Nieves Rico y Laura Pautassi en la marcha por el aborto de junio 2018 en Buenos Aires.

Laura Pautassi y Nieves Rico hablan sobre la agenda de los cuidados en América Latina

Las especialistas remarcan la necesidad de valorizar el trabajo invisible y no pago de las mujeres, que con la pandemia se hizo más visible. Y explican el

 

"No hay nada hay nada peor que referir a un orden dado como 'normal'", dice Laura Pautassi en el libro Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a Nieves Rico. Una frase feminista en un libro feminista que homenajea en vida a Rico por haber sido la gran promotora de la agenda de los cuidados en América Latina. Tanto Pautassi como Rico se preguntan a qué normalidad pospandemia nos quieren hacer volver si está claro que para las mujeres la previa no era un lugar apacible sino uno plagado de violencias, desigualdades y discriminación. Para pensar la pandemia y una salida que incluya a todes, las expertas hablan de un concepto novedoso, “sindemia”, que permite dar cuenta de la complejidad de la crisis que disparó la covid-19, no solo a nivel sanitario sino económico y social.

El libro Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a Nieves Rico se acaba de publicar por Fundación Medife Edita. Habla de la agenda de los cuidados (el trabajo invisible que en general hacen las mujeres en las casas, limpiando, cocinando, cuidando niños y ancianos, etc; y también el trabajo rentado dedicado a cuidar a otros), una agenda que el feminismo traía hace años pero con la pandemia se puso en evidencia. Rico es antropóloga y doctora en Sociología y fue una promotora central de la agenda de los cuidados, tanto desde su lugar en la División de Asuntos de Género como de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aportando a la promoción de los sistemas nacionales de cuidados en Uruguay y en Costa Rica y promoviendo los procesos en otros países de la región. Pautassi también es una referente en el impulso de los cuidados como un derecho humano. Es doctora en Sociología y Derecho Social e investigadora principal del Conicet e Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. Gioja. Fue consultora de organismos de Naciones Unidas donde trabajó cerca de Rico.

--Se ha dicho mucho sobre cómo la pandemia puso este tema en agenda. En esta vuelta a cierta normalidad, ¿se han logrado algún tipo de cambio o repetimos los mismos errores?

LP: --La pandemia mostró en una primera mirada que no se sabía lo que pasaba en el hogar con el enfoque de género. E inclusive visibilizándose, porque nadie puede decir a esta altura que no sabe lo que pasa adentro del hogar, no se avanzó en ninguna distribución sino al contrario. Entonces, la verdad que estamos peor, porque la concentración en un mismo espacio físico de trabajo productivo y reproductivo, o el trabajo remunerado y no remunerado, tensionó todavía más a los hogares, de hecho ocurrió un crecimiento de la violencia y sus múltiples manifestaciones. Sobre todo hay que destacar también que la pandemia generó muchísima violencia contra les niñes y adolescentes, ahí se ve un factor muy fuerte, sumado a las afectaciones que también hubo de la salud mental. Pero creo que lejos estamos de haberlo distribuido, ni hablo de la redistribución, y esto que es algo que venimos diciendo hace siglos, el problema es la desigualdad estructural. ¿Entonces de qué normalidad venimos hablando?

Ahora, si hay un aspecto interesante es que se habló de cuidados o sea, la estrategia comunicativa de cuidados fue muy interesante, probablemente no fuimos las feministas las que diseñamos las campañas pero hubo un tema muy interesante ahí de instalar el “cuidate”. Okey, ¿cómo se va a cuidar esa persona, qué herramientas hay para eso? Eso fue quizás lo que faltó.

--Ustedes hablan de sindemia, ¿qué implica este concepto?

NR: --Es muy importante entender que la pandemia se instala en América Latina en un escenario de desigualdades estructurales, entonces cuando empieza la pandemia, la expansión de este virus, pero sobre todo cuando empiezan las medidas que adoptan los distintos gobiernos, el distanciamiento, la cuarentena, los cierres de frontera, el lavarse las manos o comprar alcohol gel, mascarilla, junto con el “cuidate” y el “quedarse en casa” como consigna para superar esta situación, empezamos a ver que no le podíamos echar toda la culpa al virus de lo que estaba pasando con las mujeres, al interior de los hogares, con las trabajadoras domésticas que estaban perdiendo sus empleos y que no tenían apoyo estatal. Ahí tomamos un concepto que viene de la antropología médica y de la epidemiología crítica, que es un concepto muy nuevo, sindemia. Es un concepto que nos permite analizar la confluencia o la sinergia de riesgos y de amenazas, que producen que las personas y los individuos, en particular las mujeres, se vean afectados con una mayor vulnerabilidad, una mayor posibilidad de enfermarse, o una mayor posibilidad de que las restricciones asociadas a las medidas afecten su autonomía y sus derechos. Entonces traemos este concepto a las ciencias sociales, en particular para poder entender de mejor manera las consecuencias que las medidas políticas, sumadas a la crisis sanitaria, están teniendo sobre la población. Entonces nos permite comprender mejor qué les pasa a las mujeres que están en hogares en situación de pobreza. Por ejemplo, sabemos que América Latina es la región del mundo donde hay mayor mortalidad producto de la pandemia, asociada no al virus mismo sino a la sumatoria de otros riesgos y amenazas. Pero hay algo que también nos lleva a decir que no queremos una nueva normalidad, en la medida en que la normalidad era parte del problema; el pensar que vamos a volver a como estábamos antes, en particular para la problemática de cómo está organizado y distribuido el cuidado, para las mujeres no es una buena noticia. Porque como estábamos era parte de nuestro problema. Entonces también conceptualizar desde la sindemia nos permite entender mucho mejor los fenómenos, ver todas las variables que están actuando, darle una mirada interseccional o de cruce de clase, de pertenencia étnica, y al mismo tiempo ojalá nos permita hacer propuestas feministas y transformadoras para la pospandemia.

--¿Pueden adelantar algunas de esas propuestas?

LP: --Hay algunas propuestas bien interesantes que están elaborando los países, con algún apoyo en mayor o menor medida en otros casos, y también tenemos riesgos muy fuertes en el escenario pospandemia. Creo que el mayor riesgo lo tiene Uruguay en estos momentos, precisamente porque el cambio de gestión puso en tensión al sistema nacional de cuidados. O países como Brasil, con todo lo que está sucediendo, en donde ese avance se mezcla con los fundamentalismos religiosos que disputan políticas públicas, o el caso de México en donde se habla de rematernalizar los cuidados en las mujeres. Entonces tenemos esa situación, en el campo de los derechos humanos hablamos de la regresión, y esa regresividad en las políticas está prohibida.

Después tenemos otros escenarios que son mejores. En el caso de Argentina el cuidado entró directamente en la agenda, había algunas medidas antes y sobre todo la conformación con esta gestión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que puso el tema en agenda. También el Ministerio de Economía, por ejemplo, avanzó en que tenemos cálculos del aporte del trabajo no remunerado en el PBI, y esos cálculos en el aporte también muestran el escenario pandémico, cosa que es muy importante, porque nosotras veníamos diciendo que esa es la economía no monetaria, que en medio de la crisis traccionó la economía monetaria que estaba paralizada. Entonces por eso cuestionábamos tanto esos discursos de economía versus salud. Los derechos son interdependientes, no podemos poner esos dos derechos confrontados. Entonces de esa mano también se desplegó un proceso interesante en la Argentina, que es además de ponerlo en una agenda, empezar a debatirlo con parlamentos de cuidados, con producción de información que antes no teníamos, el compromiso de hacer una encuesta del uso del tiempo, el compromiso de que en el censo de población que se va a hacer en el próximo año esto exista, la instalación también de una Dirección nacional de cuidados, que eso es muy importante dentro de la institucionalidad, y también se convocó a una comisión de expertes para la creación de un proyecto de ley para un sistema nacional de cuidados que está en proceso, un proceso quizás de largo plazo. Hay también una mesa interinstitucional de cuidados previa a la pandemia, que no es una mesa de crisis y eso es algo que quiero destacar, me parece que una experiencia virtuosa es no ponerlo como crisis, sino como un momento en las crisis, y por eso el concepto de sindemia: es donde más se necesitan fortalecer proyectos y apuestas políticas.

Bogotá tiene un sistema distrital de cuidados que fortaleció fuertemente, en Chile está ahora en el debate constituyente y el derecho al cuidado es altamente factible que sea reconocido como un derecho. Entonces creo que ha habido, como siempre, luces y sombras, pero creo que estamos más en un camino de luces, por lo menos de instalar muy fuertemente a nivel social el tema.

--Más al nivel de las normas, ¿no?

LP: --No solo de las normas, el punto es ese, empezar con que las mujeres rompan con esa idea de la naturalización del cuidado, ahí me parece que hay un núcleo que tenemos que desandar fuertemente, que los varones empiecen a ejercer su responsabilidades y sus obligaciones en torno al cuidado. Una preocupación que compartimos con Nieves en este escenario sindémico de la crisis de los cuidados es que en la pospandemia ya cayó el empleo y los niveles de pobreza crecieron, y esto siempre afectó más a las mujeres y a los niñes, entonces en ese escenario pospandemia tenemos que fortalecer mucho más, pero también buscando un cambio cultural muy fuerte, cosa que las organizaciones sociales comunitarias en un deber virtuoso de solidaridad y sororidad lo han ejercido, y no hablo de virtuoso como de virtud sino que es un proceso que hay que apuntalar con políticas públicas.

--En su artículo usa una palabra interesante: la “elasticidad infinita” del trabajo de las mujeres...

LP: --Hace muchos años que venimos insistiendo con eso, hay una burocracia asistencial y un conjunto de políticas asentadas sobre ese concepto, en el cual las mujeres siempre van a bancar todo. Este es un punto muy fuerte para trabajar y en el cual la pandemia nos demostró que hay que terminar con las condicionalidades. Las familias sin tener conectividad hicieron lo imposible en los sectores vulnerables para garantizar que los chicos no salieran del sistema educativo. Lamentablemente se han salido del sistema educativo porque no se pudo garantizar, pero los hogares lo intentaron, ¿entonces qué me vienen a hablar de la condicionalidad? Como si para los sectores en condiciones de vulnerabilidad la educación no fuera un bien tan alto como para los sectores medios educados. Entonces ahí me parece que este es un momento para instalar también que esto tiene que salir de la agenda de las burocracias de las políticas sociales.

NR: --En este período ha quedado más claro que nunca la importancia de la economía no monetaria y es más, si la economía monetaria a partir de la pérdida del empleo, de la baja de la productividad y demás, ha decaído, evidentemente la economía no monetaria ha subido, y en el caso de Argentina el estudio que hizo el Ministerio de Economía lo muestra claramente: el aporte en relación al PIB del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado ha aumentado en este período. Entonces creo que si una mayor conciencia de la importancia de la economía no monetaria también llevaría a pensar en presupuestos públicos y priorización de políticas públicas dirigidos a reconocer y valorizar esa economía no monetaria; eso es un ámbito en el que hay que trabajar.

--Ejemplo de eso podría ser la medida de sumar un año por cada hijo a las mujeres que se jubilan y no llegan a cumplir los años de aportes ¿no?

NR: --Claro, ahora esa es una experiencia que existe en Chile hace unos siete años, existe en Costa Rica y en varios países de la región, en donde hay un reconocimiento para la jubilación de las mujeres de hijos vivos. También lo hay en algunos países en el caso de disolución del matrimonio, si la mujer no tuvo ingresos a partir del mercado laboral también hay un reconocimiento dentro de la distribución de los bienes. Pienso en que hay medidas que se tomaron en este tiempo que podrían prolongarse, que no sean solamente medidas de contención, y que nos hacen mirar las cosas de otra manera. Un ejemplo es la ley de teletrabajo en el caso de Argentina, donde estipula el derecho a la desconexión que es algo sumamente importante y el derecho al cuidado de aquellas personas que estuvieran haciendo teletrabajo. Son cosas que antes, aunque hubiese trabajo a distancia, no estaban contempladas, ni en Argentina ni en otros países había normativas o derechos laborales al respecto. Que se haya por ejemplo adoptado ahora en este momento es interesante no solamente para este momento sino la concepción transformadora de que el trabajador y la trabajadora tienen hijos y no son huérfanos.

--Con las licencias pasa algo parecido. Están pensadas para el momento del nacimiento de hijos e hijas, y después es como si esas personas no existieran más...

NR: --Sí, aparte el tipo demográfico aumentó la esperanza de vida y demás, es muy normal hoy que un trabajador o trabajadora de 40 o 50 años tenga sus progenitores vivos a los cuales tenga que cuidar, podríamos decir. También creo que la pandemia cuando se instala en otras desigualdades estructurales dejó en claro lo difícil de nuestros sistemas de salud, y no solamente en los aspectos de gestión sino también en lo que implica el empleo en el sector de salud, que es un empleo feminizado en donde los ingresos y salarios que tienen las trabajadoras en enfermería y limpieza son bajos cuando uno los compara con otros sectores instalados. Creo que la gran propuesta, y que no es nueva, nos lleva a pensar en políticas universales claramente, superar un poco la demanda focalizada y apuntar hacia políticas universales que puedan garantizar desde el Estado el ejercicio del derecho al cuidado, en este caso.

--¿Alguna otra propuesta?

NR: --La Confederación de sindicatos de trabajadoras domésticas asalariadas de América Latina puso ahora el lema “cuida a quienes te cuidan”, creo que también tenemos una deuda enorme con la formalización y los derechos y mejores remuneraciones, con las trabajadoras domésticas asalariadas, que están aumentando además en la región. Durante mucho tiempo había descendido y ahora es el gran nicho donde se insertan las mujeres, sobre todo las mujeres de menores recursos, con menores niveles de instrucción, etcétera. Ahí tenemos una deuda, como tenemos una deuda con las mujeres de los sistemas de salud, y una deuda al interior de los hogares, que creo que el tema es que no hay que pensar que las soluciones son arreglos particulares, no es que Pepito arregla con Juanita y Juanita negocia, sino que esto es como sociedad, buscar nuevos pactos, alianzas, y un nuevo pacto sexual en donde la vieja división sexual del trabajo esté puesta en entredicho.

novedoso concepto de la "sindemia".

20 de septiembre de 2021

Publicado enSociedad
Lunes, 06 Septiembre 2021 06:37

¿De qué lado estás?

Más de mil conserjes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se manifestaron la semana pasada en Los Ángeles, California, ante el inminente vencimiento de sus contratos. Denuncian no haber recibido ninguna compensación, pese a que han sido considerados trabajadores esenciales y han laborado haciendo limpieza en oficinas de biotecnología durante la pandemia del Covid-19. Foto Afp

Este lunes se festeja el Día del Trabajo en Estados Unidos, y no es accidental que este país no se suma al resto del mundo para celebrar a sus trabajadores en Primero de Mayo. Eso, a pesar de que el Primero de Mayo nació en Estados Unidos, en la lucha por la jornada laboral de ocho horas que tuvo su epicentro en Chicago en 1886. El presidente Grover Cleveland proclamó el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo, en 1894, para separarlo de la historia radical vinculada con el primero de mayo, movimiento encabezado por anarquistas, socialistas e inmigrantes radicales con ideas muy peligrosas.

Este fin de semana se acaba de marcar el centenario de la llamada Batalla de Blair Mountain, donde entre 7 mil y 10 mil mineros sindicalizados en West Virginia tomaron las armas para confrontar a las empresas que controlaban su vida en la región. Unos 2 mil oficiales y guardias privados armados por las empresas respondieron, y hasta bombardearon desde aviones al sindicato minero, y al final otras 2 mil tropas federales llegaron para ayudar a suprimir lo que se considera el levantamiento armado de trabajadores más grande en la historia de Estados Unidos. Esa y otras partes de la historia de la lucha obrera siguen en gran medida ausentes en la narrativa oficial y la conciencia colectiva de este país.

Las luchas por la dignidad, el derecho de asociación, la jornada de 8 horas, salario mínimo y más fueron realizadas por movimientos masivos alrededor de este país, muchos a través de acciones radicales, incluyendo huelgas y enfrentamientos violentos tanto con autoridades como con fuerzas represivas privadas, y sus logros tienen ecos hoy día en nuevos esfuerzos en defensa de los trabajadores, muchas, como siempre, encabezadas por inmigrantes.

El movimiento laboral elevó la tasa de sindicalización de 11 por ciento en 1933, a 29 por ciento en 1939; para 1953 se logró llegar al punto más alto de sindicalización con más de uno de cada tres trabajadores agremiados. Esas conquistas incluyeron vacaciones, seguros de salud, pensiones y otros beneficios. Pero tal vez el efecto más importante fue la reducción de la desigualdad económica que prevaleció hasta los años 70.

Pero hoy día, la tasa de sindicalización es de 10.8 por ciento y el país –gracias a cuatro décadas de neoliberalismo– tiene el nivel de desigualdad y concentración de riqueza más extremo desde poco antes de la Gran Depresión del 29. El salario mínimo federal de 1968 es 46 por ciento mayor al de 2021 en términos reales. Eso es resultado del ataque feroz contra los trabajadores, sus sindicatos y sus derechos, que empezó con el arranque de la era neoliberal en el gobierno de Ronald Reagan (quien declaró la guerra contra los sindicatos al despedir a 13 mil controladores aéreos en huelga).

Hoy día, la tasa de sindicalización en Estados Unidos está entre las más bajas de los países integrantes de la OCDE, incluso inferior a la de México. Más aún, Estados Unidos tiene menos derechos laborales legalmente protegidos que México (por ejemplo, aquí no hay reglamentos para defender a trabajadores no sindicalizados de ser despedidos, ni seguro de salud, vacaciones y otras prestaciones), y en los hechos no hay protección de los derechos a la libre asociación y a la negociación de contratos colectivos. Un 20 por ciento de los organizadores en esfuerzos de sindicalización son despedidos por las empresas –son miles cada año– mientras continúan represalias de todo tipo contra los que se atreven a promover los sindicatos en este país. Bajo la ley, millones de jornaleros agrarios, trabajadoras domésticas y otros no tienen derechos protegidos para sindicalizarse. La lucha por los derechos civiles en este país siempre ha sido entrelazada con una lucha por los derechos de los trabajadores.

Se ha hablado mucho de la reforma laboral en México y de la necesidad de asegurar su implementación y cumplimiento de sus normas y los derechos laborales, incluyendo monitores estadunidenses para ello. Pero es igual de urgente que México y otros países brinden apoyo para impulsar la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos a partir de este Día del Trabajo. La solidaridad es una calle de dos sentidos.

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"No, la educación por sí sola no resuelve la pobreza"

Entrevista a Cristina Groeger, por Mike Stivers

Durante más de un siglo, una de las ideas más persistentes en la política de EE UU ha sido que la educación es la mejor solución frente a la desigualdad. Pero no es persistente porque sea cierta, sino que lo es porque constituye un mito útil  para las élites políticas y económicas que custodian celosamente su dinero y su poder.

Desde mediados del siglo XIX, el número de niñas y niños que asisten a la escuela en EE UU ha aumentado de modo constante; la igualdad económica, no. Sin embargo, la idea de que la educación escolar es la mejor manera de reducir la pobreza y de reducir la distancia entre ricos y pobres casi ni se discute. En su nuevo libro, The Education Trap [La trampa de la educación], la historiadora Cristina Groeger aborda este mito sin rodeos.

Basándose en el caso concreto de Boston y aplicando la lupa a la situación de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Groeger examina la relación entre la escuela y la desigualdad en una época en que la educación pública se expandía con rapidez. En conjunto, la conclusión es clara: el crecimiento masivo de la educación pública no generó prosperidad económica generalizada. Las escuelas formaron a algunos trabajadores que consiguieron empleos bien pagados en la creciente burocracia empresarial. Sin embargo, al socavar las bases de los poderosos sindicatos de oficio y establecer un sistema de acreditación, las escuelas también consolidaron la estratificación social existente.

El libro de Groeger muestra la escabrosa historia de la educación como instrumento de lucha contra la pobreza. Tal vez lo más importante es que ayuda al personal enseñante y a la militancia sindical a pensar en las coas que realmente reducen la desigualdad: programas de gobierno universales y sindicatos fuertes. Mike Stivers, autor asiduo de Jacobin, ha hablado con Cristina Groeger, historiadora que enseña en la Lake Forest College, sobre su nuevo libro y lo que puede lograr o no la educación en una sociedad desigual.

Mike Stivers: La idea básica que abordas en el libro es la que dice que la educación es un instrumento político de lucha contra la pobreza. ¿Qué teoría subyace a esta idea?

Cristina Groeger: La visión de la educación como solución para la pobreza tiene una larga historia, que se remonta a Horace Mann, quien a mediados del siglo XIX califica la educación de la gran igualadora. Sin embargo, en los debates políticos más contemporáneos, el marco dominante es la teoría del capital humano, que proviene de la ciencia económica. Considera que la retribución en el mercado de trabajo refleja el grado de cualificación de una persona, que suele medirse en términos de educación y formación. El argumento de economistas como Claudia Goldin y Lawrence Katz es que en las últimas décadas el cambio tecnológico que favorece al personal altamente cualificado se ha acelerado y que el número de personas inscritas en la educación no ha mantenido el paso, por lo que el número de personas que pueden acceder a los empleos mejor pagados es limitado. Así, la solución para abordar la desigualdad social ahora pasa por incrementar el acceso a la educación.

Hay un montón de datos que demuestran que un alto nivel educativo no se traduce automáticamente en un salario más elevado. Pero la relación entre educación y desigualdad también es más compleja. En comparación con otros países, EE UU ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas más altas de acceso a la educación del mundo, pero también tiene una de las tasas de desigualdad más elevadas. Esto constituye una paradoja si pensamos que la educación es la mejor vía para reducir la desigualdad.

Podemos hallar un temprano predecesor del modelo de capital humano en los reformadores progresistas de comienzos del siglo XX, que pensaban que el motivo por el que el personal subalterno percibe salarios bajos es la falta de cualificación. Así, si puedes formar a trabajadoras domésticas en escuelas de administración de tareas domésticas, no solo aumentarán sus salarios, sino que también se transformará la ocupación en algo más parecido a una profesión. El problema era que muchas trabajadoras domésticas y otros trabajadores poco cualificados no tenían tiempo para asistir a esas escuelas. Tampoco se tenían en cuenta los motivos por los que muchas personas afroamericanas permanecieron estancadas en empleos mal pagados: no se debía a que no estuvieran suficientemente cualificadas o a su bajo nivel educativo, sino al racismo imperante en el mercado de trabajo u otras clases de desigualdad que estructuran este mercado.

Mike Stivers: Tu libro comienza en la Gilded Age, cuando Boston y muchas otras grandes ciudades de EE UU decidieron invertir masivamente en la educación pública. ¿Por qué la expansión de la escuela pública se convirtió en el buque insignia de la reforma frente a otras opciones que había sobre el tapete?

Cristina Groeger: Había una amplia coalición de apoyo a la educación pública. Los reformadores progresistas pensaban que la educación era la mejor manera de sacar de la pobreza a la clase trabajadora menos cualificada y de integrar a la inmigración. Para las empresas, la educación pública era un medio atractivo para reducir sus costes de formación ‒podían descargarlos en el sistema escolar‒ y además reducía las presiones de que eran objeto para que mejoraran las condiciones de trabajo o aumentaran los salarios. Pero también sostengo que había un amplio apoyo por parte de la clase obrera a favor de la educación pública, especialmente de la que impartiera formación de cara al sector de oficinas, que crecía explosivamente: administrativos, secretarias, mecanógrafas, contables.

Este es el único sector en que el modelo de capital humano viene muy bien para describir la dinámica. Montones de estudiantes, en su mayoría mujeres blancas e inmigrantes de segunda generación, utilizaron las escuelas, especialmente los institutos públicos, para acceder a nuevos tipos de empleos de cuello blanco. Esta fue la base material de la ideología de la educación como instrumento de movilidad social, aunque solo describe a un conjunto específico de estudiantes que accedían a un sector de empleo específico en aquel periodo histórico.

Mike Stivers: Había gente de izquierda que decía que al preparar a la futura fuerza de trabajo, la escuela pública estaba subvencionando la formación para el empleo a las empresas privadas. La alternativa, señalan, sería que se formara a la mano de obra a expensas de las empresas, algo así como una formación práctica. Pero esto era exactamente lo que muchas empresas trataron de hacer a comienzos del siglo XX, mientras que los sindicatos de la época se oponían con uñas y dientes a ello. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En aquel entonces casi no había sindicatos en el trabajo de oficina y básicamente ninguna oposición a la expansión de la formación. El sector profesional y el industrial ya eran otra historia. La fuerza de trabajo profesional estaba organizada en sindicatos de oficio y su fuerza se derivaba de su capacidad de controlar el acceso a determinados oficios a través del proceso de aprendizaje sindical. Las empresas que contrataban a profesionales pretendían eludir a los sindicatos y el proceso de aprendizaje, tanto porque regulaba los salarios que tenían que pagar a los y las aprendices como porque a las empresas no les gustan los sindicatos y querían socavar las bases de su poder.

La fuerza de trabajo profesional consiguió cerrar muchas escuelas de oficios privadas y alejar el plan de estudios de las cualificaciones profesionales específicas en la educación industrial pública. El sector de la construcción es todavía uno de los pocos oficios en que existe el aprendizaje sindical y esto se debe a que los sindicatos no cedieron el control de la formación a una entidad externa como el sistema escolar.

Mike Stivers: También señalas que no es cierto que las empresas impartieran la formación a título gratuito. Apareció toda una nueva categoría de escuelas privadas que impartían formación a título oneroso. Esto se parece a lo que ahora llamamos academias privadas con fines lucrativos.

Cristina Groeger: Sí, y esto también varía según el sector. Había algunas escuelas de oficios privadas, en muchos casos relacionadas con empresas. Sin embargo, el crecimiento real del sector con fines lucrativos a comienzos del siglo XX se dio en el trabajo de oficina, donde las escuelas podían ofrecer formación sin apenas oposición por parte de una fuerza de trabajo que no estaba organizada. Estas escuelas de formación profesional, o escuelas comerciales, acapararon una parte importante del panorama educativo hasta que fueron desplazadas los institutos públicos de enseñanza.

Mike Stivers: Cuando las escuelas públicas pasaron a impartir formación práctica, después de años de lucha entre sindicatos y empresas, los empresarios estaban más interesados en que esas escuelas enseñaran lectoescritura y aritmética básicas. Los empresarios no querían que las escuelas impartieran cualificaciones profesionales como, digamos, carpintería o mecánica. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En el libro sostengo que podemos contemplar el ascenso de la producción masiva, especialmente alrededor de la primera guerra mundial, en parte como una estrategia encaminada a reducir el número de trabajadores profesionales en general y desplazar al conjunto de la fuerza de trabajo a nuevos tipos de trabajo en que tengan menos fuerza. Se trata también de trabajadores y trabajadoras que no cursan la mayor parte de su formación en el puesto de trabajo, sino en escuelas. Esto incluye a maquinistas inmigrantes que tienen nociones básicas de lectura, escritura y cálculo, que pueden adquirir en la escuela primaria, pero que por lo demás pueden formarse muy rápidamente en el puesto de trabajo.

Ahí está incluida la nueva fuerza de trabajo de cuello blanco, en su mayoría estudiantes que han obtenido el bachillerato y que nutren la burocracia que acompaña a las industrias de la gran producción masiva. Y las escuelan capacitan asimismo a un número muy reducido de administradores educados en la universidad e ingenieros superiores. Así vemos que las empresas pueden apoyarse en distintos tipos de escuelas para diferentes segmentos de su fuerza de trabajo, pero ya en las décadas de 1920 o 1930 se trata también de una fuerza de trabajo que en su gran mayoría no está sindicada y tiene menos poder que sus contrapartes en los tipos de trabajo profesional de antaño.

Mike Stivers: Así es. Señalas que este surgimiento de una clase supervisora ‒hablas mucho de ingenieros de alto nivel, altamente cualificados‒ está estrechamente relacionado con el taylorismo y la descualificación sistemática de la mano de obra.

Cristina Groeger: Podemos ver estas dos caras de la misma moneda. A medida que las empresas pasan a un modelo industrial de producción masiva, que depende del personal de montaje en la base y una nueva fuerza de trabajo de cuello rosa que está ampliamente feminizado, vemos un grupo masivo de trabajadores y trabajadoras que tienen muy poco poder y una nueva clase directiva en lo alto. Esta fuerza de trabajo es mucho más barata. A menudo, las mujeres que realizan estos trabajos cobran la mitad de lo que perciben los hombres, y se trata de una fuerza de trabajo que carece fundamentalmente de sindicatos, de fuerza organizada. Y a medida que se expande la fuerza de trabajo de cuello blanco, deja de ser un tipo de aprendizaje mercantil muy exclusivo y prestigioso a lo que ahora llamaríamos una categoría de cuello rosa.

Mike Stivers: También documentas que la mano de obra afroamericana alcanzaba algunos de los máximos niveles educativos, pero que aun así permanecía en los puestos más bajos de la escala salarial.

Cristinta Groeger: Sí, y no me esperaba descubrir esto, pero si comparamos el grado de matriculación de niños y niñas de clase obrera, las menores afroamericanas mostraban continuamente niveles superiores de escolarización que sus homólogas blancas nativas o inmigrantes. Sin embargo, siempre acababan en los puestos peor pagados. Este es el ejemplo más claro de la incapacidad de la teoría del capital humano para justificar la retribución en el mercado laboral. La gente afroamericana quedó casi completamente excluida del trabajo administrativo, pese a tener estudios secundarios.

Mike Stivers: Mucha gente piensa hoy en EE UU que un título universitario es un pasaporte a la riqueza y buenos ingresos, pero demuestras que históricamente la implantación de los títulos de bachillerato y universitarios cimentó la desigualdad en la misma medida en que la redujo. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Cristina Groeger: A medida que se masifica la escuela secundaria en este periodo y que nuevas poblaciones ‒inmigrantes, mujeres‒ ocupan puestos de trabajo administrativo, vemos una fuerte reacción por parte de la elite económica y profesional bostoniana. Establecen relaciones con universidades privadas para convertir un título universitario en una importante credencial para los puestos de trabajo mejor pagados en la nueva economía empresarial, cuando en el siglo XIX la mayoría de propietarios y administradores de empresas no tenían ningún título universitario, tal vez ni siquiera el bachillerato. Podemos ver esto mismo también en otras profesiones de salarios elevados, como el desarrollo del derecho mercantil.

En el libro examino la correspondencia entre empresarios y consultores universitarios que ayudan a las personas licenciadas a encontrar un empleo. Es una buena fuente para comprender por qué las empresas prefieren a los titulados universitarios. Observo que parte de su conversación tiene que ver con la cualificación, o capital humano, pero que también tiene que ver con las preferencias de las empresas en materia de raza o clase u otras características personales. Esto significa que las universidades de elite son capaces de reproducir la elite tradicional en estos nuevos puestos empresariales, pero ahora las elites tienen una credencial meritocrática para legitimar sus posiciones en la economía.

Mike Stivers: A pesar de su escasa contribución a la reducción de la desigualdad, la idea de que la educación es un instrumento político para superarla sobrevive en todas partes. ¿Por qué es la educación un instrumento político tan atractivo para resolver problemas económicos?

Cristina Groeger: Creo que en parte se debe a que muchas de las personas que promueven la educación pueden imaginar que esta hace tantas cosas diferentes. Vemos lo mismo en el comienzo del siglo XX. Hay una gran coalición de apoyo, a menudo con intereses opuestos en otros terrenos, pero que se unen en torno a la idea de la educación. La idea también persiste porque no cuestiona a algunos de los sujetos más poderosos de la economía. No cuestiona la facultad de los empresarios de pagar el salario que quieran o de establecer las condiciones laborales que se les antoje. Es muy fácil hablar de nobles ideales y propósitos dentro del sistema educativo, pero lo que esta puede lograr tiene sus limitaciones. Y en muchos casos puede correr un tupido velo sobre desigualdades en el mercado de trabajo que desempeñan un papel mucho más importante en la configuración de las desigualdades que vimos a comienzos del siglo XX y que volvemos a ver hoy.

Mike Stivers: Mucha gente de izquierda rechaza que las escuelas sean simplemente un lugar de formación para el empleo, pero la preparación para el empleo sigue siendo también una parte esencial de la finalidad de la educación pública. ¿Cómo debería concebir el movimiento socialista la finalidad de la escuela en el siglo XXI?

Cristina Groeger: En la medida en que la educación es importante para acceder a un puesto de trabajo ‒y en el plano individual, por supuesto, la educación importa‒, no creo que debamos denigrar a los y las estudiantes que acuden a la educación por este motivo. Hay una tendencia a rechazar el carrerismo, o la profesionalización de la juventud estudiantil, lo que en mi opinión le echa la culpa por la economía a que se enfrentan. Si la izquierda desea liberar la educación para otros propósitos creativos o emancipatorios, primero hemos de crear una economía que asegure la subsistencia de todos y todas. Las demandas de gratuidad de la universidad y de universidades no endeudadas son buenas demandas socialistas, pero no son suficientes. Hemos visto cómo las elites pueden crear siempre nuevas barreras utilizando credenciales todavía más elevadas.

Esto me lleva al título del libro, La trampa de la educación. En todo el espectro político se contempla la escuela como la solución de tantos problemas sociales, pero poner el acento en las escuelas puede convenir a quienes gozan del mayor poder económico, porque echa la carga de la reforma sobre las espaldas del estudiantado, del profesorado, lejos de lo que es la causa real de la desigualdad: la falta de poder de la clase trabajadora en la economía y la política.

Las y los profesionales de la educación desempeñan un papel importante en la lucha por el poder de la clase trabajadora. Lo hemos visto en Chicago, donde vivo. Los sindicatos de enseñantes han luchado no solo por sus propias condiciones de trabajo, sino también por un amplio programa político y por inversiones públicas en sus estudiantes y sus comunidades. Y creo que como socialistas, si interpretamos el papel de la escuela en sentido amplio, deberíamos entender que estas campañas de organización también son formas realmente importantes de educación política. Deberíamos promoverlas tanto dentro como fuera de las escuelas.

Por Cristina Groeger | Mike Stivers

23 agosto 2021

14/04/2021

Publicado enSociedad
Colombia: mueren doce obreros por la explosión en una mina de carbón

Se trata de la mina La Carbonara, en Tópaga, departamento de Boyacá. Los cuerpos de los mineros fueron rescatados esta mañana. La mina tenía una prohibición para adelantar trabajos de explotación.

 

Es una de las peores tragedias del departamento de Boyacá. Una explosión de gas metano y polvo de carbón los había dejado encerrados este martes en horas tempranas de la mañana.

Los doce trabajadores se encontraban ya en el interior de la mina, a 500 metros de profundidad. Dos mineros que se encontraba en la entrada del socavón resultaron heridos.

Esta mina, La Carbonara, tenía una prohibición de seguir adelantando trabajos, según la propia Agencia Nacional de Minas, un organismo gubernamental que a pesar de haber emitido esa prohibición, sus autoridades no hicieron nada para controlar que la misma fuera respetada por los dueños de la mina.

Hoy 12 familias trabajadoras tienen que sufrir esta pérdida. Pero en Boyacá se vienen sucediendo estas muertes obreras, verdaderos crímenes sociales ya que no son simples accidentes, sino que se trata de falta de cuidados, de verificaciones de obras e incluso de casos de minas ilegales, donde el Gobierno mira para otro lado.

Por ejemplo en marzo de este año 11 mineros murieron en un socavón de una mina ilegal de oro en el departamento de Caldas. En junio en el mismo departamento de Boyacá, municipio de Socha, también fueron 11 los trabajadores fallecidos tras la explosión de la mina Santa Inés por explosión de gas metano.

Según datos de la propia Agencia Nacional Minera en 2020 se registraron 161 explosiones o desprendimientos mineros que dejaron 171 muertos, mientras que en lo que va de este año se reportaron 85 emergencias con 102 víctimas fatales.

En su gran mayoría se trata de minas de oro y carbón, recursos del país que los empresarios explotan, expoliando el suelo colombiano, mientras son responsables, junto con los gobiernos municipales y el del propio Duque, de estas muertes obreras.

Miércoles 25 de agosto | 09:58

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Cambio de «Zeitgeist»: trabajo, ingreso y placer en la nueva normalidad

La pandemia modificó los parámetros del mundo laboral. Mientras miles de jóvenes de los países ricos piensan en abandonar su trabajo o pasar a la hibridez entre las tareas presenciales y remotas, se produce un debate sobre el placer, la tecnología y los ingresos en el capitalismo contemporáneo.

Un fantasma recorre los países centrales: la epidemia de la «gran renuncia». En Estados Unidos, cuatro millones de trabajadores –oficinistas, empleados de comercio, gastronomía y supermercados, trabajadores de transporte y cargas y «esenciales» (médicos, enfermeros, docentes, cuidadores)– presentaron su renuncia en abril de este año. En Reino Unido, hay más de un millón de empleos vacantes que los reclutadores o empleadores no pueden llenar, a pesar de que existen más de dos millones de personas buscando empleo. Además, según el «índice de tendencia laboral» de Microsoft relevado por el Foro Económico Mundial, al menos 40% de la fuerza de trabajo juvenilestá considerando abandonar su empleo o revisar las condiciones para pasar de modo estable al modo híbrido (entre presencial y remoto). Según la misma investigación, los jefes declaran que durante la pandemia han prosperado significativamente, y la brecha con los empleados se ha hecho palpable, evidente, dolorosamente indisimulada.

Los empleadores han realizado tímidos esfuerzos, hasta el momento, para tentar a la demanda a reingresar al empleo formal: se ofrecen bonos de ingreso, aumento de salarios y esquemas híbridos de trabajo (remoto-presencial), pero sin éxito. Asimismo, algunas empresas como LinkedIn y Twitter han brindado beneficios ostentosos a sus empleados, como vacaciones con todo pago o bonos sorpresa, con el objetivo de retener sus talentos. ¿Cómo se llegó hasta aquí?

Los analistas coinciden en señalar que, al irrumpir la pandemia, los sectores medios-bajos se encontraron en la disyuntiva entre pagar personal de cuidado para sus hijos o renunciar al empleo para cuidarlos ellos mismos, lo cual financieramente tuvo mucho más sentido, al tiempo que evitaron la exposición de sí mismos y la familia al virus. Los oficinistas y profesionales, cubriendo largas horas en soledad frente a la computadora, pronto se encontraron cuestionando la relevancia, significatividad y propósito de sus empleos. En gran medida, fueron estos bullshit jobs o «empleos redundantes» los que fueron abandonados por los propios empleados.

Según un estudio de la Universidad de Stanford, uno de los principales factores causales de la gran renuncia fue el maltrato en el lugar de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras tomaron la decisión de irse o quedarse según cómo la empresa los trató (o destrató) durante la pandemia. Quienes ya se encontraban al borde de la renuncia fueron empujados al punto de ruptura. Muchas de las empresas reforzaron sus políticas restrictivas y despidieron personal o redujeron salarios, lo que hizo que quienes no fueron afectados por esas medidas renunciaran de todas maneras, al comprobar la hostilidad de la empresa hacia su fuerza de trabajo. Asimismo, muchos de estos empleados –ya acostumbrados a las inversiones en criptomonedas, bonos o acciones– utilizaron su dinero para pasar el tiempo de confinamiento sin trabajar. Impulsados por el boom de las redes sociales y por el tiempo disponible para consumirlas, otros tantos se lanzaron al emprendedorismo, el e-commerce o su pasatiempo como fuente de ingresos.

Esta «economía YOLO» (you only live once, o solo se vive una vez), mezcla de carpe diem con burnout digital, maltrato y culturas empresariales tóxicas, sumada al descreimiento respecto de las instituciones políticas y económicas para responder adecuadamente a la necesidad de seguridad, protección y contención de los individuos, decantaron en lo que el Washington Post denominó «una revisión profunda del trabajo en Estados Unidos» (aunque el fenómeno se evidencia también en otros países centrales). Jack Kelly, periodista de la revista Forbes, fue más allá y lo identificó como un cambio de Zeitgeist [espíritu de la época]. «Ha habido un cambio de humor y un cambio en el Zeitgeist. Hemos aprendido de primera mano lo frágil que es la vida. Muchas personas han reexaminado sus vidas. Se dan cuenta de que tienen un tiempo limitado en este mundo. Esto ha causado una suerte de momento existencial. La gente ha comenzado a reflexionar acerca de qué ha estado haciendo y si desea continuar en el mismo empleo o carrera por los próximos cinco a 25 años. Los resultados de esta introspección claramente muestran que desean hacer un cambio”, asegura.

El trabajo no solo constituye un eje de la economía. Es, también, un ordenador sociopolítico, un mecanismo de control social y una institución que jerarquiza, incluye y expulsa identidades y cuerpos. El trabajo organiza la vida familiar y comunitaria, impacta en las creencias o cosmovisiones y tiene un rol ineludible en la dinámica de la disputa ideológica dentro de la sociedad.

En la nueva normalidad, la ética protestante parece entrar en conflicto con el principio del placer. El constreñimiento al trabajo deja lugar a un inconsciente colectivo que busca el hedonismo para superar un tiempo crítico y de muerte. La lógica del deseo y su satisfacción está vinculada a la pulsión erótica, es decir, a la continuidad de la vida y de la especie: el placer es indisociable de la fecundidad, aun en los casos en que esté mediado por técnicas artificiales. Eso indica, precisamente, la fuerza con que la vitalidad irrumpe y busca los caminos para materializarse, con el esfuerzo y los recursos que sean necesarios. La pulsión erótica, en este sentido, se relaciona con la natalidad, como quería Hannah Arendt. Cada acción humana conlleva el germen de la disrupción, de la introducción de lo inesperado, de lo improbable sucediendo. La natalidad, para Arendt, equivale a la libertad, y esta, a la capacidad creativa y creadora de la especie humana.

Esta gran ola de renuncias, esta Great Resignation, ¿no es acaso una disrupción en las relaciones entre el trabajador y la patronal, la introducción de un repertorio de acción social por fuera de los mecanismos tradicionales de protesta, movilización y sindicalización? ¿No se trata acaso de una innovación en las relaciones sociales, que evade por completo el camino de la lucha y del conflicto y se apropia de los instrumentos que el mismo opresor dispone y de sus propias reglas para aliviar el yugo, mejorar sus condiciones de existencia y compartir (a través de las redes sociales, ni más ni menos) estas historias de éxito, es decir, épicas, con quien quiera oírlas?

Si se corrobora la tesis de que que nos encontramos ante un nuevo escenario de estancamiento secular, como señala Paula Bach, en el que el capitalismo se muestra débil para resurgir de su crisis (como es su modus operandi) y, asimismo, los principales actores económicos y políticos reconocen esta falencia –un dato no menor–, la puesta en crisis de la relación entre el trabajo, el ingreso y el uso del tiempo es ineludible. Por un lado, están quienes sostienen que, en el futuro cercano, simplemente no habrá empleo para todos: la automatización reemplazará más empleos de los que se crearán («algunos empleos no volverán», advierten los asesores de Joe Biden). Pero hay corrientes teóricas de la automatización que aseguran lo contrario. Es decir, que este escenario no se verificará y que la fuerza laboral humana seguirá siendo esencial para que el capital pueda reproducirse.

Como sea, la idealización de la tecnología, junto con demandas como la renta básica universal, el Green New Deal [Nuevo Pacto Verde] global o la semana laboral de cuatro días, apunta a un horizonte reformista de la institución del trabajo. Las relaciones de producción quedarían intactas, desde luego, pero sería un escenario optimista –progresista– para la fuerza de trabajo. Asimismo, el boom de las inversiones financieras durante la pandemia llevó a muchos trabajadores a incrementar sus ahorros, haciendo su vida cada vez más holgada e independiente del «de 9 a 5». Esto presenta para muchos una arista excitante y estimula la especulación con las criptomonedas y los mercados.

En otras palabras, el divorcio entre la economía real y el mercado financiero va en aumento. Los comunes, los «plebeyos», han encontrado ahora la forma de volverse masivamente hacia los ingresos pasivos, la «economía de la pasión» (emprendedores, oficios, artesanos, profesionales independientes que trabajan como freelancers o consultores), el autoempleo o una mezcla de ellos. Así, la gig economy o economía de pequeños encargos –de empleados flexibilizados, precarizados y explotados– muestra su contracara en la independencia personal inherente al sueño americano (self-made) y su desafío abierto a los patrones corporativos abusivos, de maltrato y avaros. La trayectoria de la ambición yuppie retratada en la vieja película Secretaria ejecutiva, con la meritocracia y el rascacielos como dispositivos de ascenso social, tiene 40 años después su desenlace en el éxodo de los oficinistas al campo, donde redescubren su amor por las gallinas, las huertas y la comunidad.

En síntesis, el mercado laboral de las economías centrales tiene dos fugas: las renuncias masivas y el mercado financiero. Es en esta lenta sangría del capitalismo donde podemos ubicar una causa poderosa del estancamiento secular.

Junto con la creciente desmaterialización, digitalización y abstracción de la economía (pensemos en las billeteras digitales, las criptomonedas o los vales no fungibles), aumenta, asimismo, la brecha de acceso a la inclusión financiera. Los sectores medios de las economías centrales ya están dando ese salto, gracias a su proximidad a los catalizadores, resortes y explicadores del proceso.

Para las economías periféricas como las de América Latina, este escenario profundiza la disyuntiva en que la región se encuentra actualmente, acelerada por la «nueva normalidad», dado que las inversiones escasean y las economías centrales se encuentran enfocadas en resolver sus propias dificultades, absorbiendo los flujos de capital y los cargamentos de vacunas en la misma medida. Observemos que, mientras Elon Musk y Richard Branson fogonean la nueva carrera espacial, buscando quizás reactivar la economía pero, más importante aún, ensayando la misión de colonizar un nuevo territorio donde exiliar a la especie (o al 1% de ella), Bill Gates decide invertir en activos reales, ni más ni menos que la tierra cultivable de Estados Unidos. Resulta llamativo que el milmillonario decida invertir en aquello que se anuncia que está por extinguirse. En los tres casos, de todas maneras, la inversión permanece en el circuito de la economía central, sin posibilidad de derrame o inclusión alguna.

Frente a este escenario centrípeto de los flujos de riqueza, las periferias tienen al menos dos alternativas claras. Una es asumir un mayor endeudamiento, como proveedores de mano de obra ultrabarata remota (outsourcing) y doméstica (inmigrantes), receptores del dumping medioambiental (cerdos, salmones, minería) y alimento para buitres financieros. La otra es dar un salto análogo al de los tigres asiáticos, invirtiendo en educación financiera, premiando la audacia política y ejercitando la disciplina colectiva.

Estas naciones, sin dudas, deberán pelear por ingresar al Green New Deal global y adquirir todos los derechos sociales, ambientales y políticos del Primer Mundo (que, de otro modo, solo serán privilegios).

El punto en que convergen, tal vez, todos los discursos es el punto final impuesto por el trabajador al explotador, pero no como se lo imaginaban los marxistas. La opción por la salida hacia una fuente de ingresos alternativa, benigna y soberana, cuando es masiva, resulta en una especie de revolución silenciosa, un salto de conciencia más parecido a un despertar místico que a las milicias de Sierra Maestra.

Paradójicamente, este salto fue habilitado por el propio capital en su búsqueda insaciable de incrementar las ganancias mediante instrumentos derivativos y digitales. Con la desmaterialización del dinero llega la desmaterialización del empleo, en formato remoto primero, como ingreso autónomo después, y finalmente pasivo. ¿La meta? Restaurar el placer, aquello que el capitalismo llama «calidad de vida». Pasar más tiempo con los seres queridos, disfrutar del ocio, consumir calidad, compartir experiencias, desarrollar talentos y proyectos creativos.

La revolución, por tanto, también se ha desmaterializado y desterritorializado. La lucha por la independencia, la soberanía nacional o la democracia popular ha dado paso al combate por el placer, entendido como bienestar integral del individuo y su comunidad.  El plot twist de la especie que vuelve al origen cuando se siente amenazada. Recupera su instinto y no se disculpa, no se cuestiona, no se resiste; simplemente obedece a un recurso ancestral implantado en su memoria antes que el chip: la supervivencia. 

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La amenaza fantasma Inteligencia artificial y derechos laborales

Más allá de los discursos sobre el «gran reemplazo» del trabajo humano por las máquinas, lo cierto es que la inteligencia artificial está cambiando las formas de trabajar. Los algoritmos son las nuevas «cajas negras», y los recursos de la organización del trabajo son hoy inseparables de los medios de vigilancia. Abrir y regular esas cajas negras es fundamental para evitar el ludismo silencioso que implica la competencia humana con la inteligencia artificial.

¿Es una certeza que en el futuro los robots podrán realizar todas o algunas tareas mejor que los seres humanos? Hoy, solo algunas funciones del trabajo pueden ser mecánicamente automatizadas. Desde la creación de la primera máquina capaz de emular la figura humana hasta las advertencias de John F. Kennedy en 1960, cuando describió la automatización como una «oscura amenaza», el mundo se mostró maravillado con la organización científica del trabajo y reservaba sus temores a la posibilidad de que el autómata –generalmente representado en la ciencia ficción como un único individuo– se rebelara contra su creador.

El impacto actual del desarrollo de la inteligencia artificial está ligado a las reformas neoliberales, que implican descentralización productiva, precariedad laboral y una distribución desigual tanto de la fuerza como de los frutos del trabajo. Más allá de los debates en torno del desempleo tecnológico, el discurso agorero del fin del trabajo, verdadero o falso, pierde de vista el impacto real que la inteligencia artificial tiene sobre las condiciones de trabajo y los derechos laborales involucrados. ¿Existe un lazo inseparable entre la inteligencia artificial y la robótica? La inteligencia artificial era una deriva de la ciencia ficción hasta hace apenas 15 años. El ritmo de desarrollo de la automatización de la organización del trabajo estuvo determinado, hasta entrada la década de 1990, por los avances y el perfeccionamiento de máquinas físicas integradas al proceso de producción. La industria automotriz –estandarte de la organización del trabajo en el siglo xx– incorporó rápidamente los brazos mecánicos en el armado y ensamblaje de automóviles1. Este desarrollo se ralentizó cuando las máquinas no resultaron eficientes para ejecutar la motricidad fina de la que solo son capaces los seres humanos. Aún hoy, en el marcador de la motricidad fina, la biología gana el partido por goleada contra la artificialidad cuando no hay mecánica que pueda reproducir la multifuncionalidad de una rodilla para subir una escalera. Por el contrario, si bien en los últimos años la motricidad robótica encontró obstáculos en su desarrollo, la inteligencia artificial creció sin límites y de manera exponencial. Conocemos los límites de la robótica, pero no los del aprendizaje artificial. ¿Cuál es la frontera de la capacidad de procesamiento artificial y cuáles son los alcances de la creatividad humana? ¿Cuán fundado es el miedo a su competencia? ¿Cuáles son las perspectivas de la colaboración entre ellas?

Comúnmente, los expertos presentan el problema del reemplazo de las capacidades humanas por la automatización como un pastiche en el que inteligencia artificial y robots son siempre ingredientes integrados. El tardocapitalismo podría abastecerse de «recursos de recursos»2, es decir, de recursos producidos por los mismos recursos –humanos y tecnológicos– para llevar a cabo una serie de operaciones que van desde la logística del comercio internacional hasta el cuidado. Solo que, como sostiene Silvia Federici, los trabajos de cuidado podrían ser la última actividad humana en ser reemplazada por la automatización3. Por otro lado, el difundido concepto del centauro inverso, introducido por teóricos de la automatización a partir de la famosa partida de ajedrez entre el robot Deep Blue y Garri Kaspárov, consiste en que sean los robots los que usen a los humanos como complemento: el ser humano como asistente. La máquina en el centro, la persona en los márgenes. Esto ocurre actualmente en el campo virtual. En la nube digital, las personas trabajan realizando microtareas mal pagas –como identificar imágenes con escaleras– para ser los ojos de la máquina, que se desenvuelve eficientemente realizando tareas cognitivas pero no puede ver y reconocer patrones a la vez.

La amenaza fantasma

Así como los primeros autómatas solo emulaban la figura humana y los usos de la mecánica robótica –sin imitación– se desarrollaron de manera eficiente, el concepto de inteligencia artificial más coloquialmente difundido es el de la imitación de la cognición humana, pero su desarrollo más ambicioso –no imitativo– es el de resolver problemas, alcanzar soluciones o realizar tareas. Si la tecnología es capaz de problematizar el concepto de inteligencia, por qué no habría de socavar el de trabajo. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y creador y promotor del concepto de «cuarta revolución industrial» en 2016, es incapaz de precisar las propiedades de la inteligencia artificial. Por el contrario, se limita a destacar los logros más recientes y los avances más atractivos del cómputo4. Desde entonces, el tardocapitalismo convino en llamar revolución a un nuevo ecosistema global motorizado por una tecnología disruptiva que aún no logró conceptualizar. En ese contexto, la pregunta por la producción y el trabajo aparece omitida detrás de los caracteres aparentemente revolucionarios de las facilidades y soluciones que ofrecen los productos tecnológicos de última generación5.Los analistas neoliberales más avezados comienzan por aceptar la inexorabilidad tanto del cambio tecnológico como del reemplazo de humanos por máquinas6. La inteligencia artificial es solo un ingrediente más del proceso irrefrenable hacia el fin del trabajo humano. El discurso hegemónico del «sálvese quien pueda», que insta a los jóvenes a adaptarse a la incertidumbre, suele asentarse a veces en el anecdotario de los casos de éxito, en la reorganización de los modelos educativos o en la desregulación laboral, pero siempre, siempre, en la amenaza del reemplazo. La maravilla de la técnica se convierte en amenaza. Ante la certeza de que el cambio tecnológico ha implicado la fragmentación de los mercados de trabajo y un aumento de la precariedad laboral, la amenaza se condensa7.

Por cada noticia que destaca anécdotas sobre los avances de la mecánica para imitar tareas humanas, hay cientos de miles de horas en YouTube de robots haciendo el ridículo. Todavía hoy, algunos divulgadores continúan rezando que «47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes»8. La frase erróneamente atribuida a Carl Benedikt Frey y Michael Osborne aún resuena como un mantra en universidades y fábricas9. Es curioso que los padres de la cuarta revolución industrial omitan mayores indagaciones sobre el trabajo y la producción, o las presenten como preguntas exclusivas de la etapa más reciente del desarrollo técnico. Porque antes del solucionismo tecnológico que omite la pregunta por la producción y el trabajo existió otro señalamiento muy distinto. La inexorabilidad de la automatización del trabajo no siempre estuvo asociada a la del reemplazo de humanos por máquinas. Durante una conferencia sindical de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (afl-cio, por sus siglas en inglés), en 1960, John F. Kennedy advertía por primera vez sobre las ventajas y peligros de lo que definió como «la revolución de la automatización», entre los que se encontraba «la oscura amenaza de la desarticulación industrial, el aumento del desempleo y la profundización de la pobreza». Y agregaba que «el avance de la automatización ya amenaza con destruir miles de puestos de trabajo y acabar con plantas enteras. Pero este no es el producto inevitable del avance de la tecnología»10. Solo el contraste del enfoque de Kennedy con las prioridades del Foro Económico Mundial puede explicar que esta cita pasara inadvertida. Es curioso que la infraestructura que no se utiliza para alcanzar el pleno empleo o su adecuada distribución sí sea capaz de alcanzar para producir todas las máquinas necesarias para reemplazar el empleo que aún existe. La mejor limpiadora automática de piso controlada por inteligencia artificial del mercado cuesta alrededor de 750 dólares. Esto equivale a 350 horas de trabajo de una empleada doméstica registrada en Argentina. Aun suponiendo que la limpiadora automática de piso –que solo puede limpiar eso, el piso– realiza su función de manera satisfactoria, se encuentra a años luz de las capacidades y la multiplicidad de tareas que puede desempeñar una trabajadora de casa particular. Mientras que una empleada doméstica11 puede limpiar toda tu casa, cuidar a tus hijos y hasta llamar a una ambulancia si un adulto mayor tiene una descompensación, la limpiadora automática de piso continuará haciendo eso que hace, que no es otra cosa que limpiar pisos. La familia siquiera considerará si el costo marginal cero, propio de la transformación tecnológica, se aplica a su economía doméstica. El costo marginal se incrementa a medida que se replica la producción de un bien. La tecnología, en especial la digital, permite reducir a cero los costos marginales. Pero, por el contrario, para cubrir la necesidad de cuidar a un adulto mayor bajo las reglas útiles del reemplazo de robots por humanos, la familia deberá comprar un smartwatchwearable con un sensor Spo2 incorporado, que costará en Argentina otros 400 dólares, e integrarlo a un sistema de servicios de salud que procese sus datos en tiempo real. Quizás no exista una cobertura de salud que ofrezca este servicio por menos de otros 1.000 dólares mensuales12. Aun ante la probable expansión global del 5g y la internet de las cosas, la digitalidad continuará expandiéndose de manera exponencial exhibiendo sus costos marginales cero, y la robótica permanecerá estancada, dejando detrás su fantasmal amenaza.

Más acá del desempleo tecnológico

Más allá de las imágenes de un futuro próximo catastrófico o de la potencialidad teórica de la automatización, a la hora de evaluar la evidencia sobre el desempleo tecnológico, la idea de que los humanos podrían ser sustituidos por robots pertenece todavía al campo de la ciencia ficción13. El impacto del cambio tecnológico no se reduce ni debe limitarse a un mero cálculo contable entre los empleos que se crean y los que se destruyen, sino que nos informa sobre los modos de organización del trabajo y sus regulaciones14. La incorporación de paquetes digitales de monitoreo de tareas para garantizar el just in time del siglo xxi –la videovigilancia de los espacios de trabajo, el gps en las aplicaciones de entrega a domicilio, los sistemas biométricos para la identificación de perfiles en línea o el uso de artefactos wearable que se integran a los cuerpos humanos– queda empequeñecida ante el poder transformador de los sistemas de procesamiento de datos para la organización del trabajo. La gestión algorítmica consiste en el uso de recursos informáticos y digitales de supervisión para la administración y dirección del trabajo. A través del aprendizaje artificial o por medio del uso de la interfaz de usuarios, la gestión algorítmica implica un conjunto de utilidades que sirven en primer término para producir datos sobre el trabajo que requiere la prestación de un servicio o la producción de manufacturas; también para adquirir esos datos, ya sean tareas, imágenes, patrones, conversaciones, distancias o valores de cualquier clase; o para procesar esos datos para la elaboración de informes de perfiles o reportes de todo tipo; y completando el ciclo, para tomar decisiones y dar instrucciones sobre las tareas laborales, seleccionar personal o descartarlo, entre otros múltiples usos. Suele subestimarse el hecho de que todas estas dimensiones de uso de la gestión algorítmica impactan actualmente sobre las condiciones de trabajo15. El desarrollo de la inteligencia artificial tensiona potencialmente las capacidades humanas, pero también acecha en la actualidad a una serie de derechos laborales, y lo hace de manera concreta, sin necesidad de recurrir a Isaac Asimov, a la serie Black Mirror o a los libros de Andrés Oppenheimer. Algunos de los derechos involucrados requieren de refuerzos y actualizaciones, pero también podrían ser necesarios nuevos derechos y nuevas políticas. La capacidad de vigilancia y dirección de la inteligencia artificial traspasa los límites de la privacidad, puede incurrir en discriminaciones aberrantes, no reconoce la apelación humana, afecta la salud, corroe la libertad de asociación sindical y desplaza las garantías de protección social. Estas barreras son traspasadas para asegurar la gestión más eficiente posible del tiempo, de las acciones humanas y su valor, es decir, del trabajo. Una organización científica –y computarizada– del trabajo.

En América Latina, las leyes laborales usualmente contemplan la minimización de la vigilancia sobre las personas trabajadoras, imponiendo el deber de informar sobre los medios de control utilizados16. Sin embargo, la ley argentina, por ejemplo, solo ordena la minimización de los controles personales «destinados a la protección de los bienes del empleador» y establece que los controles a mujeres pueden ser realizados únicamente «por personas de su mismo sexo»17. La falta de actualidad de la norma es hilarante. Esta redacción corresponde a una era en la cual las formas de vigilancia en el trabajo se reducían al cacheo o al fichaje de ingreso y salida. El reloj a la vista de todos –que funcionaba como metrónomo de las tareas– no podía ser considerado un medio de control, y menos aún uno muy invasivo. ¡Solo era un reloj! Actualmente, los recursos para la organización del trabajo se encuentran fundidos con los medios de vigilancia. La plataforma Rappi, por ejemplo, recoge la ubicación de los repartidores, entre otros datos, para «tramitar las órdenes más cercanas a su ubicación (...) aun cuando la aplicación se encuentre cerrada o no esté en uso», a la vez que reconoce la utilización de esos datos «para identificar comportamientos atípicos» de los trabajadores y trabajadoras18. Las plataformas disponen de sistemas de monitoreo que violentan la privacidad de quienes trabajan en ellas, pero estos sistemas no tienen como objetivo proteger los bienes de las empresas, sino optimizar el trabajo humano. Por ejemplo, aws Panorama (Amazon, Inc.) es un paquete de software y dispositivos de aprendizaje automático que interpreta imágenes de video y permite chequear remotamente la calidad de un producto, reconocer faltantes en una góndola o hacer vibrar el celular de un trabajador de almacén si este se desvía del curso asignado por la inteligencia artificial. Va de suyo que para alimentar de datos a la inteligencia artificial se requiere de dispositivos que detecten al detalle los movimientos de cada persona trabajadora. ¿Acaso podemos ignorar que si la voz puede ser captada por los dispositivos móviles, y estos devolver en tiempo real una publicidad sobre nuestra conversación, las compañías se privarían de utilizar esta tecnología para optimizar un servicio monitoreando el contenido de las conversaciones de un telemarketer, una agente de ventas o un chofer?

Los métodos algorítmicos para medir con precisión la productividad humana no solamente implican un riesgo para la intimidad de quienes trabajan, sino que son la «caja negra» de la organización del trabajo en el siglo xxi. Detrás de los peligros futuros del desempleo tecnológico o la falta de capacitación de los trabajadores que aún conservan su empleo, hay una maquinaria informática en funcionamiento que las compañías no van a transparentar de manera voluntaria, aunque esté impactando hoy mismo en las condiciones de trabajo de las personas. En la industria, empresas como Coca Cola, Johnson & Johnson y Shell utilizan Ignition, un software de supervisión, control y adquisición de datos tipo scada19, que permite gestionar procesos industriales de manera remota «cerrando la brecha entre producción y tecnologías de la información». Estas plataformas administran los procesos industriales de punta a punta y, por supuesto, incluyen la posibilidad de calendarizar cada microtarea que deben desempeñar los operarios, quienes a la vez están integrados a brazos mecánicos conectados a internet, rampas que se deslizan al ritmo de la inteligencia artificial o motores que emiten la exacta cantidad de gas que les prescribe un algoritmo. Cuando se trata de optimizar comportamientos de trabajadores que reciben órdenes a través de su teléfono celular, los artefactos wearable que pueden medir la frecuencia cardíaca o las distancias recorridas se vuelven inútiles. En el caso de los repartidores de plataformas de venta y entrega de productos, la caja negra tiene otras preocupaciones. Por ejemplo, la mayoría de estas plataformas, como Uber o Rappi, utiliza sistemas de análisis del comportamiento como el cohort analysis, que sirve para estudiar el desempeño de consumidores organizados por grupos y predecir las posibilidades de retener a un determinado cliente según, por ejemplo, el rating promedio que los choferes le asignaron. El mismo modelo se utiliza para predecir qué choferes dejarán de conectarse a la aplicación y en qué momento comenzará a mermar su productividad, o su tasa de aceptación de viajes. El concurso de horas de trabajo o modelo de franjas horarias o slots funciona de manera similar. Si el repartidor o repartidora cancela un pedido o resigna trabajar durante las horas por las cuales concursó en el calendario de la aplicación, entrará en el grupo de repartidores que no podrán acceder al slot de horas del día siguiente. De igual manera, el modelo de análisis de datos que permite conocer cuál es el camino que eligen los consumidores desde que abren la aplicación hasta que concertan la compra de un producto a través de una plataforma sirve para saber cuál es el porcentaje de repartidores que abren la aplicación y alcanzan a completar un pedido o, por el contrario, cuándo y por qué no lo completan. Este modelo de análisis se denomina por embudos o funnel analysis20. No es tan complejo: los métodos para predecir el comportamiento de los prosumidores y optimizar las ventas sirven también para diseñar las aplicaciones e incentivar a los repartidores a tomar más pedidos, asignar viajes a los choferes más productivos o desalentar a los menos, justo antes de que estos empiecen a bajar su productividad. Las implicancias de la gestión algorítmica en las condiciones de trabajo podrían clasificarse según los criterios para obtener datos o según la aplicación y uso de estos.
(a) Se necesita una cantidad de datos para alimentar las bases que luego puedan ser procesados.
(b) Las instrucciones del algoritmo sirven para impartir órdenes (soluciones). Entonces, la extracción de datos usualmente requiere de dispositivos que puedan recabarlos y clasificarlos, los cuales potencialmente ponen en riesgo el derecho a la privacidad de quienes trabajan. Son ejemplos de esta posible y probable afectación de derechos los dispositivos que monitorean el estado de salud de las personas, los que levantan datos de actividades ajenas al trabajo, como la navegación en redes sociales, los que miden el tiempo en que se desarrolla una tarea, los que miden la distribución horaria del trabajo, los que permiten tomar fotografías, leer mails o chats o capturar incumplimientos, demoras, etc. Por otro lado, las instrucciones provistas por los algoritmos permiten asignar tareas a quienes son más productivos, administrar premios y castigos para retener a algunos perfiles de trabajadores, desalentar a otros o seleccionar a quienes el modelo presume menos costosos21. Este aspecto de la gestión algorítmica implica una potencial afectación del derecho de toda persona a no ser discriminada. Mientras la caja negra siga siendo oscura, debemos presumir que el error de cálculo, la calificación desestandarizada, el uso de datos no inclusivos, las evaluaciones arbitrarias y la discriminación racial y de género serán criterios más que excepciones en el diseño algorítmico aplicado al trabajo22. Las normas laborales prohíben la imposición de restricciones religiosas, políticas, gremiales, de residencia o de género en las ofertas de empleo. Sin embargo, estas leyes quedaron muy por detrás de las nuevas formas de selección de personal, que raras veces utilizan avisos para dar con los perfiles buscados. Nuevamente, la falta de transparencia sobre los criterios utilizados, que actualmente se sirven de diversas herramientas tecnológicas, podría encubrir abusos sistemáticos en la selección de personal. En 2018, Amazon debió cambiar su sistema de selección de personal cuando la agencia Reuters probó que el algoritmo aprendió a elegir preferentemente a mayor cantidad de hombres y penalizaba a los perfiles que en su ficha contenían el dato «mujer». En diciembre de 2020, el departamento de ética de inteligencia artificial de Google estalló por los aires cuando la experta en algoritmos Timnit Gebru fue despedida del equipo tras publicar un artículo en el que cuestionaba la inescrutabilidad de los sesgos algorítmicos. La falta de transparencia en la gestión digital también se evidencia en otro derecho laboral clásico: el que permite cuestionar, apelar o impugnar una sanción disciplinaria. Es imposible cuestionar el sesgo de aquello que no puede ser conocido ni explicado.

¿Hay un factor de baja de la productividad más relevante que el de las redes sociales? El tensiómetro de la gestión algorítmica escala a niveles dramáticos con relación a la administración de la atención de las personas trabajadoras. Al mismo tiempo que las compañías utilizan dispositivos para determinar si las teletrabajadoras desvían su concentración, las redes sociales compiten por su atención –compitiendo entonces con el tiempo de trabajo– hasta impactar gravemente en la salud mental. Esta competencia no es explícita. Los equipos y las plataformas de gestión del trabajo a distancia suelen contener funciones de bloqueo de las redes sociales, mientras que estas no disponen de funciones que permitan a los usuarios suspender voluntariamente el ingreso de mensajes y notificaciones. Es entonces cuando la gestión de la atención en el trabajo –presa de la supervisión permanente y la competencia– depende exclusivamente de la capacidad de las personas trabajadoras de sobreponerse a estas circunstancias opresivas.

Por supuesto que cualquiera es libre de tirar el celular por el inodoro. Pero no es tan sencillo. Las órdenes de trabajo pueden llegar en cualquier momento del día y la noche, traspasando los límites de la jornada habitual. En ocasiones, la gestión algorítmica admite el uso de recursos técnicos para desmovilizar a sindicatos en formación o identificar a activistas sindicales –como es el caso de Rappi con la Asociación de Personal de Plataformas de Argentina– o para la evaluación de áreas o nodos de las compañías más susceptibles de ser sindicalizadas.

Contra todo pronóstico, aún existen caminos por recorrer. En la conferencia antes citada, Kennedy planteó: «debemos dejar claro que la instalación de nuevos procesos y nuevas máquinas es propiamente un tema de la negociación colectiva. Ha pasado el tiempo en que los empleadores podían hacer valer la prerrogativa de la acción unilateral en un asunto tan vital para el bienestar de sus empleados». Resulta que el tiempo de la acción unilateral de los empleadores en un asunto tan vital como la inteligencia artificial no ha pasado, pero podría. Para hacer esto realidad, las negociaciones colectivas y las regulaciones deberían incorporar el derecho a la desconexión digital; el derecho a la información y transparencia sobre los criterios algorítmicos por actividad; la publicación de algoritmos utilizados en actividades de alto riesgo; la formación laboral en programación y la formación de programadores en derechos sociales y de género; la soberanía del tiempo de trabajo como alternativa a la flexibilización horaria; el uso de datos inclusivos en el diseño de inteligencia artificial; el derecho a la impugnación de decisiones disciplinarias tomadas mediante inteligencia artificial; la obligación de colocar la marca o sello de inteligencia artificial en los productos o servicios producidos con esa tecnología para revalorizar el trabajo intelectual humano; la prohibición de sistemas de bloqueo de medios de comunicación digital; y la salarización del aumento de la productividad tecnológica23, entre otras iniciativas que alienten el desarrollo tecnológico basado en trabajo de calidad. Para evitar el ludismo silencioso que implica la competencia humana con la inteligencia artificial desregulada, deberíamos poder superar la ignominia que encarna el algoritmo, haciéndolo público. Para el caso de que la propiedad intelectual corporativa prevalezca24, los gobiernos y sindicatos deberían, cuanto menos, poder conocerlo para regularlo.

Regular la caja negra

No todo es distopía o utopía. Existen respuestas reales y muy actuales. A fines de abril de 2021, la Comisión Europea envió un proyecto al Parlamento de la Unión en el que se considera el uso de la inteligencia artificial en la administración del trabajo como un sistema de «alto riesgo» y se ordena a los proveedores corregir los modelos algorítmicos que no se adecúen a los protocolos de respeto por los derechos. Según sus definiciones, la categoría de «alto riesgo» se describe como el paso anterior a la de «riesgo inaceptable». Poco después, el gobierno español aprobó una ley que, además de presumir el carácter asalariado de la actividad de los riders (repartidores), ordena a las empresas abrir la caja negra e informar a los sindicatos sobre la composición de «los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial» que impactan en las condiciones de trabajo25.Las corporaciones comienzan a reformular sus discursos a medida que emergen regulaciones que buscan develar la composición de los algoritmos que organizan el trabajo, transparentar los procesos o reconocer la laboralidad de los vínculos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas con las corporaciones tecnológicas. Anabel Díaz, programadora de inteligencia artificial y directora general de Uber Technologies Inc. en Europa, Oriente Medio y África, argumentó que estas leyes se basan en una suerte de mitosobre «ese concepto difuso de que hay una máquina que nadie sabe bien cómo funciona, que toma las decisiones» y sobre «un miedo atroz de que hay algo que va a tomar el control sobre nuestras vidas y no es más que una ayuda»26. Cuando emergen regulaciones sobre la gestión algorítmica, la inteligencia artificial reaparece nuevamente como un mito, pero ahora como un concepto vago, incomprendido o incomprensible, y en definitiva inocuo. La inteligencia artificial se nos presenta a la vez como una amenaza inexorable –del fin del trabajo– y como mito inofensivo, como una caja negra vacía. Una amenaza fantasmal acechante por la que nadie debería preocuparse ni un poco. ¿En qué quedamos?

Más y mejor trabajo

Si nos enfocamos en el problema de la subclasificación de trabajos –como el de las empresas de plataformas digitales, de servicios o la industria que, como reseñamos, es el eje de la precariedad laboral y de las condiciones de trabajo–, el discurso mainstream de la destrucción neta de puestos de trabajo se desvanece. Entre las ocho empresas privadas que más personas emplean en el mundo se encuentran Amazon (comercio electrónico y servicios de computación en la nube) y Accenture (servicios tecnológicos y externalización). Comercio electrónico, servicios tecnológicos y tercerización son mercados de grandes empleadores que a la vez configuran un ecosistema de ruptura o disociación entre el trabajo humano y los derechos laborales y sociales. Asoma el debate por el modelo rentístico y desregulado de la infraestructura digital global27. Mientras esa infraestructura se sirva de máquinas e inteligencia artificial para producir valor, el esfuerzo de los gobiernos progresistas, de los sindicatos y de las empresas debería concentrarse en reasociar, directa o indirectamente, el crecimiento de la productividad tecnológica con el aumento de las protecciones sociales, y en orientar los recursos a la creación de puestos de trabajo de calidad en la economía de reducción del impacto ambiental y de los cuidados. Poner a las personas en el centro y la técnica a su servicio es el camino posible hacia un nuevo acuerdo laboral y social de desarrollo tecnológico, y recuperar lo dicho en el Tratado de Versalles, que dio lugar a la creación de la Organización Internacional del Trabajo, cuando no se avizoraban los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial: aspirar a «un régimen del trabajo realmente humano»28.

Nota del autor: este artículo fue elaborado con la asistencia de herramientas artificiales de redacción, corrección y traducción.

  • 1.

Enrique de la Garza Toledo y Marcela Hernández Romo (coords.): Configuraciones productivas y laborales en la tercera generación de la industria automotriz terminal en México, UAM, Ciudad de México, 2018.

  • 2.

Esta denominación se utiliza para referir la forma circular en que la propuesta de la inteligencia artificial inscribe en el sistema de producción su propia lógica homotecnooperativa.

  • 3.
  1. Federici: Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de Sueños, Madrid, 2013.
  • 4.
  1. Schwab: La cuarta revolución industrial, Debate, Buenos Aires, 2017.
  • 5.

Evgeny Morozov: La locura del solucionismo tecnológico, Katz, Buenos Aires, 2016.

  • 6.

Eduardo Levy Yeyati: Después del trabajo, Sudamericana, Buenos Aires, 2018.

  • 7.

Organización Internacional del Trabajo (OIT): «Non-Standard Employment around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects», OIT, Ginebra, 2016.

  • 8.

Andrés Oppenheimer: ¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización, Penguin Random House, Ciudad de México, 2018.

  • 9.

«Will A Robot Really Take Your Job?» en The Economist, 6/2019.

  • 10.

J.F. Kennedy: «Remarks of Senator JFK at the AFL-CIO Convention, Grand Rapids, Michigan, June 7 1960» en JFK Presidential Library and Museum, jfklibrary.org.

  • 11.

Mercedes D’Alessandro: «Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto», Ministerio de Economía de Argentina, 2020.

  • 12.

Costo de referencia de cobertura familiar de salud según Organización de Servicios Directos Empresarios, plan 510 (junio de 2020). La cobertura no incluye el monitoreo remoto en tiempo real del estado de salud de los beneficiarios.

  • 13.

Uta Dirksen: «Trabajo del futuro y futuro del trabajo» en Nueva Sociedad No 279, 1-2/2019, disponible en www.nuso.org.

  • 14.

Laura Perelman: «El futuro del trabajo ya llegó: ¿qué hacemos con él?» en Nueva Sociedad edición digital, 8/2020, www.nuso.org.

  • 15.

Valerio De Stefano: «Masters and Servers: Collective Labor Rights and Private Government in the Contemporary World of Work» en International Journal of Comparative Labour and Industrial Relations vol. 36 No 4, 2020.

  • 16.

OIT: «Protección de los datos personales de los trabajadores», Ginebra, 1997.

  • 17.

Régimen de contrato de trabajo, ley 20.744 (t.o.), art. 70.

  • 18.

«Política de tratamiento de datos personales (política de privacidad)», Rappi, Inc., Bogotá, 2021.

  • 19.

Acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition.

  • 20.

Yipeng Jiang, Fang Liu, Qing Yan y Zhengxiang Ke: «An Improved Method for Orderly Funnel Analysis of Massive User Behavior Data», trabajo presentado en la Conferencia Internacional sobre Infraestructura de Red y Contenido Digital (IC-NIDC), 2018.

  • 21.

Valerio De Stefano: «Algorithmic Management and Collective Bargaining», European Trade Union Institute, Bruselas, 2021.

  • 22.

Rob Matheson: «Identifying Artificial Intelligence ‘Blind Spots’», MIT, 24/1/2019.

  • 23.

Diego Schleser, Matías Maito y Jorge Trovato: «Agenda de los trabajadores y trabajadoras para la productividad», análisis, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 2020, disponible en library.fes.de.

  • 24.

Sofía Scasserra y Leonardo Fabián Sai: «La cuestión de los datos. Plusvalía de vida, bienes comunes y Estados inteligentes», análisis, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 2020, disponible en library.fes.de.

  • 25.

Real Decreto-Ley 9/2021, BOE No 113, S. I, p. 56733.

  • 26.

María Fernández: «Uber, contra la ley de ‘riders’» en El País, 30/5/2021.

  • 27.

Nick Srnicek: Capitalismo de plataformas, Caja Negra, Buenos Aires, 2018.

  • 28.

Tratado de Versalles (1919), parte XIII, sección I; Alain Supiot (dir.): Au-delà de l’emploi. Les voies d’une vraie réforme du droit du travail, Flammarion, París, 2016.

Lunes, 23 Agosto 2021 05:33

El enigma de lo popular

El enigma de lo popular

“Le encanta conceptualizar lo de ‘pueblo’, pero le molesta cuando el pueblo con ojos, nariz y boca se le acerca en una cafetería a pedirle una selfi”. Esta frase, tan lapidaria como provocadora, me la comentó un gran amigo hace varios años sobre un dirigente político que se jactaba de teorizar sobre cómo hay que entender, comunicarse y sintonizar con el ‘pueblo’, pero que luego, a la hora de la verdad, le incomodaba y, mucho, tener el más mínimo roce con la gente sencilla que habita las calles de cualquier ciudad. ¡Qué viva el pueblo, pero cuánto más lejos de mí, mejor!

¿Nos estará pasando algo similar como progresismo latinoamericano? ¿Será que interpelamos a la clase popular creyéndonos que se trata de la clase media? ¿Que abusamos de una visión paternalista con demasiados prejuicios? ¿Que hemos dejado de oírles? ¿Que los vemos desde muy lejos? ¿Que no entendemos sus códigos porque tenemos otros marcos referenciales?

No hay respuesta única ni sencilla para un asunto de dimensiones tan complejas. Asunto que, además, ha de considerar otro eje clave: la episteme local, que determina qué es lo popular, desde lo económico, social, cultural… No debemos caer en la trampa de considerar a América Latina como un todo, monolítico y homogéneo. Encontraríamos infinitas diferencias si comparamos el comportamiento de los sectores populares en Colombia con Argentina. Y el tema "país" no lo es todo, debemos considerar otros aspectos determinantes, como la división entre rural/urbano, la condición de género, la juventud, la cuestión regional, etc.

Esta amplia gama de variables nos obliga a enfrentar un “dilema de época“ en que no caben atajos. Ni mucho menos darle la espalda. O, peor, creer que la clase popular se activa a través de un software o un simple clic sólo por interpelarla como tal. Este desafío para el progresismo es impostergable. Y más si consideramos que la pandemia ha hecho estragos, que el neoliberalismo está en crisis de respuesta y expectativas y que, además, se ha iniciado la segunda ola progresista a escala regional en este siglo XXI, por lo que los focos están puestos sobre los nuevos proyectos políticos que tienen como base la mejora de las clases populares.

¿Y qué es justo lo que la clase popular entiende como “mejora para sí?“ Estoy seguro que si a una mamá de la clase popular le hablamos del riesgo-país, ella nos dirá que lo que le importa es el riesgo-pañal; si a una pareja con bajísimo nivel de ingresos le hablamos de que tiene que esforzarse para mejorar su situación, seguramente nos mandará "a la mierda" porque ambos se despiertan a las 5 de la mañana y regresan a casa a las 11 de la noche (en encuestas del Celag, alrededor de 80 por ciento en ocho países de la región considera que el origen de la riqueza no está en el esfuerzo); si hacemos referencia a la importancia de la deuda externa nos dirán, como también lo hemos demostrado en diversas encuestas, que lo que les preocupa es el endeudamiento que sufren y que no les deja vivir porque les preocupa la situación financiera, la tienda de la esquina u otro prestamista informal; si les hablamos de política internacional, ellos responderán que lo que les interesa es aquello que transcurre en su barrio; si procuramos emplear un lenguaje política y académicamente correcto para sostener una conversación en un bar popular, nos mirarán como extraterrestres; e inclusive en muchos países, si pretendemos implementar una justísima y necesaria agenda feminista, la mayoría de mujeres no estarán de acuerdo (como lo dictan encuestas del Celag en Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay).

Otro tema recurrente es el de la "meta aspiracional", que si bien existe y hay un patrón de imitación de la clase media, es cierto que este horizonte no es inmóvil; cambia en función de las condiciones. Cuando el ingreso de una familia no alcanza para llegar a mitad de mes, ésta deja de pensar en aquello que hacía cuando tenía capacidad para finalizar el mes con relativa holgura. Las prioridades y hasta los sueños mutan al compás del cambio en las condiciones materiales.

La relación que las clases populares tienen con la política constituye otro nubarrón indescifrable para buena parte de nosotros. Presuponer que cuando se lavan los dientes están cavilando sobre la amenaza del "populismo" es una estupidez. Lo mismo que creer que están preocupados cotidianamente por "la grieta" o por el lawfare.

No obstante, esto no significa que las clases populares estén despolitizadas. Aceptar esta premisa es justo lo que pretende hacernos creer la Iglesia neoliberal. Nada más lejos de la realidad; la clave está en saber cómo la gente común se politiza, sobre qué temas, por cuál vía, cómo se informan, qué les preocupa. Y conocer si se sienten representados por la clase dirigente que pretende defenderlos. En muchos casos ocurre que encontramos un porcentaje marginal de representantes, candidatos o gabinetes progresistas de extracción popular, salvo excepciones (véase lo de Pedro Castillo en Perú o Evo Morales en Bolivia).

En este sentido, el tipo de liderazgo también importa. Vargas Llosa nunca ganó una elección.

Y hablando de elecciones: de vez en cuando, surgen sorpresas aparentemente ilógicas. ¿Por qué un barrio popular le ha dado la espalda a un candidato progresista si es éste el único que seguramente tomará medidas en su favor? Para muestra, un botón: la votación a favor de Lasso en barrios populares de Quito. La mejor explicación es mirar holísticamente la relación que tenemos con eso que llamamos "lo popular", muy por encima de campañas y apuntes coyunturales.

Estas reflexiones constituyen un primer esbozo de lo que nos estamos preguntando en el Celag. Salir de nuestra burbuja es condición sine qua non para seguir pensando acertadamente en América Latina. Al enigma de lo popular sólo lo podremos afrontar con éxito asumiendo que aún estamos lejos de saber cómo piensan, sienten, sufren, en qué condiciones habitan, cómo se divierten, cómo se relacionan con los otros, cómo se entretienen, consumen, votan, sueñan, cuál es su unidad de tiempo (cómo conjugan presente y futuro)…

Y si nos toca cambiar metodologías y marcos teóricos, pues deberá hacerse tanto como sea necesario.

Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía, director del Celag

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Cuba aprueba esperada ley para crear Pymes privadas y estatales

Pasos firmes para actualizar el modelo económico en la isla: Díaz-Canel

Estas pequeñas empresas ya existen de forma "enmascarada", admite el gobierno

 

La Habana. El gobierno cubano aprobó a última hora del viernes el decreto de ley que autoriza el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) privadas y estatales, una medida que avanza hacia las reformas económicas en el país socialista, en el que predomina la empresa pública.

"El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país", señala una nota en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

La aprobación de las "normas jurídicas" que regirán las Pymes "ya es un hecho", celebró en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel. "Seguimos dando pasos firmes en la actualización del modelo económico de Cuba", apuntó.

Su ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó que con la legalización de las Pymes y mayor autonomía de la empresa estatal, "la economía cubana entra en un proceso de transformación y desarrollo".

Esta decisión, largamente esperada por los emprendedores cubanos, llega casi un mes después de que estallaron las inéditas manifestaciones opositoras al gobierno, los pasados días 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En una sesión ordinaria del Consejo de Estado, en la que Díaz-Canel participó mediante videoconferencia, se aprobaron otras medidas orientadas al desarrollo de las cooperativas no agropecuarias y de los trabajadores independientes o por cuenta propia.

"Para la economía cubana, no sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito histórico, esto representa un paso gigante que tendrá consecuencias en el mediano y largo plazos" para la reconfiguración de la economía, declaró Oniel Díaz, consultor especializado en desarrollo de negocios.

La asamblea determinó que las Pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas y que las microempresas podrán tener de uno a 10 empleados; las pequeñas, de 11 a 35 personas, y las medianas, hasta 100 trabajadores.

En febrero pasado, el gobierno amplió a más de 2 mil las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.

El gobierno señaló en junio que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista de las Pymes, como "programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías".

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseveró en junio que la ampliación de actividades a manos de privados "no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar".

Para Oniel Díaz es un "momento importantísimo por el que muchos empresarios privados llevan años esforzándose, trabajando y tratando de aportar en el debate nacional".

El gobierno ha reconocido que las pequeñas empresas funcionan ya en la isla de manera "enmascarada", pero con un marco legal se podría generar mayor interés hacia estos negocios.

Para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó "una decisión significativa que puede revalorizar el interés empresarial en la isla", dijo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en junio pasado, cuando el gobierno cubano anunció que reglamentaría las Pymes.

Cuba ha acelerado sus reformas, mientras enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al sector turístico, motor de su economía, y en medio del embargo económico de Estados Unidos endurecido por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

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Sábado, 31 Julio 2021 06:20

Inédito aumento de remesas

Inédito aumento de remesas

Las medidas para reducir el riesgo de contagio de Covid-19 en términos positivos implica reconocer que 11.1 por ciento de los trabajos del sector salud de la Unión Europea fueron realizados por migrantes, y que en Estados Unidos la fuerza laboral migrante en sectores esenciales fue mayor; durante 2020 representó más de 16 por ciento en el sector salud, 19.8 por ciento del sector agrícola y 11.7 en manufactura de alimentos. Paralelamente, los impactos negativos de la pandemia no sólo afectaron la actividad económica, sino que también la migración y las remesas internacionales. Las afectaciones incluyeron la postergación de migraciones planeadas, el cierre de fronteras de los países de origen, tránsito y destino y la interrupción o ralentización de trámites migratorios.

Los protocolos anunciados en enero de 2019 por la administración de Donald Trump, conocidos como Quédate en México, restricciones que afectaron el flujo de migrantes e hicieron que más de 71 mil personas tuvieran que permanecer en México para culminar su trámite de asilo, concentrándose en las principales ciudades fronterizas del lado mexicano. Fue hasta el presente año cuando el presidente Joe Biden acabó con esos protocolos.

En abril de 2020 el número de aprehensiones e inadmisiones llegó a su menor nivel desde abril de 2017, expresión directa del flujo migratororio. Los migrantes mexicanos padecieron los efectos de la crisis sanitaria, tanto en términos de salud (3 mil 384 fallecimientos por Covid-19) como económicos, al alcanzar una tasa de desempleo de 17 por ciento en abril de 2020.

Uno de los asuntos trascendentes de la migración internacional son los dineros que los migrantes envían a los familiares que residen en su país de origen. Se conocen como remesas y pueden llegar a ser fundamentales para el sostén de una familia y amplian sus vínculos sociales, pero además pueden generar dependencia económica de alcance local y nacional cuando representan un porcentaje alto del producto interno bruto. De ahí la importancia de estudiar los montos, las condiciones de su transferencia y el uso que se dé a estos recursos.

Debido al Covid-19 se vio disminuido el volumen de las remesas en diversos países. La estimación global es que de 2020 a 2021 los envíos disminuirán alrededor de 7 por ciento respecto de 2019, sería la caída más grande desde 1970. Sin embargo, en América Latina y el Caribe las remesas sólo se contrajeron 0.2 por ciento en 2020.

El Banco Mundial estima que en 2020 una cuarta parte de las remesas del mundo llegaron a India, China y México, y otra cuarta parte se dirigió a otros 7 países. En uno de cada 10 países crecieron las remesas; México, Pakistán y Bangladesh, entre ellos.

El aumento de remesas en México es una tendencia que lleva más de una década. Los hogares receptores aumentaron 3.6 por ciento en 2010 y 5.1 por ciento en 2020. Desde 2003 el país presenta una dependencia de remesas nunca vista, equivalente a 3.8 por ciento del PIB. En 2020 llegaron a su máximo histórico al alcanzar 40.6 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 11.4 por ciento a tasa anual. Noventa y uno y medio por ciento provinieron de Estados Unidos, 98.9 por ciento se enviaron vía transferencia electrónica. Para este año se estima que las remesas aumentarán 21.7 por ciento, llegarán a los 49 mil 400 millones de dólares a fines de 2021.

Algunas de las hipótesis que buscan explicar el comportamiento ascendente de las remesas mexicanas apuntan al tipo de cambio con la moneda estadunidense y a la necesidad de repatriar ahorros, a que algunos migrantes ya retirados piensan regresar al país y otros decidieron retornar ante el Covid-19. También se llega a afirmar que se debe al aumento del empleo relacionado con el mayor acceso de migrantes a la seguridad social en Estados Unidos. Y para otros es reflejo de la recuperación de la economía en el país del norte, por los estímulos fiscales brindados durante la pandemia.

La información de esta co­laboración se toma del Anuario de migración y remesas México 2021, presentado el pasado 14 de julio; un esfuerzo entre la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), la Fundación BBVA y BBVA Research. En esta ocasión, los textos hacen énfasis en los efectos de la pandemia por el COVID-19: un panorama de la migración global y de la población estudiantil internacional; perfil sociodemográfico de la migración mexicana contemporánea y de la población residente nacida en el extranjero, la inmigrante reciente, la de migración circular, en tránsito con origen en otros países, así como en refugio. Se abordan las condiciones de salud relacionadas con la pandemia de la población mexicana en Estados Unidos, así como un acercamiento a la migración internacional de niños y adolescentes. Finalmente, se analiza la variación de las remesas y se incluye un perfil estadístico sobre migración y remesas para cada una de las entidades del país. La publicación completa se puede consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653479/Anuario_Migracion_y_Remesas_2021.pdf

Gabriela Rodríguez, Secretaria general del Consejo Nacional de Población

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Líbano, en caída libre económica y política

Hasta hace poco, la descomposición de Líbano podía apreciarse de mes a mes, pero el país ha alcanzado ahora una descomposición que se aprecia de hora a hora, con disturbios más violentos protagonizados por una población que observa a una clase política y económica corrupta e incapaz de sacar al país del pozo sin fondo donde continúa en caída libre.

 

Los datos económicos de Líbano se deterioran de un día a otro para sugerir un inminente caos general. Pocos dudan de que el colapso está a la vuelta de la esquina. La libra se ha devaluado hasta un 90% en año y medio, el precio de los alimentos se ha incrementado en un 400% en pocas semanas, y en el mercado negro el dólar costaba el jueves por la noche más de 21.000 libras, frente a un cambio oficial artificialmente fijado en 1.570 libras.

Los salarios están por los suelos y el desempleo supera el 40%. En realidad muy pocos libaneses pueden sobrevivir debido a que sus ingresos son insuficientes. Quien tiene familia en el extranjero, debe depender de ella, y lo más terrible es que el horizonte no es halagüeño. Al contrario, el pequeño país tiene que hacer frente a la presencia de cientos de miles de refugiados sirios que carecen de lo más elemental.

Buena parte de sus seis millones de habitantes debe contentarse con suerte con dos horas diarias o poco más de electricidad, lo que obliga a la población a adquirir generadores que normalmente funcionan con diésel a precios estratosféricos. La mayoría de los servicios públicos o no funcionan o lo hacen sin satisfacer las necesidades de la gente.

¿Quién es responsable de esta situación? Naturalmente todos miran a los políticos, una clase privilegiada que controla el país desde un tiempo inmemorial participando en una gigantesca corrupción que llega hasta los rincones más alejados del Estado, que perjudica a todos y sostiene una amplia red clientelar que obra como una infección gangrenosa que destruye las pocas células sanas que todavía quedan.

Quienes tienen empleo trabajan por salarios miserables, incluidos los militares, a quienes las pocas libras que les dan no les bastan para alimentarse. Muchos oficiales y soldados cuentan con uno o dos empleos adicionales. Los jefes temen que los soldados se enrolen en milicias privadas, una actividad bien conocida en Líbano donde se cobra bastante más que en el Ejército.

El mismo Ejército ha habilitado helicópteros militares para sobrevolar partes del país por 150 dólares a quien tenga dinero y ganas de hacer turismo. El montante que se recauda se destina a productos alimenticios para oficiales y soldados. En este contexto, el que puede, joven o mayor, emigra sin pensárselo dos veces.

Los mayores recuerdan la gloria del país y de Beirut que se prolongó hasta mediados de los años 70, cuando estalló una terrible guerra civil que duró 15 años y de la que Líbano no se recuperó. El endeudamiento, el mayor del mundo, y la pobreza actuales pronostican que se tardará muchos años en enmendar el rumbo, y para ello será preciso dar un vuelco completo para el que el país no está preparado.

Fundamentado en la religión, Líbano cuenta con un reparto de poder que se adscribe a cada una de las confesiones presentes en el país, siendo las más importantes la chií, la suní y la cristiana. Se trata de un sistema disfuncional que no está basado en los votos sino en las distintas confesiones religiosas, una herencia del periodo de colonización francesa.

Para complicar las cosas, el analista Ibrahim Haidar considera que existe una serie de problemas internacionales que repercuten directamente sobre la crisis, empezando por las difíciles relaciones entre Irán y EEUU. Teherán tiene un gran ascendiente sobre Hizbolá, una formación chií clave para la estabilidad de Líbano.

Otra incidencia notable es el conflicto entre israelíes y palestinos. La ocupación israelí incide de una manera u otra en los conflictos de la región, y el de Líbano no es una excepción. Sin embargo, ni franceses ni alemanes ni americanos están por la labor de enfrentarse a la ocupación israelí, una circunstancia que seguirá dificultando la resolución del problema. "Mientras los problemas regionales sigan ahí, será imposible resolver la crisis libanesa", sostiene Haidar.

En las calles de Beirut se observan enormes colas ante las gasolineras, las señales de tráfico no funcionan, el número de comercios cerrados crece a diario, e incluso las estanterías de las farmacias abiertas están semivacías. Muchos comerciantes dicen que no les merece la pena vender el género que tienen porque al día siguiente les costará mucho más caro adquirirlo debido a la inflación.

Varias iglesias y ONG ayudan como pueden distribuyendo alimentos básicos como arroz o aceite. No es extraño ver en esas colas a personas que conducen un mercedes o un BMW, es decir, gente que hasta hace poco pertenecía a la clase media y que ahora no tiene para comer. Naturalmente, quienes ya eran pobres antes ahora lo son mucho más. Según Unicef, el 70% de los libaneses no dispone de suficiente dinero para alimentarse.

Francia y Estados Unidos se están implicando a fondo en Líbano, pero sus intenciones solo serán eficaces de una manera aparente, incluso aunque logren resolver la crisis política. A medio plazo es evidente que solo se podrá avanzar si se resuelven otras crisis regionales, como la de Irán y la de los palestinos, algo que no parece estar al alcance de franceses y americanos.

La situación, que algunos califican de "más que peligrosa", se complicó un poco más el jueves cuando el presidente cristiano Michel Aoun rechazó la distribución de carteras propuesta por el nominado primer ministro suní Saad Hariri. Hariri ha dimitido y ahora otro político deberá intentar formar gobierno, una empresa harto complicada a cuyo frente deberá figurar un suní con amplio apoyo dentro de su rama religiosa.

17/07/2021 08:27

Por Eugenio García Gascón

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