Jueves, 27 Enero 2022 05:05

Para comprender el pentecostalismo (I)

Para comprender el pentecostalismo (I)

El pentecostalismo es un mundo y su comprensión es compleja. La presencia del movimiento en tierras latinoamericanas se inició hacia finales de la primera década del siglo XX. Por distintos factores se mantuvo invisibilizado fuera de sus adeptos, y hasta medio siglo después comenzó a concitar interés de algunos investigadores de las transformaciones religiosas/sociales en América Latina.

Eldin Villafañe hace una valiosa síntesis histórica y teológica del pentecostalismo latino en su libro Manda fuego, Señor: introducción al pentecostalismo (Abingdon Press, 2012). Él es puertorriqueño, doctor por la Universidad de Boston, profesor de ética social cristiana en el seminario teológico Gordon-Conwell y ministro ordenado por las Asambleas de Dios, la mayor denominación pentecostal del mundo. Ha sido presidente de la Society for Pentecostal Studies. Villafañe dice que son pentecostales "aquellos cristianos que ponen el acento en el poder y la presencia del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu, orientados hacia la proclamación de que Cristo Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre", por esto el contraste principal entre los pentecostales y otros cristianos "es el distintivo énfasis pentecostal en la persona, la obra y los dones del Espíritu".

La clasificación tipológica de los pentecostalismos desarrollada por Vinson Synan –su obra The Holiness/Pentecostal Tradition. Charismatic Movements in the Twentieth Century es central para conocer las raíces históricas y teológicas del pentecostalismo– la condensa Villafañe, y describe cinco grandes familias: 1) movimientos pentecostales clásicos, cuyos orígenes se remontan a las enseñanzas de Charles F. Parham (Topeka, 1901) y William J. Seymour (Azusa Street, Los Ángeles, 1906); "aquí se deben incluir otras iglesias que son producto del comienzo policéntrico del pentecostalismo global"; 2) protestantes históricos carismáticos (neopentecostales), "este grupo representa al movimiento carismático dentro de las denominaciones tradicionales que comenzó alrededor de 1960"; 3) los católicos carismáticos, son los de la renovación carismática que se han apropiado de buena parte de expresiones cúlticas pentecostales; 4) los grupos independientes, iniciados por personajes carismáticos que no se articulan con el pentecostalismo clásico, sino que dan origen a lo que tiempo después será una nueva denominación, y 5) grupos autóctonos del llamado Tercer Mundo, son "los movimientos pentecostales de mayor crecimiento en el mundo", sin relación con juntas misioneras occidentales, y "practican formas de teología y adoración pentecostales no ortodoxas".

Un punto a destacar es que el movimiento pentecostal tiene, prácticamente desde sus inicios, un fuerte componente de participación endógena en su enraizamiento y difusión. Aunque en el protestantismo histórico que se asentó en la geografía latinoamericana hubo también el componente endógeno, en el origen de las iglesias pentecostales el activismo autóctono fue notablemente mayor.

Tal vez la corriente dominante en la familia pentecostal sea el neopentecostalismo. Entre el primero hay rasgos comunes, pero también énfasis distintos que identifican Miguel Ángel Mansillas y Mariela Mosquera en la introducción del volumen que coordinaron ( Sociología del pentecostalismo en América Latina, RIL Editores, 2020, p. 49): "A diferencia de los pentecostalismos clásicos que se asemejan más a los modelos culturales tradicionales (pescadores artesanales, comunidades indígenas, comunidades de artesanos, campesinos, sindicatos, etcétera), el modelo neopentecostal es empresarial y massmediático. Se trata de una variante destinada a los sectores medios y altos y por eso incorpora sus códigos, estilos y prácticas. A diferencia del pentecostalismo clásico que se autoidentificaba con el apoliticismo, el neopentecostalismo brega por participar en política y transformar todas las esferas sociales y culturales. Sus discursos se relacionan con el evangelio de poder y la prosperidad".

Los mismos autores señalan un acercamiento prejuiciado que estigmatizó a los pentecostales, y prestó escasa atención tanto a las condiciones en que fue incubándose como a las razones de los conversos para adoptar una nueva identidad religiosa. Mansilla y Mosquera le llaman "pentecosfobia", caracterizada por "la generalización que los cientistas sociales han construido y reproducido sobre los pentecostales como sujetos dóciles, pasivos e indiferentes a la realidad social y política del país". Podríamos agregar el señalamiento, por parte de los guardianes del deber ser identitario, de que son ajenos a la idiosincrasia ­nacional.

Comprender no es lo mismo que hacer a un lado la capacidad crítica, tampoco incluye estar de acuerdo con el corpus de propuestas del movimiento pentecostal. Comprender es, me parece, intentar entender la lógica y dinámica de una expresión religiosa a la que se han convertido millones de ­latinoamericanos.

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Maduro impone condiciones inalcanzables para un referéndum revocatorio

 

 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional Electoral, anunció sorpresivamente condiciones incumplibles para impulsar una consulta popular sobre la continuidad o no del mandato de Maduro.

 

El día 26 será una mala pantomima para aparentar respeto al derecho constitucional de realizar un referéndum revocatorio del presidente de la nación. Faltando poco para las 9 de la noche del viernes 21, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que menos de una semana después, el miércoles 26, sería la fecha única para la recolección de firmas necesarias para activar el mecanismo constitucional del referendo revocatorio.

Serán solo 12 horas (de 6 am a 6 pm), un día de semana, en pleno auge de contagios por la variante Ómicron de la Covid-19, para recoger un mínimo de 20% del registro electoral en cada una de los estados del país, debiendo sumar poco más de 4 millones 253 mil firmas, tomando como base el registro validado para las pasadas elecciones regionales, que asciende a casi 21 millones de electores y electoras (20.929.987).

Esto no solo implica una convocatoria con apenas cuatro días de antelación, sino que en promedio tendrían que procesarse 5 firmas de apoyo por cada minuto en cada uno de los centros definidos para la recolección (1.200, en contraste con los 14.400 centros habilitados para las elecciones de noviembre). Algo que objetivamente no tiene viabilidad ni posibilidad de hacerse realidad.

Como corolario, el cronograma es bastante compulsivo e inconsistente: el 21 en la noche se anunciaron las condiciones, en la tarde del día siguiente se anunció que la presentación de testigos estaba habilitada desde el propio 21 –aunque nadie lo sabía entonces, porque recién lo informan el 22– hasta el 24, la acreditación de estos está pautada para el mismo 22 –aunque el CNE lo informó pasadas las 2 de la tarde de ese día y recién después de las 3 de la tarde es que estuvo disponible en la página web del CNE la planilla de presentación de los testigos– hasta el 25. Para ayer 23 de enero sería “el despliegue lineal de los equipos tecnológicos para la jornada e igualmente inicia el proceso de capacitación de los agentes que prestarán servicio en la Jornada de recepción de manifestación de voluntad”. Para este martes 25 sería la instalación de los equipos tecnológicos.

No solo se está ante un tiempo irrisorio para organizarse quienes quisieran llevar adelante la recolección, incluso para la labor elemental del ente electoral y de los involucrados de informar a la población sobre el mecanismo, aclarar duras, etc., sino que la posibilidad real de promover y organizar testigos, auditar máquinas y el sistema de procesamiento de los votos, etc., es prácticamente inexistente. De hecho, el cronograma no contempla ninguna fase de verificación del software a usarse. Amén de la cifra imposible de 5 firmas por cada minuto de las 12 horas de recolección en cada uno de los centros definidos. Por si fuera poco, en un día laboral.

Es a todas luces un madrugonazo del gobierno para anular, por la vía de los hechos, la posibilidad de activación de ese derecho democrático establecido en la propia constitución que el chavismo hizo votar iniciando su ascenso al poder. El 17 de enero el CNE dio respuesta pública a las solicitudes introducidas el día 10 por algunas organizaciones del pequeño sector de la oposición que está decidido a impulsar ese mecanismo, ese día anunció que “procedían” las solicitudes y que el próximo paso sería elaborar un cronograma. Cuatro días después, las condiciones estaban listas y aprobadas por la mayoría de 3 rectores chavistas que responden al Gobierno, con el voto salvado de los 2 rectores que responden al arco opositor.

Cabe recordar además que, al tratarse del cargo de Presidente de la República, aunque el distrito electoral que corresponde es el país como un todo, el Gobierno de Maduro se valió del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para emitir una sentencia en 2016 (17/10/2016), en la cual la Sala Electoral modificó la normativa para la recolección de firmas, estableciendo que no sería ya el 20% del electorado nacional, sino el 20% de cada una de las entidades del país. Lo que implica esto es que si en un solo estado del país no se consiguiese alcanzar el 20% de las firmas, aun cuando sí se hubiesen conseguido en todos los demás y el total nacional sumara el 20% del electorado, no procedería la activación del referendo.

Una verdadera trácala electoral que violenta el principio lógico más elemental de que si el distrito electoral para elegir al Presidente es el nacional, tomándose el país como distrito único, así también debe ser la recolección de firmas. Para ser elegido Presidente de la República a Maduro no se le exigió tener un mínimo de votos en cada unas de las entidades del país, ¿cierto? Se toma todo el país como un único distrito electoral y se gana el cargo independientemente de la proporción de votos obtenidos en cada uno de los estados… pero en 2016 se inventaron que para activar un referendo revocatorio ya no valía el país como distrito único.

Obviamente son obstáculos adicionales que fue colocando un gobierno cada vez más vaciado de base social, como parte de su giro antidemocrático. Violenta completamente la posible voluntad mayoritaria, pues en un país con una distribución territorial de la población bastante desigual, donde la mayor parte se concentra en determinados estados que son el centro económico, social y político del país, aun cuando de ese total de la población haya claramente el porcentaje necesario manifestando la voluntad de ir a un revocatorio, estaría bloqueada esa posibilidad si no se logra la misma proporción en cada estado, así represente un porcentaje muy minoritario de la población.

La ponente de esa sentencia fue la presidenta de la Sala Electoral, Indira Alfonzo, quien años después fue, ella misma, nombrada por el TSJ como Presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Volviendo al tramposo cronograma, el CNE anunció que luego del 26, “La auditoría de huellas de las solicitudes de manifestación de voluntad se desarrollará entre el 7 y 10 de febrero y la declaratoria de procedencia o improcedencia quedó fijada para el 13 de febrero”. Tanto el CNE como el propio gobierno se han encargado de recordar que, de acuerdo a la ley, solo se puede activar una solicitud de referendo revocatorio a lo largo del mandato, por lo cual, si en esta ocasión no se consiguen los requisitos, no hay segundas oportunidades.

Nunca faltan el chantaje y la intimidación: pedirán el listado de los firmantes

Por si hicieran falta elementos en contra para el ejercicio de esta consulta popular, como al autoritarismo del gobierno no le faltan los elementos de coacción a la hora de forzar algún resultado electoral, esta vez se hacen presentes también. Es así que el día de ayer, lunes 24, Diosdado Cabello dio una rueda de prensa a nombre del PSUV señalando, entre otras cosas, que luego de la recolección de firmas, ellos, es decir, el Gobierno, solicitarán al CNE el listado de las personas que hayan manifestado voluntad favorable a la realización del referendo.

Que Maduro tiene derecho a saber quiénes son las personas quieren revocarlo, fue la cínica argumentación del segundo vicepresidente del partido de gobierno. No está de más recordar que luego de la realización del referendo revocatorio a Chávez en 2004, el listado de quienes firmaron a favor de esa consulta se convirtió en una “lista negra” que servía para negar puestos de trabajo en instituciones públicas o directamente despedir. Esta lista y otras siguen usándose en la actualidad, cuando la profunda descomposición autoritaria ha llegado al punto de chantajear, en los sectores populares, con negar el acceso a la bolsa de alimentos (CLAP) o el suministro de las bombonas de gas doméstico, a quienes no manifiesten lealtad electoral al Gobierno-PSUV.

Para más acoso, también anunció Diosdado que el PSUV desplegará sus “testigos” el día de la recolección de firmas, porque tienen derecho a verificar que el proceso se cumpla acorde a las reglas, dijo.

“Fast-track” para quitarse un embrollo de encima y bloquear un derecho democrático

Claramente estamos ante una jugada más del autoritarismo del gobierno para dar por pasada ya la página del revocatorio, la implementación a su medida de una vía rápida para tramitar y dar por cerrado este importante problema político. Una jugada acorde con la serie de mecanismos tramposos y proscriptivos con que ha encarado los diferentes procesos electorales de los últimos años.

Quienes militamos en la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), siendo parte del arco de los que nos oponemos por izquierda al régimen de Maduro y las FFAA –y por tanto también nos oponemos a la oposición de derecha y al imperialismo estadounidense–, repudiamos claramente estas descaradas acciones antidemocráticas.

La Constitución del ’99 consagró en su artículo 72 la opción de convocar referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, una vez cumplida la mitad del mandato. Un nuevo derecho democrático que, como todos los otros aspectos democráticos novedosos de la nueva constitución, no solo convivía con el hecho fundamental de mantener una sociedad de clases basada en la explotación –lo que ya de por sí impone un régimen social antidemocrático–, sino además con la pervivencia y aumento de la concentración de poderes en la figura presidencial.

Tras la debacle del régimen puntofijista, en medio de una crisis terminal de sus instituciones, y con el ingrediente central de la entrada en escena del movimiento de masas a partir de la rebelión del ’89, que a pesar de la sangrienta derrota marcó el inicio de un importante ascenso de luchas y movilizaciones en toda la década de los 90’s, el nuevo régimen político que ascendía apoyado en ese descontento y aspiraciones populares no podía asentarse sin hacer concesiones a esas expectativas. Apoyado en el movimiento de masas, Chávez y el chavismo introdujeron algunos mecanismos relativamente democráticos, que resultaban novedosos para la limitada democracia burguesa venezolana (e incluso en algunos casos para la democracia burguesa en general).

Uno de esos mecanismos fue la figura de los revocatorios. No es el objetivo aquí desarrollar el conjunto de mecanismos y el por qué de lo relativos y bastante limitados desde el punto de vista de un régimen político en el que, según los publicitas de la democracia burguesa, “la soberanía resida en el pueblo”. Nos basta por ahora con señalar el hecho fundamental de que tales “poderes” o “decisiones” quedaban siempre subordinados a los poderes económicos y políticos reales de la sociedad burguesa: la clase de los capitalistas, su Estado, sus Fuerzas Armadas. Y en ese marco es pertinente señalar que al mismo tiempo se profundizaba el histórico “presidencialismo” de los regímenes anteriores, brindando mayores condiciones formales para el desarrollo de un régimen personalista y bonapartista.

Es en ese entramado que existe el derecho al revocatorio, un derecho bastante limitado desde el punto de vista de lo que se le vende al pueblo como “ejercer la voluntad popular”, pero que no deja de ser una posibilidad para que, en determinados momentos, el pueblo pueda expresar su parecer, aun en los estrechos márgenes que brinda. Desde ese punto de vista, rechazamos de plano y denunciamos esa nueva afrenta del gobierno de Maduro y las FF.AA., tal como lo hemos hecho siempre ante cada maniobra autoritaria y antidemocrática gubernamental.

La organización y movilización de las trabajadoras y los trabajadores, lxs jóvenes y las mujeres por nuestras demandas económicas, sociales y políticas, sigue siendo una necesidad para recuperar la capacidad de lucha. Para pararle la mano a este gobierno y a los empresarios y patronos de conjunto, que pretenden avanzar hacia una “recuperación” económica y una nueva etapa de convivencia política sobre las ruinas de nuestros derechos y nuestras condiciones de vida.

Por Ángel AriasSociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

Martes 25 de enero

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Lunes, 24 Enero 2022 06:09

Cuba: el espíritu de la Revolución

Cuba: el espíritu de la Revolución

La tristeza y la desesperanza que inundaron muchos hogares cubanos en este tránsito de año, me hizo meditar sobre el espíritu de la Revolución, aquellas ideas claves que inspiraron y movilizaron a amplios sectores de la sociedad contra una dictadura y por un nuevo proyecto de país.

Han pasado sesenta y tres años desde aquel triunfo de enero. El país ha vivido restructuraciones, rectificaciones, reformas, procesos constitucionales y ordenamientos. El pueblo ha resistido por la Revolución que el gobierno dice representar, aunque hace más de treinta años no ve progreso ni esperanzas; simplemente sobrevive y resiste.   

Todo indica que estamos en un callejón sin salida. Volver al origen puede ofrecer algunas luces para verificar cuánto nos apartamos de aquellos ideales.

-I-

Entre 1953 y 1958 se esbozaron y articularon ideas clave que configuraron el espíritu de la Revolución y permitieron articular la unidad. Estas se encuentran en cinco documentos: La historia me absolverá, la Carta de México, el Manifiesto de la Sierra, el Manifiesto del Movimiento 26 de julio al Pueblo y el Pacto de Caracas, que permitió conformar el Frente Cívico Revolucionario con las principales y diversas fuerzas políticas opositoras.[1]

El primero de ellos —título con el que trascendió el alegato de autodefensa de Fidel en el juicio por los asaltos armados en Santiago de Cuba y Bayamo—, sentó las bases, por la denuncia, el diagnóstico y la integralidad de su visión del cambio..

Tales denuncia y diagnóstico contemplaron: la ilegitimidad del gobierno y el pisoteo sistemático de la Constitución; la existencia de «un poder único que ha usurpado y reunido en uno solo los (….) de la nación», en lugar de la separación del legislativo, ejecutivo y judicial,  de modo «que se equilibren y contrapesen unos a otros». 

También la represión, falta de libertades públicas, primacía de los militares sobre el derecho, violaciones del debido proceso —aislamiento, obstáculos para asistencia letrada y violaciones de la privacidad abogado-cliente—; juicios cerrados, con poca prensa y fuertemente custodiados por fuerzas militares; lo absurdo de mantener en prisión a intelectuales y las torturas para obtener declaraciones falsas. Igualmente, la desigualdad y pobreza existentes frente a inversiones para favorecer intereses de sectores acomodados y conservadores.  

-II-

La visión del cambio se puede resumir en cuatro pilares expuestos en el primero y ratificados en los otros documentos:

1.- Democracia y preservación de la tradición republicana y civilista de Cuba con apego a la Constitución y las leyes.Garantía absoluta de todos los derechos y libertades públicas consagradas en la Constitución; derecho de rebelión o resistencia al orden existente amparado en la soberanía popular, sin el cual «no puede concebirse la existencia de una colectividad democrática», apego de las instituciones armadas a la Constitución y al pueblo y «el propósito de apartar al Ejército de la política».

2.- Primacía de la soberanía popular, la integridad nacional y el rechazo a toda injerencia de otras naciones en los asuntos internos. Devolver a Cuba el «honor y la integridad nacional», «la paz ansiada y el encauzamiento democrático que conduzcan a nuestro pueblo al desarrollo de su libertad, (…) riqueza y (…) progreso».

3.- El sujeto y destinatario de la Revolución es el pueblo: «la gran masa irredenta (…) que anhela una patria mejor y más digna y más justa», los desempleados, obreros del campo e industriales, agricultores pequeños, maestros y profesores, pequeños comerciantes, profesionales jóvenes «que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida».

4.- Resolver los problemas socioeconómicos fundamentales—tierra, industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud—, lograr una «política financiera sana que resguarde nuestra moneda» y eliminar la injusticia, la pobreza y las desigualdades en pos del mejoramiento humano y el progreso.

-III-

¿Cuál es la realidad actual en Cuba? Señalo algunos elementos que evidencian su disonancia con el espíritu de la Revolución.

1.- Tenemos un poder único constitucionalmente, carecemos de mínimos democráticos y contamos con un partido político que está, incluso, por encima de la Constitución. Las instituciones armadas están imbricadas en la política y los poderes públicos, tienen impunidad, invaden la vida ciudadana y concentran el poder económico ensamblado en el poder político.

La Constitución está más en función de defender al Estado y la autoridad del Partido, que a ponerle límites a este y proteger los derechos ciudadanos. En texto reciente, el jurista Eloy Viera Cañive concluyó que el cubano es ante todo un modelo «autocrático en el que la falta de libertades, de toda índole, constituye (…) la base de todo».

Las denuncias de Fidel relativas a violaciones del debido proceso judicial en aquella época, son tímidas comparadas con las de hoy. En redes sociales y medios alternativos pululan denuncias sobre violaciones en tal sentido, celdas de castigo, persecución y hostigamiento a familiares, encarcelamiento de cientos de personas, incluidos menores de edad.

2.- La soberanía popular fue usurpada por una nueva clase, que no rinde cuentas al pueblo y usa la defensa nacional frente a los EE.UU. para asegurarse consenso y justificar vacíos democráticos. El gobierno ha sido eficiente en el control social mediante instituciones armadas y organizaciones sociales y de masas. En consecuencia, no se tolera ningún tipo de disenso o resistencia.

3.- Las medidas implementadas con el triunfo lograron resultados beneficiosos para las mayorías durante las primeras décadas. Invito a repasar los problemas fundamentales de la nación hoy, sus puntos de contacto con los de entonces y a reflexionar cómo resolverlos sin un nuevo proyecto de país. A mediados del 2019, por ejemplo, el economista Omar Everleny examinó el crecimiento de la pobreza y la desigualdad en Cuba. En esa fecha el Coeficiente Gini había ascendido a más del 0.40, lo que evidencia una sociedad muy desigual.

4.- El pueblo de hoy no es el mismo de hace sesenta y ocho años, pero siguiendo la lógica de su definición entonces, al presente tampoco serían los «sectores acomodados y conservadores», sino «la gran masa irredenta», los desempleados, profesionales frustrados, estudiantes, obreros, que vienen protagonizando protestas hace tiempo. Desde octubre de 2020 estas han crecido exponencialmente. Más del 68% por temas de carácter cívico y político, con tendencia a ser individuales o de pocos implicados por la ola de terror impuesta en el país. En diciembre pasado fueron el doble respecto a ese mes del año anterior, sobre todo a causa de la injusticia que se comete contra los manifestantes del 11-J.

Los listados de la Comisión Justicia 11-JPrissioner Defenders muestran datos alarmantes. El Informe más reciente de esta última —que contiene testimonios de encarcelados—, reconoce 842 prisioneros políticos en diferentes categorías. Además, otros 11.000 jóvenes civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, la mayoría convictos, y más de 2.000 con penas de dos años y  diez meses de cárcel por «conductas pre-delictivas».

Cuando menos, sobresaltan las condenas de 1953 [2] por asaltos armados comparadas con las de hoy. Las numerosas y arbitrarias sanciones por las protestas de julio del año pasado y el incremento de la represión, caen como cubos de hielo sobre el espíritu de la Revolución. ¿Se le puede invocar cuando el país se hunde económicamente, miles emigran a cualquier parte, otros van presos y los que mejor salen pierden el trabajo y reciben por respuesta la muerte civil en su país?

La represión y el incremento de destierros y exilios no frenarán indefinidamente la protesta, expandirán el disenso y radicalizarán posiciones. Porque, como ocurrió en los cincuenta del pasado siglo y bien expresó el mexicano Ricardo Flores Magón: «No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes».

El espíritu de la Revolución puede ayudar a refundar la esperanza. Necesitamos un nuevo proyecto de país donde la soberanía popular y nacional, la democracia, la justicia social, el progreso, la tradición republicana y civilista con apego al Estado de derecho sean una realidad. Vuelvo a aquel alegato cívico de 1953: «Cuba debería ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo».

23/01/2022

Notas:

[1] Excepto el Partido Socialista Popular (comunista) que apoyó luego la lucha sumándose a la unidad.

[2] Los 32 juzgados recibieron condenas de entre 7 meses y 15 años que fue la máxima impuesta a Fidel. Los de 3 años y más solo cumplieron 22 meses. En mayo de 1955 todos los asaltantes fueron amnistiados por el dictador Fulgencio Batista  en virtud de la presión popular encabezada por amigos, familiares y sobre todo, las madres.

Ivette García González

Doctora en Ciencias Históricas, Profesora Titular y escritora cubana.

Fuente:

https://jovencuba.com/author/ivettegarcia/

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"Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento histórico de los procesos"

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en diálogo con la BBC

Habló de la conformación de su gabinete, del leguar de su gobierno en la historia chilena y de su vinculación con los gobiernos progresistas de Latinoamérica.

El anuncio de un gabinete integrado por 14 mujeres y 10 hombres viene a romper con la tradición política en Chile, afirmó el mandatario electo, Gabriel Boric, de 36 años, en diálogo con el portal de noticias de la BBC. “Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento histórico de los procesos. Representamos también que el statu quo o el conservadurismo es lo que peor le puede venir a Chile en estos momentos”, señaló.

Boric, habló esta semana con la cadena estatal de Gran Bretaña en su primera entrevista con un medio internacional después de las elecciones en las que derrotó al candidato de la ultraderecha José Antonio Kast. El mandatario electo habló sobre su nuevo gabinete y sobre sus cercanías y distancias con algunos gobiernos progresistas de la región. "Representamos la fuerza de una época", apuntó.

Boric reconoció que durante su primer mandato la expresidenta socialista Michelle Bachelet “hizo un esfuerzo por mantener un gabinete paritario y las fuerzas del conservadurismo se lo aserrucharon rápidamente”.  Por eso agregó: “no quiero presentarnos como pioneros, sino como que estamos recogiendo un legado que va mucho más allá de nosotros”.

El mandatario electo también se refirió a sus expectativas para su gobierno y resaltó la importancia de la descentralización. “Yo soy magallánico, nacido y criado a orillas del Estrecho y desde que tengo uso de razón vengo escuchando la palabra descentralización sin que haya tenido mayores efectos en la vida cotidiana de las personas. Y en donde las decisiones se terminan tomando por una élite santiaguina, de clase alta, por sobre las realidades que se viven en las comunas, en los barrios” sostuvo. “Espero que al final de nuestro mandato tengamos un Chile descentralizado, que en los barrios, en las comunas, en las regiones, puedan decidir su futuro más que desde La Moneda o el barrio alto de Santiago”, añadió.

El presidente electo además fue consultado si se reconoce en alguno de los gobernantes de la izquierda latinoamericana. “Me da mucha esperanza y espero tener un trabajo codo a codo con Lucho Arce en Bolivia, si Lula gana las elecciones en Brasil con Lula, la experiencia de Gustavo Petro si se consolida en Colombia. Creo que ahí se puede armar un eje tremendamente interesante”, afirmó. Aunque se desmarcó de dos gobiernos de izquierda. “Yo entiendo que la pregunta va muy relacionada con Venezuela y Nicaragua. En el caso de Nicaragua no logro encontrarle nada ahí, y en el caso de Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los seis millones de venezolanos en diáspora”, precisó.

Con respecto a su objetivo como gobernante, Boric afirmó: "Toda organización requiere de algún tipo de orden.  Yo diría que el problema de Chile hoy día es que ese orden no existe. El contrato social ha sido roto. Y desde mi punto de vista por las élites. Y, por lo tanto, para poder recuperar el orden, se requieren nuevas formas y no repetir lo mismo del pasado.

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Del Homo chatarris a la nutrición agroecológica

Nos adentramos peligrosamente en una etapa de cambio nutricional erosionador de las infraestructuras sociales más cercanas, comunes y colectivas. Los oligopolios acaban imponiendo sus 3M: mundialización, monocultivos, y mercantilización de nuestra vida.

 

La pandemia global está dejando tras de sí huellas visibles en términos de enfermos, muertes, atenciones hospitalarias, polémicas sobre medidas sanitarias. Quedan invisibilizados efectos a largo plazo que condicionarán, en un futuro no muy lejano, cómo estamos viviendo y cómo podemos vivir. Toda una nueva revolución civilizatoria, silenciosa, quizás comparable a la emergencia de focos agrícolas hace 14.000 años. Nuestro mundo se contrae vertiginosamente.

Sobre qué hacer, dónde adquirir productos, cómo alimentarnos o con quien relacionarse cada día, más que nuestras decisiones individuales o colectivas pesan sobre todo las innovaciones incesantes de plataformas virtuales que nos alientan a comprar o entretenernos, las medidas gubernamentales de urgencia para colocarnos mascarillas o frecuentar determinados espacios. Sobre esas decisiones, sobre esas potencialidades, como justificaremos en este texto, aún más está pesando una dinámica de erosión de lazos sociales y un avance de unos hábitos nutricionales que nos alejan de nuestra genética de especie: ¿el Homo sapiens sapiens muta hacia un Homo chatarris?

El siglo XXI será recordado por cómo buena parte de la humanidad abandona hábitos y espacios de socialización que han sido recurrentes en los últimos milenios, como los mercados de proximidad o las redes vecinales o comarcales que propiciaban dinámicas y políticas en las que decidíamos y podíamos intervenir más. Quizás no dure mucho más allá de unas décadas, teniendo en cuenta que la energía fósil y determinados materiales (pensemos en el aluminio o el cobre, en los fosfatos imprescindibles para la agricultura química) se vuelven cada vez más inaccesibles, más “caros” en los mercados monetarios. Pero, mientras tanto, estamos comprobando cómo nuestro mundo se encoge y se enmarca en torno a interacciones sociales, paradójicamente, no-personales. Es lo que señala Eric Klinenberg en su texto Palacios del pueblo (Capitán Swing, 2021): las sociedades se vuelven más desiguales y menos saludables, con menos motivos para vivir, en la medida en que pierde infraestructura social básica como espacios vecinales y deportivos, sindicatos, librerías o los mercados comunitarios están menos presentes en nuestras vidas.

La decadencia de infraestructuras sociales tiene su reflejo directo en nuestra alimentación: en cómo adquirimos productos, en cómo transformamos en ingesta de kilocalorías lo que debería ser una nutrición saludable. Es decir, la erosión social y biofísica del planeta nos está llevando a una revolución nutricional para la que el homo sapiens no estaba preparado. No en tan corto espacio de tiempo, apenas unas décadas. El exhaustivo estudio de la catedrática Dolores Raigón Manual de la nutrición ecológica. De la molécula al plato documenta los concluyentes estudios que indican una pérdida constante en los últimos 70 años de las propiedades de nuestros alimentos, lo que poco a poco los reduce a meros productos comestibles. Como muestra, nuestras manzanas, las cuales perdieron un 70% de vitamina C entre 1985 y 2002. Pero en general, las verduras y muchas de las frutas examinadas tienen un menor contenido de vitaminas, minerales, proteínas y sustancias antioxidantes.

La agricultura convencional y la industria agroalimentaria son responsables de estas pérdidas, siendo un caso muy ilustrativo el de los productos refinados, como el grano del cereal al que, retirando su cascarilla, se le reduce considerablemente la vitamina E, así como algunos minerales y fibra alimenticia. El procesado industrial introduce además aditivos tóxicos. Emerge una dieta a base de productos ultraprocesados que nos alejan del cuidado de nuestra salud, de nuestra cultura alimentaria y de nuestros ecosistemas. Dichos productos, como los alimentos precocinados, la bollería y dulces industrailes, los lácteos azucarados o las pizzas elevan nuestra ingesta de azúcares, grasas saturadas o sodio, a la vez que retiran proteínas, fibra alimentaria o minerales. El ensayo Fast Food Nation, de Eric Schlosser, establece que en países como los Estados Unidos el 90% que dicha “comida chatarra” supone el 90% del presupuesto medio que una persona gasta en su cesta “alimentaria”. El informe Global Burden of Disease analizó las causas de mortalidad en 195 países del mundo entre 1990 y 2017. La dieta de buena parte de la humanidad en estos años se caracteriza por una disminución de la ingesta de verduras y frutas frescas, con apenas presencia de cereales integrales. Todo, mientras aumentaba el consumo de azúcar, sal y grasas saturadas, colocándonos en una verdadera emergencia nutricional como apunta el informe Viaje al Centro de la Alimentaciónque nos enferma que publicaba en 20217 la ONG Justicia Alimentaria. Como consecuencia de esta fuerte ingesta de productos ultraprocesados, se vincularon 10 millones de muertes en 2017 a enfermedades cardiovasculares, 900.000 por algún tipo de cáncer y 340.000 por diabetes tipo 2.

La erosión social, la erosión de la fertilidad de la tierra y nuestros crecientes problemas de nutrición están entrelazados. El planeta ve alterado determinados ciclos que son fundamentales para la reproducción de la fertilidad agrícola: mineralización y suelos muertos son la consecuencia del empleo rutinario de agrotóxicos, los monocultivos demandan más agua y la reducción de la biodiversidad donde son instalados, el 40% de la superficie agraria útil se dedica a piensos para sostener una dieta basada en productos cárnicos que llegarán a nuestros cuerpos cargados de restos de antibióticos. Desde los monocultivos, la industria agroalimentaria mundializada nos lleva a los productos ultraprocesados como ingrediente básico de nuestra dieta. Se trata de ofertar una gama que es variada en colores, pero no en sabores ni en variedades de plantas o de animales. Se trata también de ofrecer productos que son considerados “comestibles” y que resisten largos transportes, duran mucho tiempo en las estanterías, poseen texturas que seducen a la persona consumidora y amplían los márgenes de beneficios como consecuencia del abaratamiento monetario en su producción.

Como consecuencia de esta extensión masiva de ultraprocesados en nuestras cestas de la compra aumenta la mortalidad derivada de tumores, alergias, enfermedades cardiovasculares y obesidades, según señala el catedrático de Tecnología de Alimentos Pau Talens Oliag en su artículo Alimentos ultraprocesados: impacto sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. A su vez, se recombinan factores, que resultan mortales, no dirigidos a sostener la vida, en sociedades donde el tiempo se vuelve “escaso”, “líquido” como buena parte de los lazos auspiciados por las sociedades capitalistas escribía el sociólogo Zygmunt Bauman. Todo ello nos hace co-evolucionar en dirección opuesta a las condiciones en las que el Homo sapiens acopló su cuerpo, y en particular su sistema digestivo, a un medio nutricional para tratar de hacernos más “sapiens”. Y para sostener simplemente un tono muscular, pues a mayor ingesta de productos ultraprocesados menor es la capacidad de oxidar la glucosa en nuestros músculos: más fatiga, menos capacidad para realizar un ejercicio continuo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que somos y las encrucijadas nutricionales a las que nos enfrentamos son el resultado de adaptaciones al medio natural, saltos tecnológicos-energéticos y formas de organizar la sociedad o la producción de alimentos. Todo ello ha desembocado en visiones concretas y aprovechamientos ligados a un territorio específico donde el ser humano ha expresado diferentes formas de relacionarse con su casa (hogar, territorio, relación con el planeta), con el cuidado del cuerpo (a través de la alimentación) y con el sostenimiento de lazos (organización social, afectos, identidades). Las culturas americanas son hijas del maíz, mientras que Europa es hija del trigo y Oriente se inclina hacia el arroz como fuente de hidratos de carbono. Somos diversos y diversas. Sin embargo, el Homo sapiens y sus necesidades alimentarias tomaron ya forma hace 200.000 años. Artemis Simopoulus, investigadora genetista y presidenta del Center for Genetics, Nutrition and Health, al referirse al cambio de dieta entre la era Paleolítica y la actual, expresa en un artículo sobre enfermedades crónicas que: “en los últimos 10.000 años apenas han acontecido cambios en nuestra genética, quizás en torno al 0.005%. Nuestros genes son muy similares a aquellos de nuestros ancestros del Paleolítico, hace 40.000 años, cuando se fijó nuestro perfil genético. Los humanos vivimos hoy en un entorno nutricional que difiere de aquel en el que nuestra constitución genética fue establecida”.

Repasemos un poco nuestro recorrido como especie. Los primeros homínidos seguían hace millones de años una dieta vegetariana. El acceso fácil y abundante a frutos, brotes o raíces proporcionaba la energía necesaria para la existencia del Ardipithecus o el Australopithecus, aunque éstos últimos incorporaban esporádicamente proteína animal o de insectos a su dieta. Hace casi tres millones de años el boscoso paisaje africano fue siendo transformado por diversas glaciaciones y periodos interglaciales. En el paisaje marcado por las sabanas comenzaron a escasear plantas nutritivas.

Se inició un gran cambio en la dieta de nuestros antecesores homínidos para permitir el acopio de energía en un menor tiempo. Hace un millón y medio de años, el cerebro de uno de nuestros antepasados, el Homo ergaster, pasó a doblar el volumen cerebral con respecto al Australophitecus, hasta alcanzar una masa de 900 cm³. La nueva maquinaria neuronal demandaba más y nuevas fuentes de energía. El consumo de animales, primero desde la caza y luego a través de pescados y moluscos, aportaba dicha energía y favorecía la reducción de nuestro aparato digestivo y, por tanto, de sus demandas energéticas. Nos hicimos menos pesados y con digestiones más rápidas en comparación con otros mamíferos herbívoros que precisan de aparatos digestivos más largos. Los neandertales usaron el fuego de manera sistemática tanto para cocinar como para ahumar, y así conservar los alimentos. Más robustos que otras familias de homínidos, necesitaban ingerir un promedio de 4.000 kilocalorías (mujeres) y 5.000 kilocalorías (hombres) diarias. Un mayor cerebro facilitó la diversificación de estrategias de obtención de alimentos durante su presencia en Europa y Asia Central, hace 200.000 años.

Por su parte, el Homo sapiens llegará a consumir habitualmente tanto alimentos de procedencia acuática (peces o crustáceos) como variedades terrestres (aves, plantes, mamíferos). La emergencia del lenguaje facilitaba estrategias de cooperación socio-técnica. El Homo sapiens aparece ya manejando un utillaje variado de piedras, de huesos y de marfiles tallados para la caza o la pesca, hace 30.000 años. Y se le supone conocedor de las migraciones de grandes hervíboros, como los bisontes, o las posibles travesías de peces, aplicándose en técnicas colectivas para la obtención de alimentos. Las dietas y la organización social se complejizan. Las sociedades cazadoras y recolectoras centradas en frutos silvestres aceleraron así el camino hacia dietas omnívoras.

La tecnología del paleolítico avanzaba hacia la mejora de utensilios que permitían realizar construcciones, cortar árboles o extraer bulbos, lo que acabaría alentando el surgimiento de focos agrícolas y de domesticación de animales hace 14.000 años. La domesticación de plantas y animales daba lugar a la ampliación de la dieta: consumo de lácteos y derivados, pan, vino, cerveza. La gastronomía surge como arte y como saberes en torno al cocinado y conservación de alimentos, adaptándose al contexto local, tanto para la obtención de materias primas como de energía. Buena parte de los manejos agroganaderos se orientaban hacia la reposición de la fertilidad (restos de cosecha, estiércol) o la mejora de ésta, interviniendo en los ciclos del agua. El regadío agrícola demanda planificación y adecuación de cauces, lo que impulsa formas colectivas de apoyo entre el incipiente campesinado y formas indígenas que perdurarán miles de años. En paralelo surgen las primeras acumulaciones de grano y los primeros Estados. Mudamos paisajes y lazos sociales. Pero no cuerpos: las bases de nuestra genética y de nuestra orientación alimentaria estaban ya establecidas hace 200.000 años.

La revolución industrial supuso el aterrizaje de nuevos procesamientos mecánicos en el que quedaron incrustados muchos aspectos de nuestra vida. El molino de piedra sí garantizaba la presencia de proteínas y micronutrientes en la harina resultante. El creciente hacinamiento en las ciudades tiene que ver mucho con la mecanización a base de combustibles fósiles que favorecía el disciplinamiento de la incipiente clase obrera, por encima de criterios de eficiencia energética o interés de la población, como sostiene el investigador Andreas Malm en su libro Capital Fósil. El procesamiento de la caña de azúcar a gran escala a partir del siglo XIX dio lugar a la extensión de los azúcares refinados en nuestras platos y, bajo la mundialización de marcas gaseosas, es ahora demasiado abundante en nuestras bebidas. De la misma manera, en el siglo XX los aceites vegetales entraron en nuestra cesta de la compra merced al procesamiento mecánico de semillas oleaginosas. El consumo de alcoholes se extiende. Suponemos que, al contrario que hoy en día con la irrupción de potenciadores de sabor, el ser humano apenas conocía la sal en el periodo del Paleolítico. La dieta cárnica se establece como referencia y como rutina alimentaria de producción-consumo, siguiendo la McDonalización de la sociedad, a decir del sociólogo George Ritzer.

Entramos ahora en la uberización del mundo: se acelera la distribución de comida rápida, la precariedad de las relaciones laborales y la creación de marcas que controlan los sistemas de producción y consumo sin apenas responsabilidad laboral o fiscal con las sociedades de las que se nutren. Por el camino se eliminan empleos. Y también desaparecen de nuestra mesa las legumbres, las verduras frescas y el tiempo para cocinar, compartir y conservar alimentos cultivados en la proximidad. En España el consumo de verdura y fruta fresca se reduce, siendo un 40% quien las consume diariamente. La mecánica industrial del tiempo (re)productivo se impone sin, paradójicamente, límite de tiempo para salirse de la rueda que gira sobre nuestros cuerpos. Particularmente incide en las cargas laborales de las mujeres hoy en día según encuestas sobre nuestro uso del tiempo. La actividad fabril y febril en torno al consumo se orienta desde, y hacia, una industria global que no reconoce en sus 200 años de vida estaciones, ciclos de vida esenciales asociados al nitrógeno al agua, o la importancia de cultivar fertilidad y biodiversidad en nuestros campos. En la actualidad, la interrupción de cadenas de suministros sobrevenidas por escasez energética o de materiales nos hace suponer que el reconocimiento puede abrir puertas a una recuperación de la conciencia de especie. O, por el contrario, seguir la senda del confinamiento de clases populares bajo la extensión de la pobreza alimentaria y energética.

Estamos siendo sometidos a un proceso de desconexión ambiental y nutricional, desconexión crítica para nuestra supervivencia: cuerpos, lazos y casa habitable son elementos que pueden resultar “extraños” en un mundo aparentemente virtualizado. Decimos “aparentemente” porque cualquier click está cargado de producción material y requerimientos energéticos. Y también porque el Homo sapiens es carne de necesidades básicas relacionadas con el sostenimiento de cuerpos, el afecto, la expresión y la relación con la naturaleza.

La pandemia del coronavirus pareció poder actuar como revulsivo en los primeros tiempos de las medidas que se imponían: la alimentación se declaraba “esencial”, subían las demandas de productos de naturaleza ecológica en tiendas especializadas y grupos de consumo, nuestras herramientas en torno a la salud comenzaba a preocuparnos. En un año hemos observado que la política y lo político, las instituciones y nuestro cotidiano, no han seguido una dinámica más nutritiva y menos discordante con nuestra composición genética y nuestro hábitat planetario. La reflexión alimentaria no ha pasado más allá de favorecer la implantación de grandes cadenas de distribución. El sector ecológico aparece cada vez más convencionalizado: menos frescos y más procesamiento, mismas dificultades para producir y comercializar en entornos cercanos, integración vertical en grandes empresas que comercializan o facilitan los insumos orgánicos a gran escala, políticas no centradas en el acompañamiento a la pequeña producción (caso de La Granja a la Mesa en la Unión Europea) lo que supone en la práctica su exclusión inminente del sistema agroalimentario. En los titulares mediáticos y en los pantallazos de memes políticos poca alusión tendremos a la creciente inseguridad alimentaria. No escuchamos, ni parece que sentimos y reconocemos la importancia del segundo cerebro (o el cerebro complementario y que nos relaciona muy activamente con el mundo) que alojamos en nuestro aparato digestivo, según señala el neurobiólogo Antonio Damasio en El extraño orden de las cosas.

En conclusión: podemos afirmar que nos estamos adentrando en un reinicio nutricional legitimado por la erosión de las infraestructuras sociales más cercanas, comunes y colectivas. Los oligopolios que controlan cada sector de la cadena agroalimentaria con media docena de empresas acaban determinando lo que se produce (patentes), cómo se produce (insumos) y qué esta accesible (distribución) acaban imponiendo sus 3M: mundialización, monocultivos, mercantilización creciente de aspectos “mecanizables” de nuestra vida. Y, junto a buena parte de las políticas pública, se erosionan las 3C que caracterizaron nuestro metabolismo social y personal propio del camino del Homo sapiens: cooperación, cerrar ciclos en nuestras proximidades, circuitos cortos como base resiliente de nuestros mercados. Como señalan autores como Mike Davis o Rob Wallace la consecuencia son la emergencia de grandes gripes asociadas a grandes deforestaciones y grandes granjas: gripe aviar, gripe porcina, Zika, SARS, familias de coronavirus. Son las 6G que nos ayudan a completar la ecuación del desastre: 3C – 3M = 6G.

¿Qué hacer? Revertir la desconexión, reconectarnos. Re-establecer el papel de la alimentación como proceso de nutrición saludable y no como ingesta diaria de productos comestibles. Adentrarnos en territorios agroecológicos como fuente de relocalización de sistemas agroalimentarios sobre la base y el protagonismo de un territorio dado. Como afirma la investigadora Meleiza Figueroa en el texto Soberanía alimentaria: Un diálogo crítico es preciso “contemplar los sistemas alimentarios en términos de vidas sociales como conjuntos de relaciones, articulaciones y transmisores de significado”. Los sistemas de producción diversificada y más local son producto de una infraestructura social que facilita y es facilitada por el cultivo de nuestra biodiversidad cultural: espacios, conocimiento y lenguajes conectados al territorio; tecnologías convivenciales que nos dan autonomía y no están supeditadas (o lo están menos) a cadenas de suministros globalizadas; culturas que facilitan el hacer en común. Todo esto ha sido argumentado en las últimas décadas por Elionor Ostrom (El gobierno de los bienes comunes), Víctor Toledo y Narciso Barrera-Bassols (La memoria biocultural) o Javier Sanz Cañada (coordinador científico del European Research Group “Local Agro-Food Systems”). Es preciso reconectar nuestro paladar: aprender y retornar a sabores que nos enseñen a distinguir y apreciar patatas que no han sido congeladas y lechugas que no son un iceberg de agua. La industria de los antojos se caracteriza por el procesamiento de productos para que nos aparezcan tensos y crujientes por fuera, cremosos y dulces o muy saborizados por dentro, aunque perjudiciales por su contenido, su fabricación y su envasado ricos en contaminantes hormonales, como viene investigando el catedrático Nicolás Olea.

Reconectar es también relocalizar desde territorios. Relocalizar sistemas agroalimentarios es un primer paso, pero no basta. Es necesario reconciliarnos con sensaciones nutritivas, establecer seguridades alimentarias, promover prácticas agroecológicas, activar encuentros desde lógicas y protagonismos rurales y campesinos, invitar a una transición del reino de lo comestible al mundo de lo saludable. Se trata, pues, de avanzar en formas de soberanía alimentaria desde una perspectiva que incorpore las voces y formas de relación de quienes producen, dinámicas de igualdad de género y haga de la producción y la nutrición saludable un derecho real. En concreto, siguiendo a Dolores Raigón, una nutrición agroecológica sería una actividad holística que contempla todos los elementos de la cadena agroalimentaria para lograr una sostenibilidad fuerte: una dieta que sostiene nuestra salud y nuestro entorno ambiental, y a la vez procura bienestar y se adapta a las diferentes culturas de quien produce o distribuye alimentos. Frente al mundo pandémico, carecterizado por la desconexión, nos hemos encontrado gran cantidad de articulaciones de la pequeña producción que, no tan paradójicamente, son las que más se han preocupado porque sectores populares y de bajo poder adquisitivo pudieran acceder a una nutrición agroecológica, según se concluye en el último informe del Observatorio del derecho a la alimentación y a la nutrición.

Urge, en definitiva, iniciar una reconexión agroecológica, desde abajo. Fomentar para ello una gastronomía anclada en propiedades nutricionales, recuperar lazos para la relocalización de sistemas agroalimentarios, defender territorios destinados a la explotación o al sacrificio en medio de un colapso de suministros globalizados, reinventar las relaciones campo-ciudad. Y para ello, hablando desde nuestro contexto europeo, son insuficientes o sesgadas hacia un insostenible capitalismo verde las propuestas de la Unión Europea o desde cualquier entidad financiera que no contemplen directamente la implicación y activación del tejido productivo en el medio rural y de las más desfavorecidas en el medio urbano. El mercado no resolverá cuando se ofrece como panacea por sí mismo, como motor de una supuesta autorregulación, ya criticada hace si un siglo por el historiador y antropólogo económico Karl Polanyi. Incluso aunque tenga acentos locales, pues por ahí se colarán distribuidores y políticas orientadas, en el mejor de los casos, a una sustitución de insumos, aunque globalizantes y no centrales para la transformación del terreno productivo. Las instituciones liberales tampoco son la panacea, sujetos pasivos de dinámicas muy desiguales e insostenibles ligadas, por ejemplo, al reparto de fondos provenientes del programa NextGeneration-EU. Se debería construir y empujar desde un músculo social que sea el protagonista de la relocalización de sistemas agroalimentarios. O comenzamos a hablar desde el lenguaje de territorios agroecológicos, y no de lo que permitan instituciones (neo)liberales, o acabaremos malnutridos social y corporalmente por la gramática del Homo chatarris.

Por:

Ángel Calle Collado

Integrante de la Cooperativa Ecojerte

Isabel Álvarez Vispo

Presidenta Red Urgenci

22 ene 2022

Sábado, 22 Enero 2022 06:12

Que ni se te ocurra

Ceremonia con motivo del centenario del Partido Comunista de China, en la plaza de Tian´anmen, en Beijing, China, en julio de 2021 XINHUA, SHEN HONG

China impone el silencio en Hong Kong

En el enclave, los últimos periódicos y sindicatos prodemocracia están siendo cerrados. Van quedando pocas vías legales para expresar el descontento con Beijing.

Xia Baolong, jefe de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China, instó el mes pasado al pueblo de Hong Kong a votar en las elecciones legislativas del 19 de diciembre. «No es solo un voto por sus candidatos preferidos, sino también un voto de confianza en el principio de “un país, dos sistemas”», dijo (la fórmula ideada en la década del 80 que se suponía que garantizaba la autonomía de Hong Kong luego de que el enclave regresara a la soberanía china en 1997). El 19, la mayor parte del electorado rechazó la invitación de Xia. Solo 1,35 millones de personas (el 30 por ciento del electorado) acudieron a votar por los concejos distritales sometidos a votación, muy lejos de los 2,94 millones (el 71 por ciento del electorado) que votaron en las elecciones distritales de noviembre de 2019.

En aquellas elecciones de hace dos años, llevadas a cabo en el punto álgido de las enormes protestas que sacudieron la ciudad (véase «El consenso imposible», Brecha, 12-VI-20), los candidatos prodemocráticos ganaron casi 400 de los 452 escaños disponibles y se hicieron con el control de 17 de los 18 concejos distritales. En las elecciones del mes pasado, celebradas luego de que la Asamblea Popular Nacional de China introdujera una reforma del sistema electoral hongkonés que hizo prácticamente imposible que las figuras de la oposición se presentaran, los candidatos «patrióticos» pro-Beijing ganaron el 100 por ciento de los escaños.

«La legislatura ya no degenerará en una guarida de políticos anti-China, anticomunistas y secesionistas», escribió Lau Siu-kai, vicepresidente de la Asociación China de Estudios de Hong Kong y Macao, en el estatal China Daily. La jefa ejecutiva de Hong Kong (su «gobernadora», elegida por Beijing), Carrie Lam, descartó las críticas por la baja participación electoral. «Hong Kong está de vuelta en el camino correcto. Nosotros no podemos copiar y pegar el llamado sistema democrático de los países occidentales», dijo.

La confianza de Lam puede estar justificada. Es difícil imaginar un retorno de la oposición que durante las dos últimas décadas mantuvo movilizada a la juventud y a gran parte del resto de la población local. Sus principales figuras están ahora en la cárcel, en el exilio o retiradas de la política. El periódico prodemocracia más grande de la ciudad, Apple Daily, fue obligado a cerrar en junio, tras 26 años de actividad. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, desde sindicatos hasta grupos de apoyo a los presos, han sido presionadas para disolverse.1

La represión a la oposición continuará, y será en los tribunales donde podrá seguirse su faceta más visible. Hasta el momento, se han completado dos juicios en virtud de la ley de seguridad nacional, impuesta por China el 30 de junio de 2020, cuya entrada en vigencia marcó el fin del movimiento de protestas. Tong Ying-kit fue condenado en julio a nueve años de cárcel por llevar una bandera con el lema «Liberar a Hong Kong, la revolución de nuestra era» y estrellar su motocicleta contra tres policías antidisturbios. Ma Chun-man fue condenado en noviembre a cinco años y nueve meses por corear consignas, mostrar pancartas y hacer declaraciones a la prensa en las que pedía la separación de Hong Kong de China.

En marzo del año pasado, 47 activistas a favor de la democracia fueron acusados ​​de conspiración subversiva, conforme a la ley de seguridad nacional. Fue luego de que organizaran elecciones primarias no oficiales para elegir candidatos a las elecciones del consejo legislativo. Luego de dos aplazamientos solicitados por la fiscalía, su juicio fue agendado para marzo de este año. A muchos de ellos se les ha negado la libertad bajo fianza y han permanecido detenidos durante los últimos diez meses.

Mientras tanto, a principios de diciembre, ocho personas –entre ellas Jimmy Lai, el expropietario del Apple Daily– fueron sentenciadas a penas de prisión de cuatro a 14 meses por participar de una vigilia prohibida en la que se conmemoró a las personas asesinadas en la masacre de Tiananmén de 1989.

Las protestas callejeras y otras formas de oposición explícita son ahora casi imposibles. No votar es una de las pocas vías de resistencia que todavía quedan abiertas. Pero no les pidas a otros que se unan a tu boicot. En el período previo a las elecciones del 19 de diciembre, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong arrestó a diez personas por incitar a otras a abstenerse o emitir votos en blanco o anulados, lo que configura un delito según la reciente reforma de las leyes electorales. Los encontrados culpables pueden enfrentar hasta tres años de cárcel.

(Publicado originalmente en London Review of Books. Traducción de Brecha).

*Es un periodista e investigador que reside en Hong Kong desde 1991 y el autor de A System Apart: Hong Kong’s Political Economy from 1997 until Now (Penguin, 2017).

1. La Confederación Hongkonesa de Sindicatos (HKCTU) votó por disolverse, tras 31 años de actividad, en octubre, poco después de que hicieran lo propio el Sindicato de Profesores y la oficina local del Asia Monitor Resource Centre, un organismo dedicado a promover los derechos sindicales y las agremiaciones de base desde la década del 70. La HKCTU citó su preocupación por la seguridad de sus líderes y afiliados como su principal causa para tomar la decisión (N. de E.).

 
20 enero, 2022

Publicado enInternacional
La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, habla durante una ceremonia. 30 de diciembre de 2021Inti Ocon / Gettyimages.ru

 La disidencia de 20 diputados de Libertad y Refundación (Libre) ha sido calificada por la mandataria electa como una deslealtad al proyecto político y a los electores.

A días de asumir las riendas del país, la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta el primer cisma dentro del partido que la llevó al poder en los comicios de noviembre del año pasado: Libertad y Refundación (Libre).

La víspera, Castro convocó a una reunión política para definir quién sería el candidato de la alianza izquierdista para encabezar la junta directiva del Congreso, pero 20 diputados de Libre se ausentaron de ese encuentro. Para la mandataria electa, ese gesto constituye una "traición" al proyecto político que lidera.

La polémica surge porque los 20 diputados de Libre no estaban de acuerdo con que el candidato para presidir el Congreso no saliera de sus filas, sino que fuese Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH).

La razón de la postulación de Redondo obedece a un acuerdo político previo entre los partidos que apoyaron a Castro. Antes de las elecciones, las fórmulas pactaron que independientemente del número de curules que ganaran, la decisión sobre quién sería el titular del Congreso Nacional recaería en Salvador Nasralla, designado presidencial electo.

Nasralla se decantó por Redondo, perteneciente a su partido, pero la fracción "disidente" de Libre apostó por la postulación de Jorge Cálix, parlamentario de ese partido por el departamento de Francisco Morazán y quien ostenta el título del "diputado más votado de la historia".

Este viernes, la diputada disidente Beatriz Valle presentó la propuesta para la junta directiva provisional del Congreso, con Cálix como presidente, que habría contado con el respaldo de 21 parlamentarios de su partido, 44 del conservador Partido Nacional, 18 de Partido Liberal, uno del Partido Anticorrupción y otro de la Democracia Cristiana.

Cálix asumió la jefatura en medio de los gritos de "traidores" por parte de la bancada de Libre que apostaba por Redondo y los golpes entre parlamentarios, luego de la irrupción en el estrado del diputado Rasel Tomé. En tanto, la mandataria electa de Honduras lanzó un contundente tuit: "Se consumó la traición".

El acuerdo en disputa

A primera hora de este viernes, la bancada mayoritaria de Libre emitió un comunicado para denunciar que la ausencia de los 20 diputados en la reunión con Castro –para acordar las postulaciones para la directiva del Congreso– constituía "el augurio de una traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo hondureño".

En el texto, reafirmaron el apoyo de la mandataria electa a Redondo, en consonancia con el acuerdo que fue signado por las fuerzas políticas que se opusieron a la "narcodictadura" del presidente saliente, Juan Orlando Hernández. Con ello, el mensaje es claro: Castro "no admite el incumplimiento y la traición al voto del pueblo que la eligió de forma contundente en alianza".

La reacción de la fracción disidente de Libre fue inmediata. "No somos traidores, tenemos derecho a pensar diferente", declaró el diputado Edgardo Castro, quien aseguró que ese grupo mantiene su apoyo a la gestión de Xiomara Castro.

Por otra parte, la diputada Valle alegó que el pacto solo iba a cumplirse si los diputados de Libre y PSH lograban una mayoría simple, por lo que defendió la postulación de Cálix. Ante la situación, que deja a Redondo eventualmente fuera de la directiva, la postura de Nasralla ha sido la de respaldar a la presidenta electa.

"Apoyamos a Xiomara Castro. Nuestra hermandad está más sólida que nunca. Ella y nosotros lo hacemos por Honduras, no defendemos intereses personales", tuiteó el Delegado Presidencial electo, junto a una foto reunido con los diputados del PSH.

Más tarde, en declaraciones a medios locales, Nasralla consideró que las voces disonantes de Libre no pueden alegar que se mantienen en línea con el plan de Gobierno de la presidenta electa: "Lo que ofreció Xiomara se puede seguir al pie de la letra con una persona que esté de acuerdo con ella, no con 20 disidentes que antes de que ella tome posesión hacen una rebelión por intereses personales", sostuvo.

Redondo, mientras tanto, denunció que el objetivo de los parlamentarios que se sublevaron dentro de Libre, con el apoyo del "lado oscuro" del Partido Liberal, es "quitarle la victoria y el mandato legítimo que le dio el pueblo hondureño" a Castro Zelaya. "Fuimos testigos de la violación", zanjó.

Cambio de último minuto

Aunque es pronto para saber el rumbo que tomará el futuro Gobierno, hay un detalle con mucho peso simbólico que da algunas pistas de la postura que mantendrá la mandataria con las voces disidentes del partido Libre, dirigido por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

En el comunicado emitido por la bancada, Castro anunció que no asumiría el cargo ante "un presidente del Congreso surgido de la traición", por lo que jurará frente a un juez de la República y el pueblo hondureño, en el acto previsto para el mediodía del 27 de enero, en el Estadio Nacional.

"Nuestro pueblo ha votado el 28 de noviembre por un cambio de Gobierno y de paradigma del modelo neoliberal que han implementado para destrozar este país, y hoy, un grupo ensoberbecido por la ambición de poder, ha decidido dar continuidad al régimen de corrupción e impunidad que nos ha golpeado por más de una década", reza el texto oficial de Libre.

Para la mandataria electa, el paso que han dado los 20 diputados disidentes marca un "punto de inflexión" para su futuro Gobierno y una "oportunidad" para que los hondureños juzguen las medidas que se tomarán "para que se respete su voluntad". Zelaya, por su parte, ya anunció que los "traidores" serán expulsados de Libre.

Publicado: 21 ene 2022

Publicado enInternacional
Juicios en Cuba a los presos por las protestas del 11 de julio

Por el derecho a la protesta.

Seis meses después de las protestas del 11 de julio, activistas y familiares de personas detenidas por manifestarse ese día han venido haciendo público que son sometidos a juicios sumarios y muchos de ellos podrían sufrir condenas de hasta 30 años de prisión. Las acusaciones van desde “actos vandálicos” hasta “sedición” que es una de las más graves. Entre los detenidos hay muchos menores de edad.

 

A comienzos de la semana pasada, el 11 de enero, dieron inicio tres juicios para un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Procesos que empezaron a llevarse a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín.

Este lunes 17 de enero se difundió que se iniciaron otros juicios para un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, comenzaban a ser juzgadas en relación con las protestas de julio, según datos recopilados por activistas del colectivo Justicia 11J, que de manera voluntaria recopilar toda la información posible a través de un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.

Estos juicios de enero se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre y diciembre en los que las condenas variaron desde multas hasta dictámenes entre 14 y 30 años de cárcel. Solo en las últimas dos semanas de diciembre unas 150 personas fueron llevadas a juicio con causas asociadas a las protestas del 11 de julio.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1300 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores), 800 de los cuales siguen en prisión sin juicio.

De acuerdo a Justicia 11J, los tres juicios anunciados este 17 de enero, se empezaron a celebrar en Mayabeque y La Habana, que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como “desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria” y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión. En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. En la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.

En el llamado público a ser firmado “Justicia para los manifestantes del 11J”, Justicia11J declara que “La práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.”

A raíz de esta situación desde La Izquierda Diario conversamos este 18 de enero con la joven periodista Lisbeth Moya González vía telefónica, quien nos comunicaba que “con respecto al tema de los juicios es difícil dar información porque el Gobierno no está siendo transparente. Sabemos que las personas detenidas están siendo juzgadas paulatinamente y que están siendo condenadas desde un año hasta 30 años. Llama mucho la atención que se están utilizando cargos como sedición para acusarlas, un cargo por el cual se pide muchísimos años de prisión que pueden ir desde 15, 25 y hasta 30 años. También están los cargos de desorden público y de atentados. Es de recalcar que hay menores de edad que están siendo juzgados, desde 15 a 17 años que están siendo juzgados con severidad. Y una gran mayoría son personas muy jóvenes de unos veinte y tantos años que están siendo condenadas a altas penas”.

Además enfatiza la joven periodista, que también es escritora, que “Hay muchos casos muy complejos, por ejemplo, hay una madre que tiene a sus tres hijos presos, es un caso de La Güinera que es un barrio donde las protestas fueron fuertes, y las condenas a esas personas están siendo bastante elevadas. Está el caso del muchacho Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, que tiene problemas mentales, y su padre no ha podido presentar esas pruebas porque no se lo permitieron y lo condenaron a 23 años de cárcel. El caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto. “

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Los juicios no son públicos y no hay información al respecto por falta de transparencia y en muchos casos los abogados no tienen acceso al proceso, de acuerdo a las denuncias de activistas. “El Gobierno no da información y no existe transparencia. Existen muchas denuncias de los familiares que cuando hacen público lo que está sucediendo con sus allegados son acosados por la Seguridad del Estado, además de decirles que no pueden hablar con medios alternativos ni denunciar de ninguna manera porque será peor para ellos. En ciertos casos llegan a meterles miedo al punto de decirles que pueden perder el trabajo y sufren represalias. Además hay que señalar que los abogados no están teniendo acceso a los expedientes de manera regular, hay problemas con los testigos pues según testimonios de algunos familiares son traídos por la Fiscalía, y en el caso de las personas más desconocidas se les ha juzgado sin abogados”, recalca Moya González.

El discurso del gobierno cubano a través de las autoridades judiciales argumenta que “cumplen estrictamente los instrumentos internacionales”, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos “violentos y actos de vandalismo”. Así lo afirma el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, cuando hizo una referencia indirecta el lunes 17 de enero a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”. Afirmaciones que no se sostienen ya que las personas son implicadas por los hechos de las manifestaciones del 11 de julio que fue reprimida por el Gobierno, y son condenadas por ejercer el derecho a manifestación y asociación, pero los tratan como delincuentes comunes en la jerga oficial.

El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que los cubanos "pueden manifestarse libremente", cuando los hechos y la realidad demuestra todo lo contrario, tal como se vio el propio 11 de Julio. Así lo denuncia Lisbeth Moya: “En Cuba el gobierno se empeña en decir que en el país no hay presos políticos, pero todas las personas que participaron el 11 de julio por definición son presos políticos. Se empeñan en negarlo para que no haya una visión hacia afuera del país de que hay personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero todas las personas que se manifestaron están en desacuerdo con el gobierno, y las personas que están presas ahora mismo están en desacuerdo con el gobierno y están siendo juzgadas por un derecho político que es el derecho a manifestación”.

La escritora y periodista cubana Lisbeth Moya González en un artículo que escribiera de llamamiento a la solidaridad de los presos por protestar del 11 de julio, y publicado en La Izquierda Diario, relata que “Hasta el día de hoy [primeros días de diciembre] el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J ha documentado 1271 detenciones en relación con el estallido social del 11J. De estas personas al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que 42 han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre 1 y 30 años de sanción. La figura de sedición ha sido utilizada para imponer sanciones al menos 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.”

Para el mes de enero, y con datos más actualizados hasta esa fecha, el Colectivo Justicia11J destacaba que “ininterrumpidamente hemos puesto a disposición pública información sobre los casos, gracias a los reportes de familiares y amigos, y de las mismas personas detenidas. A pesar de la negación de tal escenario por parte del gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, nuestro trabajo colaborativo ha podido dar cuenta de, al menos, 1339 personas detenidas o desaparecidas (entre ellos, hay 45 menores de 18 años), así como informaciones y estadísticas, todo ello accesible y transparentado en el siguiente enlace: Listado de personas detenidas y desaparecidas 11J”. Estadísticas que se sabe que son incompletas pues hay muchos más casos que no se conocen, porque no solo fue el 11 de julio cuando apresaron personas también lo hicieron en los días siguientes cuando iban apareciendo en los videos y la seguridad del Estado iba a sus casas a buscarlos.

Por ello el Colectivo Justicia11J en el Llamamiento que hacen para que sea firmado exigen al Gobierno “Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento. Lisbeth Moya enfatiza que “El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los Órganos de la seguridad del estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; existían también casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras manifestaciones por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.”

En este sentido los juicios que han comenzado en Cuba, el hermetismo con los que se llevan adelante y las condenas de hasta 30 años, son un mecanismo aleccionador de parte del Gobierno en la búsqueda de amedrentar a los manifestantes que como el 11 de julio de 2021 salieron a las calles contra una situación social y económica insostenible.

Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 19 de enero

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Foto: Claudia Morales/Reuters

A días del 22 de enero, un nuevo aniversario del Estado Plurinacional y a un año y dos meses del Gobierno de Arce, las disputas y tensiones dentro del MAS están al rojo vivo. Organizaciones sociales y campesinas, así como la propia bancada del MAS, exigen que se hagan cambios en el gabinete ministerial. En general se identifican 3 alas: Arcistas, Choquehuanquistas y Evistas, pero decir esto no significa que sean homogéneas. Hay disputas y fracciones diversas en cada una de ellas.

Juana RunaMilitante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Miércoles 19 de enero

Este 22 de enero se cumple un nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, en esta ocasión, debido a la cuarta ola de la pandemia, no se llevarán adelante actos de festejo en los que se suelen esperar, además del discurso presidencial, las palabras de representantes de las organizaciones sociales. Si bien el Gobierno tomó esta decisión por el incremento de los contagios lo cierto es que otro factor que puede haber influido tiene que ver con las luchas y disputas intestinas que se vienen desarrollando al interior del partido de Gobierno.

Todo esto motivó a que durante los últimos días se haya posicionado, en el centro del debate político, los pedidos de cambios en el gabinete ministerial. Cambios que se esperaba que fueran anunciados este 22 de enero. Sin embargo, el 18 de enero, el presidente Arce, viajó al Chapare en Cochabamba (uno de los bastiones del MAS) y según informaron medios de prensa, luego de una reunión que habría sido "muy dura", Arce indicó que no realizará ningún cambio a su gabinete, intentando de esta manera poner un límite a las múltiples exigencias y presiones que su gobierno viene recibiendo. Pero hay que decir que dicho anuncio no descarta, o no significa, que más temprano que tarde estos “cambios de ministros” finalmente sucedan.

Recordemos que fue el propio Evo Morales quien hizo críticas a algunos miembros del actual gabinete de ministros señalando que “son técnicos y no políticos”, en alusión principalmente al ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, al aumentar las presiones de las distintas fracciones sobre Arce, particularmente desde el bloque Choquehuanca, Morales tuvo que salir a respaldar a Arce afirmando que la composición del gabinete es decisión exclusiva del presidente y que cuando él estuvo en el poder, su vice (Álvaro García Linera), nunca lo había chantajeado: un mensaje directo al actual vicepresidente, Choquehuanca.

Como es conocido, Choquehuanca expresa el ala más dialoguista y renovadora del MAS, con peso al interior de bases indígenas y sectores populares que le dan una relevancia decisiva a la etnicidad y a los intentos de Choquehuanca de desarrollar una ideología de la colaboración, apoyándose en su propia interpretación de lo que considera son los valores y principios de la cosmovisión de los pueblos originarios. Sin embargo, pese a importantes puntos de apoyo en sectores populares, su participación en el gabinete de Arce y su peso en el Estado se ha visto drásticamente reducido el último año. Entre las razones están que ante los intentos de establecer canales de diálogo con la derecha oriental, la radicalidad de Calvo, Camacho y otros, solo recibió desplantes que debilitaron su política dialoguista, y, por otro lado, apenas empezada su gestión gubernamental, los ministros afines a su bloque fueron rápidamente removidos debido a resonantes casos de corrupción que han dejado al “bloque renovador” en una precaria situación en la lucha interna.

Por su parte, el bloque encabezado por Evo Morales, intentó imponerse al prohibir las fracciones y los bloques en el MAS con el argumento de fortalecer la unidad del partido. El intento bonapartista de Evo, lejos de proyectar la tan mentada unidad, fue un disparador y un agravante de la lucha interna. Tal es así que empezaron a proliferar los reclamos y críticas no solo a miembros del actual gabinete sino también a la propia figura de Evo Morales. Ejemplificador de esto último fue el congreso del MAS en la ciudad de Montero del Departamento de Santa Cruz, donde la directiva electa le pidió a Evo que “deje de dirigir por teléfono, que baje a las bases y que deje gobernar al presidente Arce”.

Al mismo tiempo, el sector gremial, los cívicos de El Alto, los campesinos de las 20 provincias del Departamento de La Paz, maestros rurales, el Pacto de Unidad, así como la propia bancada del MAS en el Parlamento, empezaron cada uno a dar los nombres de los ministros y ministras observados para que fueran destituidos.

Los nombres más observados son el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y, el ministro de Salud, Jeyson Auza. El primero llegó a ser acusado de “traidor e infiltrado” y el segundo es duramente criticado debido a los decretos que obligan a tener el carnet de vacunación contra el COVID o en su defecto la prueba PCR.

También son observados la ministra de la Presidencia, Marianela Prada; la ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza; y el ministro de Justicia, Iván Lima. Justamente estos ministros, además del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, son los miembros de más confianza y más allegados a Arce.

La Confederación de Fabriles, así como miembros de la bancada parlamentaria del MAS, también se han referido al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño; de Minería, Ramiro Villavicencio; de Trabajo, Patricia Navía y de Hidrocarburos, Franklin Molina.

Sin dudas detrás de estas críticas y exigencias están los intereses y disputas por cargos. Cada sector quiere poner a su representante en alguna de estas importantes carteras de Estado. Pero también otro de los factores que explican estas críticas tiene que ver con que para muchos estos ministros están totalmente divorciados de lo que las organizaciones sociales y sectores populares esperan. El diputado del MAS, Daniel Rojas, en una declaración para el Diario Página Siete, señaló: “Le hemos hecho conocer (al presidente, NdR) la pésima coordinación que tienen los ministros con las organizaciones sociales y la pésima coordinación también que tienen con los legisladores, los propios diputados y senadores electos. La voz ha sido unánime cuando se observó la descoordinación de los ministros con los legisladores y se le ha sugerido al Presidente que evalúe”.

Lo cierto es que lo que expresan estas tensiones dentro del MAS, más allá de lo que finalmente anuncie Arce en su discurso presidencial, es que cada vez le resulta más difícil a este partido mostrar una imagen de unidad.

¿Infiltrados o conciliación de clases?

Hace un par de días, el Pacto de Unidad, encabezado por la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), emitió un severo comunicado calificando al ministro de Gobierno, y militante de Columna Sur (uno de los grupos juveniles del MAS), Eduardo Del Castillo, como un “pitita infiltrado” [1] y “traidor”. Al mismo tiempo, convocaron al presidente, Luis Arce Catacora, y al vicepresidente, David Choquehuanca, a una reunión este miércoles 15 de enero en la sede de la CSUTCB, para evaluar el gabinete ministerial. En esta reunión, que duró aproximadamente 6 horas, solo participaron los mandatarios por pedido expreso del Pacto de Unidad. Concluido el encuentro, parece que no se puede descartar que este 22 Arce anuncie algún cambio en su gabinete. Sin embargo, más allá de eso, Odaliz Huayllas, representante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, informó que acordaron una nueva reunión para el 11 de febrero, en la que continuará la evaluación al desempeño de las y los ministros de Arce.

Para entender esta situación recordemos que, hace un par de semanas, el ahora ex viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, fue destituido vía whatsapp por Del Castillo. Esta destitución según declaración del ministro de Gobierno se debía a que Cox tenía como miembro de su equipo de trabajo a un abogado de la hermana del ex ministro del Gobierno golpista, hoy prófugo, Arturo Murillo. Esto motivó a que algunas agrupaciones y sectores del MAS, vinculados al evismo y otros a sectores de autoconvocados como en K´ara K´ara, salieran en defensa de Cox ya que durante el golpe de Estado, en su cargo de Defensor del Pueblo en Cochabamba, estuvo presente en la defensa de detenidos y heridos.

Frente a esto, Cox contradijo a Del Castillo y denunció que abogados que trabajaron para Murillo en la persecución judicial contra las y los detenidos y heridos en las localidades de Huayllani, Kara Kara y otros, durante el golpe, hoy no solo continuarían como funcionarios sino que además serían apoderados del “guevarista” ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Esta escandalosa convivencia entre golpistas y sectores provenientes de la clase media, profesional blanco-mestiza, del MAS es lo que motivó a que la CSUTCB con su comité directivo en pleno califique a Del Castillo como “pitita, infiltrado y traidor” y que exija su destitución inmediata.

Lo cierto es que lo que califican como “infiltrados” en los hechos no es otra cosa que la expresión de la política de conciliación sistemática del MAS pero además de una convivencia social y una comunidad de intereses entre amistades y círculos familiares muy propios de estos sectores de clase media y media alta, blanco-mestiza. En realidad no debe sorprender y no sorprende, solo que ahora se expresa de manera cada vez más abierta.

Si bien la crisis interna del MAS es de larga data, la autoridad de Evo Morales facilitaba que estas diferencias se resolvieran rápidamente con la expulsión de los “libre pensantes” como se los calificaba. Sin embargo, a partir del golpe de Estado, la crisis interna se expresó de manera desafiante entre “renovadores” y “evistas” dando lugar a una multiplicidad de tendencias internas cada vez más duras en sus enfrentamientos públicos. En este escenario, el bloque de Arce, constituido esencialmente por sectores de esta clase media, blanco mestiza, y tecnócratas, actúa como un amortiguador en el choque fraccional entre evistas, choquehuanquistas y las exigencias propias de cada organización social del MAS.

La profunda crisis y enfrentamientos entre las diversas corrientes, sin embargo, lejos de expresar proyectos políticos alternativos o discusiones sobre cómo profundizar el “proceso de cambio”, es una disputa por espacios de poder dentro de la administración estatal y carrerismo personal de diversas figuras públicas del partido. Pero también expresan las diversas visiones que hay dentro del MAS de cómo negociar con la derecha golpista.

Aunque en los discursos estas fracciones hablan de “terminar con la derecha” y con la polarización política, en los hechos se establecen tantos mutuos y múltiples “infiltrados” que se confunden. Así tenemos que mientras el ala Choquehuanca se inclina por una abierta colaboración, el ala evista pretende hacerlo sobre la base del respeto a la institucionalidad vigente pero disputando espacios políticamente. Ejemplo de lo que decimos, son las declaraciones del ex ministro de Gobierno de Evo Morales, hombre fuerte del ala “radical” del MAS, Juan Ramón de la Quintana, que planteó que para resolver el tema agrario en el Oriente del país se tendría que llamar a un referéndum nacional y así rediscutir los límites de tierras. Estas declaraciones pusieron los pelos de punta a los cívicos y agroindustriales quiénes sin duda, ante cualquier cambio en el gabinete de Arce que acentúe los tintes “evistas”, lo tomarán como una amenaza a la propiedad de la tierra en el oriente. De todas formas lo cierto es que, como ya lo ha demostrado Evo en sus 14 años de Gobierno, lejos está de afectar los intereses de los agroindustriales. Sin embargo estos tonos discursivos están al servicio de contener a los sectores más radicalizados de los movimientos sociales que sí están dispuestos a avanzar sobre la gran propiedad agroindustrial.

Lo que está claro es que la crisis política que atraviesa el MAS es de tal magnitud que pareciera ser que la destitución de algunos ministros del actual gabinete es inminente. Es decir, más allá y a pesar de Arce, una voz desde la bancada de su partido señaló que en caso de que el presidente no cambie a los ministros observados éstos serán interpelados en el Parlamento y destituidos.

[1] se conoce como pititas a los participantes del movimiento golpista que derrocó a Morales en noviembre de 2019

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Jueves, 20 Enero 2022 05:52

Praxis emancipadora congelada

Praxis emancipadora congelada

Son muy extensas y diversas las bibliografías especializadas; son incontables las convenciones, asambleas y convenios internacionales; abundan las reuniones nacionales, las leyes y los acuerdos… se ha dicho mucho, muchísimo. Una y mil veces ha quedado de manifiesto la importancia y la trascendencia de garantizar el derecho de los pueblos a una Cultura y Comunicación libres, diversas y soberanas; se ha advertido el peligro de la dependencia y la infiltración en estructuras de la vida social tan sensibles y estratégicas y se ha subrayado la prioridad política acuciante que va expandiéndose geopolíticamente tratándose de la expresión de los pueblos genuina, compleja y multicolor. Y sin embargo crece la monopolización de las herramientas de producción y de las semánticas. Crece el control sobre los canales de distribución y sobre las instituciones educativas. El modelo odioso del “discurso único” ha dado pasos agigantados desde el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que debiera haberse consolidado como derecho inalienable, se ha reducido a mercancías. Sálvense todas las excepciones.

Algunos países mantienen posiciones “intermedias” y tratan de avanzar con modelos de cultura y comunicación fragmentados, poco duraderos y generalmente decorativos. Otros países han liberado el terreno para que las industrias mediáticas y culturales hagan de las suyas al antojo del “mercado”. Y, los menos, han comprendido la responsabilidad de garantizar a sus pueblos una producción cultural soberana, coherente con la soberanía económica, tecnológica y política. Algunos ejercicios jurídico-políticos han elaborado leyes y reglamentos de gran valor para asegurar la libertad y genuinidad de la Cultura y la Comunicación como productos de la democracia participativa.

Pero ni con los mejores aportes se ha conseguido fundar una corriente mundial en defensa de la Cultura y la Comunicación emancipadoras y, todo lo contrario, nuestros atrasos en tales materias hoy constituyen una de nuestras más grandes debilidades y derrotas. Estamos entregando “malas cuentas”.

Ha proliferado un número enorme de buenas ideas. La UNESCO hace informes periódicos sobre iniciativas diversas y no son pocos los frentes de militancia que, aún minoritarios, se esfuerzan por impulsar un movimiento de acción directa para luchar contra la manipulación simbólica que se ejerce en los territorios de la Cultura y los latifundios mediáticos. Aquí y allá hablan los expertos, los profesores y los estudiosos. Hay discursos históricos y poemas emocionantes. Hay documentales, series televisivas y podcasts con materiales inéditos y con hallazgos estremecedores. Pero la realidad no se transforma como debiera ni en su semiosis, ni en su extensión, ni en su velocidad.

Tenemos dificultades teóricas y metodológicas. Algunos frentes fijan como meta de coyuntura la “resistencia”. Otros, más golpeados (o colonizados), abogan por la supervivencia individual y se amoldan a los subsidios, las becas, las prebendas o las canonjías. Algunos aguardan, hegelianamente, que el gobierno de los ilustrados derrame sapiencia y eso ennoblezca al pueblo. Otros francamente se entregan a la Cultura y la Comunicación de élite (como Octavio Paz y su palafrenero Vargas Llosa) y descreen en la fuerza de los pueblos como motor, incluso cultural y comunicacional, para su emancipación. No faltan los teóricos muy atentos al mundillo de las parrafadas doctas y muy indiferentes a la realidad cruda de un mundo donde sólo el 20% de los seres humanos posee la riqueza que produce el 80%. Estas “posturas”, cada una o combinadas, constituyen algunas de las “políticas” que priman en el escenario de las condiciones objetivas y subjetivas. Y a eso hay que añadir los tintes de las modas que una vez son adoradoras de las “artesanías” o de las “riquezas culinarias”; otras veces aman con pasión a las tecnologías y frecuentemente se deslumbran con la obra de algún artista o intelectual bien cotizado en los mercados. Y le llaman amor a la Cultura y a la Comunicación. Algunos elegidos cuentan con becas para lustrar sus “políticas culturales” reformistas, tarde o temprano.

De las condiciones reales de existencia de los trabajadores de la Cultura y la Comunicación, poco o nada se interesa el aparato burocrático, ni las iglesias, ni el voluntariado empresarial “culto”. No les interesa si los productores de Cultura y Comunicación ejercen plenamente sus derechos laborales o si cuentan con coberturas jubilatorias, médicas o recreativas. Si tienen apoyo para elevar los niveles semánticos, técnicos o estéticos. Si hay oportunidades y condiciones para sindicalizarse y defender, además de sus intereses laborales, los intereses de la clase trabajadora. En suma ascender al punto en que el productor de Cultura y Comunicación se conciban como clase trabajadora. Todo lo contrario la concentración monopólica en Cultura y Comunicación, como extensión práctica de la ideología de la clase dominante, se esmera puntillosamente en impedir, bloquear, disuadir o destruir toda forma de organización; en todo terreno. Eso también se ha vuelto cultura dominante.

Esto es un campo problemático, estructural y super-estructural, de primera importancia y son abundantes las advertencias sobre los peligros y las consecuencias de seguir manteniendo parque jurásico de monopolios parásitos que nos agobia y que, además de costosísimos, operan con espejismos e ilusionismos anestésicos para que las víctimas, además de financiar las máquinas de guerra ideológica del enemigo, aprenda a aplaudirles sus victorias alienantes. El colmo de los colmos. Hay “fundaciones culturales” que los gobiernos neoliberales entregaron al neoliberalismo bancario, y las usan para todo tipo de desfalcos intelectuales y financieros. Abominable.

 Urge un mapa de las fuerzas en lucha por una Cultura y Comunicación emancipadoras. Urge un frente único que nos una en una batalla de trascendencia y complejidad enormes. Nos urge lo mejor de nuestra praxis pero organizada, puesta en rumbo de acción para desmantelar el aparato demencial de colonización capitalista que está atacando desde las raíces de nuestras identidades hasta formatearnos conductas, gustos serviles a la explotación económica, política, cultural y emocional. Nos urgen organización eficaz y eficiente, con instrumentos político-científicos para una Revolución Semiótica. Para la emancipación de la semiosis y la democratización de las herramientas de producción de sentido. 

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 20/01/2022


Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de la Internacional Progresista. Rector Internacional de la UICOM. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

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