La trayectoria del correismo a la luz de los conflictos. (2007-2013).

En este artículo nos proponemos mirar la trayectoria del correísmo a través de las líneas centrales de conflictividad que han marcado este período. Por limitaciones de espacio nos centraremos en la comparación de dos años: 2007, momento de inicio del nuevo gobierno, y 2012, en vísperas de su segunda reelección[1].
 
 
 
2007. La conflictividad sociopolítica en el año
 

Al inicio del gobierno, las líneas de conflictividad aparecieron sobredeterminadas por aquellos conflictos que se procesaban en la arena político-institucional y estos, a su vez, por las pugnas entre el gobierno y la derecha. Pero una revisión de conjunto, por más somera que sea, nos muestra que ya desde 2007, en los inicios mismos del régimen correísta, se distinguían con claridad dos campos de conflicto diferentes. Por un lado, el campo de conflicto entre el gobierno y la oposición de derechas; por otro lado, los campos de conflicto en los que veían envueltos los sectores populares. Detengámonos un poco en las características de cada uno de ellos.


 
1) El campo de conflicto entre el gobierno y la oposición de derechas: allí parecía centrarse el conflicto central, y este se expresaba en tres líneas: a) la disputa por el escenario político institucional; b) el conflicto con los medios de comunicación; c) el conflicto con los gremios empresariales.


 
a) La disputa por el escenario político se volvió central porque expresaba la lucha por la hegemonía. Después del breve interregno del gobierno de Palacio, el nuevo régimen significaba una transformación de la forma de dominio, con el desplazamiento de las fuerzas políticas que habían mantenido el control del Estado durante el período neoliberal, pero el resultado electoral había dejado la transición a medias, pues Alianza Pais no presentó candidatos al Congreso, que quedó en manos de las derechas coaligadas. Este hecho aceleró la marcha de las cosas, pues las derechas creyeron tener un instrumento adecuado para entrabar el camino del naciente correísmo. Fue la ocasión, en cambio, para el contraataque gubernamental, sustentado en una amplia legitimidad social. En el anecdotario quedan el sorpresivo cambio de un presidente del Tribunal Supremo Electoral, antes afín a Sociedad Patriótica, y la mudanza al correísmo de un número elevado de congresistas suplentes. El hecho fue que Correa convocó a plebiscito y una amplia mayoría aprobó el llamado a la Asamblea Constituyente. Las elecciones que le siguieron confirmaron lo que ya era evidente y las derechas no fueron capaces de ver: se había producido una brecha insalvable entre ellas y la conciencia social. A partir de allí, el escenario político fue ganado por el oficialismo, pese a los intentos discontinuos de la derecha por arrebatárselo (por ejemplo, las marchas organizadas por Nebot).


 
b) El conflicto con los medios de comunicación fue, desde el inicio apenas una conclusión lógica de la manera en que se iban dibujando las relaciones de fuerza. En el período anterior, los grandes medios adhirieron al programa neoliberal y a la gobernabilidad; no a los gobiernos en particular, aunque algunos les hayan sido más simpáticos, sino a la estabilidad del modelo y del sistema. Fueron también uno de los principales divulgadores de los intentos de hegemonía que el neoliberalismo alcanzó a construir. Mientras las intermediaciones políticas funcionaron más o menos adecuadamente (es decir, lo suficiente como para contener la expresión política institucionalizada de la población), los medios eran una pieza importante, pero no central. Las cosas cambiaron cuando las intermediaciones políticas del neoliberalismo entraron en crisis y no levantaron cabeza, porque entonces el papel político de los grandes medios saltó a primer plano, y en torno a ellos se aglutinó la oposición, favorecidos además por el ataque constante a que comenzó a someterlos el gobiernos: desde entonces, la libertad de expresión (entendida como la libertad de expresión de los medios) se convirtió en punto central de debate y de conflicto, un conflicto que continúa acompañando a la así llamada “revolución ciudadana”.


 
c) El conflicto con los gremios empresariales aparecía entonces plenamente vinculado con los anteriores, en la medida en que la posición oficial de las Cámaras sustentaba básicamente los diferentes componentes del modelo neoliberal  (liberación de controles para el capital, contención de salarios, flexibilidad laboral, apertura comercial).


 
2) El campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares se fue configurando, igualmente, desde el principio, aunque por entonces quedara oculto detrás del ropaje progresista de que hacía gala el correísmo, pero también detrás de la ilusión de que podría producirse un encuentro entre el proyecto del gobierno y el programa práctico generado por el movimiento popular en medio de la larga resistencia al neoliberalismo. Dos líneas se desplegaron en este campo: a) conflictos particulares, que tocaban aspectos en cierto sentido secundarios o incluso periféricos del nuevo modelo, y b) conflictos centrales, que apuntaban a aspectos estratégicos de la nueva forma de dominación, aunque aún no se lo distinguiera así con claridad.


 
a) Entre los conflictos particulares encontramos un conjunto de conflictos locales: por ejemplo, en torno a demandas de servicios en áreas urbanas y rurales: agua, transporte, vías, servicios y equipamientos; o por demandas económicas particulares, como las de vendedores informales de gas, transportistas, taxistas “formales” e “informales”, pequeños comerciantes “informales”, estudiantes y padres de familia, etc., producidas en torno a decisiones sectoriales del Estado central o alrededor de políticas municipales de renovación urbana o de regularización.


 
Se presentaron también algunos conflictos laborales, que afectaron tanto a  trabajadores activos como a trabajadores despedidos, igual de las empresas privadas que del Estado. Aquí incluimos también las protestas de los jubilados por el pago incompleto o con retraso de sus pensiones.


 
Y, por último, las protestas contra la violencia, sobre todo contra la impunidad de asesinatos o secuestros. En general, en relación con hechos sucedidos en tal o cual localidad; pero también contra ataques y crímenes sufridos por migrantes ecuatorianos en España.


 
 b) Pero otro grupo de conflictos cuestionaba aspectos centrales de la propuesta correísta. Entre ellos se destacaban los conflictos ambientales que, en estos tiempos, aparecen vinculados con los conflictos indígenas, en cuya visión el ambiente, los recursos, el territorio, la cultura y el autogobierno forman una unidad simbólico-cultural. La presencia justo en esos territorios de actividades de explotación petrolera y minera generó protestas contra daños ambientales generados por empresas petroleras, contra la privatización del agua, contra la persistente invasión de territorios indígenas por parte de colonos y contra la presencia de empresas mineras.


 
 Igual centralidad tuvieron los conflictos en torno a violaciones de derechos humanos, señaladamente vinculados a los conflictos ambientales, pues en este período se refirieron sobre todo a las secuelas de la represión del ejército a las manifestaciones en la parroquia amazónica de Dayuma y el trato violento dado a las protestas de comunidades indígenas contra las empresas mineras.
 
 
 
2012. La conflictividad en el año VI


 
Los principales ejes de conflictividad sociopolítica durante 2012 tuvieron al gobierno como actor central, y han fluctuado en torno a la afirmación del proyecto hegemónico. Se constituyen tres campos de conflicto centrales: 1) la conflictividad entre el gobierno y las organizaciones y movimientos populares; 2) la conflictividad institucional; 3) la conflictividad entre el gobierno y (sectores de) la burguesía.


 
1) El campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares se estructuró en torno a cuatro ejes:


 
a) Los conflictos con las principales organizaciones indígenas se articulan en dos sentidos convergentes: por un lado, el debilitamiento de las organizaciones (cerrar algunos de sus espacios de acción, por ejemplo, en los gobiernos locales –ver, más adelante, la conflictividad institucional–), es decir, una tendencia a afectar su capacidad de acción como sujeto autónomo de resistencia. Pero, por otro lado, los conflictos presentados muestran la disputa de proyectos político-sociales en torno a diversos aspectos: los sentidos de la democracia, planteados, por ejemplo, en torno a la consulta previa; la participación en el manejo del  territorio, especialmente visible en lo que atañe al territorio como espacio de disputa alrededor de actividades consideradas estratégicas para el proyecto dominante (minería, petróleo, hidroeléctricas); la limitación o el desmonte de actividades que constituyen la comunidad como autogobierno, palpable en torno a la ley de aguas y a la justicia indígena, conflictos que vienen de antes; finalmente, la concepción del desarrollo (y del sumak kawsay), que se expresa en los conflictos mencionados.


 
b) Los conflictos con los trabajadores públicos en torno a las renuncias obligatorias, al el incremento del horario de trabajo o a modificaciones reglamentarias son expresión del disciplinamiento autoritario de los trabajadores estatales; se incluye aquí la reducción de maestros y docentes a la condición de “funcionarios”[2], proceso que se relaciona también con el conflicto alrededor de la reforma educativas, como se verá en el punto siguiente. Paradójicamente, la avanzada gubernamental complementa el sometimiento de las clases trabajadoras iniciado bajo el neoliberalismo. Pero no solo eso: el despido apenas disfrazado de miles de trabajadores se convierte objetivamente en un elemento adicional la creación de una nueva categoría social: la nueva tecnocracia y el nuevo funcionariado. Es preciso no pasar un alto un elemento muy decidor del carácter del régimen, el hecho de que varias de las acciones emprendidas fueron ejecutadas haciendo gala del uso del espionaje y de la presencia policial. Estos conflictos trajeron como secuela resistencias colectivas, pero también reacciones individuales que inauguran formas de acción que habían sido poco usuales entre nosotros (un guía turístico que se encadena a las rieles del tren; una encargada de un bar que se encadena a un poste en un establecimiento educativo).


 
c) La conflictividad con maestros y estudiantes giró alrededor de las reformas educativas. Sin ser exactamente la misma ha seguido caminos confluentes que se refieren, sobre todo, a la imposición del proyecto hegemónico sin la discusión y participación de los actores involucrados. Desde este punto de vista, se remiten a la democracia, como varios otros conflictos). En lo específico, los estudiantes resienten las dificultades en sus modalidades de estudio (bachillerato unificado, educación técnica) y sus posibilidades de acceso a la educación superior; los profesores resienten la extensión de la jornada de trabajo, las modalidades de escalafón y el incremento de exigencias para poder continuar trabajando. Si lo miramos desde el punto de vista de la movilización social, el conflicto gira en torno al sometimiento y la domesticación de los actores sociales y, más en general, a la limitación de los espacios de organización y movilización.
 


d) Dos elementos atraviesan todos estos conflictos: por una parte, los intentos gubernamentales de controlar a las organizaciones sociales[3]; por otra parte, la criminalización de la protesta (entendida tal cual fue definida por el informe de la defensoría del pueblo[4]): represión a las movilizaciones, apresamiento y enjuiciamiento, acusaciones de terrorismo, sabotaje y rebelión contra el Estado, una deriva que se ha profundizado en este 2013, sobre todo luego de las elecciones de febrero. Esto le da un sentido particular a los intentos gubernamentales de rebajar las garantías constitucionales y de limitar la capacidad de intervención de los organismos internacionales de derechos humanos.


 
2) La conflictividad institucional tiene por sentido objetivo[5] asegurar el predominio del Ejecutivo sobre las otras funciones del Estado, que van siendo subordinadas a su dinámica. Allí pueden distinguirse varias líneas:


 
a) las tensiones con la Asamblea Nacional: sobreutilizando la figura del colegislador, buena parte de la labor legislativa ha pasado a depender de Carondelet (los vetos, la entrada en vigencia de leyes por el ministerio de la ley, las amonestaciones presidenciales a la Asamblea por los exhortos, la demanda de inconstitucionalidad del reglamento de la Asamblea).


 
b) las tensiones con la función judicial, desde las expresiones de Correa en las sabatinas hasta las sanciones por parte del Consejo de la Judicatura.


 
c) las tensiones con los gobiernos locales, que adquieren un doble sentido: por un lado, reafirmar el poder central por sobre las capacidades de decisión de los “gobiernos autónomos descentralizados”; y, por otro lado y más allá de las anécdotas particulares, adquieren la forma de pugnas de poder terminan dándole a Alianza Pais un mayor control sobre esas instancias (Cotopaxi, Santa Isabel, pero también la pugna en torno a la frecuencia de Telesangay con el consejo provincial de Morona).


 
d) los conflictos con las universidades, que tienden a subordinar la reproducción de conocimiento y de la tecnoburocracia a los requerimientos del proyecto hegemónico.


 
3) El campo de conflicto entre el gobierno y (sectores de) la burguesía se presenta en tres líneas conexas:


 
a) la conflictividad con las derechas, tanto la “vieja” derecha como la “nueva” derecha, se mueve en el plano ideológico. Pero hay una diferencia: la “vieja” derecha se afirma en la reiteración neoliberal; la “nueva” derecha quiere dar una imagen distinta y afirmarse como la “otra cara” del proyecto de modernización capitalista, y, por lo tanto, apunta a la negociación.


 
b) la conflictividad con los grandes medios de comunicación expresa dos facetas: una, que se explica porque los medios juegan objetivamente el rol de “partido opositor ausente”, que la derecha no alcanza a afirmar; otra, que se explica porque esos medios fueron, y en parte siguen siendo, instrumento de difusión de los “lugares comunes” del neoliberalismo. Pero ha tenido un efecto adicional: que el debate sobre la libertad de expresión se haya concentrado en las disputas entre el gobierno y esos medios, o entre el gobierno y determinados periodistas, expuestos constantemente en las sabatinas, dejando de lado el derecho a la expresión de la población y de las organizaciones sociales.


 
c) la conflictividad con la burguesía como clase que se establece, más bien, como una negociación al interior del propio proyecto de modernización: los empresarios cuestionan los nuevos impuestos, pero buscan el modo de afirmarse dentro del plan nacional de desarrollo y del cambio de la matriz productiva. Esta línea parece profundizarse a raíz del viaje de Correa a Alemania en abril de este 2013 y el anuncio de la creación del ministerio de Comercio Exterior[6].


La trayectoria correísta a la luz de la conflictividad sociopolítica


 
¿Qué conclusiones podemos extraer?


 
Durante estos años se han mantenido los campos de conflicto, pero se han modificado y han cambiado sus sentidos y relaciones. Y a partir de este 2013, sobre todo desde las elecciones de febrero, se ha profundizado la línea general de desenvolvimiento que expresan las tendencias que analizamos. Pero vamos por partes.


 
 Desde el inicio, la conflictividad sociopolítica se estructuró en tres campos: el campo de conflicto entre el gobierno y la burguesía, el campo de conflicto institucional y el campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares. Pero al principio el conflicto principal parecía ser entre el gobierno y la burguesía, a tal punto que subsumía al conflicto institucional y velaba el conflicto entre el gobierno y los movimientos populares. En la actualidad, la situación es diversa, pues la conflictividad central se ha traslado al campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares.


 
Las relaciones entre el gobierno y la burguesía comenzaron como duros enfrentamientos en la política y en la economía. En la política, las clases dominantes tendían aún a expresarse a través de los partidos de la derecha tradicional, que habían asumido el proyecto y el discurso neoliberales y que pretendían, desde allí, socavar la afirmación del gobierno naciente. En la economía, se expresaban a través de los gremios empresariales que enarbolaban un discurso de confrontación, tratando de presionar a un retorno de las políticas económicas del período anterior.


 
No obstante, también desde el inicio hubieron sectores dentro de las clases dominantes que intentaron otras vías, por ejemplo, el tono de “consejo” que tomaban algunos discursos de representantes de las Cámaras empresariales, o la propuesta nebotcista de construir un “movimiento ciudadano” de derechas (del que resultaría luego la formación del movimiento Madera de Guerrero), o el aparecimiento de nuevas formaciones políticas de derecha, que se pretendían más “modernas”, como UNO, Futuro Ya o Concertación. Pero todos estos intentos estaban finalmente limitados por su dependencia de la ideología neoliberal, tal como se había desarrollado en el período anterior y por su evidente vínculo con las formas políticas anteriores, cuyo descalabro había sido una de las condiciones para el triunfo de Alianza Pais.


 
Con el tiempo, esa situación se modificaría: desde el ámbito político, con el surgimiento de otros movimientos políticos, como CREO y SUMA, que parecen tener mejores condiciones para expresar una representación más orgánica de las clases dominantes como “la otra cara” del proyecto de modernización capitalista expresado por Correa. Mas se trata de un proceso aún inacabado, pues, como se pudo ver en las elecciones de 2013, la votación de SUMA aún no es suficientemente significativa, y la de CREO aún depende en buena parte de la votación socialcristiana. En todo caso, manejan ya un discurso más contemporizador con (por lo menos algunos de) los postulados correístas. Sin embargo, la modificación fundamental es la que se ha producido en la representación gremial de la burguesía como clase: las Cámaras,  eligieron nuevos dirigentes que ya no se relacionan con el gobierno desde la confrontación, sino desde la negociación y la búsqueda de acuerdos; esto se hizo visible en varios momentos: con motivo de la política para enfrentar la crisis capitalista mundial, en torno al Código de la Producción, pasando por su negativa a respaldar el movimiento policial del 30 de septiembre hasta llegar, más recientemente, a los acuerdos alrededor de la creación del ministerio de Comercio Exterior, de la reanudación de las negociaciones para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, de la aprobación de las reformas a la ley de Minería, e incluso del cambio de la “matriz productiva” y del nuevo código laboral.
 


Dicho de otro modo, hoy por hoy el conflicto entre el gobierno y la burguesía se presenta como una disputa al interior y por el proyecto hegemónico de modernización capitalista. Esto no excluye, ciertamente, la presencia de confrontaciones, como ante la ley de comunicación, pero éstas deben entenderse dentro de la disputa por el control de los “aparatos ideológicos del Estado”, es decir, aquellas instituciones mayormente privadas, aparentemente no estatales, pero que juegan el papel central en la producción, circulación y reproducción de la ideología dominante[7]. El carácter virulento de la arremetida gubernamental puede deberse tanto a su debilidad en la generación de su propia sociedad civil, cuanto a la importancia que sobre todo los grandes medios de comunicación tuvieron como sostén ideológico del proyecto neoliberal y a su reciente papel de hecho de instancias políticas de oposición al gobierno[8].


 
Los conflictos institucionales sufrieron, concomitantemente, una mutación equivalente. Al inicio eran parte de la confrontación entre el gobierno y la derecha, en la medida en que esa derecha tradicional controlaba determinados espacios de la institucionalidad estatal, como el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. Pero estos conflictos adquirieron un nuevo y diferente sentido, cuando esa derecha fue finalmente desplazada de allí tras la consulta popular, las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente, el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución y las nuevas elecciones que refrendaron el triunfo de Correa. A partir de entonces, los conflictos institucionales expresan, sobre todo, a modo de pequeños y sucesivos coups de main, un proceso que lleva a la exacerbación del presidencialismo, forzando la subordinación de todas las funciones estatales al Ejecutivo y reforzando la concentración de poderes en el Ejecutivo -y en la persona del presidente.


 
Por último, la confrontación entre el gobierno y los movimientos populares dejó de ser una expresión oculta y velada de la conflictividad para convertirse en el eje central de contradicción. Es cierto que durante el primer año de gobierno el escenario de las preocupaciones políticas fue copado por el enfrentamiento entre el gobierno y las derechas, y que eso veló las miradas sobre la conflictividad entre el gobierno y los movimientos populares. Sin embargo, los ejes alrededor de los cuales se produjeron las primeras disputas señalaban ya claramente el sentido contradictorio que irían asumiendo en adelante las relaciones entre el régimen y los movimientos.


 
Sostenemos que la centralidad de esta contradicción se debe a que desnuda el carácter del proyecto y le opone sentidos diversos, por lo tanto, presenta una posibilidad de construcción contrahegemónica.


 
Los conflictos con el movimiento indígena muestran la contradicción entre dos proyectos: por un lado, el modelo de desarrollo (la minería, el petróleo, el agua); por otro lado, el sentido de la democracia y del régimen político (la consulta previa -la capacidad decisoria de la participación-, el respeto a la plurinacionalidad como elemento constitutivo del nuevo Estado, la justicia indígena, el respeto a la autonomía de las organizaciones sociales).


 
Los conflictos entre el gobierno y los trabajadores expresan la necesidad del capital de completar y “normalizar” el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, iniciada bajo los gobiernos neoliberales. Por un lado, el despido de miles de trabajadores públicos y los “nuevos” mecanismos de control implementados; por otro lado, la propuesta de nuevo Código del Trabajo que, al tiempo que reconoce algunos derechos, limita el derecho de huelga y mina la base estructural sobre la que se había construido el movimiento sindical.


 
Los conflictos entre el gobierno y la inconformidad de estudiantes y profesores expresan los límites de la imposición autoritaria de la reforma educativa (y, más allá de ella, del conjunto de la modernización capitalista).


 
Este carácter de los conflictos que enfrentan al gobierno con los movimientos populares se reflejó en las elecciones de febrero de 2013. En efecto, en medio de un resultado nacional decepcionante, debido básicamente a la muy baja votación obtenida en la costa y en las grandes ciudades, la Unidad de Izquierdas logró votaciones significativas en zonas caracterizadas por la resistencia organizativa a los ataques del gobierno (Esmeraldas, Cayambe, Cotopaxi), por la resistencia social al modelo extractivista (Morona, Zamora) o por el reconocimiento a gestiones locales (Suscal, Nabón).


 
Finalmente, no puede dejar de señalarse que el gobierno ha utilizado frecuentemente una respuesta represiva frente a la protesta, configurándose una política de criminalización de la lucha social. Esta tendencia se ha visto fortalecida en el primer semestre de este 2013 (la condena a 8 años de cárcel por “terrorismo y sabotaje” a la expresidenta de la UNE, Mery Zamora, el “doble juzgamiento” impuesto desde una sabatina a los estudiantes del Central Técnico, a los que se acusa de “rebelión contra el Estado”). Aquí resalta cómo el gobierno combina concesiones materiales y simbólicas con una fuerza represiva que no se había observado ni siquiera en las dictaduras militares y una marcada tendencia a controlar no sólo las protestas sino a las propias organizaciones; es decir, cómo busca el consenso activo de los dominados utilizando mecanismos aparentemente contradictorios (políticas sociales “inclusivas” y violencia estatal) para desconstituir las instancias de representación popular autónoma, deslegitimarlas ante la conciencia social mayoritaria, amedrentar a la población y construir, finalmente, un pueblo “incapaz de autorepresentarse”.


 
En síntesis, lo que se observa es que los conflictos entre el gobierno y la burguesía son conflictos al interior del mismo proyecto de modernización, mientras que los conflictos entre el gobierno y los movimientos populares expresan la confrontación entre dos proyectos distintos.
 

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[1] Utilizamos la información contenida en las cronologías y análisis del Observatorio Social de América Latina (OSAL)  (http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php).
 

[2] Aquí usamos el término “reducción” al modo en que lo utilizó González Suárez cuando, en su Historia, daba cuenta de la “reducción de los indios a pueblos”. Entre las varias acepciones que al término le reconocía el diccionario de 1737 está la siguiente: “Reducción.  Se toma también por la rendición, sumisión de algún Reino, Lugar, &c. por medio del poder u de las armas”; proviene del latín subjugatio. Aunque en las ediciones modernas se atemperan las definiciones, el verbo “reducir” aún guarda ese sentido: “Sujetar a la obediencia a quienes se habían separado de ella”. En 1737 se lo presentaba claramente así: “Reducir. Significa asimismo vencer, sujetar ò rendir, volviendo à la obediencia ù dominio à los que se habían separado dél” (http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm).
 

[3] Véase el Decreto ejecutivo 16, del 4 de junio de 2013, mediante el cual Correa expide el “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”.
 

[4] Ver al respecto el informe de la Defensoría del Pueblo: Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un estado constitucional de derechos, Defensoría del Pueblo del Ecuador, Quito, 2011. La primera conclusión reza así: “La Defensoría del Pueblo, a través de esta investigación, ha determinado la existencia de una política de criminalización que surge desde diferentes actores, tanto estatales como privados, frente a las omisiones del primero” (p. 53); el subrayado es nuestro.


 

[5] Utilizamos el término “sentido objetivo” para referirnos a tendencias objetivas que se desprenden del movimiento real, diferenciándolo de la “significación subjetivamente atribuida”, al estilo de Weber.
 

 

[6] Recuérdese que este comportamiento ya fue visible en torno a la aprobación del Código de la Producción y de medidas de política económica para enfrentar la crisis capitalista global.


 

[7] Ver: Louis Althusser: Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 1988 (en: http://www.moviments.net/espaimarx/els_arbres_de_fahrenheit/documentos/obras/1319/ficheros/Althusser_Louis_Ideologia_y_aparatos_ideologico.pdf.


 

[8] O las discrepancias en torno a la política internacional en aquellos puntos en que determinados sectores de la burguesía creen que afectará a las exportaciones, etc. El último de estos episodios se está dando en torno al pedido de asilo del exagente de la agencia de seguridad estadounidense, Edward Sowden.

 

Publicado por lalineadefuego el julio 1, 2013 · Dejar un comentario  27 junio 2013

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Martes, 02 Julio 2013 07:00

Egipto: ¿de nuevo los militares?

Egipto: ¿de nuevo los militares?

¿Pueden los islamitas gobernar un país? Egipto fue la primera prueba verdadera, y este lunes el ejército lanzó un desafío. Decir a un presidente electo democráticamente –en especial a uno que proviene de la Hermandad Musulmana– que tiene 48 horas para preparar y lograr un acuerdo con sus opositores significa que el presidente Mohamed Morsi ya no es el hombre que era.

 

El ejército sostiene que los islamitas fallaron. Deben resolver sus problemas con la oposición, o los generales se verán obligados a “emitir un mapa de ruta para el futuro”, frase desafortunada cuando se recuerda ese otro gran “mapa de ruta” operado por Tony Blair para el futuro de Medio Oriente.

 

Las multitudes en la plaza Tahrir rugieron de aprobación. Cómo no iban a hacerlo, si el ejército calificó de “gloriosas” sus protestas. Pero bien harían en pensar a fondo lo que eso significa. Argelinos seculares apoyaron a su ejército en 1992, cuando canceló la segunda ronda de elecciones, en la que habría salido ganador el Frente Islámico de Salvación. La “seguridad nacional” del Estado estaba en peligro, adujeron los generales argelinos: las mismas palabras empleadas este lunes por los militares egipcios. Y lo que vino después en Argelia fue una guerra civil, en la que perecieron 250 mil personas.

 

¿Y qué será exactamente el “mapa de ruta” del ejército egipcio, si Morsi no logra en su “última oportunidad” resolver sus problemas con la oposición? ¿Se tratará de convocar a una elección presidencial más? No es probable. Ningún general va a deponer a un presidente para acabar confrontando a otro.

 

Un gobierno militar sería más parecido a la tonta junta que asumió el control después de Mubarak. “Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”, se hacía llamar –nótese la palabra “supremo”–, y fracasó con insignificantes llamados al orden y arrogantes afirmaciones de que hablaba en nombre del pueblo, hasta que Morsi la recortó pasando a retiro a sus dos generales de mayor rango, apenas el año anterior. Qué tiempos aquellos.

 


La última vez que el ejército egipcio arrebató el poder a un hombre que había humillado a su país y a su pueblo –el rey Farouk–, un joven coronel llamado Nasser tomó el mando, y todos sabemos lo que ocurrió. Pero ¿debe ser ésta en verdad una batalla entre islamitas y soldados, aun si Estados Unidos acabará –no lo duden– poniendo su peso detrás de los “guardianes” uniformados de la nación? El viejo argumento en favor de elecciones libres era simple: si permitimos a los islamitas ganar en las urnas, veamos si pueden gobernar un país. Ese fue siempre el lema de quienes se oponían a las dictaduras respaldadas por Occidente y por las élites militares del mundo árabe.

 

El argumento no era tanto mezquita-contra-Estado, sino islamismo-contra-realidad. Lástima, el gobierno egipcio ha consumido su tiempo imponiendo una constitución al estilo de la Hermandad, permitió a los ministros lanzar sus propias minirrevoluciones y promovió leyes que suprimirían los grupos pro derechos humanos y las ONG. Además, la “victoria” de 51 por ciento de Morsi en las urnas no fue suficiente, en el caos reinante, para hacerlo presidente de “todos los egipcios”.

 

La demanda de pan, libertad, justicia y dignidad de la revolución de 2011 ha quedado sin respuesta. ¿Puede el ejército satisfacer esos reclamos mejor que Morsi, sólo por calificar de “gloriosas” las protestas? Los políticos son rufianes, pero los generales pueden ser asesinos.

 

Traducción: Jorge Anaya

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Lunes, 01 Julio 2013 07:04

Los egipcios se vuelcan a las calles

Los egipcios se vuelcan a las calles

Los egipcios salieron en masa a las calles de El Cairo y de algunas ciudades del interior en el primer aniversario de la llegada de Mohamed Mursi al poder, pidieron su renuncia y lo acusaron de gobernar únicamente en beneficio de los islamistas. Una fuente militar que solicitó anonimato dijo que las fuerzas armadas estimaban en millones el número de manifestantes en todo el país. Al caer la noche, interminables columnas de manifestantes ocuparon las principales calles de la capital egipcia gritando consignas como “¡Fuera, fuera!” o “¡El pueblo quiere la caída del régimen!”. Estas protestas constituyen las mayores que se realizan en Egipto desde la caída de Hosni Mubarak, en febrero de 2011.

 

En El Cairo, los manifestantes habían comenzado a congregarse por la tarde en diversos puntos de la ciudad, aunque gradualmente fueron concentrándose en el barrio de Heliópolis, donde se encuentra el palacio presidencial. También se registraron importantes manifestaciones en Alejandría (en el nortedel país), Menuf y en Mahalla, en el delta del Nilo, así como en Suez y hasta en la ciudad natal de Mursi, Zagazig, al nordeste de El Cairo.

 

Al menos cinco personas murieron en violentos enfrentamientos entre partidarios y opositores a Mursi. En Assiut, dos desconocidos en una moto abrieron fuego en dirección a los manifestantes que pedían la renuncia de Mursi, provocando la muerte de cuatro personas. Ese incidente ocurrió cerca de la sede local del movimiento de los Hermanos Musulmanes. Poco antes, un joven murió y otras 40 personas resultaron heridas como consecuencia de violentos choques en Beni Sueif, al sur de El Cairo, informó otra fuente de los servicios de seguridad. Esos enfrentamientos ocurrieron en las proximidades del Partido de la Libertad y la Justicia, brazo político del movimiento de los Hermanos Musulmanes, al que pertenece Mursi. Los heridos fueron trasladados al principal hospital de la zona, informó la misma fuente.

 

En rueda de prensa, el portavoz de la presidencia, Ihab Fahmi, afirmó que Mursi se encuentra dispuesto a dialogar, ya que ésa es la única vía para conseguir un acuerdo nacional que permita superar las diferencias. Consideró que el respeto a las distintas opiniones es un rasgo de la democracia y pidió a los egipcios mantener la calma, participar pacíficamente en las marchas y unirse “contra los intentos de discordia”.

 

La mayor coalición opositora de Egipto, el Frente de Salvación Nacional (FSN), difundió la “Declaración Revolucionaria Número 1”, en la que llamó a los manifestantes a permanecer movilizados y en las calles hasta tumbar al gobierno de Mursi. “Todas las fuerzas revolucionarias y todos los ciudadanos deben mantener sus reuniones pacíficas en sus lugares, en las calles, en las ciudades del país hasta la caída de todos los elementos del régimen dictatorial”, expresaba la nota. En El Cairo, la sede central de los Hermanos Musulmanes, el partido de Mursi, fue atacada con bombas molotov.

 

“Es una segunda revolución y Tahrir es su símbolo”, dijo Ibrahim Hamuda, un carpintero de obra del norte del país, quien viajó a la capital para participar en la manifestación en esa plaza, símbolo de la movilización que expulsó del poder al presidente Hosni Mubarak en 2011. Por su parte, los partidarios del presidente islamista continuaban la sentada comenzada el viernes en el barrio cairota de Nasr City, cerca del de Heliópolis, para defender la legitimidad del primer mandatario civil e islamista elegido en el país hace un año.

 

El Partido de la Libertad y la Justicia, una emanación de los Hermanos Musulmanes, exhortó a una movilización general para defender al jefe de Estado, primer presidente egipcio libremente elegido. Para prevenir graves disturbios, el ejército y la policía se desplegaron en todo el país, reforzando la protección de instalaciones vitales, en especial el Canal de Suez. Desde el miércoles, se produjeron disturbios en Alejandría y en las provincias del Delta del Nilo entre partidarios y opositores de Mursi, que provocaron la muerte de ocho personas, entre ellas un ciudadano norteamericano. El joven estadounidense fue identificado como Andrew Pochter y se encontraba en Egipto realizando un intercambio estudiantil en la ONG Amideast, cuyo fin es el fortalecimiento del diálogo y la cooperación con Medio Oriente y el norte de Africa. Por la muerte de Pochter, el gobierno norteamericano pidió a sus compatriotas aplazar los viajes que no sean urgentes y autorizó la salida de El Cairo de todo el personal no esencial de la embajada, unas 45 personas.

 

La jornada de ayer fue considerada esencial en la campaña del movimiento Tamarrod (rebelión, en árabe), que llama a manifestarse en masa para exigir la salida de Mursi. Tamarrod, apoyado por numerosas personalidades de la oposición laica, liberal o de izquierda, asegura haber recogido más de 22 millones de firmas en favor de una elección presidencial anticipada, esto es, más que el número de electores de Mursi en la elección de junio de 2012 (13,23 millones).

 

Los adversarios de Mursi lo acusan de albergar tentaciones autoritarias y de tener la vocación de instaurar un régimen dominado por los islamistas. Sus partidarios, por otro lado, afirman que su legitimidad está asentada en la primera elección libre de la historia de Egipto, y acusan a la oposición de querer provocar un golpe de Estado.

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Lunes, 01 Julio 2013 06:56

Elogio de Nelson Mandela

Elogio de Nelson Mandela

Nelson Mandela, el político más admirable de estos tiempos revueltos, agoniza en un hospital de Pretoria y es probable que cuando se publique este artículo ya haya fallecido, pocas semanas antes de cumplir 95 años y reverenciado en el mundo entero. Por una vez podremos estar seguros de que todos los elogios que lluevan sobre su tumba serán justos, pues el estadista sudafricano transformó la historia de su país de una manera que nadie creía concebible y demostró, con su inteligencia, destreza, honestidad y valentía, que en el campo de la política a veces los milagros son posibles.
 


Todo aquello se gestó, antes que en la historia, en la soledad de una conciencia, en la desolada prisión de Robben Island, donde Mandela llegó en 1964, a cumplir una pena de trabajos forzados a perpetuidad. Las condiciones en que el régimen del apartheid tenía a sus prisioneros políticos en aquella isla rodeada de remolinos y tiburones, frente a Ciudad del Cabo, eran atroces. Una celda tan minúscula que parecía un nicho o el cubil de una fiera, una estera de paja, un potaje de maíz tres veces al día, mudez obligatoria, media hora de visitas cada seis meses y el derecho de recibir y escribir sólo dos cartas por año, en las que no debía mencionarse nunca la política ni la actualidad. En ese aislamiento, ascetismo y soledad transcurrieron los primeros nueve años de los veintisiete que pasó Mandela en Robben Island.


 
En vez de suicidarse o enloquecerse, como muchos compañeros de prisión, en esos nueve años Mandela meditó, revisó sus propias ideas e ideales, hizo una autocrítica radical de sus convicciones y alcanzó aquella serenidad y sabiduría que a partir de entonces guiarían todas sus iniciativas políticas. Aunque nunca había compartido las tesis de los resistentes que proponían una “África para los africanos” y querían echar al mar a todos los blancos de la Unión Sudafricana, en su partido, el African National Congress, Mandela, al igual que Sisulu y Tambo, los dirigentes más moderados, estaba convencido de que el régimen racista y totalitario sólo sería derrotado mediante acciones armadas, sabotajes y otras formas de violencia, y para ello formó un grupo de comandos activistas llamado Umkhonto we Sizwe, que enviaba a adiestrarse a jóvenes militantes a Cuba, China Popular, Corea del Norte y Alemania Oriental.

 


Debió de tomarle mucho tiempo —meses, años— convencerse de que toda esa concepción de la lucha contra la opresión y el racismo en África del Sur era errónea e ineficaz y que había que renunciar a la violencia y optar por métodos pacíficos, es decir, buscar una negociación con los dirigentes de la minoría blanca —un 12% del país que explotaba y discriminaba de manera inicua al 88% restante—, a la que había que persuadir de que permaneciera en el país porque la convivencia entre las dos comunidades era posible y necesaria, cuando Sudáfrica fuera una democracia gobernada por la mayoría negra.


 
En aquella época, fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, pensar semejante cosa era un juego mental desprovisto de toda realidad. La brutalidad irracional con que se reprimía a la mayoría negra y los esporádicos actos de terror con que los resistentes respondían a la violencia del Estado, habían creado un clima de rencor y odio que presagiaba para el país, tarde o temprano, un desenlace cataclísmico. La libertad sólo podría significar la desaparición o el exilio para la minoría blanca, en especial los afrikáners, los verdaderos dueños del poder. Maravilla pensar que Mandela, perfectamente consciente de las vertiginosas dificultades que encontraría en el camino que se había trazado, lo emprendiera, y, más todavía, que perseverara en él sin sucumbir a la desmoralización un solo momento, y veinte años más tarde, consiguiera aquel sueño imposible: una transición pacífica del apartheid a la libertad, y que el grueso de la comunidad blanca permaneciera en un país junto a los millones de negros y mulatos sudafricanos que, persuadidos por su ejemplo y sus razones, habían olvidado los agravios y crímenes del pasado y perdonado.


 
Habría que ir a la Biblia, a aquellas historias ejemplares del catecismo que nos contaban de niños, para tratar de entender el poder de convicción, la paciencia, la voluntad de acero y el heroísmo de que debió hacer gala Nelson Mandela todos aquellos años para ir convenciendo, primero a sus propios compañeros de Robben Island, luego a sus correligionarios del Congreso Nacional Africano y, por último, a los propios gobernantes y a la minoría blanca, de que no era imposible que la razón reemplazara al miedo y al prejuicio, que una transición sin violencia era algo realizable y que ella sentaría las bases de una convivencia humana que reemplazaría al sistema cruel y discriminatorio que por siglos había padecido Sudáfrica. Yo creo que Nelson Mandela es todavía más digno de reconocimiento por este trabajo lentísimo, hercúleo, interminable, que fue contagiando poco a poco sus ideas y convicciones al conjunto de sus compatriotas, que por los extraordinarios servicios que prestaría después, desde el Gobierno, a sus conciudadanos y a la cultura democrática.


Hay que recordar que quien se echó sobre los hombros esta soberbia empresa era un prisionero político, que, hasta el año 1973, en que se atenuaron las condiciones de carcelería en Robben Island, vivía poco menos que confinado en una minúscula celda y con apenas unos pocos minutos al día para cambiar palabras con los otros presos, casi privado de toda comunicación con el mundo exterior. Y, sin embargo, su tenacidad y su paciencia hicieron posible lo imposible. Mientras, desde la prisión ya menos inflexible de los años setenta, estudiaba y se recibía de abogado, sus ideas fueron rompiendo poco a poco las muy legítimas prevenciones que existían entre los negros y mulatos sudafricanos y siendo aceptadas sus tesis de que la lucha pacífica en pos de una negociación sería más eficaz y más pronta para alcanzar la liberación.


 
Pero fue todavía mucho más difícil convencer de todo aquello a la minoría que detentaba el poder y se creía con el derecho divino a ejercerlo con exclusividad y para siempre. Estos eran los supuestos de la filosofía del apartheid que había sido proclamada por su progenitor intelectual, el sociólogo Hendrik Verwoerd, en la Universidad de Stellenbosch, en 1948 y adoptada de modo casi unánime por los blancos en las elecciones de ese mismo año. ¿Cómo convencerlos de que estaban equivocados, que debían renunciar no sólo a semejantes ideas sino también al poder y resignarse a vivir en una sociedad gobernada por la mayoría negra? El esfuerzo duró muchos años pero, al final, como la gota persistente que horada la piedra, Mandela fue abriendo puertas en esa ciudadela de desconfianza y temor, y el mundo entero descubrió un día, estupefacto, que el líder del Congreso Nacional Africano salía a ratos de su prisión para ir a tomar civilizadamente el té de las cinco con quienes serían los dos últimos mandatarios del apartheid: Botha y De Klerk.
 


Cuando Mandela subió al poder su popularidad en Sudáfrica era indescriptible, y tan grande en la comunidad negra como en la blanca. (Yo recuerdo haber visto, en enero de 1998, en la Universidad de Stellenbosch, la cuna del apartheid, una pared llena de fotos de alumnos y profesores recibiendo la visita de Mandela con entusiasmo delirante). Ese tipo de devoción popular mitológica suele marear a sus beneficiarios y volverlos —Hitler, Stalin, Mao, Fidel Castro— demagogos y tiranos. Pero a Mandela no lo ensoberbeció; siguió siendo el hombre sencillo, austero y honesto de antaño y ante la sorpresa de todo el mundo se negó a permanecer en el poder, como sus compatriotas le pedían. Se retiró y fue a pasar sus últimos años en la aldea indígena de donde era oriunda su familia.


 
Mandela es el mejor ejemplo que tenemos —uno de los muy escasos en nuestros días— de que la política no es sólo ese quehacer sucio y mediocre que cree tanta gente, que sirve a los pillos para enriquecerse y a los vagos para sobrevivir sin hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia por la justicia, el egoísmo por el bien común, y que hay políticos, como el estadista sudafricano, que dejan su país, el mundo, mucho mejor de como lo encontraron.

 

Por Mario Vargas Llosa 30 JUN 2013 - 00:00 CET

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Multitudinaria protesta en Costa Rica contra el Gobierno

Miles de hombres y mujeres costarricenses—ambientalistas, taxistas, educadores, estudiantes, empleados públicos, sindicalistas...— se lanzaron este martes pacíficamente a las calles y bloquearon puentes y carreteras en una contundente protesta contra el Gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de sectores de la clase política nacional, por el agravamiento de la corrupción y la ingobernabilidad y por un largo listado de reclamos socioeconómicos, desde el costo de la vida a los negocios públicos con firmas privadas extranjeras.


 
El gobierno de Chinchilla adujo desconocer los motivos por los que fueron convocadas las manifestaciones callejeras, organizadas en más de 25 puntos de distintas partes del territorio nacional. Las protestas transcurrieron en forma pacífica, al menos hasta las 12.35 locales (18.35 GMT), pero provocaron un congestionamiento vial en distintos sitios del país.


 
Tras advertir son las exigencias de los manifestantes son variadas, el ministro costarricense de Comunicación, Carlos Roverssi, recalcó en declaraciones a la prensa local: "El gran dilema es que todavía no entendemos cuál es el objetivo de la manifestación, porque como hay varios, no sabemos qué pretenden".


 
Roverssi, sin embargo, reconoció el derecho a realizar este tipo de movilizaciones , aunque lamentó que, por ejemplo, los educadores utilizan a los alumnos para "hacer más presión" ya que esta protesta hubiera podido realizarse durante las vacaciones escolares de medio año, que comenzarán en los próximos días.


 
Al respecto, el diputado José María Villalta, candidato presidencial del opositor e izquierdista Frente Amplio, aseguró que "hace mal el gobierno de Costa Rica al decir que no sabe por qué se está manifestando la gente, mientras en Brasil la reacción de la presidenta [Dilma Rouseff] es sentar a los manifestantes a dialogar y plantear reformas para dar más participación ciudadana. Aquí en Costa Rica vuelven a ver para otro lado y esto es muy grave y muy preocupante. Creo que tienen que poner las barbas en remojo".


 
El movimiento, afirmó, "es un mensaje claro a este Gobierno, porque se sumaron manifestaciones de muchos sectores que parecían desarticulados en la lucha contra la corrupción, las concesiones privatizadoras, los derechos de los trabajadores, el problema de la seguridad social, de la educación... La gente se está dando cuenta de que en todos estos problemas la raíz es la misma: un Gobierno que no está pensando en las grandes mayorías".


 
Las protestas fueron convocadas con un amplio temario. Por un lado, los organizadores aseguraron en los llamados a la huelga del martes que la clase política "está destruyendo a Costa Rica", mientras la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) "se infectó de oportunistas" y el Poder Ejecutivo "no representa a los intereses nacionales" y acepta cuestionados negocios con inversionistas extranjeros en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.


 
"¡Alto al saqueo del país y a la corrupción!", rezaba una de las numerosas pancartas en las marchas, con múltiples reproches al Gobierno y al oficialista Partido Liberación Nacional (PLN). "Mafia PLN fuera", insistió otra. "Nos secuestraron la democracia", se leía en una de las consignas.


 
Los sindicatos reprochan al Ejecutivo que pretenda cercenar el derecho de huelga de médicos, enfermeras y policías. El ministro costarricense de la Presidencia, Carlos Benavides, adujo que el Gobierno está en contra de que, por una huelga, se suspendan "servicios esenciales" de salud y seguridad.


 
Los bloqueos viales pusieron en apuros a viajeros que se trasladaban al aeropuerto internacional Juan Santamaría, a unos 16 kilómetros al noroeste de la capital costarricense.


 
Carreteras y medios de transporte de las zonas del Caribe y del litoral Pacífico central permanecían bloqueadas, así como vías de esta ciudad y muelles, puentes y otros pasos en distintos sitios del país. La huelga ha afectado a escuelas y colegios y a centros de salud en varias zonas, mientras grupos de manifestantes marcharon en San José hacia la sede de la Asamblea, en el corazón capitalino, para lanzar sus reiterados gritos de reclamo.

 


José Meléndez San José (Costa Rica) 25 JUN 2013 - 23:31 CET

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Los estudiantes chilenos radicalizan las movilizaciones a días de las primarias

Tal como lo anunciaron a comienzos de junio, los estudiantes cumplieron su promesa de radicalizar sus movilizaciones. A cuatro días de las primarias presidenciales que se desarrollarán el domingo próximo, la cuarta jornada estudiantil de protesta del año contó por primera vez con el apoyo de trabajadores del cobre y portuarios, quienes temporalmente bloquearon el acceso a minas y puertos durante la mañana.


 
Los incidentes comenzaron en la madrugada en la capital chilena cuando una veintena de esquinas fueron bloqueadas con barricadas y fogatas. Los hechos se produjeron en sectores cercanos a universidades públicas y privadas, generando daños en locales comerciales aledaños, en un cuartel de carabineros que fue atacado con un bomba incendiaria y caos general en el tránsito vehicular.


 
Las protestas matinales generaron la reacción inmediata del ministro del Interior, Andrés Chadwick. “Son violentistas que han actuado en forma coordinada”, acusó el secretario de Estado, quien anunció querellas y llamó a los organizadores de la marcha programada para las primeras horas de la tarde a controlar a los manifestantes encapuchados y marchar de manera pacífica. Sin embargo, eso no sucedió y a partir de las 13:00 horas se desataron decenas de actos vandálicos en distintos puntos del centro de Santiago. Las escenas más violentas se produjeron en la Plaza Los Héroes en la Alameda, la avenida más importante de la ciudad.


 
Con destrozos de paradas de autobuses, semáforos y saqueos de locales comerciales, los enfrentamientos terminaron alrededor de las 18:00 hora local con un saldo de 16 detenidos, según un informe de carabineros, además de una decena de estudiantes y policías lesionados.


 
Los organizadores de la marcha condenaron el vandalismo y destacaron que reunieron a más de 100.000 manifestantes. “Con el respaldo de los trabajadores portuarios y los cobre en Chiquicamata y El Teniente [los yacimientos mineros más importantes del país], hoy quedó confirmado que las demandas no son sólo de los estudiantes, sino que de toda la sociedad”, dijo a EL PAÍS Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la más importante del país.


 
En regiones, las movilizaciones de los trabajadores del cobre comenzaron al amanecer en Calama, ciudad del norte, donde estudiantes junto a funcionaros municipales y trabajadores de la mina Chuquicamata –la más grande de Chile– bloquearon el acceso al yacimiento. Lo mismo sucedió en el mineral de cobre El Teniente, ubicado 100 kilómetros al sur de Santiago. En tanto, 2.000 operarios portuarios permanecieron en Talcahuano, San Antonio y Valparaíso, entre otros embarcaderos.


 
El presidente Sebastián Piñera condenó los actos de violencia y además anunció que en los próximos días enviará al Congreso “un proyecto de ley que establece la identificación preventiva en casos de desórdenes públicos o de marchas masivas”. En la práctica, la medida permitiría pedir identificación a quienes participen en marchas sin necesidad de que estén cometiendo un delito flagrante. Según Piñera, el objetivo de la iniciativa no es restringir la libertad, cuestión con la que discrepa el presidente de la FECh, Andrés Fielbaum, para quien la medida “huele a una detención por sospecha”.


 
Las movilizaciones de hoy se enmarcan en la crisis de la educación pública chilena que comenzó en 2006 con los secundarios como protagonistas. Luego, en 2011 –con la dirigente Camila Vallejo como principal figura–, los universitarios lograron imponer sus banderas de “fin al lucro” y “educación gratuita de calidad” en la agenda pública.


 
Hoy las demandas estudiantiles son parte fundamental de las propuestas de los precandidatos presidenciales, especialmente entre los de la oposición de centroizquierda, quienes se enfrentarán el próximo domingo en elecciones primarias. Según todas las encuestas, la expresidenta Michelle Bachelet –quien criticó duramente los disturbios– será vencedora por un amplio margen y el 17 de noviembre competirá por volver a La Moneda con Andrés Allamand o Pablo Longueira, los precandidatos oficialista que llegan muy parejos a los comicios.


 
Con alrededor de 30 universidades movilizadas, hasta el momento hay una veintena de colegios tomados por secundarios en donde está previsto desarrollar las elecciones del domingo. Mientras en el Servicio Electoral y el Ministerio de Interior trabajan para solucionar el problema, algunos alcaldes han propuesto abrir establecimientos alternativos para las elecciones. A casi 24 horas de que se cumpla el plazo, aún no hay certeza de qué sucederá cuando los militares deban –por ley–tomar control de los colegios este viernes a las 00:00 horas.

 


RODRIGO CEA Santiago de Chile 27 JUN 2013 - 02:05 CET

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Turquía: Protestas dejan casi 5 mil detenidos y 4 mil heridos

Cerca de cuatro mil 900 personas han sido detenidas y otras cuatro mil han resultado heridas en las tres semanas de ola de protestas contra el Gobierno turco, tras el anuncio de la construcción de un centro comercial que evoca los cuarteles militares del Imperio Otomano en el parque Gezi, en Estambul (capital). Los medios oficiales hablan de tres muertos por los disturbios.


 
Un balance ofrecido por el Ministerio del Interior informó que entre los heridos figuran 600 agentes de la Policía antidisturbios turca, en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.


 
Los datos oficiales precisaron que unas 2,5 millones de personas salieron a las calles de 79 ciudades turcas en las tres semanas de protestas. Las más multitudinarias se celebraron en Estambul y en Ankara.


 
Agregaron que unos 58 edificios públicos sufrieron daños. También 240 vehículos policiales y 214 particulares quedaron destrozados.


 
Este sábado, fuerzas policiales de Turquía dispersaron con lanza agua a un grupo de personas que se encontraba manifestando de manera pacífica en la Plaza Taksim de Estambul (norte).


 
Los manifestantes, quienes forman parte del movimiento de protesta nacional turco en contra de las líneas políticas, económicas y de represión violenta impuestas por el primer ministro de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, llevaban claveles rojos y lanzaban consignas como “En todas partes Taksim”, “En todas partes resistencia”, “La lucha vuelve a empezar”, “Tayyip dimisión”.


 
Desde el pasado 27 de mayo diferentes ciudades de Turquía son escenario de protestas antigubernamentales que se desencadenaron tras el ataque de la policía a una sentada pacífica en contra del plan del Gobierno turco de demoler el parque Gezi, ubicado en la plaza Taksim de la ciudad turca de Estambul, para construir un centro comercial.

 

24 junio 2013


 
(Con información de La Radio del Sur)

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Domingo, 23 Junio 2013 06:21

Llegaron los muchachos

Llegaron los muchachos

¿Las grandes movilizaciones de las dos últimas semanas en Brasil llegaron como rayos en un cielo azul? ¿O eran previsibles e incluso tardaron en llegar? ¿Cuál es su significado, o son sus significados? ¿Qué puede alterar en la vida política brasileña?

 

Los gobiernos de Lula y Dilma promueven, desde hace mas de una década, un inmenso proceso de democratización social en el país más desigual del continente, más desigual del mundo. Junto con las trasformaciones dirigidas por Getúlio Vargas (entre los años 1930 hasta 1954, con un interregno entre 1945 y 1950) son los procesos más importantes de la historia brasileña, con varios aspectos comunes.

 

Por eso Lula logró ser reelecto y elegir a su sucesora, que se presenta como favorita para seguir dirigiendo Brasil a lo largo de la segunda década de gobiernos posneoliberales en el país (Ver “10 anos de governos posneoliberais no Brasil - Lula y Dilma, org. Emir Sader: www.flacso.org, con acceso libre e integral, lo cual ha permitido que ya lleguen a 500 mil los downloads del libro).

 

De repente surgieron las manifestaciones, a partir de la resistencia al aumento de tarifas del transporte urbano, para extenderse por todo el país con una rapidez y una masividad impresionantes. Se constituyó un movimiento –llamado Movimiento del Pase Libre (MPL)– que coordinó las manifestaciones, hacia el que han convergido un gran número de otras reivindicaciones, un movimiento protagonizado básicamente por estudiantes, con simpatía generalizada de la mayoría de la población.

 

Esta expansión fue posible porque se insertó en dos espacios respecto de los cuales el gobierno presenta debilidades particularmente concertadas. Por una parte, la ausencia de políticas hacia la juventud, segmento que buscó, con las manifestaciones, más allá de sus reivindicaciones concretas, afirmar su existencia como segmento específico, con voz y con poder de movilización.

 

En segundo lugar, el monopolio privado de los medios de comunicación –en contraste con los procesos de democratización en tantas otras esferas de la sociedad brasileña– sigue siendo intocable, derrotado sistemáticamente por el voto popular, pero manteniendo su poder de influencia, especialmente las cadenas televisivas.

 

En principio, como ocurre con todas las manifestaciones populares, la prensa privada buscó descalificarlas por la violencia que, desde su comienzo, se hizo presente al final de las manifestaciones, con actos vandálicos que, a su vez, tuvieron respuestas aún más violentas de las Policías Militares –uno de los factores que favorecieron la rápida difusión y expansión de las movilizaciones–. Pero enseguida los monopolios mediáticos se dieron cuenta de que las movilizaciones podrían desgastar al gobierno y pasaron a actuar de forma concentrada para magnificar las manifestaciones, intentando, a la vez, influenciarlas, buscando imponer los lemas de la oposición sobre las manifestaciones.

 

La combinación de esos dos factores explican, en lo esencial –además de otros, como la dureza de las condiciones de vida urbana, que hicieron que, no por caso, el movimiento se haya iniciado en San Pablo, la ciudad más rica y con mayores desigualdades del país, que sólo hace pocos meses dejó de ser dirigida por la oposición, con la elección de un alcalde del PT–, la irrupción brusca y poderosa del movimiento.

 

Después de vacilaciones de los gobernantes municipales, el movimiento logró su primera gran victoria, con la cancelación del aumento de las tarifas urbanas. Que es acompañada del triunfo de poner en discusión nacional la precariedad de los transportes, así como el tema crucial de su financiamiento, el rol de los sectores público y privado –uno de los temas recogidos por la presidenta Dilma Rousseff para proponer un Plan Nacional del Transporte urbano, organizado conjuntamente por el gobierno federal, autoridades provinciales y municipales, así como por movimientos vinculados con las manifestaciones y otras fuerzas populares.

 

Asimismo, más allá de esos aspectos específicos, el movimiento representa el ingreso a la vida política de una nueva generación de jóvenes, con sus formas específicas de acción y sus reivindicaciones propias. Hasta aquí, a pesar del inmenso apoyo popular y del amplio proceso de respaldo de las fuerzas populares a los gobiernos de Lula y Dilma, la vida política brasileña no contaba con la participación de los sectores emergentes de la juventud. Se supone que, a partir de este momento, serán un factor nuevo y con capacidad de movilización con el que tendrán que contar el gobierno y la política brasileños.

 

Pero, a la vez, las movilizaciones han tenido, desde su comienzo, un aspecto ya mencionado, que ha significado un factor de debilidad –las acciones violentas al final de las manifestaciones, con enfrentamientos con la policía y la destrucción de edificios públicos y de tiendas del comercio, de forma generalizada–. Cuando el movimiento logró su primer triunfo, su propia dirección suspendió nuevas movilizaciones, por ese elemento externo de violencia que se insertó en las concentraciones, así como por los intentos de la derecha –especialmente a través de los medios– de imponer lemas conservadores al movimiento, especialmente la hostilidad hacia los partidos políticos y hacia los movimientos sociales, que ha desembocado en agresiones a sus militantes por hordas, algunas de ellas, explícitamente identificadas con lemas y formas de acción fascistas.

 

A partir de la reducción de las tarifas, el movimiento afirmó que seguirá luchando por la gratuidad del transporte público, pero suspende nuevas manifestaciones, por los intentos de influir de sectores externos al movimiento. Pero los que promueven la violencia han intentado dar continuidad a las movilizaciones, ahora ya sin la masividad de las convocadas anteriores por la dirección del MPL, donde ya priman las acciones violentas, sin las reivindicaciones originales y sin la simpatía de los otros sectores de la población.

 

La presidenta Dilma Rousseff, después de una intervención inicial, donde reconocía la legitimidad del movimiento y reconocía que el gobierno estaba atento a las demandas de las movilizaciones, intervino de forma más sistemática el día 21, por cadena nacional. A la par de alabar la capacidad de movilización y las demandas del Movimiento, Dilma mostró amplia receptividad hacia ellas y propuso medidas y encuentros concretos para su discusión e implementación.

 

Mucho ya se ha escrito sobre las movilizaciones, con apresurados intentos –sociológicos y otros– de captar sus significados, mal disfrazando sus intereses y deseos propios. Desde que se agotaron los gobiernos del PT, hasta que los partidos habían desaparecido, pasando por los intereses de fuentes europeas de que el Campeonato Mundial de Fútbol no se realizara en Brasil, los rencores en contra de Brasil y de su gobierno se acumularon, como si se tratara de un final apocalíptico de una quimera pasajera de avances –en realidad extraordinarios– de una década, que en Brasil –junto a la figura de Lula– se han proyectado como referentes mundiales.

 

La oposición interna, asociada a sus aliados externos dirigida siempre por las pocas familias que controlan los principales medios privados de comunicación, buscan, desesperadamente, impedir la victoria de Dilma Rousseff en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todo su terrorismo económico respecto de un supuesto y nunca concretado “caos energético”, así como sobre un supuesto “descontrol inflacionario” –que anda alrededor del cinco por ciento anual en condiciones, cuando la actual oposición convivió con índices de más del mil por ciento al año– están en función de las elecciones presidenciales, cuando la derecha puede cosechar su cuarta derrota consecutiva, sumada al fantasma de que Lula podría volver a candidatearse en 2018, prolongando para más de una segunda década el posneoliberalismo en Brasil.

 

Movilizaciones con la amplitud de éstas, de todas maneras, representan de-safíos para todos –antes de todo para el gobierno, para el PT, para los movimientos sociales y todo el campo político de la izquierda, así como del pensamiento social–. Visiones economicistas de la izquierda tradicional tienen dificultades para comprender la juventud como categoría específica y todos los temas vinculados con ella.

 

El gobierno brasileño no ha puesto en debate el tema del derecho al aborto, el de la descriminalización del consumo de drogas, tampoco avanza en la democratización de los medios de comunicación –para mencionar apenas algunos de los tantos temas que atañen más directamente a la juventud–. Arrastra así una gran fragilidad respecto de esos sectores, fenómeno para el cual fue obligado a despertar de forma brusca e inesperada y tiene una posibilidad de ponerlos en la agenda, en la disputa por la conquista de esos sectores entre la derecha y la izquierda.

 

Es todavía temprano para saber cómo esas movilizaciones afectarán el futuro político de Brasil –volcado, en lo esencial, hacia las presidenciales del 2014–. Los medios tratarán de manipular, como siempre, las consecuencias, con sus encuestas amañadas y su nunca disfrazado rol de partido político de una oposición debilitada. Con candidatos sin apoyo popular buscan desgastar al gobierno, sin esperanzas de que sus posibles candidatos puedan conquistar los sectores jóvenes. Algunos sectores de éstos podrán votar por Marina Silva y su discurso ecologista ya desgastado, pero los otros posibles candidatos de la oposición, empezando por el más importante, Aecio Neves, no tienen ninguna receptividad entre esa juventud.

 

El gobierno y la izquierda, habiendo demostrando gran fragilidad e incapacidad de reacción frente a las movilizaciones, podrán ser afectados negativamente o ser capaces de renovarse y no buscar únicamente soluciones a los problemas planteados por el movimiento, sino incorporar temas que interesan directamente a los jóvenes, así como la juventud como tal, como agente político sin el cual difícilmente se pueda proyectar el futuro del país.

 

Lo peor que podría pasar a Brasil –un país con un contingente inmenso de jóvenes en su población– sería contar con una juventud ausente, pasiva, volcada hacia otros temas que no sean los de la política, la sociedad y el Estado.

 

Esos jóvenes no han golpeado a la puerta de la política, sino que la han tumbado, con sus gritos y sus formas de ser. Han tomado de sorpresa a viejos políticos que todavía ocupan los espacios centrales de la política brasileña, en contraste con la juventud de su población. Es hora de renovar la política y sus cuadros, para que la irrupción de esos jóvenes no se reduzca a un fenómeno mediático y de aburridos estudios sociológicos, que hablan más de sí que de la realidad.

 

Brasil, que supo colocar el tema central en el continente de la desigualdad social como prioritario, tiene ahora el desafío de pasar de la democratización social a la democratización política –empezando por el financiamiento público de las campañas electorales– y por la democratización cultural –empezando por el fin de los monopolios mediáticos– y la discusión de los temas que ocupan más directamente a la juventud.

 

* Intelectual brasileño, autor de El Nuevo Topo, Los caminos de la Izquierda Latinoamericana (Siglo XXI), coordinador de Latinoamericana Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe (Akal), así como de 10 años de posneoliberalismo no Brasil - Lula e Dilma (Boitempo).

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Domingo, 23 Junio 2013 06:14

Transporte público

Transporte público

Emir Sader advierte que quien quiera captar de inmediato todas las dimensiones y proyecciones futuras de las masivas movilizaciones en Brasil tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de este acontecimiento. En un artículo publicado en su blog alojado en Carta Maior, Sader, cientista político y miembro de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), ofrece diez reflexiones para iniciar el análisis de las movilizaciones de miles de brasileños en decenas de ciudades. Una de ellas es que el movimiento “puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro”. Este tema alude a la calidad, el precio del boleto, el rol del Estado y de los privados y, por consiguiente, los fondos necesarios para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en los centros urbanos. La cuestión deriva entonces en la magnitud del gasto público destinado a los subsidios para el transporte.

 

En San Pablo, ciudad donde comenzó la protesta por el aumento de veinte centavos de real, al subir de 3,00 a 3,20 el boleto de colectivo, el alcalde, Fernando Haddad, afirmó que dar marcha atrás con el ajuste –lo que ya sucedió– y mantenerlo sin variación demandaría un gasto equivalente a más de 3720 millones de dólares hasta 2016. Lo que significa aumentar los subsidios, afirmó con sesgo crítico.

 

El pensamiento económico convencional asocia subsidios con medidas populistas y, por lo tanto, nocivas de la estabilidad fiscal. Desgravaciones impositivas millonarias a grandes empresas o inmensos paquetes financieros de rescate a bancos y banqueros son, en cambio, políticas para garantizar el mejor funcionamiento de la economía. Involucran también muchos recursos pero no están demonizados como los subsidios. Mientras los subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte público beneficia a millones de personas, lo que define el carácter de populista en términos estrictos sin (des)calificación, los fondos para empresas y bancos son para unos pocos.

 

Los subsidios tienen un objetivo económico y un componente político. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como insiste la ortodoxia y no pocos miembros considerados heterodoxos. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios. Estos son una herramienta importante de la gestión económica para incentivar el consumo masivo, la producción y la distribución del ingreso.

 

El Movimiento Passe Livre fue el impulsor de las movilizaciones en San Pablo contra el aumento del boleto. Reclama desde sus inicios en 2003 boletos subsidiados para estudiantes y se define como una organización política, un movimiento social autónomo, horizontal, independiente y apartidario que lucha por un transporte público gratuito. El pedido tiene su origen en que el costo del boleto en Brasil es muy caro absorbiendo una porción importante del presupuesto de los grupos sociales más vulnerables. La diferencia del costo del transporte entre San Pablo y Buenos Aires es muy importante.

 

El boleto de colectivo en San Pablo sin el ajuste es de 3,00 reales, equivalente a 7,30 pesos, que hubiera sido de 7,80 en caso de haberse mantenido la pretensión inicial de elevarlo a 3,20 reales (el mínimo en Buenos Aires es de 1,50 pesos pero el pago usual es 1,60 o 1,70 pesos, con la tarjeta SUBE. En el conurbano y en otras ciudades como Rosario y Córdoba es como mínimo el doble). El costo del transporte en relación al ingreso de los trabajadores es muy elevado en el caso brasileño. El salario mínimo de 678 reales (unos 310 dólares a la paridad de 2,20 reales) es equivalente a 1660 pesos, mientras el salario mínimo vital y móvil argentino es de 2875 pesos (538 dólares, estimado a un tipo de cambio de 5,35). En un par de meses ese piso subirá por lo menos un 20 por ciento, a 3450 pesos, ¿cuánto representa el boleto de colectivo en el ingreso mínimo de los trabajadores? En Brasil, 0,442 por ciento, mientras que en Argentina, 0,052 por ciento (boleto a 1,50 pesos). Esto significa que el costo del transporte en San Pablo es 8,5 veces más caro que en Capital Federal en términos del salario mínimo de los trabajadores.

 

Los subsidios en el transporte público son transferencias de ingresos monetarios, o sea salarios indirectos, a trabajadores. Sader lo refleja cuando dice que “la conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público”. La política de subsidios tiene impacto sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en la canasta de consumo. El presupuesto destinado a transporte en San Pablo (40 viajes mensuales) representa casi el 19 por ciento del monto del salario mínimo; en tanto, en Buenos Aires involucra apenas el 2,2 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

 

Los subsidios a servicios públicos tienen también un efecto indirecto sobre el crecimiento de la economía, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo dinamizando la demanda agregada. Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminar o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de esa expansión.

 

En Brasil predomina una política económica de rasgos ortodoxos en materia fiscal y monetaria, provocando elogios del mundo financiero. En los últimos años, esa estrategia tuvo como saldo un desempeño económico mediocre. En 2011 y 2012 las tasas de crecimiento fueron del 2,4 por ciento y 0,8 por ciento, respectivamente, y la evolución de las variables macroeconómicas en lo que va de este año muestran también un pobre rendimiento. La economía brasileña crece menos que el promedio mundial y tiene una de las tasas de aumento del PBI más bajas de América del Sur.

 

Las movilizaciones que nacieron en San Pablo y se extendieron a las principales ciudades brasileñas abren el debate sobre el desempeño económico de la principal potencia de la región, pero, como advierte Sader, evitando la visión reduccionista tan común en corrientes conservadores que durante años han puesto a Brasil como modelo a imitar. Es indudable que ha mejorado la distribución del ingreso por los aumentos del salario mínimo y la expansión del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema. Ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida de grupos sociales históricamente postergados. El salario promedio real en Brasil en el período 2006-2011 creció un 3,0 por ciento por año, con un pico de 4,0 por ciento en 2006 y un piso de 2,7 por ciento en 2011, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo.

 

La evolución positiva en materia de distribución del ingreso y salarial, teniendo en cuenta que Brasil aún registra uno de los peores índices de reparto de riqueza de la región, ha provocado la definición marketinera de haberse convertido en un país de clase media. “El milagro brasileño” merece precisiones para comprender, al menos una faceta del actual estado de movilización social. Las estadísticas oficiales (de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) consideran una familia de clase media cuando el ingreso familiar per cápita es de 291 reales (708 pesos) como mínimo y 1019 reales (2478 pesos) como máximo. Con esa base, según un documento divulgado por el Instituto Data Favela, en 2011 el 65 por ciento de las favelas brasileñas podrían considerarse económicamente integrantes de la clase media.

 

Si el cuadro social es definido de esa forma tan amplia, entonces la vieja y nueva clase media salió a protestar por las ciudades brasileñas.


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Sábado, 22 Junio 2013 06:56

“Los estoy oyendo”

“Los estoy oyendo”

Nueve minutos y 44 segundos. Ese es el tiempo que la presidenta Dilma Rousseff necesitó para enviar, la noche de este viernes, un contundente mensaje a Brasil. Luego de jornadas de marchas y manifestaciones multitudinarias, pequeñas al principio para luego alcanzar contingentes que no se veían desde hace tres décadas en el país, Dilma reapareció. En su pronunciamiento por una cadena nacional de radio y televisión dijo, entre muchas cosas, una frase definitiva: “Mi gobierno está oyendo las voces democráticas que piden cambios”. Y, mirando hacia la cámara, reiteró: “Yo los estoy oyendo”.

 

Ha sido el cierre de un día confuso, de expectativas confusas. Ya por la mañana, mientras se contabilizaba el resultado de la jornada anterior, con escenas de vandalismo provocadas por grupos minoritarios en las marchas multitudinarias –el jueves, un millón 250 mil brasileños salieron a las calles– y la absurda y descontrolada violencia de la represión policial, en Sao Paulo el Movimiento Pase Libre, el difuso MPL que llamó a las primeras manifestaciones de hace dos semanas, anunció que ya no volvería a convocar marchas.

 

El argumento: la derecha había copado el movimiento. “Creamos un monstruo, y ahora no tenemos cómo controlarlo”, dijo un vocero de ese movimiento de jóvenes. Tenía y tiene razón, como comprueban las imágenes de la noche del jueves en varias ciudades brasileñas, empezando por Río, pero especialmente por algo que poca gente observó en Sao Paulo: el agresivo rechazo a grupos que se presentaban con banderas, camisetas e insignias de partidos políticos (todos de izquierda, por supuesto).

 

La noche del jueves, mientras la atención se concentraba en la brutal acción de la policía militar de los estados de Bahía, Río de Janeiro, Pará y Río Grande do Sul, lo que se veía en una relativamente tranquila avenida Paulista eran gritos airados contra todo y contra cualquier partido político, además de llamados a que vuelvan los militares.

 

Bueno, eran gritos de grupos pequeños, es verdad. Pero desde hace décadas que, excepto en manifestaciones de militares en situación de retiro, las “viudas de la dictadura”, como son llamados, no se oían gritos similares en manifestaciones públicas.

 

La ausencia de consignas precisas (aparte de la inicial, que era la anulación de los aumentos en las tarifas de transporte urbano público) abrió espacio para que, en esos 15 días, se reivindicara cualquier cosa en las calles. Algunas, como salud pública, enseñanza pública, transporte público, absolutamente justificadas, pero no fáciles de alcanzar de la noche a la mañana. Otras, como terminar con la corrupción, también. Pero cuando las manifestaciones empezaron a reunir centenares de miles de personas que protestaban contra todo y contra todos y contra cualquier cosa, la situación empezó a escapar de control.

 

Si a eso se suma la truculenta acción de fuerzas policiales perfectamente entrenadas para reprimir a lo bestia pero sin noción de lo que es controlar y contener a grandes masas en manifestaciones públicas, se llega a la receta perfecta para un desastre.

 

Este viernes, Brasil vivió un clima de resaca, tras la borrachera cívica de la víspera, que, a propósito, terminó mal. Ocurrieron nuevas marchas y manifestaciones, pero en otro estilo: grupos diseminados por las ciudades, sin concentraciones específicas. En Sao Paulo, por ejemplo, hubo grupos que cortaron rutas y carreteras del cinturón urbano, dejando aislado el aeropuerto internacional de Guarulhos, el de mayor movimiento en Sudamérica, mientras otro, concentrado en la céntrica Plaza Roosevelt, defendía los derechos de opción sexual delas minorías.

 


En Río, mientras en la dorada orla de Ipanema y Leblon gente hermosa protestaba y exigía menos corrupción y más salud y educación, en la Barra da Tijuca, zona en que se mezclan favelas perversas (ahí está la Ciudad de Dios de la película famosa) con nichos de nuevos ricos deslumbrados, una turba cerró avenidas para destrozar una agencia de Mercedes Benz y saquear motoristas atrapados en un gigantesco embotellamiento.

 

Es imposible prever lo que pasará en adelante. El pronunciamiento de Rousseff ha sido firme y detallado. Criticó duramente los actos de vandalismo y violencia de los grupúsculos infiltrados en manifestaciones pacíficas, mientras reconocía que “las calles quieren más salud, educación, seguridad, transporte”. Destacó que la oleada de marchas y manifestaciones puso de relieve “nuestra energía política”. Admitió que, por más que se haya alcanzado, y la verdad es que se alcanzó mucho, “todavía falta mucho, por limitaciones políticas y económicas”. Aclaró que tiene “la obligación de oír la voz de las calles y dialogar con todos los segmentos de la sociedad”. Recordó que “no ha sido fácil llegar adonde llegamos y tampoco será fácil llegar adonde quieren los que están en las calles”. Dijo que “las manifestaciones trajeron importantes lecciones”, y que “tenemos que aprovechar el vigor” de ese movimiento.

 

En relación con otro de los puntos que fueron permanentes en las protestas –los gastos multimillonarios con la realización del Mundial de 2014– aclaró que “no son gastos, son financiación: todo será devuelto” por las empresas que obtuvieron concesiones para explotar los estadios, carreteras y todo un vasto etcétera que todavía está por verse, como las reformas de rutas y aeropuertos.

 

Por fin, aseguró que irá a reunirse tanto con los líderes de esas manifestaciones (quizá por delicadeza no haya mencionado que primero hay que identificarlos y verificar a quienes efectivamente representan…), de movimientos sociales, como de alcaldías y gobiernos estatales para trazar programas efectivos que lleven a planes nacionales de salud, educación y transporte público.

 

Ese el resumen inicial de lo ocurrido en Brasil no sólo hoy, sino en el conjunto de los últimos 14 o 15 ayeres: una movilización iniciada por jóvenes de escasa o nula representatividad política logró incendiar el país, demostrar camadas de insatisfacción colectiva que estaban ocultas bajo la gruesa capa de los buenos resultados de los sondeos de opinión aprobando por largo margen tanto el gobierno como la figura de Dilma, y lanzar una alerta punzante a la clase ­política.

 

Muchos son los logros alcanzados por la izquierda que gobierna el país a lo largo de los últimos 10 años. Pero mucho más es lo que falta por alcanzar.

 

Hasta esta noche, lo que oyó fue la voz de las calles. Y antes que esa voz diese lugar a la eterna y siempre ávida voz de siempre, la del sistema perverso que trata de recuperar espacios perdidos, por fin se oyó la voz de la presidenta. Ojalá se cumpla lo que anunció.

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