Evo Morales (izq.), Luis Arce y su vice, David Choquehuanca, encabezan la marcha. . Imagen: AFP

La bautizada "Marcha por la Patria" llegará el próximo lunes a La Paz

"El pueblo tiene la palabra siempre y lo dijimos: si no quieren respetar el voto en las urnas lo haremos respetar en las calles", advirtió un presidente eufórico. Por su parte, el exmandatario de Bolivia aseguró que la derecha "quiere volver al Estado colonial".

 

Entre banderas multicolores, música y rituales andinos, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario, Evo Morales, encabezaron este martes el primer tramo de una masiva movilización a favor del gobierno que recorrerá casi 200 kilómetros. "El pueblo boliviano marcha para reivindicar y decir que su apuesta es la democracia. Quienes han perdido en las urnas quieren ganar de otra manera", dijo Arce aludiendo a la oposición de derecha, que mantuvo un paro de nueve días en rechazo a una ley antilavado promovida por el oficialismo.

Miles de partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales, iniciaron la denominada "Marcha por la Patria" en el poblado de Caracollo, al oeste del país, y esperan llegar el próximo lunes a La Paz. Con las montañas de los Andes de fondo, integrantes de sindicatos afines al MAS y otras organizaciones sociales emprendieron a paso ligero la larga caminata por la ruta ondeando banderas de Bolivia y wiphalas, estandarte de los pueblos del altiplano.

Lucían trajes típicos de telas coloridas, sombreros ornamentados, cascos de mineros y los tradicionales sacos tejidos donde indígenas aimaras y quechuas cargan sus pertenencias e incluso a sus bebés. En la caravana de más de un kilómetro resaltaban enormes pancartas, algunas con imágenes de Arce y Morales, mientras la multitud gritaba consignas a favor de sus líderes.

Arce, quien encabezó los primeros kilómetros de la marcha, pidió fortaleza y unidad a los manifestantes recordando antiguas movilizaciones entre Caracollo y La Paz que fueron hitos de la construcción de la democracia en Bolivia, incluyendo las que derrotaron a las dictaduras en el siglo pasado y las que dieron vida al actual Estado Plurinacional hace poco más de una década.

"El pueblo boliviano tiene la palabra siempre y lo dijimos: si no quieren respetar el voto en las urnas lo haremos respetar en las calles", advirtió un Arce eufórico, quien también destacó que "el pueblo boliviano es sabio" porque "resolvió el problema de 2019 en las urnas". 

El mandatario dijo que, por el contrario, "quienes han perdido en las urnas, quienes no han tenido la capacidad de generar mayoría quieren ganarla de otra manera, por eso el pueblo boliviano hoy marcha para reivindicar" y para decir que la "apuesta" es por la "democracia". En medio de aplausos y vítores de "Lucho no está solo", Arce dijo que "no se sentía solo" porque "el pueblo estaba con él".

"La derecha quiere volver al Estado colonial"

El expresidente Morales, también presente en el acto, hizo un largo recuento de hechos con los que la oposición derechista trató de impedir primero la asunción presidencial de Arce, y se empeñó luego en desestabilizarlo. "El tema de fondo es que la derecha no quiere el Estado Plurinacional, quiere volver al Estado colonial", afirmó Morales en ese sentido.

"No nos perdonan, esa pequeña oligarquía, que hayamos nacionalizado, recuperado los recursos naturales", advirtió el expresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, quien dijo que la marcha era una suerte de "calentamiento" para la concentración del 29 de noviembre en La Paz, sobre la que pronosticó que será tan grande que "hará reventar" a la capital política del país.

"Esta marcha es por la patria, quienes amamos a Bolivia vamos a hacer un esfuerzo de siete días de marcha, todo por la nueva Bolivia que vamos a empezar a reconstruir", señaló y destacó desde una tarima, visiblemente emocionado, la "gran sorpresa de ver miles y miles de hermanos concentrados". Morales finalizó su discurso diciendo que "gracias al voto de ustedes estoy acá de nuevo con vida" e invitó al "pueblo boliviano" a defender al presidente Arce.

En una pausa de la extensa caminata, el dirigente petrolero Rolando Borda dijo que el inicio de la marcha "superó las expectativas" y que se han adherido más personas de las que inicialmente estaban previstas. La dirigenta indígena Flora Aguilar aseguró por su parte que "hoy más que nunca estamos unidos" en "defensa de la democracia" y que ahora la "tarea fundamental" es cuidar también al gobierno.

Desde primeras horas del martes miles de personas se desplazaron hasta Caracollo convocadas por el MAS y por organizaciones afines como la Central Obrera Boliviana (COB), que instruyó de manera "obligatoria" a todas las bases campesinas, indígenas y cívicas a sumarse a la marcha.

La distancia entre Caracollo y La Paz se suele recorrer en unos siete días, por lo que está planificado llegar a la ciudad sede del gobierno el próximo lunes, haciendo escalas en pueblos intermedios que se han organizado para preparar ollas comunes. La marcha en apoyo a la gestión de Arce fue convocada por Morales el pasado 12 de noviembre, luego de una huelga de casi una semana impulsada por la oposición contra una ley de blanqueo de capitales que el gobierno finalmente derogó.

El país sudamericano vive una profunda división política desde 2019, cuando Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia luego de perder el respaldo de las Fuerzas Armadas y la policía, en medio de protestas masivas en su contra y acusaciones de fraude electoral cuando buscaba la reelección a un cuarto mandato. De nuevo en el poder desde 2020, el MAS considera que las últimas protestas opositoras fueron un "pretexto" y que en realidad lo que se buscaba era un "segundo golpe de Estado".

24 de noviembre de 2021

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Miércoles, 24 Noviembre 2021 05:20

Masacre que no se filtra, no existe

Masacre que no se filtra, no existe

 Si las guerras pueden comenzar con mentiras, la paz bien puede comenzar con la verdad”.  Julian Assange.

El 8 de marzo de 2019, los analistas de un comando militar estadounidense localizado en la millonaria península de Catar se encontraban observando una calle de un pueblo pobre en Siria a través de imágenes de alta definición captadas por un dron inteligente. En la conversación que quedó grabada, los analistas reconocieron que la multitud estaba compuesta mayormente por niños y mujeres. A un costado, un hombre portaba un arma, pero todo parecía desarrollarse de forma tranquila. Hasta que una bomba de 220 kilogramos fue arrojada desde un poderoso F-15E, justo sobre la multitud. Doce minutos más tarde, cuando los sobrevivientes de la primera bomba comenzaban a correr o a arrastrarse, el mismo avión arrojó dos bombas más, esta vez de una tonelada de explosivos cada una y a un costo de un millón de dólares por explosión.

A 1870 kilómetros, en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la base de Al Udeid en Catar, los oficiales observaron la masacre en vivo. Alguien en la sala preguntó, sorprendido, de dónde había partido la orden.

Al día siguiente, los observadores civiles que llegaron al área encontraron casi un centenar de cuerpos destrozados de niños y mujeres. La organización de derechos humanos Raqqa Is Being Slaughtered publicó algunas fotos de los cuerpos, pero las imágenes satelitales sólo mostraron que donde cuatro días atrás había un barrio modesto sobre el río Eufrates y en un área bajo el control de la “coalición democrática”, ahora no quedaba nada. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se negó a explicar el misterio.

Luego se supo que la orden del bombardeo había procedido de un grupo especial llamado “Task Force 9”, el cual solía operar en Siria sin esperar confirmaciones del comando. El abogado de la Fuerza Aérea, teniente coronel Dean W. Korsak, informó que muy probablemente se había tratado de un “crimen de guerra”. Al no encontrar eco entre sus colegas, el coronel Korsak filtró la información secreta y las medidas de encubrimiento de los hechos a un comité del Senado estadounidense, reconociendo que, al hacerlo, se estaba “poniendo en un serio riesgo de represalia militar”. Según Korsak, sus superiores se negaron a cualquier investigación. “La investigación sobre los bombardeos había muerto antes de iniciarse”, escribió. “Mi supervisor se negó a discutir el asunto conmigo”.

Cuando el New York Times realizó una investigación sobre los hechos y la envió al comando de la Fuerza Aérea, éste confirmó los hechos pero se justificó afirmando que habían sido ataques necesarios. El gobierno del presidente Trump se refirió a la guerra aérea contra el Estado Islámico en Siria como la campaña de bombardeo más precisa y humana de la historia.

El 13 de noviembre el New York Times publicó su extensa investigación sobre el bombardeo de Baghuz. De la misma forma que esta masacre no fue reportada ni alcanzó la indignación de la gran prensa mundial, así también será olvidada como fueron olvidadas otras masacres de las fuerzas de la libertad y la civilización en países lejanos.

El mismo diario recordó que el ejército admitió la matanza de diez civiles inocentes (siete de ellos niños) el 10 de agosto en Kabul, Afganistán, pero este tipo de reconocimiento público es algo inusual. Más a menudo, las muertes de civiles no se cuentan incluso en informes clasificados. Casi mil ataques alcanzaron objetivos en Siria e Irak solo en 2019, utilizando 4.729 bombas. Sin embargo, el recuento oficial de civiles muertos por parte del ejército durante todo el año es de solo 22. En cinco años, se reportaron 35.000 ataques pero, por ejemplo, los bombardeos del 18 de marzo que costaron la vida a casi un centenar de inocentes no aparecen por ninguna parte.

En estos ataques, varias ciudades sirias, incluida la capital regional, Raqqa, quedaron reducidas escombros. Las organizaciones de derechos humanos informaron que la coalición causó miles de muertes de civiles durante la guerra, pero en los informes oficiales y en la prensa influyente del mundo no se encuentran, salvo excepciones como el de este informe del NYT. Mucho menos en los informes militares que evalúan e investigan sus propias acciones.

Según el NYT del 13 de noviembre, la CIA informó que las acciones se realizaban con pleno conocimiento de que los bombardeos podrían matar personas, descubrimiento que podría hacerlos merecedores del próximo Premio Nobel de Física.

En Baghuz se libró una de las últimas batallas contra el dominio territorial de ISIS, otro grupo surgido del caos promovido por Washington en Medio Oriente, en este caso, a partir de la invasión a Irak lanzada en 2003 por la santísima trinidad Bush-Blair-Aznar y en base a las ya célebres mentiras que luego vendieron como errores de inteligencia. Guerra que dejó más de un millón de muertos como si nada.

Desde entonces, cada vez que se sabe de alguna matanza de las fuerzas civilizadoras, es por alguna filtración. Basta con recordar otra investigación, la del USA Today que hace dos años reveló los hechos acontecidos en Afganistán el 22 de agosto de 2008. Luego del bombardeo de Azizabad, los oficiales del ejército estadounidense (incluido Oliver North, convicto y perdonado por mentirle al Congreso en el escándalo Irán-Contras) informaron que todo había salido a la perfección, que la aldea los había recibido con aplausos, que se había matado a un líder talibán y que los daños colaterales habían sido mínimos. No se informó que los habían recibido a pedradas, que habían muerto decenas de personas, entre ellos 60 niños. Un detalle.

Mientras tanto, Julian Assange continúa secuestrado por cometer el delito de informar sobre crímenes de guerra semejantes. Mientras tanto los semidioses continúan decidiendo desde el cielo quiénes viven y quiénes mueren, ya sea desde drones inteligentes o por su policía ideológica, la CIA. Este mismo mes, la respetable cadena de radio estatal de Estados Unidos, NPR (no puedo decir lo mismo de la mafia de las grandes cadenas privadas), ha reportado que hace un año la CIA debatió entre matar o secuestrar a Julian Assange.

La conveniente, cobarde y recurrente justificación de que estos ataques se tratan de actos de “defensa propia” es una broma de muy mal gusto. No existe ningún acto de defensa propia cuando un país está ocupando otro país y bombardeando inocentes que luego son etiquetados como “efectos colaterales”.

Está de más decir que ninguna investigación culminará nunca con una condena efectiva a los responsables de semejantes atrocidades que nunca conmueve a las almas religiosas. Si así ocurriese, sólo sería cuestión de esperar un perdón presidencial, como cada mes de noviembre, para Acción de Gracias, el presidente estadounidense perdona a un pavo blanco, justo en medio de una masacre de millones de pavos negros.

Nadie sabe y seguramente nadie sabrá nunca los nombres de los responsables de esta masacre. Lo que sí sabemos es que en unos años volverán a su país y lucirán orgullosas medallas en el pecho que sólo ellos saben qué significa. Sabemos, también, que al verlas muchos patriotas les agradecerán “por luchar por nuestra libertad” y les darán las gracias “por su sacrificio protegiendo este país”. Muchos de estos agradecidos patriotas son los mismos que flamean la bandera de la Confederación en sus 4x4, el único grupo que estuvo a punto de destruir la existencia de este país en el siglo XIX para mantener “la sagrada institución de la esclavitud”.

Tradición que nunca murió. Sólo cambió de forma.

Jorge Majfud es escritor uruguayo-estadounidense. Profesor en la Jacksonville University. 

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Uno de los últimos bloqueos de ruta en Santa Cruz. . Imagen: EFE

El proyecto que ya había sido retirado del Parlamento motivó nueve días de protesta

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los principales impulsores del paro, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que "la lucha debe continuar".

 

Las actividades volvieron progresivamente a la normalidad en Bolivia luego de que sectores de la oposición, comerciantes y transportistas levantaran un paro que duró nueve días hasta la derogación de una resistida ley antilavado. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que "la lucha debe continuar". La misma decisión adoptaron los cívicos del departamento de Potosí, el otro epicentro de las protestas que el gobierno de Luis Arce evaluó como un nuevo intento de golpe.

Emergencia y cuarto intermedio

La oriental Santa Cruz, la región boliviana que encabezó las movilizaciones contra la anulada ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, decidió levantar las presiones aunque se mantiene en estado de emergencia. "Hemos conseguido este logro del pueblo, pero es sólo una batalla, la lucha debe continuar", indicó Rómulo Calvo en rueda de prensa.

"Levantamos el paro indefinido desde este momento y nos declaramos en emergencia y movilización permanente", anunció Calvo antes de insistir en que la administración de Luis Arce "ha salido derrotada" porque "no han logrado doblegar a un pueblo que valientemente defendió con firmeza y convicción su derecho".

La decisión de suspender el paro no fue bien recibida por ciertos sectores y, durante la noche del martes, grupos identificados con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cercaron el edificio que alberga al Comité Cívico Pro Santa Cruz para pedir la renuncia de Calvo, a quien tildaron de "traidor".

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó a las autoridades a evitar la confrontación e ingresar a un "diálogo sincero, limpio y constructivo sobre una agenda nacional" porque la apertura hacia un "Estado autocrático" es el riesgo en caso de aprobarse proyectos y leyes de "dudosa constitucionalidad".

El tránsito en las calles cruceñas y la actividad económica se reestablecieron el miércoles luego del levantamiento del paro. Mientras tanto los cívicos de Potosí, el otro foco fuerte de las protestas, declararon un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta fin de año. Cabe recordar que en Potosí murió un campesino como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y seguidores del MAS.

A pesar de la derogación de la ley 1386, algunos sectores en La Paz como la Asamblea de la Paceñidad adelantaron que se realizará una gran marcha a favor de la reposición de los dos tercios en las votaciones legislativas y el rechazo de algunas leyes en el marco del "regocijo" de la ley ya abrogada. En contrapunto, organizaciones sociales afines al gobierno también han convocado a cabildos y marchas en ciudades como El Alto, Santa Cruz y Chuquisaca en respaldo a la gestión de Arce.

Evaluación de pérdidas y nuevo proyecto

"Evaluamos las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades, y analizamos medidas para revertirlas", escribió en Twitter el presidente de Bolivia, Luis Arce, en una publicación en la que adjuntó fotografías de la reunión de gabinete ministerial de este miércoles. Por su parte, el expresidente Evo Morales aseguró: "Cada día, con esfuerzo y dignidad el pueblo trabajador derrota los afanes golpistas de cívicos racistas y derechistas que con paros violentos atentan contra la economía de Bolivia".

El gobierno boliviano promulgó en la noche del martes la norma que anula la ley 1386 y la publicó en la Gaceta Oficial, que era uno de los requisitos que exigían los sectores movilizados para levantar el paro. La medida de fuerza encarada por comerciantes, transportistas, cívicos y plataformas de opositores fue señalada por el gobierno como un nuevo intento de golpe de Estado similar al que se produjo durante la crisis de 2019. 

De todas formas, algunas voces críticas dentro del oficialismo admitieron que lo que falló fue la "socialización" que debió hacer el Ejecutivo y los ministerios antes de la aprobación de una ley que la oposición consideró que atentaba contra las libertades ciudadanas. En esa línea, el gobierno boliviano aseguró que trabajará, en colaboración con los sectores pertinentes, en una nueva ley contra la regularización de las ganancias ilegales, cuyo borrador espera tener para diciembre.

18 de noviembre de 2021

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Manifestación por la justicia climática en Glasgow el 3 de noviembre, con motivo de la COP26. Francis Mckee (CC BY 2.0)

Solo dos jefes de Estado son menores de 35 años. Nuestra presencia en las instituciones es insignificante y, sin embargo, nuestra generación (y las venideras) son las que más sufrirán los efectos de la crisis climática

La Cumbre del Clima que está teniendo lugar estos días en Glasgow, la COP26, es un momento decisivo para el futuro de la humanidad. Esta conferencia se está desarrollando en el contexto de la denominada “nueva normalidad”, tras los peores momentos de la covid-19. Esta pandemia ha puesto de manifiesto las desiguales (e injustas) consecuencias que tiene una crisis global en diferentes partes del mundo y en las sociedades de cada país. No podemos permitir que suceda lo mismo con la crisis climática. Necesitamos acciones contundentes de manera inmediata. La ciencia lo tiene claro. Y la juventud también.

Del 28 al 31 de octubre tuvo lugar la 16ª Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático (COY16). Esta conferencia está organizada anualmente por YOUNGO, la red juvenil oficial de Naciones Unidas, junto con multitud de voluntarios y voluntarias, y reúne a jóvenes de todo el mundo en los días previos a la COP. Sus objetivos son crear un espacio de intercambio global, establecer las demandas de la juventud y empoderar y capacitar a los jóvenes para defender estas demandas en las negociaciones.

La Declaración Mundial de la Juventud sobre el cambio climático

El resultado principal de la COY16 es el Global Youth Statement (La Declaración Mundial de la Juventud), un documento que representa las demandas de la juventud global a los líderes políticos de la COP26. Este documento, que ya ha sido firmado por más de 40.000 jóvenes, es el resultado de consultas realizadas a nivel nacional, de una conferencia virtual (vCOY) celebrada en agosto de este año, y de una encuesta online respondida por más de 2.000 instituciones educativas, organizaciones medioambientales y jóvenes individuos provenientes de más de 130 países. Todos estos datos han sido procesados y sintetizados durante el último mes por un equipo de más de 100 jóvenes que hemos dedicado horas y horas, pero sobre todo mucha pasión, energía y entusiasmo. Nuestro objetivo era crear un documento lo más representativo e inclusivo posible, siendo conscientes de que este año muchas personas no han podido asistir personalmente a este evento. Necesitamos más que nunca escuchar todas las voces.

Las más de 70 páginas están estructuradas en torno a quince temáticas diferentes entre las que se incluyen energía, finanzas, agricultura, movilidad o justicia climática. Nuestra principal reivindicación es la necesidad de incorporar la participación de la juventud en los procesos de gobernanza medioambiental y climática, ya que son estos procesos los que determinarán el futuro que vamos a heredar.

Más concretamente, los jóvenes exigimos una actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), de manera que los objetivos establecidos compartan los mismos plazos y aspiren a limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5ºC. Esto requiere una eliminación drástica de los combustibles fósiles dentro del mix energético mundial, especialmente el carbón y el petróleo. A su vez, debe haber una transferencia de tecnología y conocimientos a los países del Sur Global, de manera que se asegure un acceso justo a energía limpia.

Con respecto a la financiación, instamos a que los países del Norte Global cumplan su compromiso de garantizar un flujo de financiación climática de 100.000 millones de dólares hacia acciones de mitigación y adaptación adecuadas a las necesidades locales de los países en desarrollo, así como un mayor foco en la subsanación de pérdidas y daños. Como Mia Mottley, primera ministra de Barbados, afirmó el pasado 1 de noviembre “el hecho de no proporcionar la financiación necesaria se mide en vidas y medios de subsistencia en nuestras comunidades. Esto es inmoral e injusto”. La justicia climática es precisamente otra de nuestras principales demandas. Si no queremos dejar a nadie atrás, es imprescindible proteger y promover los derechos humanos e incorporar los principios de justicia, equidad, diversidad e inclusión (JEDI) en la toma de decisiones.

Para alcanzar estos objetivos –y el resto de los que forman parte de la declaración–, es necesario un reconocimiento de la crisis climática como una crisis sociopolítica innegablemente interconectada con otras problemáticas sociales como la desigualdad de género o el racismo estructural. Solucionar la crisis climática requiere una transformación social sin precedentes basada en la cooperación y centrada en el bienestar humano y su prosperidad, y no el crecimiento económico o el poder.

Todas estas demandas fueron presentadas el pasado viernes 5 de noviembre en la COP26 dentro del día del empoderamiento juvenil y ciudadano a varios líderes políticos, entre ellos a Alok Sharma, el presidente de la COP26; Patricia Espinosa, secretaria general de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); y Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia. En este evento pudimos situar la importancia de la participación juvenil en el centro del diálogo climático internacional y conseguimos recibir el compromiso de líderes políticos para incorporar nuestras demandas en las negociaciones. De momento solo hemos recibido declaraciones de intenciones, pero ninguna acción concreta.

Estos días hemos visto algunos avances importantes como los compromisos de acabar con la deforestación, o reducir las emisiones de metano al menos un 30% en 2030, o el acuerdo suscrito por 40 países para poner fin a la energía proveniente del carbón. Apreciamos estas promesas, pero no son suficientes.

Las más de 100.000 personas que asistimos a la manifestación del pasado sábado por la justicia climática en Glasgow demostramos que la ciudadanía y la juventud no solo estamos listas para el cambio, sino que lo exigimos. Ahora, en los últimos días de la COP26, es el momento de que los líderes políticos cumplan con nuestras expectativas. Los jóvenes seguiremos presionando, en la COP26 y posteriormente.  

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Por Ester Galende Sánchez / Irene Pérez Beltrán 11/11/2021

Ester Galende e Irene Pérez forman parte del equipo coordinador de la Declaración de la Juventud Mundial.

Nota: El documento completo está disponible en inglés aquí. Las principales demandas políticas han sido traducidas a los otros cinco idiomas oficiales de Naciones Unidas y la versión en español puede encontrarse aquí.

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:25

Gracias

Pequeños partidarios de la joven ambientalista sueca Greta Thunberg gritan mientras ésta subía al podio para hablar durante una manifestación en Glasgow, Escocia, ciudad sede de la cumbre del clima COP26.Foto Ap

“La generosidad real hacia el futuro reside en dar todo al presente”, escribió Albert Camus.

Por ello, habría que dar las gracias al magnífico coro de jóvenes de todas las esquinas del mundo que se juntaron para expresar su amor a esta tierra y con ello para todos nosotros, al marchar por las calles de Glasgow y varias otras ciudades para denunciar el "bla bla bla" de casi toda la cúpula política y económica mundial y por su invitación a rescatar nuestro futuro colectivo.

Las palabras, gritos, coros, baile y canto de jóvenes de África, Asia, América Latina, América del Norte, Australia, Medio Oriente, en alianza con representantes indígenas, en la llamada COP26 en Glasgow son lo único que ofrece esperanza después de una semana de discursos de mandatarios y de las delegaciones oficiales de la mayoría de los países del mundo (todo reportado con excelencia en estas páginas por nuestro corresponsal Armando G. Tejeda).

Pero tal vez lo más notable es que el mensaje de los jóvenes activistas de los países del sur no sólo ha sido escuchado por sus contrapartes del norte, sino que ya fue integrado a la narrativa común de que esta crisis existencial del cambio climático es resultado del modelo económico neocolonialista que fomenta la desigualdad, la explotación, el colonialismo y "la muerte de la naturaleza". O sea, ofrecen un análisis sistemico y hasta antimperialista; algo más sofisticado que lo que se atreven a declarar las cúpulas mundiales.

Nadie puede pretender que no están enterados de las consecuencias mortales del continuo uso de los hidrocarburos. Tampoco pueden negar que Estados Unidos es el líder acumulativo en emisiones de los contaminantes que nutren el calentamiento global, y que junto con los otros países industrializados debe asumir el costo para cualquier transición ecológica necesaria en las naciones del sur. Pero muchos políticos demuestran su gran talento al reconocer todo eso y, a la vez, rehusar aceptar responsabilidad mientras emiten sus grandes proclamaciones aparentemente pensando que están convenciendo a su público.

Ante ello, sólo se puede concluir que los niños y jóvenes en la calles de Glasgow y otras ciudades que rechazan todo ese "bla bla bla" son los verdaderos adultos en este debate, y los que están demostrando, como afirmó Greta Thunberg, "cómo se ve el liderazgo real" ante esta crisis.

Con razón políticos de todo tipo buscan descalificar a estos jóvenes –"no saben de lo que están hablando"– y hasta se burlan de ellos. Generan sospechas de que son unos inocentes manipulados por adultos malévolos afirmando que "no se mueven solos". Nada tan lamentable y en esencia reaccionario ver y escuchar a progresistas en varios países sumarse a estos argumentos.

"¿Por qué debo estar en la escuela si ustedes me han robado el futuro?", preguntan jóvenes en sus pancartas, y en respuesta a aquellos "adultos" que les dicen que deberían de estar en la escuela y no en las calles y dejar estos problema para los expertos y los políticos.

El consenso científico claro y contundente es que proceder con la explotación y uso de los hidrocarburos, continuar con las mismas industrias extractivas, con los modelos agroindustriales llevan al suicidio colectivo de la humanidad y otros seres vivientes. Punto.

Casi todo ciudadano medio consciente en el mundo ya lo sabe, y cada día los medios y los periodistas (entre los cuales soy cómplice) reportan cada vez más historias de desastres naturales, y nuevos informes e investigaciones que no sólo comprueban que las cosas están muy mal, sino que pronostican que las cosas serán cada vez peor. ¿Qué hacer ante el diluvio de tanta noticia literalmente fatal?

Pues, mínimo, dar las gracias a los jóvenes, y, aún mejor, aceptar su generosa invitación para cambiar el curso de esta historia. Dar las gracias por lo mejor y lo más noble que puede hacer la juventud: rechazar el curso actual de esta historia al invitarnos a un futuro diferente.

Leonard Cohen (a cinco años de su fallecimiento). Everybody Knows. https://www.youtube.com/watch?v=xu8u9ZbCJgQ

Leonard Cohen. Ain’t no cure for love. https://www.youtube.com/watch?v=F24VqlFBvrU

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:21

La vuelta de los Chalecos Amarillos

Asamblea de Asambleas de los “chalecos amarillos” a principios de abril de 2019 en Saint Nazaire (Francia). Foto de Yves Monteil de la web Reporterre

¿Qué queda del movimiento que encendió las calles de París y puso contra las cuerdas al gobierno de Macron entre finales de 2018 y principios de 2019?

Ante el aumento histórico del precio de la gasolina, el gas y la electricidad en Francia, muchas son las voces que pronostican el posible regreso masivo de los chalecos amarillos a las calles. Sin embargo, ¿es esto posible? ¿Y qué queda de este movimiento que encendió las calles de París y puso contra las cuerdas al gobierno de Macron entre finales de 2018 y principios de 2019?

En primer lugar, hay razones para no sobredimensionar esta pretendida vuelta del movimiento, empezando por la durísima represión vivida en carne propia. Recordemos que en los dos primeros meses de chalecos amarillos hubo más personas mutiladas por la actuación policial que en los diez años anteriores. El balance humano, sólo hasta abril 2019, es de un muerto, tres personas en coma, cinco perdieron una mano y 23 perdieron un ojo.

Pero es que a la represión policial se une la represión judicial (juicios exprés), la represión de los servicios de inteligencia (dosieres, escuchas, captación de datos, etc.) y la represión administrativa encarnada principalmente por la polémica “ley antidisturbios”, que facilita detenciones en las manifestaciones y permite castigar con hasta 15.000 euros o con una pena de prisión a quien se tape la cara. No es muy difícil de imaginar lo que todo esto supone para los que tienen menos recursos.

También hay otras razones más endógenas al movimiento que nos hacen ser precavidos: desgaste de una militancia muy intensa con efectos laborales y lo que el sociólogo Peter Berger llama una limpieza afectiva, es decir, las separaciones sentimentales, amicales o familiares que se han producido a causa de un movimiento muy exigente y polémico en el seno de las estructuras familiares y de sociabilidad cotidiana. Además en varias rotondas ocupadas, con el paso del tiempo y los cambios en la opinión pública, reaparecieron las divisiones sociales o políticas que se habían puesto en suspenso garantizando la unidad y su éxito inicial. La manifestación de las diferencias políticas entre participantes, pero también de clase (entre las fracciones más estables y las más frágiles de las clases populares) hicieron mella en un movimiento que fue perdiendo apoyo social al ser, sobre todo, asociado a la violencia.

Dicho esto, también hay razones para pensar que una re-movilización es posible. Hay todavía rotondas activas, chalecos amarillos que manifiestan en otros conflictos sociales, los grupos de Facebook siguen ahí y existen acciones que se preparan desde los anuncios de las subidas de precio o eventos que se organizan para el tercer aniversario del movimiento. Por lo general los militantes siguen en contacto, debaten y esperan el momento adecuado para salir a la calle. Entre los chalecos amarillos encontramos una parte considerable de primo-manifestantes y entre estos hay muchos para los que el movimiento ha supuesto más bien una socialización agonística y están dispuestos a todo para enfrentase al ejecutivo. Muchas de estas personas que no estaban “interesadas por la política” ahora también miran con lupa las decisiones del ejecutivo y pueden re-movilizarse.

A partir de sus estudios sobre el movimiento feminista, la socióloga Verta Taylor nos invita a pensar la continuidad de los movimientos sociales según sus ciclos de movilización, postulando que se parecen más a una montaña rusa y son bastante dependientes de los ciclos de atención mediática. Y observa como algunos movimientos sociales devienen “estructuras durmientes” que se re-activan con contextos políticos favorables. ¿Y qué mejor contexto que el de una subida histórica de los precios de la electricidad, el gas y la gasolina? Unas reformas como estas, mal medidas, pueden ser la chispa que reavive la protesta y la legitimidad pública de los chalecos amarillos.

Como ha dicho el historiador económico Adam Tooze, “la lección de la crisis de los chalecos amarillos no es que la tarificación del carbono sea imposible, sino que hay que hacerlo siendo conscientes de los efectos distributivos". En esto reside la clave de la cuestión, en saber si Macron ha aprendido la lección. ¿Actuará como en 2018 con etnocentrismo de clase, es decir menospreciando u obviando los efectos en desigualdad de estas subidas, o tratará de corregir este impacto desproporcional para evitar un nueva crisis política justo antes de las elecciones?

Con los chalecos amarillos como protagonistas o no, lo que está claro es que una movilización social semejante sería condición de posibilidad para volver a situar la cuestión social en el centro del debate y despejar el marco dominante seguridad/migración, que favorece a la dupla Macron y Zemmour, de cara a las elecciones de 2022

Por Aldo Rubert

Es investigador en la Universidad de Lausanne y en el INRAE.

9 nov 2021

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Aún resta una semana de negociaciones climáticas

Jóvenes, pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y más, muchos más, están marchando este sábado por las calles de Glasgow, en Escocia, al cierre de la primera semana de la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio Climático o COP26

“No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver la crisis con los mismos métodos que nos metieron en ella en primer lugar”, dijo la activista juvenil Greta Thunberg ayer, luego de una marcha organizada por Fridays For Future en esta ciudad. Frente a unas 25.000 personas, la joven activista acusó: “La COP se ha convertido en un evento de relaciones públicas, en el que los líderes pronuncian discursos bonitos, y anuncian compromisos y objetivos extravagantes, mientras que detrás de las cortinas los gobiernos de los países del Norte Global siguen negándose a tomar ninguna medida drástica sobre el clima”.

Sus palabras resuenan en los pasillos de una COP que, efectivamente, esta semana fue escenario de grandes anuncios y promesas por parte de los Jefes de Estado de muchos países. Entre ellos, los Estados Unidos, India y el anfitrión, el Reino Unido, y, del lado de América Latina están Argentina, Colombia y Costa Rica, entre otros. La ausente presencia de los presidentes de China, Rusia y Brasil, tres de los grandes contaminadores e impulsores de la crisis climática a nivel global, no pasó desapercibida, al punto que el propio Joe Biden, mandatario estadounidense, apuntó que fue “un gran error” de su parte no ir.

Tal fue el nivel de anuncios que se presentaron en los primeros días de esta Cumbre del Clima, que, opinan algunos observadores, existe el riesgo de que se pierda de vista cuán efectiva o no está siendo esta reunión para resolver los temas que están en la agenda de los negociadores. En estas palabras lo expresó Mohamed Adow, director del think tank sobre energía y clima Power Shift Africa: “La COP26 corre el riesgo de ahogar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en un bombardeo de anuncios. Estos pueden generar titulares, pero evaluar su verdadero valor es enormemente difícil, especialmente en la velocidad de una reunión de la COP. Son un caramelo para la vista, pero el subidón de azúcar que proporcionan son calorías vacías”.

Lo que sí

Entre las promesas que se hicieron en estos días, se destacan el Acuerdo sobre los Bosques y el Uso de la Tierra que se propone frenar la deforestación a nivel planetario para 2030; y el Compromiso Mundial sobre el Metano, que busca reducir las emisiones globales de este gas de efecto invernadero (el segundo más preocupante después del dióxido de carbono) en al menos un 30% para 2030, versus 2020, lo que —calculan los científicos— podría eliminar 0,2°C de calentamiento para 2050. 

Quizás aún más contundente, por las repercusiones económicas que plantea, es el acuerdo sellado por 190 países, regiones y organizaciones para eliminar progresivamente la energía a carbón, no construir nuevas centrales eléctricas alimentadas por este combustible fósil y cerrar las existentes. Importante aquí: entre los firmantes se incluyen países con una significativa capacidad energética a carbón, como Canadá, Chile, Alemania, Italia, España y Vietnam.

“Estos países quieren eliminar el carbón. La lista también incluye a los financieros, lo que subraya que el dinero inteligente está en la energía limpia, no en el carbón”, afirma Dave Jones, Global Lead del think tank Ember. “Hasta ahora, la historia del carbón desde París se ha centrado en cómo detener la construcción de nuevas centrales eléctricas. Este anuncio mueve los postes de la ambición de ‘no al carbón nuevo’ a ‘eliminar el carbón’ por completo.”

A ello se suma que, pocas horas después, más de 20 países —entre ellos, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá e Italia— definieron frenar el financiamiento público internacional a los combustibles fósiles en 2022, para dar prioridad a las energías limpias. ¿El impacto de esta decisión? Dependiendo de la lista final de firmantes (se publicarán los próximos días), el desplazamiento directo de al menos US$18.000 millones al año de los fósiles a las renovables, algo que puede darle a las transiciones energéticas hacia economías descarbonizadas el impulso que necesita.  

Financiamiento: ¿el dinero está o no está?

Ahora bien, resta ver cómo todos estos anuncios y promesas se traducirán en acciones. De momento, no parecen estar ayudando a destrabar los puntos contenciosos de la negociación que deberían definirse antes de que esta COP termine. Pasados los discursos de los Jefes de Estado, comenzó el trabajo fino. Esto es, la tarea técnica de ir limpiando los textos y buscando compromisos para avanzar con los temas más complicados de la agenda.

Entre ellos se incluye el financiamiento. En 2009, en la COP15 de Copenhague (Dinamarca), los países desarrollados se comprometieron a aportar US$100.000 millones anuales entre 2020 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo y más vulnerables en sus estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese mismo marco, también acordaron trazar un plan para elevar la vara a partir de 2025. Pero, el dinero no está. Se estima que se movilizaron casi US$80.000 millones en 2019. Y los países desarrollados no están pudiendo demostrar que honrarán el compromiso en 2021, ni cómo lo cumplirán en los próximos años.

Poco es lo que se avanzó sobre este tema en los primeros días de esta cumbre y los presidentes se fueron sin haber hecho anuncios rimbombantes de cuánto aportarán al Fondo Verde del Clima. Sigue sin haber un plan claro de cómo se honrará este compromiso, que por muchos es visto como un prerrequisito para el éxito de esta COP26 y algo crucial no sólo para aumentar la ambición climática global, sino también para construir confianza entre los países. Lo dijo Sonam P Wangdi, presidente del grupo LCD (los países menos desarrollados), antes de que empezara la COP: “En Glasgow, comenzaremos a negociar un nuevo objetivo financiero colectivo, que debemos acordar antes de 2025. Pero, ¿cómo pueden los países desarrollados fomentar nuestra confianza antes de estas conversaciones cruciales cuando sus actuales promesas de financiación siguen sin cumplirse? No habrá acuerdo en la COP26 sin un acuerdo financiero”. 

“Los US$100.000 millones que se prometieron a los países en desarrollo para apoyar la adaptación y la mitigación no se han proporcionado y aquí estamos, 12 años después, esperando que la financiación se materialice. Será necesario que la Presidencia británica haga un gran esfuerzo si queremos salir de Glasgow con algún acuerdo real, aparte de la serie de declaraciones que dan bombo y platillo, pero que se quedan en nada”, señala Adow. Y agrega: “Tienen que dar garantías a los países vulnerables de que la financiación va a llegar; aumentar la parte de la financiación de la adaptación para dar apoyo a los países pobres que sufren los impactos del cambio climático; y para esas cuestiones tan olvidadas de Pérdidas y Daños tenemos que movilizar alguna financiación, seria para poder dar apoyo a las comunidades”.

Artículo 6: ¿reglas claras o green washing?

Otro de los puntos difíciles de la agenda de esta COP26 es el Artículo 6, el único del Acuerdo de París que queda por reglamentar (ya son varias las cumbres que han ido y venido sin poder dar punto final a esta discusión). Se trata de los mecanismos de cooperación internacional, de mercado y no mercado, para que los países puedan comercializar reducciones de emisiones de carbono y fortalecer sus metas climáticas.

¿Por qué cuesta tanto resolverlo? Desacuerdos sobre distintos temas técnicos están en el camino, con posiciones que —parecen— irreconciliables entre los países. Entre ellos, cómo evitar la doble contabilidad de las emisiones (esto es, uno reduce sus emisiones, pero las vende, entonces, ¿en qué inventario se incluye esa reducción?), si se transferirán o no al nuevo esquema créditos previos que surgen del Protocolo de Kioto, y si se debe asignar un porcentaje de los ingresos para financiar la adaptación a las medidas climáticas. 

Al cerrar la COP25 (en Madrid, España, en diciembre de 2019), había tres textos de trabajo y no mucha idea de cómo continuar. Las reuniones previas a esta COP26, no mostraron muchos avances en la materia. En esta primera semana, sin embargo, algo lentamente comenzó a gestarse y los tres textos se consolidaron en uno. Todavía no está claro si se llegará al final de esta reunión con un Artículo 6 consensuado, pero lo que sí que es mucho lo que está en juego: la creación de un reglamento sólido es esencial, ya que sus normas influirán en la gobernanza de los mercados internacionales de carbono. Esto es, podría destrabar financiamientos adicionales y reducir los costos de bajar las emisiones.

En cambio, normas más débiles podrían darles buenas excusas a los países para no reducir sus emisiones. Algunos observadores incluso creen que esto podría socavar la solidaridad entre los países o peor aún, menoscabar el Acuerdo de París. Por este motivo, afirman desde el think tank londinense Chatham House, llegar a un mal acuerdo “podría ser peor que no llegar a ningún acuerdo”.

Lo que no 

Más allá de los anuncios y los progresos (o falta de…) en las negociaciones, lo que está en boca de todos en los pasillos de esta COP —que había sido anunciada por el Gobierno británico como “la más inclusiva de la historia”— son los problemas para el acceso y la participación.

Para entrar al centro de convenciones deben hacerse colas (en las que la distancia social escasea y el uso de tapabocas no es reforzado) de hasta dos horas. Hay una única entrada y unas 10.000 personas deben atravesarla cada día. Las cuentas no cierran. Sumado a ello, la Presidencia de la COP26, ejercida por Reino Unido, limitó el número de observadores (la sociedad civil) que puede estar presente en las salas de negociación, un elemento fundacional de estas conversaciones y clave para garantizar la transparencia de los procesos. 

Esta fue la razón por la que, el lunes pasado, la coalición de ONGs Climate Action Network Internacional (CAN) le otorgó el tradicional premio “Fósil del Día” a la Presidencia de esta COP y a la CMNUCC.

“El espíritu de inclusión ha puesto de manifiesto lo que mejor saben hacer los británicos, el arte de hacer cola, durante horas en algunos casos. Las personas que han invertido tiempo y recursos para viajar a Glasgow han esperado pacientemente sólo para descubrir que ‘no hay sitio en la posada’ para la sociedad civil y se les ha dicho que ‘se unan a los eventos de forma online’, para luego descubrir que estaban desconectados. Podríamos habernos quedado en casa, aunque nos habríamos perdido el clima”, dijo la organización en un comunicado.

“La sociedad civil debe ser tratada como un socio con igualdad de acceso: todos tenemos el mismo objetivo de evitar el colapso climático. Tienes dos semanas para dirigir un proceso de negociación exitoso y cultivar un entorno de negociación productivo en un momento de importancia crítica. Están avisados: ¡estamos observando y no vamos a hacer cola!”.

| 08/11/2021

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte. Licencia Creative Commons con mención del autor/es.

Publicado enMedio Ambiente
Miles de personas exigen en Glasgow una transformación radical para evitar la catástrofe climática

Más de cien mil personas secundan la marcha principal del día de Acción Global por la Justicia Climática en Glasgow (Escocia), donde se celebra la COP26.

Más de 250 acciones en todo el mundo tuvieron lugar ayer, sábado 6 de noviembre, durante la celebración del día de Acción Global por la Justicia Climática, con el objetivo de exigir a los líderes políticos reunidos en la Cumbre del Clima COP26 que se celebra en Glasgow (Escocia) compromisos ambiciosos para evitar que la temperatura global sobrepase 1.5 ºC y también para reclamar soluciones basadas en la justicia climática.

En la ciudad escocesa se desarrolló el acto principal de la jornada de protesta, con una manifestación secundada por más de cien mil personas, según la organización, movilizadas bajo el lema Dejad de apañar los números: reducid la huella de carbono, no a los combustibles fósiles ni a las falsas soluciones.

“Nos encontramos frente a una crisis que va más allá de la crisis climática, el planeta se enfrenta a múltiples crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema económico insostenible y patriarcal, cuyo único objetivo es un crecimiento sin control y beneficios infinitos para unos pocos”, aseguraba Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra desde la macha en Glasgow, y añadía que “las cien mil personas que nos encontramos hoy aquí en Glasgow estamos demostrando a los gobiernos que solo con un cambio de sistema, con una transformación radical de nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos, podemos realmente evitar una catástrofe climática y un aumento de la temperatura media global que supere los 1,5 grados. Estamos demostrando que la solución está en devolver a la gente su poder”.

Con lemas como Stop Carbon Markets y No false solutions, activistas de la organización ecologista han criticado las falsas soluciones y el peligro que se esconde tras el concepto Cero Neto.

“La multitudinaria movilización que estamos viviendo hoy aquí en Glasgow y las más de 250 acciones que se están desarrollando en todo el mundo reclaman a los líderes políticos una acción climática que deje atrás las falsas promesas del Cero Neto, los mercados de carbono, la geoingeniería y las ilusorias soluciones basadas en la naturaleza, ha afirmado Cristina Alonso. “Estamos muy preocupadas por el espacio que los países ricos y las grandes corporaciones ocupan en las negociaciones. No podemos confiar en tecnologías costosas, arriesgadas y no probadas que tienen impactos potencialmente devastadores en los países del Sur y son, además, una excusa para evitar la acción climática real y seguir fortaleciendo el poder empresarial. Los Gobiernos tienen la responsabilidad de escuchar a todas estas personas que marchan hoy aquí en Glasgow y en todo el mundo, realizar compromisos reales para frenar la emergencia climática y no ceder a las presiones del poder corporativo que obstaculiza la acción climática real”.

El Día de Acción por la Justicia Climática supone también el inicio de la Cumbre de los Pueblos que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Glasgow. Un espacio de encuentro, charlas y talleres protagonizado por movimientos sociales de todo el mundo: movimientos indígenas, sindicatos, grupos por la justicia racial, grupos juveniles, personas trabajadoras agrícolas, movimientos feministas y ONG entre otras, para impulsar un el cambio de sistema.

 

7 nov 2021 10:00

Publicado enMedio Ambiente
Un mupuche herido es llevado al hospital de Temuco.. Imagen: AFP

El presidente Sebastián Piñera quiere extender la militarización en regiones mapuches

Piñera contradijo a su propio gobierno al informar que un mapuche falleció en un presunto choque con las fuerzas de seguridad, luego de que el ministro del Interior hablara de dos muertos y tres heridos.

 

La confusión sobre el número de muertos que provocó un nuevo episodio de violencia en el militarizado sur de Chile se instaló en la capital, Santiago, luego de que el presidente Sebastián Piñera contradijera a su propio gobierno e informara que un mapuche y no dos fallecieron el miércoles en un presunto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, una versión también apoyada por una organización de derechos humanos. El incidente ocurrió un día después de que Piñera anunciara su pedido al Congreso de extender el estado de excepción y militarización de cuatro provincias en las regiones de Biobío y La Araucanía.

Primero fuentes médicas y de la Fiscalía local informaron que una persona de 23 años y otra de 44 habían resultado heridas en dos incidentes distintos en la región del Biobío, y murieron cuando eran trasladadas a un hospital. Luego, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la información de dos muertos y tres heridos en dos incidentes separados en la ruta que une las localidades de Tirúa y Cañete, en la provincia de Arauco, pero no identificó a las víctimas reconociendo que aún hay cierta confusión sobre lo sucedido.

Poco después el presidente Piñera cambió esta versión inicial oficial y sostuvo que sólo una persona falleció y tres resultaron heridas. El jefe de Estado aclaró que Carabineros y las Fuerzas Armadas sufrieron "emboscadas y ataques, cuya naturaleza y circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía, una persona falleció, tres resultaron heridas y dos personas fueron detenidas, incautándoseles armas de fuego".

"Estos graves hechos, sumado a publicaciones de grupos terroristas fuertemente armados, que amenazan a nuestra sociedad, no hacen más que ratificar la necesidad de mantener este estado de emergencia constitucional", indicó Piñera junto a sus ministros de Interior y Defensa. 

El mandatario hacía referencia a un video publicado en redes sociales en el que medio centenar de encapuchados armados de la organización Weichan Auka Mapu califican a las fuerzas de seguridad de "perros guardianes de los ricos" y los amenazaron con combatirlos "con armas" si no abandonan el territorio.

En sintonía con Piñera, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la ciudad de Concepción, capital de Biobío, informó que solo un mapuche fue muerto y no dos. Carolina Chang, de la INDH, afirmó que una de las personas que resultó herida fue dada por muerta.

Ante la creciente confusión Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Biobío, acusó al gobierno de ser "responsable" de los hechos y exigió precisiones. Díaz reconoció que existe temor a que haya "una escalada de violencia a raíz de los fallecimientos" y que el conflicto requiere "un abordaje integral para que más gente no resulte muerta".

La versión mapuche

Mientras tanto, dirigentes mapuches eligieron distanciarse de la versión "oficial" de los hechos ocurridos el miércoles. Sostienen que los policías abrieron fuego contra personas que protestaban contra la militarización de la zona y que intentaron liberar a dos mapuches detenidos sobre la ruta cuando iban en un auto que según la policía era robado.

José Huanchuleo, testigo de los incidentes, declaró a medios locales que el enfrentamiento ocurrió en medio de un corte de ruta con barricadas donde "un milico se dio la media vuelta y nos dispara a quemarropa". Huanchuleo agregó que "iba una niña dentro de la camioneta y los milicos sin decir nada nos dispararon".

Sobre el segundo hecho, ocurrido horas más tarde en la misma zona, el jefe de la Defensa Nacional del Biobío, contraalmirante Jorge Parga, explicó que funcionarios de la Armada fueron "nuevamente atacados con armas de fuego desde el interior de un predio". Detalló que, ante el ataque, los efectivos "debieron hacer ingreso reaccionando a esta agresión y procediendo a la detención de dos personas: un adulto de 21 años y un menor de 15 años".

Un grupo de convencionales, entre los que estaban los 17 representantes de los pueblos indígenas que integran el órgano que redacta la nueva Constitución, marcharon el miércoles hasta La Moneda para pedirle a Piñera el fin del estado de excepción. 

"La militarización no es el camino. Es tiempo de construir política con altura histórica. En la convención trabajamos para ello, es urgente que esto irradie y gestemos amplios diálogos plurinacionales con respeto a los derechos humanos", exigió Elisa Loncón, la académica mapuche que preside el órgano.

Militarización y estado de excepción

El presidente Piñera decretó este mes, y luego amplió por 15 días, la militarización en Biobio y la vecina región de La Araucanía tras una serie de hechos de violencia. Ambas regiones atraviesan un histórico conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado por la propiedad de tierras, que los indígenas consideran propias por derecho ancestral y que fueron entregadas a privados, principalmente a empresas forestales y hacendados.

En La Araucanía, en tanto, un grupo de personas quemó este jueves siete máquinas, entre camiones y retroexcavadoras, de una empresa constructora en un barrio de la localidad de Victoria, provincia de Malleco, informó el diario La Tercera citando a la Fiscalía local. Hace años se registran en la zona ataques a predios y maquinarias, a menudo usados como excusas por policías y militares para reprimir a estos grupos, que ya cuentan con varios muertos.

5 de noviembre de 2021

Publicado enInternacional
Ajuste, protestas y deuda con el FMI ¿qué pasa en Ecuador?

El anuncio del un aumento al combustible volvió a encender las protestas contra un Gobierno que tiene cada vez menos apoyo ¿Qué puede pasar?

 

Hace pocos meses se hablaba de la llegada a la presidencia del “Macri” ecuatoriano, el banquero Guillermo Lasso.

Pasaron cinco meses de su asunción, y el presidente se encuentra aislado, enfrentado con el Congreso, investigado por aparecer en los Pandora Papers, con 14 sociedades offshore en Panamá y con protestas contra su plan de ajuste, ideado para cumplir con el FMI.

Empecemos por las últimas noticias. Este martes y miércoles hubo manifestaciones y cortes en rutas en varios puntos del país. Convocadas por sindicatos y organizaciones sociales, reclaman contra el alza del precio del combustible y unos decretos presidenciales que abren la puerta a la privatización del sector eléctrico.

Las protestas empiezan a mostrar el descontento con el Gobierno cuyo plan es aplicar una serie de reformas, incluida una laboral que llevaría a que cuando un trabajador es despedido "con causa" tiene que pagarle a la patronal, y ajustes para “achicar el gasto público”.

Este no es el único problema para el presidente. Recordemos que Lasso llegó a la segunda vuelta con el 19% de los votos. Luego gana por un estrecho margen contra el candidato del correismo, apelando a “la grieta” versión ecuatoriana.

El resultado de la primera vuelta, le dejó una representación en el Congreso muy chica. Hoy controla apenas 13 de las 137 bancas de la única cámara del Congreso. Una minoría que se hace todavía más frágil ante una tenue pero palpable confluencia de sectores de la oposición.

El presidente tiene poco para ofrecer en una negociación que le permita avanzar con sus planes. En especial porque su gobierno está bajo la revisión del FMI.

Ecuador tiene actualmente una deuda externa de U$S 52.000 millones y para este año necesitará más de U$S 7.000 millones, según el Fondo. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario $ 2.800 millones, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

En esta situación, Lasso recibió hace unas semanas el apoyo Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense. Para los norteamericanos el gobierno derechista de Ecuador aparece como un posible aliado en la región.

Esto no evita la dificultad para avanzar con el plan que pide el FMI en un país donde la pandemia por el coronavirus agravó la crisis que existía previamente, y Presidente registra un 34% de aprobación a su figura, cuando hace tres meses superaba el 70%.

Hay que ver si los llamados al “diálogo” que hizo el gobierno a la CONAIE y otros sectores, alcanza para que sus direcciones puedan desactivar las protestas, por lo menos por un tiempo.

En Ecuador se empieza a romper el paréntesis luego de que las direcciones sindicales y campesinas diluyeron el estallido social contra el expresidente Lenin Moreno en 2019 y vuelve a abrirse una situación donde se define:

Si se impone el mandato de ajuste o si las calles le dicen No al FMI.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Viernes 29 de octubre

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