Lunes, 24 Junio 2013 06:48

La revuelta de los veinte centavos

La revuelta de los veinte centavos

El aumento en el precio del transporte fue la brecha por la que se coló el profundo descontento que vive la sociedad brasileña. En apenas dos semanas las movilizaciones se multiplicaron: de 5 mil los primeros días a más de un millón en cien ciudades. La desigualdad, la falta de participación y la represión son los grandes temas.


Los abucheos y rechiflas dieron la vuelta al mundo. Dilma Rousseff no se inmutó, pero sus facciones denotaban incomodidad. Joseph Blatter sintió la reprobación como algo personal y se despachó con una crítica a la afición brasileña por su falta de fair play. Que la presidenta de Brasil y el mandamás de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del mundo, fueran desairados por decenas de miles de aficionados de clase media y media alta, porque los sectores populares ya no pueden acceder a estos espectáculos, refleja el hondo malestar que atraviesa a la sociedad brasileña.

 

Lo sucedido en el estadio Mané Garrincha de Brasilia saltó a las calles, amplificado, el lunes 17, cuando más de 200 mil personas se manifestaron en nueve ciudades, en particular jóvenes afectados por la carestía y la desigualdad, que se plasma en los elevados precios de servicios de baja calidad, mientras las grandes constructoras amasan fortunas en obras para los megaeventos a cargo del presupuesto estatal.

 

Todo comenzó con algo muy pequeño, como sucede en las grandes revueltas del siglo XXI. Un modesto aumento del transporte urbano de apenas 20 centavos (de 3 a 3.20 reales, dos pesos uruguayos). Primero fueron pequeñas manifestaciones de militantes del Movimiento Pase Libre (MPL) y de los comités contra las obras del Mundial de 2014. La brutalidad policial hizo el resto, ya que consiguió amplificar la protesta convirtiéndola en la mayor oleada de movilizaciones desde el impeachment contra Fernando Collor de Melo, en 1992.

 

El viernes 7 de junio se realizó la primera manifestación en São Paulo contra el aumento del pasaje con poco más de mil manifestantes. El martes 11 fueron otros tantos, pero se quemaron dos autobuses. Las dos principales autoridades, el gobernador socialdemócrata Geraldo Alckmin, y el alcalde petista Fernando Haddad, se encontraban en París promoviendo un nuevo megaevento para la ciudad y tacharon a los manifestantes de “vándalos”.

 

El miércoles 12 una nueva manifestación se saldó con 80 autobuses atacados y ocho policías heridos. El jueves 13 los ánimos estaban caldeados: la policía reprimió brutalmente a los 5 mil manifestantes provocando más de 80 heridos, entre ellos varios periodistas de Folha de São Paulo. Un tsunami de indignación barrió el país que se tradujo, pocas horas después, en los abucheos contra Dilma y Blatter. Hasta los medios más conservadores debieron reflejar la brutalidad policial. La protesta contra el aumento del boleto convergió sin proponérselo con la protesta contra las millonarias obras de la Copa de las Confederaciones. Lo que parecían manifestaciones pequeñas, casi testimoniales, se convirtieron en una ola de insatisfacción que abarca todo el país.

 

Síntoma de la gravedad de los hechos es que el lunes 17, cuando se produjo la quinta movilización con más de 200 mil personas en una decena de capitales, los políticos más importantes del país, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva condenaron la represión. “Descalificarlos como vándalos es un grave error. Decir que son violentos no resuelve nada. Justificar la represión es inútil”, escribió Cardoso quien atribuyó las protestas al “desencanto de la juventud frente al futuro”.

 

Lula tuiteó algo similar: “La democracia no es un pacto de silencio, sino una sociedad en movimiento en busca de nuevas conquistas. La única certeza es que el movimiento social y las reivindicaciones no son cosa de la policía, sino de mesas de negociación. Tengo la certeza de que entre los manifestantes la mayoría están dispuestos a ayudar a construir una solución para el transporte urbano”. Además de desconcertar a las élites, los manifestantes consiguieron que se suspendieran los aumentos.

 

La sensación de injusticia

 

El transporte público en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro es uno de los más caros del mundo y su calidad es pésima. Un relevamiento del diario Folha de São Paulo analiza los precios del transporte público en las dos mayores ciudades del país respecto del tiempo de trabajo necesario para pagar un pasaje, en relación con el salario medio en cada ciudad. El resultado es catastrófico para los brasileños.

 

Mientras un habitante de Rio necesita trabajar 13 minutos para pagar un pasaje y un paulista 14 minutos, en Buenos Aires sólo se tiene que trabajar un minuto y medio, 10 veces menos. Pero la lista incluye las principales ciudades del mundo: en Pekín el pasaje equivale a 3 minutos y medio de trabajo; en París, Nueva y Madrid, seis minutos; en Tokio, nueve minutos, lo mismo que en Santiago de Chile. En Londres, una de las ciudades más caras del mundo, cada pasaje demanda 11 minutos de trabajo ( Folha de São Paulo, 17 de junio de 2013).

 

El periódico cita al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para ejemplificar lo que debería ser la democratización urbana: “La ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres andan en auto, sino aquella en la que los ricos usan el transporte público”. En Brasil, concluye el diario, está sucediendo lo contrario.

 

En los últimos ocho años el transporte urbano en São Paulo se ha deteriorado según revela un informe de O Estado de São Paulo. La concesión vigente fue asignada durante la gestión de Marta Suplicy (PT) en 2004. El sistema de transporte colectivo creció de mil 600 a 2 mil 900 millones de pasajeros entre 2004 y 2012. Sin embargo, los autobuses en circulación descendieron de 14 mil 100 unidades a 13 mil 900. La conclusión es casi obvia: “Más gente está siendo transportada pagando un precio más caro en menos omnibus que hacen menos viajes” ( O Estado de São Paulo, 15 de junio de 2013). En cada unidad viaja 80 por ciento más de pasajeros.

 


Según la Secretaría Municipal de Trasportes de la ciudad, la mejora en la situación económica ha provocado un aumento de la cantidad de pasajeros pero, a su vez, los autobuses hacen menos viajes por el congestionamiento del tránsito, lo que inevitablemente “recae sobre los usuarios que sufren por la ineficiencia del sistema, con el aumento en el tiempo de los viajes”. Los costos también se han disparado por la ineficiencia que supone un mal aprovechamiento de la infraestructura.

 

Si a esto se suma el despilfarro que suponen las inversiones millonarias en las obras del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, con su secuela de traslados forzados de pobladores, puede comprenderse mejor el malestar reinante. Los seis estadios que se inauguraron en la Copa de las Confederaciones insumieron casi 2 mil millones de dólares. La remodelación de Maracaná superó 500 millones y otro tanto el Mané Garrincha, una obra monumental con 288 columnas que le confieren un aspecto de “coliseo romano moderno”, según el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke. Todo ese dinero público para recibir un partido durante la Copa y siete en el Mundial.

 

Son recintos de lujo construidos por media decena de grandes constructoras, algunas de las cuales se adjudicaron también la administración de estas arenas donde se realizarán espectáculos a los que muy pocos tendrán acceso. El costo final de todas las obras suele duplicar los presupuestos iniciales. Aún faltan seis estadios que están en obras, la remodelación de aeropuertos, autopistas y hoteles. El BNDES acaba de conceder un préstamo de 200 millones de dólares para la finalización del Itaquerão, el nuevo estadio del Corinthians, donde se jugará el primer partido del Mundial 2014.


Cansados de pan y circo

 

La Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa difundió un informe en el que señala que en las 12 ciudades que albergarán partidos del Mundial hay 250 mil personas en riesgo de ser desalojadas, sumando las amenazadas por realojos y las que viven en áreas disputadas para obras (BBC Brasil, 15 de junio de 2013). Hubo casos en que una vivienda fue demolida con un aviso previo de sólo 48 horas. Muchas familias realojadas se quejan de que fueron trasladadas a lugares muy distantes con indemnizaciones insuficientes para adquirir nuevas viviendas, de menos de cinco mil dólares en promedio.

 

Para completar este panorama, sólo para la Copa de las Confederaciones se dispuso un operativo militar que supuso la movilización de 23 mil elementos de las tres armas que incluye un centro de comando, control e inteligencia. El dispositivo moviliza 60 aviones y 500 vehículos. La disputa del Mundial 2014 ha obligado a Brasil a construir 12 estadios, 21 nuevas terminales aeroportuarias, siete pistas de aterrizaje y cinco terminales portuarias. El costo total para el Estado de todas las obras será de 15 mil millones de dólares.

 

Ante semejante despliegue de gastos para construir recintos de lujo resguardados con máxima seguridad, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) divulgó un comunicado en el que condena la brutalidad policial asegurando que lo sucedido el 13 de junio en São Paulo “nos remite a tiempos sombríos de la historia de nuestro país” (www.conic.org.br). El texto de las iglesias denuncia la falta de apertura al diálogo y asegura que “la cultura autoritaria sigue siendo una característica del Estado brasileño”.

 

Le recuerda al gobierno que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer varias recomendaciones, entre ellas poner fin a la policía militar. La CONIC cree que la represión policial contra las manifestaciones es la misma de “los exterminios de jóvenes que suceden cotidianamente en las periferias de las ciudades”. Finaliza diciendo que los grandes eventos que sólo traerán más ganancias “al mercado financiero y a los mega conglomerados empresariales”. “No queremos sólo circo. Queremos también pan, fruto de la justicia social”.

 

Si este es el estado de ánimo de las iglesias, puede imaginarse cómo se sienten los millones de jóvenes que invierten dos horas en ir a trabajar, tres en retornar a sus casas “en ómnibus estúpidos y caros y enfrentan 200 kilómetros de congestionamiento”, como describe el escritor Marcelo Rubens Paiva ( O Estado de São Paulo, 16 de junio de 2013). Todos los paulistas saben que los ricos viajan en helicóptero. Brasil posee una de las mayores flotas de aviación ejecutiva del mundo. Desde que gobierna el PT la flota de helicópteros creció 58.6 por ciento, según la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG).

 

São Paulo tiene 272 helipuertos y más de 650 helicópteros ejecutivos que realizan alrededor de 400 vuelos diarios. Muchos más que ciudades como Tokio y Nueva York. “Actualmente la capital paulista es la única ciudad del mundo que posee un control de tráfico aéreo exclusivo para helicópteros”, dice la ABAG. Por eso fluye a indignación y por lo mismo tantos festejaron el retorno de la protesta, para lo que tuvieron que esperar nada menos que dos décadas.

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Lunes, 24 Junio 2013 06:36

Noticias cotidianas

Noticias cotidianas

Todos las noches en Nueva York, la ciudad más rica del país más rico del mundo y la capital del capital, uno tiene que caminar cuidadosamente para no molestar a los que están durmiendo en la calle.

 

Todos los días más de 50 mil personas pernoctan en las calles o en albergues –21 mil de ellas son menores de edad– en esta ciudad, que ha experimentado un auge en construcción de edificios de lujo. Este es un incremento desmedido desde que Michael Bloomberg, el hombre más rico de Nueva York, asumió como alcalde: la población de los albergues se ha incrementado 61 por ciento y ha habido un aumento de 73 por ciento en total de la población sin techo, según la Coalición por los Sin Hogar.

 

Todos los días uno escucha que la bolsa de valores subió o bajó, como si ello fuera uno de los datos más importantes del mundo. Mientras los miles de sin techo buscan una esquina o un catre en algún albergue, los ricos van midiendo cuántos millones subieron o bajaron sus fortunas mientras caminan cuidadosamente sobre los bultos humanos en las banquetas, a veces ofreciendo un dólar o dos. No importa que sus fortunas provengan de mil manipulaciones, especulaciones, estafas y engaños, parte del fraude del siglo que se cometió en este país en los últimos años.

 

Día tras día, para algunos cuantos, todo funciona a la perfección. Sólo se tienen que contar, para entender todo bien, cosas como que los seis herederos de la fortuna de Walmart tienen más riqueza que 42 por ciento de estadunidenses que están en la parte baja de la pirámide socioeconómica, según el Instituto de Política Económica.

 

Todos los días, en promedio, hay 32 muertos (ocho de ellos menores de edad) y 140 heridos por la violencia con armas de fuego en el país. Los fabricantes de armamento están felices. También los empresarios dedicados a la industria de la seguridad pública, quienes lucran con enjaular “delincuentes”, siempre y cuando no sean banqueros. Tanto así que uno de los sectores más dinámicos de la economía ha sido la industria carcelaria, cada vez más privatizada –las dos compañías más grandes dedicadas a este negocio obtuvieron 3 mil millones dólares en ingresos en 2010–, incluyendo el creciente business de detener a migrantes.

 

Hay un lugar que defiende ferozmente el derecho a las armas y también el derecho del Estado a matar. Texas está por ejecutar al número 500 de sus reos, desde que la pena de muerte fue reinstalada en este país en 1976. Kimberly McCarthy, de 52 años, mujer afroestadunidense, enfrentará la inyección letal el próximo miércoles por el asesinato de su vecino, si los tribunales no emiten una orden de último momento para detener la ejecución.

 

Todos los días se gastan sumas masivas no sólo en lo que se llama seguridad pública, sino en la “seguridad nacional”, término que no tiene nada de nacional, sino abarca el mundo entero. Todo, dicen, para defender la “libertad”, la “paz” y los “derechos humanos”.

 

Parte de este aparato masivo de “seguridad nacional” fue expuesto con la revelación –una vez más– de que todos los días las autoridades del país que se proclama campeón de las libertades civiles, incluyendo el derecho a la privacidad y la libre expresión, están vigilando a millones aquí y alrededor del mundo.

 


La violación sistemática de la privacidad por el gobierno ha generado una reacción dividida y confusa entre la población. Una encuesta del Centro de Investigación Pew registró que 49 contra 44 por ciento cree que la filtración de los documentos secretos por Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, sirvió al “bien público”, pero a la vez una mayoría, 54 por ciento, considera que debería ser procesado penalmente por la filtración. Más preocupante es que una mayoría (53 por ciento) piensa que los programas masivos de vigilancia sobre las comunicaciones personales de millones ha ayudado a prevenir atentados “terroristas”. Una mayoría (54 por ciento) estima que el gobierno ha recaudado datos sobre sus comunicaciones por teléfono o vía cibernética.

 

Una caricatura de PC Vey, publicada en The New Yorker, resume todo: se ve una pareja sentada en un sofá frente a una televisión y uno de ellos comenta: “No me molesta ceder la apariencia de privacidad para vivir con la ilusión de la seguridad”.

 

¿Y qué pasa con quien reveló que el gobierno espía a todo el mundo? Lo acusan de espiar. Edward Snowden ahora enfrenta cargos conforme a la Ley de Espionaje de 1917 (norma creada para perseguir a disidentes en la Primera Guerra Mundial) y se vuelve el séptimo caso encuadrado en esa ley durante la presidencia de Barack Obama; sólo se había usado tres veces por los presidentes anteriores.

 

“Los gobiernos no deberían tener esta capacidad. Pero emplearán toda la tecnología disponible para combatir a su enemigo principal: sus poblaciones”, afirmó Noam Chomsky a The Guardian recientemente. “Los gobiernos no son representativos. Tienen poder propio y sirven a los segmentos de la población que son dominantes y ricos.”

 

Todos los días se advierte que el cambio climático tiene consecuencias cada vez más devastadoras. Sin embargo, esto podría tener un lado positivo. Un gran amigo defensor de los derechos humanos, quien persigue terroristas y ladrones latinoamericanos que encuentran refugio en Estados Unidos, envió un correo con el título “Buenas noticias”. Contenía un reportaje que afirmaba que antes del fin del siglo Miami desaparecerá bajo las aguas del mar como resultado de la crisis climática.

 

Tal vez los homeless son los más inteligentes: no están en manos de los banqueros, no suelen tener armas de fuego. Suelen no tener teléfonos ni computadoras, y no tienen casas que pudieran inundarse por la crisis ecológica. Sin querer, se salvan de tanta estafa, balas, espionaje e irresponsabilidad ambiental.

 

Todos los días la noticia cotidiana aquí es sobre un país que parece enfrentar amenazas a su bienestar. Pero el “enemigo”, tal vez, no es el que está allá fuera.

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“La lucha latinoamericana marca un camino”

La lucha de Wikileaks es una gesta compleja. En mi trabajo como periodista he luchado contra guerras y para que los grupos poderosos rindieran cuentas ante el pueblo.

 

Mediante esta labor, he llegado a comprender la dinámica del orden internacional y la lógica del imperio. He visto a países pequeños ser amedrentados y dominados por países más grandes o plagados de empresas extranjeras que los hacen tomar decisiones en detrimento propio. He visto el amordazamiento del deseo popular, elecciones compradas y vendidas, y las riquezas de países como Kenia robadas y rematadas entre plutócratas en Londres y Nueva York. Estas experiencias me han formado como criptopunk. Me han aportado una sensibilidad respecto de los temas que se discuten en este libro, que es de especial interés para los lectores de América latina. El libro no los examina en su totalidad, eso es para otro libro –para muchos otros libros–. Pero quisiera detenerme en estos temas y pedirles a los lectores que los tengan en mente durante la lectura del presente texto.

 

En los últimos años se ha visto el debilitamiento de las viejas hegemonías. Las poblaciones desde el Magreb hasta el golfo Pérsico se han levantado ante tiranías para conseguir la libertad y la autodeterminación. Movimientos populares en Pakistán y Malasia prometen constituir un nuevo foco de fuerza en el escenario mundial. Mientras que América latina ha comenzado a transitar un período muy esperado de soberanía e independencia tras siglos de dominio imperial. Cuando el sol se pone sobre las democracias occidentales, estos avances constituyen la esperanza de un nuestro mundo. Viví en carne propia la nueva independencia y vitalidad de América latina cuando Ecuador, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) e incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) salieron en defensa de mis derechos luego de haber recibido asilo político.

 

La duradera lucha latinoamericana por la autodeterminación es importante porque marca el camino para que el resto del mundo avance hacia la libertad y la dignidad. Pero la independencia de América latina está aún en pañales. Los intentos desestabilizadores de Estados Unidos todavía son moneda corriente en la región, como ocurrió, no hace mucho, en Honduras, Haití, Ecuador y Venezuela.

 

Este es el motivo por el cual el mensaje criptopunk es de especial importancia para el público de América latina. El mundo debe ser consciente del riesgo que la vigilancia significa para América latina y para el antiguo Tercer Mundo. La vigilancia estatal no sólo es un problema para la democracia o para la gobernabilidad, sino que es un problema geopolítico. El control de toda una población por parte de poderes internacionales naturalmente amenaza la soberanía. Las sucesivas intervenciones en los asuntos de las democracias latinoamericanas nos han enseñado a ser realistas. Sabemos que los antiguos poderes coloniales usarán cualquier ventaja para impedir la consagración de la independencia de todo el continente.

 

Este libro debate sobre lo que ocurre cuando corporaciones estadounidenses como Facebook disponen de una penetración casi total en la población de un país entero, pero no se detiene en las cuestiones geopolíticas de fondo.

 

Haciendo una simple consideración geográfica se nos presenta un aspecto importante. Todo el mundo sabe que la geopolítica global está determinada por los recursos petroleros. El flujo del crudo determina quién domina, quién es invadido y quién es marginado de la comunidad global. El control físico de sólo un segmento de un oleoducto ofrece un enorme poder geopolítico. Los gobiernos en esta posición pueden obtener enormes concesiones.

 

Entonces ocurre que, de un golpe, el Kremlin puede sentenciar a Europa del Este y Alemania a un invierno sin calefacción. Y la sola posibilidad de que Teherán construya un oleoducto que llegue a India y a China alcanza como pretexto para la lógica belicosa de Washington. Con el control de los cables de fibra óptica, por donde pasan los gigantes flujos de datos que conectan a la civilización mundial, ocurre lo mismo que con los oleoductos. Este es el nuevo juego: controlar la comunicación de miles de millones de personas y organizaciones.

 

No es secreto que, en lo referente a Internet y a las comunicaciones telefónicas, todos los caminos desde y hacia América latina pasan por Estados Unidos. La infraestructura de Internet dirige gran parte del tránsito. A diferencia de “vigilancia” (“Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno”, DRAE) el término inglés implica la vigilancia de sospechosos para evitar o detectar crímenes. Tiene connotaciones de control social y represión. Es usado frecuentemente cuando esa vigilancia se realiza por medios tecnológicos. El surveillance state refiere a un Estado que desarrolla una vigilancia (control, espionaje) masiva de sus habitantes arriesgando su privacidad y los derechos humanos. A lo largo de toda la obra el término vigilancia debe ser comprendido con esa connotación de la palabra inglesa.

 

El gobierno de Estados Unidos no ha mostrado muchos escrúpulos en transgredir su propia ley al interceptar estas líneas para espiar a sus propios ciudadanos. Y no existen las leyes que impidan espiar a ciudadanos extranjeros. Cada día, cientos de millones de mensajes de toda América latina son devorados por las agencias de espionaje de Estados Unidos y almacenados para siempre en depósitos del tamaño de ciudades. Los aspectos geográficos relativos a la infraestructura de Internet por lo tanto tienen consecuencias para la independencia y soberanía de América latina. El problema también trasciende la geografía. Muchos gobiernos y ejércitos latinoamericanos resguardan sus secretos con hardware criptográfico. Se trata de aparatos y programas que codifican y decodifican mensajes. Los gobiernos adquieren estos equipos para mantener sus secretos a salvo, a menudo con un alto costo para el pueblo, porque le temen, con razón, a la interceptación estadounidense de sus comunicaciones.

 

Pero las compañías que venden estos costosos dispositivos gozan de lazos estrechos con la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos (Intelligence Community). Estos dispositivos están con frecuencia deliberadamente violados con un propósito: no importa quién vaya a usarlos o cómo lo hará (las agencias estadounidenses pueden desencriptar la señal y leer los mensajes).

 

Estos dispositivos son vendidos a América latina y a otros países como una forma de proteger sus secretos, pero en realidad son una forma de robar esos secretos. Los gobiernos estarían más a salvo usando software criptográfico abierto desarrollado por criptopunks, cuyo código es abierto para que todo el mundo vea que no se trata de una herramienta de espionaje, y que está disponible al precio de una conexión a Internet.

 

Mientras tanto, Estados Unidos está acelerando la próxima gran carrera armamentista. Los descubrimientos de los virus Stuxnet, Duqu y Frame, anuncian una nueva era de programas altamente complejos con finalidad destructiva concebidos por Estados poderosos para atacar a Estados más débiles. Su uso agresivo en un primer golpe contra Irán está dirigido para socavar los esfuerzos persas para conseguir la soberanía nacional, finalidad que va en contra de los intereses estadounidenses e israelíes en la región.

 

Había una época en la que el uso de los virus informáticos en tanto armas ofensivas era un mecanismo argumental en novelas de ciencia ficción. Ahora es una realidad global, estimulada por la conducta irresponsable de la administración Obama, en contraposición a la ley internacional. Otros Estados ahora harán lo propio, mejorando su capacidad ofensiva para alcanzar a Estados Unidos.

 

Estados Unidos no es el único culpable. En los últimos años, la infraestructura de Internet en países como Uganda se ha visto enriquecida por la inversión directa china. Se reparten abultados préstamos a cambio de contratos africanos para que compañías chinas construyan la infraestructura de la red troncal que conecte escuelas, ministerios gubernamentales y comunidades al sistema de fibra óptica global. El continente africano se está conectando también, pero con hardware suministrado por un país que aspira a ser una súper potencia internacional. ¿Será Internet el camino para que Africa siga estando dominada en el siglo XXI? ¿Está convirtiéndose Africa una vez más en un espacio para la confrontación de los poderes mundiales? Estos son sólo algunos de los caminos por los que este libro trasciende la lucha por la libertad individual.

 

Los criptopunks originales, mis camaradas, eran mayormente libertarios. Nosotros buscábamos proteger la libertad individual de la tiranía estatal y la criptografía era nuestra arma secreta.

 

Esto fue algo subversivo porque la criptografía entonces era propiedad exclusiva de los Estados, usada como armas en sus varias guerras. Al desarrollar nuestro propio software contra las superpotencias, y al divulgarlo a lo largo y ancho del mundo, conseguimos liberar y democratizar la criptografía. Esta fue una lucha verdaderamente revolucionaria, librada en las fronteras de la nueva Internet. La ofensiva fue rápida y onerosa pero, aunque es una ofensiva aún en curso, el camino está allanado.

 

La criptografía no sólo puede proteger las libertades de los individuos, sino la soberanía y la independencia de países enteros, la solidaridad entre grupos con una causa común, y el proyecto de una emancipación global. Puede ser usada no sólo para luchar contra la libertad y el futuro de Internet, sino contra la tiranía del imperio sobre la colonia.

 

Este es un mensaje en el que creo con firmeza, y se encuentra escrito entre líneas a lo largo del presente texto aunque no esté debatido en gran detalle. Merece su propio libro, y lo tendrá cuando sea el momento adecuado y mi situación lo permita. Por ahora, espero que esto baste para llamar la atención de los lectores al respecto y para que lo tengan presente durante la lectura.

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Domingo, 23 Junio 2013 06:28

Un país perplejo

Un país perplejo

El jueves 6 de junio 2 mil manifestantes convocados por las redes sociales marcharon por la avenida Paulista, en Sao Paulo, protestando contra el aumento de 20 centavos de real –ocho centavos de dólar– en el pasaje del transporte colectivo. De no haber sido por la incomodidad causada en el siempre caótico tránsito, lo más probable es que la marcha habría pasado sin pena ni gloria.

 

El jueves siguiente, los manifestantes paulistas ya eran más de 50 mil, y las marchas se habían reproducido en otras capitales brasileñas. Hubo una feroz y desmesurada represión de la policía militarizada de Sao Paulo, y otra vez las redes sociales diseminaron por todo el país imágenes de la salvaje truculencia de la policía.

 

Un jueves más, el 20, un millón 250 mil personas se manifestaron en 460 ciudades brasileñas. Hubo multitudes de 100 mil en Recife y poco más en Sao Paulo, y estruendosas 300 mil en Río.

 

Para entonces, el malhadado aumento de 20 centavos ya había sido cancelado en casi todas las partes, y los manifestantes exigían mejor salud pública, mejor educación, mejor transporte, menos corrupción, menos gastos estratosféricos en la preparación del Mundial del año que viene, y un sinfín de temas que brotaban como hongos después de la lluvia. En esos tres jueves el país pasó de la perplejidad inicial al entusiasmo propiciado por la presencia de centenares de miles de jóvenes en las calles, y también al susto provocado por la violencia de vándalos que conformaban una ínfima minoría en las manifestaciones, pero cuya capacidad de destrucción sólo fue superada por la agresividad de la policía.

 

Ahora es imposible saber cuáles serán los pasos siguientes. Las movilizaciones no obedecen a un grupo capaz de organizarlas, y nacen de llamados en las redes sociales. El pequeño y casi inexpresivo grupo que inició todo eso, el Movimiento Pase Libre (MPL), reconoce que fue desbordado. Nadie pudo prever que se llegase a tanto, y ahora nadie sabe qué hacer con el tamaño actual de las movilizaciones. Existe la perspectiva de los estrategas políticos de los partidos y gobiernos, hecha más de esperanza que de lógica, que a partir de este fin de semana el movimiento se vacíe paulatinamente.

 

Entre el primero y el tercer jueves, en los partidos políticos, en los gobernantes de las tres esferas (municipal, estatal y nacional), así como como entre analistas que buscan explicaciones para las muchas preguntas que se abren una tras otra, lo que prevaleció fue la perplejidad.

 

Y esa perplejidad pasó a una imagen de inercia y de tremendos fallos de análisis de todos, empezando por el PT, partido que nació de la base y construyó su trayectoria precisamente a raíz de su inmensa capacidad de movilización popular, y por el mismo gobierno de Dilma Rousseff. Nadie supo detectar esa insatisfacción latente.

 


La noche del pasado viernes finalmente la presidenta de los brasileños reaccionó. Quizá haya sido demasiado tarde: ayer los manifestantes volvieron a las calles. ¿Quién los irá parar? ¿Cuándo?

 

Queda patente que hay y hubo, a lo largo de todo el tiempo, una profunda y airada insatisfacción en amplias capas de la población que parecía adormecida. Queda claro que los partidos restringieron su actuación a las elecciones, abandonando su rol de representatividad e interlocución entre la calle y el poder. Queda evidente que toda la clase política desoyó señales de alerta lanzados a lo largo de los tiempo.

 

Por ejemplo: hace cinco meses, llegó al Congreso una petición popular que reunió un millón 300 mil firmas pidiendo que Renan Calheiros no fuese elegido por sus pares para presidir el Senado. Dueño de un currículo que semeja un manual de delitos de toda gama, Calheiros preside el Senado.

 

Hubo protestas por doquier cuando un diputado llamado Marcos Feliciano, uno de esos autonombrados pastores de sectas evangélicas, un homofóbico declarado, fue elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre otras aberraciones, el exótico pastor defiende ardorosamente que los sicólogos pueden aplicar tratamientos para “curar” la opción de los homosexuales. Opositor atroz al aborto, incluso en casos en que la salud de la madre esté en riesgo, Feliciano dice que la decisión del Consejo Nacional de Sicología que prohíbe la “cura gay” atenta contra el derecho de los homosexuales de buscar una cura para su enfermedad.

 

A eso hay que sumar la corrupción endémica, facilitada por la esdrújula alianza armada por el PT para crear la base de apoyo al gobierno de Dilma, y que abarca de reaccionarios convictos a corruptos notorios.

 

El desaliento causado por ese cuadro, más las políticas centradas en aumentar el consumo para buscar el crecimiento económico, cuya consecuencia más visible es el abandono absoluto y la ruina de los servicios públicos de educación, salud, seguridad y transporte urbano, forman esa receta básica para llenar las calles de protestas.

 

Y también para provocar la perplejidad paralizante de la clase política de un país en que, aparentemente, todo caminaba bien

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Domingo, 23 Junio 2013 06:21

Llegaron los muchachos

Llegaron los muchachos

¿Las grandes movilizaciones de las dos últimas semanas en Brasil llegaron como rayos en un cielo azul? ¿O eran previsibles e incluso tardaron en llegar? ¿Cuál es su significado, o son sus significados? ¿Qué puede alterar en la vida política brasileña?

 

Los gobiernos de Lula y Dilma promueven, desde hace mas de una década, un inmenso proceso de democratización social en el país más desigual del continente, más desigual del mundo. Junto con las trasformaciones dirigidas por Getúlio Vargas (entre los años 1930 hasta 1954, con un interregno entre 1945 y 1950) son los procesos más importantes de la historia brasileña, con varios aspectos comunes.

 

Por eso Lula logró ser reelecto y elegir a su sucesora, que se presenta como favorita para seguir dirigiendo Brasil a lo largo de la segunda década de gobiernos posneoliberales en el país (Ver “10 anos de governos posneoliberais no Brasil - Lula y Dilma, org. Emir Sader: www.flacso.org, con acceso libre e integral, lo cual ha permitido que ya lleguen a 500 mil los downloads del libro).

 

De repente surgieron las manifestaciones, a partir de la resistencia al aumento de tarifas del transporte urbano, para extenderse por todo el país con una rapidez y una masividad impresionantes. Se constituyó un movimiento –llamado Movimiento del Pase Libre (MPL)– que coordinó las manifestaciones, hacia el que han convergido un gran número de otras reivindicaciones, un movimiento protagonizado básicamente por estudiantes, con simpatía generalizada de la mayoría de la población.

 

Esta expansión fue posible porque se insertó en dos espacios respecto de los cuales el gobierno presenta debilidades particularmente concertadas. Por una parte, la ausencia de políticas hacia la juventud, segmento que buscó, con las manifestaciones, más allá de sus reivindicaciones concretas, afirmar su existencia como segmento específico, con voz y con poder de movilización.

 

En segundo lugar, el monopolio privado de los medios de comunicación –en contraste con los procesos de democratización en tantas otras esferas de la sociedad brasileña– sigue siendo intocable, derrotado sistemáticamente por el voto popular, pero manteniendo su poder de influencia, especialmente las cadenas televisivas.

 

En principio, como ocurre con todas las manifestaciones populares, la prensa privada buscó descalificarlas por la violencia que, desde su comienzo, se hizo presente al final de las manifestaciones, con actos vandálicos que, a su vez, tuvieron respuestas aún más violentas de las Policías Militares –uno de los factores que favorecieron la rápida difusión y expansión de las movilizaciones–. Pero enseguida los monopolios mediáticos se dieron cuenta de que las movilizaciones podrían desgastar al gobierno y pasaron a actuar de forma concentrada para magnificar las manifestaciones, intentando, a la vez, influenciarlas, buscando imponer los lemas de la oposición sobre las manifestaciones.

 

La combinación de esos dos factores explican, en lo esencial –además de otros, como la dureza de las condiciones de vida urbana, que hicieron que, no por caso, el movimiento se haya iniciado en San Pablo, la ciudad más rica y con mayores desigualdades del país, que sólo hace pocos meses dejó de ser dirigida por la oposición, con la elección de un alcalde del PT–, la irrupción brusca y poderosa del movimiento.

 

Después de vacilaciones de los gobernantes municipales, el movimiento logró su primera gran victoria, con la cancelación del aumento de las tarifas urbanas. Que es acompañada del triunfo de poner en discusión nacional la precariedad de los transportes, así como el tema crucial de su financiamiento, el rol de los sectores público y privado –uno de los temas recogidos por la presidenta Dilma Rousseff para proponer un Plan Nacional del Transporte urbano, organizado conjuntamente por el gobierno federal, autoridades provinciales y municipales, así como por movimientos vinculados con las manifestaciones y otras fuerzas populares.

 

Asimismo, más allá de esos aspectos específicos, el movimiento representa el ingreso a la vida política de una nueva generación de jóvenes, con sus formas específicas de acción y sus reivindicaciones propias. Hasta aquí, a pesar del inmenso apoyo popular y del amplio proceso de respaldo de las fuerzas populares a los gobiernos de Lula y Dilma, la vida política brasileña no contaba con la participación de los sectores emergentes de la juventud. Se supone que, a partir de este momento, serán un factor nuevo y con capacidad de movilización con el que tendrán que contar el gobierno y la política brasileños.

 

Pero, a la vez, las movilizaciones han tenido, desde su comienzo, un aspecto ya mencionado, que ha significado un factor de debilidad –las acciones violentas al final de las manifestaciones, con enfrentamientos con la policía y la destrucción de edificios públicos y de tiendas del comercio, de forma generalizada–. Cuando el movimiento logró su primer triunfo, su propia dirección suspendió nuevas movilizaciones, por ese elemento externo de violencia que se insertó en las concentraciones, así como por los intentos de la derecha –especialmente a través de los medios– de imponer lemas conservadores al movimiento, especialmente la hostilidad hacia los partidos políticos y hacia los movimientos sociales, que ha desembocado en agresiones a sus militantes por hordas, algunas de ellas, explícitamente identificadas con lemas y formas de acción fascistas.

 

A partir de la reducción de las tarifas, el movimiento afirmó que seguirá luchando por la gratuidad del transporte público, pero suspende nuevas manifestaciones, por los intentos de influir de sectores externos al movimiento. Pero los que promueven la violencia han intentado dar continuidad a las movilizaciones, ahora ya sin la masividad de las convocadas anteriores por la dirección del MPL, donde ya priman las acciones violentas, sin las reivindicaciones originales y sin la simpatía de los otros sectores de la población.

 

La presidenta Dilma Rousseff, después de una intervención inicial, donde reconocía la legitimidad del movimiento y reconocía que el gobierno estaba atento a las demandas de las movilizaciones, intervino de forma más sistemática el día 21, por cadena nacional. A la par de alabar la capacidad de movilización y las demandas del Movimiento, Dilma mostró amplia receptividad hacia ellas y propuso medidas y encuentros concretos para su discusión e implementación.

 

Mucho ya se ha escrito sobre las movilizaciones, con apresurados intentos –sociológicos y otros– de captar sus significados, mal disfrazando sus intereses y deseos propios. Desde que se agotaron los gobiernos del PT, hasta que los partidos habían desaparecido, pasando por los intereses de fuentes europeas de que el Campeonato Mundial de Fútbol no se realizara en Brasil, los rencores en contra de Brasil y de su gobierno se acumularon, como si se tratara de un final apocalíptico de una quimera pasajera de avances –en realidad extraordinarios– de una década, que en Brasil –junto a la figura de Lula– se han proyectado como referentes mundiales.

 

La oposición interna, asociada a sus aliados externos dirigida siempre por las pocas familias que controlan los principales medios privados de comunicación, buscan, desesperadamente, impedir la victoria de Dilma Rousseff en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todo su terrorismo económico respecto de un supuesto y nunca concretado “caos energético”, así como sobre un supuesto “descontrol inflacionario” –que anda alrededor del cinco por ciento anual en condiciones, cuando la actual oposición convivió con índices de más del mil por ciento al año– están en función de las elecciones presidenciales, cuando la derecha puede cosechar su cuarta derrota consecutiva, sumada al fantasma de que Lula podría volver a candidatearse en 2018, prolongando para más de una segunda década el posneoliberalismo en Brasil.

 

Movilizaciones con la amplitud de éstas, de todas maneras, representan de-safíos para todos –antes de todo para el gobierno, para el PT, para los movimientos sociales y todo el campo político de la izquierda, así como del pensamiento social–. Visiones economicistas de la izquierda tradicional tienen dificultades para comprender la juventud como categoría específica y todos los temas vinculados con ella.

 

El gobierno brasileño no ha puesto en debate el tema del derecho al aborto, el de la descriminalización del consumo de drogas, tampoco avanza en la democratización de los medios de comunicación –para mencionar apenas algunos de los tantos temas que atañen más directamente a la juventud–. Arrastra así una gran fragilidad respecto de esos sectores, fenómeno para el cual fue obligado a despertar de forma brusca e inesperada y tiene una posibilidad de ponerlos en la agenda, en la disputa por la conquista de esos sectores entre la derecha y la izquierda.

 

Es todavía temprano para saber cómo esas movilizaciones afectarán el futuro político de Brasil –volcado, en lo esencial, hacia las presidenciales del 2014–. Los medios tratarán de manipular, como siempre, las consecuencias, con sus encuestas amañadas y su nunca disfrazado rol de partido político de una oposición debilitada. Con candidatos sin apoyo popular buscan desgastar al gobierno, sin esperanzas de que sus posibles candidatos puedan conquistar los sectores jóvenes. Algunos sectores de éstos podrán votar por Marina Silva y su discurso ecologista ya desgastado, pero los otros posibles candidatos de la oposición, empezando por el más importante, Aecio Neves, no tienen ninguna receptividad entre esa juventud.

 

El gobierno y la izquierda, habiendo demostrando gran fragilidad e incapacidad de reacción frente a las movilizaciones, podrán ser afectados negativamente o ser capaces de renovarse y no buscar únicamente soluciones a los problemas planteados por el movimiento, sino incorporar temas que interesan directamente a los jóvenes, así como la juventud como tal, como agente político sin el cual difícilmente se pueda proyectar el futuro del país.

 

Lo peor que podría pasar a Brasil –un país con un contingente inmenso de jóvenes en su población– sería contar con una juventud ausente, pasiva, volcada hacia otros temas que no sean los de la política, la sociedad y el Estado.

 

Esos jóvenes no han golpeado a la puerta de la política, sino que la han tumbado, con sus gritos y sus formas de ser. Han tomado de sorpresa a viejos políticos que todavía ocupan los espacios centrales de la política brasileña, en contraste con la juventud de su población. Es hora de renovar la política y sus cuadros, para que la irrupción de esos jóvenes no se reduzca a un fenómeno mediático y de aburridos estudios sociológicos, que hablan más de sí que de la realidad.

 

Brasil, que supo colocar el tema central en el continente de la desigualdad social como prioritario, tiene ahora el desafío de pasar de la democratización social a la democratización política –empezando por el financiamiento público de las campañas electorales– y por la democratización cultural –empezando por el fin de los monopolios mediáticos– y la discusión de los temas que ocupan más directamente a la juventud.

 

* Intelectual brasileño, autor de El Nuevo Topo, Los caminos de la Izquierda Latinoamericana (Siglo XXI), coordinador de Latinoamericana Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe (Akal), así como de 10 años de posneoliberalismo no Brasil - Lula e Dilma (Boitempo).

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Sábado, 22 Junio 2013 06:56

“Los estoy oyendo”

“Los estoy oyendo”

Nueve minutos y 44 segundos. Ese es el tiempo que la presidenta Dilma Rousseff necesitó para enviar, la noche de este viernes, un contundente mensaje a Brasil. Luego de jornadas de marchas y manifestaciones multitudinarias, pequeñas al principio para luego alcanzar contingentes que no se veían desde hace tres décadas en el país, Dilma reapareció. En su pronunciamiento por una cadena nacional de radio y televisión dijo, entre muchas cosas, una frase definitiva: “Mi gobierno está oyendo las voces democráticas que piden cambios”. Y, mirando hacia la cámara, reiteró: “Yo los estoy oyendo”.

 

Ha sido el cierre de un día confuso, de expectativas confusas. Ya por la mañana, mientras se contabilizaba el resultado de la jornada anterior, con escenas de vandalismo provocadas por grupos minoritarios en las marchas multitudinarias –el jueves, un millón 250 mil brasileños salieron a las calles– y la absurda y descontrolada violencia de la represión policial, en Sao Paulo el Movimiento Pase Libre, el difuso MPL que llamó a las primeras manifestaciones de hace dos semanas, anunció que ya no volvería a convocar marchas.

 

El argumento: la derecha había copado el movimiento. “Creamos un monstruo, y ahora no tenemos cómo controlarlo”, dijo un vocero de ese movimiento de jóvenes. Tenía y tiene razón, como comprueban las imágenes de la noche del jueves en varias ciudades brasileñas, empezando por Río, pero especialmente por algo que poca gente observó en Sao Paulo: el agresivo rechazo a grupos que se presentaban con banderas, camisetas e insignias de partidos políticos (todos de izquierda, por supuesto).

 

La noche del jueves, mientras la atención se concentraba en la brutal acción de la policía militar de los estados de Bahía, Río de Janeiro, Pará y Río Grande do Sul, lo que se veía en una relativamente tranquila avenida Paulista eran gritos airados contra todo y contra cualquier partido político, además de llamados a que vuelvan los militares.

 

Bueno, eran gritos de grupos pequeños, es verdad. Pero desde hace décadas que, excepto en manifestaciones de militares en situación de retiro, las “viudas de la dictadura”, como son llamados, no se oían gritos similares en manifestaciones públicas.

 

La ausencia de consignas precisas (aparte de la inicial, que era la anulación de los aumentos en las tarifas de transporte urbano público) abrió espacio para que, en esos 15 días, se reivindicara cualquier cosa en las calles. Algunas, como salud pública, enseñanza pública, transporte público, absolutamente justificadas, pero no fáciles de alcanzar de la noche a la mañana. Otras, como terminar con la corrupción, también. Pero cuando las manifestaciones empezaron a reunir centenares de miles de personas que protestaban contra todo y contra todos y contra cualquier cosa, la situación empezó a escapar de control.

 

Si a eso se suma la truculenta acción de fuerzas policiales perfectamente entrenadas para reprimir a lo bestia pero sin noción de lo que es controlar y contener a grandes masas en manifestaciones públicas, se llega a la receta perfecta para un desastre.

 

Este viernes, Brasil vivió un clima de resaca, tras la borrachera cívica de la víspera, que, a propósito, terminó mal. Ocurrieron nuevas marchas y manifestaciones, pero en otro estilo: grupos diseminados por las ciudades, sin concentraciones específicas. En Sao Paulo, por ejemplo, hubo grupos que cortaron rutas y carreteras del cinturón urbano, dejando aislado el aeropuerto internacional de Guarulhos, el de mayor movimiento en Sudamérica, mientras otro, concentrado en la céntrica Plaza Roosevelt, defendía los derechos de opción sexual delas minorías.

 


En Río, mientras en la dorada orla de Ipanema y Leblon gente hermosa protestaba y exigía menos corrupción y más salud y educación, en la Barra da Tijuca, zona en que se mezclan favelas perversas (ahí está la Ciudad de Dios de la película famosa) con nichos de nuevos ricos deslumbrados, una turba cerró avenidas para destrozar una agencia de Mercedes Benz y saquear motoristas atrapados en un gigantesco embotellamiento.

 

Es imposible prever lo que pasará en adelante. El pronunciamiento de Rousseff ha sido firme y detallado. Criticó duramente los actos de vandalismo y violencia de los grupúsculos infiltrados en manifestaciones pacíficas, mientras reconocía que “las calles quieren más salud, educación, seguridad, transporte”. Destacó que la oleada de marchas y manifestaciones puso de relieve “nuestra energía política”. Admitió que, por más que se haya alcanzado, y la verdad es que se alcanzó mucho, “todavía falta mucho, por limitaciones políticas y económicas”. Aclaró que tiene “la obligación de oír la voz de las calles y dialogar con todos los segmentos de la sociedad”. Recordó que “no ha sido fácil llegar adonde llegamos y tampoco será fácil llegar adonde quieren los que están en las calles”. Dijo que “las manifestaciones trajeron importantes lecciones”, y que “tenemos que aprovechar el vigor” de ese movimiento.

 

En relación con otro de los puntos que fueron permanentes en las protestas –los gastos multimillonarios con la realización del Mundial de 2014– aclaró que “no son gastos, son financiación: todo será devuelto” por las empresas que obtuvieron concesiones para explotar los estadios, carreteras y todo un vasto etcétera que todavía está por verse, como las reformas de rutas y aeropuertos.

 

Por fin, aseguró que irá a reunirse tanto con los líderes de esas manifestaciones (quizá por delicadeza no haya mencionado que primero hay que identificarlos y verificar a quienes efectivamente representan…), de movimientos sociales, como de alcaldías y gobiernos estatales para trazar programas efectivos que lleven a planes nacionales de salud, educación y transporte público.

 

Ese el resumen inicial de lo ocurrido en Brasil no sólo hoy, sino en el conjunto de los últimos 14 o 15 ayeres: una movilización iniciada por jóvenes de escasa o nula representatividad política logró incendiar el país, demostrar camadas de insatisfacción colectiva que estaban ocultas bajo la gruesa capa de los buenos resultados de los sondeos de opinión aprobando por largo margen tanto el gobierno como la figura de Dilma, y lanzar una alerta punzante a la clase ­política.

 

Muchos son los logros alcanzados por la izquierda que gobierna el país a lo largo de los últimos 10 años. Pero mucho más es lo que falta por alcanzar.

 

Hasta esta noche, lo que oyó fue la voz de las calles. Y antes que esa voz diese lugar a la eterna y siempre ávida voz de siempre, la del sistema perverso que trata de recuperar espacios perdidos, por fin se oyó la voz de la presidenta. Ojalá se cumpla lo que anunció.

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EE.UU. pidió la captura del topo Snowden

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron ayer cargos contra Edward Snowden por revelar programas de espionaje secretos y le solicitaron a sus pares de Hong Kong, donde supuestamente sigue refugiado el joven, que lo detengan con una orden de detención provisional. Snowden, ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés) fue acusado de espionaje, robo y transferencia de propiedad del gobierno en un escrito de carácter confidencial presentado en un tribunal federal de Virginia, indicaron funcionarios estadounidenses al diario The Washington Post. Casi simultáneamente, el diario The Guardian reveló ayer que, según el mismo informante, el centro de escuchas de la inteligencia británica (GCHQ) intercepta y almacena correos, mensajes y llamadas de todo el mundo que circulan por las redes de comunicaciones.

 

Snowden, el ex técnico de la CIA y la NSA, los dos entes de inteligencia más secretos del Estado estadounidense, reveló su identidad a través del diario británico The Guardian el 9 de junio pasado, días después de que ese mismo matutino y The Washington Post publicaran los primeros documentos secretos que revelaban los programas de espionaje, a los que había tenido acceso Snowden. Poco después de darse a conocer y de mostrarse en Hong Kong, China, Snowden dijo a la prensa que el gobierno estadounidense “haría lo que fuera para prevenir que filtre más información”, y explicó que una “fuente de confianza” le informó que ya existen presiones sobre las autoridades chinas.

 

Snowden había sostenido entonces que su intensión era dejar que “los tribunales y el pueblo de Hong Kong decidan” qué pasará con él. “Tengo fe en la ley de Hong Kong”, había agregado. Sin embargo, los rumores sobre una posible extradición habrían empujado al joven de 29 años a comenzar a buscar otros posibles lugares para pedir asilo, uno de ellos, Islandia.

 

Los cargos se presentaron en un tribunal del distrito de Virginia, la jurisdicción donde se encuentra el ex empleador de Snowden, el contratista Booz Allen Hamilton, y cuya corte tiene mucha experiencia en procesar casos con implicaciones de seguridad nacional. El documento legal presentado ayer es un primer paso en el proceso contra Snowden, y las autoridades tienen ahora 60 días para presentar un escrito de imputación, que exponga los argumentos que sustentan la acusación.

 

Mientras tanto The Guardian asegura haber accedido a documentos secretos filtrados por Edward Snowden, quien había destapado este mes un programa de Estados Unidos para acceder a los datos de millones de ciudadanos almacenados en servidores de Google, Facebook y Skype, entre otros.

 

The Guardian reveló ayer que GCHQ tiene capacidad para acceder a los mensajes y llamadas de todo el mundo que circulan por las redes de comunicaciones, según reveló ayer el diario. Los cables de fibra óptica por los que circula gran parte del tráfico mundial de telecomunicaciones, según las revelaciones de Snowden, pueden almacenar gran cantidad de datos para su análisis durante al menos 30 días. La operación de filtrado y análisis, bautizada Tempora, entró en funcionamiento hace 18 meses, según el diario británico, que asegura que el espionaje británico comparte información obtenida a través de ese canal con la NSA.

 

Los británicos aprovecharon que gran parte de los cables de fibra óptica que conducen las telecomunicaciones globales pasan por su territorio. Y el GCHQ los interceptó con sofisticados programas informáticos con la ayuda de su homóloga estadounidense, la NSA. Los británicos se esmeraron tanto que ya son capaces de acumular más información que los estadounidenses. Y dedican a 300 especialistas, a analizar lo acumulado.

 

Los datos que se almacenan en el centro de escuchas incluyen llamadas telefónicas, correos electrónicos, entradas de Facebook, así como el historial de navegación de cualquier usuario de internet, según la filtración de la que se hace eco The Guardian.

 

El diario ha accedido a varios documentos que describen los esfuerzos de los servicios secretos por adaptarse al fenomenal crecimiento del caudal de información que circula por Internet. La GCHQ lanzó con ese objetivo dos programas, Mastering de Internet (MT), sobre cómo dominar Internet, y Explotación de las Telecomunicaciones Globales. Todo esta actividad es en principio legal, aunque se desarrolla a espaldas de la opinión pública.

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El espionaje británico interviene millones de datos en Internet

Londres y Washington acumulan cada día una cantidad ingente de datos interceptados a través de las redes mundiales de fibra óptica, según la última entrega del diario The Guardian de los documentos que le entregó el exempleado subcontratado de la CIA Edward Snowden. Ambos países destinan en total a unos 550 especialistas a analizar la información. Aunque la cantidad de datos a los que acceden británicos y estadounidenses es colosal, un proceso automático de criba hace que la inmensa mayoría de esa información sea descartada sin ser analizada.


 
Toda esta actividad es en principio legal, aunque se desarrolla a espaldas de la opinión pública y gracias a la flexible interpretación de leyes redactadas en una época en la que no se podía imaginar el espectacular avance tanto de las comunicaciones como de las herramientas informáticas a disposición de los servicios secretos para poder interceptarlas.


 
El diario ha accedido a varios documentos que describen los esfuerzos de los servicios secretos por adaptarse al fenomenal crecimiento del caudal de información que circula por Internet. La agencia central de comunicaciones británica (GCHQ) lanzó con ese objetivo dos programas, Mastering de Internet (MT) sobre cómo dominar Internet, y Explotación de las Telecomunicaciones Globales.

 


En síntesis, los británicos han aprovechado que gran parte de los cables de fibra óptica que conducen las telecomunicaciones globales pasan por su territorio. Y el GCHQ los ha interceptado con sofisticados programas informáticos con la ayuda de su homóloga estadounidense, la NSA. Los británicos se han esmerado tanto que ya son capaces de acumular más información que los estadounidenses. Y dedican a 300 especialistas, frente a 250 estadounidenses, a analizar la acumulada. Según The Guardian, “una innovación clave es la capacidad del GCHQ de interceptar y almacenar enormes volúmenes de datos obtenidos de los cables de fibra óptica durante hasta 30 días de manera que pueden ser cribados y analizados. Esta operación, conocida con el nombre clave de Tempora, ha estado funcionando desde hace unos 18 meses”.


 
En síntesis, miles de millones de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, datos sobre visitas a Internet son acumulados. “Esencialmente, tenemos la forma de seleccionar un pequeño número de agujas en un pajar. No miramos cada brizna de paja. Hay ciertos detonantes que te permiten descartar o no examinar muchos datos porque lo que buscas es una aguja. Si tiene usted la impresión de que estamos leyendo millones de emails, sepa que no lo estamos haciendo”, señala una fuente secreta del Guardian. “Los criterios son seguridad, terrorismo, crimen organizado. Y bienestar económico. La inmensa mayoría de los datos son descartados sin que ni siquiera los miremos. Simplemente, no tenemos los recursos para ello”, añade la fuente.

 


Según esa fuente, la información obtenida de esa manera ha permitido descubrir nuevas técnicas utilizadas por terroristas para eludir los rastreos de seguridad y ha ayudado a identificar a terroristas que planeaban atentados y se ha utilizado para combatir a redes de explotación de menores.


 
En concreto, las fuentes consultadas por el diario londinense aseguran que esa información ha permitido “la detención y encarcelamiento de una célula en los Midlands que estaban planeando un ataque coordinado; la detención en Luton de cinco individuos que preparaban atentados y el arresto en Londres de tres personas que planeaban atentados antes de los Juegos Olímpicos”.


 
Según explica The Guardian, el GCHQ apoya la legalidad de los pinchazos a las redes de fibra óptica en la Ley de Servicios de Inteligencia de 1994, la misma en que se apoyaron para espiar a delegaciones extranjeras durante varias reuniones de los países del G-20 en territorio británico.


 
Uno de los documentos a los que ha accedido el diario describe la satisfacción de los británicos por los progresos de los últimos años. El texto subraya que hay ya 2.000 millones de usuarios de Internet en el mundo y más de 400 millones utilizan Facebook de forma habitual “pero estamos empezando a dominar Internet y nuestras capacidades actuales son impresionantes”. El informe enfatiza que Reino Unido tiene hoy en día el mayor acceso a Internet entre los llamados Cinco Ojos, los cinco países anglosajones que colaboran estrechamente en materia de inteligencia: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.


 
Hay, sin embargo, una sombra al acecho. Los proveedores de Internet estadounidenses están empezando a trasladarse a países como India y Malasia, lo que significa que cada vez habrá menos tráfico por territorio británico. La NSA “está comprando inmuebles en esos lugares”, advierte el autor del informe. Y sugiere que los británicos hagan lo mismo.

 

Por Walter Oppenheimer Londres 21 JUN 2013 - 22:17 CET


 

El proyecto Tempora o “la era dorada” del espionaje
 

Los documentos a los que ha tenido acceso el diario The Guardian indican que el espionaje británico pincha cables de fibra óptica, lo que le proporciona un gran acceso al tráfico de Internet que entra y sale del país.
 
Conocido como proyecto Tempora, permite almacenar grandes cantidades de información durante 30 días.
 
El año pasado, los británicos manejaban 600 millones de “eventos telefónicos” al día y pincharon más de 200 cables. Tenían capacidad para procesar al menos 46 cables a la vez..
 
Cada cable transporta 10 gigabites por segundo. En teoría, podían proporcionar 21 petabites al día; el equivalente a enviar toda la información que contiene la Biblioteca Británica 192 veces al día, según el cálculo de The Guardian.
 
“Estamos empezando a dominar Internet”, decía el autor de uno de los documentos filtrados. “Y nuestra capacidad actual es bastante impresionante”.
 
Uno de los documentos habla de que los británicos se encuentran en “la era dorada” del espionaje y de que han obtenido “el mayor acceso a Internet en cinco años”.
 
Los papeles sugieren que el espionaje británico manejó 39.000 piezas de información en un periodo de 24 horas, lo que a su juicio supone un paso “vital para adaptarse a los avances rápidos en las industrias de telecomunicaciones”.
 
El espionaje de EE UU resaltó el éxito de la colaboración con los británicos, que generan “una mayor capacidad de metadatos” que ellos mismos, según la información desvelada.

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El fin de la revolución pasiva en Brasil

La experiencia brasileña de los últimos 10 años de gobiernos progresistas (dos de Lula y el actual de Dilma) ha sido caracterizada por lo que Gramsci llamaba revolución pasiva: un proceso de modernización impulsado desde arriba, que recoge sólo parcialmente las demandas de los de abajo y con ello logra garantizar su pasividad, su silencio, más que su complicidad.

 

A partir de esta fórmula aparentemente contradictoria podemos entender cómo se edificó en Brasil un equilibrio precario pero sorprendentemente eficaz y duradero que además, siempre siguiendo las intuiciones de Gramsci, se apoyó en un cesarismo progresivo (la presencia de una figura carismática que catalizó y canalizó las tensiones y encarnó el paternalismo asistencialista) y el transformismo (el desplazamiento de grupos dirigentes progresistas del movimiento popular hacia posiciones conservadoras en puestos en las instituciones estatales).

 

Entonces, lo que sorprende de la historia reciente de este país no es la irrupción repentina de la protesta, sino su ausencia en los años anteriores. De hecho, detrás de los grandes elogios que recibían los gobernantes brasileños por el alto crecimiento económico, el carácter incluyente de las políticas sociales y el surgimiento de una impresionante clase media consumidora en Brasil, estaba la envidia y la admiración por un modelo de gobernabilidad, de control social y político basado en el asistencialismo y la mediación de un partido –el PT– y un sindicato –la CUT– con arraigo de masa, que garantizaban costos mínimos en términos de represión y de criminalización de la protesta. Los frentes de resistencia a la construcción de la hegemonía lulista existieron y existen tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero fueron contenidos y quedaron relativamente marginados, incluido el MST, que mantuvo una prudente actitud de repliegue y con la excepción de algunos conflictos importantes pero aislados (como las huelgas universitarias y las luchas indígenas en defensa del territorio).

 

Las protestas de los últimos días son entonces algo que inevitablemente estaba por surgir en las fisuras o en el agotamiento del proceso de revolución pasiva. Las fisuras son los desfases que generan las desigualdades que siguen marcando la sociedad brasileña, las brechas que separan las clases sociales en un contexto de modernización capitalista, en el cual aumenta el tamaño del pastel, se reparten rebanadas crecientes pero proporcionalmente se acumulan riquezas y se generan poderes políticos y sociales que se adueñan de los circuitos productivos, de las instituciones públicas y de los aparatos ideológicos. La paradoja de los gobiernos del Partido de los Trabajadores es que generaron procesos de oligarquización en lugar de democratizar la riqueza y de abrir espacios de participación, espacios que en el pasado habían servido para que este partido surgiera y llegara a ganar elecciones. El agotamiento tiene que ver con un desgaste fisiológico después de 10 años de gobierno, pero sobre todo con la pérdida de impulsos progresistas y el aumento significativo de rasgos conservadores en la coalición social y política encabezada por Lula y que sostiene el gobierno de Dilma.

 


No sorprende tampoco que la protesta tome formas difusas y sea protagonizada fundamentalmente por jóvenes etiquetados como de clase media. La conformación de las clases populares en el Brasil actual incluye a este sector juvenil que emerge, en medio de la relativa movilidad social de la última década, de las condiciones de pobreza hacia niveles de consumo y de educación mayores, pero sin desprender de su colocación en el campo de las clases trabajadoras –manuales y no manuales–, de las cuales estos jóvenes son hijos y hacia las cuales tienden inevitablemente por las modalidades del crecimiento dependiente brasileño. Las formas difusas corresponden tanto al rechazo a partidos y sindicatos como a la construcción incipiente de nuevas culturas políticas, en particular aquella de los llamados indignados, que reúne una serie de identidades, reivindicaciones y formas de lucha diversas, que no acaban de articularse pero siguen manifes- tándose a lo largo del mundo de manera dispersa pero recurrente y contundente.

 

Con estas manifestaciones se inicia el fin de la revolución pasiva brasileña. La movilización levanta el velo y muestra la realidad contradictoria y las miserias ocultas detrás del mito del milagro brasileño, que ya había funcionado décadas atrás y que volvió a aparecer en los últimos años. Por otra parte, la pasividad sobre la cual se erigía la hegemonía lulista se disuelve en las calles. Podrán regresar a sus casas, volver la calma en las calles y los sondeos a mostrar el consenso en torno al modelo petista, pero la visibilidad que se alcanza una vez disipados los gases lacrimógenos es siempre muy reveladora y permanece grabada en la memoria de una generación.

 

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Viernes, 21 Junio 2013 06:56

Un millón en las calles

Un millón en las calles

Las cuentas no coinciden, pero giran entre los que dicen que han sido más de un millón de personas en las calles de todo el país y los que dicen que han sido poco menos. En fin: ha sido la más espectacular (y peligrosa, y contradictoria) manifestación popular de Brasil en los últimos 29 años, desde las formidables marchas exigiendo el retorno de las elecciones libres para presidente, en 1984. Ni siquiera la movilización para defender la suspensión parlamentaria del corrupto presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, logró atraer tanta gente en tantas calles de tantas ciudades en Brasil.

 

¿Por qué peligrosa? Porque la falta de dirección y organización favorece a los sectores más conservadores, que siempre tienen la imagen de vandalismo para justificar su argumento de que es necesario imponer represión para reponer el orden. ¿Por qué contradictoria? Porque en toda esa espectacularidad resalta lo obvio: el divorcio entre los canales democráticos de diálogo y negociación y el descontrol de grupos que se infiltran en manifestaciones pacíficas para imponer el desorden.

 

Esta noche, terminó en duros conflictos la mayor manifestación colectiva de los últimos 29 años en Brasil. En Sao Paulo han sido más de 100 mil. Río reunió 300 mil. Hubo otros 50 mil en Porto Alegre, 30 mil en Brasilia, 100 mil en Recife, 20 mil en Salvador. Por la noche lo que había en Porto Alegre y Brasilia, Belem y Río de Janeiro, eran escenas de batalla callejera.

 

En el municipio de Ribeirao Preto murió un manifestante tras ser arrollado. Las protestas en todo el país han dejado unas 90 personas heridas.

 

Los violentos incidentes ocurrieron un día después de que los alcaldes de Sao Paulo, de Río y de otras 12 ciudades del país anunciaron que daban marcha atrás en el aumento de los pasajes del transporte público.

 

Ese incremento fue lo que originó, hace dos semanas, las primeras manifestaciones en Sao Paulo. Al principio fueron marchas limitadas, sin mayor consecuencia, realizadas por jóvenes.

 

El jueves 13 la policía militar de Sao Paulo actuó con una truculencia que no se veía desde los tiempos de la dictadura. Ha sido la estopa para que la ola de protesta avanzara por todo el mapa brasileño.

 

La actuación salvaje de la policía militar de Río volvió a alcanzar su auge alrededor de las nueve de la noche, cuando una brigada de motociclistas de esa corporación disparó balas de goma contra manifestantes que estaban en la puerta del hospital Souza Aguiar buscando noticias sobre los más de 20 heridos que habían sido conducidos para la emergencia.

 

No hay registro en la memoria, ni siquiera en tiempos de la dictadura, de que fuerzas policiales lanzasen gas lacrimógeno en un hospital público. El gobernador de Río, Sergio Cabral, se mantuvo en silencio.

 

Lo que se puede concluir de todo eso es la falta absoluta de control tanto de los que convocan las movilizaciones como principalmente de parte de las fuerzas de seguridad. Hubo una tensa repetición de acontecimientos: las marchas empiezan de manera pacífica y razonablemente organizada, hasta que los manifestantes se acercan a edificios públicos. Ha sido así en la asamblea legislativa de Río el lunes, o el palacio de gobierno en Sao Paulo, o el Congreso nacional en Brasilia. Este jueves todo eso se repitió.

 

Este jueves el trayecto a ser recorrido fue previamente combinado con la policía. En Sao Paulo hubo algunos incidentes, cuando grupos portando banderas del PT o de la Central Única de Trabajadores fueron expulsados de la protesta. Los que convocaron la marcha habían advertido claramente que no serían admitidas banderas o camisetas partidarias o de organizaciones sindicales o estudiantiles.
Hasta las siete de la noche sólo habían sido registrados enfrentamientos al principio de la tarde en Salvador de Bahía, cuando manifestantes intentaron acercarse al estadio donde se disputan partidos de la Copa Confederaciones.

 

Al anochecer todo cambió. Frente a la alcaldía de Río hubo una refriega entre los propios manifestantes. Explotaron morteros, y la tropa de choque de la policía empezó a disparar bombas de efecto moral y de gas lacrimógeno. En poco menos de media hora la situación escapó totalmente del control.

 

En Brasilia ocurrió algo similar: manifestantes intentaron romper la barrera policial que impedía que entrasen al Congreso, y empezaron los enfrentamientos. Alejados del Congreso, los manifestantes intentaron invadir el palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las más bellas obras de Oscar Niemeyer. Escenas de vandalismo de un lado; la dura acción policial de otro.

 

En Sao Paulo, curiosamente, no hubo ningún enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La ciudad que vio nacer las manifestaciones asistió a una tranquila conmemoración de poco más de 100 mil personas.

 

Queda por ver cuáles serán los desdoblamientos de esas jornadas. La exigencia inicial fue alcanzada. Pero el pliego de peticiones engordó mucho a lo largo de esos días. Ahora se exige educación pública de calidad, una atención pública de salud que no sea tan ofensiva, transporte público a precios razonables y mucho más.

 

Llama la atención la inercia de los partidos políticos. Es verdad que Dilma Rousseff hizo un contundente pronunciamiento, advirtiendo sobre la necesidad de que los gobernantes oigan la voz de las calles. Pero ningún dirigente político, ningún parlamentario de relieve, nadie logró salir del estupor provocado por la velocidad con que esas manifestaciones crecieron.

 

Ni siquiera el PT, partido nacido de manifestaciones populares, supo qué hacer. Ayer intentó sumarse a los manifestantes en Sao Paulo. Sus militantes fueron rechazados. Queda la pregunta: ¿los partidos ya no representan a nadie? Y otra: ¿hasta qué punto los políticos están desmoralizados junto a la opinión pública? Y otra más: ¿no hay cómo controlar la acción truculenta de la policía?

 

Es imposible prever cuáles serán los pasos siguientes. O prever hasta cuándo los políticos mantendrán su silencio. Pensándolo bien, ¿tendrán algo a decir?

 

La primera conclusión es que los alcaldes, especialmente el de Sao Paulo, Fernando Haddad, llevaron demasiado tiempo hasta tomar una decisión política, es decir, cancelar el aumento del pasaje de autobús. Prefirieron una visión contable, tecnócrata, en una muestra evidente de insensibilidad e inhabilidad. Eso, para no mencionar los vínculos poco mencionables entre esos empresarios y la clase política.

 

Las escenas de vandalismo fueron provocadas claramente por pequeños grupos. No se debe descartar la presencia de infiltrados, cuya misión sería precisamente provocar la reacción descontrolada de una policía formada en tiempos de la ‘doctrina de seguridad nacional’ de la dictadura militar. Es decir: cuando no hay control alguno tanto de quien organiza como de quien tiene la responsabilidad de asegurar el derecho constitucional de manifestar opinión, lo que se ve es lo que se vio hoy.

 

Mientras, la clase política permanece atónita. Es como si nadie supiese la extensión de la distancia que separa los políticos profesionales de la realidad del país.

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