El espionaje británico interviene millones de datos en Internet

Londres y Washington acumulan cada día una cantidad ingente de datos interceptados a través de las redes mundiales de fibra óptica, según la última entrega del diario The Guardian de los documentos que le entregó el exempleado subcontratado de la CIA Edward Snowden. Ambos países destinan en total a unos 550 especialistas a analizar la información. Aunque la cantidad de datos a los que acceden británicos y estadounidenses es colosal, un proceso automático de criba hace que la inmensa mayoría de esa información sea descartada sin ser analizada.


 
Toda esta actividad es en principio legal, aunque se desarrolla a espaldas de la opinión pública y gracias a la flexible interpretación de leyes redactadas en una época en la que no se podía imaginar el espectacular avance tanto de las comunicaciones como de las herramientas informáticas a disposición de los servicios secretos para poder interceptarlas.


 
El diario ha accedido a varios documentos que describen los esfuerzos de los servicios secretos por adaptarse al fenomenal crecimiento del caudal de información que circula por Internet. La agencia central de comunicaciones británica (GCHQ) lanzó con ese objetivo dos programas, Mastering de Internet (MT) sobre cómo dominar Internet, y Explotación de las Telecomunicaciones Globales.

 


En síntesis, los británicos han aprovechado que gran parte de los cables de fibra óptica que conducen las telecomunicaciones globales pasan por su territorio. Y el GCHQ los ha interceptado con sofisticados programas informáticos con la ayuda de su homóloga estadounidense, la NSA. Los británicos se han esmerado tanto que ya son capaces de acumular más información que los estadounidenses. Y dedican a 300 especialistas, frente a 250 estadounidenses, a analizar la acumulada. Según The Guardian, “una innovación clave es la capacidad del GCHQ de interceptar y almacenar enormes volúmenes de datos obtenidos de los cables de fibra óptica durante hasta 30 días de manera que pueden ser cribados y analizados. Esta operación, conocida con el nombre clave de Tempora, ha estado funcionando desde hace unos 18 meses”.


 
En síntesis, miles de millones de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, datos sobre visitas a Internet son acumulados. “Esencialmente, tenemos la forma de seleccionar un pequeño número de agujas en un pajar. No miramos cada brizna de paja. Hay ciertos detonantes que te permiten descartar o no examinar muchos datos porque lo que buscas es una aguja. Si tiene usted la impresión de que estamos leyendo millones de emails, sepa que no lo estamos haciendo”, señala una fuente secreta del Guardian. “Los criterios son seguridad, terrorismo, crimen organizado. Y bienestar económico. La inmensa mayoría de los datos son descartados sin que ni siquiera los miremos. Simplemente, no tenemos los recursos para ello”, añade la fuente.

 


Según esa fuente, la información obtenida de esa manera ha permitido descubrir nuevas técnicas utilizadas por terroristas para eludir los rastreos de seguridad y ha ayudado a identificar a terroristas que planeaban atentados y se ha utilizado para combatir a redes de explotación de menores.


 
En concreto, las fuentes consultadas por el diario londinense aseguran que esa información ha permitido “la detención y encarcelamiento de una célula en los Midlands que estaban planeando un ataque coordinado; la detención en Luton de cinco individuos que preparaban atentados y el arresto en Londres de tres personas que planeaban atentados antes de los Juegos Olímpicos”.


 
Según explica The Guardian, el GCHQ apoya la legalidad de los pinchazos a las redes de fibra óptica en la Ley de Servicios de Inteligencia de 1994, la misma en que se apoyaron para espiar a delegaciones extranjeras durante varias reuniones de los países del G-20 en territorio británico.


 
Uno de los documentos a los que ha accedido el diario describe la satisfacción de los británicos por los progresos de los últimos años. El texto subraya que hay ya 2.000 millones de usuarios de Internet en el mundo y más de 400 millones utilizan Facebook de forma habitual “pero estamos empezando a dominar Internet y nuestras capacidades actuales son impresionantes”. El informe enfatiza que Reino Unido tiene hoy en día el mayor acceso a Internet entre los llamados Cinco Ojos, los cinco países anglosajones que colaboran estrechamente en materia de inteligencia: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.


 
Hay, sin embargo, una sombra al acecho. Los proveedores de Internet estadounidenses están empezando a trasladarse a países como India y Malasia, lo que significa que cada vez habrá menos tráfico por territorio británico. La NSA “está comprando inmuebles en esos lugares”, advierte el autor del informe. Y sugiere que los británicos hagan lo mismo.

 

Por Walter Oppenheimer Londres 21 JUN 2013 - 22:17 CET


 

El proyecto Tempora o “la era dorada” del espionaje
 

Los documentos a los que ha tenido acceso el diario The Guardian indican que el espionaje británico pincha cables de fibra óptica, lo que le proporciona un gran acceso al tráfico de Internet que entra y sale del país.
 
Conocido como proyecto Tempora, permite almacenar grandes cantidades de información durante 30 días.
 
El año pasado, los británicos manejaban 600 millones de “eventos telefónicos” al día y pincharon más de 200 cables. Tenían capacidad para procesar al menos 46 cables a la vez..
 
Cada cable transporta 10 gigabites por segundo. En teoría, podían proporcionar 21 petabites al día; el equivalente a enviar toda la información que contiene la Biblioteca Británica 192 veces al día, según el cálculo de The Guardian.
 
“Estamos empezando a dominar Internet”, decía el autor de uno de los documentos filtrados. “Y nuestra capacidad actual es bastante impresionante”.
 
Uno de los documentos habla de que los británicos se encuentran en “la era dorada” del espionaje y de que han obtenido “el mayor acceso a Internet en cinco años”.
 
Los papeles sugieren que el espionaje británico manejó 39.000 piezas de información en un periodo de 24 horas, lo que a su juicio supone un paso “vital para adaptarse a los avances rápidos en las industrias de telecomunicaciones”.
 
El espionaje de EE UU resaltó el éxito de la colaboración con los británicos, que generan “una mayor capacidad de metadatos” que ellos mismos, según la información desvelada.

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El fin de la revolución pasiva en Brasil

La experiencia brasileña de los últimos 10 años de gobiernos progresistas (dos de Lula y el actual de Dilma) ha sido caracterizada por lo que Gramsci llamaba revolución pasiva: un proceso de modernización impulsado desde arriba, que recoge sólo parcialmente las demandas de los de abajo y con ello logra garantizar su pasividad, su silencio, más que su complicidad.

 

A partir de esta fórmula aparentemente contradictoria podemos entender cómo se edificó en Brasil un equilibrio precario pero sorprendentemente eficaz y duradero que además, siempre siguiendo las intuiciones de Gramsci, se apoyó en un cesarismo progresivo (la presencia de una figura carismática que catalizó y canalizó las tensiones y encarnó el paternalismo asistencialista) y el transformismo (el desplazamiento de grupos dirigentes progresistas del movimiento popular hacia posiciones conservadoras en puestos en las instituciones estatales).

 

Entonces, lo que sorprende de la historia reciente de este país no es la irrupción repentina de la protesta, sino su ausencia en los años anteriores. De hecho, detrás de los grandes elogios que recibían los gobernantes brasileños por el alto crecimiento económico, el carácter incluyente de las políticas sociales y el surgimiento de una impresionante clase media consumidora en Brasil, estaba la envidia y la admiración por un modelo de gobernabilidad, de control social y político basado en el asistencialismo y la mediación de un partido –el PT– y un sindicato –la CUT– con arraigo de masa, que garantizaban costos mínimos en términos de represión y de criminalización de la protesta. Los frentes de resistencia a la construcción de la hegemonía lulista existieron y existen tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero fueron contenidos y quedaron relativamente marginados, incluido el MST, que mantuvo una prudente actitud de repliegue y con la excepción de algunos conflictos importantes pero aislados (como las huelgas universitarias y las luchas indígenas en defensa del territorio).

 

Las protestas de los últimos días son entonces algo que inevitablemente estaba por surgir en las fisuras o en el agotamiento del proceso de revolución pasiva. Las fisuras son los desfases que generan las desigualdades que siguen marcando la sociedad brasileña, las brechas que separan las clases sociales en un contexto de modernización capitalista, en el cual aumenta el tamaño del pastel, se reparten rebanadas crecientes pero proporcionalmente se acumulan riquezas y se generan poderes políticos y sociales que se adueñan de los circuitos productivos, de las instituciones públicas y de los aparatos ideológicos. La paradoja de los gobiernos del Partido de los Trabajadores es que generaron procesos de oligarquización en lugar de democratizar la riqueza y de abrir espacios de participación, espacios que en el pasado habían servido para que este partido surgiera y llegara a ganar elecciones. El agotamiento tiene que ver con un desgaste fisiológico después de 10 años de gobierno, pero sobre todo con la pérdida de impulsos progresistas y el aumento significativo de rasgos conservadores en la coalición social y política encabezada por Lula y que sostiene el gobierno de Dilma.

 


No sorprende tampoco que la protesta tome formas difusas y sea protagonizada fundamentalmente por jóvenes etiquetados como de clase media. La conformación de las clases populares en el Brasil actual incluye a este sector juvenil que emerge, en medio de la relativa movilidad social de la última década, de las condiciones de pobreza hacia niveles de consumo y de educación mayores, pero sin desprender de su colocación en el campo de las clases trabajadoras –manuales y no manuales–, de las cuales estos jóvenes son hijos y hacia las cuales tienden inevitablemente por las modalidades del crecimiento dependiente brasileño. Las formas difusas corresponden tanto al rechazo a partidos y sindicatos como a la construcción incipiente de nuevas culturas políticas, en particular aquella de los llamados indignados, que reúne una serie de identidades, reivindicaciones y formas de lucha diversas, que no acaban de articularse pero siguen manifes- tándose a lo largo del mundo de manera dispersa pero recurrente y contundente.

 

Con estas manifestaciones se inicia el fin de la revolución pasiva brasileña. La movilización levanta el velo y muestra la realidad contradictoria y las miserias ocultas detrás del mito del milagro brasileño, que ya había funcionado décadas atrás y que volvió a aparecer en los últimos años. Por otra parte, la pasividad sobre la cual se erigía la hegemonía lulista se disuelve en las calles. Podrán regresar a sus casas, volver la calma en las calles y los sondeos a mostrar el consenso en torno al modelo petista, pero la visibilidad que se alcanza una vez disipados los gases lacrimógenos es siempre muy reveladora y permanece grabada en la memoria de una generación.

 

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Viernes, 21 Junio 2013 06:56

Un millón en las calles

Un millón en las calles

Las cuentas no coinciden, pero giran entre los que dicen que han sido más de un millón de personas en las calles de todo el país y los que dicen que han sido poco menos. En fin: ha sido la más espectacular (y peligrosa, y contradictoria) manifestación popular de Brasil en los últimos 29 años, desde las formidables marchas exigiendo el retorno de las elecciones libres para presidente, en 1984. Ni siquiera la movilización para defender la suspensión parlamentaria del corrupto presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, logró atraer tanta gente en tantas calles de tantas ciudades en Brasil.

 

¿Por qué peligrosa? Porque la falta de dirección y organización favorece a los sectores más conservadores, que siempre tienen la imagen de vandalismo para justificar su argumento de que es necesario imponer represión para reponer el orden. ¿Por qué contradictoria? Porque en toda esa espectacularidad resalta lo obvio: el divorcio entre los canales democráticos de diálogo y negociación y el descontrol de grupos que se infiltran en manifestaciones pacíficas para imponer el desorden.

 

Esta noche, terminó en duros conflictos la mayor manifestación colectiva de los últimos 29 años en Brasil. En Sao Paulo han sido más de 100 mil. Río reunió 300 mil. Hubo otros 50 mil en Porto Alegre, 30 mil en Brasilia, 100 mil en Recife, 20 mil en Salvador. Por la noche lo que había en Porto Alegre y Brasilia, Belem y Río de Janeiro, eran escenas de batalla callejera.

 

En el municipio de Ribeirao Preto murió un manifestante tras ser arrollado. Las protestas en todo el país han dejado unas 90 personas heridas.

 

Los violentos incidentes ocurrieron un día después de que los alcaldes de Sao Paulo, de Río y de otras 12 ciudades del país anunciaron que daban marcha atrás en el aumento de los pasajes del transporte público.

 

Ese incremento fue lo que originó, hace dos semanas, las primeras manifestaciones en Sao Paulo. Al principio fueron marchas limitadas, sin mayor consecuencia, realizadas por jóvenes.

 

El jueves 13 la policía militar de Sao Paulo actuó con una truculencia que no se veía desde los tiempos de la dictadura. Ha sido la estopa para que la ola de protesta avanzara por todo el mapa brasileño.

 

La actuación salvaje de la policía militar de Río volvió a alcanzar su auge alrededor de las nueve de la noche, cuando una brigada de motociclistas de esa corporación disparó balas de goma contra manifestantes que estaban en la puerta del hospital Souza Aguiar buscando noticias sobre los más de 20 heridos que habían sido conducidos para la emergencia.

 

No hay registro en la memoria, ni siquiera en tiempos de la dictadura, de que fuerzas policiales lanzasen gas lacrimógeno en un hospital público. El gobernador de Río, Sergio Cabral, se mantuvo en silencio.

 

Lo que se puede concluir de todo eso es la falta absoluta de control tanto de los que convocan las movilizaciones como principalmente de parte de las fuerzas de seguridad. Hubo una tensa repetición de acontecimientos: las marchas empiezan de manera pacífica y razonablemente organizada, hasta que los manifestantes se acercan a edificios públicos. Ha sido así en la asamblea legislativa de Río el lunes, o el palacio de gobierno en Sao Paulo, o el Congreso nacional en Brasilia. Este jueves todo eso se repitió.

 

Este jueves el trayecto a ser recorrido fue previamente combinado con la policía. En Sao Paulo hubo algunos incidentes, cuando grupos portando banderas del PT o de la Central Única de Trabajadores fueron expulsados de la protesta. Los que convocaron la marcha habían advertido claramente que no serían admitidas banderas o camisetas partidarias o de organizaciones sindicales o estudiantiles.
Hasta las siete de la noche sólo habían sido registrados enfrentamientos al principio de la tarde en Salvador de Bahía, cuando manifestantes intentaron acercarse al estadio donde se disputan partidos de la Copa Confederaciones.

 

Al anochecer todo cambió. Frente a la alcaldía de Río hubo una refriega entre los propios manifestantes. Explotaron morteros, y la tropa de choque de la policía empezó a disparar bombas de efecto moral y de gas lacrimógeno. En poco menos de media hora la situación escapó totalmente del control.

 

En Brasilia ocurrió algo similar: manifestantes intentaron romper la barrera policial que impedía que entrasen al Congreso, y empezaron los enfrentamientos. Alejados del Congreso, los manifestantes intentaron invadir el palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las más bellas obras de Oscar Niemeyer. Escenas de vandalismo de un lado; la dura acción policial de otro.

 

En Sao Paulo, curiosamente, no hubo ningún enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La ciudad que vio nacer las manifestaciones asistió a una tranquila conmemoración de poco más de 100 mil personas.

 

Queda por ver cuáles serán los desdoblamientos de esas jornadas. La exigencia inicial fue alcanzada. Pero el pliego de peticiones engordó mucho a lo largo de esos días. Ahora se exige educación pública de calidad, una atención pública de salud que no sea tan ofensiva, transporte público a precios razonables y mucho más.

 

Llama la atención la inercia de los partidos políticos. Es verdad que Dilma Rousseff hizo un contundente pronunciamiento, advirtiendo sobre la necesidad de que los gobernantes oigan la voz de las calles. Pero ningún dirigente político, ningún parlamentario de relieve, nadie logró salir del estupor provocado por la velocidad con que esas manifestaciones crecieron.

 

Ni siquiera el PT, partido nacido de manifestaciones populares, supo qué hacer. Ayer intentó sumarse a los manifestantes en Sao Paulo. Sus militantes fueron rechazados. Queda la pregunta: ¿los partidos ya no representan a nadie? Y otra: ¿hasta qué punto los políticos están desmoralizados junto a la opinión pública? Y otra más: ¿no hay cómo controlar la acción truculenta de la policía?

 

Es imposible prever cuáles serán los pasos siguientes. O prever hasta cuándo los políticos mantendrán su silencio. Pensándolo bien, ¿tendrán algo a decir?

 

La primera conclusión es que los alcaldes, especialmente el de Sao Paulo, Fernando Haddad, llevaron demasiado tiempo hasta tomar una decisión política, es decir, cancelar el aumento del pasaje de autobús. Prefirieron una visión contable, tecnócrata, en una muestra evidente de insensibilidad e inhabilidad. Eso, para no mencionar los vínculos poco mencionables entre esos empresarios y la clase política.

 

Las escenas de vandalismo fueron provocadas claramente por pequeños grupos. No se debe descartar la presencia de infiltrados, cuya misión sería precisamente provocar la reacción descontrolada de una policía formada en tiempos de la ‘doctrina de seguridad nacional’ de la dictadura militar. Es decir: cuando no hay control alguno tanto de quien organiza como de quien tiene la responsabilidad de asegurar el derecho constitucional de manifestar opinión, lo que se ve es lo que se vio hoy.

 

Mientras, la clase política permanece atónita. Es como si nadie supiese la extensión de la distancia que separa los políticos profesionales de la realidad del país.

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El capitalismo como religión y el neofranciscanismo como su disciplina

A cien días del relevo en el Vaticano el nuevo Papa cautiva sobre todo con sus gestos. Desde los fieles hasta los teólogos de la liberación como Leonardo Boff u otros disidentes como Hans Küng, casi todos se dejaron seducir. Francisco estableció un estilo sencillo y austero: evita prendas adornadas, optó por un anillo y una cruz de plata, calza zapatos negros viejos, rechazó un lujoso apartamento; más de una vez dijo que quiere una Iglesia pobre y para los pobres”. Como recuerda Damián Pierbattisti, Michel Foucault en Vigilar y castigar (1975) define el poder disciplinario como “la anatomía política del detalle”; no había últimamente otra ocasión donde aquella definición se vea con tal nitidez como con Francisco ( Página/12, 28/3/13).

 

Para estar claro: los gestos y los símbolos son importantes (lo dice el mismo Foucault). El elogio a la pobreza, humildad y sencillez que predicaba Francisco de Asís, como subraya Küng ( El País, 10/5/13) también, sobre todo si pensamos en Benedicto XVI con su muceta y zapatos rojos a la medida. En este sentido el encanto de Francisco reside hasta ahora en las diferencias con su(s) predecesor(es) y en lo superficial (para más, habrá que esperar). Pero si es verdad que las épocas de crisis –como la de hoy– permiten ver las cosas con más claridad, entonces necesitamos una mirada más amplia. La “austeridad papal”, más que desnudar los mecanismos del orden dominante, los encubre.

 

Si algo abunda hoy es el anticapitalismo superficial: de todos lados se escuchan quejas por los “excesos” de empresas, bancos y mercados. Este tipo de crítica “moral” es también la de Francisco. El Papa pide “justicia social”, cuya falta resulta en desocupación ( La Jornada, 1/5/13); instruye al clero a “aprender de la pobreza de los humildes” y a “evitar ídolos del materialismo que empañan el sentido de la vida” ( La Jornada, 9/5/13); pide “reformas al sistema financiero para distribuir mejor la riqueza” y condena “la tiranía del dinero y mercados”. “La antigua veneración del becerro de oro ha tomado una nueva y desalmada forma en el culto al dinero”, dice ( La Jornada, 17/5/13).

 

El mejor ejemplo de lo inocuo de esta crítica: Angela Merkel se reúne con Francisco y dice que “el Papa tiene razón” ( La Jornada, 19/5/13). Lo verdaderamente subversivo sería si el Papa argentino indicara por ejemplo el camino latinoamericano: la solución política a la crisis (sobre la que la UE calla) y un nuevo contrato social (todos están ocupados en destruir el viejo). Pero Bergoglio siempre estuvo de espaldas a los gobiernos populares, como los kirchneristas, a los cuales nunca ha reconocido por sacar a Argentina de la debacle 2001/2002 (él mismo en aquel entonces se limitó a distanciarse de los responsables y a llamar a la “resurrección moral del país”). Al no hablar de la “lección argentina” (la decisión acerca de la deuda, la importancia de la inversión social) o de los movimientos que hoy se oponen a la austeridad, con su “culto de la pobreza” sólo ofrece un componente espiritual a la “austeridad autoritaria” en Europa.


Si bien Francisco va más allá de Benedicto XVI (que cuando estalló la crisis sólo moralizaba sobre la “excesiva avaricia y consumismo”), acercándose a la crítica soft del capital de Juan Pablo II (que de todos modos destacaba en los 80 y 90), se queda corto comparado con el enfoque sistémico de la teología de liberación (Bergoglio siempre se encontraba en los antípodas de esta corriente; hoy sus representantes le dan el voto de confianza “por el bien de la atormentada Iglesia”). Como bien apunta Michael Löwy, el nuevo Papa sigue la tradicional doctrina social de la Iglesia, donde los pobres son sólo objetos de caridad y compasión, no sujetos de su propia historia que deben liberarse, estando muy lejos por ejemplo del pensamiento de Hugo Assmann o Franz Hinkelammert. Éstos, vinculando el catolicismo con el marxismo desarrollaron una crítica del capitalismo como una “falsa religión”, donde los ídolos del dinero, la ganancia y la deuda, como los del Antiguo Testamento exigen sacrificios humanos, imagen empleada por Marx en El capital ( Le Monde, 30/3/13).

 

Francisco critica el culto al dinero (“becerro de oro”), pero no cuestiona nuestra fe en el capitalismo. Su neofranciscanismo no es una herramienta de liberación, sino una nueva estrategia de disciplina; no está dirigida al sistema, ni a los banqueros, sino a la gente común. Es un mecanismo de contención que pretende hacer la crisis más manejable y hacernos asumir sus costos (lo que sería una paradoja ya que el gesto original de San Francisco, nacido en una familia de empresarios proto-capitalistas, fue profundamente antisistémico). La “austeridad papal” como “la política de detalle” foucaultiana pretende enseñarnos las bondades de “vivir con menos” y de “pedir menos” (sueldo, prestaciones, derechos, servicios), a contentarnos “con lo poco que hay” y neutralizar a la vez el potencial político de la pobreza.

 

Giorgio Agamben leyendo a Walter Benjamin y su texto El capitalismo como religión (1921) –comentado también extensamente por Löwy– subraya que su análisis y comparación cobran incluso mayor relevancia después de que fuera cancelado el patrón oro y aumentara el papel de la deuda. Pero la más iluminadora fue su intuición de que el capitalismo como religión “no tiende a la redención sino a la culpa, no a la esperanza sino a la desesperación, no a la transformación del mundo sino a su destrucción” ( Rebelión, 14/5/13). Incluso pocos marxistas, en su mayoría cegados por la “acumulación de las fuerzas productivas”, lo veían así, y no es sólo la ceguera del nuevo Papa. Pero la disciplina neofranciscana seguramente ayuda a hacer más suave nuestro viaje al precipicio (en un tren llamado “progreso”, por supuesto).

 

Por
Maciek Wisniewski*, pPeriodista polaco

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Anulan incremento al transporte tras oleada de protestas en Brasil

Fue un día de tensiones y emociones. Al final de la tarde, luego de la victoria de Brasil sobre México por dos goles a cero, y de manera casi simultánea, los alcaldes de Río, Eduardo Paes; de Sao Paulo, Fernando Haddad, y el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, anunciaron formalmente que a partir del lunes el costo de los pasajes de autobús y metro vuelven a como estaban. Es decir, el aumento de 20 centavos –menos de diez centavos de dólar– quedó anulado. El gobernador de Río, el gordito parlanchín Sergio Cabral, que jamás huye de la fascinación de las cámaras, esta vez prefirió abstenerse de enfrentar a la prensa.

 

El día terminó así: una victoria de Brasil y de los manifestantes que empezaron a quejarse del aumento en los pasajes de autobús y luego vieron su reivindicación transformarse en un movimiento que se extendió por todo el país y por todos los temas, sorprendiendo al gobierno y a la oposición.

 

Por la mañana hubo manifestaciones en Sao Paulo, con bloqueos de carreteras y avenidas que conforman el cinturón vial de la mayor ciudad sudamericana. Poco antes del mediodía fue la vez de Fortaleza, donde por la tarde se enfrentarían Brasil y México en la Copa Confederaciones. Horas antes del enfrentamiento deportivo manifestantes y la policía militar local se enfrentaron, a dos kilómetros del estadio. Hubo balas de goma, gas lacrimógeno, espray de pimienta y, claro, muchos heridos, entre éstos, familias que no tenían nada que ver con la manifestación y sólo querían llegar al estadio. Y también varios turistas mexicanos, atrapados en medio de una refriega de la cual apenas tenían noticia. Uno de ellos, Reinaldo, omitió su apellido. Pero aseguró a la radio Bandeirantes que desistió de volver al país el año que viene, para asistir al Mundial. Los que, como él, vinieron a la Copa Confederaciones, seguramente se asustaron no sólo con las manifestaciones y la violencia policial, sino también con el absurdo de aeropuertos que no funcionan, carreteras que son trampas mortales, precios estratosféricos y desorganización generalizada.

 

En Belo Horizonte y Brasilia, en Niterói y San Gonzalo, región metropolitana de Río, más manifestaciones, más depredaciones, más enfrentamientos con la policía militar. Al anochecer, una multitud cruzó, caminando, los 13 kilómetros del puente que une Niterói con Río. Y en Sao Paulo, los jóvenes del MPL (Movimiento Pase Libre, que empezó toda esa historia) anunciaban una nueva manifestación para mañana, pero esta vez, dijeron, para celebrar la victoria.

 

Y es exactamente en este punto que surge la pregunta: ¿con la victoria, toda esa movilización terminará? ¿Con la marcha atrás en los 20 centavos de aumento en los pasajes de autobús, los manifestantes que han sacudido al país en las últimas dos semanas se darán por satisfechos?

 


El drástico cambio de ruta del alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, del PT, se debe en buena medida –si no totalmente– al encuentro que mantuvo, al anochecer del pasado martes, con la presidenta Dilma Rousseff y con el ex presidente Lula da Silva. El malestar de ambos y del mismo PT era y es evidente. En una reunión celebrada poco antes del encuentro con el alcalde, Lula y Rousseff recriminaron, al unísono, la poca visión y la absoluta inhabilidad de Haddad por no haber negociado pronto con los manifestantes. El pasado jueves, cuando la policía militar estadual reprimió con brutalidad a los manifestantes, Haddad, de inmediato, debió haber dado marcha atrás en el incremento, consideran Lula y Rousseff. Y en vez de eso, prefirió mantenerse firme, a pesar de que a estas alturas el movimiento de protestas evidentemente se extendía con rapidez por todo el país, amenazando no sólo la popularidad, sino la estabilidad del gobierno.

 

Todo esto ocurre en un momento en que hay poco crecimiento económico y en que la gran prensa hegemónica exagera con la inflación (que, en realidad, se mantiene dentro de los parámetros previstos). Como resultado de ese escenario, la popularidad de la presidente Dilma Rousseff cayó ocho puntos. Luego de las multitudinarias manifestaciones de estos últimos días, podría caer aún más. Su relección en octubre del próximo año, considerada hasta ahora un paseo tranquilo, podría complicarse. La falta de proyecto y de consistencia de la oposición no significa que no se abra espacio para la insatisfacción de grandes parcelas de la población que hasta ahora permanecía en las sombras. De ahí la irritación, tanto de Lula, como de Rousseff, por la tenaz persistencia de Haddad en no conceder lo que pedían los manifestantes.

 

Fue preciso que las movilizaciones crecieran a niveles insólitos para que se diera cuenta de lo obvio.

 

Ahora, el problema es otro. La petición inicial, que detonó todo lo que viene ocurriendo, finalmente fue atendida. Pero, ¿y las otras? ¿Y las exigencias de mejor salud pública, mejor educación pública, mejor transporte público? ¿Y las furibundas reclamaciones sobre la inmovilidad de los partidos políticos, de la corrupción, del descrédito de parlamentarios? ¿Y las denuncias de la debilidad de las instituciones?

 

¿Algún Neymar en el gobierno?

 

Por la primera de sus exigencias, ganaron las calles. ¿Y por las otras? Es la pregunta que tendrá que ser contestada por las autoridades, y con urgencia.

 

A tiempo: Neymar fue genial en la cancha. ¿Habrá algún Neymar en el gobierno?

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Miércoles, 19 Junio 2013 05:35

La voz de las calles

La voz de las calles

Son días de tensión, convulsión pero también de perplejidad. Partidos aliados al gobierno y toda la oposición parecen atónitos. Un movimiento efectivamente espontáneo, nacido de pequeños grupos de estudiantes de clase media con el apoyo de partidos políticos de representación ínfima, desató, a partir de San Pablo, una ola de protestas que colmó las calles de decenas de ciudades y logró, el pasado lunes, poner al menos a 250 mil brasileños protestando contra todo y contra todos a lo largo y a lo ancho del país. Desde 1992, cuando centenares de miles de jóvenes se lanzaron a las calles para exigir la salida del entonces presidente Fernando Collor de Mello no se veía nada igual.

 

Hay, sin embargo, diferencias fundamentales con movilizaciones multitudinarias anteriores. En 1984, millones de brasileños fueron a las calles a exigir elecciones democráticas. En 1992, lo que se exigía era que el Congreso suspendiera el mandato de un presidente comprobadamente corrupto. En ambas ocasiones, partidos políticos, líderes y dirigentes, además de movimientos sociales, se unieron para perseguir un objetivo común. Había consignas claras y los actos masivos fueron organizados. O sea, han sido movimientos orgánicos, con fuerte adhesión popular.

 

Ahora, no. Todo empezó con movilizaciones pequeñas, que no lograron reunir a más de tres mil personas, protestando contra un aumento de veinte centavos de real –menos de diez centavos de dólar– en los buses de San Pablo. En poco más de diez días, el escenario se transformó. Ahora son manifestaciones populares sin vislumbre alguno de conducción orgánica. La represión llevada a cabo por la policía militar de San Pablo primero, y de otras ciudades después, produjo una adhesión masiva a los manifestantes. Hubo, es verdad, actos de vandalismo por parte de una minoría de manifestantes. Pero la salvaje actuación de la policía militar en San Pablo, especialmente el jueves de la semana pasada, desató la reacción popular.

 

Quedó claro que nadie, ni convocantes ni autoridades, esperaba semejante oleada. Un ejemplo claro: el pasado lunes, la policía militar de Río de Janeiro previó que la manifestación anunciada no reuniría más de tres mil personas y dispuso un esquema de seguridad para ese contingente de gente. La protesta reunió a cien mil.

 

Son muchas las preguntas que flotan en el aire, de la misma forma que son muchas las conclusiones a las que ya se puede llegar. Para empezar, ¿cómo es posible que un movimiento sin ninguna dirección clara y concreta se expanda tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo pueden convivir índices elevados de satisfacción y aprobación del gobierno con semejante demostración de insatisfacción? ¿Cómo es posible que nadie, ni en el gobierno y menos en la oposición, haya detectado esa ira latente? En los últimos años la inflación se mantuvo bajo control, el poder adquisitivo del salario medio creció en términos reales, el desempleo sigue en niveles mínimos. Alrededor de 50 millones de brasileños dejaron la zona de pobreza e ingresaron en la llamada nueva clase media. ¿De dónde viene tanto protestar?

 

Esas son las grandes preguntas. Y que los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, no saben contestar. Ahora quedó muy claro que no se aguanta más la pésima calidad de la educación pública, la caótica y perversa situación de la salud pública, el infernal sacrificio humano que significa, para los trabajadores de los grandes centros urbanos, enfrentar la cotidiana tortura del transporte público.

 

Queda claro, además, que el sistema político, tal como está, ya no representa, efectivamente, a gruesos contingentes de la población. Las alianzas políticas esdrújulas, diseñadas para asegurar la supuesta gobernabilidad, no aseguran otra cosa que intereses mezquinos de dirigencias partidarias que sólo tienen en común el acto de respirar. Las señales de alerta máximo se disparan; los políticos están atónitos.

 

Las decenas de miles de manifestantes que copan las calles de las ciudades exigen de todo, de la salud a la educación, del transporte al combate a la corrupción, de la inflación a los gastos desmesurados para realizar eventos deportivos como el Mundial de Fútbol o las Olimpíadas. Hay una brecha, se sabe ahora, entre el paraíso de los números y el infierno cotidiano de millones de brasileños.

 

Es muy revelador el resultado de una encuesta realizada en San Pablo, principal polo financiero de América latina, en los primeros días de las grandes protestas. Con todo su provincianismo metropolitano (que valga la contradicción), con todo su conservadorismo mal disfrazado, con su racismo latente y su sólido prejuicio social, con todo su orgullo de clase media acostumbrada a despreciar a los que no se les parecen, 55 por ciento de los paulistas han apoyado las movilizaciones de protesta.

 

Algo raro –y peligroso–, pero muy estimulante ocurre en Brasil. El gran peligro está en que no existe una conducción clara y organizada del movimiento. Con eso, y aunque quisiesen, las autoridades, los poderes constituidos, no tienen con quién dialogar o negociar en términos efectivos y conclusivos. Y más: al no existir tal conducción, la violencia de las minorías, para no mencionar a los eternos infiltrados, escapa fácilmente de control, como ocurrió seguidamente esos días.

 

Entre muchos puntos raros, salta uno: la evidente contradicción entre los niveles de aprobación del gobierno y de la misma presidenta Dilma Rousseff y la dureza de las exigencias de los manifestantes.

 

Otra rareza: por primera vez en Brasil, el uso de las redes sociales demuestra su eficacia. Utilizando un habitual refrán del ex presidente Lula da Silva, se puede asegurar que “nunca antes en este país” las redes fueron tan eficaces.

 

Hay perplejidad, hay dirigentes atónitos, hay tensión. Con razón ayer la presidenta Dilma Rousseff aprovechó una ceremonia rutinaria para decir que su gobierno está atento la voz de la calle.

 

Ojalá todavía haya tiempo para escuchar bien lo que dicen esas voces y empezar a cambiar las cosas, más cosas de las que ya han cambiado

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Miércoles, 19 Junio 2013 05:25

Cinco tesis sobre el agua

Cinco tesis sobre el agua

1. El agua no puede ser una mercancía

 

Cada quince segundos muere un niño en el mundo por falta de agua potable. No hay pretexto posible. El agua no puede ser tratada como una mercancía más, transable en los mercados y sujeta a las reglas del lucro.

 

El acceso al agua es un derecho humano básico. Sin agua potable y saneamiento, no hay ciudadanía real. Sin ellas no hay salud, ni posibilidad de ejercer la ciudadanía.

 

La OMS ha identificado 25 enfermedades graves generadas por su falta. Las sufren 1100 millones de personas en el planeta. Entre otras, la diarrea infantil, la hepatitis A, el cólera, el dengue.

 

El mundo tiene todas las posibilidades materiales y ahora tecnológicas para dar agua a todos.

 

Se está violando en gran escala ese derecho.

 

Debería ser incluido en las constituciones.

 

2. La falta de agua y saneamiento mata

 

Las personas necesitan un mínimo de 20 litros de agua diarios. Mil cien millones tienen menos de 5 litros. En los países ricos se gastan más de 200 litros diarios per cápita.

 

Anualmente mueren 1.800.000 niños por diarrea infantil, causada en gran parte por falta de agua potable y de instalaciones sanitarias.

 

Hay 2600 millones de personas que no tienen un inodoro, en el siglo del IPOD y la Internet.

 

Desesperados, los “sin agua” toman agua contaminada. El 50 por ciento de las camas hospitalarias está ocupado por quienes la han ingerido.

 

3. La gran humillación

 

Los impactos de no tener agua ni inodoros son devastadores, psicológica y culturalmente.

 

Los niños pobres caminan seis horas diarias para traer agua. Pierden 443 millones de días escolares haciéndolo. Las madres luchan muy duramente para conseguir agua para sus hijos.

 

La sociedad entera los está humillando a diario con no garantizar este derecho básico.

 

4. El mercado no funcionó

 

Se apostó en Argentina y América latina en los ’90 a que la “bala mágica” para resolver el problema eran las privatizaciones. La ONU ha demostrado en su informe de Desarrollo Humano dedicado al tema que fracasaron. Los resultados fueron muy graves para la población. Hubo mala gestión, especulación, subinversión, exclusión de los más pobres.

 

La ONU recomienda que el agua debe estar en manos de la gestión pública. Corresponde a ella asegurar un derecho tan básico.

 

5. Las enseñanzas de la experiencia argentina

 

En los ’90, Menem privatizó masiva y salvajemente la prestación de agua y cloacas. Dejó sin política pública de agua al país y con organismos reguladores muy débiles. Los déficit de prestación se agudizaron. En el Gran Buenos Aires, buena parte de la población no tenía acceso a agua ni cloacas. Se verificó que los niveles de nitrato de la prestación de agua privada en algunos municipios excedían más del 40 por ciento las normas de la OMS, lo que pueda generar cianosis y finalmente asfixia.

 

En 2003 se inició la reconstrucción de una política pública de agua y saneamiento con Enosa, Aysa, otras empresas públicas y grandes inversiones. Como lo ha informado la Secretaría de Obras Públicas, en 2003 hubo 40.000 casos de hepatitis A. El reestablecimiento del derecho al agua, con una agresiva política de salud, fueron claves para que en 2012 fueran sólo 275. También incidieron en el descenso de la mortalidad infantil en el período del 16,5 al 11,7 por mil. En ese lapso se dio agua potable a 5.700.000 nuevos usuarios y cloacas a 3,2 millones.

 

Falta mucho, pero es en esa dirección.

 

El tema del agua y el saneamiento no puede seguir siendo marginal o que “viene después”. Ya en la Biblia se garantiza el derecho al agua para todos. Su violación abierta es uno de los mayores escándalos de nuestro siglo. No figura en la agenda del uno por ciento más rico del planeta, dueño de casi la mitad del producto bruto mundial. La ciudadanía organizada lo ha puesto en el centro de la agenda pública en todo la Unasur.

 

Por Bernardo Kliksberg. En el marco del Congreso de Aloas, ante 500 directivos de empresas de agua de todo el continente, Bernardo Kliksberg dictó una conferencia magistral en la que presentó sus cinco tesis sobre el tema del agua.

 

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Crónica de una represión a la protesta

“¡Prensa, prensa!” Eso fue lo que grité al ver que un grupo de policías pertenecientes a la Tropa de Choque de Brasilia apuntó hacia donde me encontraba entrevistando a unos jóvenes indignados con los cientos de millones de dólares estatales destinados a la remodelación del estadio nacional Mane Garrincha en lugar de reforzar el presupuesto en educación y transporte. Sería liviano asegurar que los policías con uniformes camuflados oyeron el ¡”Prensa, Pprensa!” proferido con algo de desesperación por este cronista. Tampoco se puede afirmar que los miembros del grupo de elite de la policía brasiliense, adiestrados para disparar con armas letales y entre quienes no debe haber miopes, hayan visto la credencial de corresponsal, emitida por la Presidencia de la República, que les mostré con insistencia.

 

Lo cierto es que la respuesta dada a mis ademanes y el sonoro pedido para que no tiren fue el disparo de una bomba de gas lacrimógeno que cayó bastante cerca de mí, tanto como para sospechar que apuntaron al blanco. Pocos segundos después otro proyectil impactó junto a una señora sexagenaria, quien aparentemente era uno de los 71.000 espectadores que una hora más tarde ovacionaría a Neymar por su golazo a los tres minutos del primer tiempo de la goleada brasileña 3-0 frente a Japón, el sábado, en la apertura de la Copa, antesala del Mundial de 2014.

 

El ajuste de cuentas de la policía con los reporteros tiende a ser la regla y no la excepción en Brasil a medida que se calienta la protesta social y política. El jueves pasado al menos ocho periodistas fueron heridos, uno de ellos corre el riesgo de perder la visión, en los ataques de la Policía Militarizada de San Pablo contra miles de manifestantes contrarios al aumento del transporte público.

 

Desde el sábado, con el inicio de la Copa de las Confederaciones, esta nación gigante quedó en la mira de la opinión pública global, que en julio seguirá la visita del papa Francisco a Río de Janeiro, en 2014 asistirá a la Copa del Mundo y en 2015 a los Juegos Olímpicos.

 

Y aunque los diez años de gobiernos del Partido de los Trabajadores, ocho con Lula da Silva y dos con Dilma Rousseff favorita para la reelección según encuestas recientes, hayan transformado al país, aún no ha sido posible enterrar dos herencias de la dictadura: la ley de (auto)Amnistía que aborta todo proceso contra los represores y las policías militarizadas de las 27 provincias, entrenadas para funcionar como un estado represor, subyacente al Estado de Derecho.

 

La victoria de Brasil 3-0 sobre Japón el sábado en Brasilia fue una fiesta puertas adentro, mientras en las inmediaciones del estadio se registraban escenas de guerra urbana unilateral, porque no hubo registro de ataques de envergadura por parte de los participantes en la marcha.

 

La Policía Militarizada de la Gobernación de Brasilia estaba ensañada en una represión contra militantes, en su mayoría de izquierda, a través de un despliegue de hombres y equipamientos apropiados para repeler un ataque terrorista, apoyados por un drone similar a los utilizados por Estados Unidos, complementado por helicópteros volando a baja altura. Y todo ese aquelarre montado a pocas cuadras del despacho de la presidenta en el Palacio del Planalto.

 

Después de correr para escapar de los gases lacrimógenos y con un impacto de bala de goma en su pierna derecha Jean Junior, de 19 años, aspirante a ingresar en la Universidad de Brasilia, afirma “estoy con miedo y con alegría, porque la protesta está yendo bien”. “Nosotros no queremos la violencia y ellos la quieren”, dice Jean y exhibe imágenes que tomó pocos minutos antes de decenas de muchachos arrodillados, algunas chicas con flores, frente a la cancha, siendo agredidos por elementos armados por el Estado para celar por el cumplimiento de la ley, no para violarla. El chico está armado con una “tablet” y planea repeler la desinformación mediante la divulgación en las redes sociales del accionar de las fuerzas de seguridad. “Queremos que se vea esta represión salvaje, porque los de la (TV)Globo la esconden pasando nada más lo que pasa adentro de la cancha, el partido en serio se está jugando acá afuera.”

 

“Están pasando cosas en Brasil, ya hubo movilizaciones fuertes en Sao Paulo (dos la semana pasada y otra programada para ésta) y en Río de Janeiro, la gente está cansada, Dilma (Rousseff) tiene que escuchar lo que se dice en la calle”, afirmó el joven mientras continuaban los balazos de goma y bastonazos que dejaron al menos 29 heridos y 16 detenidos el sábado en la capital brasileña.

 

Habla a borbotones, se entusiasma, exagera que en Brasil puede estallar una “primavera árabe” y reconoce que “me falta aprender mucho de política, pero estoy bien a la izquierda”. “Me gusta el fútbol y no estoy en la cancha porque es cara la entrada, estoy acá porque estoy molesto con que se gasten millones en este estadio y no haya plata para la educación, la gente está descontenta en todo Brasil, pero no queremos echar al gobierno”, continúa.

 

A Jean Junior lo acompaña otro muchacho con un pañuelo al cuello y “un frasquito con vinagre para parar el efecto de los gases lacrimógenos”. Es Artur León, 18 años, también postulante a la universidad y su carnet de identidad político es similar al de muchos de los que vinieron a protestar: “No somos de ningún partido político porque no vemos nada que nos convenza, tampoco somos un bobos despolitizados”, se presenta. “A todos, o por lo menos a casi todos los que estamos acá nos cansó esto de armar una copa para que la vean los gringos y nosotros afuera, no somos contrarios a Dilma, ella tal vez no sea la culpable, pero es la presidenta y tiene que poner un basta”.

 

El gobierno pareció carente de reflejos para procesar este nuevo dato de la política que son las movilizaciones populares y juveniles destapadas en San Pablo, continuadas en Río y culminadas en Brasilia el sábado. Otras vendrán esta semana y posiblemente serán más multitudinarias que las anteriores.

 

El fin de semana el Palacio del Planalto demostró haber tomado nota del escenario y Dilma instruyó al ministro Gilberto Carvalho, un experimentado cuadro del PT, para que busque encauzar la situación alentando canales de diálogo.

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Rajoy impone la religión en las escuelas

Arranca junio y en el Hemisferio Norte el curso escolar se termina. Lo habitual sería estar decidiendo si mar o montaña para las vacaciones, pero este año la comunidad educativa en España no se relaja. A los recortes presupuestarios impuestos por la crisis se suma la reforma educativa que el ministro José Ignacio Wert quiere llevar adelante, sin más apoyo que el de la Iglesia Católica y la patronal de la escuela privada. La comunidad docente y todos los partidos de la oposición acusan al PP de devolver la escuela a tiempos franquistas, en los que las aulas estaban divididas por sexo y la religión era obligatoria (dos puntos que recoge la nueva norma). “Esta ley nos retrotrae a los años ’70, al período preconstitucional, porque la laicidad es fundamental para que haya democracia” asegura Pere Lirón, portavoz del área de educación del sindicato CGT. “La historia sagrada tiene que ofrecerse dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y no ligada a una Iglesia que presenta su versión como verdad absoluta. Una cosa es la cultura y otra el adoctrinamiento”, añade Lirón.

 

Otra de las recriminaciones que la comunidad educativa le hace a la reforma del ministro Wert es la de fomentar la privatización de la educación. Su declaración de intenciones puede verse ya en el prefacio de la ley, donde la enseñanza se define como “un medio para crear ciudadanos capaces de competir en el libre mercado”, y no “individuos críticos preparados para la convivencia democrática”, tal como consta en la legislación actual.

 

El representante de CGT advierte que la reforma permite expresamente recurrir a la inversión privada, “así el gobierno puede seguir reduciendo las asignaciones a la escuela pública” y que, por otra parte, desaparece la obligación del Estado de construir escuelas cuando haya demasiada demanda de plazas, “otorgando, en cambio, libertad total para la creación de centros privados, a donde se podría derivar a los alumnos que no tuvieran lugar en las públicas”.

 

La nueva ley cambiará también los criterios para la financiación estatal de las escuelas, estableciendo pruebas externas para clasificar a los colegios según sus resultados y en base a ellos dotar de mayores recursos a unos u otros. Anna Montero, representante del sindicato UGT, explica que ya no se pagará en función de las necesidades de los centros y sus alumnados sino de acuerdo con la puntuación que obtengan en estos rankings. “De esta forma se fomenta la competitividad entre profesionales, además de discriminar a los sectores más desfavorecidos, porque las escuelas se volverán más selectivas y rechazarán a aquellos que puedan hacer bajar su clasificación, a inmigrantes por ejemplo”, denuncia esta profesora de Barcelona.

 

Por otro lado, los docentes se muestran preocupados por las modificaciones que el gobierno quiere introducir en el funcionamiento interno de los centros, donde la figura del director cobrará un protagonismo inusitado. “Volveremos a un sistema autoritario, en el que la dirección se encarga de la admisión de alumnos y de la composición de la plantilla del centro”, afirma Carme Jodar, portavoz del área educativa del sindicato CNT. “Esto antes dependía de un sistema público de concursos, pero ahora se saltan todas las garantías de igualdad y el director puede escoger unos perfiles de docentes determinados por sus criterios subjetivos, tal como sucede en las empresas.”

 

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) es la octava reforma de la enseñanza que se realiza desde la llegada de la democracia. Pese a que el ministro Wert defiende que es un cambio necesario para dejar atrás las alarmantes cifras de abandono escolar temprano (un 24,9 por ciento), desde la oposición se considera que parte del fracaso del sistema de enseñanza español se debe, precisamente, a esta continua modificación de las leyes. Pedro Galiana, delegado del sector educativo del sindicato USOC, confirma que “el porcentaje de alumnos que salen sin un título profesionalizado es menor al 50 y la causa fundamental es esta falta de consenso, que obliga a los profesores a estar rehaciendo continuamente programaciones didácticas. En este país –añade–, la enseñanza está tan ideologizada que nos consta que cuando gane el PSOE la ley volverá a cambiarse, igual que teníamos clarísimo que la norma de Zapatero la iba a modificar el PP cuando ganara”.

 

El malestar por la imposición de la Lomce llega en un contexto de profundos recortes educativos (más de 6700 millones desde 2010) a causa de la crisis económica y los estrictos objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. La portavoz de UGT, Anna Montero, cuenta cómo vive estas reducciones en su labor diaria como docente de secundaria: “El mayor problema es que se dejaron de hacer sustituciones. Ahora, cuando falta un profesor, se reparten los alumnos en distintos grupos o se los lleva el docente que está cargo de una clase reducida, es decir, de aquella diseñada para chicos con dificultades. El resultado es que se deja de atender a los estudiantes más necesitados”.

 

Por su parte, Carme Jodar, militante del sindicato CNT y también profesora, testimonia que les sacaron del sueldo las horas de trabajo en casa para la preparación de clases, “con lo cual la calidad de la enseñanza evidentemente baja”.

 

A la vez que se recorta en salarios y se aumenta la ratio de alumnos por aula, se lanza en España una reforma que, según el propio ministro Wert, costará 408 millones de euros. Pere Lirón, de CGT, responde a esta paradoja: “Es otro de los despropósitos de una ley que está hecha sólo con la voluntad de crear enfrentamiento y es imposible de aplicar tal como está planteada”.

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Sábado, 08 Junio 2013 07:37

Es hora de aumentar el salario mínimo

Es hora de aumentar el salario mínimo

En pocas semanas se cumple el 50 aniversario del histórico discurso “Tengo un sueño” pronunciado por Martin Luther King Jr. en la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad del 28 de agosto de 1963.


 
El 4 de abril de este año se cumplieron 45 años del asesinato de King. Poco antes de ser asesinado, King había lanzado la Campaña de los Pobres, cuyo objetivo era erradicar la pobreza. A quienes se congregaron en la Catedral Nacional de Washington D.C. les dijo: “Al igual que un monstruoso pulpo, la pobreza extiende sus agobiantes y prensiles tentáculos sobre pueblos y aldeas de todo nuestro mundo. Dos tercios de las personas del mundo se irán a dormir con hambre esta noche. Habitan viviendas precarias, están mal alimentados y pobremente vestidos. Lo he visto en América Latina, lo he visto en África y he visto esa pobreza en Asia".


 
Eso ocurría el 31 de marzo de 1968, cuatro días antes de ser asesinado en Memphis, Tennessee, a donde se había dirigido para marchar en solidaridad con los trabajadores de limpieza en huelga.


 
Ese año, el salario mínimo estaba en su pico histórico más alto, en términos de poder adquisitivo real. Fue establecido por primera vez en 1938 por el Presidente Franklin D. Roosevelt, que dijo: “Nuestro país, tan rico en recursos naturales y con una población tan capaz y trabajadora debería ser capaz de idear formas y medios de garantizar a todos nuestros hombres y mujeres trabajadores un justo jornal por un justo día de trabajo”.


 
Cuarenta y cinco años después de que King lanzara su Campaña de los Pobres, la pobreza alcanza nuevamente niveles críticos. Aquel importantísimo bastión contra la pobreza, el salario mínimo, es actualmente de 7,25 dólares por hora, resultado de un proyecto de ley promulgado por el Presiente George W. Bush. El Presidente Barack Obama, tras ser electo por primera vez, prometió un salario mínimo de 9,50 dólares la hora para 2011. En su discurso del año 2013 sobre el Estado de la Unión, sin haber logrado alcanzar dicho objetivo, Obama expresó: “Esta noche, declaremos que, en el país más rico de la Tierra, ninguna persona que trabaje a tiempo completo debe vivir en la pobreza y aumentemos el salario mínimo federal a 9 dólares la hora. Deberíamos ser capaces de hacerlo. Esta simple medida incrementaría los ingresos de millones de familias trabajadoras. Podría marcar la diferencia entre ir a una tienda a comprar alimentos o tener que ir al banco de alimentos, entre pagar la renta o ser desalojado, entre vivir en una lucha para cubrir los gastos o finalmente salir adelante".


 
El defensor de los derechos de los consumidores Ralph Nader no se impresiona con la retórica del presidente. “¿Hubo alguna vez en la Casa Blanca mayor embaucador que Barack Obama? No movió un dedo desde que hizo esas declaraciones. Hizo las promesas en la campaña de 2008 y luego no dijo nada durante cuatro años acerca de aumentar el salario mínimo. No ejerció presión alguna sobre el Congreso. Ni siquiera permitió actuar a la gente de su propia Casa Blanca respecto a este tema”.
 


Ralph Nader viene con un nuevo libro bajo el brazo, “Told You So”, en español: “Te lo dije”, en el que critica con dureza el gobierno de Obama en relación a una amplia gama de temas, que van desde las concesiones que hace a los delincuentes que dirigen las grandes empresas hasta el trato que reciben los prisioneros de Guantánamo. Nuevamente, en relación al salario mínimo, Nader dice: “La crueldad aquí es increíble. Somos un país avanzado del Tercer Mundo. Tenemos gran equipamiento militar, ciencia y tecnología. La mitad de la gente del país es pobre. Ni siquiera pueden pagar sus cuentas. Están profundamente endeudados. Y entonces la gente se sienta y dice: ‘Tienen el poder. No podemos hacer nada’. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Treinta millones de trabajadores de este país ganan menos hoy de lo que ganaban esos mismos trabajadores en 1968, reajustado según la inflación. Son los trabajadores que limpian por nosotros, que producen nuestros alimentos, que nos atienden en los comercios, que cuidan de nuestros abuelos enfermos. Tomemos conciencia de esa cifra. Esos son los trabajadores más subempleados y los que tienen menor cobertura de salud. Trabajan en las peores condiciones de seguridad laboral. No tienen sindicatos. Y la pregunta es si nuestra sociedad es tan incapaz de movilizarse. Si nuestra sociedad ha renunciado a tal punto a su soberanía cívica que no puede lograr que el salario mínimo iguale al de 1968”.


 
Nader, candidato presidencial en cuatro oportunidades, exhorta a la gente a que envíe “citaciones” a sus respectivos miembros del Congreso mediante una nota citatoria que puede obtenerse del sitio web TimeForARaise.org y a exigir asambleas públicas durante el receso del Congreso en el mes de agosto.


 
Y no es solamente Ralph Nader. La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York acaba de hacer público un nuevo estudio: “Cambio en la alimentación: Satisfacer el derecho a la alimentación en Estados Unidos". El informe indica que cincuenta millones de personas, lo que representa uno de cada seis estadounidenses, viven con ingresos que no les permiten acceder a una alimentación adecuada. De ellos, casi diecisiete millones son niños. A pesar de ello, el Congreso avanza con el plan de debilitar el financiamiento de programas de seguridad alimentaria, como los bonos de alimentación.


 
Las palabras pronunciadas por el Dr. King en aquel discurso en la Catedral Nacional tienen validez en estos tiempos, en que nos enfrentamos nuevamente a la crisis de la pobreza y el hambre: “Esta es la oportunidad de Estados Unidos de acortar la brecha entre los que tienen y los que no. La pregunta es si Estados Unidos lo hará. No hay nada nuevo sobre la pobreza. Lo que es nuevo es que ahora tenemos las técnicas y los recursos para librarnos de la pobreza. La verdadera pregunta es si tenemos la voluntad”.
 

7 de junio de 2013


 
Amy Goodman y Denis Moynihan

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