El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, de la Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022. — EFE

El presidente mexicano, con una alta popularidad, se somete este domingo a un inédito referéndum revocatorio promovido por sus partidarios. Las encuestas dan por hecho que será ratificado en el cargo y la oposición llama a no participar en la consulta.

 

Exiliado en México y atrincherado en su casa-búnker de Coyoacán, León Trotsky asistió con interés al proceso de expropiación petrolera emprendido por el general Lázaro Cárdenas a finales de los años 30 del siglo pasado. En sus Escritos Latinoamericanos, el ideólogo de la revolución permanente definió el cardenismo como un "bonapartismo sui géneris", apoyado en la fuerza de obreros y campesinos. Andrés Manuel López Obrador ha resucitado ese espíritu bonapartista desde su arrolladora victoria electoral en 2018. El mandatario progresista fue entonces el candidato presidencial más votado de la historia de México, con más de 30 millones de votos (53%). Aunque ya no goza de la inmensa popularidad del inicio de su mandato, continúa con una valoración muy positiva entre la población. Este domingo se enfrenta a una prueba inédita en México, un referéndum revocatorio promovido por sus partidarios que lo desalojaría de la presidencia en el caso, altamente improbable, de que una mayoría votase a favor de su destitución.

Validado por una reforma constitucional en 2019, el referéndum es para los seguidores de López Obrador un claro ejercicio de participación democrática. Sus detractores argumentan, por contra, que el presidente solo busca mirarse en el espejo de las urnas para reafirmar su popularidad cuando todavía faltan algo más de dos años para que se celebren las elecciones presidenciales. En cualquier caso, el referéndum solo será vinculante si votan al menos el 40% de los inscritos en el censo electoral (unos 37 millones de personas). Si se alcanza ese porcentaje (improbable, según las encuestas) y hay una mayoría a favor de la revocación, AMLO, como se le conoce popularmente en México, deberá abandonar el Palacio Nacional. Convencido de que será ratificado en las urnas, el mandatario ha asegurado que dejará el poder si pierde, aunque el resultado no llegue a ser vinculante.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador continúa siendo la principal fuerza política de México, como quedó patente hace casi un año en las elecciones legislativas y regionales, en las que el oficialismo se impuso de nuevo a las dos grandes formaciones de la oposición (el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante siete décadas, y el derechista Partido de Acción Nacional). Morena y sus socios parlamentarios, sin embargo, vieron reducida su presencia en el Congreso y perdieron la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para aprobar las reformas constitucionales previstas en la denominada Cuarta Transformación, el proyecto de renovación estructural del país que tiene en mente López Obrador. El Congreso votará la semana que viene una ley de reforma eléctrica que, entre otras medidas, otorgaría al Estado el control mayoritario en la generación y distribución de la electricidad y en la explotación del litio.

Después de más de tres años en el poder, el líder progresista se mantiene vigoroso en las encuestas que miden su popularidad. Un sondeo de la consultora Mitofsky divulgado hace unos días estimaba su aprobación en el 60%. Otra encuesta del diario El Financiero le otorgaba en marzo una valoración positiva del 57%, tres puntos más que en febrero. El referéndum figuraba entre las promesas electorales de López Obrador y estaba supeditado a la recolección de 2,7 millones de firmas y a su aprobación en el Congreso, dos premisas que se cumplieron. Las urnas son, para López Obrador, la mejor expresión de la democracia participativa que defiende. En su afán de imparcialidad, el mandatario ha decidido no decantarse el domingo por ninguna opción. Su voto será nulo pues incluirá una alusión a uno de esos héroes de la Revolución Mexicana que tanto admira. "Viva Emiliano Zapata", escribirá AMLO en su papeleta electoral, según adelantó esta semana en una rueda de prensa: "No puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque un demócrata tiene que participar siempre que se trata de tomar decisiones".

Los sectores que defienden la revocación del presidente consideran una incongruencia el hecho de que haya sido el propio gobernante y su entorno político los que hayan impulsado la consulta como una cuestión de ratificación más que de revocación. "Revocafraude", ha llamado al proceso Gustavo de Hoyos, impulsor del movimiento "Sí por México", para quien "se está desvirtuando el espíritu de la figura del derecho ciudadano a pedir la cesación constitucional del encargo del presidente de la República". Los dirigentes de Morena contraponen que el revocatorio es un derecho de todos los ciudadanos, también de aquellos que apoyan a un gobernante. Y será, sin duda, un poderoso dispositivo para que la sociedad evalúe a futuros mandatarios en un sistema que prolonga las presidencias durante seis años.

La oposición, contra la consulta

Los partidos tradicionales han visto en la campaña por el sí un regalo a López Obrador y han apostado directamente por la no participación. Esa postura esconde, sin embargo, la gran debilidad de la oposición y su incapacidad de batir en las urnas a un líder con un gran apoyo popular. Se da por descontada su ratificación el domingo (alrededor del 70% votaría a favor de esa opción, según los sondeos). Lo que está en juego es la cantidad de votos que puede arrastrar el mandatario y la fortaleza electoral de Morena, una heterogénea plataforma política fundada hace una década por López Obrador y en la que están encuadrados exdirigentes del PRI y, principalmente, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la antigua formación progresista (hoy muy desdibujada electoral e ideológicamente) en la que se forjó el presidente. En la carrera por la sucesión de López Obrador, quien no puede ser reelecto según la Constitución, ya se alistan algunos dirigentes, como la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard, y un político emergente, el ministro de Gobernación, Adán Augusto López, muy activo en la campaña del referéndum.

Algunos ensayistas mexicanos, como Manuel Aguilar Mora, han criticado desde la izquierda al gobierno de López Obrador, reprochándole la falta de concreción de una auténtica agenda social. El discurso del presidente mexicano bebe del progresismo latinoamericano, pero algunas de sus políticas, como el megalómano proyecto del Tren Maya, tienen un rancio sabor neoliberal. Su arrasadora llegada al poder en 2018, con más de 30 millones de votos, fue fruto del deseo de cambio de amplias capas de la sociedad hartas de la corrupción y el nepotismo del PRI y el PAN. Hay una mayoría social que hoy sigue apoyando al mandatario. Y desde el Palacio Nacional, AMLO siente ese respaldo como la mejor herramienta política contra sus oponentes. Como sugiere Aguilar Mora, el bonapartismo sui géneris al que se refirió Trotksy en los años 30 parece haberse restaurado en el México del siglo XXI.

08/04/2022 22:32

Por César G. Calero

Publicado enPolítica
Rosennell Baud

Las votaciones celebradas el pasado 13 de marzo en Colombia, así como encuestas posteriores, arrojan luces sobre la posibilidad de cambio hacia una democracia plural e incluyente, fundamentada en la dignidad humana, o la continuidad de las maquinarias oligárquicas tradicionales controlando el régimen político colombiano, sobre lo cual su sociedad se pronunciará el 29 de mayo, en primera vuelta presidencial y, posiblemente, el 19 de junio, en segunda vuelta al no haber ganador con más del 50 por ciento en la inicial.

 

El régimen político colombiano funciona en sus formalidades de acuerdo con su estructuración institucional, proyectada en sus líneas maestras en dos de nuestros textos fundacionales: la Carta de Jamaica (1815) y lo redactado en 1821 en el Congreso de Angostura, y cuyos parámetros actuales están reglados en todos los detalles en su Carta Constitucional de 1991. El marco de la misma es la democracia, en su sentido liberal.


De acuerdo con ella, el voto es un derecho y un deber ciudadano (artículo 258, CP). El potencial electoral de Colombia en el año 2022 es de 38.819.901 personas (75% de la población total del país); las mujeres suman 20.031.855 (51,6%) y los hombres 18.788.046 (48,4%). Cinco circunscripciones territoriales (15% de las 33 que integran el espacio político-administrativo nacional), las más densas poblacionalmente, concentran cerca de la mitad de la ciudadanía apta para votar: Antioquia (13,1%), Atlántico (5,2%), Bogotá D.C. (15,4%), Cundinamarca (5,3%) y Valle (9,5%).


El Congreso de la República es la legislatura bicameral de la República de Colombia conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración (artículo 150, CP). Los miembros del Senado (108 en total) son elegidos en circunscripción nacional y los de la Cámara de Representantes (187 en total) en circunscripciones territoriales y especiales (artículos 171 y 176, CP).


En la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, el promedio de votación departamental fue de 45,5 por ciento por las listas del Senado y el 47,2 por las listas de la Cámara de Representante. El rango de votación más amplio es para el Senado con 27,6 puntos porcentuales (p.p.), con un mínimo de 35,0 por ciento (Putumayo) y un máximo de 62,6 (Sucre); para el caso de la Cámara de Representantes el rango es de 24,2 p.p., el mínimo de 37,7 por ciento (Cauca) y el máximo 62,0 (Sucre). El coeficiente de variación (desviación estándar/media, en porcentaje) es ligeramente más alto en la votación del Senado respecto a la Cámara (12,5 Vs 12,2).


En Colombia, por tradición, la votación más alta se registra en la elección del Presidente de la República (gráfico 1); en la elección de 2018 (2ª vuelta) el promedio de participación fue de 50,2 por ciento; no obstante, el rango es más amplio: 33,2 por ciento, con un mínimo de 31,5 (San Andrés y Providencia) y un máximo de 64,7 (Casanare); por tanto, el coeficiente de variación es mayor: 17,4 por ciento. Esta tendencia no se cumple en las regiones Caribe y Amazonía, por la práctica consuetudinaria y masiva de compra de votos por parte de los caudillos, gamonales o caciques locales, particularmente durante las elecciones del Congreso. Sin embargo, es en la votación para el Congreso donde las maquinarias políticas operan con todos sus instrumentos y estrategias: compra de conciencias en dinero o especie, negocios, concertaciones, intimidación y cargos burocráticos, desde el micro espacio del barrio o vereda, hasta la región y nación. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos.

 

 


En la elección del Congreso 2022-2026 la participación efectiva y decisiva del potencial electoral fue de 15,5 millones de personas, esto es, sólo cuatro de cada diez personas son las electoras reales. La abstención (renuncia a emitir el voto en una elección) fue de 55 por ciento tanto en Senado como en Cámara. En blanco votó el 6,5 por ciento de los sufragantes. En promedio, el 4,6 por ciento de los votos fueron nulos y el 2,5 no marcados (mapa 1).

 


Fuerzas políticas en el Congreso 2022-2026


En Colombia persiste la tradición y la distribución geográfica del voto: liberal, conservador, izquierda. Las afiliaciones locales por partidos, movimientos e ideologías políticas perfilan las regiones electorales. Si bien, a partir de 1974 históricamente (con el acuerdo entre los dos partidos tradicionales –Frente Nacional– que operó entre 1958 y 1974 les permitía a éstos repartirse el poder, el presupuesto y la burocracia, sin permitir participación alguna de terceras fuerzas) el sistema político retorna al multipartidismo (competencia abierta entre partidos) y al suprapartidismo (coalición de partidos y movimientos sociales) abriéndose la posibilidad de terceras fuerzas. El carácter regional o geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en la elección del Congreso 2022. Las fuerzas de izquierda, derecha y centro se expresan territorialmente (mapa 2). Son pocas las situaciones de apertura y cambio en los comportamientos políticos, como en el caso de Bogotá D.C., relacionadas con los procesos de modernización y transformación económica y sociocultural.


En Colombia, a pesar del avance histórico y los procesos de modernización, transformación e inserción en el proceso de globalización que domina tanto la economía como la cultura mundial, el comportamiento político es un fenómeno relativamente independiente, y para muchos territorios es posible explicar su comportamiento electoral por fenómenos simplemente políticos. No obstante, en las elecciones para el Congreso del 13 de marzo de 2022 se registró un avance de los partidos, movimientos sociales y coaliciones neodesarrollistas o progresistas, comúnmente llamadas de izquierda; en contraste, los partidos de derecha presentaron una pérdida de electorado. Los partidos de centro, en el marco de la oposición, cosmovisiones y del antagonismo político, mantiene la franja tradicional de favorecimiento de los votantes. Las maquinarias de los partidos del establecimiento conservan su efectividad, de ahí que la mitad de las curules del Congreso les sigan perteneciendo. La izquierda, la más votada en los comicios del 13 de marzo, controla una cuarta parte del Legislativo; la otra cuarta parte de las curules corresponde a los partidos o coaliciones de centro (gráficos 2 y 3).

 

 


Contexto y política


La historia política de Colombia se orienta por un decálogo de factores condicionantes y persistentes: i) La violencia clasista, ideológica y sectarista acompaña los fuertes enfrentamientos partidistas y las guerras civiles desde mediados del siglo XIX, época de gestación de los partidos políticos; las guerras civiles han sido consecuencia de las pugnas entre bandos partidistas y no viceversa; ii) los bandos partidistas se configuran alrededor de caudillos antes que por programas políticos; el caudillismo se refiere a la preferencia por la persona que debe gobernar; iii) las fuerzas electorales de los partidos colombianos son tradicionales y locales, reproducidas por la eficiencia de las maquinarias políticas; iv) los caciques o gamonales locales interpretan y median la agregación de intereses, sentimientos, creencias y necesidades de la población y construyen una plataforma política local, controlan los votos y dominan la estructura municipal de poder; el Estado central y los partidos políticos dependen de la construcción piramidal del sistema político por parte de las élites regionales y locales v) los partidos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas; el partidismo se mide por la fuerza electoral; vi) la pérdida de legitimidad de los partidos o las pocas diferencias entre las fuerzas conduce al “presidencialismo de coalición”, esto es, las alianzas estratégicas que implica la negociación del poder y el reparto presupuestal y burocrático del Estado; vii) la expresión del voto según circunstancias políticas, cambio de contextos o crecimiento del voto “no cautivo” puede generar el fenómeno temporal del arrastre electoral de un nuevo “líder político”; viii) El Estado y el líder carismático se funden en el imaginario popular como una referencia fundamental para aplicar políticas tanto de integración social como de desarrollo; ix) cuando las bases institucionales de la sociedad son relativamente débiles, la integración nacional y social insuficiente, la demanda de líderes carismáticos es mayor; x) periódicamente el escenario político registra el enfrentamiento entre las fuerzas sociales populares que emprenden la aventura de transformar radical y democráticamente a la sociedad y sus instituciones, de una parte, y las fuerzas reaccionarias, autoritarias y conservadoras, de otra; en el trasfondo de esta dialéctica revolución-contrarrevolución, se han alineado dos sujetos históricos desigualmente armados en medios y recursos: las clases privilegiadas y el pueblo. En Colombia el crónico estado del conflicto armado que afecta a una parte ampliada de su sociedad y territorio, y la consolidación de un Estado lumpen, criminal y corrupto, de alianza entre partidos políticos, narcoparamilitares, terratenientes, grupos cristianos y empresarios han bloqueado los cambios políticos emanados de la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz de 2016.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales* que permiten profundizar en el estudio de la relación entre los resultados de la elección del Congreso, el 13 de marzo, y los contextos demográfico, político, económico y social según departamentos.

 


El comportamiento de la elección del Senado está asociado positivamente con la participación en los comicios presidenciales. La relación con el sufragio por la Cámara de Representantes tiende a ser negativa: a mayor participación en la elección de representantes del orden territorial menor es el caudal de votos por Presidente.


La participación en las elecciones de orden nacional como el Senado es independiente de la densidad poblacional regional. El voto por los representantes de las circunscripciones territoriales tiende a ser más alta en las regiones menos densas poblacionalmente.


La elección de las dos cámaras del Congreso presenta un comportamiento urbano-rural contrario: el voto por el Senado es más alto en las ciudades y el de Cámara de Representantes aumenta con el grado de ruralidad. Este fenómeno se repite con el grado de pobreza multidimensional: en las zonas donde ésta es mayor aumenta significativamente la ciudadana en la elección de Cámara de Representantes; para el Senado el menor grado de pobreza incrementa la participación.


La democracia electiva está correlacionada negativamente con la violencia: a mayor número de víctimas del conflicto armado, la abstención crece sostenidamente, tanto en la elección del Senado como en la Cámara Representantes.


La composición etaria es predictor del comportamiento electoral, principalmente en la elección del Senado: cuando el peso relativo de los jóvenes es más alto, mayor es la participación de votantes; en la elección de la Cámara de representantes esta correlación tiende a ser negativa.
El ingreso per cápita departamental influye positivamente en el comportamiento electoral para el Senado y negativamente en la elección de Cámara de Representantes.

 


Contienda por la presidencia


En la historia política de Colombia, el promedio de abstención en el período 1914-2022 es de 52 por ciento; población que no ejerce su derecho por anomia, ignorancia, desencanto o desesperanza y crítica de la democracia real. A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal; de ahí que la decisión efectiva esté en manos del 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas.


Es un proceso político, de estímulo y desestímulo de la participación ciudadana en el cual la violencia favorece a la extrema derecha; en los períodos de alto conflicto el voto por la izquierda es bajo. En los extremos de la línea de tiempo, principios del siglo XX y lo corrido de la centuria actual, los partidos y movimientos sociales de izquierda han tenido un protagonismo sobresaliente y ascendente en las contiendas electorales; sin embargo, la izquierda enfrenta un “techo de cristal” (se trata de un límite difícil de traspasar, construido sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar; por eso no se ve y se llama de cristal) que no logra sobrepasar al 36 por ciento del electorado. Los altos grados de pobreza favorecen a los partidos afines al establecimiento por su capacidad de manipulación ideológica, compra de votos, cooptación y prácticas asistencialistas; una sociedad con mayor bienestar, educación, conciencia crítica y dignidad favorece el voto de izquierda (gráfico 11).

 

 


La elección para la presidencia necesariamente será producto de coaliciones. Los partidos de derecha se alinean en un bloque que tiende a no abandonar el poder mediante la estrategia de “todo vale”. Las fuerzas de izquierda, partidos y movimientos sociales, y que hoy conforman el “Pacto Histórico”, para ganar deben dar un salto y conformar un frente político y social abierto, inclusivo, pluriclasista y democrático; un frente difícil de concretar si se avanza hacia el mismo con posiciones éticas no negociables. La balanza la inclina, en parte, el comportamiento del Centro, algunos de los cuales irán a la derecha, otros hacia la izquierda y el resto se mostraran como neutros y promoverán el voto en blanco o la abstención.


Posterior a la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, las encuestas dan luces sobre cómo están viendo los colombianos la carrera presidencial antes de las elecciones de mayo y junio (si hay segunda vuelta) de 2022. Los triunfadores en la elección del Congreso fueron el Pacto Histórico y las maquinarias políticas tradicionales. Por ahora hay ocho aspirantes a la presidencia, pero solo cuatro tienen opciones reales de lograrlo: uno de izquierda (Gustavo Petro), otro de derecha (Federico Gutiérrez) y dos más de centro (Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández). La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), cuyos resultados se publicitaron el 19 de marzo (la encuesta tiene un margen de error de 2,1 por ciento y un nivel de confianza de 95), muestra a Gustavo Petro en el primer lugar, con un 32 por ciento de intención de voto (esta es más o menos la cifra que ha mantenido el exalcalde Bogotá en diferentes mediciones); en el segundo lugar aparece Federico Gutiérrez con un 23 por ciento de la intención de voto; Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, al igual que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, andan con el 10 por ciento de las preferencias. En el estudio se destaca que hay un 13 por ciento de personas indecisas (no sabe/ no responde) y otro 5 que afirmó que su voto será en blanco. Con estos datos parece evidente que la carrera, por ahora, se centra entre el exalcalde de Bogotá y el exalcalde de Medellín, o mirado de otra forma: en el enfrentamiento entre fuerzas políticas antagónicas, izquierda y derecha (cuadro 1).

 


En la historia política reciente esta es la segunda ocasión en que un candidato que abraza reivindicaciones de izquierda tiene, a la luz de las encuestas, tanta posibilidad de convertirse en el primer mandatario de Colombia (en 2018 , en la segunda vuelta, Petro alcanzó el 42% de los votos). En círculos del Pacto Histórico se asegura que la apuesta es ganar la presidencia en la primera vuelta (lo que requiere obtener el 50,1% de los votos válidos): si dejan para la segunda vuelta, estiman que un sector del centro y la derecha podrían unirse y vencer.


El estudio muestra que Gustavo Petro y Francia Márquez, fórmula presidencial y vicepresidencial del Pacto Histórico, se imponen en tres de las seis regiones en las que se dividieron las personas encuestadas: Bogotá (40%), Caribe (39%) y Pacífico (46%). Al Pacto Histórico los favorecen el voto masculino (37%) y femenino (27%); el voto joven con edades entre los 18-25 años (48%) y 26-40 (37%); y los estratos medio (34%) y bajo (32%).


El candidato de las fuerzas políticas de derecha se impone en la región de Antioquia-Eje Cafetero con una intención de voto de 36 por ciento. El ex alcalde de Medellín lidera en el estrato alto (36% frente al 29% de Petro). La intención de voto por Gutiérrez es más alta en la población de 41 y más años de edad.
En resumen, el decálogo de factores condicionantes continúa mostrando validez al momento de comprender la historia política de Colombia y las elecciones de 2022.

* Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.

 

** Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Publicado enColombia
Rosennell Baud

Las votaciones celebradas el pasado 13 de marzo en Colombia, así como encuestas posteriores, arrojan luces sobre la posibilidad de cambio hacia una democracia plural e incluyente, fundamentada en la dignidad humana, o la continuidad de las maquinarias oligárquicas tradicionales controlando el régimen político colombiano, sobre lo cual su sociedad se pronunciará el 29 de mayo, en primera vuelta presidencial y, posiblemente, el 19 de junio, en segunda vuelta al no haber ganador con más del 50 por ciento en la inicial.

 

El régimen político colombiano funciona en sus formalidades de acuerdo con su estructuración institucional, proyectada en sus líneas maestras en dos de nuestros textos fundacionales: la Carta de Jamaica (1815) y lo redactado en 1821 en el Congreso de Angostura, y cuyos parámetros actuales están reglados en todos los detalles en su Carta Constitucional de 1991. El marco de la misma es la democracia, en su sentido liberal.


De acuerdo con ella, el voto es un derecho y un deber ciudadano (artículo 258, CP). El potencial electoral de Colombia en el año 2022 es de 38.819.901 personas (75% de la población total del país); las mujeres suman 20.031.855 (51,6%) y los hombres 18.788.046 (48,4%). Cinco circunscripciones territoriales (15% de las 33 que integran el espacio político-administrativo nacional), las más densas poblacionalmente, concentran cerca de la mitad de la ciudadanía apta para votar: Antioquia (13,1%), Atlántico (5,2%), Bogotá D.C. (15,4%), Cundinamarca (5,3%) y Valle (9,5%).


El Congreso de la República es la legislatura bicameral de la República de Colombia conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración (artículo 150, CP). Los miembros del Senado (108 en total) son elegidos en circunscripción nacional y los de la Cámara de Representantes (187 en total) en circunscripciones territoriales y especiales (artículos 171 y 176, CP).


En la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, el promedio de votación departamental fue de 45,5 por ciento por las listas del Senado y el 47,2 por las listas de la Cámara de Representante. El rango de votación más amplio es para el Senado con 27,6 puntos porcentuales (p.p.), con un mínimo de 35,0 por ciento (Putumayo) y un máximo de 62,6 (Sucre); para el caso de la Cámara de Representantes el rango es de 24,2 p.p., el mínimo de 37,7 por ciento (Cauca) y el máximo 62,0 (Sucre). El coeficiente de variación (desviación estándar/media, en porcentaje) es ligeramente más alto en la votación del Senado respecto a la Cámara (12,5 Vs 12,2).


En Colombia, por tradición, la votación más alta se registra en la elección del Presidente de la República (gráfico 1); en la elección de 2018 (2ª vuelta) el promedio de participación fue de 50,2 por ciento; no obstante, el rango es más amplio: 33,2 por ciento, con un mínimo de 31,5 (San Andrés y Providencia) y un máximo de 64,7 (Casanare); por tanto, el coeficiente de variación es mayor: 17,4 por ciento. Esta tendencia no se cumple en las regiones Caribe y Amazonía, por la práctica consuetudinaria y masiva de compra de votos por parte de los caudillos, gamonales o caciques locales, particularmente durante las elecciones del Congreso. Sin embargo, es en la votación para el Congreso donde las maquinarias políticas operan con todos sus instrumentos y estrategias: compra de conciencias en dinero o especie, negocios, concertaciones, intimidación y cargos burocráticos, desde el micro espacio del barrio o vereda, hasta la región y nación. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos.

 

 


En la elección del Congreso 2022-2026 la participación efectiva y decisiva del potencial electoral fue de 15,5 millones de personas, esto es, sólo cuatro de cada diez personas son las electoras reales. La abstención (renuncia a emitir el voto en una elección) fue de 55 por ciento tanto en Senado como en Cámara. En blanco votó el 6,5 por ciento de los sufragantes. En promedio, el 4,6 por ciento de los votos fueron nulos y el 2,5 no marcados (mapa 1).

 


Fuerzas políticas en el Congreso 2022-2026


En Colombia persiste la tradición y la distribución geográfica del voto: liberal, conservador, izquierda. Las afiliaciones locales por partidos, movimientos e ideologías políticas perfilan las regiones electorales. Si bien, a partir de 1974 históricamente (con el acuerdo entre los dos partidos tradicionales –Frente Nacional– que operó entre 1958 y 1974 les permitía a éstos repartirse el poder, el presupuesto y la burocracia, sin permitir participación alguna de terceras fuerzas) el sistema político retorna al multipartidismo (competencia abierta entre partidos) y al suprapartidismo (coalición de partidos y movimientos sociales) abriéndose la posibilidad de terceras fuerzas. El carácter regional o geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en la elección del Congreso 2022. Las fuerzas de izquierda, derecha y centro se expresan territorialmente (mapa 2). Son pocas las situaciones de apertura y cambio en los comportamientos políticos, como en el caso de Bogotá D.C., relacionadas con los procesos de modernización y transformación económica y sociocultural.


En Colombia, a pesar del avance histórico y los procesos de modernización, transformación e inserción en el proceso de globalización que domina tanto la economía como la cultura mundial, el comportamiento político es un fenómeno relativamente independiente, y para muchos territorios es posible explicar su comportamiento electoral por fenómenos simplemente políticos. No obstante, en las elecciones para el Congreso del 13 de marzo de 2022 se registró un avance de los partidos, movimientos sociales y coaliciones neodesarrollistas o progresistas, comúnmente llamadas de izquierda; en contraste, los partidos de derecha presentaron una pérdida de electorado. Los partidos de centro, en el marco de la oposición, cosmovisiones y del antagonismo político, mantiene la franja tradicional de favorecimiento de los votantes. Las maquinarias de los partidos del establecimiento conservan su efectividad, de ahí que la mitad de las curules del Congreso les sigan perteneciendo. La izquierda, la más votada en los comicios del 13 de marzo, controla una cuarta parte del Legislativo; la otra cuarta parte de las curules corresponde a los partidos o coaliciones de centro (gráficos 2 y 3).

 

 


Contexto y política


La historia política de Colombia se orienta por un decálogo de factores condicionantes y persistentes: i) La violencia clasista, ideológica y sectarista acompaña los fuertes enfrentamientos partidistas y las guerras civiles desde mediados del siglo XIX, época de gestación de los partidos políticos; las guerras civiles han sido consecuencia de las pugnas entre bandos partidistas y no viceversa; ii) los bandos partidistas se configuran alrededor de caudillos antes que por programas políticos; el caudillismo se refiere a la preferencia por la persona que debe gobernar; iii) las fuerzas electorales de los partidos colombianos son tradicionales y locales, reproducidas por la eficiencia de las maquinarias políticas; iv) los caciques o gamonales locales interpretan y median la agregación de intereses, sentimientos, creencias y necesidades de la población y construyen una plataforma política local, controlan los votos y dominan la estructura municipal de poder; el Estado central y los partidos políticos dependen de la construcción piramidal del sistema político por parte de las élites regionales y locales v) los partidos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas; el partidismo se mide por la fuerza electoral; vi) la pérdida de legitimidad de los partidos o las pocas diferencias entre las fuerzas conduce al “presidencialismo de coalición”, esto es, las alianzas estratégicas que implica la negociación del poder y el reparto presupuestal y burocrático del Estado; vii) la expresión del voto según circunstancias políticas, cambio de contextos o crecimiento del voto “no cautivo” puede generar el fenómeno temporal del arrastre electoral de un nuevo “líder político”; viii) El Estado y el líder carismático se funden en el imaginario popular como una referencia fundamental para aplicar políticas tanto de integración social como de desarrollo; ix) cuando las bases institucionales de la sociedad son relativamente débiles, la integración nacional y social insuficiente, la demanda de líderes carismáticos es mayor; x) periódicamente el escenario político registra el enfrentamiento entre las fuerzas sociales populares que emprenden la aventura de transformar radical y democráticamente a la sociedad y sus instituciones, de una parte, y las fuerzas reaccionarias, autoritarias y conservadoras, de otra; en el trasfondo de esta dialéctica revolución-contrarrevolución, se han alineado dos sujetos históricos desigualmente armados en medios y recursos: las clases privilegiadas y el pueblo. En Colombia el crónico estado del conflicto armado que afecta a una parte ampliada de su sociedad y territorio, y la consolidación de un Estado lumpen, criminal y corrupto, de alianza entre partidos políticos, narcoparamilitares, terratenientes, grupos cristianos y empresarios han bloqueado los cambios políticos emanados de la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz de 2016.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales* que permiten profundizar en el estudio de la relación entre los resultados de la elección del Congreso, el 13 de marzo, y los contextos demográfico, político, económico y social según departamentos.

 


El comportamiento de la elección del Senado está asociado positivamente con la participación en los comicios presidenciales. La relación con el sufragio por la Cámara de Representantes tiende a ser negativa: a mayor participación en la elección de representantes del orden territorial menor es el caudal de votos por Presidente.


La participación en las elecciones de orden nacional como el Senado es independiente de la densidad poblacional regional. El voto por los representantes de las circunscripciones territoriales tiende a ser más alta en las regiones menos densas poblacionalmente.


La elección de las dos cámaras del Congreso presenta un comportamiento urbano-rural contrario: el voto por el Senado es más alto en las ciudades y el de Cámara de Representantes aumenta con el grado de ruralidad. Este fenómeno se repite con el grado de pobreza multidimensional: en las zonas donde ésta es mayor aumenta significativamente la ciudadana en la elección de Cámara de Representantes; para el Senado el menor grado de pobreza incrementa la participación.


La democracia electiva está correlacionada negativamente con la violencia: a mayor número de víctimas del conflicto armado, la abstención crece sostenidamente, tanto en la elección del Senado como en la Cámara Representantes.


La composición etaria es predictor del comportamiento electoral, principalmente en la elección del Senado: cuando el peso relativo de los jóvenes es más alto, mayor es la participación de votantes; en la elección de la Cámara de representantes esta correlación tiende a ser negativa.
El ingreso per cápita departamental influye positivamente en el comportamiento electoral para el Senado y negativamente en la elección de Cámara de Representantes.

 


Contienda por la presidencia


En la historia política de Colombia, el promedio de abstención en el período 1914-2022 es de 52 por ciento; población que no ejerce su derecho por anomia, ignorancia, desencanto o desesperanza y crítica de la democracia real. A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal; de ahí que la decisión efectiva esté en manos del 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas.


Es un proceso político, de estímulo y desestímulo de la participación ciudadana en el cual la violencia favorece a la extrema derecha; en los períodos de alto conflicto el voto por la izquierda es bajo. En los extremos de la línea de tiempo, principios del siglo XX y lo corrido de la centuria actual, los partidos y movimientos sociales de izquierda han tenido un protagonismo sobresaliente y ascendente en las contiendas electorales; sin embargo, la izquierda enfrenta un “techo de cristal” (se trata de un límite difícil de traspasar, construido sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar; por eso no se ve y se llama de cristal) que no logra sobrepasar al 36 por ciento del electorado. Los altos grados de pobreza favorecen a los partidos afines al establecimiento por su capacidad de manipulación ideológica, compra de votos, cooptación y prácticas asistencialistas; una sociedad con mayor bienestar, educación, conciencia crítica y dignidad favorece el voto de izquierda (gráfico 11).

 

 


La elección para la presidencia necesariamente será producto de coaliciones. Los partidos de derecha se alinean en un bloque que tiende a no abandonar el poder mediante la estrategia de “todo vale”. Las fuerzas de izquierda, partidos y movimientos sociales, y que hoy conforman el “Pacto Histórico”, para ganar deben dar un salto y conformar un frente político y social abierto, inclusivo, pluriclasista y democrático; un frente difícil de concretar si se avanza hacia el mismo con posiciones éticas no negociables. La balanza la inclina, en parte, el comportamiento del Centro, algunos de los cuales irán a la derecha, otros hacia la izquierda y el resto se mostraran como neutros y promoverán el voto en blanco o la abstención.


Posterior a la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, las encuestas dan luces sobre cómo están viendo los colombianos la carrera presidencial antes de las elecciones de mayo y junio (si hay segunda vuelta) de 2022. Los triunfadores en la elección del Congreso fueron el Pacto Histórico y las maquinarias políticas tradicionales. Por ahora hay ocho aspirantes a la presidencia, pero solo cuatro tienen opciones reales de lograrlo: uno de izquierda (Gustavo Petro), otro de derecha (Federico Gutiérrez) y dos más de centro (Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández). La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), cuyos resultados se publicitaron el 19 de marzo (la encuesta tiene un margen de error de 2,1 por ciento y un nivel de confianza de 95), muestra a Gustavo Petro en el primer lugar, con un 32 por ciento de intención de voto (esta es más o menos la cifra que ha mantenido el exalcalde Bogotá en diferentes mediciones); en el segundo lugar aparece Federico Gutiérrez con un 23 por ciento de la intención de voto; Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, al igual que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, andan con el 10 por ciento de las preferencias. En el estudio se destaca que hay un 13 por ciento de personas indecisas (no sabe/ no responde) y otro 5 que afirmó que su voto será en blanco. Con estos datos parece evidente que la carrera, por ahora, se centra entre el exalcalde de Bogotá y el exalcalde de Medellín, o mirado de otra forma: en el enfrentamiento entre fuerzas políticas antagónicas, izquierda y derecha (cuadro 1).

 


En la historia política reciente esta es la segunda ocasión en que un candidato que abraza reivindicaciones de izquierda tiene, a la luz de las encuestas, tanta posibilidad de convertirse en el primer mandatario de Colombia (en 2018 , en la segunda vuelta, Petro alcanzó el 42% de los votos). En círculos del Pacto Histórico se asegura que la apuesta es ganar la presidencia en la primera vuelta (lo que requiere obtener el 50,1% de los votos válidos): si dejan para la segunda vuelta, estiman que un sector del centro y la derecha podrían unirse y vencer.


El estudio muestra que Gustavo Petro y Francia Márquez, fórmula presidencial y vicepresidencial del Pacto Histórico, se imponen en tres de las seis regiones en las que se dividieron las personas encuestadas: Bogotá (40%), Caribe (39%) y Pacífico (46%). Al Pacto Histórico los favorecen el voto masculino (37%) y femenino (27%); el voto joven con edades entre los 18-25 años (48%) y 26-40 (37%); y los estratos medio (34%) y bajo (32%).


El candidato de las fuerzas políticas de derecha se impone en la región de Antioquia-Eje Cafetero con una intención de voto de 36 por ciento. El ex alcalde de Medellín lidera en el estrato alto (36% frente al 29% de Petro). La intención de voto por Gutiérrez es más alta en la población de 41 y más años de edad.
En resumen, el decálogo de factores condicionantes continúa mostrando validez al momento de comprender la historia política de Colombia y las elecciones de 2022.

* Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.

 

** Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Miércoles, 30 Marzo 2022 05:51

Una tarima engalanada

Una tarima engalanada

Cao Jianming es uno de los 14 vicepresidentes del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, y ha sido enviado a Nicaragua para estar presente en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. Es un largo viaje, desde el otro lado del mundo, hacia un país que acaba de entrar en la órbita de las relaciones expansivas del nuevo celeste imperio de Xi Jinping. Pocos son los invitados que habrán de acudir, la mayoría de bajo nivel.

Por eso su sorpresa debe haber sido mayúscula cuando al bajar del avión advierte que lo espera una guardia de honor, como si fuera jefe de Estado. En un país de estrictas jerarquías como el suyo, tal anomalía protocolaria es imposible. Pero representa a China y eso es suficiente, así fuera ujier de la Ciudad Prohibida.

Pero lejos de allí se da otra escena también inusual, por no decir extraña. Ese mismo 10 de enero, el presidente López Obrador comparece en una de sus mañaneras, y un periodista le pregunta si su gobierno enviará algún representante a la toma de posesión de Ortega.

−Todavía no se decide −responde, bastante desconcertado−. ¿Cuándo es… la toma de posesión?

−Hoy −le informa el periodista.

−Ah… ¿Hoy? No sabía.

El periodista le dice entonces que la noche anterior la cancillería ha anunciado que no enviaría a nadie.

−¿Y a qué horas es la toma de posesión? −pregunta el Presidente.

−No sé la hora −responde el ­periodista.

−Vamos a ver si da tiempo de que llegue alguien… Porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos. Con todos. Y no queremos ser imprudentes.

−¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de posesión? −continúa el periodista.

Entonces el Presidente responde que México no puede hacer a un lado su política de autodeterminación de los pueblos. Y recuerda cómo la administración pasada, por quedar bien con otro gobierno, expulsó al embajador de Norcorea.

Seguramente estaba consciente de la imposibilidad de que un enviado llegara a tiempo, ya que ha dispuesto que tanto él como sus funcionarios sólo pueden utilizar vuelos comerciales. Y a la tarima de los invitados en Managua terminó subiendo el encargado de negocios de la embajada mexicana, ya que no hay ­embajador.

A este episodio tan singular, se le ha dado el cariz de una desautorización bastante ruda a su propio canciller, Marcelo Ebrard, quien habría buscado sumarse a la inmensa mayoría de los países latinoamericanos que dejaron solo a Ortega en su farsa. Pero también merece otra lectura.

Si el Presidente de México ni siquiera sabe cuándo toma posesión Ortega, y tampoco sabe, en consecuencia, la hora de la ceremonia, no es que esté desinformado nada más. Lo que demuestra es la nula importancia que Nicaragua tiene en su política exterior, un cero a la izquierda. Será por eso mismo que al canciller Ebrard no le pareció necesario informarle que no enviaría a Managua a nadie, ni siquiera a un funcionario de tercera categoría.

Y así se saca en claro que jamás se le había ocurrido al presidente López Obrador asistir él mismo, invitado como estaba; o enviar a su canciller, o a alguien de su gobierno.

Al contrario, lo que hace es tomar distancia, y colocar a Nicaragua en un lugar poco privilegiado: al lado de Corea del Norte. Buenas relaciones con todos, dice, y recalca la palabra todos, es decir, demócratas y dictadores. Por eso reprocha al gobierno de Peña Nieto, haber expulsado en 2017 al embajador del dictador hereditario Kim Jong-un.

Y de imprudencias hablando, Argentina, que tampoco envió a ningún delegado, se hizo representar por su embajador en Managua, Daniel Capitanich, entusiasta hincha de Ortega, quien se sentó en la misma tarima de honor en que se encontraba el vicepresidente para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai.

El personaje está acusado en los tribunales argentinos de ser responsable, nada menos, del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, en que murieron 80 personas y más de 300 resultaron heridas, un crimen de lesa humanidad. Hay una orden de captura internacional librada por la Interpol contra él.

Al concluir la ceremonia, hubo una foto de familia en la que Ortega aparece junto al propio Rezai, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. Es la foto que debe haber sorprendido ingratamente al presidente Fernández de Argentina, y en la que López Obrador jamás hubiera querido estar.

La cancillería argentina dirigió una nota diplomática a la de Nicaragua por la presencia de Rezai, que "constituye una afrenta a la justicia y a las víctimas del brutal atentado terrorista". Un lamento, no una protesta: "El gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del señor Rezai".

Y la tarima en Managua se queda en su lugar, sin desarmar, hasta la próxima toma de posesión, cuando Ortega vuelva a traspasarle el poder a Ortega.

www.sergioramirez.com

Facebook: escritorsergioramirez

Twitter: http://twitter.com/sergioramirezm

Instagram: sergioramirezmercado

Publicado enInternacional
Comunicar en tiempos de guerra: la eficaz estrategia de Zelenski

El presidente de Ucrania libra la guerra contra Rusia desde dos ámbitos: el campo de batalla y las redes sociales. Expertos en comunicación política analizan su liderazgo y el papel que ejerce a la hora de trasladar su mensaje y sus ideas al resto del mundo.

 

Cuando Goliat miró y vio a David, "le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer". Antes de la mítica batalla bíblica, el gigante preguntó al israelita: "¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?". Goliat imaginó anticipadamente su victoria. Pero David se precipitó a la línea de batalla, cogió una piedra, la lanzó con su honda y mató al filisteo, "que cayó a tierra sobre su rostro". La madre de todas las historias de débiles que se enfrentan a abusones está más presente que nunca.

Volodimir Zelenski se ha convertido ya en la viva imagen de la resistencia ucraniana. Es el líder de un país que día a día se opone y dificulta el avance a la segunda potencia militar del mundo. El presidente de Ucrania se ha embarcado en un tortuoso viaje del héroe que está todavía por concluir para hacer frente a la invasión rusa. Las guerras no solo se libran en el campo de batalla, también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Zelenski está en ambos, desde Kiev, cámara en mano y transmitiendo sus movimientos al mundo a golpe de tuit.

"Se ha convertido en el símbolo de Ucrania, en el interior y en el exterior del país. Su comunicación constante ayuda también a entender lo que ocurre y a generar la percepción de que, mientras él esté comunicando, Rusia no ha vencido", explica a PúblicoXavier Peytibi, politólogo y consultor en comunicación política. El líder ucraniano transmite sus mensajes en vídeo en modo selfi mientras muestra lugares emblemáticos de la capital. Después, comparte el contenido en sus redes sociales. Lo suele hacer con subtítulos en inglés para dirigirse prácticamente a todo el mundo.

Sustituir la corbata por la indumentaria militar

Tras el inicio de la guerra, sus apariciones han estado definidas por un tono contundente en las formas y, a la vez, empático con los ciudadanos ucranianos. Abandonó el traje y la corbata. En su lugar se presenta vestido como "un soldado raso, en la primera línea de fuego". Así lo describe la periodista y politóloga Estefanía Molina, que destaca "el carisma" y la capacidad de comunicación de Zelenski frente a Putin, que representa todo lo contrario: "Suele hacer las comparecencias en solitario, ha personificado esta batalla en él porque los ucranianos necesitan un referente. De alguna forma, está creando un mártir, algo que no interesa al régimen ruso. Además, ejerce un liderazgo que no es impositivo, sino horizontal. Las imágenes del presidente junto a su equipo, con indumentaria sencilla y mostrando cercanía, se contraponen a los escenarios de Putin, fríos, alejados de la gente y con personajes trajeados".

En medio de una guerra, los gestos y las palabras son imprescindibles y la necesidad de que se expandan a kilómetros de distancia, de una punta del mundo a otra. El empleo activo de las redes sociales está determinando la eficaz estrategia de Zelenski. "Esto permite tener a Ucrania y al mundo informados. Hay que comentar la importancia de mantener internet en el país, algo que no suele suceder en otros conflictos —recuerda Peytibi—. De ahí la gran relevancia de las redes para mostrar la guerra casi en directo. En el caso del Twitter de Zelenski, mencionar a los líderes extranjeros es su modo de hacer ver a su ciudadanía que está en contacto con otros representantes, que no está solo y que sigue recibiendo apoyos".

Los tuits de Zelenski "no son arbitrarios"

Molina añade que sus publicaciones en Twitter sobre las conversaciones que mantiene con políticos internacionales obedecen a "una estrategia de bola de nieve". "Invita a que más países quieran interactuar con él y sumarse al apoyo a Ucrania". La politóloga interpreta que los tuits de Zelenski "no son arbitrarios" y recupera el caso de España. "Pedro Sánchez habló dos veces con él; sin embargo, no publicó nada tras la primera conversación, cuando el apoyo del Gobierno no era tan claro. Tras la segunda llamada, sí mencionó a Sánchez y celebró el respaldo de España".

El mandatario ucraniano ha hecho discursos a través de videoconferencias en algunas de las instituciones con mayor peso internacional. Sus palabras han resonado en las paredes del Parlamento de Westminster, del Parlamento Europeo y en el Congreso de Estados Unidos. Algo que, como señala Peytibi, "le permite dar a conocer su causa en el mundo, pero, sobre todo, le permite ser visto en Ucrania como un líder mundial". Molina destaca un denominador común de sus intervenciones: "Apela a la historia y al pasado de los pueblos de los países que le escuchan para lograr su empatía. Rememoró la figura de Winston Churchill en Reino Unido, lamentó los atentados del 11S en el Parlamento estadounidense y recordó la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento Europeo".

Ambos politólogos coinciden en la importancia que Zelenski concede a la opinión pública. El uso de las emociones y la difusión de imágenes que humanizan el relato cargan de contenido a través de la forma una estrategia que, sobre todo, demanda empatía ante una invasión injusta, ante la actitud de un Goliat que anticipaba su victoria al ordenar el camino de sus tropas. En medio del trayecto, no obstante, se ha topado con las hondas y las piedras de soldados y ciudadanos ucranianos, en un claro desequilibrio de poder. Este tipo de historias concluyen con la victoria de los débiles. Pero los cuentos bíblicos son una cosa y la realidad es otra bien distinta.

20/03/2022 22:28

Por Chema Molina@chemamolinaa

Publicado enInternacional
Boric admite que será difícil concretar las transformaciones en Chile

Santiago. El presidente chileno, Gabriel Boric, un día después de concluir los ceremoniales de la toma de posesión, se reunió con vecinos de la popular Comuna de La Pintana, sur de Santiago, ante los cuales moderó las altas expectativas acerca de su gobierno, advirtiendo que será complejo concretar las transformaciones y que vendrán momentos complicados.

"No pretendo en los cuatro años (de su mandato) cambiar todo lo que está mal; la historia es mucho más larga que nosotros y aprendemos de quienes estuvieron antes y vamos a dejar tareas a quienes vengan después", dijo a los vecinos.

"Habrá momentos bien complicados, la política tiene muchos aspectos de mezquindad, perdemos a veces la visión de por qué estamos donde estamos. Yo los invito a que nos ayuden a no olvidar por qué estamos acá", agregó.

Boric estuvo en La Pintana al día siguiente de perder en noviembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Fue ahí donde su campaña, hasta entonces muy simbólica y escasamente concreta, comenzó a despegar, al entrar en contacto directo con los electores, sobre todo los más humildes, para ganar la segunda ronda en diciembre con 55.87 por ciento de votos (4.8 millones de sufragios), el gobernante más votado.

Tal cual lo hizo en su discurso de inauguración en la Plaza de la Constitución, volvió a pedir la participación de la gente.

"Estamos tratando de generar aspectos simbólicos para recomponer las confianzas, pero sabemos que lo simbólico no basta y que debemos trabajar para que al final del día nuestro gobierno haya mejorado la calidad de vida de nuestro pueblo", afirmó.

El viernes, hablando desde un balcón del Palacio de La Moneda a "los habitantes de nuestra patria", manifestó que "el pueblo de Chile es protagónico en este proceso, no estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes", al tiempo que pedía "que sean parte de este proceso porque no podemos hacerlo solos".

Marco Moreno, director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, comenta que ese discurso debe entenderse como una reconexión de Boric con las audiencias para renovar el apoyo que le permitió llegar al poder.

"Buscó no defraudar las expectativas acerca de la idea de cambio y se mueve en una lógica de las convicciones, pero éstas van acompañadas de responsabilidad. Trató de poner la pelota en el piso porque todo va a requerir de consensos, su gobierno no tiene mayoría parlamentaria para aprobar las reformas", declara a La Jornada.

El científico social explica que “no incendió las expectativas ni fue populista, porque es pragmático, sabe leer los espacios, los ambientes, es un político de cercanía que hace micropolítica, logra conectar. Pero no sabemos si será suficiente para que el país progrese, eso lo veremos en los próximos días porque "otra cosa es con guitarra", como dicen, se hace campaña en verso y se gobierna en prosa, ahora empezó la parte más complicada de la política.

–¿Tendrá Boric los 100 días de luna de miel?

–Todos los gobernantes la tienen, pero no sabemos si serán 100 porque hay mucha presión en el ambiente. El proceso constituyente puede contaminar su gestión y eso es lo peor que le puede pasar a Boric, que la agenda del gobierno se constitucionalice, eso provocaría perder el control.

"Los 100 días van a estar marcados por cómo calibra y maneja las expectativas, cómo evita que la constituyente le quite el control de la agenda y también, lo más importante, la idea del mientras tanto: hay que hacer cosas ahora, de inmediato".

Convocatoria a movilizarse

Para el sociólogo Axel Callís, director de la consultora Tu Influyes, además de calmar ánimos, lo más relevante de Boric fue la convocatoria a la participación que realizó.

"Nombró y convocó a todos los segmentos excluidos desde una emocionalidad muy fuerte, les dijo vamos a hacer los cambios, pero las condiciones no son las óptimas, que no exista un desborde de presión. Llamó a un compromiso recíproco en los temas relevantes y a mantenerse movilizados, le pasó una responsabilidad al pueblo. Es muy relevante porque con la corresponsabilidad se comparten las expectativas. Fue un discurso honesto, con el freno de mano puesto, no fue desbordado de metas que no puede acometer", resume.

Añade que Boric "entiende que el éxito del gobierno pasa por mantener la presión sobre los poderes que van a tratar de oponerse a las transformaciones y llama a mantener el estado de alerta movilizador pero con orden, por eso quiere resolver lo de los presos de la revuelta retirando las querellas".

Boric, señala, habló "muchas veces de un nosotros" y así está compartiendo la épica, los logros pero también los costos; si esto no resulta, es culpa de todos.

Según Callís, el Parlamento será permeable a la presión desde la sociedad movilizada, "siempre habrá parlamentarios susceptibles a la presión de la calle y de las encuestas, eso está superdemostrado", aunque "la viabilidad de las reformas pasa por tener responsabilidad y no intentar avanzar más allá de lo posible".

Por Aldo Anfossi

Especial Para La Jornada

Publicado enInternacional
Viernes, 04 Marzo 2022 06:27

Congeladas por tiempo indefinido

AFP, PRESIDENCIA DE PERÚ

Las promesas de Castillo

El asedio del Congreso peruano a un Ejecutivo débil y con visos de corrupción deja al gobierno poco operativo, ocupado en defenderse para sobrevivir, entregando cuotas ministeriales para impedir su destitución. En esta situación, las principales promesas de campaña, como la convocatoria de una asamblea constituyente, han sido olvidadas mientras los servicios estatales se deterioran.

El profesor rural y exdirigente del magisterio Pedro Castillo fue el primer campesino en llegar a la presidencia de Perú y asumió el mandato hace siete meses, luego de dar batalla en las calles y en el tribunal electoral para que su rival –Keiko Fujimori– y sus aliados conservadores no le arrebataran la victoria de las urnas alegando «fraude». Los observadores electorales reportaron que los comicios fueron hechos conforme a ley y la fiscalía descartó que hubiera suplantación de miembros de mesa o falsificación de sus firmas, como hasta hoy repiten algunos opositores.

Las promesas de convocar a una asamblea constituyente, convertir la educación y la salud en derechos fundamentales, rescatar la golpeada economía de los pequeños agricultores y llevar adelante una reforma tributaria, entre otras, son recuerdos. El presidente y su cuarto gabinete están muy ocupados en la sobrevivencia política frente a un Congreso y una elite mediática que clama por su salida del cargo. Los motivos principales son la incompetencia y corrupción en el Ejecutivo, que se expresan en 30 cambios de ministros e investigaciones fiscales por tráfico de intereses en contratos estatales y en los ascensos militares.

En 2021 el exsindicalista fue candidato de Perú Libre, un partido de izquierda ortodoxa en el que no militaba. Su fundador, el médico marxista-leninista Vladimir Cerrón, estaba inhabilitado a causa de una sentencia por corrupción y lo invitó. En la campaña electoral de primera vuelta, el perfil de Castillo era populista, conservador y antinstituciones, pero antes del balotaje se alió con la excandidata presidencial Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, un colectivo de izquierda moderada. La idea era cerrar el paso a la candidata Fujimori, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y obstrucción a la Justicia.

La alianza con Mendoza implicaba para el profesor –de alcanzar la presidencia– garantizar los derechos de la población LGTBI, la continuidad de la vacunación contra la covid-19 y dejar atrás el modelo económico neoliberal, entre otros puntos. Incluso, en vísperas de la segunda vuelta, se reunió con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori (1992-2000), que buscaban comprometerlo en sus luchas por justicia y reparación. El presidente fue entonces visto como un político de izquierda que promovía una nueva Constitución.

Los acuerdos que firmaron Castillo y Mendoza en mayo de 2021 eran para «lograr un gobierno del pueblo» y construir un «nuevo pacto social» a través de una asamblea popular constituyente. Al menos dos de los contendientes de Castillo en la primera vuelta electoral representaban el autoritarismo y la corrupción: la hija del autócrata Fujimori y el candidato del partido ultraconservador, Renovación Popular. Ambos son aliados de la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien representa a una de las dos facciones del partido Acción Popular.

El mandatario designó en su primer gabinete a tres cuadros de la izquierda moderada –en Economía, Mujer y Salud–, que dieron estabilidad y credibilidad a su gobierno, especialmente por el avance sostenido de la vacunación contra la covid-19 y la recuperación de la economía. En 2020, el PBI cayó 11 puntos por causa de la pandemia, y la población en pobreza creció 10 puntos, llegando al 30 por ciento de los peruanos. En 2021, el PBI creció en 13 por ciento.

Si desde agosto la oposición pedía que Castillo dejara el cargo por haber nombrado a ministros no calificados o a profesionales con cuya línea discrepaban, entre noviembre y diciembre las críticas arreciaron ante las primeras revelaciones de tráfico de intereses y corrupción en la adjudicación de contratos estatales y de los ascensos militares.

Mirtha Vásquez, una abogada progresista y expresidenta del Congreso, había asumido como primera ministra en octubre –la segunda, en reemplazo de un hombre de confianza de Cerrón– y ofreció transparencia del gobierno para responder a las denuncias por favoritismo en contratos en el Ministerio de Transportes y la empresa estatal Petroperú. Pero, por el contrario, los asesores y el abogado del presidente aconsejaron a Castillo que se victimice y no entregue información sobre las personas –lobistas, amigos y familiares– con quienes se reunía fuera del palacio de gobierno.

Durante una diligencia de la investigación por la interferencia del secretario general de la presidencia en los ascensos militares, los fiscales encontraron 20 mil dólares en el baño de la oficina del funcionario. Castillo pidió la renuncia de su hombre de confianza en noviembre. Poco después, a inicios de diciembre, el parlamento planteó la primera moción de «vacancia presidencial por permanente incapacidad moral» contra el profesor rural, una figura que el fujimorismo y sus aliados usan desde fines de 2018 como si fuera un impeachment, pese a que este no existe en la Constitución.

En 2018, Fuerza Popular y sus aliados consiguieron votos suficientes para la «vacancia» de Pedro Pablo Kuczynski y lo obligaron a renunciar. En 2020, una coalición semejante echó a Martín Vizcarra con el mecanismo de vacancia, que requiere 87 votos y la argumentación de «incapacidad moral», un concepto no definido por la Constitución. La moción de vacancia a Castillo en diciembre se quedó a medio camino: para admitirla a debate en el pleno del Congreso eran necesarios 52 votos y solo hubo 46.

Pero esta semana, tras nuevos detalles sobre la posible participación del jefe de Estado en los contratos digitados, congresistas de Renovación Popular y de Fuerza Popular lograron suficientes firmas para presentar una segunda moción.

EL DESCARRILAMIENTO

En diciembre, las denuncias de corrupción ya no solo surgían en la prensa limeña. El entonces ministro de Interior, Avelino Guillén, advirtió al presidente que el comandante general de la Policía Nacional quitó presupuesto y personal a la unidad de elite que asiste a los fiscales que investigan a personas políticamente expuestas, y alertó de sobornos a cambio de nuevas colocaciones (destinos) de oficiales de la Policía. Un mes después, el mandatario sacó del gabinete a Guillén, referente peruano de la lucha anticorrupción, pues en la década pasada –cuando era fiscal– logró la primera sentencia contra Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Castillo reemplazó a Guillén por un policía jubilado habituado al show televisivo mediante el populismo penal, alguien que no indagará sobre los graves hechos de corrupción cometidos en las fuerzas del orden en los primeros meses del gobierno del maestro rural.

¿Por qué en siete meses el presidente peruano ha nombrado a cuatro primeros ministros y por qué el tercero de ellos duró menos de una semana en febrero? Una de las explicaciones es que si el Congreso cabildea y junta 87 votos, lo puede echar, y por ello da cuotas de ministros a los partidos representados en el parlamento, para así asegurarse votos que defiendan al Ejecutivo en las interpelaciones o censura de ministros o en las votaciones de vacancia presidencial.

El tercer primer ministro que designó Castillo a inicios de febrero era un congresista denunciado por su hija y su esposa por violencia: un juez otorgó medidas de protección a su esposa en 2017. Héctor Valer había llegado al parlamento como candidato del partido de ultraderecha, Renovación Popular, y antes había militado en otras tres formaciones. Valer formó una bancada con otros colegas y sumaban siete votos, útiles para Castillo en el contexto de adversidad. No importó su inexperiencia en gestión pública y una docena de investigaciones fiscales por diversos delitos que la prensa reveló. También el presidente nombró a Katy Ugarte, una parlamentaria de Perú Libre como ministra de la Mujer, una política ultraconservadora, opuesta a los derechos de la población LGTBI.

Ante la indignación masiva, incluso de feministas que hicieron plantones en el Ministerio de la Mujer contra Valer, y la posibilidad de que el Congreso denegara el voto de investidura al gabinete, el jefe de Estado recompuso el equipo. Reemplazó a Valer y Ugarte, pero también echó al ministro de Salud, que había permanecido desde el primer equipo que formó a fines de julio. El médico y excongresista de izquierda moderada Hernando Cevallos le había pedido a Castillo un gabinete que fuera acorde con las políticas del gobierno, es decir, no elegido por cuotas para evitar la vacancia. No pudieron salvar las discrepancias y Castillo reclutó como nuevo titular de Salud a un hombre muy cercano a Cerrón, el médico y promotor de pseudociencia Hernán Condori. El nuevo funcionario se publicitaba como obstetra pese a que no lo era y la Comisión de Ética del Colegio Médico lo investiga por esas causas. El gremio médico y asociaciones científicas han pedido su renuncia, pero el presidente lo respalda porque dice que es un profesional que viene «de la chacra». Pero, en realidad, el apoyo se debe a lo que pueda pasar en el hemiciclo.

PROMESAS OLVIDADAS

Pero además de los cambios en el gabinete como mecanismo de sobrevivencia política hay otras decisiones del presidente, que abandonó propuestas que sustentaban su oferta de «cambio». Quien fue el ministro de Economía por medio año, Pedro Francke, planteó una reforma tributaria especialmente dirigida a las empresas mineras favorecidas por el alza de precios internacionales de los metales. Ello podría sustentar una mayor inversión para recuperar los deficientes sistemas de salud y educación. Los gremios empresariales y los medios de comunicación de Lima cuestionaron la reforma –dijeron que no era el momento– y Castillo miró para otro lado. El Congreso rechazó el pedido del Ejecutivo de otorgarle facultades legislativas en materia tributaria y Francke se quedó solo.

También fue una bandera del maestro rural la renegociación del contrato del gas de Camisea, el principal yacimiento del país, para que el recurso llegue a precios más bajos a las regiones próximas al yacimiento, ya que pagan costos muy altos por garrafa. El Ejecutivo formó una comisión interministerial para revisar la cuestión, pero, ante la desidia del jefe de Estado por el asunto, el informe que elaboró el grupo de trabajo no ha merecido la atención pública.

Finalmente, la promesa de promover una asamblea constituyente también se ha disipado como una mala palabra –asimismo rechazada por el empresariado y los medios de comunicación de Lima–. El miércoles 2, al preguntarle en una conferencia de prensa por las críticas al gobierno, el primer ministro Aníbal Torres respondió: «La política del gobierno ha sido desde un inicio: no hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Eso es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho oponerse».

El parlamento está también debilitado frente a la opinión pública, pues la obstrucción al Ejecutivo es continua desde 2016, cuando fue elegido presidente Kuczynski. Según una encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, el 73 por ciento desaprueba la gestión del Congreso.

Mientras los dos poderes del Estado se enfrascan en batallas indeseables, se acumulan viejos y nuevos problemas. Entre los viejos, la descomposición del sistema de salud, el 75 por ciento de personas en el mercado laboral informal, el déficit de aprendizaje por dos años sin clases presenciales. Entre los nuevos, miles de pescadores artesanales, estibadores, microcomerciantes, pequeños empresarios de balnearios y restaurantes han perdido su trabajo desde el 15 de enero por el derrame de petróleo de Repsol en el mar de la costa central del país. Los 11.900 barriles contaminaron aguas y litoral en 116 quilómetros cuadrados, incluidas dos áreas naturales protegidas.

Desde que ocurrió el derrame, han pasado tres ministros de Ambiente y dos ministros de Economía. El ministro de Producción anunció la semana pasada que el Estado entregará un subsidio a 2.500 pescadores, pero no ha precisado ni cuándo, ni por qué monto, ni hasta cuándo. La empresa afirma que ha entregado hasta el momento uno o dos vales de compra en supermercado a unas 3.900 personas. En paralelo, un informe de una misión de expertos de Naciones Unidas destaca la inexistencia de un padrón de afectados e impacto social del desastre y de un plan de monitoreo ambiental. Los políticos están enfocados en sus asuntos y no en los de los ciudadanos.

El 8 de marzo, el gabinete Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso y, en la víspera, la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado pretende interrogar al jefe de Estado sobre sus reuniones con la gestora de intereses que ha declarado a la fiscalía sobre los contratos estatales amañados en el Ministerio de Transportes y en Petroperú.

Pedro Castillo se había presentado en la campaña electoral de 2021 como un candidato sin mancha, a diferencia de la mayoría de los postulantes a la presidencia en 2021 y de los expresidentes peruanos –que están con pedido de extradición (Alejandro Toledo), o afrontan juicios (Ollanta Humala), o tienen detención domiciliaria (Kuczynski) por casos de corrupción ligada a la constructora brasileña Odebrecht–. Por el momento, la fiscal general ya le abrió investigación por un par de contratos estatales irregulares y por las interferencias en los ascensos militares: tendrá que responder a ellas tan pronto pierda la inmunidad del cargo. Es difícil saber el destino de su gestión, pero es fácil afirmar que la política peruana se desangra en su lento deterioro, tanto como los derechos de las personas.

Por Jacqueline Fowksdesde Lima 
3 marzo, 2022

Publicado enInternacional
Congreso peruano declara procedente la denuncia contra Castillo por traición

El presidente no va a renunciar, afirma su oficina

El mandatario es citado para explicar su presunto liderazgo de un clan de corrupción

 

Lima. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú declaró ayer procedente la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo "por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria", horas después de que la oficina del mandatario desmintió que éste vaya a renunciar.

Con nueve votos a favor y ocho en contra, la subcomisión aprobó la procedencia, informó el Congreso peruano en su cuenta en Twitter.

La denuncia fue presentada por legisladores de oposición que acusan al presidente de violar la Constitución al haber cometido el delito de traición a la patria.

El documento se basa en las declaraciones que hizo en enero el jefe de Estado a la cadena CNN en Español, donde aseguró que buscaría dar una salida soberana al mar a Bolivia.

La procedencia de la denuncia permite que sea investigada en la subcomisión, con descargos de la parte acusatoria y el acusado.

Si avanza en esta instancia pasaría a la Comisión Permanente, que debe declararla procedente para que llegue al pleno para su debate y votación.

De ser declarado culpable, Castillo sería destituido y asumiría el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte.

En otro orden, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a Castillo el 7 de marzo para que dé explicaciones sobre su presunto liderazgo en una mafia dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a cambio de sobornos.

El mandatario fue acusado por la empresaria y cabildera Karelim López de integrar un clan criminal que obtiene dinero de obras públicas que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La organización delictiva estaría integrada por empresarios, familiares de Castillo y cinco congresistas que se habrían coludido para otorgar concesiones de obras públicas viales a empresas a cambio del pago de sobornos.

El escándalo tomó especial relevancia luego de que López se acogió a la colaboración eficaz ante la fiscalía y denunció que el presidente es el líder de dicha organización.

La colaboración eficaz es una herramienta que emplea la fiscalía para que los investigados acepten sus delitos, brinden información sobre los mismos para, a cambio, recibir beneficios judiciales.

La presidencia desmintió la dimisión de Castillo y sostuvo que la intención del mandatario es concluir su mandato, que expira en julio de 2026.

La oficina de presidencia calificó de "falsas" las especulaciones que circulan en redes sociales sobre una posible dimisión del gobernante, quien seguirá con su agenda de trabajo en cumplimiento de su política general de gobierno.

Castillo comenzó su mandato a finales de julio de 2021 tras resolverse un ajustado recuento electoral en el que su rival, Keiko Fujimori, denunció actos de corrupción en las mesas electorales.

En más de seis meses, el mandatario ha cambiado cuatro gabinetes.

Publicado enInternacional
Domingo, 13 Febrero 2022 06:10

El séptimo día del octavo mes del 2022

Fabiana Peña, Color de ciudad (Cortesía de la autora)

Colombia, primer semestre de 2022: tres jornadas electorales a la vista, dos seguras (Congreso 13 de marzo, Presidente 29 de mayo), y una probable (Presidente, segunda vuelta, junio 19).

Tres coaliciones en disputa, (re)confirmación de la crisis que arrastran los partidos desde hace décadas, como de la política tradicional, pero también radiografía del atomizado país que vivimos. Tres coaliciones, tres países resumidos en clases y sectores suyos, visiones y dispares prioridades económicas y sociales. ¿Recogerán estas coaliciones a todo el país o persiste uno, cuarto, por fuera de ellas, aquel que se abstiene, que no responde a los llamados de la democracia formal, que no se siente representado por los mismos de siempre, pero tampoco por los que se consideran por fuera y en contra del establecimiento?

Una disputa aún en pañales, y que tendrá claridad sobre su real potencial el 13 de marzo al escrutarse el voto por el Congreso, y el emitido en las consultas internas de cada una de las coaliciones. Allí, los 17 precandidatos que integran las listas del Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia serán sumados. Entre todos ellos, uno –Gustavo Petro– desde hace meses se da como candidato elegido para liderar la campaña de la coalición que integra.

Se vive esta campaña en medio de un ambiente continental de giro político hacia el progresismo –¿recargado o como débil remedo?–, y en ese clima, pese a no ser candidato oficial de su coalición, tanto por su liderazgo como por estar en campaña desde meses atrás, el país político respira y exhala el ascenso “imparable” de Gustavo Petro, cabeza de uno de los progresismos en escena (1). En las reiteradas encuestas, en las que se consulta sobre él y otros candidatos que aún no descuellan como los más opcionados para barrer en sus agrupamientos, los datos arrojados por las mismas refuerzan una y otra vez el favoritismo del hoy senador por la Colombia Humana para habitar la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto.

El efecto de los sondeos no pasa en vano para sus opositores, y ganan eco amenazas ya conocidas, como aquella que afirma mañosamente que, de llegar “el populismo a la presidencia, seremos como Venezuela”. Amenazas y manipulaciones mediáticas siempre idénticas también circularon en Chile y Perú para atemorizar al electorado. Los temores que alcanzan a despertar con este juego del coco no pasan en vano y ya se habla de fuga de capitales, también de la caída de la Bolsa de Valores, del alejamiento de la inversión de capital extranjero. En una palabra, se anuncia la debacle económica del país.


¿Temores ciertos o infundados? Al revisar el actuar de los llamados gobiernos progresistas en la región, la conclusión es que los temores son infundados, y las amenazas no corresponden al riesgo que corre la inversión privada sino, más bien, a la manipulación mediática, a la creación de un clima artificioso para inclinar a la opinión pública hacia el ángulo que les interesa. Es necesario mirar a Perú, donde el presidente Castillo no se cansa de aclarar el respeto a la propiedad privada, además de la indispensable alianza con el capital privado. En Chile, el recién elegido presidente Gabriel Boric nombra como ministro de Hacienda a quien hasta el 17 de enero de este año fue presidente del Banco Central en el gobierno aún en funciones de Piñera, y quien figuraba como “[…] el preferido para los mercados” para este cargo (2).


Las experiencias vividas en la región en este campo, por ejemplo en Brasil con Lula en sus dos gobiernos, indican que el giro que da el progresismo a la forma de gobierno se puede medir a partir del incremento de la inversión social, el fortalecimiento de subsidios para mayores porcentajes de excluidos, a la par de un mayor protagonismo del Estado, poniendo bajo cintura a empresas dedicadas a los servicios públicos y otras áreas estratégicas, pero no mucho más. Y eso en períodos de bonanza económica, con exportaciones en creciente, con flujo de divisas. Escenario que no es el actual.


Ese temor al progresismo es un juego mediático que, para el caso colombiano, oculta las restricciones de tipo económico que encontrará quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto. Con una posibilidad de divisas anclada excesivamente en el petróleo y el carbón; con más importaciones que exportaciones –y por tanto con una balanza de pagos desfavorable–; con una inflación de tendencia ascendente y difícil de controlar, ya que parte de la misma resulta del precio de los alimentos importados y la devaluación del peso, que es parte de los dogmas que delinean la dominante política estructural desde años atrás; en un país cada vez más endeudado tanto en lo público como en lo privado, y, para cerrar este “círculo virtuoso”, con porcentajes cada vez mayores de la sociedad empobrecidos, así como una desigualdad que polariza el tejido social y da forma, con ello, a un país de extremos.


La dura realidad. Con la “olla raspada”, quien asuma el gobierno el séptimo día del octavo mes de 2022 deberá liderar, entonces, reformas estructurales que permitan el flujo de ingresos para poder afrontar crecientes compromisos de deuda pública por vencer, como contar con el suficiente ahorro en caja para hacer realidad una mayor inversión social. Y no mucho más.


Y la “olla raspada” es una clara advertencia de crisis económica a la vista, la cual limitará el actuar del funcionario y su equipo de gobierno, sin margen de maniobra, actuando desde sus primeros días como bombero de incendios que se pueden tornar “incontrolables”. Si logra apagarlos, lo que implica menor o reducida inversión social, será elogiado por los gremios económicos; de lo contrario, será blanco de una abundante carga de críticas y señalamientos para mostrarlo como inútil, “espejo de Venezuela”.


Paradoja. Con reducida inversión social, las expectativas por las cuales puede ser elegido caen al piso y con ella se abre el espacio para que la desilusión se torne en amplia protesta social, la que también retomará como exigencia los incumplidos compromisos firmados por anteriores gobiernos.


Pero de actuar efectivamente con las reformas estructurales en pro de fortalecer la estructura económica del país, deberá pisar callos, despertar dolores en los bolsillos de los privilegiados de siempre, reorientar diversas políticas económicas que ahora son de Estado, y por ello dejar a un lado la dependencia que mantienen las divisas nacionales respecto del petróleo y el carbón; renegociar o negar tratados de ‘libre comercio’ que han llevado al país a importar más y exportar menos; realizar una real, integral y modernizante reforma agraria que permita en el mediano plazo ser autosuficientes en variedad de productos que hoy se importan, además de controlar por esa vía el alza de los precios de los alimentos, ampliando al mismo tiempo el mercado interno, atacando a la par los factores que les inyectan carburante al narcotráfico y al sempiterno conflicto armado. Una sola de estas medidas ya es suficiente para desatar una escalada opositora de incalculable impacto.


Pero le tocará reformar mucho más. Deberá apretar a los ricos, y a los ricos entre ellos, elevando las tasas impositivas, realizando la máxima de “quien tiene más paga más” por medio de una reforma tributaria estructural y progresiva, y frenando la evasión y el blanqueo de capitales. Al actuar así, todos los cacaos, junto con los señores del campo y de la guerra, más otros, estarán unidos en la conspiración, acción que en Colombia no llega hasta las simples palabras. La inestabilidad será entonces la marca del gobierno por venir. En paralelo, con un propósito de justicia y vida digna, cerrarle la puerta a la quiebra de los salarios, y potenciar la creación de muchos miles de nuevos puestos de trabajo, como efectivo dique para contener el ascenso del empobrecimiento.


Son realidades, dilemas y retos agravados en lo económico por los anuncios que llegan desde Washington, en el sentido de elevar las tasas de interés, lo que derivaría en que los capitales llegados al país, en procura de ganancias rápidas, partan hacia donde les ofrezcan más; pero también por la reducción del mercado mundial en el que, a menos que se repita el ciclo de alzas de los precios de las materias primas, acompañado de un boom de importaciones (¿China?), hace imposible un modelo exportador, obligando a recurrir a modelos de ‘desconexión’ que lo enfrentarían con otros grupos también poderosos pero, sobre todo con la franja de la tecnocracia.


Esta es la misma disyuntiva –¿tragedia?– vivida sin diferenciación alguna a lo largo de la región por parte de gobiernos que han querido darle un rostro más humano al capitalismo, pero sin romper ni en lo más tímido con el sistema. No tienen economía, ya no hay boom de materias primas para darle piso al reformismo progresista que amplía el mercado nacional, potencia la capacidad de consumo de millones de familias excluidas de esa posibilidad por décadas y con la demanda multiplicada le exigen mayor producción a la industria criolla. Para el caso nacional, en tanto que cada vez es mayor la cantidad de alimentos básicos que se importan (alrededor de 15 millones de toneladas por año), así como de insumos de diverso tipo, la exigencia recaerá en la industria agrícola y fabril de otros países, sin duda Estados Unidos y China.


Queda una carta: los movimientos sociales. Es necesario estimularlos, apoyarlos, para que inunden calles demandando un cambio verdadero, y que con el eco de sus exigencias lo lleven en hombros a realizar lo prometido. Pero en este caso se corre el riesgo de que el diablo se escape de la botella. ¿Se correrá ese riesgo?


¿Qué temen entonces los propietarios del capital? ¿Por qué tanto ánimo de algunos sectores sociales de llegar al gobierno y administrar las ruinas dejadas por los malos gobiernos que les antecedieron? ¿Por qué quienes priorizan la opción electoral no optan, en los días que vivimos, más bien por potenciar el fortalecimiento de los movimientos sociales a partir del desarrollo de infinidad de iniciativas autogestionarias que los lleven a tejer mayores y más fuertes lazos de economía propia, de solución a las angustias cotidianas de millones de excluidos, de coordinación de saberes y experiencias? Así se crearían condiciones para que emplacen a los gobiernos tradicionales, forzándolos al giro en sus tradicionales políticas por medio de las cuales siempre favorecen a los mismos, gobiernos de ricos para ricos, y, si no obran en consecuencia con estas demandas, estos actores con capacidad de resolver lo propio no escatimen en los niveles de la protesta, llevándola incluso a obligar a los gobernantes a su renuncia.


¿Por qué quienes priorizan la vía electoral, revisando el pasado inmediato del alzamiento social conocido como 28A y las aspiraciones allí enarboladas, no potencian la autonomía y el ahondamiento del tejido social, estimulando líneas transversales de acción aupadas en políticas medioambientales, de educación superior y universitaria universal, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, creación de empleo, quiebre de la informalidad, salarios fijos...?
¿De dónde vendrá el cambio para un país con mayor justicia y menos desigualdad social? Tal vez a esto sí le teman los cacaos. Lo otro, según lo indican otros gobiernos en la región, es parte del libreto para ambientar la inestabilidad del gobierno en funciones que no se enfoque en privilegiarlos.

 

Libro relacionado:

 

1. Aunque no son reconocidos así desde una lectura tradicional de izquierda, es claro que, por lo menos Jorge Robledo y Carlos Amaya, cargan historias que los enmarcan en esa línea social y permiten presentar la hipótesis de dos progresismos en disputa.
2. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220121-boric-nombra-al-expresidente-del-banco-central-mario-marcel-como-futuro-ministro-de-hacienda-en-chile.

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=180&search=suscrip

Domingo, 13 Febrero 2022 06:00

El séptimo día del octavo mes del 2022

Fabiana Peña, Color de ciudad (Cortesía de la autora)

Colombia, primer semestre de 2022: tres jornadas electorales a la vista, dos seguras (Congreso 13 de marzo, Presidente 29 de mayo), y una probable (Presidente, segunda vuelta, junio 19).

Tres coaliciones en disputa, (re)confirmación de la crisis que arrastran los partidos desde hace décadas, como de la política tradicional, pero también radiografía del atomizado país que vivimos. Tres coaliciones, tres países resumidos en clases y sectores suyos, visiones y dispares prioridades económicas y sociales. ¿Recogerán estas coaliciones a todo el país o persiste uno, cuarto, por fuera de ellas, aquel que se abstiene, que no responde a los llamados de la democracia formal, que no se siente representado por los mismos de siempre, pero tampoco por los que se consideran por fuera y en contra del establecimiento?

Una disputa aún en pañales, y que tendrá claridad sobre su real potencial el 13 de marzo al escrutarse el voto por el Congreso, y el emitido en las consultas internas de cada una de las coaliciones. Allí, los 17 precandidatos que integran las listas del Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia serán sumados. Entre todos ellos, uno –Gustavo Petro– desde hace meses se da como candidato elegido para liderar la campaña de la coalición que integra.

Se vive esta campaña en medio de un ambiente continental de giro político hacia el progresismo –¿recargado o como débil remedo?–, y en ese clima, pese a no ser candidato oficial de su coalición, tanto por su liderazgo como por estar en campaña desde meses atrás, el país político respira y exhala el ascenso “imparable” de Gustavo Petro, cabeza de uno de los progresismos en escena (1). En las reiteradas encuestas, en las que se consulta sobre él y otros candidatos que aún no descuellan como los más opcionados para barrer en sus agrupamientos, los datos arrojados por las mismas refuerzan una y otra vez el favoritismo del hoy senador por la Colombia Humana para habitar la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto.

El efecto de los sondeos no pasa en vano para sus opositores, y ganan eco amenazas ya conocidas, como aquella que afirma mañosamente que, de llegar “el populismo a la presidencia, seremos como Venezuela”. Amenazas y manipulaciones mediáticas siempre idénticas también circularon en Chile y Perú para atemorizar al electorado. Los temores que alcanzan a despertar con este juego del coco no pasan en vano y ya se habla de fuga de capitales, también de la caída de la Bolsa de Valores, del alejamiento de la inversión de capital extranjero. En una palabra, se anuncia la debacle económica del país.


¿Temores ciertos o infundados? Al revisar el actuar de los llamados gobiernos progresistas en la región, la conclusión es que los temores son infundados, y las amenazas no corresponden al riesgo que corre la inversión privada sino, más bien, a la manipulación mediática, a la creación de un clima artificioso para inclinar a la opinión pública hacia el ángulo que les interesa. Es necesario mirar a Perú, donde el presidente Castillo no se cansa de aclarar el respeto a la propiedad privada, además de la indispensable alianza con el capital privado. En Chile, el recién elegido presidente Gabriel Boric nombra como ministro de Hacienda a quien hasta el 17 de enero de este año fue presidente del Banco Central en el gobierno aún en funciones de Piñera, y quien figuraba como “[…] el preferido para los mercados” para este cargo (2).


Las experiencias vividas en la región en este campo, por ejemplo en Brasil con Lula en sus dos gobiernos, indican que el giro que da el progresismo a la forma de gobierno se puede medir a partir del incremento de la inversión social, el fortalecimiento de subsidios para mayores porcentajes de excluidos, a la par de un mayor protagonismo del Estado, poniendo bajo cintura a empresas dedicadas a los servicios públicos y otras áreas estratégicas, pero no mucho más. Y eso en períodos de bonanza económica, con exportaciones en creciente, con flujo de divisas. Escenario que no es el actual.


Ese temor al progresismo es un juego mediático que, para el caso colombiano, oculta las restricciones de tipo económico que encontrará quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto. Con una posibilidad de divisas anclada excesivamente en el petróleo y el carbón; con más importaciones que exportaciones –y por tanto con una balanza de pagos desfavorable–; con una inflación de tendencia ascendente y difícil de controlar, ya que parte de la misma resulta del precio de los alimentos importados y la devaluación del peso, que es parte de los dogmas que delinean la dominante política estructural desde años atrás; en un país cada vez más endeudado tanto en lo público como en lo privado, y, para cerrar este “círculo virtuoso”, con porcentajes cada vez mayores de la sociedad empobrecidos, así como una desigualdad que polariza el tejido social y da forma, con ello, a un país de extremos.


La dura realidad. Con la “olla raspada”, quien asuma el gobierno el séptimo día del octavo mes de 2022 deberá liderar, entonces, reformas estructurales que permitan el flujo de ingresos para poder afrontar crecientes compromisos de deuda pública por vencer, como contar con el suficiente ahorro en caja para hacer realidad una mayor inversión social. Y no mucho más.


Y la “olla raspada” es una clara advertencia de crisis económica a la vista, la cual limitará el actuar del funcionario y su equipo de gobierno, sin margen de maniobra, actuando desde sus primeros días como bombero de incendios que se pueden tornar “incontrolables”. Si logra apagarlos, lo que implica menor o reducida inversión social, será elogiado por los gremios económicos; de lo contrario, será blanco de una abundante carga de críticas y señalamientos para mostrarlo como inútil, “espejo de Venezuela”.


Paradoja. Con reducida inversión social, las expectativas por las cuales puede ser elegido caen al piso y con ella se abre el espacio para que la desilusión se torne en amplia protesta social, la que también retomará como exigencia los incumplidos compromisos firmados por anteriores gobiernos.


Pero de actuar efectivamente con las reformas estructurales en pro de fortalecer la estructura económica del país, deberá pisar callos, despertar dolores en los bolsillos de los privilegiados de siempre, reorientar diversas políticas económicas que ahora son de Estado, y por ello dejar a un lado la dependencia que mantienen las divisas nacionales respecto del petróleo y el carbón; renegociar o negar tratados de ‘libre comercio’ que han llevado al país a importar más y exportar menos; realizar una real, integral y modernizante reforma agraria que permita en el mediano plazo ser autosuficientes en variedad de productos que hoy se importan, además de controlar por esa vía el alza de los precios de los alimentos, ampliando al mismo tiempo el mercado interno, atacando a la par los factores que les inyectan carburante al narcotráfico y al sempiterno conflicto armado. Una sola de estas medidas ya es suficiente para desatar una escalada opositora de incalculable impacto.


Pero le tocará reformar mucho más. Deberá apretar a los ricos, y a los ricos entre ellos, elevando las tasas impositivas, realizando la máxima de “quien tiene más paga más” por medio de una reforma tributaria estructural y progresiva, y frenando la evasión y el blanqueo de capitales. Al actuar así, todos los cacaos, junto con los señores del campo y de la guerra, más otros, estarán unidos en la conspiración, acción que en Colombia no llega hasta las simples palabras. La inestabilidad será entonces la marca del gobierno por venir. En paralelo, con un propósito de justicia y vida digna, cerrarle la puerta a la quiebra de los salarios, y potenciar la creación de muchos miles de nuevos puestos de trabajo, como efectivo dique para contener el ascenso del empobrecimiento.


Son realidades, dilemas y retos agravados en lo económico por los anuncios que llegan desde Washington, en el sentido de elevar las tasas de interés, lo que derivaría en que los capitales llegados al país, en procura de ganancias rápidas, partan hacia donde les ofrezcan más; pero también por la reducción del mercado mundial en el que, a menos que se repita el ciclo de alzas de los precios de las materias primas, acompañado de un boom de importaciones (¿China?), hace imposible un modelo exportador, obligando a recurrir a modelos de ‘desconexión’ que lo enfrentarían con otros grupos también poderosos pero, sobre todo con la franja de la tecnocracia.


Esta es la misma disyuntiva –¿tragedia?– vivida sin diferenciación alguna a lo largo de la región por parte de gobiernos que han querido darle un rostro más humano al capitalismo, pero sin romper ni en lo más tímido con el sistema. No tienen economía, ya no hay boom de materias primas para darle piso al reformismo progresista que amplía el mercado nacional, potencia la capacidad de consumo de millones de familias excluidas de esa posibilidad por décadas y con la demanda multiplicada le exigen mayor producción a la industria criolla. Para el caso nacional, en tanto que cada vez es mayor la cantidad de alimentos básicos que se importan (alrededor de 15 millones de toneladas por año), así como de insumos de diverso tipo, la exigencia recaerá en la industria agrícola y fabril de otros países, sin duda Estados Unidos y China.


Queda una carta: los movimientos sociales. Es necesario estimularlos, apoyarlos, para que inunden calles demandando un cambio verdadero, y que con el eco de sus exigencias lo lleven en hombros a realizar lo prometido. Pero en este caso se corre el riesgo de que el diablo se escape de la botella. ¿Se correrá ese riesgo?


¿Qué temen entonces los propietarios del capital? ¿Por qué tanto ánimo de algunos sectores sociales de llegar al gobierno y administrar las ruinas dejadas por los malos gobiernos que les antecedieron? ¿Por qué quienes priorizan la opción electoral no optan, en los días que vivimos, más bien por potenciar el fortalecimiento de los movimientos sociales a partir del desarrollo de infinidad de iniciativas autogestionarias que los lleven a tejer mayores y más fuertes lazos de economía propia, de solución a las angustias cotidianas de millones de excluidos, de coordinación de saberes y experiencias? Así se crearían condiciones para que emplacen a los gobiernos tradicionales, forzándolos al giro en sus tradicionales políticas por medio de las cuales siempre favorecen a los mismos, gobiernos de ricos para ricos, y, si no obran en consecuencia con estas demandas, estos actores con capacidad de resolver lo propio no escatimen en los niveles de la protesta, llevándola incluso a obligar a los gobernantes a su renuncia.


¿Por qué quienes priorizan la vía electoral, revisando el pasado inmediato del alzamiento social conocido como 28A y las aspiraciones allí enarboladas, no potencian la autonomía y el ahondamiento del tejido social, estimulando líneas transversales de acción aupadas en políticas medioambientales, de educación superior y universitaria universal, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, creación de empleo, quiebre de la informalidad, salarios fijos...?
¿De dónde vendrá el cambio para un país con mayor justicia y menos desigualdad social? Tal vez a esto sí le teman los cacaos. Lo otro, según lo indican otros gobiernos en la región, es parte del libreto para ambientar la inestabilidad del gobierno en funciones que no se enfoque en privilegiarlos.

 

1. Aunque no son reconocidos así desde una lectura tradicional de izquierda, es claro que, por lo menos Jorge Robledo y Carlos Amaya, cargan historias que los enmarcan en esa línea social y permiten presentar la hipótesis de dos progresismos en disputa.
2. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220121-boric-nombra-al-expresidente-del-banco-central-mario-marcel-como-futuro-ministro-de-hacienda-en-chile.

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=180&search=suscrip

Publicado enColombia
Página 1 de 20