20 de julio: jornada de terror contra los jóvenes de Cali

Un nuevo día de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostró sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implementó un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alcázares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.

La jornada de movilización en la ciudad se llevó a cabo desde horas de la mañana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y tenían como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollaría un evento cultural con múltiples presentaciones musicales y artísticas.


En el escenario había participación de jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadanía que festejaría este 20 de julio de una manera inédita, donde el militarismo no sería el principal protagonista, sino que la alegría popular se tomaría la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursión paramilitar y policial que arremetió contra la población.

Una fuente cercana a desdeabajo nos narró la situación de la siguiente manera: “Desde que salimos del “Paso del aguante” veníamos muy contentos, festejando, habíamos coordinado hasta que el Tránsito prestara apoyo, ellos iban cerrando las vías por dónde íbamos a pasar, solo se cerraban momentáneamente mientras nos movilizábamos. Cuando íbamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, había una olla comunitaria, allí había niños, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 había mucha policía y sobre la cuarta venían bajando unos seis muchachos como si fueran primera línea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos tocó tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ahí se nos empezó a asfixiar la gente, todos los niños y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones”.


El periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2, denunció lo ocurrido en la noche del mismo día, donde comentó: “la jornada del 20 de julio, como se preveía ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (…) hoy viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la "Loma de la dignidad", donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali, para hacer una gran fiesta (…) civiles de nuevo, entremezclados con la policía disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom” (1).


Paso del aguante

Mientras este era el escenario en la Loma de la cruz, en la maloca comunitaria Nicolás Guerrero se realizaba un operativo policial para ingresar al espacio y destruirlo. Desde las 2:30 de la tarde la comunidad se percató de la presencia de personas desconocidas, según nos cuenta Laura Guerrero, defensora de derechos humanos y madre del joven Nicolás Guerrero –asesinado en el mes de mayo–, “entre esas personas, dicen, que uno sacó un arma y le disparó a la policía, en ese momento fue cuando nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, todo quedó nublado, nadie veía nada y se escuchaban disparos. Lo que no nos explicamos es por qué la policía no cogió a la persona que les disparó de frente, sino que capturaron a un venezolano que iba pasando y a otro chico que pasó en la calle corriendo de los gases”.


Según Laura, el actuar de la “fuerza pública” era completamente arbitrario, así como agresivo, pues en ningún momento escuchaban razones y fue gracias a la exigencia de la comunidad y la mediación de distintos actores que se encontraban en el lugar (Procuraduría, defensores de derechos humanos y la ONU), que los policías y agentes del Esmad se retiraron. Sin embargo, cuando había pocas personas en la biblioteca y otros se encontraban almorzando, la arremetida volvió con más fuerza.


“Cuando tratamos de acercarnos nos dispararon nuevamente con sus gases, no nos permitían acercarnos ni sacar nada del espacio. Empezaron a violentar la puerta y al romperla entraron al espacio. Yo me acerqué como defensora de derechos humanos y al no valer nada para ellos, entonces me arrimé como la mamá de Nicolás y me planté en el lugar. En ese momento empiezan a decirme que me quite, que me fuera, pero yo no me dejaba quitar. Al ver la situación me empezaron a grabar la cara todo el tiempo, me echaron algo en el cuerpo y al preguntar qué era, se empezó a reír y no dieron ninguna explicación.


Al final llegó a mediar el secretario de educación e hicimos un acta donde nos encontramos como actores: la comunidad, el mayor de la policía, el secretario de educación y chicos de la primera línea. La idea es que tenemos plazo hasta el 29 de julio para establecer esta mesa y llegar a los acuerdos para que nos den un espacio para la biblioteca o nos asignen este que ya tenemos”.


Noche de terror

Los ánimos estaban caldeados desde la incursión a la biblioteca Nicolás Guerrero. En el barrio Alcázares, junto al cementerio del norte, los jóvenes comenzaron a enfrentarse con el Esmad minutos después de la agresión contra el espacio comunitario que genero indignación y rabia. Mundo, un joven primera línea que estuvo en el lugar nos cuenta que desde que llegó la noche la situación empezó a empeorar. Las balaceras eran constantes contra los manifestantes, disparos de fusil se escuchaban e impactaban el cuerpo de los jóvenes:

“Heridos de fusil hasta donde conté y pude cargar fueron cuatro, pero sé que fueron muchos más, a uno le destrozaron la pierna con las balas. Pero lo más impresionante que vi fue cuando llevábamos dos heridos cargados y comenzaron a gasearnos hasta dejarnos asfixiados, teníamos una cortina de humo que no nos dejaba ver y no pudimos más, nos tocó dejar el lugar. Tratamos de arrastrar el cuerpo de un muchacho herido, pero ahí nos empezaron a dar más bala, sabemos que en ese momento remataron en el piso a una persona, habían heridos por todo lado.


Cuando la cortina de humo se fue, ya no estaba ni el cuerpo ni la policía. No sabemos el nombre del muchacho, pero en mi Facebook grabé donde se ve la sangre y como lo arrastraron (2). Yo me replegué a las 2:30 de la mañana, hasta esa hora ellos seguían con el cuerpo, ahí cometí el error de dejar la moto en la calle y me la robaron, ahora no tengo como movilizarme, ando sin plata, sin saber que voy a hacer porque desde que empezó el paro me echaron de la casa”.


*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur

1. Ver: https://www.facebook.com/canal2cali/videos/4453892187974614
2. Ver: https://www.facebook.com/kevinandres.canavalvalencia/videos/320730333061858/

 

Videos relacionado:

https://twitter.com/caliresiste_pn/status/1417664661256818691?s=20

 

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Huelguistas de hambre obligan al gobierno a negociar

En La Guajira, suspenden huelga de hambre y establecen hoja de ruta y mesas temáticas

Después de 20 días de una dura huelga de hambre, reclamando ser escuchados por el gobierno colombiano para negociar soluciones de los más sentidos problemas del Dpto. de La Guajira, al norte del país, los nueve jóvenes del Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira, lograron sentar y comprometer en una mesa de negociación a varios representantes de los gobiernos nacional y regional entre los que se encuentran el Viceministro del interior Carlos Baena con quienes firmaron un acuerdo para la realización de unas mesas de trabajo temático y sectoriales donde participe la comunidad guajira a fin de y a partir de la misma el gobierno colombiano tome en serio y comience a solucionar los viejos problemas estructurales de los guajiros.

El acuerdo firmado entre los huelguistas de hambre que estuvieron viviendo en carpas y chinchorros en el parque de la Resistencia Simón Bolívar de Riohacha, desde el primero de julio y el gobierno nacional,  permitió suspender la protesta por el momento y es considerado como un triunfo parcial muy importante de los jóvenes guajiros que llenos de dignidad y valor a costa de sus propias vidas lograron el objetivo inicial de: Primero, demostrarles a sus paisanos guajiros que mediante la protesta pacifica, organizada y seria dentro del paro nacional, se pueden lograr objetivos de compromiso de parte de las autoridades nacionales que tienen olvidado y discriminado este departamento, Segundo, obligaron al gobierno central a venir a La Guajira a negociar ante la presión de la protesta, la solicitud y clamor de muchos dirigentes políticos, sindicales, sociales y hasta artistas nacionales y la misma prensa nacional e internacional que visibilizó la protesta tanto en Latinoamérica como en Europa.

El compromiso firmado entre los jóvenes del Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira y el viceministro del interior Carlos Baena, lleva la rúbrica además de Cesar Fandiño de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías ; Consejería Presidencial para la Juventud, Agencia Nacional de Tierras ; Ministerio de Minas y Energía ; del ICBF, Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Riohacha, y por parte de los manifestantes Emanuel Rangel, Luis Fernando Lobo, Yarley Molina, Andrés Barliza, Beatriz Salas, Eliel Castillo, Limbano Díaz ,Jissaac Gonzales y Jeferson Palmar y está respaldado por el Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional de La Guajira y personería de Riohacha.

Logros con sacrificio, valentía y dignidad


Dentro de las estructuras a desarrollar dentro del compromiso firmado se acuerda que los jóvenes serán interlocutores y estarán presentes en las diversas mesas temáticas a llevarse a cabo al igual que la Gobernación de La Guajira y las  alcaldías municipales de acuerdo a la siguiente agenda:

1er Tema : Sentencia T 302 de 2017 y primera infancia cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Interior , Consejería Presidencial para las Regiones Dpto., municipios e ICBF. Se llevará a cabo el día martes 27 de julio del presente año en Riohacha, la cual será la sede de todas las mesas, con la socialización de la ruta de preconsulta y consulta previa.

2o Tema : Agricultura, Territorio, Agua y Medio Ambiente , estarán bajo la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, Agricultura, ANT, Viceministerio de Agua , Corpoguajira, Dpto y municipios, esta mesa se desarrollará el día 3 de agosto.

3er Tema : Sector Minero Energético , estarán presentes el Ministerio de Minas y Energía el martes 10 de agosto.

4o Tema: Sector Salud , estará funcionarios del Ministerio de Salud, Supersalud, Dpto y Municipios y será el 17 de agosto.

5o Tema : Sector Educación , Ciencia y Tecnología , con la responsabilidad del Ministerio de Educación , Ciencia y Tecnología , así como el Dpto y los Municipios y se debe desarrollar el 24 de agosto.

6o Tema : Cultura, deben responder el Ministerio de Cultura, el Dpto y los municipios y está prevista se lleve a cabo esta mesa el día 31 de agosto.

7o Tema : Mesa étnica, otros pueblos indígenas, Wayuu, Wiwa,kogui, Arhuaco y Cariachiles, Zenu, kankuamos, Inga, Kansa y comunidades negras, afrocolombianas, con asiento en el Dpto de La Guajira. Estará bajo la responsabilidad del MinInterior y otras entidades del orden nacional y se invitará a la ONIC , esta mesa estará desarrollándose el día 7 de septiembre.

8o Tema : Mujer y Género , con la responsabilidad de la Consejería presidencial para la mujer, Dpto y municipios, tiene fecha de realización el día 14 de septiembre.

9o Tema : Deporte, con la presencia del Ministerio del Deporte, el Dpto y los municipios se tiene prevista para el día 21 de septiembre.

10o Tema : Juventud , la cual debe responder La Consejería Presidencial para la Juventud , ICBF, Dpto y municipios y se debe realizar el día 28 de septiembre.

En el marco de cada mesa se definirán los indicadores respecto a los compromisos que sean acordados , se tienen como garantes al Ministerio Público , defensoría del pueblo, procuraduría Regional , Personería , Contraloría y se extenderá invitación a un organismo internacional . Así mismo se tiene previsto hacer seguimiento en mesas posteriores previo cronograma acordado en cada mesa, igualmente  se garantiza y compromete al  gobierno nacional a prestar el apoyo logístico necesario a los huelguistas para participar cuando se tenga que desarrollar una mesa fuera de Riohacha.

Finalmente se creó una Coordinación y Secretaría técnica la cual estará bajo la responsabilidad de Ellis Gómez Mendoza y por los huelguistas Luis Fernando Lobo y Yarlein Molina. Para varios dirigentes guajiros y nacionales el hecho de llevar a cabo la huelga de hambre durante 20 días por parte de estos nueve jóvenes guajiros y lograr sentar al gobierno nacional y comprometerlo a negociar es muy significativo dentro de la historia del Dpto, ya que varios sectores sociales, políticos, sindicales del Dpto, de Colombia y desde el extranjero recibieron apoyo moral y solidaridad, aunque no faltaron las críticas y hasta amenazas contra los manifestantes que de forma pacífica permanecieron en el parque de la Resistencia Simón Bolívar de la capital guajira.

Guajiros a dejar la apatía, la pereza y aprovechar para obtener lo que les corresponde.

Así mismo se espera que la sociedad guajira rompa la apatía, deje la pereza y aproveche está oportunidad abierta por estos jóvenes para exigirle al gobierno nacional se ponga serio con este departamento olvidado y sumido en la extrema pobreza y cumpla su deber como gobierno y como Estado devolviéndole algo de lo mucho que se han llevado y explotado de sus recursos naturales, Estado colombiano que « siempre le ha bailado el indio a los guajiros » como se dice en el lenguaje popular caribe ,  ya que no es posible que en medio de la riqueza los niños, jóvenes y adultos mayores se mueran de hambre, desnutrición y sed, mientras su juventud deambula por las calles polvorientas y arenosas sin esperanzas de estudios y trabajo, sin futuro en medio del desierto, el sol y la brisa marina, mientras la corrupción campea y las empresas del interior del país y multinacionales se llenan los bolsillos dejando solo migajas y promesas a los guajiros.

Por Eliécer Jiménez Julio | 22/07/2021

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20 de julio. En las calles, en demanda de vida digna

Tal como estaba anunciado desde semanas atrás, el 20 de julio inocultables grupos de personas salieron por todo el país a expresar su inconformidad con el actual gobierno, al tiempo que a reclamar mejor vida.

El notable descontento con el gobierno y su modelo económico/social que ebulle por todo el país alcanzó expresiones por medio de decenas de congregaciones, manifestaciones, actos culturales, marchas, de manera tan variada como lo es nuestra sociedad. Según el reporte gubernamental entregado por Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior, en esta jornada, convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP) tomando como fecha simbólica el 211 aniversario de la primera independencia, el país nacional alzó su voz por medio de "195 actividades de manifestación pública, 119 concentraciones, 58 marchas y 18 movilizaciones. Estas actividades se han presentado en 95 municipios de 26 departamentos…".

La jornada de protesta nacional del 20 de julio, que retoma el espíritu del paro nacional que alcanzó forma en Colombia el pasado 28 de abril y se extendió a lo largo de dos meses, fue confrontada desde el Ministerio de Defensa y todas las oficinas gubernamentales con una intensa campaña de guerra política que anunciaba que el Eln desplegaría una ofensiva en distintas ciudades del país. Según el ente oficial, los alzados en armas financiarían todo tipo de operaciones y provocaría desórdenes en medio de las marchas por realizarse. La campaña alcanzó tal intensidad que incluso desde algunos hogares se denunció que recibieron llamadas de conocidos del ejército que las invitaban a no salir el 20 de julio pues “van a suceder cosas tremendas”.

El miedo, como mecanismo de disuasión y como expresión de una soterrada guerra política que busca a todo trance que la protesta en Colombia no retome el protagomismo alcanzado en días pasados, vuelve a ganar el epicentro nacional. Antes, también pretendieron imponer igual objetivo por medio de una ofensiva “de desconocidos” que terminó con la quema de varios buses en Cali, la destrucción de parte importante de su sistema de transporte y numerosos saqueos.

En consonancia con este mecanismo de control social, en la apertura de las sesiones del Congreso de la República el presidente enfatizó en un propósito tras el cual andan hace varias semanas, al que le han buscado apoyo social y legitimidad política; un propósito para el cual estigmatizaron la protesta social como “vandalismo” y a los manifestantes como “vándalos”. Es así como Duque afirmó que nuestra sociedad debe tener claro que las manifestaciones deben ser siempre pacíficas. Según él, en clara respuesta a la CIDH en su reciente informe sobre la violación de derechos humanos en el maco de las protestas que dieron pie a su reciente visita al país, "Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos".


Según su manera de ver el país y defender los privilegios de unos pocos, "Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo", lo que no explicó es cómo se conformaría ese equipo ni como funcionaría, pues el que ellos siempre defienden, que es el equipo de la imposición, del autoritarismo, terminó por arrinconar al país bajo el peso de una descomunal crisis que ahora refleja mayores indicadores de empobrecidos y marginados, sin que se vislumbre una iniciativa económica y social de choque para solucionarla, una iniciativa que vaya más allá de programar medidas en beneficio del gran y mediano empresariado. Es claro que trabajar en equipo implicaría un gobierno de coalición nacional, lo cual está lejos de ser el propósito de una presidencia de ricos y en beneficio de los ricos.


Los proyectos de Ley


Como estaba proyectado, el 20 de julio el CNP dio a conocer en su totalidad los proyectos de ley elaborados a la luz de algunas de las principales demandas emanadas en los anteriores dos meses de protesta, y que de alguna manera también retoman exigencias ya incluidas en el pliego de exigencias entregadas al Ejecutivo en el 2019. La lista da cuenta de aspiraciones del país nacional, pero también de sectores sociales específicos, veamos:


1. Renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares.
2. Gratuidad universal de la educación superior pública.
3. Fortalecimiento de la red pública de salud.
4. Apoyo a la reactivación económica de la pequeña y mediana industria y la generación de empleo.
5. Apoyo para la reactivación del sector agropecuario.
6. Derogatoria del decreto 1174, de 2020, sobre el piso de protección social.
7. Acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género.
8. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
9. Reforma al estatuto de juventud, para hacer más eficaz su participación política.
10. Reforma de la Policía.


Esta iniciativa, en todo caso, deja en el aire dos aspectos que le corresponde dilucidar al activismo en general, como en particular al CNP: 1. ¿Por qué acudir al Congreso a tramitar unas demandas que desde ya se sabe no serán avaladas, y si encuentran algún eco serán reivindicadas como de la cosecha oficial. Con una inquietud más, ¿Por qué acudir a una de las instituciones más desprestigiadas del país, con la cual la sociedad no tiene empatía y sí desconfianza, para buscarle apoyo a este decálogo? ¿Al así proceder no se aportaría a su legitimidad? O será que alguién cree que “[…] ustedes –los congresistas– están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación”, como lo afirmó Duque en la instalación de la nueva legislatura, agregando que este gobierno sordo sí escucha las “voces de la calle”.


Pero, la mismo tiempo, inquieta que otras reivindicaciones de especial afecto para las mayorías nacionales no estén allí recogidas, reivindicaciones que una y otra vez estuvieron presenten en la protesta social: el servicio público de transporte, su propiedad, tarifas y calidad; la privatización de las autopistas nacionales, uso que tiene que pagar quienes las transitan vía peajes; funcionamiento del sistema financiero, por retomar algunos temas fundamentales para las mayorías.

Las voces

Los reportes llegados desde distintos puntos del país indican que las principales manifestaciones de protesta alcanzaron realce en Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, Popayán, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, Montería, Valledupar. En varias de ellas la represión del Esmad propició el desorden y el ardor social, prolongado en defensa propia y en defensa del derecho a la protesta.


Represión y provocación policiva que alcanzó en Cali su mayor expresión, ciudad en la cual, en particular en el punto conocido como la Loma de la Cruz y según reporte del Canal 2, la comunidad estaba congregada de manera pacífica, con expresiones culturales, esperando la llegada de marchas procedentes desde diferentes lugares de la ciudad, cuando civiles entremezclados con la policía activaron sus armas con pretensión de asesinar. Luego el Esmad arremetió de manera demencial contra los allí reunidos, y sin reparo alguno volvieron a operar su disparador múltiple conocido como Venom, con disparos dirigidos incluso contra la humanidad de los allí congregados, evidencia de ello, como la denuncia José Alberto Tejada, director del Canal 2, un joven –de unos treinta y tantos años– al cual impactaron en su rostro, destruyendo su dentadura, pero también otro cúmulo de personas entre las cuales están sus tres “guardaespaldas”. Otros reportes confirman 19 heridos.


La pretensión, según este reportero, es la de crear condiciones política, sociales y militares para justificar la prolongación del actual gobierno más allá de su periodo constitucional. Irrespeto del derecho a la vida de los connacionales que lleva a José Alberto a pedir la cabeza de Iván Duque, “[…] que se anticipen elecciones, que la comunidad internacional presione a sus gobiernos para que no sigan vendiendo armas al colombiano…”.


Por otras fuentes también se conoce la denuncia de un joven que finalmente perdió la vida en esta desigual refriega, con una agravante: su cuerpo, secuestrado por el personal que lo atacó, aún no aparece.

Es una evidencia de represión y violencia que en otras ciudades también produjo heridos de diferente gravedad, y que según reportes oficiales también arrojó 22 personas capturas “por daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública, daño en bien público…”.

Es un nivel de violencia y represión que permite coligar que a lo largo del final de los próximos días las protestas volverán a cubrir distintos barrios, tanto de Cali, como Popayán, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y otras ciudades.

El ambiente de rebeldía popular y juvenil está vivo. Tal vez la concreción de la exigencia del director del Canal 2 de Cali sea el paliativo para dar respuesta a la misma.

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Charco en una calle de La Habana

Este no es un análisis sobre las protestas y su instrumentalización política, sino un llamado a escuchar voces soberanistas y críticas, voces incómodas tanto para el Gobierno cubano como para la derecha anticastrista.

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La muerte de Hugo Chávez me pilló en Nicaragua. Mis amigas nicas la lloraron porque creían en su proyecto político. Esas mismas amigas nicas apoyaron en 2018 a las y los estudiantes y pensionistas reprimidos brutalmente por manifestarse contra el enésimo recorte en el seguro social del gobierno dizque socialista de Ortega y Murillo. Desde entonces, sobreviven a la creciente criminalización de los movimientos sociales autónomos; otras se exiliaron. Sí, son chavistas y antiorteguistas, porque la realidad es más compleja que las narrativas binarias que se imponen siempre.

Me resulta imposible escribir sobre Cuba sin pensar en Nicaragua. En ambos casos, el Gobierno y sus comparsas han negado el estallido social, lo han presentado como parte de un golpe blando de Estados Unidos y han caricaturizado a las y los manifestantes como mercenarios vendepatrias. En ambos casos, la amenaza de intervención es real (aunque solo sea por memoria histórica) y una parte de la derecha la reclama. Y, en ambos casos, buena parte de la izquierda internacional ha repetido los mismos mantras para no cuestionar ni un poquito a los últimos bastiones del socialismo. Porque para represión, la de Colombia y, para libertad, la que grita el pueblo palestino. Y porque en Cuba no hay niños ni niñas cosiendo nuestras deportivas.

Y sí, todo eso es verdad. Y sí, es una broma pesada que el Gobierno colombiano pida al cubano que respete el derecho a la protesta pacífica. Y sí, hablemos de Sudáfrica, donde hay más de un centenar de víctimas mortales de la represión policial de protestas. Y sí, exijamos a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba y que deje de torturar en la base de Guantánamo. Y sí, me da náuseas escuchar al sionista Josep Borrell hablando sobre crisis política y humanitaria. Y sí, hablemos del Sáhara y de la Franja de Gaza. Y sí, no olvido las cargas de la Policía Nacional en la concentración en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz. Ni la muerte de Iñigo Cabacas en mi propia ciudad, Bilbao. Ni las torturas a detenidas y detenidos en régimen de incomunicación, en muchos casos por orden del juez y actual Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y no, yo tampoco quiero compartir lemas y carteles con Vox, ni con Donald Trump, ni con Keiko Fujimori. Y sí, es jodido que sea la derecha la que apoye las iniciativas institucionales de solidaridad con Nicaragua ante la represión orteguista, porque sus objetivos políticos al hacerlo son antagónicos a los míos.

Si escribo sobre Cuba y sobre Nicaragua es, precisamente, porque soy socialista, porque creo en las revoluciones populares. Y por eso me resisto a decir “dictadura” y “régimen” salvo si es para respetar las palabras de quienes están denunciando su autoritarismo. Porque dar lecciones de democracia desde el Reino de España es un ejercicio de una arrogancia colonial y un cinismo insorportable. Y por eso me cuesta también usar la palabra “libertad”, porque ha sido secuestrada por la derecha.

Pero me escribe por Twitter el activista gay, ambientalista y libertario, Isbel Díaz, “June, nos están matando. La policía cubana ya tiene sangre en sus manos”. Y me niego a aceptar que escuchar su grito sea hacerle el juego al imperialismo.

Defender la autonomía

En 2013, pasé un mes en Cuba realizando un proyecto periodístico sobre la izquierda crítica y los movimientos sociales autónomos. Estaba entusiasmada de haber encontrado voces que rompían con esa polarización que me da alergia: marxistas, trotskistas, anarquistas, feministas, ecologistas, antirracistas, LGTBI, que criticaban el autoritarismo del gobierno desde su compromiso revolucionario y antimperialista. Conocí el Observatorio Crítico, un paraguas de pequeñas iniciativas autogestionadas (Proyecto Arcoiris, la Cofradía de la Negritud, El Guardabosques…) que organizaba debates sobre temas como los transgénicos, el cooperativismo o el auge del reguetón. Constaté las dificultades que tenían para organizarse, para formalizarse como asociaciones, para celebrar actividades en el espacio público sin que se les infiltrasen agentes del Estado. También constaté, como después con las activistas en Nicaragua, su potentísima formación política e intelectual, y su sentimiento de orgullo hacia las revoluciones que hicieron sus madres y sus padres.

Ahí conocí a Isbel y trabé amistad con otra de sus integrantes, Yasmín Portales Machado, escritora de ciencia ficción, bloguera, marxista, feminista, bisexual, negra. Exdirigente estudiantil, exmilitante de la Unión de Jóvenes Comunistas, extrabajadora de organismos de cultura. Luchaba por una Cuba socialista en la que pudiera plantarse en la marcha del 1 de Mayo con carteles contra las discriminaciones racistas y LGTBfóbicas en el empleo público, sin que los funcionarios del Estado la invitasen amablemente a irse, como le pasó un año. Yasmín ha asumido la contradicción política de emigrar a Estados Unidos para hacer un posgrado y respirar un poco. “Si el único lugar seguro para el desacuerdo, del signo político que sea, está fuera de los límites geográficos del archipiélago de Cuba, seremos en verdad una diáspora”, escribió en una ponencia.

En Cuba conocí también las pocas iniciativas feministas que escapaban del control de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Supe que en 1993 nació Magín, una asociación formada por más de un centenar de comunicadoras cubanas. Duró tres años; no consiguieron ser legalizadas y la FMC les informó de que no podían seguir funcionando, bajo el argumento de siempre: que podía dar oportunidad a la penetración del enemigo. En 2014, el Ministerio de Cultura venezolano me invitó a un congreso de intelectuales, artistas y activistas, y en el debate sobre feminismo, una escritora cubana poco sospechosa de anticastrismo, insistió a las feministas chavistas ahí presentes que, sobre todo, defendieran su autonomía.

En la actualidad, destaca la plataforma contra la violencia machista YoSíTeCreoCuba, que se activó en 2019 para apoyar la denuncia pública de una cantante hacia un músico que la había sometido a violencia psicológica, física, emocional y sexual durante su trabajo en una popular banda de timba. Ese año presentaron ante la Asamblea nacional del Poder Popular un proyecto de ley integral contra la violencia de género, porque Cuba carece de una normativa específica. El pasado viernes denunciaron en sus redes sociales la situación de al menos 383 personas desaparecidas y presas luego de las protestas masivas del 11 de julio (entre las que hay 72 mujeres y seis chicas y chicos menores de edad). En su comunidado recuerdan que la brutalidad militar y policial suele venir acompañada de violencia sexual, como vienen denunciando las feministas nicas desde 2018.

Reconocer el disenso

Yasmín me aporta mediante mensajería instantánea discurso, lecturas y vídeos. Le frustra no poder participar en las protestas, como le frustró no hacerlo en dos anteriores, que también fueron desalojadas por la policía y tildadas por los dirigentes cubanos como shows montados desde Miami: una marcha LGTB en 2019 y un plantón de 200 artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en 2020: “Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, expresó la organización del plantón.

 “Hay consenso a la izquierda y derecha en que la crisis sanitaria de Matanzas la semana pasada fue el detonante, pero el problema es de fondo: la avanzada neoliberal del gobierno, que deja una creciente precarización y desigualdad en la población”, me escribe Yasmín. “Otra cosa es el discurso producido alrededor de las protestas. La élite política de Miami se apresuró a tratar de atribuirse el liderazgo de estas protestas. Sus pedidos de intervención humanitaria / militar son, para mí, evidencia de su desinterés por el bienestar del pueblo cubano. Mientras que el gobierno insiste en una construcción clasista de las personas que protestan: son delincuentes”. El Gobierno cubano, ha lamentado la única muerte en las protestas, la de Diubis Laurencio Tejeda, para después destacar que tenía antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden público.

Me dice Yasmín que sus analistas de referencia son Ailynn Torres Santana y Julio César Guanche. La primera ha dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel una propuesta de hoja de ruta para abrir “un diálogo nacional real, sin tokenismos (recordando al universal Martin Luther King), sin intervencionismo, con la fuerza y la honestidad que permitan a Cuba, y sobre todo a cada cubana y cubano, ser un territorio de soberanía”. Guanche llama en un artículo de opinión a “distinguir y separar el uso instrumental” del sector extremista del exilio cubano de las demandas legítimas de parte del pueblo cubano. Critica que el presidente Joe Biden haya continuado con la política de sanciones, incluso en medio de la pandemia, pero señala el “gran peligro político” de los enfoques que atienden solo a las amenazas externas: “Reconocer la legitimidad de demandas que están hoy en juego es un golpe fuerte contra cualquier pretensión de golpe blando”, sostiene.

Sus mensajes coinciden con los que está publicando el medio socialista independiente La Joven Cuba, que también llaman a superar el binarismo revolucionarios/mercenarios: “La parte del pueblo de Cuba que salió a pedir cambios y que los quiere desde el respeto a la soberanía de la nación, merece ser escuchada y el presidente es quien debe propiciarlo”, escribe José Manuel González Rubines.

Yasmín también me manda una declaración unitaria por la liberación de las y los detenidos en las protestas, firmada por un centenar de intelectuales antimperialistas e internacionalistas como Noam Chomsky o Gayatri Spivak. Destacan los nombres de varios detenidos que son académicos o estudiantes marxistas.

Me enlaza un reportaje en vídeo de la revista sobre mujeres, afrodescendientes, y personas lgbti+ Tremenda Nota en el que mujeres trans manifestantes expresan el acoso policial que viven a diario: “Nos piden carne, nos llevan por prostitución, no podemos vestirnos de mujer. Además vine en compañerismo con todas las personas que hay aquí, por el hambre, la necesidad, no hay medicamentos, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se están cayendo. Y esos están construyendo hoteles”, critica Adriana Díaz. Conecto sus palabras con un reportaje que recoge voces de economistas cubanos: “Entre enero y marzo de 2021, en medio de la pandemia y con hoteles prácticamente vacíos, el 50,3% de las inversiones se hicieron en el sector inmobiliario, mientras que en innovación tecnológica se invirtió el 0,6%, en la agricultura el 2,6% y en la industria el 9,5%”. Y con este tuit:

El discurso de Residente enfureció tanto a castristas como a anticastristas: “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia”.

Me dice Yasmín que, por encima de todo, subraye las siguientes dos cosas (así que copio y pego):

1- Las personas desaparecidas. No sabemos cómo lidiar con eso como sociedad, simplemente era algo que “no pasa en Cuba”. Sin embargo, entre domingo y lunes escaló de praxis puntual [recuerda la detención de Isbel y su pareja, Jimmy, por organizar la marcha LGTB de 2019] a masiva. Cargaron con entre 100 y 200 personas a las que ahora dice el gobierno van a juzgar “con justicia” por vandalismo.

2- El antes y el después de la etiqueta #SOSCuba y lo que significa en términos de organización popular autónoma. La cosa empezó entre el 6 y 7 de julio con la revelación de los números de contagios y muertes en Matanzas y denuncias en redes del colapso de sus hospitales. Las etiquetas #SOSMatanzas y #SOSCuba se usaron entre el 7 y 10 de julio para organizar redes de donaciones. La comunidad migrada empezó a reunir recursos y pedir al gobierno que dejara entrar donaciones privadas. El gobierno y sus clarias que no, porque lo que querían era entrar medicinas y revenderlas. El día 9, [la influencer] Mia Khalifa y [el músico] Residente usaron la etiqueta. En especial, fue llamativo que la cuenta oficial de la Presidencia respondiera a Residente y no a otras cuentas cubanas. El día 10 la etiqueta fue levantada por cuentas robots y viralizada. Luego llegaron las protestas. El gobierno aprovechó para criminalizar la etiqueta y pretende que solo existe para provocar las protestas, pero la manipulación funcionó porque tenía base real. Las personas la usan enfatizando que siempre fue acerca de la solidaridad.

Salirse del binarismo tiene algo que ver con lo que cuenta Elisa Coll en su libro Resistencia bisexual: el mensaje social que recibimos quienes, en vez de elegir acera, intentamos habitar la carretera, es que seremos atropelladas.

Ailynn Torres Santana vuelve a compartir estos días el artículo que escribió en 2019, titulado “La novela Cuba”, sobre el extrañamiento que le producen las narrativas sobre su país: “La mirada sobre Cuba está capturada por el fatalismo de los polos. Odias o amas, amigo o enemigo, dentro o fuera, conmigo o contra mí, Cuba inmaculada o Cuba podrida”. Concluía con una frase lacerante: “La brújula de la Cuba impoluta es mi perdición; es la imposibilidad de construir una distinta, a muchas voces”.

Por eso escribo estas líneas, sabiendo que tal vez reciba más fotos de gusanos enmarañados como la que me mandó por Twitter un comunista español cuando recomendé seguir a Yasmín.

Por eso y porque mi primer viaje a Cuba, en mayo de 2011, coincidió con el 15M. En la guagua, la gente me decía con una sonrisa: “¡Viva la spanish revolution!”. Sirva este artículo para corresponderles.

17 jul 2021 08:22

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Miles de personas se manifiestan en La Habana en apoyo a La Revolución. — Alexandre Meneghini / REUTERS

El presidente cubano ha acusado a Estados Unidos de ser el principal instigador de las protestas del pasado 11 de julio.

 

El Gobierno cubano organizó este sábado una concentración masiva para sacar músculo como respuesta a las protestas en su contra protagonizadas de forma espontánea por miles de personas hace casi una semana en varias ciudades del país y en el peor momento de la pandemia.

Con banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, fotografías del fallecido presidente Fidel Castro y de su hermano y sucesor Raúl, quien asistió al acto masivo del sábado, los concentrados –muchos agrupados según su pertenencia a distintos organismos y empresas estatales– corearon consignas a favor de "la Revolución", que identifica al sistema político vigente desde 1959.

Los participantes, convocados desde la madrugada, llegaron en autobuses estatales a la zona del Vedado capitalino conocida como La Piragua, frente al emblemático Malecón y muy cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Para llevar a cabo la concentración, las autoridades desviaron las principales calles del barrio habanero del Vedado y paralizaron el transporte público y privado.

En otras provincias, como la oriental Santiago de Cuba, también se realizaron actos similares de reafirmación revolucionaria.

En La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culpó a Estados Unidos de ser el principal instigador de las masivas protestas que demandaron libertades civiles, una cuestión negada por Washington.

Díaz-Canel manifestó en su discurso que el Gobierno estadounidense usa las redes sociales y una "campaña de intoxicación mediática" para promover el "odio" entre cubanos, disturbios y un clima de inestabilidad, argumento que lleva repitiendo desde que comenzaron las protestas el domingo 11.

Días previos a las manifestaciones, un grupo de jóvenes independientes organizó una campaña virtual para recolectar donaciones y enviarlas a las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria, como la provincia de Matanzas (occidente). Luego se sumaron a las manifestaciones en las calles.

Lo hicieron, aseguró el presidente ante los congregados -más de 100.000 según el Gobierno-, aprovechándose de "las difíciles condiciones provocadas por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo".

¿De quién son las calles?

El mismo domingo 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles gritando "libertad" y consignas contra el gobierno, Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate". "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", expresó el mandatario en una comparecencia televisiva especial ese día.

Este sábado dijo que sus palabras en la intervención "improvisada" ese día tuvieron una interpretación "malintencionada" para dar a entender que "se había convocado a una guerra civil".

"La historia se pretende contar al revés", sostuvo al defender la idea de la guerra mediática sobre los sucesos del 11 de julio.

Sin cifras oficiales de detenidos

"Lo que el mundo ve sobre Cuba es una mentira: un pueblo levantado contra el Gobierno y el Gobierno oprimiendo", afirmó Díaz-Canel hoy frente al Malecón.

Precisamente allí, antes de comenzar el acto, detuvieron y sacaron a un hombre a la fuerza por gritar "libertad" y "patria y vida", uno de los principales lemas de las protestas antigubernamentales, un incidente que recogieron las cámaras.

El Gobierno cubano ha negado que en las protestas hubiera represión policial, lo que contrasta con vídeos difundidos en las redes en los que se observa represión violenta por parte de policías y de agentes vestidos de civil, con declaraciones de testigos y con hechos observados por Efe y otros medios que cubrieron los sucesos.

El ejecutivo de Díaz-Canel solo ha confirmado hasta el momento la muerte de un hombre durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en un barrio periférico de La Habana, que dejó también varios lesionados entre civiles y agentes.

Sigue sin ofrecer cifras sobre el número de detenidos, que organizaciones de derechos humanos y activistas cifran en cientos, e incluso miles.

En la principal protesta en el emblemático Paseo del Prado de La Habana los manifestantes desfilaron en una marcha pacífica hasta que la policía y los contramanifestantes se enfrentaron a ellos, produciéndose heridos y detenidos

La Habana

17/07/2021 21:04

EFE

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Una ola de disturbios y saqueos jaquea a Sudáfrica

Al menos 72 muertos se contabilizan en seis días de estallido

Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el desempleo y el impacto del coronavirus.

 

La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país, acumula ya 72 muertos. Los incidentes continuaban el miércoles en algunos puntos de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la policía y el ejército, que intentan hallar a los instigadores. La escasez de alimentos y combustible empezó a amenazar a la nación africana tras el sexto día de una ola de violencia que tuvo su inicio tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. Ese hecho alimentó el malestar de la sociedad frente a los elevados niveles de pobreza y desempleo, y la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Saqueos, incendios y justicia por mano propia

De acuerdo al último balance oficial difundido por la policía, el total de víctimas fatales por los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes asciende a 72, mientras que los detenidos ya son 1.234. El miércoles, aunque más reducidos que en jornadas previas, todavía se registraban incidentes en algunos puntos de las dos regiones más afectadas por la ola de violencia, que son la oriental provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. 

La policía, completamente desbordada, tuvo que recibir el apoyo de 2.500 efectivos del Ejército y el miércoles, tras seis jornadas de escalada de la violencia, esa presencia se dobló hasta 5.000 soldados. Además la fuerza de seguridad indicó que están investigando cada una de las muertes, en principio relacionadas con las estampidas producto de los saqueos, pero también por explosiones, incendios y disparos.

"Estamos apretando el acelerador para que lo que ha pasado no vaya a más en términos de destrucción", prometió el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, en declaraciones a los medios durante una visita a un centro comercial devastado en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria. El alto funcionario sostuvo la hipótesis de que "el crimen organizado podría estar escondiéndose detrás del hambre y los problemas sociales de la comunidad".

Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes no deben reaccionar aplicando justicia por mano propia. En ese sentido, en el distrito de Vosloorus, al sureste de Johannesburgo, se investiga la muerte de un adolescente que habría sido asesinado por choferes de taxis informales tras ser sorprendido intentando robar un negocio.

El principal centro comercial de la región fue devastado y parcialmente incendiado, y varios cadáveres fueron hallados en el lugar. "Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón", decía abatido Mike de Freitas, de 45 años y dueño de una carnicería que había ido a verificar los daños. En la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. "La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas", lamentó el director de la organización agrícola AgriSA Van der Rheede.

En la ciudad costera de Durban las tomas aéreas mostraron a cientos de personas saqueando grandes tiendas comerciales. Una mujer fue vista tirando a su bebé desde el segundo piso de un edificio para salvarlo de un incendio, luego de que los negocios del piso de abajo fueran quemados. Transeúntes pudieron recibir al bebé sano y salvo. "Todo lo que podía hacer era confiar en completos desconocidos", dijo la joven de 26 años Naledi Manyoni en diálogo con la BBC, y contó que tanto ella como su hija Melokuhle se encuentran bien.

Los extensos daños materiales aún no fueron cuantificados y se teme que en los próximos días haya problemas de suministro de alimentos y de combustible, por lo que el miércoles muchos sudafricanos hacían cola desde primera hora en supermercados y en estaciones de servicio. Además la violencia obligó a interrumpir, por ejemplo, los servicios médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas, como diabetes, tuberculosis y VIH, y la aplicación de vacunas contra la covid-19.

Según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los incidentes son de una magnitud nunca vista en democracia, solo comparables con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa tras el final del sistema segregacionista del apartheid. "El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo", lamentó el lunes Ramaphosa en un mensaje a la nación.

De protestas pro-Zuma al malestar general

Jacob Zuma, de 79 años, fue un luchador contra el apartheid que pasó 10 años preso en la cárcel de Isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. En la Sudáfrica democrática llegó a ser vicepresidente y luego presidente, antes de ser depuesto por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en 2018 al proliferar una serie de escándalos de corrupción. Aún así, Zuma mantiene su popularidad entre muchos sudafricanos pobres, especialmente entre militantes de base del CNA que lo ven como un defensor de los marginados.

Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, cuna del expresidente, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por una de las causas de corrupción que lo salpican. Aunque Zuma se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte".

En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar caminos como muestra de apoyo. En los días siguientes las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras regiones. Para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la gestión de la pandemia.

15 de julio de 2021

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Las semillas de la emancipación están intactas

Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25 “puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.

Estamos ante generaciones que han sufrido décadas de bloqueo de sus vidas: desde un no futuro instalado al calor de la desindustrialización que vive la ciudad desde hace tres décadas, hasta la humillación racista empuñada por las clases medias, la discriminación por color de piel, la criminalización de la pobreza y la represión de sus manifestaciones culturales y espacios sociales.

Por eso llama la atención que estas jóvenas y jóvenes hayan sido capaces de poner en pie una enorme variedad de iniciativas, desde bibliotecas populares en locales policiales tomados hasta el ya célebre anti-monumento “Resiste”, pasando por espacios de alimentación, de salud y deporte, además de mantener debates abiertos con la comunidad sobre el tipo de sociedad que sueñan.

En diálogo permanente con el periodista Felipe Martínez, del medio Desdeabajo, aparecen algunas características de estas juventudes que resultan notables: “Jóvenes universitarios, de barras de fútbol antes enfrentadas, pandilleros y delincuentes que estuvieron en la cárcel, gente que ha vivido la exclusión y la pobreza y que ahora conviven en las barricadas y en los puntos de resistencia”.

Lo que el sistema se empeña en separar para dividir, durante la revuelta se convierte en comunidad de vínculos solidarios. Felipe asegura que en los espacios de resistencia se dice una y otra vez: “aquí nadie manda, nadie está por encima de nadie”. En su opinión, se trata de “una experiencia zapatista en la ciudad”, en la que pueden observarse cocinas comunitarias, el centro médico, la biblioteca popular y “vecinos muy tranquilos con la presencia de los jóvenes”, porque controlan robos y ofrecen una seguridad inexistente cuando ellos no están.

La convivencia entre la comunidad de vecinos y los jóvenes se ha vuelto tan profunda, que “la comunidad les avisa cuando viene la policía y los vecinos abren las puertas de sus casas para que los jóvenes se bañen y puedan comer”. Un tipo de vínculos que antes de la revuelta eran, literalmente, imposibles.

Más aún, en Puerto Resistencia, un sector muy pobre de la comunidad “salió con banderas blancas a proteger a los jóvenes que los policías estaban matando”, en lo que define como “una comunidad defendiéndose unos a otros”.

Lo más notable es la construcción material y simbólica de lo nuevo. En las asambleas multitudinarias “empezaban a plantear discusiones muy profundas”, sin necesidad de caudillos y de dirigentes. En los puntos de resistencia no hubo vanguardias ni fueron necesarias, entre otras razones porque las y los jóvenes se muestran cansadas y desconfiadas con la política tradicional, sea de derecha o de izquierda.

En la revuelta colombiana estuvieron ausentes, comenta Felipe, los movimientos sociales, que podrían haber aportado acompañamiento sin pretender dirigir, algo que sólo la Guardia Indígena nasa supo hacer, llegando por miles a Cali para proteger y cuidar colectivamente.

Sin embargo, durante semanas funcionó una democracia asamblearia multitudinaria, diversa, capaz de afrontar los conflictos internos sin apelar a los viejos modos de “mandar mandando”.

Algunas reflexiones se imponen. Los sectores populares necesitan espacios en los que puedan dialogar unos con otras en relación de igualdad y horizontalidad, donde desplegar sus iniciativas, crear comunidad para enfrentar la dramática situación que viven. Lo realizado nos indica que la posibilidad de construir mundos nuevos está intacta, que las semillas de la emancipación siguen vivas, sólo necesitan el espacio-tiempo para desplegarse, ese que el sistema les niega por las bravas en todo momento y en cualquier rincón de esta sociedad.

Para que estos mundos nuevos florezcan no hacen faltan vanguardias, sino decenas, cientos de colectivos empeñados en abrir espacios para que sean habitados por la gente común, limitándose a acompañar sin imponer, debatir según los tiempos y modos de la cultura de abajo. Lo que hace falta es un nuevo tipo de activistas y de grupalidades, que no aspiren a dominar ni a subir, sino a servir.

Por Raúl Zibecfhi

12 julio 2021 0

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El candidato presidencial Pedro Castillo en Lima, Perú, el lunes 7 de junio de 2021Guadalupe Pardo / AP

Quienes llaman a protestar afirman que en el Congreso y en la cárcel donde está Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, se preparan acciones para "desconocer la voluntad popular".

 

Este martes, varios sectores sociales y partidos políticos peruanos de izquierda convocan a un paro nacional para exigir la proclamación del candidato Pedro Castillo y rechazar lo que consideran un intento de golpe de Estado del fujimorismo, cuando se cumple un mes de la segunda vuelta electoral donde el dirigente sindical resultó en primer lugar. 

El Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad llamó, a través de su cuenta de Facebook, a realizar movilizaciones en todo el país. En estas acciones de calle se espera la participación de gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones civiles y movimientos políticos, entre otros.

A pesar de que ya hay resultados oficiales de las elecciones, en las que Castillo obtuvo una ventaja de 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, aún no hay un presidente proclamado. Actualmente, varias instancias del Poder Electoral se encuentran analizando los expedientes con recursos presentados en su gran mayoría por la hija del expresidente Alberto Fujimori. Hasta ahora todos han sido descartados. 

¿Por qué ir a paro?

Si bien los simpatizantes de cada candidato han hecho manifestaciones principalmente en Lima, bastión electoral fujimorista, para pedir la proclamación del nuevo presidente, este llamado a paro no solo incluye a la capital. Castillo se alzó con la mayoría de votos en la región de los Andes, donde se desarrollan actividades mineras y agrícolas, y en el sur del país, donde está Cusco, el departamento con mayor pobreza del país, en el que arrasó y obtuvo más del 83 % de la votación.

En varios comunicados, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad afirma que pide hacer esta movilización porque "el fujimorismo y sus aliados continúan sus intentos para perpetrar el golpe y desconocer la voluntad popular".

La estrategia que utilizaría la derecha, según quienes convocan a protestar, se basa en la próxima elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que quedaría conformado por personas "afines al fujimorismo" como parte de "un proceso de selección abiertamente cuestionado y apresurado", según el Frente.

El Parlamento peruano, cuya periodo culminaba el pasado junio, admitió una extensión extraordinaria de su legislatura hasta julio para aprobar varias reformas constitucionales "exprés" y cumplir con los pendientes del anterior Congreso, de mayoría fujimorista, que fue disuelto en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra. Todo esto antes de que se instale el nuevo Legislativo (2021-2026), el próximo 27 de julio, un día antes de que tome posesión de su cargo el nuevo presidente.

"Golpe fujimontesinista"

En opinión de quienes respaldan a Castillo, de resultar electos los magistrados derechistas "captarían" al Tribunal Constitucional "para servir a sus intereses y consumar un golpe de Estado", al que han denominado "fujimontesinista", por la unión de los apellidos de Fujimori y Montesinos.

En días pasados, la Fiscalía de Perú anunció que investigaría una serie de audios donde Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora en las recientes elecciones.

"Se cocina un golpe de Estado desde la Base Naval [donde permanece detenido Montesinos por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita] y el Congreso", afirmó el Frente.

Quienes convocan a una paralización de actividades aseguran también que "las estrategias del fujimorismo para salvar a su candidata han sido desmontadas por expertos y por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", que han declarado infundadas toda las apelaciones presentadas por el equipo de la excongresista.

"El JNE debe resolver con máxima celeridad los recursos pendientes y proclamar inmediatamente al profesor Castillo como presidente", dice uno de los textos del Frente.

Keiko nuevamente en vilo

A pesar de que la derechista se ha valido de una estrategia poselectoral para maniobrar y retardar el nombramiento del nuevo mandatario, su camino no ha estado exento de reveses.

En esta oportunidad, una nueva investigación por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021 se abrió en su contra, según anunció José Domingo Pérez, fiscal del equipo de Lava Jato en Perú, tras la publicación de los audios de Montesinos. Se espera que estas "diligencias preliminares" se realicen durante 36 meses.

Según Pérez, el partido Fuerza Popular habría captado "activos de procedencia ilícita", por lo que incurriría en los delitos de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia.

En respuesta, Fujimori publicó una serie de trinos donde asevera que "Pérez lanza un nuevo show" con "afán de figuración" y que convoca a Montesinos "para asegurar difusión y cobertura". "Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo", agregó.

Ante esta nueva averiguación en su contra, informó que solicitará al Ministerio Público que excluya al fiscal del caso "para evitar que su evidente sesgo desvirtúe esta investigación".

Previamente, Pérez había pedido la revocatoria de las restricciones sobre Fujimori para imponerle prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos durante sus campañas de 2011 y 2016. Esta solicitud fue rechazada por un jurado peruano por considerarla infundada.

Publicado: 6 jul 2021 15:20 GMT

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La Justicia hondureña declara culpable a David Castillo, autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

El Tribunal de Sentencia de Honduras ha fallado en contra de Castillo, directivo de la compañía DESA S.A. responsable del proyecto contra el que luchaba la histórica defensora de la Tierra.

 

El Tribunal de Sentencia de Honduras ha fallado este lunes en contra de Víctor David Castillo, considerado autor intelectual del asesinato en 2016 de la activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres, quien se opuso a través de la lucha social a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de la zona noroccidental del país centroamericano. La magistrada ha dictado prisión preventiva para el condenado y ha señalado el 3 de agosto como fecha para anunciar la pena a la que se enfrenta.

El fallo llega después de 45 días de audiencia, iniciados el pasado 6 de abril, en los que el Ministerio Público y la acusación que representa a la familia de Cáceres han presentado 62 pruebas para acreditar los vínculos de Castillo con los autores materiales del asesinato y las siete personas que ya fueron condenadas en 2018. 

Los familiares y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron desde el primero momento a Castillo, a quien le consideran autor pleno de la muerte de la activista, pues él era directivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres y todo el pueblo indígena lenca. 

"En este juicio se ha demostrado que David Castillo, bajo órdenes de la familia Atala Zablah [dueña de la empresa DESA], coordinó con la estructura inferior de sicarios acciones de persecución, vigilancia y ataque que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres", argumentan a Público miembros miembros del equipo legal del COPINH, organización que considera el fallo emitido este lunes como una "victoria popular".

Durante el juicio se han acreditado los vínculos que Castillo tenía con personas ya condenadas por la muerte de Cáceres. Entre ellos, destacan las conversaciones telefónicas que el gerente de la hidroeléctrica tuvo con Douglas Bustillo, empleado de DESA S.A. condenado a 30 años de cárcel en 2018. Esta persona mantuvo varias comunicaciones reveladoras con el directivo, entre ellas, unos mensajes relacionada con un primer intento de asesinato que fue fallido. Además, según ha indicado la jueza, fue el nexo de unión entre Castillo y el resto de sicarios.

La magistrada ha informado que, pese a no haber pruebas directas que puedan vincular a Castillo con los autores materiales del crimen, existen numerosas pruebas indiciarias de su implicación en el delito. En ese sentido, ha sostenido que las conversaciones telefónicas y los mensajes enviados con lenguaje en clave es una señal clara que, unida a otras "de manera causal", dejan la defensa del acusado en una situación delicada. El contexto social también parece determinante para los jueces, pues la magistrada ha señalado este lunes la importancia que tuvo Cáceres para frenar las obras de la represa y cómo su liderazgo pudo generar cierta animadversión en la compañía hidroeléctrica.

Berta Cáceres sufrió una persecución constante durante años que culminó con su asesinato. Parte de su familia tuvo que abandonar el país durante algunos meses y ella misma se vio obligada a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar ser secuestrada. La fuerza de su discurso y su capacidad de movilización social llevó a visibilizar el conflicto más allá de las fronteras de Honduras, por lo que algunas compañías internacionales, como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional (adscrita al Banco Mundial) terminaron retirando su inversión. Para el Tribunal, este contexto es una prueba indiciaria más de los vínculos que pudo tener Castillo, como directivo de la empresa DESA S.A., en el asesinato de la activista.

Una puerta abierta para seguir investigando

El fallo de este lunes no sólo declara culpable a Castillo, sino que le señala como coautor intelectual del crimen, lo que significa que el Tribunal deja la puerta abierta para seguir investigando el asesinato. Este hecho ha sido celebrado por el COPINH, la Plataforma Solidaridad por Honduras y por las hijas de Cáceres, quienes consideran que había alguien por encima de Castillo, además de otros funcionarios y personas de la administración que presuntamente podrían haber estado al tanto de los planes de DESA S.A..

Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, dice en declaraciones a Público que durante todo el juicio ha quedado patente "la poca decisión del Estado para investigar a las personas poderosas, como la familia Atala Zablah, que tienen grandes influencias en el país". Asimismo, argumenta que la culpabilidad de Castillo debe servir para "romper con la impunidad" y para "abrir procesos judiciales en contra de los otros autores intelectuales".

madrid

05/07/2021 19:10 Actualizado: 06/07/2021 10:17

Alejandro Tena@AlxTena

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Cumbre de los dueños de la alimentación

No podemos vivir sin comer. Los alimentos y todo lo que les rodea están en la base de la vida de todas las personas. Por ello controlar ese mercado es un objetivo fundamental de las empresas trasnacionales. Al día de hoy, cuatro o cinco grandes empresas de agronegocios controlan más de la mitad del mercado global en cada eslabón de esa cadena industrial. Con la pandemia aumentó explosivamente la entrada de las gigantes tecnológicas y de comercio en línea, lo cual ha cambiado las estructuras de producción y quiénes controlan a productores y consumidores. Para legitimar este asalto digital y biotecnológico a nuestra comida y sentar nuevas normativas internacionales (leáse evitar regulaciones y control públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a realizarse en septiembre de 2021.

Aunque se presenta como una cumbre de Naciones Unidas, fue una iniciativa del Foro Económico Mundial (Foro de Davos en lenguaje popular, donde convergen las mayores empresas trasnacionales). António Guterres, secretario general de la ONU, anunció en 2019 su realización antes de que los propios órganos de Naciones Unidas relacionados a agricultura y alimentación –como FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial– supieran de ésta. Pese a ser “oficial”, esta cumbre será un evento “público-privado”, donde el sector privado tiene más participación e influencia que los coorganizadores de Naciones Unidas (https://tinyurl.com/cd7rhptb).

La comida no es sólo nutrición, es además un pilar esencial de la organización de las sociedades y las culturas. Durante más de 99.9 por ciento de la historia de la humanidad los alimentos, la forma de obtenerlos, producirlos y procesarlos ha sido diversa y descentralizada según geografías y culturas, basada en sistemas locales y, en su vasta mayoría, sustentable social y ecológicamente. El capitalismo y su Revolución Verde (paquete tecnológico de semillas híbridas y transgénicas, maquinaria pesada, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos) junto a la globalización impuesta, logró dañar en algunas décadas parte de esa realidad milenaria, con una industria alimentaria basada en el lucro, en la uniformidad genética de plantas y animales, groseramente quimicalizada –agrotóxicos, conservantes, saborizantes, espesantes, colorantes, etcétera–, con cada vez más elementos sintéticos y artificiales. Industria que es también uno de los mayores factores de contaminación de suelos, agua y tierra y causante del cambio climático. Adicionalmente, también es el mayor factor de producción de epidemias y pandemias (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

Es uno de los 10 mayores mercados industriales globales, lista en la que ha ocupado entre el primero y séptimo lugar en la década pasada. Esto pese a que esa contabilidad sólo toma en cuenta la industria y apenas parcialmente los alimentos que provienen de redes campesinas, pesca artesanal, huertas urbanas y recolección tradicional, que son quienes proveen alimento a 70 por ciento de la población mundial. (https://tinyurl.com/fjx7hm)

Desde hace pocos años, las gigantes de tecnología digital y de plataformas de venta en línea (como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera) han entrado en la agroalimentación. Han introducido programas de control digital del agro (ofertados por las empresas de agronegocios y maquinarias en sociedad con las tecnológicas) y diversos instrumentos para ello, como drones y sensores, a la vez que expanden y controlan las ventas en línea, tanto entre empresas como a consumidores (https://tinyurl.com/zw2xksxz).

Por todo ello, más allá de la retórica, los principales objetivos de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios son: a) La promoción y avance a gran escala de la industria agroalimentaria digital o “Agricultura 4.0”, con nuevas biotecnologías, sistemas informáticos, extracción y acumulación masiva de datos del campo, de ecosistemas y de nuestras conductas alimentarias; b) establecer sistemas de gobierno alternativos sobre agroalimentación, donde las empresas tengan el papel principal junto a algunos gobiernos: “sistemas público-privados”, marginando incluso a Naciones Unidas y buscando eliminar a las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores, que no puedan cooptar; c) establecer nuevos conceptos como “producción positiva a la naturaleza”, para conseguir subsidios y cooptar producción orgánica si les sirve para el lucro, y otros como “soluciones basadas en la naturaleza” que es una cobertura para abrir nuevos mercados de carbono en agricultura y mercados de “compensaciones” por destrucción de biodiversidad.

La Vía Campesina y la vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo rechazan esta cumbre y se han propuesto desmantelar las mentiras y maniobras que entraña (https://tinyurl.com/4atvcnf4).

Más graves aun cuando el mundo sigue en pandemia y el sistema agroalimentario industrial que pretende avanzar la cumbre es uno de los factores clave en la generación de epidemias. Por ello, realizarán una contracumbre a finales de julio, donde una gran diversidad de organizaciones y comunidades presentarán las realidades y propuestas que necesitamos para alimentar a todo el mundo, con justicia y cuidado del medio ambiente.

  • Investigadora del Grupo ETC
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