Tras 12 días de paro el Gobierno mantiene su libreto: represión indiscriminada

24 de junio. Al norte en la carretera a la costa, Calacali-La independencia, sector La Armenia, a 80 km de la capital uno de las accesos principales a Quito. Llevamos 10 días en esta arteria principal. Tras una noche de fuerte represión hemos sido capaces de cerrar y sostener el cierre de esta vía.

En otros puntos de acceso a la ciudad la pelea es muy fuerte, con compañeros asesinados, ¡en la misma ciudad! El discurso del gobierno y sus fuerzas represivas habla de narcos, delincuencia organizada y subversivos atentando contra la propiedad privada. También insiste en que son los indios quiénes no quieren conversar y quiénes generan desmanes y vandalismo, con esto pretende generar una respuesta racista de parte de la población quiteña.

Hasta donde logramos saber, esta respuesta empieza a darse, aunque su tamaño es reducido.

En Quito hay gran movilización de sectores populares, estudiantiles y también de población indígena residente en la ciudad. De igual forma y desde hace varios días en número creciente la población que venimos de zonas rurales hemos entrado a la capital.

Las fuerzas represivas dicen irán aplicando el uso progresivo de la fuerza y amenazan con ser aún ¡más violentos!

Ayer la policía arremete contra todxs nosotras, y nos expulsa de toda la zona que rodea la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura y el parque del Arbolito. Nos amedrenta a muchas cuadras de ahí a quienes evidentemente estamos en el paro. El ejército tiene control sobre puntos simbólicos y tácticamente importantes, rodea las vías de acceso al centro y en particular al Palacio de Gobierno, a más de un kilómetro de distancia. Ciertas universidades que han servido de refugio para nuestros procesos, reciben amenazas constantes y gases lacrimógenos.

Por nuestra parte, hemos logrado cerrar las arterias principales que dan acceso a Quito y buena parte de las provincias vecinas se encuentran bloqueadas. Por las principales vías principales resalta el poco flujo de vehículos y muchos barrios de la ciudad, en particular los populares, como siempre, están apoyando y participando del paro.

Desde los sectores populares, a diferencia del 2019, hay una mucho mayor organización, de hecho en el 2019 esta surgió en el andar. La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas) ha marcado en esta ocasión claramente su liderazgo y logra articular las exigencias de gran parte de los sectores organizados del país. Adicional a esto, la población no organizada que se moviliza también lo hace a partir de sus10 demandas planteadas.

Es necesario seguir organizándonos, aprender más rápido aún a dar respuestas coordinadas a la violencia estatal. Nuestra lucha es pacifica y defensiva.

No aparece en el escenario un momento de posible negociación, la violencia estatal así como su negativa a cualquiera de las demandas del movimiento indígena, por un lado, y la fortaleza, tanto en número y combatividad, como en la profundidad de las demandas que muestra el proceso, por el otro, hacen que posiblemente este llegue a ser un proceso más largo que el del 2019 (el levantamiento indígena, campesino y popular del 2019 tuvo una duración de 11 días)

Día a día sentimos el peso de la represión policial y militar, hay cansancio entre nosotrxs y sin embargo, frente al cansancio, al miedo, a la impotencia que a ratos sentimos, sabemos que somos más, sabemos que nuestras demandas son justas y sabemos que ellos , los grandes empresarios, las grandes empresas mineras, el presidente, y el resto de su gobierno no podrán con ¡nosotrxs!

A LA FUERZA ORGANIZATIVA MILITAR QUE EL GOBIERNO NOS IMPONE, LE OPONEMOS ¡NUESTRA FUERZA ORGANIZATIVA POPULAR!

 


 

Nuestro horizonte

 

Vivimos uno de esos momentos de cambios profundos y acelerados, en donde “el conflicto, la crisis, el desequilibrio social, los cambios estructurales, el ritmo social de la historia”* producen una nueva realidad.

Desde abajo y a la izquierda habemos un mundo de personas, campesinas, indígenas, estudiantes, mujeres y hombres, urbanas y rurales de sectores populares en lucha, en diversos frentes, en múltiples tareas.

Es innegable que la violencia estatal nos asusta, pero más fuerte es nuestra indignación, nuestra rabia y nuestra determinación. No permitiremos que nos mientan!! La muerte cruzada es buena, la queremos!! Y también las 10 demandas!!

De nada nos sirve cambiar de presidente, de nada nos sirve que otro, igualito o peor que el actual, asuma la presidencia del país. No exigimos ni pretendemos, por ahora, cambios estructurales, no decimos que deba, ahora, acabarse el capitalismo, aunque lo creemos y es nuestro horizonte!! Por ahora, son sólo las 10 demandas colectivas y, por nuestra indignación ante tanta violencia y muerte, la salida del presidente y de la asamblea nacional que ha demostrado, durante este año de gobierno, su incapacidad de legislar para el pueblo!

“No los queremos tranquilos en sus casas, los queremos ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio”

NUESTRAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS ¡NO SON NEGOCIABLES! CÁRCEL PARA LOS QUE DIERON LA ORDEN DE DISPARAR Y ASESINARON A NUESTROS COMPAÑEROS!!

 

*Damián Pachón, Estudio introductorio, "Orlando Fals Borda. Socialismo raizal y ordenamiento territorial"

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Occidente se beneficia de protestas en Irán, acusa el líder supremo Alí Jamenei

Se busca "enfrentar al pueblo contra la república islámica", señala el ayatola

 

Teherán. El guía supremo iraní Alí Jamenei acusó ayer al "enemigo", en especial Estados Unidos, de explotar en su beneficio las manifestaciones contra las autoridades de la república islámica de las últimas semanas, en que miles de iraníes han protestado contra la carestía y la corrupción.

"Hoy, el enemigo se aprovecha mucho de las protestas populares para golpear al sistema islámico", declaró Jamenei en un discurso televisado con motivo del aniversario luctuoso del fundador de la República islámica, el ayatola Jomeini, fallecido en 1989.

Esta declaración se produce tras una ola de manifestaciones contra el alza de los precios de productos básicos, un movimiento de protesta avivado tras el derrumbe, el pasado 23 de mayo, de un edificio en Abadán, en la provincia de Jozestán, que dejó al menos 37 muertos, en un contexto de acusaciones de incompetencia y corrupción.

El enemigo "espera enfrentar al pueblo contra la república islámica mediante un trabajo sicológico, actividades en Internet, dinero y la movilización de mercenarios", aseguró Jamenei, quien agregó: "Los estadunidenses y los occidentales han cometido errores de cálculo en el pasado (...). Hoy también se equivocan creyendo poder oponer a la nación iraní y a la república islámica".

Jamenei reiteró su llamado a "castigar" a los responsables del derrumbe del edificio.

El líder, por otra parte, admitió que su gobierno decomisó el petróleo de dos tanqueros griegos que capturó la semana pasada en el golfo Pérsico, en represalia por el papel de Atenas en la confiscación, por parte de Estados Unidos, del crudo de un tanquero iraní esta semana.

"Ellos se roban petróleo iraní frente a la costa griega. Entonces nuestros hombres valientes, que no temen a la muerte, responden y toman el petrolero del enemigo. Pero ellos usan su imperio de los medios y amplia propaganda para acusar a Irán de piratería", afirmó Jamenei.

"¿Quién es el pirata? Ustedes se robaron nuestro petróleo, nosotros lo recuperamos de ustedes. Recuperar propiedad robada no es robar", añadió.

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Las izquierdas progresistas ante la Revolución cubana. Reflexiones sobre las alternativas emancipatorias en América Latina

El triunfo de la Revolución cubana marcó el final de la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo régimen suspendió las garantías constitucionales desde su llegada al poder en 1952. Este hecho significó un bandazo contra la democracia republicana que había manifestado mayores garantías de participación con la Constitución de 1940. Sin embargo, sus postulados quedaron sepultados ante los anhelos autoritarios del general, autoconsiderado legítimo representante de los sectores populares de la Isla.

En realidad, se trataba de un actor representativo de la oligarquía cubana, la misma que controlaba los hilos del poder económico y visibilizaba como un peligro a sus intereses acumulativos, la propuesta que sectores medios con anhelos de reforma en el sistema sociopolítico pretendía impulsar con su amplio favoritismo electoral.

El ascenso del gobierno revolucionario el 1ro. de enero de 1959 con el derrocamiento de Batista, provocó la apertura de un paradigma de liberación en los países del subcontinente. La autoridad de Fidel Castro como líder del proceso triunfante, se convirtió en un referente para otros pueblos del hemisferio que contemplaban en el joven guerrillero, un ejemplo de consagración para enfrentar a las elites antipopulares, racistas y clasistas, mediante la toma del poder a través de la lucha armada.

En numerosos movimientos de la región, el 26 de julio pasaría a celebrarse como una fecha reivindicatoria de la justicia. De igual forma, la porción antillana se convirtió en importante espacio de confluencia cultural entre la vanguardia artística e intelectual. Esta realidad adquirió una dimensión relevante para los sectores oprimidos, debido al protagonismo de los subalternos en gran parte de las tareas acometidas.[1]

La voluntad de impulsar un proyecto nacional que rompiera con los resortes de la dependencia, tal como tipificaba la crisis estructural del sistema republicano en la Isla, demandaba la implementación de medidas que afectaban los intereses del capital foráneo, incluyendo una composición trascendente de los negocios estadunidenses.

En esa dirección, se llevaron a cabo un número importante de legislaciones como la ley de reforma agraria, la ley de reforma urbana, la nacionalización de las industrias, entre otras. Esta realidad condujo al antagonismo con los Estados Unidos y provocó el desenlace de acciones hostiles por parte de la potencia imperialista, en función de desmantelar la estructura del nuevo régimen instaurado.

No obstante, el gobierno revolucionario pretendía lograr un desarrollo autóctono que concretara las necesidades de satisfacción material del pueblo cubano. A pesar de esos intentos que se manifestaron en sucesivos proyectos de experimentación y espontaneidad disfuncional, durante el período 1960-1970 fracasaron todos los esfuerzos por establecer la plena autonomía económica del país.

Esta incapacidad se expresó en las políticas de «gasto alegre», el voluntarismo ineficiente, el excesivo burocratismo, el verticalismo centralizado, el despliegue de métodos militaristas de ordeno-mando, la falta de participación de los obreros en la planificación económica, el acometimiento de megaproyectos carentes de objetividad, entre otras causas.

Tales fracasos condujeron al país a un aumento de la dependencia hacia la Unión Soviética en un escenario de «Guerra Fría», caracterizado por la acentuada hostilidad entre las dos superpotencias mundiales que dividió al planeta en dos grandes bloques.

En ese contexto, Cuba quedaría plenamente integrada al bando oriental con su entrada al CAME en 1972, luego de revelada su incompetencia en articular estrategias de sustentabilidad.[2]

Durante los primeros años, el ámbito interno no estuvo exento de contradicciones como resultado de políticas que condujeron al quiebre de gran parte de las izquierdas con el proceso revolucionario, como fue el polémico Caso Padilla.

Este suceso, que estuvo marcado por la represión contra el conocido poeta por parte de los órganos de la Seguridad del Estado, desató una enconada polémica internacional que condujo al pronunciamiento de numerosos intelectuales, que desde ese momento dejaron de manifestarle su apoyo a la Revolución. Entre ellos se encontraba Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Mario Vargas Llosa.

En el decursar estalinista del modelo, destaca la implementación de las denominadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) hacia las que fueron enviadas miles de personas por su orientación sexual, pensamiento político o creencia religiosa. Estas políticas acometidas por la dirección del país se encontraban en consonancia con los preceptos de un modelo lineal, monolítico y excluyente que caracterizó el discurso oficial, centrado en promover un esquema de comportamiento acorde a los preceptos del «hombre nuevo».[3] Sin embargo, en la tipificación de ese molde ciudadano, fueron impuestos parámetros disciplinarios asentados en el imaginario social, según los intereses de la clase política gobernante.

La década de los setenta se caracterizó también por el predominio de la censura contra diversos exponentes de las manifestaciones artísticas,[4] resultado de la sovietización del entorno cubano. Las contradicciones de esta etapa reconocida como «quinquenio gris», devino en la aplicación de prácticas utilitarias a los designios del poder, lo que generó expresiones lamentables para el campo de la cultura que han sido documentadas por autores como Jorge Fornet,[5] Guillermo Rodríguez Rivera,[6] Alberto Abreu Arcia,[7] Ambrosio Fornet,[8] entre otros. Este accionar estuvo encabezado por funcionarios a los que se les otorgó convenientes cuotas de poder en el ejercicio de sus cargos, para la implementación de un proceder represivo respaldado por los dispositivos de control ciudadanos.

No obstante, el proceso continuó gozando de fuerte popularidad en el escenario internacional debido a su voluntad de contribuir en la liberación de los territorios africanos. De esta forma, quedaba manifiesta la voluntad del liderazgo político en llevar adelante toda una hazaña global por la emancipación de los pueblos del Tercer Mundo. Sin embargo, paradójico a tales propósitos acorde a los preceptos del internacionalismo, el resultado de sus esfuerzos se limitó a la expulsión de las autoridades coloniales en los territorios en los que intervinieron las tropas cubano-soviéticas. Esta realidad, provocó que una vez librados de la presencia colonial extranjera, se instauraran en esos países, regímenes alejados de toda praxis socialista y se procediera a la investidura de gobiernos representativos de burguesías nacionales, que sometieron a sus pobladores a nuevas formas de explotación. A su vez, potenciaron las condiciones estructurales del subdesarrollo, dando paso al establecimiento de modelos neocoloniales en sus relaciones de intercambio con las naciones industrializadas.

De esta forma, el proceso intervencionista en África, afrontó la dicotomía de una liberación restringida, debido al devenir que asumieron sus estados en complicidad con las elites locales que cedieron a los intereses del capital trasnacional.

El punto de inflexión ante la crisis permanente del modelo económico en Cuba

La crisis del período especial con la caída del «campo socialista», marcó una ruptura en las políticas conceptuales que asumió la dirección del país. Ante la inminente caída del «comunismo» en los países de Europa del Este y la URSS como alternativa a los designios del sistema/mundo capitalista, Cuba entró en su peor crisis económica sin que ello implicase la sumersión en un período de ingobernabilidad. La autoridad de Fidel Castro sumado a los amplios niveles de consenso carismático y legitimidad, permitió la continuidad del modelo con profundas transformaciones en su funcionamiento sistémico. Esos cambios se reflejaron en la cesión de mayores oportunidades al capital extranjero, la despenalización del dólar como moneda de circulación, la privatización de diversas actividades económicas, la impulsión con mayores estímulos al sector cooperativo con profundas trabas burocráticas para su desempeño, entre otras realidades.

Tales cambios indicaron el tránsito hacia un sistema más abierto en sus relaciones externas, aunque siguió rigiendo el modelo de partido único, la unidad de poderes, la escasa actividad del parlamento, el sostenimiento de la figura presidencial como autoridad indiscutible, entre otras características que evidenciaron la tenue alterabilidad del orden democrático.

Una parte importante de los movimientos progresistas comenzaron a identificar las transformaciones realizadas como el inicio de una restauración capitalista. Sin embargo, algunos economistas marxistas la definen como una etapa en la que se produce el ascenso de un sistema neocapitalista de estado.[9]

Esta realidad condujo a que algunos movimientos socialistas identificaran al estado cubano como un régimen capitalista autoritario,[10] incapaz de ofrecer garantías para la emancipación del trabajo, la libertad de expresión y otras formas divergentes de pensamiento político. En este periodo, el liderazgo estableció serias alteraciones en su proyección discursiva, identificada con el abandono del lenguaje categorial del marxismo, cediendo a la articulación de un enunciado que encontró nuevos referentes en la historia nacional y el pensamiento latinoamericano.

No obstante, gran parte de los movimientos populares siguieron manifestándole su apoyo a un proceso que identificaban como estandarte de la resistencia imperialista contrahegemónica. Un reflejo de esa realidad se manifestó en el aporte brindado por las brigadas de solidaridad, así como en las labores desarrolladas por los «Pastores por la Paz» en sus intentos por quebrar los efectos del bloqueo económico y enviar insumos solidarios para afligir los pesares del pueblo cubano. Sin embargo, en el plano interno, siguió predominando el monopolio del estado sobre los medios de comunicación, el restringido espacio para la sindicalización autónoma de la clase trabajadora, la proscripción del derecho a huelga, las carencias para la asociación libre, sumado a otras realidades marcadas por el predominio de un régimen que insiste en sostener severas limitaciones para el ejercicio efectivo de los derechos, sin que tales manifestaciones atenten contra el orden sistémico-estructural del modelo imperante.

Durante esta etapa, la movilización popular continuó siendo un referente de aprobación para el sostenimiento del status quo por la clase política en el poder. Las herramientas utilizadas por el aparato discursivo caló en la composición civil con la fuerza persuasiva suficiente para la rearticulación de su mando representativo. El desmantelamiento de toda forma organizacional autónoma estuvo acompañada por la ausencia de un marco regulatorio complementario: elemento ineludible para la concreción de un «estado de derecho», a pesar de los intereses populares de gran parte de la ciudadanía proyectadas en ideas socialistas heterodoxas, voces feministas, antirracistas, anarquistas, republicanas, entre otras que no han tenido espacio de realización en la sociedad, con la excepción de su cauce por los marcos institucionales de la instancia burocrática.

Con el transcurso de los años noventa, la Isla quedó sumergida en la crisis socioeconómica más profunda de su historia. Este escenario provocó una abrupta caída en las importaciones de bienes, falta de combustibles para la producción, la transportación y la generación eléctrica, escasez de medicamentos, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, caída generalizada en las exportaciones, entre otros daños.

Sin embargo, la época finisecular dio apertura a un nuevo ciclo progresista en América Latina, cuyos liderazgos sentían fuerte atracción con el proceso que encabezó una transformación radical en Cuba a mediados del siglo XX. Esos ideales habían servido de bujía inspiradora al resto de los movimientos populares frente al poder de penetración imperialista y la influencia de las elites locales. Semejante contexto robusteció la admiración regional hacia Fidel Castro por los países del sur y fortaleció las condiciones de resistencia del pueblo cubano, favorecidas por el establecimiento de nuevos acuerdos multilaterales que provocaron una mejoría a niveles macroeconómicos.

Los gobiernos posneoliberales como modelos «alternativos» al capitalismo.

El inicio del nuevo milenio abrió nuevas esperanzas para América Latina con el ascenso de gobiernos progresistas debido al fracaso del experimento neoliberal. Este modelo generó durante décadas un aumento en las riquezas del capital bancario, el predominio extractivo de las trasnacionales, el ascenso de la pobreza, la miseria y la desigualdad en las masas.

Dicha propuesta sistémica reactivó la movilización popular, que en algunos casos culminó en agudas crisis sociales como fueron los estallidos ocurridos durante los gobiernos neoliberales de Jamil Mahuad en Ecuador (2000) y bajo la presidencia de Fernando de la Rúa en Argentina (2001).

De igual forma, sus consecuencias sociales provocaron un renacer de las ideas que parecían inertes en la región, después del colapso ocurrido entre 1989-1991.

Semejante cataclismo acentuó la euforia occidental expresada en un supuesto «fin de la historia», signado por una apología anticientífica del modo de producción capitalista.

La implementación del neoliberalismo desde la década del setenta en América Latina, impulsó enormes focos de resistencia que hallaron su punto clímax en los finales del siglo XX.

El rechazo popular a su implementación motivó el ascenso de gobiernos que promovieron novedosos proyectos conceptualizados en la propuesta de «socialismo del siglo XXI».

Este sistema entendido como alternativa al orden capitalista, se planteó entre sus objetivos el enfrentamiento a las asimetrías históricas mediante la promoción de un régimen enfocado en el bienestar social, la participación ciudadana y la prosperidad material de las mayorías.

La propuesta estuvo acompañada por innovadoras proyecciones discursivas reivindicatorias de la historia, la ancestralidad y las tradiciones culturales, en franca ruptura con la praxis llevada a cabo por las elites de poder, interesadas en la conformación de un estado-nación homogéneo que facilitara sus intereses de dominación.[11]

La estrategia de los gobiernos neopopulistas que entendió la llegada al poder mediante la toma del aparato institucional para la repartición de nuevos bienes, adquirió expresiones de paternalismo y redujo las posibilidades de éxito en lugar de promover la autogestión cooperativa en la producción de las riquezas y la impulsión del trabajo libre asociado como forma plena realización laboral que promoviera nuevos valores sociales «desde abajo».

Asimismo, el estatismo verticalista obstaculizó la participación democrática en los procesos productivos, la sujeción de la maquinaria estatal a la voluntad popular y redujo las posibilidades de potenciar la propiedad comunitaria y las tradiciones autóctonas. De igual forma, estos modelos fueron incapaces de encontrar alternativas al industrialismo desarrollista subordinado a la hegemonía globalizada del capital, de modo que sus propuestas quedaron entrampadas a las cadenas de valor en la división internacional del trabajo.[12]

Estos modelos si bien empoderaron a las clases subalternas mediante la implementación de acciones afirmativas, políticas públicas y recursos dirigidos hacia los grupos en desventaja histórica, también fortalecieron el poderío económico de las clases dominantes, paralelo al mejoramiento económico de los sectores relegados en el consumo social, mediante la profundización del extractivismo y la dependencia al capital foráneo.

Esta situación se vio agravada luego por la caída en los precios de los commodities en el mercado mundial, lo que generó la insostenibilidad de los programas sociales y condujo nuevamente al empobrecimiento de las clases bajas, el aumento de la violencia, el mercado informal, el crimen organizado y la emergencia de ideas reaccionarias.

El discurso reivindicativo de la pluralidad, la interculturalidad, las tradiciones originarias, los valores comunitarios, entre otros preceptos que definieron la oratoria de los gobiernos posneoliberales, condujo al establecimiento de una praxis distanciada a los preceptos emancipatorios de los grupos históricamente relegados por las estructuras de opresión.

De igual modo, han sido omitidos los debates en torno al protagonismo que deberían adoptar las comunidades indígenas y afrodescendientes, tanto en los procesos de participación, como en la transformación que las alternativas de la razón occidental han enclaustrado a estas formas de pensamiento relegadas a la alteridad, como han sido sus aportes científicos y saberes ancestrales.

Las cosmovisiones epistémicas de estas culturas, han quedado subsumidas por las prioridades desarrollistas que las autoridades gubernamentales han acometido. Esto significó un retroceso con las propuestas que se planteó superar el liderazgo progresista, cuyos postulados plasmaron en los textos constitucionales de sus respectivos gobiernos.

En este contexto, el continente se encuentra sumergido en una crisis sistémica y presencia un ascenso del protofascismo como supuesta «alternativa» ante el neopopulismo, la profundización de las condiciones estructurales de subdesarrollo, el desmantelamiento de las tradiciones republicanas democráticas, la degeneración de procesos revolucionarios radicales, el predominio del despotismo presidencial ante la usurpación de las garantías constitucionales, la activación de nuevas prácticas contaminantes sometidas a las lógicas del capital y la pérdida de los valores ciudadanos ante la crisis civilizatoria.

Esta etapa de permanente incertidumbre, se enfrenta además a la carencia de paradigmas ante un inminente repliegue de los movimientos populares, con potencial para desafiar el poderío de las estructuras oligárquicas que apuestan por la privatización de todo objeto o expresión inmaterial cuantificable a los fines de la monetización, optando por las lógicas del libre mercado como elemento central que guíe las pautas de la vida humana, con las respectivas consecuencias que tales patrones han conllevado a los fines de enajenación, explotación e insostenibilidad ecológica. Esta ha sido la agenda fundamental implementada por los gobiernos conservadores –tradicionalmente racistas, machistas y homofóbicos–, que han optado por el desmontaje de los avances logrados en materia social.

Los fundamentos centrales que definen la incertidumbre del actual escenario, requiere un profundo análisis de las políticas implementadas por los modelos progresistas, cuya inviabilidad se manifiesta ante el potente ascenso de las corrientes reaccionarias. Ante esa realidad, expresa el antropólogo venezolano Edgardo Lander:

«Con el fracaso de las experiencias de los llamados gobiernos progresistas en América Latina como alternativas capaces de ir más allá del capitalismo y ofrecer al menos algunas vías o transiciones iniciales para salir de la crisis civilizatoria, nos enfrentanos al final de varios ciclos históricos. No se trata sólo del corto ciclo histórico de los altos precios de los commodities o de los llamados gobiernos progresistas. Es también el final de un ciclo histórico más largo, un ciclo que podía decirse que comenzó con la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Es el ciclo histórico de las luchas anticapitalistas basado en la idea de que a través de la captura o el control del Estado sería posible llevar a cabo un proceso de transformación profunda de la sociedad en su conjunto. Ésta ha sido la creencia compartida de los levantamientos revolucionarios como el asalto al Palacio de Invierno; la socialdemocracia europea; los movimientos de liberación del Tercer Mundo y las luchas guerrilleras; y, una vez más, en los proyectos políticos de los gobiernos progresistas en América del Sur. También estamos al final de la era histórica de la Revolución, de la idea según la cual era posible transformar a la totalidad de la sociedad, en todas sus múltiples esferas, en un breve periodo de tiempo».[13]

De igual forma, como parte de la crisis estructural que afrontaron estos modelos, es necesario destacar que:

«Los proyectos transformadores de una izquierda que ha apostado por un socialismo estadocéntrico y por nociones asociadas a la idea del progreso han fracasado y tienen poco que ofrecer como alternativa al capitalismo y a la civilización en crisis. Como lo ha demostrado la experiencia de los socialismos del siglo pasado, y lo ha confirmado la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina, la izquierda estadocéntrica y desarrollista, lejos de representar alternativas al orden existente, ha pasado a ser parte del problema y, con su relativa hegemonía política y discursiva como alternativa al capitalismo, ha contribuido a negar, a bloquear la emergencia y visibilización de otras alternativas».[14]

A pesar de ese complejo escenario, el impulso en Latinoamérica de una «marea rosa» ante la crisis del neoliberalismo, abrió nuevas puertas para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre países vecinos y se establecieron vínculos político-económicos proyectados hacia la integración regional.

Sin embargo, el predominio nacionalista de gobernantes provenientes de elites burguesas dificultó la materialización de ese propósito, que si bien obtuvo numerosos avances en planos diplomáticos, su concreción económica se vio seriamente obstaculizada.

Las izquierdas ante las protestas sociales del 11J y los desafíos del socialismo democrático en Cuba

El régimen sociopolítico cubano es heredero de un modelo de «corte soviético» que demostró su insostenibilidad durante el período 1989-1991 con el colapso de los regímenes europeos.

Estos sistemas estuvieron caracterizados por el predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción, la centralización burocrática en la administración de la economía, los excesivos gastos en la industria militar, el control monopólico del estado sobre los medios de comunicación, la persistencia de prácticas estalinistas en represión a la labor de los creadores en el ámbito cultural e intelectual, la deslegitimación a toda forma de pensamiento proveniente de la sociedad civil, la concentración del poder en una nomenklatura oligárquica,[15] reproductora de múltiples patrones de opresión como: el patriarcado, el racismo, la homofobia, el antropocentrismo y la explotación económica, al tiempo que demostraron su incapacidad en sostener la prosperidad material de sus pobladores. La persistencia en gran medida de estos aspectos ha tipificado la realidad de Cuba, sin que se visibilicen signos de recuperación económica o transformación política inclusiva.

El estallido del 11J en Cuba se produjo en un contexto de crisis social caracterizada por el predominio en la escasez de bienes, la inflación monetaria, la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza,[16] el hambre, la mendicidad, la desigualdad,[17] la estratificación social, entre otros, como resultado de las inefectivas políticas de la elite en el poder, combinado con un escenario de situación pandémica y sanciones norteamericanas. Ante esos hechos de rebeldía popular, un gran arco de grupos, movimientos, figuras, organizaciones y partidos políticos se pronunciaron sobre los acontecimientos en la Isla.

La narrativa oficial sostuvo la táctica de considerar como ilegítima toda manifestación en el espacio público, aunque fueron muchas las declaraciones que reconocieron el derecho del pueblo cubano a la libre expresión, tal como establecen las garantías que deben regir los marcos de un «estado de derecho» en cualquier orden constitucional del mundo.

Las organizaciones marxistas como la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional (LIT-CI),[18] Marx21,[19] y la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI),[20] manifestaron su apoyo al pueblo en defensa de sus reclamos sociales.

En igual sentido, se pronunció el entonces candidato a la presidencia de Chile Gabriel Boric, al igual que organizaciones pertenecientes a la Internacional Socialista de los Trabajadores, sumado a figuras de reconocida trayectoria anticapitalista.

Las organizaciones anarquistas también se mostraron en defensa de los intereses populares,[21] al tiempo que condenaron la degeneración burocrática del régimen, cuya proyección discursiva sostiene el encantamiento utópico sobre amplios sectores del progresismo internacional.

Ese aluvión de declaraciones denota la fractura del consenso entre los grupos/organizaciones internacionales en torno a un supuesto apoyo monolítico de la izquierda hacia la clase dirigente cubana. Esta noción ha sido alimentada por los posicionamientos que visibilizan a Cuba como paradigma de la igualdad y la justicia social, sostenidos por el ideario emancipatorio y proyección histórica de la revolución triunfante a mediados de la vigésima centuria.

Entre varias de las organizaciones marxistas se han producido discusiones teóricas de notable profundidad en torno a la esencia del modelo existente en el país. Mientras algunos consideran que predomina un régimen capitalista de estado,[22] otros aluden a una abierta restauración capitalista desde el inicio de las reformas aplicadas a partir de la crisis del período especial.[23]

Tampoco han faltado las organizaciones y/o movimientos que sostienen la vigencia del proceso revolucionario mientras se sostenga la hegemonía política del PCC y la clase gobernante que transformó el antiguo modelo republicano con la caída del orden democrático-liberal.[24]

En esta línea se ubica un sector marxista que no aborda en sus valoraciones las severas transformaciones culturales, económicas y estructurales que sacuden al sistema en su devenir histórico.[25] De igual forma, tal emplazamiento silencia las discusiones en el campo académico en torno a la génesis y consumación del proceso de cambio.[26] Ese colofón es proyectado por varios historiadores, economistas y sociólogos en 1976, al ser este el momento en que la estructura pasó a convertirse en Estado que dio paso a la institucionalización de sus prácticas ciudadanas. Tales cambios fortalecieron el carácter burocrático-centralista, el liderazgo personalizado en la figura de Fidel Castro, la unanimidad parlamentaria, la supraconstitucionalidad del Partido y estableció pautas para la homogenización que ha impuesto la clase gobernante en la articulación de su hegemonía.

En línea con los intereses democratizadores que reconoce la trascendencia histórica del proyecto iniciado a mediados del siglo XX, se ubica una declaración redactada por un amplio grupo de personalidades y colectivos de la izquierda internacional. En el manifiesto se convoca a la promoción de una ley de amnistía, como paso necesario para el establecimiento de un «socialismo democrático y de iguales».[27]

En aprobación del documento signaron un gran número de intelectuales, políticos, teóricos y militantes de pensamiento marxista, antirracista, descolonial, subalterno, feminista, anarquista, popular, socialdemócrata, entre otros; pues logró incorporar a figuras de reconocida trayectoria en sus respectivas militancias. Esa iniciativa se produjo en un contexto marcado por la profundización del punitivismo, sistemáticas violaciones a los derechos humanos y una agudización de la crisis que halla su expresión en un refuerzo del autoritarismo ante la incapacidad del Estado en implementar un modelo que ofrezca a la ciudadanía bienestar económico, igualdad y justicia social.

La corriente republicana popular ha reivindicado el pensamiento plural, a la vez que ha insistido en la necesidad de establecer un «estado de derecho»,[28]  como forma de articular amplios consensos en la ciudadanía dirigidos al establecimiento de un modelo democrático marcado por la inclusión social, cuyas propuestas no permanecen ajenas a la tradición del pensamiento socialista. Han sido notorias las polémicas en torno a la posibilidad de emprender nuevas directrices constitucionales que ofrezcan mayores garantías para el ejercicio efectivo de los derechos, sin que las expresiones abiertas de manifestación pública atenten contra el orden sistémico.

Estos posicionamientos resultan contradictorios a las posturas intransigentes adoptadas por figuras de la izquierda latinoamericana como Néstor Kohan,[29] Atilio Borón,[30] Frei Betto, Fernando Buen Abad, entre otros, que adoptan un posicionamiento dogmático ante la crisis social que afecta el país. Estas personalidades asumen como principal responsable de las condiciones de deterioro estructural a los Estados Unidos, debido a las sanciones que integran el bloqueo económico contra Cuba. Sin embargo, dicha perspectiva resulta incapaz de identificar las falencias democráticas del modelo.

De igual forma, reproducen las narrativas de la oficialidad en tanto se pronuncian en favor de la deslegitimación de todo discurso o proyecto que pretenda articular agendas divergentes ante las asimetrías de las instancias gubernamentales, marcadas por un espacio regulatorio severamente riguroso para el ejercicio de los derechos con garantías ciudadanas.

A tono con lo anterior, no resulta paradójico que desde las instancias de poder se promueva la polarización, se atente contra las posibilidades de regulación de los medios independientes, se implementen discursos de odio en los espacios radiotelevisivos, exista un ordenamiento democrático caracterizado por el excesivo verticalismo, la representatividad nominalista a todos los niveles, entre otras manifestaciones que han tipificado las políticas del gobierno.

Este modelo sociopolítico de «corte soviético» que halló su finitud en Europa hacia los finales de la vigésima centuria,[31] no ha estado exento en la reproducción de los recursos enajenantes que tipifican las relaciones sociales de producción capitalistas.[32] Sin embargo, el colapso de su estructura se hizo inminente a pesar de la declarada irreversibilidad en los apartados constitucionales.

En la Isla, persiste un plausible desgaste del orden sistémico, sumado a un acentuado deterioro económico y perjuicio de los indicadores sociales. Mas la decadencia en esos ámbitos, expresada en la emigración masiva de profesionales hacia el exterior, demuestra la multidimensionalidad de la crisis que afronta el país a pesar del discurso triunfalista sostenido por la clase gobernante.

De igual forma, desde ámbitos académicos se ejerce la implementación de un marxismo dogmático funcional al sostenimiento del status quo, heredero de la tradición del pensamiento estalinista que rigió en los países de Europa del Este y la URSS.

Los objetivos de esta política, responden a los fines interpretativos de una concepción teleológica desde edades tempranas en la formación educacional, fortaleciendo así narrativas mitológicas sobre la Revolución, la autoridad paternalista del Estado y el carácter doctrinario que rigen las formas de pensamiento en la nación.

Esta realidad ha estado acompañada por los intentos de instrumentalizar las agendas civiles del activismo LGBTIQ+, institucionalizar los reclamos sociales de la población afrodescendiente, subordinar las demandas de la comunidad ambientalista, suprimir las expresiones del periodismo alternativo mediante la persecución de sus exponentes, entre otras prácticas.

La complejidad del escenario cubano está marcada también por el ascenso de nuevas clases sociales, la profundización de las desigualdades, así como la injustificada realización de millonarias inversiones hoteleras dirigidas al fortalecimiento económico del grupo militar empresarial, en un contexto de profundas restricciones para el consumo, la escasez de alimentos y la desprotección social de amplios sectores de la ciudadanía.

Tales realidades contribuyen a la pérdida de credibilidad del discurso oficial ante la falta de libertades y los elevados niveles de insatisfacción social.

De esta manera, las condiciones de posibilidad para la instauración de un socialismo democrático que recoja las voluntades de satisfacción ciudadanas, son cada vez menores ante la profundización de un régimen capitalista autoritario, solidificado ante la negativa de su dirigencia para el establecimiento de las transformaciones estructurales que requiere la nación, en función de materializar los sueños de justicia e ideales emancipatorios que cautivaron con el triunfo revolucionario del siglo XX a los sectores progresistas más radicales del planeta.

 29/05/2022

[1] Carlos Uxo. Representaciones del personaje del negro en la literatura cubana. Una perspectiva desde los estudios subalternos. Editorial Verbum, Madrid, 2010.

[2] Las expresiones de temor manifestadas por Virgilio Piñeira durante el discurso de Fidel Castro “Palabras a los intelectuales” en 1961, confirmaron el establecimiento de una política cultural excluyente y dogmática que en años posteriores afectaría la integridad de artistas e intelectuales como: José Lezama Lima, Antón Arrufat, Miguel Barnet, Nancy Morejón, Nicolás Guillén Landrián, Cintio Vitier, Walterio Carbonell, Georgina Herrera, José Mario Rodríguez, Eduardo Heras León, Pablo Milanés, Fernando Martínez Heredia, Juan Valdés Paz, entre otros.

[3] Ernesto Che Guevara. El socialismo y el hombre en Cuba. Ediciones Revolución, La Habana, 1965.

[4] Abel Prieto y Jaime Gómez Triana. Selección y prólogo. Fuera (y dentro) del juego. Una relectura del «caso Padilla» cincuenta años después. Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2021.

[5] Jorge Fornet. El 71. Anatomía de una crisis. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2013.

[6] Guillermo Rodríguez Rivera. Decirlo Todo. Políticas culturales (en la Revolución cubana). La Habana, Ediciones Ojalá, 2017, p. 205.

[7] Alberto Abreu Arcia. Los juegos de la escritura o la escritura de la historia. Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2007.

[8] Ambrosio Fornet. «El quinquenio gris: revisitando el término», en Humberto Rodríguez Manso y Alex Pausides (compilación), prólogo de Fernando Rojas. Cuba, cultura y revolución: claves de una identidad. Colección SurEditores. La Habana, 2011.

[9] Roberto Cobas Avivar. «Cuba. No a la transición capitalista constitucional», consultar en https://robertocobasavivar.wordpress.com, publicado el 21 de diciembre de 2018.

[10] Eduardo Almeida. «La polémica con el estalinismo y el 15N», ver en: https://litci.org./es/la-polemica-con-el-estalinismo-sobre-cuba-y-el-15n/, publicado el 1 de noviembre de 2021. Consultado el 27 de abril de 2022.

[11] Ángel Rama. La ciudad letrada, prólogo de Hugo Achúgar, Editorial Arca, Montevideo, 1998.

[12] Alberto Acosta y Ulrich Brand. Salidas al laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo. Quito. Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Regional Andina, Quito, 2017.

[13] Edgardo Lander. Ob. Cit., p. 149.

[14] Ibídem, p. 151.

[15] Tony Cliff. Capitalismo de Estado en la URSS. Marx21 Ediciones, 2020.

[16] Mayra Espina Prieto. Transformaciones recientes de la estructura socioclasista cubana. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana, 1995.

[17] María del Carmen Zabala. Análisis por color de la piel e interseccionalidad. Análisis del contexto cubano 2008-2018. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Centro Félix Varela, 2020.

[18] Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. ¡Todo el apoyo a la lucha del pueblo cubano!, en https://litci.org/es/66419-2/, publicado el 14 de junio de 2021.

[19] Boletín de Marx21, en marx21.net. Cuba: ¡Socialismo y Libertad!, 28 de septiembre de 2021.

[20] Miguel Sorans. «¿Por qué protesta el pueblo cubano?», consultar en https://uit-ci.org/index.php/2021/07/21/por-que-protesta-el-pueblo-cubano, publicado el 22 de julio de 2021.

[21] Declaración anarquista. «Entre oligarquías, algo llamado el pueblo cubano», consultar en https://tierranueva.medium.com, publicado el 24 de septiembre de 2021 por Tierra Nueva. Consultado el 27 de abril de 2022.

[22] David Karvala. «Hacia un análisis marxista de Cuba», consultar en el blog Comunistas, https://www.comunistascuba.org/2020/09/hacia-un-analisis-marxista-de-cuba.htlm?m=1, publicado el 30 de septiembre de 2020. Consultado el 27 de abril de 2022.

[23] Esta concepción es defendida por las organizaciones marxistas de la IV Internacional, puede consultarse en: Eduardo Almeida. «¿A dónde va Cuba?», https://litci.org/es/adonde-va-cuba-2/, publicado el 15 de enero de 2022. Consultado el 27 de abril de 2022.

[24] Esta posición es defendida por las organizaciones estalinistas de los PC´s del mundo y las agrupaciones de la Corriente Marxista Internacional.

[25] En esta línea de pensamiento se ubican las publicaciones de Fernando Martínez Heredia y Juan Valdés Paz. Este último, a pesar de ser partidario de la corriente republicana socialista, sostiene semejante la tesis de la continuidad permanente del proceso revolucionario en su magna obra: La evolución del poder en la Revolución cubana. Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, Ciudad de México, 2018.

[26] «¿Cuándo terminó la Revolución cubana?: Una discusión». Yvon Grenier, Jorge Domínguez, Julio César Guanche, Jennifer Lambe, Carmelo Mesa-Lago, Silvia Pedraza, Rafael Rojas, en Cuban Studies, Número 47, 2019, pp. 143-165. University of Pittsburgh Press.

[27] Declaración de Solidaridad 11J. «Llamado internacional de solidaridad con las y los manifestantes de julio del 2021», en https://solidaridad11j.wordpress.com/, publicado el 11 de abril de 2022.

[28] Harold Bertot. «Algo sobre ‘constitucionalismo republicano’ en Cuba», en Sin Permiso, «Republicanismo y socialismo. Un debate global desde la Cuba de ahora. Dossier», ver htpps://www.sinpermiso.info/textos/republicanismo-y-socialismo-un-debate-global-..., publicado el 27 de diciembre de 2020.

[29] Alina Bárbara López Hernández. «Néstor Kohan y las gafas oscuras de cierta izquierda», en La Joven Cuba, ver https://www.jovencuba.com/kohan-izquireda, publicado el 25 de noviembre de 2021.

[30] Andrés Kogan Valderrama. «Atilio Borón y su defensa de las izquierdas autoritarias», en La Joven Cuba, ver en https://www.jovencuba.com/atilio-boron-izquierdas-autoritarias, publicado el 9 de febrero de 2022.

[31] Michael Lebowitz. Las contradicciones del socialismo real. Los dirigentes y los dirigidos. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2017.

[32] Miguel Alejandro Hayes. «La enajenación en el socialismo», en La Trinchera, ver https://www.trincheracuba.com/enajenacion-socialismo/, publicado el 18 de diciembre de 2018.

Alexander Hall Lujardo

La Habana, 1998. Estudiante de Historia. Activista afrodescendiente que investiga sobre temáticas relacionadas con pobreza, racismo y desigualdad. Milita por un socialismo democrático en Cuba.

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Viernes, 22 Abril 2022 06:02

La economía política de la revuelta

La economía política de la revuelta

Oaxaca 2006, Quito 2019, Cali 2021. Son apenas algunas de las ciudades latinoamericanas que protagonizaron revueltas que duraron semanas y hasta meses. Cuando la rebelión supera los tiempos breves de la insurrección y se instala aferrándose a espacios que las insurgencias convierten en territorios de la liberación, apremian las preguntas.

¿Cómo se sostienen los rebeldes, que por momentos suman porciones importantes de la población? ¿Qué hacen para reproducir su vida material, desde la alimentación hasta la salud, cuando la vida económica ha sido paralizada?

En recientes estancias en Cali y Bogotá pude conocer en detalle cómo se organizaba la vida cotidiana durante la revuelta, un periodo que abarcó entre 60 y 90 días según las ciudades. Las personas no acudían a sus empleos o no podían trabajar en la economía informal porque no funcionaban el transporte y el comercio.

La actividad para asegurar la sobrevivencia se había volcado hacia la protesta, sobre todo en los barrios populares. No se abandonaron los intercambios ni la actividad productiva, se redireccionaron para alimentar la revuelta. La economía formal capitalista, tanto la que paga salario como la llamada "informal", quedó desarticulada y sus energías se volcaron hacia la resistencia al despojo.

Esas energías hicieron posible que miles de personas vivieran solidariamente durante semanas y que cubrieran sus necesidades, materiales y espirituales, viviendo en común. Los 28 puntos de resistencia que funcionaron en Cali aseguraron la alimentación, la salud, el cuidado, la cultura y el ocio deportivo.

Se instalaron cientos de ollas comunitarias con alimentos donados por las familias y los pequeños comercios, en las cuales muchos jóvenes obtuvieron tres comidas diarias, algo imposible en la pobreza urbana. Las cinco líneas de defensa, o también primeras líneas, se dividían el trabajo: la más frontal ponía límites con escudos a los escuadrones antidisturbios y la segunda apoyaba a la primera.

Las siguientes líneas cuidaban heridos y en algunos puntos crearon espacios para los primeros auxilios. La última la formaban amas de casa que sacaban agua con bicarbonato para que sus hijos e hijas soporten los gases. Hubo tiempos y espacios para hacer deporte, para exhibir arte y música, para pintar murales y hacer teatro en la calle.

Encuentro cuatro aspectos centrales que hicieron posible la continuidad de la vida durante la revuelta, que conforman una "economía política de la revuelta" o de la resistencia. En rigor, debería decirse que se trata de que la vida material se organiza en torno a la resistencia y la defensa de la vida.

El primero son los trabajos colectivos que están presentes en todas las actividades, desde las ollas comunes hasta la autodefensa. Estos trabajos son el motor y el sostén de la revuelta. Sin ellos no habría la menor posibilidad de sostenerla más que durante algunas horas y se convierten en el sentido común de la revuelta.

El segundo es la autodefensa que ocupa también un lugar central, entendida en un sentido más amplio de cuidados colectivos comunitarios, que incluyen la preservación de la vida, la salud, la dignidad y los espacios propios.

El tercer aspecto son los territorios. La creación de "puntos de resistencia" es un dato mayor, ya que fueron a la vez espacios libres de represión estatal, pero también de protección colectiva y de creación de nuevas relaciones sociales fundadas en el valor de uso, como la comida, la atención sanitaria, y las artes y el deporte.

El cuarto es el papel destacado de mujeres y jóvenes, que sigue siendo un rasgo distintivo de las movilizaciones de los sectores populares que no está presente ni en el sindicalismo ni en los partidos progresistas.

Además de estos cuatro rasgos quisiera destacar el antirracismo y el anticolonialismo que se desprenden de la movilización de las mayorías negras, indígenas y mestizas –de forma muy particular en los tres casos citados al principio–, que son a la vez expresiones de la resistencia al extractivismo depredador que caracteriza al capitalismo actual.

Esta "economía en lucha", como la nombró el subcomandante insurgente Moisés en el encuentro "El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista", se apoya en los trabajos colectivos y en las diversas autonomías realmente existentes, y no podría existir sin territorios propios como fueron los puntos de resistencia.

Los sectores populares en las grandes ciudades, durante la revuelta ponen en común lo que hacen en la vida cotidiana: autogestionar sus vidas porque el capitalismo del despojo los condena a la marginalidad, la muerte y la sobrevivencia en la precariedad.

Creo que puede ser buen momento para reflexionar sobre estas economías en lucha, de profundizar su comprensión, sus modos y formas concretas. No para hacer alguna tesis académica sino para algo más urgente y profundo: contribuir a fortalecer las resistencias y separar las prácticas emancipadoras de las que reproducen el sistema opresor.

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Castillo, a duras penas con una tregua social

Perú movilizado contra los aumentos y las respuestas duras del gobierno

Pedro Castillo, el maestro rural y sindicalista de izquierda que asumió la presidencia hace poco más de ocho meses, pasa por su hora más difícil. Ya no enfrenta solo a la extrema derecha que lo quiere sacar de la presidencia desde el primer día de su gobierno, sino ahora también a los sectores populares, su base electoral, que en los últimos días tomaron las calles en movilizaciones contra el gobierno. Y ha perdido aliados en la izquierda. Campesinos y maestros, dos sectores a los que Castillo está especialmente ligado, son parte de esas protestas que se han dado en buena parte del país.

Primero fue un paro de agricultores y transportistas contra las alzas de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes para el agro, después se sumaron las movilizaciones de los principales sindicatos del país, incluido el de maestros, que le demandan al gobierno que cumpla con el programa de cambios con el que ganó las elecciones. Del otro lado, la derecha busca sacar provecho del escalamiento de la crisis y también se moviliza en las calles. En estas movilizaciones, que han tenido su expresión más importante entre los sectores medios y acomodados de Lima, no se reclama por el alza de precios, se exige la salida de Castillo. Dos protestas de origen, composición y demandas distintas, dos flancos que atenazan a un gobierno que muestra poca capacidad de reacción.

La respuesta de entraña autoritaria del gobierno a las movilizaciones sociales, imponiendo el estado de emergencia y un toque de queda, el que tuvo que levantar por el rechazo generalizado que produjo, encendió más la indignación y las protestas. Una torpeza que ha sumado al debilitamiento del gobierno. En respuesta a las alzas de precios se han eliminado impuestos a combustibles y alimentos para reducir su precio, aumentado el sueldo mínimo y se darán subsidios a los fertilizantes. Las protestas sociales que jaquearon al gobierno se han levantado, pero es solo una tregua. La crisis no ha cedido. Y en el plano político, la crisis se agudiza.

Después de haber fracasado dos veces en conseguir los dos tercios de los votos para destituir a Castillo, desde el Congreso controlado por la derecha ahora le piden al presidente que renuncie. Quieren nuevas elecciones presidenciales, pero quedarse ellos en sus curules. Una opción que encendería más las calles. La ira en las movilizaciones populares no ha apuntado solo contra el gobierno, sino también, y con fuerza, contra un Congreso muy desacreditado. Según un reciente sondeo de Datum, la desaprobación a la gestión de Castillo llega a 76 por ciento, pero el rechazo al Congreso es mayor, 82 por ciento. Que se vayan todos es el sentimiento que gana terreno y se vuelve mayoritario.

“La situación es muy compleja. Lo más probable es que el alza de precios continúe, se viene un problema económico serio, con protestas importantes con riesgo de violencia, y Castillo no tiene la claridad ni la lucidez para enfrentar este problema. Creo que la salida es una movilización ciudadana que empuje a Castillo y al Congreso a renunciar ambos y adelantar las elecciones. Lo más riesgoso es la destitución de Castillo o su renuncia y que se quede el Congreso, que es funcional a la extrema derecha. El mayor peligro es la derecha autoritaria atrincherada en el Congreso”, le declaró a Página 12 el sociólogo y analista político Carlos Reyna.

Por su parte, el politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla, le señaló a este diario que “el hecho fundamental de las protestas de corte popular ha sido la ruptura de los movimientos sociales con Catillo”. “Me parece imposible una salida que implique que se vaya Castillo y se quede el Congreso por el rechazo que eso tiene entre la ciudadanía. La destitución de Castillo es un tema que todavía divide al país, pero la consigna que se vayan todos es algo que ya une al Perú. Para que esa consigna se concrete para ir a elecciones generales la presión ciudadana tiene que ser lo que hemos visto estos días multiplicado por diez. En este momento no hay salida a la crisis”, dice De la Puente.

Su alejamiento del programa de cambios, las denuncias de corrupción, cuestionados nombramientos, su distanciamiento de un sector importante de la izquierda, se han sumado a la crisis económica y los ataques de la derecha para debilitar a un gobierno que comenzó como el de la esperanza y se encamina a terminar como una frustración. Esa frustración se ha sentido en las calles. 

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Reconoce el premier de Perú que Castillo "puede caer" por la crisis social

Lima. Una protesta ayer en la región de Ica, al sur de Lima, esta vez con la exigencia del cierre del Congreso, dejó un civil muerto y 12 policías heridos, luego que en la víspera otra manifestación, que pedía la renuncia del presidente Pedro Castillo, provocó destrozos en la capital.

El premier Aníbal Torres reconoció la posibilidad de que la crisis social lleve a la caída del gobierno de Castillo. "Esto ya viene desde algunos años atrás, en el quinquenio anterior. Hemos tenido cinco presidentes y tres congresos en cinco años. Esa situación no se ha superado, nosotros tratamos de dialogar con la parte contraria, pero ésta sólo se fija en su propio interés", declaró en entrevista con Blu Radio, en la cual descartó que vaya a renunciar.

Sobre las movilizaciones, aseveró que hay personas "infiltradas" y alentadas por la oposición, donde existen sectores que desde que comenzó el mandato de Castillo no reconocieron su victoria, y lamentó que la Policía Nacional no cuente con los efectivos ni la preparación suficiente para hacer frente a las movilizaciones.

El choque con la policía ocurrió en una carretera de Ica. Los inconformes bloquearon la vía y pidieron el cierre del Congreso, así como el cambio de la actual Constitución, dos nuevos pedidos que se sumaron a la lista nacional de reproches por el alza de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes.

En la marcha se distinguió una pancarta en la cual se leía: "cierre del Congreso" y criticaban a la policía por disparar contra Jhony Quinto, campesino de 25 años y padre de dos niños, cuya muerte por una herida de arma de fuego en la cabeza fue confirmada más tarde por las autoridades de salud de la región.

En Ica la protesta empezó el lunes y existen varios puntos de la carretera Panamericana Sur –que conecta con Lima– que estaban bloqueados, pero durante la jornada fueron liberados por la policía. En otro punto más al sur los manifestantes protestaron contra el presidente Pedro Castillo y el dirigente Julio Carbajal pidió su renuncia.

Tras ocho meses de gobierno, tanto el Congreso como el presidente tienen elevados índices de impopularidad entre los peruanos.

El mandatario ha modificado cuatro veces su gabinete, es criticado por su descuido en designar a los titulares de ministerios claves y tiene tres investigaciones por presunta corrupción que están congeladas hasta el fin de su mandato.

El Congreso es criticado por apoyar proyectos de ley que debilitan la lucha contra la corrupción, que obstruyen la calidad educativa y por promover intereses empresariales.

En la víspera, otra protesta contra Castillo dejó 25 policías heridos y el centro de Lima con destrozos. Los asistentes a la marcha intentaron incendiar el archivo de la Corte Superior, apedrearon la fiscalía, el Tribunal Electoral, rompieron cajeros automáticos y saquearon una tienda.

Los manifestantes desobedecieron antier el toque de queda decretado la medianoche del lunes por Castillo para tratar de calmar una semana de protestas en otras partes del país. Ante el rechazo social, la medida fue derogada.

El presidente y el Congreso están enfrentados desde que empezó la gestión de ambos poderes, el 28 de julio de 2021.

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Militares y policías controlan una parada de transporte público este martes en las calles de Lima. . Imagen: EFE

El Presidente perdió apoyo en los sectores populares

El Gobierno pierde respaldo en sus aliados de izquierda y las movilizaciones pidiendo su renuncia congregaron una cantidad de manifestantes que antes no habían podido reunir. Todo ello lo deja más debilitado ante los embates de la derecha. 

 

El presidente Pedro Castillo apostó por la represión frente a las protestas sociales y complicó más su situación. Más de once millones de peruanos amanecieron este martes con un toque de queda y bajo la ley de estado de emergencia, que implica que la policía puede ingresar a los domicilios y hacer detenciones sin orden judicial y elimina una serie derechos ciudadanos. El toque de queda, anunciado por Castillo minutos antes de la medianoche del lunes, regía desde las dos de la madrugada hasta las 23:59 de este martes. Sin embargo, al final de la tarde del martes, ante las críticas recibidas dese distintos sectores y las protestas en las calles contra esas medidas, Castillo anunció en el Congreso el levantamiento del toque de queda. No se refirió al estado de emergencia.

Estado de emergencia

Decretar el estado de emergencia e imponer un toque de queda fue la fallida respuesta del gobierno a las protestas sociales contra el alza de precios, fundamentalmente combustibles y alimentos, que derivaron en violencia, bloqueos de carreteras y algunos saqueos. El efecto fue como arrojar gasolina en el fuego de las protestas sociales. 

Los actos de violencia y saqueos se dieron el lunes en distintas zonas del interior del país, pero el estado de emergencia y toque de queda se decretaron para Lima y Callao, provincia portuaria que está territorialmente unida a la capital peruana, donde no ocurrieron hechos de violencia. El gobierno justificó esa decisión asegurando que tenía informes de inteligencia que indicaban que se preparaban actos de violencia y saqueos en la capital para este martes. No dio detalles de esos supuestos informes.

Protestas contra el Gobierno

A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles el martes. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones contra el gobierno, exigiendo la renuncia de Castillo. Los manifestantes llegaron hasta una cuadra del Congreso, donde fueron detenidos por un cordón policial. A esa hora Castillo se reunía allí con un grupo de legisladores. Fuerzas de choque del fujimorismo y otros grupos protagonizaron actos de violencia y hubo choques entre manifestantes y la policía. Al cierre de esta crónica continuaban los enfrentamientos. 

Hasta ahora las movilizaciones para exigir la renuncia de Castillo promovidas por la derecha golpista habían sido un fracaso por su escasa convocatoria, pero la declaratoria del estado de emergencia y el toque de queda se convirtieron en un catalizador que empujó a muchos a sumarse a esas movilizaciones. En las zonas populares de Lima, duramente golpeadas por el alza de precios que gatillaron las protestas que han originado esta crisis, no hubo movilizaciones, pero creció la indignación por una inmovilidad que afectaba más sus precarias economías.

En la tarde del martes, Castillo fue al Congreso con algunos de sus ministros para reunirse con la directiva del Parlamento y los voceros de las distintas bancadas. Justificó las cuestionadas medidas tomadas por su gobierno diciendo que eran para “proteger a la población”. Pero minutos después retrocedió y anunció que el toque de queda quedaba sin efecto “desde este momento”. La violencia que había tomado las calles del centro de Lima no cedió después de este anuncio. El fujimorismo y la agrupación ultraconservadora Avanza País no participaron de la reunión de congresistas con el presidente. Su agenda excluyente es el golpismo parlamentario.

"Reprimir, criminalizar y restringir derechos"

La excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza, una importante aliada de Castillo, criticó duramente el rumbo tomado por el gobierno. “El gobierno no solo ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo lo eligió, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan expresando su legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos. Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada”, señaló, cuestionando el estado de emergencia y el toque de queda. Legisladores de la izquierda ajena al partido oficialista Perú Libre que han venido apoyando al régimen se sumaron a esas críticas.

Los cuestionamientos de la derecha a medidas represivas que antes ha demandado y aplaudido para enfrentar las protestas sociales, las que siempre ha criminalizado y ahora dice respaldar, evidenciaron un doble discurso y su interés de utilizar la crisis social y los errores del gobierno en su respuesta a esta crisis para abonar en sus acciones desestabilizadoras buscando la caída del gobierno.

La imagen de Castillo se ha debilitado en los sectores populares, ha perdido apoyo en sus aliados de izquierda y las movilizaciones pidiendo su renuncia han congregado una cantidad de manifestantes que antes no había podido reunir, lo cual lo deja más debilitado ante los embates de la derecha. 

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Martes, 29 Marzo 2022 18:25

¿Para cuándo la democracia?

Colombia lucha por la paz y la vida (foto: Iñaki Chaves)

En plena campaña electoral en Colombia es hora de preguntarse por la democracia participativa recogida en la Constitución Política de 1991

 En línea con la pregunta sobre ¿qué es democracia? y al hilo de la actual situación política en Colombia, entre dos eventos electorales que determinarán su rumbo para los próximos cuatro años, retoma fuerza el cuestionamiento alrededor de la supuesta democracia colombiana.

En el artículo “¿Para cuándo la democracia? Comunicación, imágenes y protesta social en Colombia” firmado por Gabriel Ruiz, ‘Iñaki’ Chaves y Beatriz Múnera, publicado ahora como capítulo del libro De la universidad a la sociedad. Transferencia del conocimiento en el área de comunicación coordinado por Hidalgo, Herrero y Segarra y editado en formato electrónico por Dykinson, nos preguntábamos sobre cuándo sería el momento de que llegara una verdadera democracia.

Colombia quiere un cambio

Tal vez la situación hoy amerite responder que la oportunidad es ahora. Colombia quiere un cambio y las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo así lo muestran. La ciudadanía lo ha manifestado votando para que la coalición del Pacto Histórico logre un número importante de curules para la Cámara de Representantes y el Senado y dando un gran respaldo a Francia Márquez, una mujer afro defensora del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, que formará tándem como vicepresidenta en la candidatura de Gustavo Petro.

Aunque ese apoyo sea solamente un suave giro hacia una izquierda que se mantiene dentro del propio marco del sistema capitalista imperante, tal como propone el líder del Pacto Histórico, y nos cuenta Alberto Maldonado en revista Sur, al “promover un capitalismo humano (…) en el marco de las reformas históricas que el liberalismo ofreció hace décadas y no ha cumplido”. Incumplimientos que han provocado problemas y desigualdades por el accionar de un Estado que ha ignorado los mandatos de la Constitución y que ha venido actuando “al servicio de los intereses privados de los capitalistas y de los políticos defensores del sistema, incluyendo un conjunto de prácticas corruptas de apropiación de los recursos públicos”.

Aún así, supone un cambio importante que tiene su semilla en las movilizaciones que se han venido produciendo con fuerza desde 2019. Unas protestas sociales surgidas desde las bases populares que han llenado las calles “para mostrar que la amenaza cotidiana a la vida no proviene sólo de un virus venido de lejos sino de unas condiciones sociales (re)producidas en el propio país” (Ruiz, Chaves y Múnera, 2021).

´Barbarie` versus ´civilización`

En “¿Para cuándo la democracia?…”, los autores hacen un acercamiento a las narrativas generadas en el marco de la protesta social en el país y que el poder establecido ha dividido entre las de barbarie, las llevadas a cabo por las y los protagonistas de las manifestaciones, y las de civilización, las que ha difundido el propio Gobierno a través de sus redes virtuales y sus medios acólitos “El poder establecido ha buscado crear, alrededor del paro nacional colombiano, una narrativa de la barbarie versus otra de civilización”. Y en el que los medios masivos de difusión de noticias “han sido útiles a esto y han dado cuenta, así, de unos otros que amenazan la ´sólida` democracia colombiana”.

La comunicación transmitida por los poderes político y mediático, acompañada de ciertas imágenes que “respaldaban” sus mensajes, ha ido construyendo una memoria que alimentará la historia “oficial”, la de quienes ostentan el poder y hacen un uso torticero de la ley para imponer su versión y su visión de una realidad que, cuando menos, tiene dos lecturas y diversas interpretaciones.

Las imágenes y narrativas originadas en el marco de las movilizaciones muestran una “comunicación contracorriente” que, como denuncian Ruiz, Chaves y Múnera en su texto, busca poner en cuestión el régimen democrático “pero no en nombre de la barbarie, sino en nombre de una idea radical de democracia en la cual puedan estar incluidos los hasta ahora marginados”. Esas narrativas contrapuestas conforman el material con el que se construye la memoria de estos tiempos.

El próximo 29 de mayo tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al siguiente inquilino de la Casa de Nariño. Un momento propicio para votar por el cambio y hacer que, por fin, la democracia haga acto de presencia en el país con la democracia más antigua de América Latina. Aunque solamente suponga un leve cambio a la izquierda, lo será con mujeres y hombres, con todas y todos, afros, indígenas y mestizxs, que quieren que Colombia le apueste a la paz y a la metamorfosis social, que desean “vivir sabroso”, que piensan que la historia debe ser con la gente corriente (no sólo la “gente de bien”), que anhelan que se siembre esperanza, que buscan que la dignidad se haga costumbre y que sueñan con que el país sea “una potencia mundial de la vida”.

Marzo 29/2022

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 Los camioneros continúan protestando contra los mandatos de vacunación en el centro de Ottawa, Ontario, Canadá. — ANDRE PICHETTE / EFE

Las autoridades impondrán multas de hasta 79.000 dólares estadounidenses y penas de no más de un año de prisión para aquellas personas que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos en la región. 

 

El Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en la que se encuentra Ottawa, ha declarado este viernes el estado de emergencia. Este viene motivado por las protestas de camioneros contra las medidas preventivas de coronavirus en Canadá y que tienen bloqueada la vía principal para el tráfico de mercancías que conecta su país con EEUU. 

Así lo ha anunciado el primer ministro de la región, Doug Ford, en una rueda de prensa. Ford, además, ha señalado que las autoridades pertinentes impondrán multas de hasta 100.000 dólares canadienses (79.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) y penas de hasta un año de prisión para aquellos que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos. 

Ford ha hecho estas declaraciones en el quinto día de bloqueo de la principal vía que une Canadá con EEUU, el puente Ambassador. Aunque poco antes de que el ministro hiciera su anuncio, los manifestantes han permitido la apertura de uno de los carriles para el tránsito de dicho puente. 

A través del puente Canadá y Estados Unidos quedan conectados por las localidades de Windsor y Detroit y, a través de él, transitan diariamente mercancías por valor de 400 millones de dólares

Grandes daños en ambas economías

El bloqueo ha motivado que las economías de ambos países estén sufriendo las consecuencias. Empresas multinacionales de la talla de General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota se han visto en la obligación de paralizar o, en su defecto, reducir su producción en plantas de ambos países por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del puente. 

Pero esta vía no es la única que se ha visto paralizada por las protestas. Al menos otros dos cruces fronterizos se encuentran en la misma situación: uno en el centro y otro en el oeste de Canadá. Además, en la capital, Ottawa, cerca de 400 camiones y centenas de personas llevan ocupando desde hace dos semanas las calles próximas al parlamento canadiense.   

Por su parte, Estados Unidos, además de pedir al gobierno canadiense que trabaje para reactivar el tráfico de mercancías entre ambas naciones, ha ofrecido su ayuda para actuar en el bloqueo del puente Ambassador.

11/02/2022 17:58

 

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Miércoles, 09 Febrero 2022 05:39

Argentina: El nefasto regreso del FMI (Parte 2)

Argentina: El nefasto regreso del FMI (Parte 2)

Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos. Ver Parte 1 aquí

OTRO CAMINO ES FACTIBLE

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un «banco del mundo» que asocia a todos los países del orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con «todo el mundo». Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.

El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial.

Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición.

Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.

El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la grieta, que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.

La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2022 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.

El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padecía Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva.

También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.

Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscripto con el Fondo.

Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

RECHAZO Y MOVILIZACIÓN

El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.

Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de percepciones.

El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.

El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia al Fondo.

Por Claudio Katz, martes 08/22

 

 

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