La policía egipcia asalta los campamentos islamistas en El Cairo

Unos potentes altavoces han avisado a los acampados en la plaza de Al Nahda de que había llegado su última oportunidad de abandonar las protestas y, al contrario que otras veces, finalmente el Gobierno ha cumplido sus amenazas. Las fuerzas de seguridad egipcias han irrumpido esta madrugada en los campamentos que mantenían en El Cairo los partidarios del depuesto presidente, Mohamed Morsi, desde el golpe de Estado del pasado 3 de julio. La policía ha empleado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, encontrando mayores dificultades en la mezquita de Rabá Al Adauia donde los acampados se contaban por miles. La agencia AFP sostiene que los agentes han empleado también fuego real para dispersar a los manifestantes, aunque Interior lo ha desmentido.


 
El Ministerio de Sanidad ha confirmado, hasta el momento, nueve víctimas mortales, mientras que los Hermanos Musulmanes hablan de, al menos, 600 fallecidos. El Twitter del portavoz de los Hermanos Musulmanes, Gehad al Haddad, no deja de lanzar denuncias y en él puede leerse que "la policía ha incendiado una tienda de campaña sin ni siquiera preocuparse por ver si había gente dentro; había mujeres refugiadas en su interior". La Hermandad ha convocado a sus fieles a concentrarse en otro campamento, en la plaza Mustafá Mahmud, en Giza.


 
No ha existido muro ni barricada capaz de detener la acción de los agentes. A esta hora, las tiendas instaladas en la plaza de Al Nahda están ardiendo y forman columnas de humo negro que señalan, en la distancia, el punto en el que se ha producido el desalojo. Poco a poco, todo se ha ido reduciendo a escombros y pronto no quedará nada. Las proporciones del campamento que los seguidores de Morsi levantaron junto a la mezquita de Rabá Al Adauia hacen más difícil su total desmantelamiento, aunque la policía ha ido tomando el control de la zona después de traspasar sus barreras de cemento.


 
Esta madrugada, el Ministerio del Interior renovaba su oferta de ofrecer una salida segura a los manifestantes, sabedor de que si nadie respondía a la invitación no era debido a las horas intempestivas del anuncio sino a la determinación de los seguidores de Mursi de no abandonar las calles. En su comunicado, el Ministerio añadía que su decisión de esperar ha estado motivada por su deseo de llegar a una solución pacífica a la crisis. Durante los últimos días, tanto el Gobierno interino como los Hermanos Musulmanes y sus simpatizantes no habían hecho más que declararse amigos de la paz y el diálogo pero, tal y como se esperaba, el fin de las sentadas no ha sido pacífico.


 
Todavía reina la confusión y, mientras se suceden los enfrentamientos entre los agentes y los seguidores del expresidente, las fuerzas de seguridad han cortado las calles aledañas a unas concentraciones que se han quedado sin manifestantes. Unos doscientas personas han sido detenidas y los servicios de tren que conectan la capital egipcia con el resto del país han sido suspendidos hasta nuevo aviso, ante el temor del Gobierno a que los islamistas reciban refuerzos. Según Al Jazeera, el Banco Central de Egipto ha ordenado el cierre de todos los bancos a mediodía (hora local, misma hora española). Según la agencia estatal Mena, en la localidad de Sahag, en el centro de Egipto, los manifestantes pro Morsi han quemado una iglesia. Otras protestas se están desarrollando en otras ciudades.

 


Rocío López El Cairo 14 AGO 2013 - 12:04 CET

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Sábado, 10 Agosto 2013 06:49

Diez años de los Caracoles

Diez años de los Caracoles

“Sin importar su edad, su credo, su color, su peso, su seso y su sexo, se han conducido, durante toda su vida, con absoluta irresponsabilidad frente al Poder en cualquiera de sus formas; han recibido el repudio de sus respectivos círculos sociales por su terco inconformismo; han escandalizado a las buenas conciencias y a policías del comportamiento; han reiterado su rebeldía y su pasión por la libertad a pesar de los asegunes; y han militado según su conciencia y no según las modas a modo. En resumen: no se han vendido, no han claudicado, no se han rendido”.  SupMarcos


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Un caracol gigante, iluminado por velas de cera que levantan con sus manos los pobladores de la comunidad Oventik, se mueve lentamente. Parece como si llegara de una larga travesía a reposar en esta ladera nocturna, corazón del nudo montañoso en los Altos de Chiapas y centro cultural del movimiento indígena zapatista.


Fue hace diez años que estas luces multiplicadas en manos anónimas, miles ellas, dieron bienvenida al nacimiento de los cinco Caracoles y Juntas de Buen Gobierno que articulan el poder social y horizontal de uno de los más grandes, extensivos y profundos movimientos sociales anti sistémicos existentes en el mundo.

 

En aquella noche y en aquella madrugada del 10 de agosto de 2003, cuando el calendario de los más pequeños, indígenas mayas, señaló un nuevo paso, un rumbo y un destino, comenzó a llevarse a la práctica los derechos y cultura indígena que promovieron con el estandarte de la paz y la reconciliación, después de haber sido negada su lucha por el gobierno y los otros órganos del Estado mexicano al incumplir los Acuerdos de San Andrés.

 

Las comunidades zapatistas decidieron construir municipios autónomos, nombrando a sus autoridades locales y delegados para cumplir las tareas encomendadas colectivamente y honrar su palabra de alcanzar los derechos que por siglos han sido negados a los pueblos indígenas. En esa construcción están. La autonomía indígena y sus derechos concomitantes son una realidad en Chiapas.

 

Se extendió el mandar-obediciendo como práctica del bueno gobierno, donde manda el pueblo y el gobierno obedece. De tal manera que si una autoridad no cumple con su mandado, se da paso a una nueva autoridad que viabilice el común, el colectivo. Por eso, el gobierno autónomo allí escucha y orienta el mandato. El principio es escuchar para avanzar. Es una crítica alternativa al gobierno parlamentario, al gobierno de la democracia burguesa. De hecho, es su antípoda. Es el ejercicio del gobierno de todos.

 

Por eso, cuando uno se encuentra en territorio rebelde y habla con un niño, anciano, mujer, hombre, miliciano, delegado, de por sí está hablando con el colectivo zapatista, con la voz, la sentir y el pensar de todos ellos y ellas. No hay jerarquía, no existe la cadena mando-obediencia vertical, excluyente, sordo.

 

En estos diez años que han pasado desde el inicio del palpitar de los Caracoles, el nivel de vida de las comunidades aumentó, se repartió colectivamente la tierra, se produce para todos y todas, se resuelven las necesidades educativas, de salud, alimentación, techo, cobijo.

 

Ya son varias generaciones de zapatistas que van caminado el profundo paso indígena. Quienes prepararon la lucha de insurrección, quienes hicieron la insurrección en 1994, quienes construyeron el proceso de paz y los Municipios Autónomos Rebeldes y quienes ahora profundizan los Caracoles, dejan la huella larga que marca el caracol a su paso, un camino, una historia que en aquellos lugares de rebeldía territorial se marca como estela de posibilidades coherentes, sencillas, radicales.

 

La Escuelita Zapatista

 

En ese marco, los zapatistas han invitado en los últimos días a miles de personas de México y el mundo para asistir del 12 al 16 de agosto a la Escuelita Zapatista.

 

El fin es mostrar, en el primer nivel, cuatro perspectivas: Lo referente al Gobierno Autónomo en dos partes, la participación de las mujeres en el Gobierno Autónomo y la Resistencia. Las comunidades explicarán qué es la libertad según ellos y ellas, cómo la viven, la sienten, la piensan. Los aciertos y errores en la tarea del bueno gobierno.

 

Allí, no se hablará de tácticas y estrategias políticas ni geopolíticas, coyunturas de todo tipo, nacionales o internacionales; formulaciones y recetas de acción y ¡de cocina! (que fuera bueno), sino de compartir experiencias en la lucha, la organización, la resistencia contra el capitalismo y sus múltiples caras, discursos y formas en el uso del poder.

 

En todo caso, se escuchará cómo los zapatistas han enfrentado al poder y la dominación, su manera de resistir y luchar frente al paramilitarismo, la guerra del Estado mexicano, el racismo cultural, la desmemoria. Es abrir una ventana al mundo de los de abajo que con vocación de izquierda van caminando lento, constante y profundo, la mayor de las veces en las sombras, de la raíz a las ramas del árbol de la historia, de esa que no se conoce en los libros best seller, medios de comunicación masiva y desinformación, clases educativas oficiales.

 

Es la historia contrapelo, los murmullos de voz en voz y generación tras generación. Los retazos e hilos jalados de la memoria colectiva de quienes, anónimos, realizan todos los días su lucha y perseverancia en que cambie su situación y la de los otros y otras, que en igualdad de condición, resisten con ellos y ellas.

 

Por eso, la Escuelita Zapatista no es una convocatoria para la formación de cuadros bien “cuadrados”, sino la forma de acercar luchas diferentes, de modos de ver el desarrollo de los pueblos, sus anhelos y carencias, sus metas y horizontes. Para quienes asistirán, será la posibilidad de verse en el espejo, de preguntarse qué ha significado la libertad y qué debe significar, cómo le hacemos para practicarla. Cómo le entramos, dicen los zapatistas.

 

Según han explicado en sus comunicados, allí estarán presentes quienes quieren saber un poco o un mucho de la lucha indígena. Están invitadas organizaciones o individuos, niños o ancianos, quienes quieran aprender sobre la historia de las comunidades zapatistas y su guardián y corazón, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 

En la memoria, que es la práctica en la escuelita, estarán presentes además de los invitados, los desaparecidos políticos, los caídos en la lucha, los presos políticos en México y el mundo. En honor a ellos y ellas se ha levantado la Escuelita, es el deber de seguir en la escuelita de la historia rebelde de los pueblos. Se trata de la necia, implacable, feroz memoria. Porque “el único camino para llegar a la libertad es la memoria”, dicen.

 

No están invitados los poderosos, los responsables de esas muertes, desapariciones y sus cárceles; los que hacen del dolor, el lucro. Tampoco están invitados aquellos que desde un espacio de poder sea cual sea, dominan, castigan, juzgan, dictan. Quienes en su sordera, atropellan y hacen del poder una forma de vida.

 

Los que sí asistirán son quienes miran su corazón, porque miran hacia atrás, miran en memoria. Con su libertad hacen posible voltear atrás. Son los invitados de los pueblos indígenas chiapanecos que sorprendieron la madrugada del 1ro de enero de 1994 y tomaron 4 cabeceras municipales en una justa lucha armada, y volvieron a tomarlas pacíficamente el 22 de diciembre de 2012. Se cuentan por miles, de todas las edades, que conforman las bases de apoyo, pueblos y comunidades zapatistas. En territorio rebelde se espera una historia por escuchar…

 

Cátedra Tata Juan Chávez

 

El EZLN y los pueblos indígenas de México, articulados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), convocan, como la continuación del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América de 2007, a celebrar sesiones en todo el continente de la Cátedra Tata Juan Chávez en honor a la memoria de un líder indígena purépecha de Michoacán.

 

En la sesión del Primer Encuentro, en Vícam, Sonora, noroeste mexicano, participaron 570 delegados de 67 pueblos indígenas de 12 países del continente. Allí, los pueblos participantes acordaron en su pensamiento que plasmaron en la Declaración de Vícam que “ Somos descendientes de los pueblos, las naciones y tribus que primeramente dieron nombre a estas tierras; que nos nacimos de nuestra madre tierra y mantenemos un respeto sagrado hacia quien nos provee de la vida y nos guarda en la muerte; en consecuencia manifestamos ante el mundo entero que defenderemos y cuidaremos con nuestra vida a la madre tierra.”

 

Entonces, la Cátedra será la suma de muchas geografías y calendarios diversos de los pueblos indígenas, que se preparan para la buena nueva de la lucha extensiva en toda América. De acuerdo a sus modos, tiempos, espacios, los participantes realizarán actividades y pensamientos sobre la lucha de los pueblos originarios.

 

La primera sesión será en el CIDECI-Uni Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 17 y 18 de agosto [http://seminarioscideci.org/]. Será una sesión de historia viva y activa, la historia o parte de ella de los pueblos originarios de México, llena de “cosas terribles y maravillosas” que la componen.

 

Agosto, entonces, será el calendario de la rebeldía de los pueblos zapatistas y también de los otros pueblos que han decidido cambiar el mundo desde sus raíces. La geografía es el planeta tierra, que agitada y caótica, piensa en el mañana escuchando y viendo desde la memoria.

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Viernes, 09 Agosto 2013 06:15

La escuela-comunidad de Warisata

La escuela-comunidad de Warisata

En el altiplano boliviano, cerca de un importante centro aymara, en la pequeña ciudad de Achacachi, con los picos nevados de la cordillera Real a su espalda y la inmensidad del lago Titicaca al frente, se alza el edificio de lo que fue la primera experiencia de educación comunitaria. Warisata desafía el viento helado como la escuela-comunidad desafió la servidumbre impuesta al indio por los hacendados y el Estado colonial travestido en república.

 

La fundación de la escuela de Warisata fue parte de la lucha por la recuperación de tierras de las comunidades de la región. Después de 1899, cuando fue derrotado el ejército indio del mallku Pablo Zárate Willka por las clases dominantes, se comenzaron a crear escuelas indigenales (dirigidas por autoridades indias), para continuar resistiendo la expansión del latifundio. Muchos de los que se atrevieron a fundar escuelas fueron torturados y encarcelados. Los hacendados eran, como en las novelas de Manuel Scorza ( Garabombo el invisible, entre otras) los principales enemigos de la educación india.

 

Avelino Siñani, aymara del altiplano y fundador de Warista, enseñó clandestinamente en su comunidad hasta que lo descubrieron; tuvo que alejarse y fundó varias escuelas en otras comunidades pero finalmente fue apresado y torturado. En 1917 el maestro Elizardo Pérez, cofundador de la escuela, fue nombrado inspector de educación primaria para el departamento de La Paz y en una de sus giras conoció a Siñani. En 1931 buscaba crear una escuela en la cual “el indio educara al indio”; vuelve a encontrarse con Siñani y juntos emprenden la tarea de crear una escuela-comunidad.

 

En agosto de ese año los comuneros de Warisata crean el Parlamento Amauta como supremo órgano de decisión de la escuela. La primera decisión es abolir la servidumbre y el trabajo gratuito que los indios prestaban al subprefecto, al corregidor y al cura. La escuela se apodera de tierras usurpadas por los terratenientes y a su vez los comuneros ceden parcelas para el campo de cultivo de la escuela.

 

En un libro posterior ( Warista. La escuela-ayllu), Elizardo Pérez destaca los principios que guiaron la creación y el funcionamiento de la escuela. Todo lo comunal se concentraba en la escuela y ella reproducía la comunidad, en tanto el Parlamento Amauta abarcaba todos los aspectos de la escuela, desde la pedagogía o la forma de enseñar, hasta los contenidos y todo lo relacionado con su funcionamiento.

 

La escuela era un gran cuadrado de dos pisos con aulas y salones para que durmieran los internos, y tenía 10 hectáreas para la producción. “La escuela no sólo producía conocimiento sino los bienes materiales necesarios para reproducirse”, escribió Elizardo. El modo de conocer partía de la praxis comunitaria: “Conocer y no copiar, transformar y no consolidar, recrear y no estatizar”, según la hermosa descripción de la historiadora Karen Claure. Los alumnos no sólo sembraban y cultivaban, también fabricaban los colchones y las armazones de sus camas, participaban en las cosechas junto a sus familias y los fines de semana lavaban juntos la ropa en el arroyo.
Una parte de la enseñanza se realizaba al aire libre: el manejo del telar, la elaboración de tejas para mejorar los techos de las viviendas de los comuneros, las caminatas hacia el pie de la cordillera. “Todos estábamos aprendiendo en la cruda escuela del trabajo, desde legislar hasta cocinar estuco y cal”, describe Elizardo en su libro. Alumnos, campesinos y profesores almuerzan juntos en el patio de la escuela. Las fotos de la época enseñan a los alumnos en ronda, cuaderno en mano, al aire libre junto a los profesores. Por momentos no se sabe si trabajan, estudian o juegan.

 

Para comercializar el excedente de producción de la escuela, el Parlamento Amauta decidió crear un mercado semanal libre, sin intermediarios. Elizardo explica: “La comunidad encontró así una vía más para reproducirse, porque pasó a controlar el comercio de sus productos”. La escuela era una extensión de la comunidad, que era la que tenía el control y a quien servía la experiencia educativa. Las comunidades construyen el edificio, mantienen a los docentes y deciden qué y cómo se enseña. La escuela redunda en el fortalecimiento de las estructuras comuneras y en la expansión de sus lógicas.

 

El jilakata Cipriano Tiñini (autoridad comunal) expresó el sentir de los comuneros: “Para nosotros se habrá acabado esta maldición de no ver nada sin ser ciegos; de no oír nada sin ser sordos; no poder hablar sin ser mudos. Por eso hemos levantado esta gran escuela. ¡Mírenla ustedes! Es nuestra hija y ha de ser nuestra madre”.

 

Como sabían que sólo en lucha contra los terratenientes y el Estado puede sobrevivir la escuela-comunidad, deciden expandir la lógica y la experiencia de Warisata hacia otras comunidades. Contribuyeron a crear 15 núcleos escolares en todas las regiones de Bolivia. En 1940 el poder feudal de los hacendados se apodera de la educación comunal y de la escuela-comunidad, sus directores son destituidos y el edificio saqueado. Sin embargo, la semilla germina en la revolución de 1952 que descabalga a la oligarquía del poder estatal. La escuela de Warisata fue el antecedente de la reforma agraria de 1953.

 

Hace unos años conocí Warisata de la mano de unos jóvenes de Achacachi que relataron no sólo la historia de la escuela sino el levantamiento de 2003, la primera “guerra del gas”, el asalto a las dependencias estatales, incluyendo la cárcel local, y la creación del cuartel de Qalachaka en las afueras de la ciudad. Estaban editando un periódico artesanal que distribuían entre jóvenes. En cierto momento fueron ellos los que preguntaron. Querían saber del zapatismo, mirando fijo a los ojos al interlocutor.

 

Ahora que vamos a participar en una escuelita, sin maestros y sin aulas, donde seremos alumnos dedicados a aprender escuchando, me pareció oportuno hurgar en la memoria: es la comunidad la que enseña, es el sujeto colectivo el que enseña-luchando.

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Martes, 06 Agosto 2013 06:47

Los fantásticos millones de egipcios

Los fantásticos millones de egipcios

¿Por qué la crisis egipcia parece tan simple a nuestros lideres políticos y sin embargo tan complicada cuando uno en verdad se aparece en El Cairo? Empecemos por la prensa egipcia. Florecientes después de la revolución de 2011, los medios egipcios cayeron en la uniformidad en el momento en que el general Abdel Fata al Sisi y sus muchachos sacaron del poder al presidente Mohamed Mursi, el 3 de julio. De hecho, después del golpe militar, todos los reporteros y presentadores de un popular grupo de televisión –por cuyas frecuencias hablé de cuando en cuando en la era posterior a Mubarak– aparecieron alabando al nuevo régimen. Y lo más curioso es que ¡todos portaban uniforme militar!

 

Desde luego, hubo que crear fantasías. La primera no fue la naturaleza pérfida, antidemocrática y terrorista de la Hermandad Musulmana: esa idea había sido promovida por lo menos desde una semana antes del golpe. No: fue el contador de manifestantes con que se alimentaron los sueños del mundo. Había “millones” en las calles exigiendo derrocar a Mursi. Esos millones eran esenciales para la fantasía suprema: que el general al Sisi sólo obedecía la voluntad del pueblo. Pero entonces Tony Blair –cuya precisión sobre las armas de destrucción masiva de los iraquíes es bien conocida– nos dijo que había ¡“17 millones de egipcios en las calles”! Eso sí que merecía signos de admiración.

 

Luego el Departamento de Estado nos informó que eran 22 millones en las calles de Egipto. Y apenas hace tres días, el índice democrático nos informó que 30 millones tomaron parte en las manifestaciones contra Mursi, contra sólo un millón de partidarios de Mursi en las calles.

 

Increíble en verdad. La población de Egipto es de unos 89 millones. Quitando a los bebés, niños y pensionados de edad avanzada, esto sugiere que más de la mitad de la población activa se manifestó contra Mursi. Sin embargo, a diferencia de 2011, el país seguía funcionando. Entonces. ¿quién, durante lo que la Unión de Escritores Egipcios llama ahora “la más grande manifestación política en la historia”, manejaba los trenes y autobuses, el metro de El Cairo, operaba los aeropuertos, formaba las filas de la policía y el ejército, hacía funcionar las fábricas, los hoteles y el canal de Suez?

 

Al Jazeera, gracias al cielo, trajo un experto estadunidense en multitudes para demostrar que esas cifras surgían de un mundo de ensueño al que ambos bandos estaban suscritos y que físicamente no podía existir. Alrededor de la plaza Tahrir era imposible reunir más de un millón y medio de personas. En Ciudad Naser –punto de reunión de manifestantes pro Mursi– cabían mucho menos. Pero los cimientos estaban echados.

 

Así pues, la semana pasada el secretario de Estado John Kerry fue capaz de decirnos que la intervención de los militares egipcios fue a petición de “millones y millones de personas, todas las cuales temían un descenso hacia el caos, hacia la violencia. Y los militares, a nuestro juicio, no tomaron el gobierno de su país en su poder. Existe un gobierno civil. Estaban, de hecho (sic), restaurando la democracia”.


Lo que Kerry no mencionó fue que el general Al Sisi escogió el gobierno “civil”, volvió a designarse ministro de defensa, luego se nombró viceprimer ministro del gobierno “civil”, y se mantuvo como comandante del ejército. Y que el general jamás fue electo al cargo. Pero no hay problema: fue ungido por esos “millones y millones” de personas.

 

¿Y qué fue lo que sí dijo el vocero militar cuando le preguntaron cómo reaccionaría el mundo al “uso excesivo de la fuerza” que produjo la muerte de 50 manifestantes de la Hermandad Musulmana el 8 de julio? Sin reservas, contestó: “¿Cuál fuerza excesiva? Excesivo hubiera sido que matáramos a 300”. Eso habla por sí mismo. Pero cuando se está entre 17 millones, 22 millones, 30 millones, “millones y millones”, ¿qué más da?

 

Ahora, el Departamento de Habla Franca. Déjenme citar al mejor comentarista sobre Medio Oriente, Alain Gresh, cuyo trabajo en Le Monde Diplomatique es –o debería ser– lectura esencial para todos los políticos, generales, oficiales de “inteligencia”, torturadores y todo árabe en la región. La Hermandad Musulmana, escribe este mes, demostró ser “fundamentalmente incapaz de adaptarse al acuerdo político pluralista, de salir de su cultura de clandestinidad, de transformarse en partido político, de hacer alianzas. Cierto, creó el Partido Libertad y Justicia (PLJ), pero éste estuvo por completo bajo control de la Hermandad”.

 

¿Y cuál fue el verdadero papel de al Sisi en todo esto? Nos dio una pista interesante en su tristemente llamado del 25 de julio a los egipcios a autorizar al ejército a “confrontar la violencia y el terrorismo”. Antes del derrocamiento dijo a dos dirigentes de la Hermandad que la situación era “peligrosa”, y que había que emprender de inmediato pláticas de reconciliación. Los dos líderes, dijo al Sisi, respondieron que “grupos armados” resolverían cualquier problema que se presentara.

 

El general se indignó. Dijo que dio a Mursi una semana, hasta el 30 de junio, para tratar de poner fin a la crisis. El 3 de julio envió al primer ministro de Mursi, Hisham Qandil, y a otros dos, “para convencer al ex presidente de convocar a un referendo sobre su permanencia en el poder. Su respuesta fue 'no'”. Al Sisi dijo a Mursi que “el orgullo político dicta que si el pueblo lo rechaza, uno debe dejar el poder o convocar a un referendo para restablecer la confianza. Algunas personas sólo quieren gobernar el país o destruirlo”.

 

Por supuesto, no podemos oír el punto de vista de Mursi. Ha sido silenciado en público.

 

Gracias a Dios por el ejército egipcio. Y por todos esos millones.

 

 The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Lunes, 05 Agosto 2013 06:44

Los disidentes

Los disidentes

Casi todos hablan de cómo creían en la retórica oficial de su país, en la misión de Estados Unidos como guardián mundial de la democracia, como faro de esperanza libertador, como ejemplo para la humanidad.

 

Casi todos recuerdan que por eso se sumaron a las filas de agencias de inteligencia, a las fuerzas armadas, al Departamento de Estado o a la FBI. Y recuerdan cuando, con esa noble dedicación, denunciaron y revelaron algo que parecía abuso, corrupción o violación de los ideales tan repetidos por los representantes y líderes del país, y fueron expulsados de sus mundos y algunos condenados por “traidores”.

 

Siete de ellos han sido o están acusados por el gobierno de Barack Obama según la Ley de Espionaje y otros por divulgar “secretos oficiales” vía los medios de comunicación, más del doble de los casos que todos los presidentes anteriores combinados. El gobierno afirma que todos estos casos son estrictamente asuntos legales y no políticos, y rechaza que los acusados sean “denunciantes” o “disidentes”. Afirma que son simples criminales que violaron no sólo las leyes, sino la “confianza pública”, en efecto, traidores.

 

Dos de ellos están en los titulares mundiales de la noticia: el soldado Bradley Manning, cuyo consejo de guerra está por determinar su condena penal por varios cargos, incluidos cinco según la Ley de Espionaje; el otro, Edward Snowden, a quien se acaba de otorgar asilo político en Rusia, por ahora ha logrado escapar de las autoridades estadunidenses y de cargos por esa misma ley.

 

Entre los otros cinco denunciantes está Thomas Drake, analista de alto rango de la NSA, quien expresó preocupaciones a sus superiores por violaciones a la privacidad de estadunidenses por parte de la agencia, y más tarde platicó con un reportero sobre abusos y prácticas de mala administración en la NSA. A pesar de que el caso criminal en su contra, de acuerdo con la Ley de Espionaje, se desestimó, sigue en la lista negra, como todos los denunciantes que trabajan en inteligencia o defensa, y con ello su carrera. El ex integrante de la fuerza aérea y analista de la CIA ahora trabaja en una tienda de Apple.

 

John Kiriakou, ex agente de la CIA, fue condenado a dos años y medio de cárcel por dar a periodistas, incluido uno del New York Times, los nombres de dos ex colegas que habían empleado tácticas de tortura en interrogatorios. Stephen Jin-Woo Kim, contratista del Departamento de Estado, enfrentó cargos por filtrar información al periodista James Rosen, de Fox News (quien después, se reveló, fue espiado por la FBI). Shamai Leibowitz, ex traductor de la FBI, filtró a un bloguero que promueve la paz entre Israel y Palestina transcripciones de intervenciones telefónicas de la embajada de Israel en Washington sobre esfuerzos para influir en la opinión pública estadunidens. Jeffrey Sterling, ex agente de la CIA, se declaró no culpable de filtrar información sobre planes estadunidenses de sabotaje de planta nucleares de Irán a James Risen, del New York Times. Risen ha rehusado identificar su fuente, y el gobierno de Obama ha logrado que un tribunal le ordene hacerlo o enfrentará la cárcel.

 


Otros denunciantes a lo largo de las últimas décadas han enfrentado graves consecuencias, sobre todo el fin de su carrera, aun en casos donde las acusaciones legales en su contra fueron desestimadas. El más famoso entre ellos, Daniel Ellsberg, quien filtró los Papeles del Pentágono en 1971, afirma que la persecución de quien se atreva a revelar secretos oficiales a la opinión pública es peor con Obama que en tiempos de Richard Nixon.

 

Aunque las autoridades insisten en que sólo están aplicando la ley, los críticos sospechan que más bien se trata de suprimir las libertades de expresión y de prensa, y sobre todo la disidencia dentro de las filas oficiales.

 

Muchos recuerdan que esta Ley de Espionaje fue empleada inicialmente como arma política contra disidentes cuando fue promulgada en 1917, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. Fue usada contra socialistas, anarquistas y pacifistas que se oponían a la guerra, entre ellos el líder y candidato presidencial socialista Eugene Debs (quien pasó cinco años en la cárcel), líderes anarcosindicalistas del gremio IWW, así como para deportar a Emma Goldman y cientos de extranjeros más que criticaban la política bélica en ese tiempo.

 

Tal vez para algunos en el gobierno lo que más preocupa es que se multipliquen expresiones como éstas, resultado de los “secretos” revelados:

 

“He servido en el complejo militar industrial durante 10 años, primero como soldado en Bagdad, y ahora como contratista de defensa. Cuando ingresé, creía en la causa. Era ignorante, ingenuo y estaba engañado. Se ha comprobado que la narrativa profesada por el Estado, de la que hacen eco los medios establecidos, es falsa y criminal. Nos hemos convertido en lo que pensaba que combatíamos. Recientes revelaciones de valientes periodistas sobre crímenes de guerra, incluidas las guerras sucias de contrainsurgencia, terrorismo por drones, la suspensión del proceso debido, tortura, vigilancia masiva… han arrojado luz sobre la verdadera naturaleza del gobierno estadunidense... Algunos dirán que estoy haciendo algo irresponsable, impráctico e irracional. Otros dirán que estoy loco. He llegado a creer que la verdadera locura es no hacer nada. Mientras estemos sentados en la comodidad, ciegos ante las injusticias del mundo, nada cambiará… Yo sólo era un soldado, y ahora soy un administrador de bajo rango. Sin embargo, siempre he creído que si cada soldado arrojara su rifle al suelo, se acabaría la guerra. Por lo tanto, hoy arrojo el mío...” Esta es la carta de renuncia de Brandon Toy, administrador de un proyecto de vehículos de combate artillados de una división de General Dynamics, una de las principales contratistas del Pentágono.

 

“Aquellos que pueden ceder una libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”: Benjamin Franklin.

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Los Hermanos Musulmanes acusan a EEUU de ser cómplice del golpe en Egipto

Mientras los islamistas quedan cada vez más aislados en sus acampadas y protestas en Egipto, el gobierno de Estados Unidos se ha apresurado en los pasados días a reforzar al gobierno interino surgido del golpe de Estado del 3 de julio, sobre todo con unas declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, quien dijo el jueves que los generales depusieron al presidente Mohamed Morsi para “restaurar la democracia”. Este viernes, en una nueva jornada de manifestaciones de los Hermanos Musulmanes, el subsecretario de Estado norteamericano William Burns acudió a El Cairo para mantener una nueva ronda de reuniones con altos funcionarios egipcios.


 
“Al Ejército le pidieron que interviniera millones y millones de personas”, dijo Kerry, jefe de la diplomacia norteamericana, en declaraciones a la televisión paquistaní Geo. “Los militares no tomaron el control, según nuestra interpretación, hasta este momento. Hay un gobierno civil que rige el país. De hecho, restauraron la democracia”, añadió. Si la Casa Blanca llegara a definir lo que sucedió en Egipto como un golpe de Estado, debería rescindir los 1.300 millones de dólares que anualmente envía a ese país de Oriente Próximo en ayuda militar.


 
Este viernes,Kerry pidió durante una visita a Londres que los nuevos gobernantes del país que respeten el derecho de los islamistas a protestar “de forma pacífica”. “Egipto debe volver a la normalidad”, dijo, “es una prioridad”. La semana entrante visitarán El Cairo dos senadores republicanos de EE UU, John McCain y Lindsey Graham, a quienes el presidente Barack Obama les ha solicitado que medien entre los militares y la oposición. McCain ha pedido en numerosas ocasiones a la Casa Blanca que defina claramente lo que sucedió el 3 de julio como un golpe.


 
Desde entonces han muerto en Egipto más de 300 personas, sobre todo en cargas policiales y militares contra manifestaciones de islamistas. Estos han mantenido acampadas en El Cairo y Giza en las que exigen la liberación de Morsi, que se halla detenido en lugar secreto. El ministerio del Interior ha amenazado en diversas ocasiones con desalojar las acampadas, por considerarlas una amenaza a la seguridad pública. Este viernes, la televisión estatal informó de que las fuerzas armadas se plantean cortar todos los accesos a esos campamentos, para asfixiarlos, evitando de momento desalojarlos por la fuerza.


 
“Fue un golpe militar claro”, dijo este viernes Gehad el Haddad, portavoz de los Hermanos Musulmanes. “¿Acaso vería lógico el señor Kerry que el secretario de Defensa [Chuck] Hagel derrocara a Obama por el único motivo de que se celebraran manifestaciones en EE UU? Con esto, sólo afirma su complicidad con un golpe militar”. Los partidarios de los Hermanos Musulmanes salieron este viernes de nuevo a las calles. En El Cairo se reunieron a miles, prometiendo no abandonar sus protestas hasta que no vean a Morsi de nuevo en la presidencia que ganó en las urnas en junio de 2012.


 
La visita a Egipto de Burns, el subsecretario de Estado norteamericano, es la segunda desde el golpe. También ha visitado el país el español Bernardino León, enviado especial de la Unión Europea al Mediterráneo sur, quien ha advertido contra el uso de la violencia para desalojar las acampadas de protesta. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se reunió el martes con Morsi, la primera alta funcionaria extranjera en hacerlo. “Se encuentra bien”, dijo de él, sin dar más detalles de sus condiciones o lugar de detención.

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Sábado, 03 Agosto 2013 06:46

“No les queda otra que protestar”

 “No les queda otra que protestar”

La exhortación del gobierno egipcio a los seguidores del ex presidente islámico Mohamed Mursi para que desalojen las plazas de Raba el Adawiya y El Nahda ocupadas en la capital El Cairo no ha dado mucho resultado. Miles de personas siguen sumándose a las protestas convocadas para lograr la liberación del ex presidente Mursi, derrocado en un golpe de Estado el mes pasado. Para el gobierno civil que instaló el golpe militar, los islamistas nucleados en torno de la Hermandad Musulmana pueden integrarse al diálogo y la democracia de cara a unas elecciones que se prometieron primero para dentro de seis meses y luego para dentro de nueve meses. La masacre del fin de semana en que las fuerzas de seguridad mataron a 80 manifestantes no ha contribuido a acercar posiciones. El secretario general de la ONU Ban Ki-Moon pidió la liberación de Mursi, mientras que la titular de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, se está perfilando como una posible mediadora luego de su encuentro el martes con el ex presidente. Página/12 dialogó con el autor de La desradicalización de los Jihadistas y académico de la Universidad de Exter, el egipcio Omar Ashour, sobre las perspectivas de una solución de la impasse.

 

–El gobierno ha exhortado a los manifestantes a que abandonen las plazas. ¿Hay alguna posibilidad de que lo hagan?

 

–No creo. No hay confianza mutua para una solución de este tipo. En la hermandad musulmana siempre se recuerda lo que pasó en los ’50 cuando se prometió a cambio de una desmovilización la convocatoria de elecciones y en vez de eso, se arrestó masivamente a dirigentes y militantes para descabezar el movimiento. A esta memoria histórica se añaden por supuesto las masacres de estos últimos días. De modo que para los manifestantes no queda otra cosa que seguir protestando.

 

–¿Es entonces inevitable una nueva masacre?

 

–Depende de un par de cosas. Primero, de la magnitud de la manifestación. Si se mantienen los números actuales es imposible, salvo que se cometa una masacre mucho mayor con el asesinato de cientos de personas. El segundo factor es la comunidad internacional. Si queda claro que no se va a tolerar otra masacre y que tendrá consecuencias muy serias, yo creo que esto puede evitar una nueva matanza porque los generales quieren seguir visitando Europa con sus familias.

 

–Por el momento, la reacción del mundo desarrollado ha sido ambigua y timorata si se compara con la reacción que hubo cuando se produjeron las manifestaciones en Turquía contra el gobierno de Recip Tayyip Erdogan. Estados Unidos se negó a calificarlo de golpe de Estado, el ex primer ministro británico Tony Blair prácticamente lo justificó por la incompetencia del gobierno islamista. ¿Hay alguna razón para pensar que hay una fuerte presión entre bambalinas?

 

–Creo que hay una fuerte presión no por amor a la democracia o la libertad, sino porque están preocupados de que haya un deterioro de la situación que termine provocando una serie de fenómenos que Occidente no quiere, como un masivo éxodo de refugiados o la radicalización de muchos sectores ante lo que es el mensaje básico de este golpe de Estado, es decir, que las elecciones no garantizan derechos. El mensaje hoy no sólo en Egipto sino en Tunisia o Siria que escuchan los jóvenes y adolescentes es que sólo las armas cuentan para tener el poder. Hay también por supuesto preocupación de cómo esto va a afectar las inversiones occidentales.

 

–El secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, ha pedido a las autoridades que eviten el abismo, y la titular de la política exterior europea, Catherine Ashton, ha exhortado a un diálogo. ¿Es posible este diálogo?

 

–La posibilidad existe, pero necesita mucha presión porque el ejército cree que puede superar esta situación con la mera fuerza de las armas. Sin la intervención de la comunidad internacional, sin los medios exponiendo lo que pasa, los militares no tendrían ningún miramiento para ejecutar todas las masacres necesarias para consolidarse en el poder. Tienen todo el poder de fuego necesario para hacerlo. El otro lado, el de los manifestantes, se siente victimizado. Ganaron las elecciones y un golpe de Estado aplastó sus esperanzas. Los manifestantes sienten que ahora están a merced de los generales y que lo único que les queda es resistir en las plazas.

 

–El panorama se complica un poco por el hecho de que los militares llegaron al poder con un fuerte apoyo civil que incluía a muchos grupos revolucionarios seculares que habían sido clave en la caída de Hosni Mubarak. ¿Quién apoya hoy al gobierno civil nombrado por los militares?

 

–Simplificando se puede decir que hay cuatro grandes actores en las fuerzas que provocaron la caída del gobierno de Mursi. Están el ejército, la policía, los llamados “felol”, remanentes del régimen de Mubarak, y las fuerzas revolucionarias no islamistas. Los dos primeros constituyen las armas. Los felol tienen mucho dinero, poder mediático y lazos con el Estado. Los revolucionarios tienen pocos recursos, pero un entusiasmo ilimitado. Yo estaba entre este grupo en septiembre de 2011 cuando la palabra prohibida era “gobierno militar”. Este grupo viró ahora a un apoyo a los militares por la incompetencia del gobierno de Mursi, por las expectativas defraudadas de un cambio en las fuerzas de seguridad o la Justicia que llevó a Mursi no sólo a no arrestar y demandar a los policías que torturaron y mataron a tantos manifestantes, sino a garantizar todo lo que el ejército pedía. Los felol y la policía estaban más que dispuestos a aprovechar este descontento de los sectores revolucionarios que terminó con la anulación de 14 rondas electorales, dos referendos y una Constitución. Los ganadores de todas estas elecciones están ahora en la cárcel.

 

–¿Es posible una guerra civil?

 

–Por el momento parece una posibilidad muy remota, porque para eso se necesita no sólo la polarización, sino que las Fuerzas Armadas estén divididas formando dos bandos con un cierto equilibrio en el poder de fuego. Eso no existe ahora. Una de las partes tiene todo el poder de fuego, la otra sólo tiene su poder de movilización.

 

–El actual gobierno tiene una hoja de ruta que incluye la realización de elecciones. ¿Ve alguna posibilidad de avanzar por este camino?

 

–No creo que suceda. Si se quiere la democracia no se hace un golpe de Estado, que es por definición un acto de violencia. El gobierno de Mursi era incompetente, pero se podía dejar que la misma dinámica democrática solucionara la situación, evitando este nivel de conflicto y derramamiento de sangre. El actual gobierno con civiles que tienen doctorados y PHD fue nombrado por los militares y sólo hará lo que les digan los militares. Y si llega a haber un enfrentamiento con ellos serán desplazados. En Argelia la represión y las muertes ocurrieron dos años después del golpe de Estado. En Egipto está pasando a los pocos días. Se habló de elecciones a los seis meses, ahora es a los nueve meses. En definitiva no importa. Las Fuerzas Armadas no están dispuestas a implementar la democracia.

 

–Son dos años de la Primavera Arabe. Hoy parece que el experimento se encuentra en su peor momento, no sólo en Egipto, sino en Tunisia y en un proceso diferente pero paralelo como el de Libia. ¿Qué pasó?

 

–Existen varios problemas. Una es que los regímenes no aceptaron la derrota y procuraron estropear el pasaje a la democracia. El segundo es que los gobiernos surgidos de las elecciones fueron incompetentes, no pudieron evitar la polarización y su retórica no ayuda. En tercer lugar, las fuerzas armadas no aceptan el control democrático. Se habla mucho de la polarización entre fuerzas seculares y religiosas. Pero esto también ha sido exagerado por ambas partes que han usado estas divisiones ideológicas como consignas políticas para movilizar en vez de tener un diálogo genuino.

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La silenciosa protesta de los futbolistas colombianos

Quienes siguen las incidencias del campeonato de fútbol profesional, se sorprendieron con la protesta pública que los futbolistas hicieron en los actos protocolarios de los partidos del pasado fin de semana. Éstos en silencio exhibieron pañuelos a manera de pancartas, con consignas alusivas a su situación en materia de legislación laboral. 

 

"No al veto, ley concertada con los futbolistas", fue una de las consignas, relacionada con su rechazo al proyecto de ley que prepara el Ministerio de Trabajo para presentar al Congreso de la República.

 

La protesta fue promovida por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), organización que agrupa a unos 1.200 futbolistas profesionales. Denuncia que no existen reglas claras para la discusión del mencionado proyecto de ley, pues éste no ha sido discutido ni concertado con los futbolistas activos.

 

Exigen que en el proyecto de ley el gobierno asuma la defensa de los derechos de los jugadores en tanto trabajadores, en materia de seguridad social, estabilidad laboral, incremento de salarios, jornadas de trabajo y descanso, despidos con justa causa, aspectos éstos en los que hoy existen muchas irregularidades porque lo que impera son las normas privadas de los clubes y no el Código Sustantivo del Trabajo.

 

Para ahondar en el tema, esta agencia de información conversó con Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, entidad que recientemente nombró nuevo consejo directivo del cual hacen parte, entre otros, los futbolistas Carlos Valdés, Francisco Nájera, Magnelly Torres y Rafael Roballo.

 

AIL: Empecemos por la parte gremial. ¿Qué es Acolfutpro?

 

CGP: Es una asociación civil sin ánimo de lucro constituida en el año 2004 por inciativa de jugadores que militaban en el exterior. Ellos se dieron cuenta de cómo en Argentina, Perú, Brasil y los países de Europa existían unas condiciones de trabajo y respeto de los derechos de los futbolistas, condiciones que no existen en Colombia. Y con su liderazgo se conformó la asociación con 116 afiliados. Hoy somos más de 1.200.

 

Explíquenos el sentido de lo que vimos los colombianos el pasado fin de semana, las pancartas, la protesta...

 

Ocurre que en Colombia usted como abogado, Carlos González Puche

 

periodista, escritor, médico, etc., pude desarrollar

 

su actividad donde le dé la gana y con el empleador que quiera. Pero el jugador de fútbol sólo puede ejercer su profesión con 36 empleadores, o sea los clubes de primera y segunda división, torneos que organiza la Dimayor, y eso da una posibilidad enorme de abuso de tipo laboral. Es un círculo absolutamente cerrado que establece mecanismos para que aquellos jugadores que quieran terminar su vínculo laboral y exijan sus derechos, no sean admitidos por otros clubes o no sean llamados a la Selección Colombia. Pasó con Iván Darío Córdoba y Mario Alberto Yepes, que en su momento no fueron llamados a la selección. También lo confirmó Edwin Valencia en una entrevista para un canal internacional. Le preguntaron por qué Eduardo Lara no lo había llamado a la selección, y él respondió que por haber términado su vínculo con el América para irse a Brasil.

 

¿Eso es lo que ustedes llaman veto?

 

Sí, es una lista negra. Los directivos de los clubes se ponen de acuerdo e impiden la contratación de jugadores. Lo vimos la semana pasada cuando el presidente del Deportivo Pereira, además de no pagarles a los jugadores, envió a los otros clubes una carta de aviso que incluía a 7 jugadores que habían terminado su vinculación.

 

¿Qué es lo que a la Asociación no le guasta del proyecto de ley que prepara el Ministerio de Trabajo?

 

Primero que no ha sido concertada con la asociación de futbolistas. Si se mira el parágrafo del artículo 4, permite que la estabilidad laboral la defina un reglamento privado, lo que favorece a los clubes. También establece sanciones económicas y deportivas para quien termine un vínculo contractual, con el argumento de que la FIFA lo exige, lo cual es cuento chino porque hay muchos paíeses donde la estabilidad contractual se establece conforme a las normas de cada país. Según el proyecto, si es el jugador quien termina el vínculo, debe pagar todo lo que falte del contrato para resarcir los perjuicios causados al empleador. ¿Qué otra actividad en Colombia permite semejante aberración? Hay sólo dos países que en su legislación permiten la clausula de rescisión a favor de los clubes, que son España y Brasil, pero en compensación establecen los derechos de imagen. O sea que cada vez que el jugador sale a la cancha se le paga un dinero importante, aparte de su salario.

 

¿En Colombia se pagan esos derechos de imagen?

 

No. Los derechos de transmisión por televisión son para los clubes. El caso es que éstos se resisten a que haya una distribución más equitativa de las ganancias. Hay equipos que declaran sólo el salario mínimo, cuando un jugador de fútbol se gana mucho más del mínimo, y eso afecta la liquidación de las prestaciones sociales. Los clubes nunca han pagado la seguridad social. Pregunte no más qué jugador tiene hoy una pensión. Y hay muchos casos de futbolistas que han terminado en la ruina. Morón murió en la miseria, el "Boricua" Zarate también, y "Paciencia" Escobar, que jugó en el Cali y Santa Fe. En el tema de la jornada laboral también hay irregularidades. Las jornadas laborales no son solo las de entrenamiento y los partidos, sino que incluyen el tiempo que el jugador debe permanecer en función del club. En la segunda división, por ejemplo, los jugadores demoran largas horas para trasladarse en bus de una ciudad a otra, y en muchas ocasiones no pueden ni descansar. Mire lo del Atlético Nacional: terminó el torneo hace 15 días y hoy arrancó con otro torneo. ¿Dónde está el descanso? El Cúcuta Deportivo permite que los jugadores tengan contrato laboral con una promotora diferente al club, que le paga al jugador la mayor parte de su salario. Eso lo hemos denunciado al Ministro en cartas, lo mismo que las listas negras, pero hasta ahora no existe una sola sanción para un club. Y lo grave es que el proyecto de ley que prepara no ataca nada de eso.

 

El Ministerio dice que el proyecto tiene asesoría de la FIFA...

 

Lo está asesorando un español, que debe saber más de normas colombianas que nosotros. Se llama Gorka Billar, es hijo del presidente de la Federación de Fútbol de España y vicepresidente de la FIFA. Es el que recomienda que se tiene que ajustar la norma colombiana a la FIFA, porque sino nos desafilian, cuando cada país es sobrano en la expedición de las normas laborales, y los reglamentos de carácter privado deben respetar esas normas, como lo ha dicho la Corte Constitucional en varias oportunidades. Pero en Colombia el reglamento privado expedido por la Federación Colombiana de Fútbol está por encima, reglamento que históricamente ha vulnerado los mínimos derechos de los jugadores. Por ejemplo, antes del 2004, año en que nació Acolfutpro, el estatuto del jugador le impedía al futbolista recurrir a la justicia ordinaria, porque si demandaba quedaba inhabilitado para jugar. Imagínese lo que implica para un jugador quedarse parado cuando su vida laboral es muy breve, de 12 y 15 años como máximo. Lo otro es que para validar el proyecto el gobierno dice que tiene la asesoría de la asociación de ex-jugadores, a quienes les da un subsidio con plata del Ministerio.

 

¿De qué manera entonces puede intervenir la FIFA en el conflicto laboral colombiano?

 

De ninguna manera. Es un tema nacional, no tiene por qué inmiscuirse. Hemos presentado el caso de Yhonny Ramírez. La FIFA dice que cuando hay un conflicto laboral entre un club y un jugador debe intervenir la Cámara de Solución de Disputas, mecanismo de arbitraje que la FIFA establece para esos casos. La integran representantes de los clubes y algunos magistrados y exmagisrtados de las altas cortes. Lo que uno no entiende es cómo estos magistrados cuando intervienen en el tema del fútbol parecen defender una constitución diferente. Pero como se trata de fútbol, no importa que sean sacrificados los derechos de los futbolistas. Al público en general tampoco le importa. Lo que le interesa es que haya fútbol y la pelota ruede. Todo el mundo feliz viendo cómo los estadios se llenan y la Selección Colombia clasifica al mundial. Pero nunca se preocupan por los derechos laborales de los artífices del espectáculo, que son los futbolistas. Si éstos son esclavos o no, para la afición no tiene importancia.

 

Es una crítica muy fuerte a los hinchas del fútbol...

 

Y también al periodismo deportivo, que vive del fútbol y de eso come. Jamás los periodistas van a dar un debate serio sobre este tema, porque ellos trabajan en los canales de propiedad de la Dimayor, compran sus espacios en las emisoras para poder vender los cupos y poder comer, están absolutamente coptados.

 

A propósito de Yhonny Ramírez y la acción de tutela que entabló, ayer la juez 43 Civil de Circuito de Bogotá la resolvió en segunda instancia a favor de Colfútbol y la Dimayor. ¿Qué opina de ese revés jurídico?

 

No compartimos la posición de la jueza, creemos que es inconstitucional. Acá no se está dando una controversia deportiva sino contractual, que involucra a un ciudadano colombiano, a un trabajador, y a otro club, porque Boyacá Chicó está demandando al jugador y a Millonarios. Admitimos la competencia de las federaciones para temas disciplinarios, pero no en un tema laboral. Para eso la FIFA establece la Cámara de Resolución de Disputas, que acá no se ha aprobado.

 

¿Apelarán la decisión de la jueza?

 

Sí. Pero me preocupa que dos magistrados de la Corte Constitucional, que es la siguiente instancia, hagan parte de las comisiones: uno, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, es presidente de la Comisión Disciplinaria del campeonato: y otro, Luis Ernesto Vargas, es el presidente de la Comisión Arbitral.

 

Entiendo que hay resoluciones de la OIT frente al tema laboral de los jugadores colombianos.

 

Recién creada la Asociación presentamos una queja ante la OIT, la número 2481, que produjo varias recomendaciones. Una es reconocer a Acolfutpro como representante de los futbolistas colombianos, y en marzo de 2007 recomendó al gobierno hacer negociación colectiva para los jugadores de fútbol. Pero tenemos un Ministerio de Trabajo que ha sido ineficaz para hacer esa negociación colectiva, pese a haberla solicitado muchas veces. El caso es que hoy quiere resolver todo sin negociación colectiva, convocando a un proyecto de ley que no defiende los intereses de los futbolistas sino el de los empleadores.

 

¿Cómo sería una negociación colectiva de futbolistas, eso suena raro?

 

El sindicalismo ha criticado a la Asociación porque no somos sindicato. Y no lo somos porque tendríamos que negociar pliego de peticiones club por club, ya que la falta de un estatuto del trabajo impide la negociación por rama de industria. Y yo, Carlos González Puche, no voy a presentar un pliego de peticiones en ciudades y con cluves donde existe evidente riesgo para mi integridad personal.

 

¿En Colombia se tratan los jugadores como personas, o como mercancías?

 

En algunos clubes se tratan como personas, en otros como mercancías. Hay clubes serios como Millonarios, Nacional, Santa Fe, que honran sus obligaciones, declaran las integralidades. Pero hay otros que no, como el Chicó, que es el culmen de los incumplimientos. Y el Pereira, que les propuso a los jugadores un palazo de 23 años para pagarles las deudas que tiene con ellos.

 

En el trámite del pase de un club a otro, ¿se violan los derechos de los futbolistas?

 

Por la falta de formalidad en esta actividad, en el tema de las trasferencias los que se enriquecen son los intermediarios. Hay mucha anarquía, que ha dado pie a que una cantidad de aparecidos, por supuestas gestiones, terminen echándole mano a jugosos honorarios, en detrimento de los clubes y los jugadores. Lo otro es que se están aprovechando de los jugadores y la baja escolaridad que tienen, que no llega al 8º grado en promedio. Se les está vendiendo la ficción de la transferencia internacional como la gran oportunidad de mejorar su vida, y todos están dispuestos a firmar lo que sea con tal de hacer parte de ese sueño, que unos pocos logran pero la gran mayoría no.

 

Usted lleva muchos años en la brega gremial y en defensa de los derechos laborales de los futbolistas. ¿Por qué lo hace, por qué sigue sabiendo que es tan difícil?

 

Porque creo y considero que hay muchas injusticias. Yo fui jugador profesional en Millonarios, América, Cúcuta, y ahí viví todos esos vejámenes de los que le he hablado. Tuve acceso a una buena educación que me dio mi familia, y al tiempo que era jugador estudié y me gradué de abogado en el Externado de Colombia en 1986, e hice mi tesis sobre la inconstitucionalidad del pase y la transferencia. En ese sentido fui un privilegiado porque son pocos los jugadores que pueden estudiar.

 

Finalmente, ¿qué tan posible ve una huelga de futbolistas en Colombia?

 

En este país eso lo veo muy difícil, y nosotros desde la Asociación tampoco lo alimentamos. Fíjese que hicimos una huelga en el 2005 y fuimos objeto de amenazas. Aquí no pasa nada.

 

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Miércoles, 31 Julio 2013 05:33

“Hoy la lucha es contra el capital”

“Hoy la lucha es contra el capital”

Los líderes del ALBA, grupo que reúne a países críticos de Washington, buscan recobrar fuerza tras la muerte de Hugo Chávez con una cumbre ayer en Guayaquil, donde discuten acciones contra el “imperio del capital” y el espionaje de Estados Unidos. El ALBA “es antiimperialista, pero el imperio que domina al mundo, incluso a países hegemónicos, es el imperio del capital. Esta es la nueva lucha antiimperialista”, declaró el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la apertura de la cumbre.

El encuentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el primero que se realiza sin Chávez, impulsor del bloque conformado en 2004, también delineará una posición común frente a la Alianza del Pacífico. Este último grupo conformado por Chile, Colombia, Perú y México es visto por miembros del ALBA como un intento de reflotar un área de libre comercio en la región. “Vamos a debatir cómo fortalecer nuestra alianza bolivariana, cómo retomar esa tarea que nos ha dejado el compañero Hugo Chávez”, declaró el mandatario boliviano Evo Morales a su llegada a Guayaquil.

Previo a la cumbre de ayer, Morales y su homólogo Rafael Correa sostuvieron un encuentro en Quito la semana pasada, en el que criticaron abiertamente la Alianza del Pacífico. “Mientras yo sea presidente, Ecuador no entrará en ninguna de estas aventuras”, declaró Correa, cuyo país, a diferencia de Bolivia, tiene acceso al océano Pacífico.

En el discurso inaugural de la XII cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se celebra en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, subrayó la necesidad de defender a los pueblos ante estas manifestaciones de poder. Es necesario “evitar que nuestras democracias sean restringidas” y “mantener nuestras soberanías, que están en peligro con ese orden mundial inmoral”, señaló el gobernante, quien consideró que el borrador de declaración final de la cumbre es “tremendamente tibio” ante estas amenazas.

Criticó el espionaje internacional, los tratados de protección recíproca de inversiones, las transnacionales, los centros internacionales de arbitraje y la prensa “mala”, que calificó de “letal” para las democracias, al tiempo que cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y reclamó reformas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El gobernante dio la bienvenida a los presidentes Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y delegaciones de los países del ALBA, a la que pertenecen Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Venezuela, así como Ecuador. El ALBA fue creado hace nueve años por los entonces presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro.

Esta cumbre de Guayaquil surge de la “necesidad de realzar una alianza que es bastante frágil” porque siempre estuvo atada al “personalismo de Chávez”, dijo Andrés González, politólogo y profesor de Relaciones Exteriores de la Universidad San Francisco de Quito. Los países miembro buscan “enviar un mensaje muy claro: el ALBA sí funciona y tiene un peso político”, agregó.

Correa invitó a los gobiernos a reflexionar sobre temas como el SIDH, cuya reforma defiende el país andino en foros internacionales por considerar absurdo que Washington sea la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a no haber ratificado el Pacto de San José, que es el “fundamento” del mismo. Es una “irracionalidad” que la sede se encuentre en el país que promueve el bloque contra Cuba, dijo Correa, quien se preguntó: “¿Hasta cuándo toleraremos esto?”.

El mandatario, que calificó de “atrocidad” el reciente incidente vivido por el presidente de Bolivia, Evo Morales, a cuyo avión se impidió acceder al espacio aéreo de países europeos, mencionó como ejemplo de la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana la negativa del Reino Unido a dialogar con la Argentina sobre las Islas Malvinas. Ante ello, Correa apeló a los instrumentos que brindan el ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) para avanzar en la integración.

El mandatario anfitrión anticipó que la cumbre servirá para ventilar temas como el plan estadounidense de vigilancia global revelado por el ex contratista norteamericano Edward Snowden, quien espera asilo en Rusia. Snowden, acusado por Washington de espionaje, recibió ofertas de protección de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Ecuador propondrá acelerar la creación de centros regionales de arbitraje que resuelvan las controversias entre los Estados y empresas extranjeras.

Según Correa, las actuales entidades están dominadas por las transnacionales y son un instrumento de dominación contra los Estados.

Ecuador enfrenta millonarias demandas internacionales de las petroleras Chevron y Occidental.

El mandatario ecuatoriano resaltó además que la lucha contra la pobreza es el gran “imperativo moral” que tienen los gobiernos latinoamericanos ante sí para combatir “la esclavitud del siglo XXI”, como definió el hecho de “tener gente viviendo en la pobreza”. Y para ello defendió el uso racional de los recursos naturales no renovables para lograr un desarrollo con soberanía.

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Jueves, 25 Julio 2013 05:57

Huelga en la Drummond

Huelga en la Drummond

Los cerca de 10 mil trabajadores del complejo carbonífero de la Drummond en Colombia paralizaron sus labores desde ayer miércoles a las 5:55 de la tarde, momento en que Sintramienergética, sindicato que lidera la huelga, decretó la hora cero.

 

La huelga había sido aprobada el miércoles de la semana pasada por el 98% de los trabajadores sindicalizados, luego de agotada la etapa de negociación directa con su prórroga, sin que se llegara a un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral.

 

Ayer tuvieron lugar los últimos contactos entre las partes con la mediación del  Viceministro del Trabajo José Noé Ríos, pero la empresa no mejoró su oferta. “Lo último que nos ofrecieron está por debajo de las expectativas de los trabajadores, son propuestas muy irrisorias”, explicó a esta agencia Luis Manuel Mendoza, presidente de la subdirectiva de Sintramienergética en El Paso.                                                          


La parálisis afecta a las minas Pibbenow y El Descanso ubicadas en el corregimiento La Loma, municipio El Paso, departamento del Cesar, y al puerto de embarque en Ciénaga, Magdalena, donde los trabajadores ya instalaron carpas y están en el despliegue logístico propio de una huelga.

 

Se recuerda que la última huelga en esta multinacional estadounidense en Colombia fue en el 2008 y duró 7 días. Y esta es la segunda que este año se presenta en el sector carbonífero, y se suma a la parálisis que a principios de este años afectó al Cerrejón, donde la huelga de sus trabajadores se extendió durante un mes.

 


Por su parte Johny Ojeda, miembro de la comisión negociadora por Sintramienergética, señaló que durante los 40 días de negociaciones sólo se alcanzaron a revisar 8 puntos de los 70 solicitados. “La empresa no se tomó la molestia siquiera de revisar las necesidades más sentidas de los trabajadores en el petitorio. En una posición radical y prepotente dice que no está en condiciones económicas de solucionar las modestas peticiones de los trabajadores”, agregó.

 


En la última propuesta que puso sobre la mesa el día de ayer, la empresa accedió a aumentar a 7 millones el bono por la firma de la convención a 3 años, y en  la parte salarial sólo accedió a un aumento del 4.75% para el primer año, el IPC + 1.25% para el segundo, y el IPC + 1.5% para el tercer año. El sindicato había pedido, para empezar la negociación, el 10.7% de aumento.

 


El complejo carbonífero de la Drummond es, después de El Cerrejón, el segundo del país, y extrae el 29% del carbón nacional, unas 26 millones de toneladas al año. De ahí que un cese de actividades puede afectar el desempeño de la economía de Colombia, actualmente el 4º exportador mundial de carbón, al provocar un incumplimiento de la meta de producción, fijada para este año en 94 millones de

 

toneladas.
Según datos de la misma empresa, la huelga acarrea pérdidas totales diarias por $4.298 millones, discriminadas así: $2.258 millones por regalías, $1.834 millones por impuestos y $206 millones por la participación de la ANI en la tarifa férrea.

 


Desde el 2010 la Drummond ha crecido en Colombia un 30%, crecimiento en el que ha sido fundamental la labor de los trabajadores, por lo que éstos ahora exigen que se les tenga en cuenta y se mejore su calidad de vida.

 

Sintramientergética es un sindicato de industria que son sus 2.856 trabajadores afiliados es mayoritario en la Drummond.

 

Pliego de peticiones:

 

El punto central del pliego, y el que condicionó los demás puntos por parte del sindicato, es el cambio de forma de pago. Se exige que el pago sea por salario básico mensual en lugar de por horas.

 

Ocurre que en los 18 años que la Drummond lleva operando en Colombia, a los trabajadores se les ha pagado por horas, en jornadas de 12 horas durante 7 días de la semana con 4 días de descanso. Así ha sido siempre y los trabajadores se acostumbraron a eso. El problema es que en el último año, por su conveniencia la empresa a la jornada de 8 horas, lo que afecta los ingresos de los trabajadores.

 

Otro tema importante del pliego tiene que ver con la garantía de reubicación y estabilidad laboral para los 400 trabajadores que quedarán cesantes cuando, por fin, entre en funcionamiento el nuevo sistema de carga en el puerto de Ciénaga; cambio que por cierto la empresa hace rato debió hacer, y por eso ha estado en pugna con el Ministerio de Medio Ambiente por no cumplir aún con el decreto que le obliga a usar el cargue directo del carbón que exporta, en vez de embarcarlo a través de las barcazas, las cuales implican cantidades significativas de contaminación en las zonas cercanas al puerto de Santa Marta. Por eso recientemente le fue suspendida durante varias semanas la licencia ambiental.

 

También en el pliego hay temas relacionados con seguridad industrial y condiciones de salud. En el historial de la Drummond en Colombia se contabilizan 20 muertos por accidentes de trabajo. También hay cerca de 400 trabajadores enfermos, con patologías de origen profesional. Algunos de ellos han sido reubicados, pero con jornada de trabajo reducidas. Por ello el sindicato considera que las políticas de seguridad industrial deben mejorar, pero la empresa se niega a revisarlas porque sostiene que no acepta coadministración con los trabajadores.

 

Otro punto que el sindicato plasmó en el petitorio, y que la empresa no quiso tocar en la mesa, es el de los despidos y procesos disciplinarios contra miembros de juntas directivas en los últimos 3 años.

 

La Drummond

 

La multinacional Drummond, cuya sede principal se encuentra en Alabama, EE.UU, tiene más de 75 años de experiencia en el mercado de producción de carbón. A finales de los años 80 Gary Drummond, dueño de esta carbonífera, adquirió las concesiones mineras para una vasta área en el departamento de Cesar, donde el desarrollo del proyecto carbonífero empezó a principios de los años 90.

 

Al igual que su competidor, El Cerrejón, ha promovido altos crecimientos en términos de producción, pasando de exportar un millón de toneladas de carbón en 1995, a 26 millones en 2012.

 

Cuenta con cerca de 10 mil trabajadores, 4.000 de ellos con contrato a término indefinido y el resto por empresas contratistas y a término fijo.

 

En el año 2012 obtuvo ingresos netos de 600 mil millones, a pesar de que el precio del carbón se desaceleró.

 

La clase dirigente de Colombia le ha otorgado muchos favores, como reducciones tributarios y arancelarias y la ampliación de sus concesiones, En años recientes, el Gobierno le entregó una nueva concesión minera, ampliando su área de producción en otros 17 mil hectáreas. De esta manera queda con el 30% de todas las reservas carboníferas del país, y se hizo a la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, por encima de El Cerrejón.

 

Sin embargo, tiene fuertes cuestionamientos por las “trampas” que le ha hecho el Estado, a sus trabajadores y las comunidades que viven en las zonas donde extrae el carbón.

 

Por ENS, Agencia de Información Laboral

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