desde la quiebra bancaria de 1998-1999. Si lo lograba pasaba a disputar el primer lugar con su competidor más importante, el banquero Fidel Egas del grupo económico Banco del Pichincha.

Sin embargo, Lasso necesitaba ampliar el horizonte de las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía y la flexibilización laboral. En el último trimestre del año 2021 envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con más de 400 artículos para reformar más de treinta leyes.El epítome de las reformas propuestas por el gobierno lo constituían las reformas laborales.

En estas reformas, el Presidente Lasso planteaba que cuando un trabajador era despedido de forma intempestiva tenía que ser él quien debía indemnizar al empresario que lo había despedido. En la misma ley retomaba el trabajo infantil y adolescente a pesar que el Ecuador había suscrito instrumentos internacionales de derechos humanos que prohibían el trabajo infantil. Esa reforma legal se quedó en el intento porque la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue presionada por la sociedad, rechazó de forma mayoritaria estas reformas que llevaban al país al siglo XIX.

“El movimiento Pachakutik […] nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno”

En ese contexto, el movimiento indígena pudo bloquear, de forma tímida por lo demás, el incesante incremento de los precios de los combustibles y logró arrancar un compromiso de mantener congelados los precios del diésel y el gas licuado de petróleo.

Ahora bien, aquello que llama la atención es que las reformas neoliberales de Guillermo Lasso se procesaban de manera independiente y en un andarivel distinto del sistema político y del debate político. Los partidos y movimientos políticos no pudieron hacer mucho por evitarlo, salvo oponerse a leyes demasiado radicales.

En el primer año de gobierno, el debate político siguió inscrito dentro de las coordenadas entre los partidarios del ex presidente Rafael Correa, que quieren convertirse en la única oposición, y la derecha de Guillermo Lasso. En este juego de espejos, la representación política del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, a pesar de haber captado la presidencia de la Asamblea Nacional, nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno.

A fines del año 2021, el gobierno envió nuevamente un paquete de reformas neoliberales que incluían la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias a través de cambios en el cálculo para el impuesto a la renta, un nuevo marco regulatorio para los contratos petroleros, entre otras reformas.

Lo paradójico y contradictorio es que estas reformas neoliberales finalmente fueron aprobadas por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de último minuto que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso de sus aparentemente acérrimos opositores, el movimiento político del ex Presidente Rafael Correa, denominado UNES (Unión por la Esperanza). No obstante, aquello que casi termina de forma abrupta con el gobierno de Guillermo Lasso fueron las denuncias de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Ahí se demostraba de forma absolutamente clara que Guillermo Lasso no podía incluso inscribirse como candidato a la Presidencia porque las leyes se lo prohibían habida cuenta de sus propiedades en fideicomisos en paraísos fiscales. Curiosamente, pudo salvarse gracias al apoyo, esta vez, del movimiento Pachakutik.

Mientras tanto, el país se derrumbaba. El desempleo y subempleo se elevaron dramáticamente. De cada diez personas en capacidad de trabajar, apenas tres de ellas tenían trabajo. La pobreza, que en el año 2017 se situaba en el 23%, se estimaba para el 2022 en el 32%. La inversión pública en salud, educación, inclusión social cayó a sus peores indicadores desde décadas atrás. Para que pueda tenerse una idea, el gobierno de Guillermo Lasso había reducido para el año 2022 la inversión pública a 1,8 mil millones de dólares (su promedio era de 4 mil millones de USD); empero de ello, en el primer trimestre de ese año apenas había invertido 67 millones de USD (el 0,37% de lo planificado).

Curiosamente, la economía vivía una bonanza: las remesas de migrantes alcanzaron por vez primera el 4% del PIB, el precio del petróleo se había casi duplicado con relación a lo calculado para la proforma presupuestaria, las recaudaciones fiscales se habían elevado de forma importante. El gobierno pudo, apenas en los primeros tres meses del año 2022, eliminar el déficit fiscal calculado en el 2,5% del PIB. La pobreza, el deterioro social, no se debían a ninguna crisis, sino a políticas deliberadas y asumidas directamente desde el gobierno en contubernio con el FMI.

“En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país”

La situación del sector público era cada vez más dramática. Un trámite tan sencillo como cambiar el documento de identidad u obtener un pasaporte, que en términos generales demoraba algunos minutos, llegó a demorar meses porque no existían recursos ni personal para hacerlo. El presupuesto para rehabilitación social para el sistema penitenciario se redujo en un 80%. El conflicto de los centros de rehabilitación penitenciaria desbordó hacia la sociedad y se convirtió en un problema de salud pública por la cantidad de asesinatos por sicariato.

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país y se empeñó cada vez más en reformas neoliberales más agresivas que todas aquellas que hasta ese entonces se habían aprobado. La popularidad y credibilidad del Presidente Lasso, que en sus primeros momentos rebasó el 70% por su exitosa gestión en las vacunas contra el Covid-19, disminuyó a menos del 30% en su primer año.

Es en ese contexto que el movimiento indígena insiste en los compromisos que había asumido el Presidente Lasso en sus primeros días de gobierno, de frenar el incremento de los precios de los combustibles y apoyar a la pequeña economía campesina.

A pesar de sus múltiples insistencias, el Presidente Lasso siempre dio largas a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y pensó que con sus acuerdos con el movimiento Pachakutik (que es el partido político de la CONAIE), tenía más que suficiente para tener controlado al movimiento indígena.

La nueva dirigencia de la CONAIE, dirigida esta vez por el líder indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza Salazar, adoptó, ante Guillermo Lasso, un tono más radical que aquel que habían tenido hasta ese momento los asambleístas del movimiento Pachakutik con respecto al gobierno.

“Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización”

Leonidas Iza se dedicó en sus primero meses como presidente de la CONAIE a recorrer el país y visitar cada una de sus filiales y poner el dedo en el pulso del movimiento indígena y de la sociedad, y comprendió que el país estaba en ebullición. Cuando planteó a sus propios asambleístas que sean más radicales con respecto al gobierno neoliberal del Lasso, pudo constatar que la mayoría de su bloque de asambleístas (que representan el 18% de toda la representación parlamentaria), decidió más bien apoyar al gobierno de Lasso que a su propia organización matriz.

En esos momentos, Leonidas Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización. Realizó asambleas en todas las regionales y en cuantas comunidades de su organización existían y ahí prendió la chispa de la movilización nacional.

Luego de casi un año de recoger la voz de su pueblo, en un Congreso de su organización, la CONAIE, se decidió ir a una movilización nacional para el 13  de junio de 2022 con diez puntos: (1) el congelamiento de los precios de los combustibles; (2) el alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero agobiado por las deudas y por las coactivas; (3) precios justos para los productos del campo (leche, arroz, banano, papas, etc.); (4) políticas de empleo y derechos laborales; (5) moratoria a la frontera extractiva; (6) respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución; (7) evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; (8) políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; (9) presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; y, (10) políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.

Como puede apreciarse, la plataforma de la CONAIE, construida desde el consenso, el diálogo y la participación comunitaria, popular y social, plantea un mínimo de políticas públicas que puede suscribirlas cualquier gobierno con un mínimo de sensatez. Se trata de una plataforma plausible, coherente y que se debía al momento y las circunstancias. No planteaba ningún extremismo ni tampoco cuestiones ideológicas sobre la política económica (como por ejemplo, suspender los acuerdos con el FMI).

Leonidas Iza sabía que una plataforma como esta tenía que construirse de a poco y que la presión al gobierno para que pueda sensibilizarse y cambiar en algo la agresiva política neoliberal, tenía que ser fuerte a nivel social, porque se trataba de un gobierno altamente ideológico y extremadamente conservador y racista.

Por ello, la CONAIE fue prudente y planteó una movilización nacional, territorial e indefinida. Nacional porque abarcaba a todo el país y abría el paraguas para que puedan incorporarse poco a poco nuevos actores sociales conforme avance la lucha social; territorial porque la movilización empezaba en los territorios, se mantenía en ellos y se consolidaba en ellos (es decir, no se planificaban marchas hacia la capital como en un levantamiento); e indefinida porque era una lucha de largo plazo.

Un régimen neoliberal tan fundamentalista como aquel de Guillermo Lasso difícilmente cambiará sus ejes ideológicos aunque las circunstancias le sean imposibles para él mismo. Por eso la estrategia de la CONAIE era situar la lucha política en el largo plazo, apelar a la organización y recuperar a su bloque legislativo, al tiempo que cambiar los ejes del discurso político para sacarlo del binarismo (falso por lo demás) entre correísmo y anticorreísmo.

Era una apelación a la misma estrategia de 1990 cuando se produjo el primer levantamiento indígena desde el retorno a la democracia. Se trataba de una posición prudente y que partía del reconocimiento de las propias fortalezas pero también de las debilidades. Si la movilización se sostenía en los territorios, entonces podía durar mucho tiempo y el gobierno, ante esa extensión, tarde o temprano tendría que ceder.

“Para el régimen, había que evitar a toda costa que las movilizaciones de la CONAIE se conviertan en otro Octubre-19. Si eso se producía el gobierno no podría resistir una movilización tan contundente”

Empero, para la burguesía y para el gobierno, había un fantasma que había que exorcizar, se trataba de las movilizaciones de octubre de 2019, las movilizaciones más fuertes en toda la historia reciente del país. Ahora bien, una movilización de la CONAIE, de cualquier magnitud que sea, apelaba a esos fantasmas que tenían que ser exorcizados. Por ello, la estrategia del gobierno fue utilizar a Pachakutik para dividir y desgastar al movimiento indígena. De hecho tenía aliados importantes dentro del movimiento Pachakutik para esa estrategia.

Pero Leonidas Iza cambió el tablero del juego y le obligó al gobierno a cambiar de estrategia, pero el problema es que Lasso y su cohorte no tenían un plan B ante ese cambio de estrategia. Como si se tratase de una batalla clásica, el gobierno pensó que si decapitaba el movimiento indígena y lo dejaba sin su referente y líder más importante, Leonidas Iza Salazar, entonces, y sin su general más valioso, el movimiento indígena podía implosionar y la movilización podía morir apenas nacida.

Para el régimen, había que evitar a toda costa que las movilizaciones de la CONAIE se conviertan en otro Octubre-19. Si eso se producía el gobierno no podía resistir una movilización tan contundente, su capital político era muy escaso para eso.

Empujado por el miedo a sus propios demonios, el gobierno de Guillermo Lasso comete su error más estratégico y fatal, decide en la madrugada del 14 de junio de 2022, a apenas un día de empezada la movilización de la CONAIE: detener a Leonidas Iza Salazar en la provincia de Cotopaxi.

Pero lo detiene sin ningún tipo de argumento jurídico, porque Leonidas Iza está amparado por el artículo 98 de la Constitución que protege el derecho a la resistencia. Al no tener argumentos jurídicos para legalizar esa detención, y ante la posición de la Fiscalía General del Estado de abstenerse en acusar a Leonidas Iza, el apresamiento al líder indígena se convierte en un secuestro, es decir, en un delito de Estado.

Pero el secuestro es una figura jurídica demasiado fuerte porque puede llevar directamente al juicio político al Presidente de la República (el numeral 3 de artículo 129 de la Constitución establece que el Presidente puede ser sometido a juicio político: “por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia”).

Apenas conocida la noticia del apresamiento del máximo líder del movimiento indígena, Leonidas Iza Salazar, las comunidades indígenas deciden radicalizar sus posiciones y aquello que solo era una movilización territorial e indefinida, de pronto, se transforma en levantamiento indígena.

La misma noche que es detenido en la provincia de Cotopaxi, los comuneros y dirigentes de las filiales de la CONAIE deciden pasar a una nueva etapa de lucha y una nueva consigna: la toma de Quito para liberar a su líder. En pocas horas cambia el sentido y la estrategia de la movilización.

El apresamiento del líder indígena convoca la solidaridad de tirios y troyanos y el gobierno prácticamente se queda solo con el apoyo de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad. El gobierno sabe que no se han cumplido con las formalidades de rigor y establecidas en la Constitución y la ley, y decide improvisar. En ese improvisación decide secuestrar al presidente de la CONAIE en una base militar hasta que la situación se resuelva por sí misma.

La indignación es creciente y motiva a otros sectores sociales a reclamar por la libertad del líder indígena y sumarse a la movilización que, esta vez, es ya un levantamiento. Maestros, obreros, ecologistas, feministas, intelectuales, profesores universitarios, entre otros, empiezan a sumarse al levantamiento. En la madrugada del 15 de junio los comuneros indígenas llegan a Quito y empieza la toma de Quito. A 32 años del levantamiento indígena de 1990, otra vez se produce un levantamiento indígena en pleno Inti Raymi, la fiesta del sol.

“La CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases”

Ante estas circunstancias, la dirigencia del movimiento Pachakutik que se había dividido en una fracción a favor del Presidente Lasso y otra a favor del Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, decide reunirse nuevamente y formar un solo frente en la Asamblea y se solidarizan con su principal líder político.

Pero hay otro hecho que es necesario indicar y es que la CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases. Obliga a tomar posición y plantea una línea divisoria con la estrategia neoliberal del gobierno de Lasso y, de esta manera, permite que la política respire por fuera de la falsa dicotomía entre correístas y anticorreistas.

En menos de un día, y gracias a los gruesos errores del Presidente Lasso que, por lo que puede apreciarse no tiene la más remota idea de cómo funciona el movimiento indígena, cambia de forma radical la coyuntura y somete al Presidente Lasso a una situación de debilidad extrema.

Las opciones para Guillermo Lasso son pocas. Si decide mantenerse en su proyecto neoliberal tendrá que confrontar un levantamiento indígena y popular que podrá parecerse mucho a Octubre de 2019. Lasso, en ese contexto, no tiene ningún espacio en la Asamblea, y ahora tendrá que enfrentarse a, al menos, tres bloques de asambleístas que tienen, sumados entre ellos, todos los votos necesarios para su destitución.

Pero si es forzado por las circunstancias a suscribir por lo menos un punto de la agenda de la CONAIE, en cambio tendrá que asumir las consecuencias de haber incumplido con el FMI y el derrumbe de la cotización de los bonos soberanos de la deuda externa, un dato aterrador para un banquero como él. Entre Escila y Caribdis, quizá no tenga la inteligencia de Odiseo para eludir la coyuntura. Pero en todo caso, Guillermo Lasso habrá demostrado que la derecha conservadora y neoliberal empieza a parecerse en una incongruencia de la historia.

Por Pablo Dávalos | 21/06/2022

Fuente: https://www.alai.info/ecuador-levantamiento-indigena-y-neoliberalismo/

Publicado enInternacional
Pobladores de la ciudad de Tambillo regalan botellas de agua a indígenas que marchan en caravana hacia Quito, en repudio a medidas económicas del gobierno. Foto Ap

Este lunes se cumplió el octavo día de movilizaciones, con el arribo a la ciudad de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del nuevo decreto de estado de excepción y el avance represivo del gobierno de Lasso.

Margarita Valencia Lic. en Psicología

Lunes 20 de junio

A pesar del impacto de las medidas de control y represión, hasta hoy y de conjunto, ni el estado de excepción dictaminado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a tres provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura del Ecuador, ni la detención de casi 50 manifestantes, ni tampoco los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno nacional, han logrado frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.

Durante el día miles de Indígenas y campesinos, sobre todo desde la Sierra Centro y Norte, emprendieron la marcha hacia Quito y llegaron hasta las entradas de la ciudad. Luego se fueron sumando colectivos de estudiantes y pequeños comerciantes. Los diarios ecuatorianos hablan de la ciudad de Quito convertida ahora en el epicentro de la protesta.

Hace más de una semana, se vienen desarrollando distintas medidas de lucha contra el aumento del combustible, la reducción del presupuesto de salud y educación, la estafa del sistema bancario contra quienes por necesidad tuvieron que endeudarse por los niveles de pobreza, a pesar de la relativa recuperación económica y todas las medidas de ajuste propias del sometimiento que dicta el FMI al país llevadas adelante por el gobierno neoliberal y representante de la banca.

El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.

Este lunes, a cuatro días de haberse decretado la prohibición de concentraciones y de habilitar la coordinación del ejército en las calles junto a la Policía Nacional, con una importante avanzada represiva que ya dejó cerca de 50 heridos, la oposición institucional de la Asamblea Nacional, por pedido de 72 de los 137 legisladores, se disponía a discutir el levantamiento del primer decreto, cuestión que quedó sin sentido, una vez conocido el 459.

La intención de la oposición era bajar el estado de excepción para habilitar una mesa de diálogo entre la CONAIE y otras organizaciones con el Gobierno. El mismo rol que jugó en el 2019 con la intención de desmovilizar.

El acuerdo derechista para mantener el estado de excepción

El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, que vienen jugando de opositores al gobierno, cerraron filas y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.

Por su parte, la UNES (coalición del ex presidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo, sin embargo, cabe recordar que fue la UNES, y con críticas, uno de los sectores del propio Pachakutik, quienes apoyaron en su momento, la ley de Uso Progresivo de la Fuerza que presentó el oficialismo para fortalecer el aparato represivo, bajo pretexto de la violencia en las cárceles.

Un llamado a dialogar, con represión en las calles

En medio de la crisis por el enorme descontento social contra las medidas de ajuste, los llamados al diálogo por parte del gobierno, solo ratifican el cinismo de quien ofrece medidas parciales que no responden a la cuestión profunda, mientras reprime en las calles, saluda con honores a los militares en el día del padre, (con todo el simbolismo que implica que el propio presidente se vista de camuflaje) y anunciar casi al mismo tiempo un nuevo decreto (el 457) de precarización laboral, donde se eliminan los viáticos para los trabajadores y se limitan las contrataciones (abriendo las puertas a nuevos despidos), entre otras medidas de recorte al sector público.

En este marco, un sector de los partidos de la Asamblea Nacional tuvo que responder (con bastante tiempo de demora), a una cuestión básica de libertades democráticas, presionados por la denuncia constante de los manifestantes sobre la escalada represiva y de avanzada contra el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo, buscan de fondo descomprimir las manifestaciones con un “llamado a mesas de diálogo”, donde se ofrece a la Asamblea como “mediadora” de la crisis, pero un “llamado al diálogo” en medio de las condiciones de represión, con los nuevos ataques del Gobierno Nacional y que busque sacar a los manifestantes de las calles, solo constituye una farsa y la consolidación del ajuste que Lasso busca aplicar.

Las demandas de las y los trabajadores y los sectores populares tienen que triunfar

Por el momento la CONAIE declaró que si hay diálogo, no va a ser retirándose de las calles, usando las movilizaciones como presión in extremis, pero es fundamental la alerta al conjunto de los manifestantes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales (que como dijimos llegaron por miles a Quito, donde está la sede del gobierno), frente a los intentos de contener y disolver las manifestaciones.

El miércoles 21 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.

En las calles se viene mostrando que hay fuerzas para poder enfrentar el programa político del gobierno de Lasso, del empresariado ecuatoriano y el FMI y que triunfen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, que no están dispuestos a que esta crisis se descargue nuevamente sobre sus espaldas.


"Buscan derrocarme; no voy a escapar": Presidente Lasso

Miles de indígenas se acercan a Quito con pliego de 10 demandas

Desafían el estado de excepción y piden bajar precios de combustibles, limitar la expansión minera y mejorar servicios de salud y educación

Quito. Miles de indígenas de Ecuador se concentraron ayer en las afueras de Quito con miras a llegar a la capital, como parte de sus protestas contra el gobierno desde la semana pasada, al tiempo que el presidente Guillermo Lasso dijo que las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) buscan derrocarlo y que él no va a escapar.

Los indígenas llegaron en camiones y a pie en medio de un estado de excepción decretado por Lasso en tres provincias andinas –incluida Quito– en un intento por frenar las protestas, que se han tornado violentas con retención de uniformados, ataques a fincas de flores y toma de pozos petroleros.

La Conaie confirmó el ingreso de manifestantes a barrios del sur de Quito y dijo que llegaría un mayor número de indígenas a la ciudad.

Uno de los manifestantes que formaba parte de una columna que empezó la marcha desde Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, hacia Quito, falleció ayer al caer desde una gran altura, informó El Universo.

El incidente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y en medio de la confusión todos corrieron a refugiarse. Entre cinco y siete personas cayeron por una quebrada. Algunos lograron salir por sus propios medios, pero un joven falleció debido a la caída, que según el informe de las autoridades fue desde 100 metros.

Las protestas empezaron el lunes de la semana pasada con un pliego petitorio de 10 puntos que incluye una reducción del precio de los combustibles, mayor plazo para cubrir las deudas financieras de los pequeños agricultores, limitar la expansión petrolera y minera y mejorar el sistema de salud pública.

En Ecuador el galón de diésel subió 90 por ciento (se vende a 1.90 dólares) y el de gasolina corriente en 46 por ciento (a 2.55 dólares) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie exige rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

Para aceptar conversar, los indígenas piden que Lasso atienda el pliego, que incluye también la prohibición de concesiones mineras en sus territorios.

Lasso ha llamado al diálogo a los grupos sociales y anunció medidas de compensación para los sectores vulnerables, como un subsidio al precio de fertilizantes, mayor presupuesto para salud y educación indígenas y condonación de deudas vencidas por 3 mil dólares.

Aunque las medidas ofrecen algo de ayuda, los manifestantes dicen que no solucionan los problemas que enfrentan miles de familias cada día.

"Hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres", aseveró el presidente de Conaie, Leonidas Iza, en redes sociales.

Lasso tuiteó ayer: "hemos tendido la mano, llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz..., buscan el caos, quieren botar al presidente".

"Yo no voy a escapar, pero estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres", agregó Lasso en un video en el que mostró disturbios y aseveró que que "no han subido y no subirán los precios de los combustibles, pues están congelados desde octubre de 2021".

En el mismo tuit, el jefe de Estado advirtió: "no permitiré que se imponga el caos" durante las manifestaciones, que dejan ya 63 agentes heridos, según la policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 detenidos y 55 civiles heridos.

El cierre intermitente de vías se ha extendido a más de la mitad de las 24 provincias, según reportes del estatal Servicio de Seguridad.

Lasso declaró el estado de excepción desde el sábado para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura,y la extendió ayer a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Las Universidades Católica de Ecuador y Salesiana, junto con la Federación de Cámaras de Comercio se ofrecieron para mediar entre las autoridades del gobierno y la Conaie.

Con información de Afp, Reuters y Sputnik

Publicado enInternacional
Página 1 de 20