Las mujeres, las más afectadas en la perdida de sus ingresos a causa de la crisis sanitaria mundial. Foto OIT]

La disputa creciente por la redistribución del ingreso

19% de asalariados ganan menos que un sueldo mínimo

 

Mil millones de seres humanos padecerán de extrema pobreza en 2030. La pandemia acelera la crisis y los salarios caen en picada. Las mujeres, así como los trabajadores con remuneraciones más bajas, pagan el precio más alto.

Según diversos organismos internacionales en torno a 207 millones de personas van a caer por debajo de la línea de pobreza en los próximos años como consecuencia de la crisis económica resultante del COVID-19. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anticipa cifras no menos dramáticas para el fin de la década: mil millones de personas padecerían de extrema pobreza en el 2030.

El PNUD,  (https://www.undp.org/content/undp/es/home.html y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, (https://unctad.org/webflyer/least-developed-countries-report-2020)  hicieron públicos la primera semana de diciembre dos estudios donde advierten sobre los altos costos de la situación actual “para los países menos desarrollados”, donde vive la mitad de la población mundial.

Ambas organizaciones coinciden que este año los seres humanos que viven con menos de 1.9 dólares por día aumentarán en 32 millones, implicando un incremento de la tasa de pobreza a nivel global del 32.5% al 35.7%.

La proyección más pesimista anticipa que la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años. La UNCTAD recuerda que la pandemia ha afectado especialmente a los países más debilitados porque constituyen las economías más vulnerables y de menos nivel de resiliencia. Se trata de los 47 países menos desarrollados que producen cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y albergan 1.060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones había sido de apenas 1.088 dólares en el marco de un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años, con una caída significativa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de esfuerzos para alcanzar leves progresos en la reducción de la pobreza, y la mejora de la nutrición y de la educación.

Drama salarial

Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado también al inicio de diciembre en Ginebra, debido a la pandemia, en el primer semestre de 2020, los salarios mensuales de 2/3 de los países -de los que se cuentan datos oficiales- se redujeron o crecieron más lentamente.  En otros países, el salario medio aumentó, pero solo como producto de cálculos artificiales. Ya que ese incremento -solo estadístico- fue la consecuencia de la pérdida sustancial de puestos de trabajo en los sectores con sueldos más bajos.

Tendencialmente, según el organismo internacional, el horizonte será tormentoso. Estima como probable que en el futuro cercano se produzca una fuerte presión a la baja sobre los salarios dada la actual crisis internacional.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 constata que, en América Latina, la pandemia borró rápidamente el leve avance que se había logrado en materia salarial, en particular a partir de 2018, cuando se comenzó a sentir una cierta recuperación.

En este continente se da una situación particular. Una buena parte de asalariados trabaja en la economía informal, razón por la cual muchos han sido excluidos de las medidas de ayuda que han dado algunos gobiernos. En países como México y Brasil, las familias que incluyen personas que tienen empleos informales, han perdido el 60% de sus ingresos a partir de la pandemia.

Principales perjudicadAs

La crisis no ha afectado del mismo modo a todas y todos. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. Un sondeo realizado en 28 países europeos concluye que, sin los subsidios estatales, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1 % frente al 5,4 % para los hombres. La OIT sostiene que “por lo general las mujeres predominan entre los trabajadores mal pagados…En todas las regiones, la proporción de mujeres es mayor entre quienes perciben un salario mínimo o un monto inferior que entre quienes perciben un monto superior al salario mínimo”. También son penalizados los trabajadores jóvenes de menos de 25 años, los que tienen un nivel de instrucción inferior y los trabajadores rurales.

El golpe más fuerte lo sufren los sectores menos pudientes. En esos mismos países, sin los subsidios temporarios, el 50 % de quienes ganan menos hubiera perdido aproximadamente el 17,3 % de su salario. Sin embargo, dichas prestaciones actuaron como amortiguadores. Y compensaron casi la mitad (un 40%) de esa pérdida.

Guy Ryder, Director General de la OIT, al presentar el nuevo estudio, afirmó que “el crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones”.

Y anticipó que la estrategia de recuperación “debe centrarse en las personas. Necesitamos políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la sostenibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda”. Ryder lanzó una crítica directa a paradojas inexplicables en el actual sistema: si se quiere reconstruir pensando en un futuro mejor, hay que plantearse cuestiones incómodas, como por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor social, como el personal docente y de la salud son sinónimo de sueldo bajo.

Tema esencial, el salario mínimo

El estudio de la OIT incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que, podrían constituir un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa.

El 90 % de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Sin embargo, aproximadamente 327 millones de asalariada-os (es decir el 19% del total) reciben una remuneración equivalente o menor al salario mínimo por hora vigente.  Y enfatiza que ya “antes de la pandemia

266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora” (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762645/lang–es/index.htm).

Las causas principales de esa situación son el incumplimiento de la ley o bien la exclusión de ciertas actividades laborales de la normativa marco. El estudio indica que prácticamente 1 de cada 5 países (el 18 % de los mismos a nivel mundial) que reconocen un ingreso mínimo por ley, excluyen de esa normativa a la-os trabajadora-os agrícolas y doméstica-os, o bien a ambos.

El desafío de un “ajuste salarial suficientemente frecuente” es crucial, enfatiza la organización internacional. Quien constata que en la práctica solo un país de cada dos -que cuenta con un salario mínimo reconocido por ley-, lo ajustó al menos cada dos años en la década 2010-2019. En ese periodo, el aumento real fue, en promedio, de 1.1% en África, 1.8% en las Américas, 2.5 % en Asia y 3.5% en Europa y Asia Central.

La organización internacional mira hacia al futuro. Y lanza como desafío que al prepararse para una nueva y mejor “normalidad”, la existencia de salarios mínimos adecuados- definidos por ley o negociados- podría contribuir a lograr más justicia social y menos desigualdad.

El PNUD, por su parte, estima que con voluntad política se podría evitar lo peor. Si se hicieran inversiones en la dirección establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería posible rescatar de la extrema pobreza a 146 millones de personas. Para ello, insiste, debería invertirse en esta década en programas de protección y bienestar social, gobernanza, digitalización, y en un cambio hacia la economía verde, así como en mejorar las capacidades productivas. Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza en relación al género y se podría reducir en 74 millones el número de mujeres en estado de pobreza, concluye el organismo.

Realidad económica, caída salarial y aumento de la pobreza son tres ángulos de una misma figura. La disputa principal de los actores sociales -sindicatos, movimientos sociales- a nivel mundial es asegurar una mayor participación en la redistribución desde los ingresos sociales. Intentar, al menos, que el triángulo sea equilátero…

Por Sergio Ferrari | 16/12/2020

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Jueves, 03 Diciembre 2020 05:58

El virus arrasó con el salario en el mundo

El virus arrasó con el salario en el mundo

Informe de la Organización Internacional del Trabajo

 

La crisis tiene un impacto mucho más fuerte en los segmentos más desprotegidos del mundo laboral, que además son los peores pagos. En consecuencia, la pandemia aceleró la desigualdad hacia el interior del mundo del salario. 

La pandemia no sólo destruyó empleo a lo largo y ancho de la economía global sino que también generó una caída de los salarios en dos tercios del mundo, alertó este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La crisis tiene un impacto mucho más fuerte en los segmentos más desprotegidos del mundo laboral, que además son los peores pagos. En consecuencia, la pandemia aceleró la desigualdad hacia el interior del mundo del salario. El informe destaca que la caída de las horas de trabajo derivó en una baja de la masa salarial del 6,9 por ciento entre las trabajadores mujeres, superior a la merma del 4,7 en los varones. Y pone el foco en un fenómeno inusual de esta crisis: la masiva reducción voluntaria de salarios y los subsidios masivos de parte del Estado.

Según la OIT, en los años previos a la pandemia (2016-2019) el poder adquisitivo del salario registró un leve incremento, de entre el 0,4 y el 0,9 por ciento en las economías avanzadas. En ese grupo, el mejor desempeño se dio en la República de Corea, en donde el salario subió un un 22 por ciento y en Alemania (15 por ciento). En cambio, en Italia, Japón y Reino Unido el salario real se redujo. Entre 2008 y 2019, el salario real se más que duplicó en China. A contramano del mundo, en la Argentina el salario real se redujo en promedio alrededor de un 15,7 por ciento desde fines de 2015 hasta fines de 2019, calcula la UMET. Ese deterioro se explica por una inflación desbocada durante el gobierno de Mauricio Macri junto a caída de la producción y deterioro financiero.

El impacto de la crisis

"La crisis imprimió una presión a la baja en el nivel o en la tasa de crecimiento de los salarios medios de dos terceras partes de los países. En otros países como Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos e Italia, el salario medio aumentó como reflejo de la pérdida sustancial de puestos de trabajo entre los trabajadores con salarios más bajos", indica la OIT. 

El informe detalla que la crisis "afectó muy especialmente a los trabajadores con salarios más bajos y en consecuencia aumentó las desigualdades salariales". Por otro lado, "la crisis no ha tenido las mismas consecuencias para las mujeres que para los hombres. Son ellas quienes más sufren los efectos adversos", advierte el organismo, y muestra que "la masa salarial perdida a consecuencia de la caída de las horas de trabajo fue del 6,9 por ciento en el caso de las mujeres, frente al 4,7 por ciento en el de los hombres".

Sostén estatal y reducción voluntaria

"Para una selección de 10 países europeos los subsidios al salario permitieron compensar el 40 por ciento de la pérdida de masa salarial, incluido el 51 por ciento de la pérdida de masa salarial provocada por la reducción de las horas de trabajo", dice la OIT.

Muchos gobiernos definieron que la ayuda sea una porción del salario mínimo, como los casos de Croacia y Letonia (75 por ciento del salario mínimo) y Polonia (del 50 al 90 por ciento). En el caso de la Argentina, el salario mínimo se estableció como un techo, al definir un tope de dos veces ese monto, mientras que en Luxemburgo se puso ese máximo en 4,5 veces.

Una de las particularidades que tuvo el comienzo de la crisis de la pandemia es que el cierre violento de la oferta global de la economía amenazó con la quiebra masiva de empresas, con lo cual se negociaron en muchos rubros en países de todo el mundo reducciones temporarias de manera voluntaria en los salarios. El informe de la OIT muestra que el 35 por ciento de los trabajadores de los Estados Unidos, 30 por ciento del Reino Unido y 20 por ciento de Alemania cobraron menos en marzo que en febrero y enero de este año. 

La OIT destaca en este punto el caso de la Argentina "en donde el gobierno prohibió los despidos sin causa a través de acuerdo que incluyó el recorte del 25 por ciento de los salarios por sesenta días en los sectores bajo confinamiento". También menciona el caso de Chile, en donde "la proporción de empresas que llegaron a acuerdos de reducción temporaria de salarios pasó del 6,6 por ciento en abril al 8,4 por ciento en julio y hasta el 15 por ciento en algunos rubros". También se detalla medidas similares aplicadas en Paraguay, Uruguay, Etiopía, India y Burkina Faso.

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Un vendedor atiende a los clientes de un mercado en Caracas, Venezuela.Leonardo Fernández / Getty Images

El alza de los precios, contenida durante la pandemia, se acelera por la reapertura comercial y los gastos del Gobierno en las ayudas de fin de año

En Venezuela se necesita más de un millón de bolívares para comprar un dólar. Y es la segunda vez en los últimos dos años. La hiperinflación terminó de devorar a la divisa local y el incendio en la precaria economía venezolana sigue activo. El preocupante indicador se sitúa entre las crisis inflacionarias más duraderas de la historia económica moderna, solo superada en la región por la que vivió Nicaragua entre 1986 y 1991. En noviembre se cumplieron tres años desde que el país petrolero comenzó a registrar, mes a mes, tasas de más del 50% de inflación que han traído detrás un catastrófico aumento de la pobreza.

Después de algunos meses de aparente desaceleración del alza de precios por la reducción del consumo, durante el confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus, la inflación vuelve a tomar fuerza por la presión del gasto para el pago de bonificaciones especiales que el Gobierno de Nicolás Maduro suele ingresar a finales de año y de la campaña electoral para las cuestionadas elecciones parlamentarias de este domingo, en las que el chavismo se dispone a recuperar el control de la Asamblea Nacional. El indicador volvió a desbocarse en noviembre.

“El Gobierno se quedó sin ingresos, porque la industria petrolera está destruida, porque no está recaudando impuestos y no tiene acceso a los mercados internacionales. Cualquier iniciativa que tenga, tendrá que financiarla con dinero del Banco Central de Venezuela. No tiene fuentes legítimas de financiamiento y lo que le queda es emitir esa cantidad de dinero”, explica el economista Omar Zambrano de la firma Anova.

Ese rebote del alza de los precios se siente en la calle, donde la flexibilización de la cuarentena que ordenó Maduro por las fiestas navideñas no ha generado un aumento significativo del consumo. En la última semana de noviembre, el precio de los alimentos subió casi un 40%, según las mediciones de Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Con un salario mínimo mensual —que se aumentó al triple el mes pasado, hasta poco más de un dólar— solo se compra un kilo de arroz.

La subida vertiginosa del dólar es justo el quebradero de cabeza diario de los venezolanos, sobre todo de aquellos —una enorme mayoría— que percibe el salario en bolívares y tiene dificultad para acceder a la divisa estadounidense, cuya circulación no es oficial y no está pactada con Washington. Álvaro Muñoz es ingeniero informático y profesor universitario. A diario registra la depreciación de sus ingresos como docente con doctorados en el escalafón más alto de una universidad pública. Tiene claros los inmanejables ceros que lleva detrás el bolívar, con dos reconversiones en veinte años: la de Hugo Chávez en 2008, que quitó tres ceros a la moneda, y la de Maduro en agosto de 2018, en la que se restaron otros cinco. En las conversaciones cotidianas este diciembre se escucha a muchos decir que, en realidad, un dólar equivale a 100 billones de bolívares, con sus 14 ceros, si se le suman los ocho que se le han quitado en esas dos grandes devaluaciones. La abismal expresión numérica evidencia cuánto se ha empobrecido un país que a finales de los setenta fue una de las naciones más ricas de América Latina.

“Un profesor titular de dedicación exclusiva, del más alto nivel, gana 7,5 dólares mensuales. El sueldo de un docente que recién inicia su carrera es de cuatro dólares. De ayer para hoy el sueldo se me devaluó un 14% por el salto del dólar”, contaba hace unos días Muñoz. En tres años, la hiperinflación no solo ha rebanado su salario, también le hizo abandonar un segundo doctorado en España porque no podía seguir pagando la matrícula. El profesor, de 54 años, sobrevive en Barquisimeto, en el occidente del país, junto con su madre con las ayudas de una hermana que envía remesas desde Chile y la cosecha que le comparte otro hermano agricultor. “El sueldo no me alcanza para pagar el servicio de Internet. La última vez que compré zapatos fue hace cuatro años”. En noviembre de 2017, cuando la Asamblea Nacional señaló que el país había entrado en esta situación, su remuneración mensual equivalía a 62 dólares. En 2018 se redujo a 46 dólares, el año pasado eran solo 20 dólares y este 2020 no llega a 10.

La caída del poder adquisitivo de la moneda ha conllevado a otra pérdida aún más dramática: la del valor del trabajo y de la profesión. En términos prácticos, Muñoz lo explica así: una persona que hace delivery en bicicleta gana tres dólares por entrega, que es lo que un profesor puede conseguir en un mes. Para Zambrano el país inició una transición económica sin cambio político. “Se tomó la decisión política de dejar que la economía se reduzca a su mínima expresión, sin motores de producción, donde se ven ciertos movimientos y transacciones para vender productos finales que se importan directamente de un Costco [una gran superficie] hasta Caracas. Esa es una economía que deja muy poco al país y es solo la fracción de lo que fue”.

El economista señala que de ser un país petrolero el tamaño de la economía venezolana se parece más al de una isla del Caribe o un país centroamericano como Honduras. “Esto va a seguir sometiendo a gran parte de la población a condiciones socioeconómicas adversas y va seguir expulsando a la gente, porque no hay cama para tanta gente, no hay capacidad de absorber la masa laboral del país”.

Al cierre de 2020, Venezuela tendrá una economía un 67,6% menor a la de 1999, según cálculos de la firma Ecoanalítica, una inflación del 6.500% y una tasa de desempleo del 54%, de acuerdo con las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional. Las ganancias del boom petrolero que hubo entre 2006 y 2012 se disolvieron totalmente a partir de la recesión que se vive desde 2013, cuando Maduro llegó al poder tras la muerte de Chávez y las crisis política y económica pisaron el acelerador.

¿Dolarización?

Hace unas semanas, la agencia Bloomberg reveló que el Gobierno estaba evaluando con un grupo de bancos privados la posibilidad de formalizar la dolarización que existe de facto, impulsada por la hiperinflación que lleva a la gente a deshacerse del bolívar. Hoy, los billetes de bolívares solo circulan en los autobuses del transporte público. El dólar es la moneda corriente en la Venezuela de 2020, luego de pasar 15 años con un férreo control cambiario durante el cual estaba prohibido comprar divisas. “La dolarización que hay ahora es incipiente y está limitada a ciertos círculos. Pero no hay un sistema financiero en dólares, ni contratos en dólares. Eso limita la capacidad que pudiera tener de hacer crecer la economía y frenar la hiperinflación del bolívar”, apunta Zambrano.

Cuando el episodio hiperinflacionario comenzó, los economistas estaban divididos sobre la dolarización como una vía de escape. Ahora, después de no haber hecho nada para contener la depreciación de la moneda venezolana, parece no haber otra opción. “El repudio al bolívar es total”, dice Zambrano. Implementarla, sin embargo, es un proceso cuesta arriba para un Gobierno prácticamente quebrado, sin fuente de ingresos en dólares y que tiene una enorme carga de empleados públicos y jubilados —una abultada nómina que aún con la migración forzada podría rondar los cinco millones de personas— a los que habría que llevar sus remuneraciones a dólares.

Esto permitiría reducir la brecha social que se ha creado entre quienes perciben ingresos en dólares y quienes no, lo que han exigido diversos gremios en protestas durante los últimos meses, pero que luce inviable para la economía de Maduro. Como parte del dramático sistema de distorsiones y controles que han llevado al foso al país, en los últimos días el Gobierno también ha dado señales contradictorias sobre el avance hacia una dolarización y un viraje hacia más libertades económicas, anunciando un nuevo impuesto a las transacciones en divisas, en un intento desesperado de resucitar el bolívar.

 

Caracas - 02 Dec 2020 - 18:07 COT

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Lunes, 23 Noviembre 2020 05:30

Esclerosis social

Esclerosis social

Los procesos económicos son esencialmente inestables. Este rasgo se asocia en cada época con las condiciones materiales, tecnológicas y sociales que determinan la producción, definen el modo de trabajo, el tipo de consumo y las necesidades de inversión para sostener la capacidad de subsistencia, o sea, reproducir a la sociedad.

En el capitalismo, la inestabilidad se agrava por la naturaleza propia del dinero y las cambiantes modalidades del financiamiento, esta última condición se ha vuelto más notoria con el desarrollo de los mercados financieros, con instrumentos y facilidades tecnológicas más sofisticados. Es una economía de endeudamiento creciente.

Tanto los precios relativos de los bienes y servicios, especialmente el trabajo, como el nivel de la actividad económica fluctúan, en ocasiones de manera notable, derivando en crisis económicas y forzando la intervención del gobierno mediante la política fiscal y monetaria para contener la inflación o deflación y las presiones recesivas en la producción y el empleo.

Debajo de estas manifestaciones en el ámbito de los mercados, subyacen corrientes con efectos sociales significativos. No se puede confundir la salud económica con las cotizaciones de los mercados financieros: acciones, bonos privados, deuda pública, tipos de cambio y el oro. Hay un substrato social que se desenvuelve de modo permanente y que puede, ciertamente, ir a contracorriente de los indicadores convencionales usados por los ministerios de Hacienda y, sobre todo, por el discurso político.

Una muestra actual de este fenómeno es la pugna abierta en Estados Unidos entre el Tesoro y la Reserva Federal con respecto de la continuación de los mecanismos financieros de apoyo a la economía asociado con las repercusiones de la pandemia en la producción y el empleo. El Tesoro quiere limitar esas ayudas bajo el argumento de que la economía está en una situación sólida, como muestran los indicadores de Wall Street. Los intereses políticos de una elección perdida están sobre la mesa.

La estructura del capitalismo global estaba en franca recomposición antes de que estallara la pandemia. Los indicios eran apreciables, se gestaba un cambio en lo que solía llamarse como el régimen de acumulación conformado a partir de la década de 1980. La etapa de la así llamada Gran Moderación en los precios y la estabilidad macroeconómica habría acabado con la gran crisis de 2008. Desde entonces prevalecen las bajas tasas de interés, con menores grados de libertad en materia monetaria y una expansión enorme de la deuda pública.

Aquel régimen se sostuvo en las políticas destinadas a controlar la inflación de la década anterior y administrar el proceso de globalización con China como un actor principal. El entorno cambió hacia una baja inflación y un creciente nivel de endeudamiento, y es precisamente lo que estaría cambiando ya.

Tal es la tesis que sostienen Goodhart y Pradhan en su libro El gran giro demográfico (ver la nota de Martin Wolf en el Financial Times, 17/11/2020). Lo que prefiguran en un escenario de mayor inflación y una cambiante relación del lugar del trabajo.

En ese largo periodo de moderación se abrió China, colapsó la Unión Soviética, se creó la Organización Mundial de Comercio, se fortalecieron la integración y los bloques económicos, se profundizaron las corrientes de capitales, creció sustancialmente la oferta global de trabajadores en una estructura demográfica en la que aun había una gran población joven –aunque con tasas decrecientes de natalidad– y con ello el producto per cápita.

Un efecto de este proceso fue debilitar el poder de negociación del trabajo, elevar la participación de las ganancias en el producto y aumentar el grado la concentración del ingreso. Una de las consecuencias es lo que se conoce como un exceso de ahorro que afecta adversamente los patrones de consumo y de inversión.

Hoy, la estructura demográfica muestra una mayor población de jubilados en los países desarrollados y en China también. La población en edad de trabajar se ajusta a la baja, lo que repercute en las cotizaciones a los fondos de retiro y la seguridad social y ejerce una mayor presión sobre los recursos fiscales de los gobiernos.

Una conclusión del estudio es que la baja de la fuerza laboral disponible elevaría el poder de mercado del trabajo. Las condiciones generales serían así propicias para crear mayores presiones inflacionarias y, con ellas, una recomposición en los patrones de asignación de los recursos para la inversión. El régimen de acumulación tendería a recomponerse. Esa tendencia apunta a la reciente creación de la Asociación Económica Integral Regional con liderazgo chino.

Hay un componente especulativo en el tratamiento de los temas del estudio que aquí se comenta. No podría ser de otra manera en un escenario tan incierto como el que predomina. Lo interesante de la tesis, es que abre un espacio de discusión en el terreno económico y político en un entorno de democracia más endeble, de renovadas exigencias sociales en un entorno crecientemente conflictivo y cuando las condiciones de la reproducción del sistema económico y social y la dinámica de los mercados financieros muestran signos de esclerosis.

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Jessica Bruder, autora de 'País Nómada'. Foto: Todd Gray

Decenas de miles de trabajadores estaounidenses se han lanzado a la vida en la carretera. Utilizan vehículos para alternar trabajos estacionales y han formado sus propios códigos. La periodista Jessica Bruder los siguió durante tres años para presentar un ensayo periodístico.

 

“No he dormido”, justifica Jessica Bruder para no conectar la cámara durante la entrevista. No es para menos, es 4 de noviembre y Estados Unidos sigue sin tener claro quién será el próximo presidente. De hecho, hoy es 15 de noviembre y aunque la victoria de Joe Biden ha sido clara, la transición presidencial no está tan clara como parece. “Nuestros nervios están disparados”, continúa Bruder “esperábamos que Biden ganase de manera aplastante. Sigo creyendo, sigo siendo optimista, en que va a ganar, pero el solo hecho de que Trump esté tan cerca es aterrador, es terrible para el futuro del país”.

Pero la llamada no es para discutir sobre las elecciones estadounidenses, sino para hablar de País Nómada (Capitán Swing, 2019) un ensayo periodístico sobre las vidas de un puñado de trabajadores que viven en la carretera, en furgonetas, autocaravanas y otros vehículos adaptados. El ensayo ha dado lugar a una película Nomadland, sin estrenar en España, que ganó el León de Oro del último festival de Venecia.

Esa vida nómada ha dado lugar a una subcultura pero, antes que eso, a un ejército laboral de temporeros formado mayoritariamente por personas mayores —muchas de ellas sobrepasan los 70 años— que migra en busca de currillos estacionales y aspira a no pasar demasiado frío en invierno y mantener unos ahorros para sus gastos imprevistos. Son, en gran medida, víctimas del colapso de la clase media en Estados Unidos que decidieron salirse por la tangente y eliminar el principal gasto que marcaba sus vidas: los derivados de un mercado de la vivienda averiado para las mayorías. 

“Me pregunto si a la gente le habría llamado la atención en un libro como País Nómada si no hubiera sido por Trump y no se hubieran sentidos concernidos por los marginados, los desfavorecidos que hay en América”, valora Bruder. Pero el libro en su totalidad fue escrito durante la administración de Barack Obama, porque, como reconoce, los problemas que estaba siguiendo son muy profundos y sistémicos: “Cuando observas la desigualdad arraigada, los salarios planos y el creciente ritmo de crecimiento de los alquileres, te das cuenta que son problemas que estaban ahí hace mucho tiempo, que ya forman parte de la historia de Estados Unidos. No es que hayan comenzado con Trump, creo que antes de él ya teníamos mucho trabajo que hacer como sociedad. En primer lugar, para construir una economía que sirva a la sociedad antes que un mercado que tiene a la sociedad como un apéndice”.

¿De verdad había mucha diferencia, para gente como la que has seguido en País Nómada, entre que ganase Trump o que ganase Biden las elecciones del 3 de noviembre? 


Bueno, sí me preocupa que Trump encuentre formas de atacar la Seguridad Social y el Medicare, así como muchos de los programas depauperados de la Seguridad Social que todavía tenemos. En la carretera, mucha de la gente que encontré no tenía ni siquiera la oportunidad de votar. Además, este año todo es distinto con el covid. El hecho es que, como son nómadas, tienen que tener direcciones postales falsas. Es muy probable también que, cuando se abrieron las urnas, ellos no estaban en el Estado en el que estaban registrados para votar. Así que muchos, pase lo que pase, están marginados de ese proceso.

Da la sensación de que son personas que viven al margen también de la dicotomía entre dos países que ha marcado estas elecciones.


Desde un punto de vista más general, cuando yo estaba en el camino, el país ya estaba dividido. Pero no de la manera en lo que está ahora. Entre la gente a la que seguí en ese viaje, conocí a algunos que no votaban, otras que iban a votar por Hillary Clinton y algunos otros más “libertarios”. Ha habido quien ha querido hacer un mapa que explicase que la subcultura nómada que he seguido la forman los blancos enfadados que están con Trump... No es algo que encaje completamente. En la carretera encontré a gente con todo tipo de experiencias. Pero, independientemente de eso, sí que pienso que lo que ha hecho la Administración Trump no ha sido positivo para ellos. Por ejemplo, ha aumentado la diferencia entre lo que cobra un CEO respecto a la paga de un trabajador. Si ves la desigualdad salarial en América, cuando yo estaba escribiendo el libro, era de 270 a uno. El año pasado, los CEO ganaron 320 veces más que el trabajador medio. Antes, en 1965, la diferencia era 21 a uno. Este es uno de los grandes problemas de Estados Unidos, es una nación muy rica pero la forma en que esa riqueza se distribuye es problemática. Hace que la movilidad social sea imposible. Es una amenaza real a nuestra democracia. 

Las personas que aparecen en País Nómada no cumplen el estereotipo de lo que de forma despectiva se llaman los “red necks”, son, de hecho náufragos del colapso de las clases medias a las que haces referencia.


Sí, son gente que lidia con toneladas de inestabilidad. Creo que es psicológicamente tranquilizador para la gente agrupar a estos nómadas en categorías: “son todos derechistas” o “son hijos del rust belt” o “son gente que se arruinó”. Y de nuevo, tengo que insistir en que no conocí a todas las personas que se lanzan a la carretera. Estuve trabajando en ello, viajando con este grupo de gente durante tres años. Mi experiencia no es la de una socióloga o una estadística, aunque sí pude ver que había múltiples procedencias y circunstancias. Creo que, en una cultura como la nuestra, especialmente en una época de miedos, es fácil para nosotros mirar a grupos de gente que no comprendemos y convertirlos en otros, en una especie de “sombra” u opuesto a lo que somos nosotros mismos. Una lección para mí es que esta gente puede ser cualquiera. Racialmente, étnicamente, no hay tanta diversidad, pero en términos de estatus socieconómico y nivel formativo hay mucha diversidad. 

Son historias de crisis personales y de un sistema en crisis, pero también hay un canto a la alegría de vivir y la resiliencia.

Creo que es gente que está muy acostumbrada a sentirse machacada por el sistema. De nuevo, por los sueldos bajos, los alquileres altos, la ansiedad constante acerca de si serán capaces de seguir viviendo “una vida normal”. De forma que, cuando encuentran una manera de dar un paso al costado de ese día a día, encuentran un sentimiento de liberación. Pero las cosas van bien hasta que dejan de ir bien, porque si tú estás viviendo en una furgoneta, y ese es tu hogar, y no tienes ahorros, estás a una rotura de motor de llegar a la “ciudad del sinhogarismo”. Así que sí, puedes tomártelo como la libertad de la que hablaba Janis Joplin en esa vieja canción “Libertad es solo otra forma de decir nada que perder”. Pienso en George Orwell escribiendo en París y Londres y me doy cuenta de que cuando has abandonado o has sido expulsado de la sociedad de masas, la vida sigue sucediendo. Quizá se esperaba que la gente con la que me he encontrado iba a pasarse la vida quejándose o presentándose como víctimas, pero todos necesitamos despertarnos cada mañana y seguir haciendo lo que hacemos. Son los protagonistas de su historia. Así que fue bastante sorprendente ver cómo estaban tratando de sacar el máximo provecho de lo que tienen, aunque para muchos de nosotros lo que tienen no sea suficiente. También fue importante encontrar una especie de “comunidad” que empuja contra el tipo de alienación que domina nuestra cultura. Porque pienso que, de una manera extraña, dejar de lado la cultura de la productividad, de las “metas”, del individualismo, aporta cierto alivio. Por supuesto, viene con un montón de inconvenientes, pero esos vínculos, el sentimiento de compartir, de compañerismo… es algo de lo que la cultura mainstream debería aprender.

País Nómada me recordó a una obra de Barbara Ehrenreich.
Por cuatro duros. Es increíble. Ella es increíble. Hay otra autora, Rebbeca Solnit, que me gusta mucho, que escribió Un paraíso construido en el infierno, que podría haber mencionado en mi libro. Solnit sostiene que hay una serie de micro-utopías que crecen rápidamente en torno a los desastres. Sucede cuando se producen terremotos que la gente se une, se encuentra. Lo vi en Nueva York como alguien que vivía en el centro de la ciudad durante el 11 de septiembre de 2001. En las semanas y los meses después de aquello, la gente se trataba mejor entre sí, y con el mayor espíritu de comunidad que nunca he visto en Nueva York. Es una paradoja horrible que esta respuesta conjunta se dé en circunstancias así. La pregunta sería cómo podemos aprender a hacerlo sin ese dolor.

País Nómada también me remitió a una obra de los años 30 del siglo XX, Boxcar Bertha, de Ben Reitman. ¿Crees que hay similitudes entre la historia de esa subcultura, la larga tradición de viajes en tren, con sus códigos, sus consejos y sus narrativas?


Sí, definitivamente hay paralelismos. El libro está dedicado a un amigo mío, Dale Maharidge. Su primer ensayo se llama Journey to nowhere (“Viaje a ninguna parte”). En los 80, se subió a trenes de carga con gente desposeída, que buscaba trabajos. Fue muy interesante hablar con él mientras llevaba a cabo este proyecto. Porque, en aquella época, a quien se encontró mayoritariamente fueron hombres, y en la actualidad ves a multitud de hombres y mujeres. Es un fenómeno interesante. Hay cosas que permanecen aunque hayan cambiado, como el hecho de que estas personas se dejaban mensajes unas a otras en forma de jeroglíficos para saber dónde pueden ir, qué sitios son seguros, etc. En la actualidad, utilizan la web para dejarse esos mensajes y consejos: qué Walmart es seguro para llevar la furgoneta, cuál no lo es. Hay un sentimiento de camaradería compartido en afrontar la adversidad juntos. El hecho de que la economía los excluye, y el hecho de que la sociedad de masas los mira por encima del hombro y los contempla como inadaptados, los hace cohesionarse como una subcultura.

¿Sigue aumentando el número de personas en esta situación?


Una de las cosas que más me preocupan en este momento es la situación con el covid. Y el hecho de que mucha gente ha perdido su trabajo. Cuando comience el año, vamos a ver una oleada de gente expulsada de sus casas, es cuando expira la moratoria de la mayoría de desahucios. Y vamos a ver esta situación terrible: hay tantísimas casas vacías y tantísima gente que ha sido desplazada que muchos de los nómadas que aparecen en el libro —incluidos los del Rubber Tramp Rendezvous— están posteando vídeos explicando cómo la gente puede vivir en un vehículo si es desahuciada. La cuestión es, cuando tienes cierta cantidad de personas viviendo en la carretera, pueden hacerlo de manera encubierta, pero cuando tienes masas y masas de gente viviendo así, en un país en el que muchas ciudades legislan para hacer ilegal dormir en un vehículo, tienes un problema importante. Y creo que es terrorífico. También está el simple hecho de saber que muy pronto va a haber mucha, mucha gente, ahí fuera, y cómo eso va a influir en la gente que ya está viviendo así.

Una de las cuestiones que explican el fenómeno que describes es el enorme beneficio que una compañía como Amazon obtiene de estos trabajadores itinerantes. ¿Hay alguna manera de hacerlos responsables de esta situación de precariedad?


La gente me pregunta, ¿por qué no se sindican, porque no funcionan en equipo? Básicamente porque están en tránsito y se quedan poco tiempo en los sitios. No tienes el tipo de solidaridad y de organización a largo plazo que te permitiría obtener derechos de un empleador como Amazon. Creo, sin embargo, que hay cosas importantes pasando en este momento en torno a Amazon. El pasado año saqué una historia, que fue portada de Wired, sobre la comunidad somalí y del África occidental en Minneapolis. Fueron de los primeros en organizarse y sentar a Amazon a una mesa para negociar con los trabajadores. Ahora, hay un grupo llamado Athena que es una organización enorme tratando de poner a esa compañía bajo control. En el caso de los nómadas es complicado estar a la cabeza de estos movimientos. Muchos de ellos son tan precarios que, tristemente, están agradecidos por el trabajo, incluso aunque se les explote. Pero esta gente que vive a tiempo completo en comunidades más tradicionales, han llegado a un punto de decir “basta ya”. No creo que vayamos a ver ese movimiento social partir de los nómadas. Es muy interesante que esté viniendo de esas comunidades procedentes de África occidental, en cuanto conservan lazos culturales muy fuertes. Si alguien viene a Estados Unidos desde Somalia hay muchas oportunidades de que hayan pasado por la guerra civil o situaciones extremas. Son comunidades fuertes, que están preparadas para unirse contra la adversidad, precisamente por esas experiencias anteriores.

Por Pablo Elorduy

@pelorduy

15 nov 2020 06:53

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El crecimiento del PIB de EE UU bate récords en el tercer trimestre

La economía estadounidense crece un 7,4% entre julio y septiembre pero las dudas sobre el curso de la pandemia empañan el optimismo

 

La economía de Estados Unidos creció a un nivel sin precedentes en el tercer trimestre, con un aumento del 7,4% del PIB ―equivalente a un ritmo anualizado del 33,1%―, según ha anunciado este jueves el Departamento de Comercio. El alza se produce después de enormes pérdidas durante el segundo trimestre, cuando el PIB colapsó tras los confinamientos masivos durante la primera ola del covid-19 y cayó un 9%, la mayor caída desde que empezaron los registros en 1947. El PIB estadounidense sigue un 3,5% por debajo del nivel precrisis. El dato de crecimiento conocido a solo cinco días de las elecciones promete arrancar distintas lecturas políticas. Ya este martes, el presidente Donald Trump había prometido en Twitter “un gran PIB”, reforzando así su imagen de candidato más capaz de gestionar la economía.

Aunque el dato concreto resulte positivo, la economía de Estados Unidos se halla sumida en el agujero negro de la pandemia, que puso fin al mayor ciclo expansivo en la historia del país y lo abocó a la recesión. Los pronósticos de los analistas se cumplieron, pues apuntaban que el dato de crecimiento superaría el 7%, más del doble que cualquier tasa de crecimiento trimestral desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que la economía sigue ralentizándose, mientras la crisis sanitaria arroja muchas más sombras que certezas sobre el ritmo de la recuperación, como demuestran el desplome de Wall Street este miércoles por miedo a la espiral de la pandemia y la falta de acuerdo político entre la Casa Blanca y el Congreso para sacar adelante un nuevo plan de estímulos.

Es cierto que la economía estadounidense empezó a recuperarse del cierre de la actividad derivado del confinamiento en los meses de verano, pero los expertos recuerdan que la producción seguiría estando más de un 4% por debajo del nivel de finales de 2019, que es más del mínimo registrado en el pico anterior de la Gran Recesión. Por eso avisan de que un crecimiento rápido en el tercer trimestre no implica que la economía atraviese una fase de pujanza, ya que este periodo mide el nivel de producción de julio a septiembre comparado con la media de abril a junio, y el nivel en abril y mayo estableció una base de referencia tan baja que cualquier aumento, aun mínimo, habría servido para generar un buen dato. Para recuperar el nivel de crecimiento anterior a la pandemia, el PIB debería crecer aún con más fuerza, según los expertos.

“La cifra será histórica sin duda, pero, salvo para la propaganda política, estará por completo desprovista de sentido, pues no nos dirá gran cosa sobre lo que nos espera”, abundaba este miércoles en declaraciones a la agencia France Presse el economista Joel Naroff. El récord anterior de crecimiento trimestral fue del 16,7% en el primero de 1950.

Este jueves, el Departamento de Trabajo ha publicado las cifras relativas a las solicitudes de subsidio de desempleo, que cayeron por segunda semana consecutiva a 751.000, por debajo de lo previsto por los analistas. Aunque el número de solicitantes de ayuda ha bajado del máximo de 6,8 millones registrado en marzo, se halla por encima del pico experimentado en el peor periodo de la gran recesión de 2007-2009, cuando 665.000 estadounidenses se apuntaron al paro.

Sojuzgada por el impacto de la pandemia, la economía de EEUU, que cayó en recesión en la primera mitad del año, aún necesita ventilación mecánica, especialmente si empeoran los datos de contagio y hospitalizaciones por covid-19, sin control en el Medio Oeste del país. Signos claros -por ejemplo, un parón en la venta de casas nuevas desde el verano- apuntan a una desaceleración de la actividad económica este trimestre, y el mismo curso de la enfermedad no permite descartar la posibilidad de un segundo confinamiento y de una recesión aún más profunda.

A finales de marzo, el Gobierno de EE UU logró sacar adelante un plan de rescate de 2,2 billones de dólares, el mayor plan de estímulos económicos lanzado por un país en la historia. El programa, denominado Cares (las siglas en inglés de Ayuda, Alivio y Seguridad económica ante el coronavirus), incluía una partida de 250.000 millones en cheques directos a los ciudadanos con sueldos de hasta 75.000 dólares. En abril, se añadieron otros 484.000 millones de dólares (unos 450.000 millones de euros) para ayudar a los hospitales y a las pequeñas y medianas empresas. En total, Washington ha movilizado casi tres billones de dólares en ayudas a familias y empresas, si bien las ayudas del plan Cares concluyeron en mayo, arrojando a ocho millones de estadounidenses a la pobreza, según un estudio de la Universidad de Columbia.

Por MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO

Nueva York - 29 OCT 2020 - 08:38 COT

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Domingo, 11 Octubre 2020 05:13

Trump, presidente de los obreros

Donald Trump y Mike Pence han visitado varias veces la planta que Shell está construyendo en Monaca, en el condado de Beaver (Pensilvania). En agosto del 2019 habló ante 5.000 trabajadores ligados a las obras. La prensa local reveló que algunos empleados asistieron obligados para poder cobrar ese día. (Jeff Swensen / Getty)

La batalla de los demócratas por recuperar la Casa Blanca choca con una incómoda realidad: la clase trabajadora idolatra al presidente

Primera parada de la ruta en los estados clave en las elecciones presidenciales de EE.UU.

Beatriz Navarro, Beaver, Pensilvania

11/10/2020 01:53 | Actualizado a 11/10/2020 10:36

El cinturón del óxido parece menos roñoso al oeste de Pittsburgh (Pensilvania). La actividad es frenética en los alrededores de la nueva planta que la petroquímica Shell está construyendo en el condado de Beaver, a orillas del río Ohio.

Alimentada por el gas natural obtenido a pocos kilómetros gracias a la técnica del fracking , en un año debería estar produciendo millones de toneladas de pellets de plástico para fabricar botellines, móviles o coches. “La inversión nos ha puesto en el mapa”, celebra Lew Villotti, presidente del consejo económico del condado. “A los que me preguntan por la contaminación siempre les digo lo mismo: ¿qué había antes ahí? Una fundición de zinc y laderas con árboles muertos. Es lo que recuerda la gente de aquí. La mayoría no lo ve como un problema”.

El plástico, dicen, puede ser el nuevo carbón para los Apalaches. “El renacimiento energético de América ha llegado a Pensilvania”, proclamaDonald Trumpen sus frecuentes visitas a la zona, en las que se arroga el mérito de la inversión, aunque se decidió antes de su elección. Otros dicen que no es más que un espejismo. Aunque las obras emplean a 6.000 personas y están dejando mucho dinero a los gremios locales, cuando la planta esté acabada no dará trabajo a más de mil. Las autoridades locales aseguran que la presencia de Shell será un imán para otras compañías.

Los 6.000 millones de dólares invertidos han sido un auténtico maná para esta deprimida región al oeste de Pittsburgh. Por primera vez en décadas, en el 2016 Pensilvania dio la espalda a los demócratas para apoyar a Trump. En este condado, el terremoto fue devastador: 19 puntos a favor del republicano, a pesar de que más de la mitad de los votantes están registrados como demócratas. Aunque hay más carteles de apoyo a Joe Biden que hace cuatro años por Hillary Clinton y en las ciudades compiten bien con los republicanos, los de Trump arrasan. La demografía local le es propicia: el 92% de sus habitantes son blancos y el 76% de los trabajadores no tiene estudios universitarios.

En amplias regiones de Pensilvania y el Medio Oeste, el presidente sigue siendo el improbable ídolo de la clase obrera. Pero este año, para ganar, no solo necesita mantener esos votos –y los de la América rural, a la que sacó por sorpresa de su letargo– sino conseguir bastantes más. Solo así podrá contrarrestar la potente ola demócrata que recorre las zonas urbanas y amenaza con convertirle en una rareza, un presidente de un solo mandato.

Trump volverá a contar con el voto de Robert, un obrero jubilado que siempre antes respaldó a los demócratas. “Es lo que votaba todo el mundo en mi familia. Ahora casi todos vamos con Trump. Yo me cambié porque me gustó lo que proponía”, afirma señalando la bandera con el lema Make America Great Again que tiene en el porchede su casa en Ambridge, una ciudad que lleva su origen grabado en el nombre (la acerería American Bridge).

 “Es un bocazas pero no me importa. Dice lo que piensa y, te guste o no, siempre sabes dónde está. No es una marioneta. Dijo lo que iba a hacer y básicamente lo ha hecho”, sostiene este antiguo montador de bombas y compresores citando lo bien que iba la economía hasta que llegó la pandemia. “Ha apoyado mucho a los trabajadores y a la gente con fondos de jubilación”. Ni se plantea votar a Joe Biden. “No creo que pueda hacer todo lo que está haciendo Trump por los trabajadores. ¿Que es de Pensilvania? Pero si no vivió aquí más que unos meses...”. (Biden vivió allí hasta los 11 años).

“No es un político. Le voté porque era diferente y no era parte del sistema. Los dos partidos son unos mentirosos. Necesitábamos a alguien nuevo. Voté por Barack Obama en el 2008 y en su primer mandato no hizo nada más que darnos un seguro médico universal que yo no quiero. Quien trabaja tiene seguro, así debe ser”, afirma Chuck, un obrero de la construcción jubilado de 61 años en Monroe (Michigan). “Necesitamos un presidente fuerte y no creo que Biden lo sea”.

En noviembre, Cody Campbell, un joven de Battle Creek (Michigan) de 23 años, votará por primera vez y lo hará por Trump. Le gusta que haya sido empresario. “Es un hombre de negocios, un millonario. No sé cómo explicarlo bien, pero creo que está del lado de los trabajadores y me gusta. La mayoría de los presidentes no lo está. Él se preocupa por nosotros”, dice Campbell, propietario de un taller de motos.

Eso que a este votante le cuesta explicar es un movimiento de tierras que politólogos y analistas definen como “el gran realineamiento de los partidos políticos estadounidenses”. “Nos encontramos en un proceso de transformación a diez años vista. La gente que hoy pone carteles de Trump en sus casas solía trabajar en minas o fábricas y nunca antes había votado a un republicano. Y la gente del Duquesne Club, fundado por magnates del acero e industrialistas, ya son en su mayoría demócratas”, afirma el estratega republicano Mike DeVanney en sus oficinas en Pittsburgh.

El fenómeno va más allá de la figura del presidente. “Donald Trump no hay más que uno” pero “no creo que se pueda volver a meter al genio en la lámpara. El Partido Republicano, antes gran defensor del libre comercio, lleva 20 años haciéndose más proteccionista y conservador socialmente, mientras que el demócrata ahora es más atractivo para la gente con más ingresos y educación”, sostiene DeVanney.

Pero mientras Hillary Clinton, que llamó “deplorables” a los votantes de Trump, se confió y solo hizo campaña en las grandes ciudades de Pensilvania, “Biden es consciente de que debe ir a las zonas rurales y tiene un perfil con el que puede ir un poco más allá de su base”. Para eso le eligieron los demócratas. Según las encuestas va 10 puntos por delante de Trump en intención de voto en Pensilvania, pero nadie se fía.

Los republicanos saben que tienen el viento en contra, pero confían en que ocurra lo mismo que en el 2016. “Salió gente a votar que no había votado nunca o no lo había hecho en años. Gente que había tirado la toalla con los políticos porque pensaba que nadie se preocupaba por ellos. Trump fue el primero en tocar esa fibra. Los anteriores gobiernos nos habían vendido firmando malos acuerdos comerciales”, afirma Sam DeMarco, presidente del Partido Republicano del condado de Allegheny, donde se encuentra Pittsburgh.

Con 1,2 millones de habitantes, es el segundo mayor condado del estado después de Filadelfia. Tiene 250.000 votantes republicanos registrados, pero en el 2016 cosechó 367.000 votos para Trump. “Mi trabajo es educar a la gente en los logros del presidente antes de la pandemia. Puedo defender al presidente por lo que ha hecho. Hay gente que me dice que le gustan sus tuits o cómo habla. Yo les digo que lo que importan sus políticas”, afirma.

Pero contra Clinton se hacía campaña mejor. “Era una figura muy polarizadora, nada simpática. Biden cae bien y te tomarías una cerveza con él. Pero no es alguien a quien se tome en serio”, opina DeMarco. Movilizar al máximo ciudades y suburbs a la vez que arañan votos a Trump entre los obreros blancos es la única forma que tienen los demócratas de llevarse los 20 votos del colegio electoral de Pensilvania. Lo mismo en el Medio Oeste .

El ambiente de estas elecciones “no tiene nada que ver con el 2016”, asegura Terri Mitko, presidenta del Partido Demócrata del condado de Beaver. Pero no todos los votantes se convencen por sí mismos y lo que le gustaría es ver a Biden sobre el terreno. “No será porque no lo hayamos pedido”, dice sin ocultar su fastidio, aunque está convencida de que al final los visitará. Trump ha ido varias veces en pocos meses.

No todos ven a Biden como el héroe de la clase obrera (los blue collar workers , por el mono azul de faena) que él dice ser. Pero el hartazgo tras cuatro años de Trump es un aliciente poderoso para votantes desengañados como Valery. “Dijo que iba a resucitar el carbón. Hizo todo tipo de promesas y le creí. Le había ido bien como empresario ¿por que no lo iba a hacer bien como presidente?”, dice antes de echarse una buena carcajada. “Mi empresa cerró en el 2018 después de 35 años. Yo perdí mi trabajo”, explica esta sexagenaria frente a un supermercado Walmart cerca de la planta de Shell. “Trump es una vergüenza para el país. Biden es mayor, pero con la edad viene la experiencia”.

A Jennifer Curtis, en cambio, no la convence. “Iba a votar por Biden, pero vi todos esos anuncios en la tele y me desanimé”, dice citando publicidad negativa pagada por la campaña de Trump. “Biden quiere quitarnos cosas y sale siempre llevando mascarilla”, dice con desconfianza esta votante de 48 años. Trabajaba en una guardería de Beaver pero perdió su empleo por la pandemia. “No es justo, pero tenemos que mantenernos sanos. Trump está intentando encontrar una vacuna. Lo estamos esperando”.

La polarización es extrema, y la mayoría de los votantes tiene las cosas claras. Alguno duda. Mike, un electricista de 38 años que trabaja en la planta de Shell, dice estar dividido entre lo que su sindicato le dice que vote (demócrata) y lo que le pide el cuerpo, porque no tiene nada que objetar a la presidencia de Trump. A él, admite, le ha ido bien desde que está en la Casa Blanca. “He hecho mucho dinero en bolsa estos años”, comenta a salir de la obra. “Pero los dos partidos –dice desmotivado– podían haber elegido candidatos menos viejos y seniles”

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¿Es posible un nuevo sindicalismo clasista?

Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio drástico en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a una ideología de la concertación social pensada en tiempos en los que la correlación de fuerzas era completamente distinta.

 

Los sindicatos están a la defensiva en todo el mundo, bajo la enorme presión de poderosas fuerzas económicas y políticas. Enfrentamos una multiplicidad de crisis. Las patronales atacan desde todos los frentes y la pandemia se está usando como excusa para debilitar aún más a los sindicatos, los salarios y las condiciones de trabajo.

Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio enorme en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a la ideología de la concertación social –con el diálogo social como principal método de influencia–, lo cual, en las actuales circunstancias, está demostrando ser contraproducente.

Sin embargo, un número creciente de sindicatos están tomando conciencia de que estamos en una situación crítica y de que tenemos que dar nuevos y audaces pasos para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que reformar nuestros sindicatos, para convertirlos en instrumentos más eficaces y prepararlos mejor para las confrontaciones por venir.

Falta de discusión

Los sindicatos se oponen a la reestructuración neoliberal de nuestras sociedades. Están unidos contra la privatización y la desregulación de nuestros servicios públicos. Demandan empleos más seguros, mejores condiciones laborales, de salud y de seguridad en el trabajo y una «transición justa» para evitar una catástrofe climática. En general, los sindicatos tienen una lista impresionante de demandas progresistas.

El problema es que esto suele terminar ahí. Hay una ausencia de discusión y de políticas respecto de cómo seguir en caso de y en el momento en que nuestras demandas específicas se adopten y cumplan. Y dado que los procesos económicos, sociales y políticos van mayormente en el sentido opuesto, es importante que también evaluemos nuestras organizaciones, tanto sus debilidades como sus fortalezas.

El desarrollo de nuestras estrategias es un desafío singular. Nuestros objetivos más amplios requerirán transformaciones sociales y económicas profundas, por lo que enfrentamos una lucha basada en el interés. En verdad, es una cuestión de poder. Por lo tanto, necesitaremos más sindicatos que sean capaces de luchar y que estén dispuestos a hacerlo. Tenemos que construir alianzas sociales más amplias. Serán necesarias la movilización masiva de las fuerzas sociales y la solidaridad mutua. Sin embargo, enfrentamos un problema, ya que sectores importantes del movimiento sindical internacional están presos en la trampa del diálogo social.

Otro ámbito de lucha

En la interpretación dominante, el diálogo social se ha convertido en un fin en sí mismo, una forma de avanzar en relación con los empresarios y con los gobiernos. Por supuesto, la posibilidad de hablar cara a cara con los empresarios es importante, pero en sí misma no nos da más poder. Simplemente nos presenta un nuevo ámbito de lucha en el que podemos expresar el poder que ya tenemos. Es la representación de nuestros integrantes, con su habilidad y predisposición para tomar acciones, lo que nos da poder en el «diálogo», como así también en la mesa de negociaciones. No obstante, la ideología de la concertación social se ha distanciado cada vez más de las relaciones de poder de las que surgió.

Nadie critica a los sindicatos por concurrir a reuniones con empresarios. Por supuesto, eso es necesario e importante. Lo que cuestionamos es que se actúe como si el diálogo social fuera el medio principal para ganar influencia. En lugar de humillarse implorando por «un lugar en la mesa», debemos dirigir nuestros recursos y políticas hacia construir sindicatos más fuertes con musculatura en la industria. En la sociedad capitalista de hoy, queda bastante claro que quien no representa una amenaza potencial para los intereses de las empresas, no tiene poder, con o sin diálogo social.

Compromiso de clase

Es muy útil echar un vistazo al origen del diálogo social. Todo se remonta a la institucionalización del compromiso de clase histórico entre la fuerza de trabajo y el capital después de la Segunda Guerra Mundial, con su epicentro en Europa occidental. Este compromiso (no importa lo que opinemos de él) se construye sobre la base del poder. Fue el resultado de un desarrollo histórico muy específico, en el que el movimiento sindical y de trabajadores fue capaz de amenazar los intereses del capital mediante la movilización y la lucha.

El compromiso de clase no fue el resultado de los reclamos a los empresarios, sino de haberles enseñado una lección mediante la acción en las industrias. Los empresarios se interesaron en cerrar un acuerdo con los trabajadores no por ser amables, sino para evitar algo peor, cualquier tipo de socialismo. El compromiso de clase se estableció sobre la base de 50 años de dura lucha de clases. Fue el cambio asociado en las relaciones de poder en favor de la fuerza laboral lo que le dio al movimiento sindical influencia a través de negociaciones tripartitas y diálogo social.

Ahora, dado que las relaciones de poder se han modificado considerablemente en favor de los empleadores, el compromiso de clase ya ha colapsado o está a punto de hacerlo. Con un movimiento sindical y de trabajadores débil, muy a la defensiva, los empresarios ya no están interesados en compromiso alguno, incluido un diálogo social eficaz. Una prueba de la crisis que enfrentamos es que los sindicatos europeos se han reducido en promedio a la mitad durante los últimos 40 años, una embestida contra los sindicatos sin precedentes en tiempos modernos. Confiar en que el diálogo social nos salve en esa situación es como mínimo ingenuo.

Estrategias eficaces

No es difícil entender qué es lo que persiguen los empresarios. Quieren abolir el Estado de Bienestar, privatizar porciones aún mayores de nuestras economías y sociedades y derrotar al movimiento sindical. Para enfrentar eso, necesitamos sindicatos más fuertes que estén dispuestos a desafiarlos. Debemos analizar la coyuntura política presente, desarrollar programas y políticas e idear visiones que puedan crear entusiasmo y optimismo; también generar estrategias eficaces para poder concretarlas.

Pero las relaciones de poder son cruciales: el lugar en la mesa de negociaciones estará disponible tan pronto como los empresarios se den cuenta de que es mejor tenernos ahí antes que en las calles o en los piquetes de huelga.

Fuente: Social Europe.

Traducción: María Alejandra Cucchi

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Migrantes hondureños que intentan llegar a Estados Unidos, en Entre Ríos, Guatemala , 1 de octubre de 2020.Foto: Stringer / Reuters

Al menos 2.000 personas entraron en el país tras romper una barrera de seguridad.

 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatte, ha ordenado la detención inmediata de los miles de migrantes hondureños que entraron este jueves en el país en una caravana que pretende cruzar el país rumbo a EE.UU.

Al menos 2.000 personas, incluidos menores y adolescentes, ingresaron a Guatemala la tarde de este jueves, tras romper una barrera de seguridad en la frontera del Corinto, en el departamento de Izabal.

"En medio de la emergencia sanitaria actual, nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Debido a la pandemia de covid-19 y al riesgo que genera la aglomeración de personas para la propagación de la enfermedad, Giammatte declaró estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso. "Somos respetuosos del derecho humano de migrar, pero no seremos tolerantes de la forma violenta e ilegal de ingresar a nuestro país", aseguró.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), los inmigrantes no presentaron prueba de PCR para descartar que tienen covid-19, incumpliendo así los protocolos definidos para prevenir la propagación del  coronavirus. Asimismo, muchos de ellos no contaban con documentos de identidad o pasaportes, recogen medios locales. 

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala reportó este jueves 663 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, lo que eleva la cifra total de contagios confirmados a  92.409. La enfermedad ha causado más de 3.200 muertes.

Publicado: 2 oct 2020 01:39 GMT

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Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:42

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

La organización Prisoners Defenders presentó desde 2019, y amplió en agosto pasado, una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aunque no hubo tiempo de incluir el caso de la misión que ayudó a combatir la pandemia de coronavirus en México, la agrupación humanitaria afirma que también aquí ocurrieron tales violaciones por la “negligencia” del gobierno de López Obrador. 

MADRID (Proceso).- Los integrantes de la misión internacional de médicos cubanos que ayudó a México a enfrentar la pandemia del coronavirus sufrieron la misma situación de “esclavitud, persecución y actos inhumanos” que padecen otras misiones cubanas de profesionales de la salud alrededor del mundo, denuncia Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders.

Esta organización europea obtuvo testimonios y documentación de muchos de los 585 médicos que componían la misión que estuvo en México entre abril y julio pasados, los cuales evidencian las políticas represivas que les impone el régimen cubano.

“Hemos obtenido la documentación y los testimonios de la misión de México. Hubo varias deserciones, conocemos la circunstancia y también les digo que esos testimonios están esperando”, explica en rueda de prensa virtual el martes 22 para anunciar que su organización amplió el 24 de agosto la denuncia que presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el gobierno de Cuba.

Esas pruebas de México, sin embargo, no están incluidas en el proceso de ampliación penal denominado “622 Cuban doctors vs. Cuban Government”, que incluye el testimonio de 622 profesionales de la medicina cubanos en otros 29 ­países.

“No hay ninguno de los testimonios en esta querella de los que participaron en la brigada de México, porque no nos dio tiempo de incluirlos. Aunque son exactamente las mismas circunstancias tan terribles que se han vivido en otros países y que están en la ampliación de la demanda”, dice.

“En México”, prosigue, “se dio una circunstancia particularmente dolorosa y es que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 10 mil 700 dólares por médico en los tres meses, pero los médicos recibieron solamente 220 dólares al mes”, ya que el resto lo retuvo el régimen cubano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó en abril pasado sobre el acuerdo con Cuba para esa misión de apoyo al sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia. La presencia de esta brigada se extendió hasta julio. Su arribo a México no estuvo exento de controversia, porque la mayoría eran médicos generales, no epidemiólogos, denunciaron los colegios de médicos en México.

Larrondo explica que “algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar con ese verbo, escapar, pero es la realidad. Pero debo aclarar una cosa: que AMLO conociera o no conociera estas circunstancias, yo no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que lo debería conocer, porque si una brigada médica (cubana) entra en su país, todas las estructuras médicas y de controles institucionales tienen que actuar.

“Y en ese sentido, si (el presidente) no lo conoce, tiene un problema de negligencia, y si lo conoce, pues ya es más grave. Lo que sí es que en varios estamentos del gobierno mexicano sí hubo una negligencia que ha permitido que se vuelva a reproducir esa situación. Es una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO, y por eso estamos haciendo un llamado para que las naciones eviten esa negligencia”, enfatiza.

Explica que ese llamado es porque más de 50 mil profesionales de la salud cubanos cada año sufren la confiscación de 85% de sus salarios en el exterior, con unos beneficios anuales de 8 mil 500 millones de dólares, tres veces los ingresos que Cuba recibe por el turismo.

En la actualidad hay entre 5 y 10 mil profesionales de la medicina cubanos imposibilitados de volver a su país para reunirse con sus familias porque, al haber desertado, se les considera “traidores a la patria” y se les impide regresar a la isla al menos durante ocho años, sostiene Larrondo.

La acusación

El 8 de mayo de 2019, Prisoners Defenders denunció las misiones médicas de Cuba por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos ante la ONU y la CPI, con base en hallazgos publicados en 2010, cuando el British Medical Journal publicó las condiciones de esclavitud de la misión en Portugal, denunciadas por el Colegio de Médicos de este país.

Otro antecedente fue del Estudio Periódico Universal de Cuba, publicado en 2018 por la ONU, en el que se documentan los mecanismos coercitivos que se imponen a estas misiones.

En respuesta a la denuncia de la organización, la ONU emitió el 6 de noviembre una Carta de Comunicación Acusatoria por esclavitud y trabajos forzados a Cuba. Posteriormente, el 16 de julio de este año, Human Right Foundation liberó un informe que califica esas misiones como “esclavitud moderna” y describe otros hechos perturbadores.

El 23 de julio Human Rights Watch emitió otro informe que destapa la restrictiva legislación oficial que Cuba aplica a dichas misiones.

La ampliación de la denuncia desglosa pormenores de este entramado legal y también presenta pruebas de que estas prácticas han hecho que 50% de la balanza exterior de Cuba provenga de la retención de los sueldos de esas misiones, lo que representa tres veces el turismo por medio de la apropiación de una media de 85% de los salarios de los profesionales cubanos que pagan los países receptores.

Destaca el caso de países que hacen importantes aportaciones económicas, como Noruega, que subvenciona a Cuba en la misión de Haití; Luxemburgo, que paga la totalidad de la misión en Cabo Verde, o Portugal, que paga la misión de Guinea Bissau a través de fondos de la Unión Europea.

Prisoners Defenders critica que, aparte de la subvención para esas misiones, no hay control o evaluación de las condiciones de los profesionales.

La lista de esas misiones que analiza la organización abarca 29 países, ocho en África más Arabia Saudita y 14 Estados latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Entre las pruebas aportadas está la flagrante violación de los derechos humanos de esos trabajadores, a los que el gobierno cubano les impide portar su pasaporte o su título académico.

Entre los convenios presentados en la denuncia destaca el firmado con Guatemala, que impide trabajar a cualquier médico cubano que se haya desligado de cualquier misión cubana, durante o después de la vigencia del acuerdo en territorio guatemalteco. Pero también la legislación cubana los coloca bajo duras restricciones en su vida económica, personal, social, íntima –no se pueden vincular con una pareja del país al que asisten– e incluso marital de esos trabajadores.

“Traidores a la patria”

Prisoners Defenders sostiene que los trabajadores de las misiones que desertan viven una separación forzosa de sus hijos, provocando una ruptura del círculo familiar. Hasta ahora tiene documentado que hay entre 5 mil y 10 mil padres cubanos que sufren esta separación de hasta ocho años; sin embargo, esta circunstancia la han enfrentado más de 40 mil familias cubanas.

El código penal cubano impone una pena de ocho años de prisión para el funcionario o empleado destinado a una misión en el extranjero que la abandone o que la cumpla pero que no vuelva a la isla. Pero cuando no pueden ejecutar la pena, el Consejo de Estado los cataloga como “traidor a la patria” e “indeseable” por al menos ocho años prorrogables. La legislación migratoria define a los indeseables como “inadmisibles”, lo que supone el impedimento para entrar al país y a sus familiares para poder salir, sostiene la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.

Es el caso de Manoreys Rojas, licenciado en traumatología y ortopedia, que formó parte de la misión en Ecuador entre julio de 2014 y noviembre de 2015, tras de lo cual se desligó de la misma y no regresó a la isla. Fue considerado “traidor a la patria” y no se le permite la entrada a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho.

En febrero de 2018 Rojas viajó a la isla de forma apresurada al ser informado que su hija había intentado suicidarse. “Viajé a La Habana, pero en el aeropuerto me aislaron durante 10 horas y no me permitieron entrar por haber abandonado la misión ni me permitieron hacer una llamada telefónica ni tener contacto con mi familia”, dice en su relato.

Contó que el diagnóstico de su hija es que sufre un transtorno de la personalidad histriónica, derivado de la ausencia parental. “Yo no estoy ausente de la vida de mis hijos y mis padres por voluntad propia, sino porque no me permiten que los visite ni que ellos salgan”, señala.

Cuando Rojas viajó a Ecuador lo mandaron como profesional en un programa de rehabilitación para el cual no estaba preparado, “pero era la única vía de escape de Cuba y de tener una salida económica”.

Al igual que 75% de los profesionales incluidos en la ampliación de la demanda, a este médico lo enviaron antes del viaje a tomar un curso del Partido Comunista para reforzar los principios de la revolución. “También nos piden que hagamos trabajo político en los países a donde vamos. Por ejemplo, a mi misión se nos exigía apoyar al gobierno de Rafael Correa”. En el caso de Venezuela, según otros testimonios, incluso los instruyen a tomar las armas en apoyo al gobierno bolivariano en caso necesario.

Desde que abandonó la misión ha gestionado dos visas humanitarias para reunirse con sus familiares, pero se las han negado sin mayor explicación.

El gobierno cubano, dice, “ha amenazado a mi madre porque yo sigo denunciando mi situación y presiono a través de las redes sociales”. Asegura que el gobierno de la isla obligó a la doctora que atiende a su hija a “mentir en el resumen del historial clínico que se presentó para solicitar la visa humanitaria”.

El caso de Leonel Rodríguez, profesor universitario y médico internista, está entre los 622 testimonios que incluye la ampliación de la denuncia. Él estuvo en Guatemala entre 2010 y 2012, y posteriormente en Ecuador entre 2015 y 2018.

Relató que, llegando a la misión, el gobierno le confiscó su pasaporte como al resto de la delegación, “lo que nos significaba muchas dificultades para la movilidad, incluso en el sitio donde vivíamos.

“El convenio entre Cuba y Guatemala”, dice, “estaba diseñado para recibir un pago de 11 mil quetzales, de los cuales nosotros sólo recibíamos 3 mil, pero de éstos nos quitaban otros mil 340 y solamente nos dejaban mil 660 para sostenernos. En Ecuador fue igual, el convenio pagaba 3 mil 800 dólares y nosotros sólo recibíamos 800. Y si había alguna eventualidad para volver a la isla, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo”, describe.

Relata que el régimen cubano incluye “a miembros de la Seguridad del Estado en las misiones como si fueran profesionales de la salud, que van para controlar a los integrantes de la delegación. Nos teníamos que encerrar a las seis de la tarde. Y entre los compañeros vigilándose unos a otros, estábamos obligados a informar de cualquier actividad sospechosa de otros compañeros, so pena de ser sancionados nosotros mismos”.

Rodríguez explica lo mismo que describe la denuncia: que por la legislación cubana están obligados a expresar su “repudio” contra quienes se saltan las normas. Describe la incomodidad de que “a quien violara lo que estaba establecido, se le tenía que hacer un repudio abierta y públicamente, a veces a amigos, y todo mundo tenía que hacerlo con el dolor del alma; era por fuerza, si no, había represalias”.

Al igual que Rojas y la mayoría de los enviados, afirma que se les obliga a llevar a cabo actividades de proselitismo político a favor de Cuba y de los gobiernos de países amigos, como Venezuela.

“Yo deserté porque había sido muy crítico con el manejo de la misión, en especial con la alteración de estadísticas –tema que se repite en los testimonios–. Yo lo critiqué mucho, me oponía y me amenazaban con regresarme a Cuba, recibía agresiones verbales”, describió el médico internista, quien desde entonces está separado de sus cuatro hijos, incluida la menor de 16 años, con retraso mental y a quien le afecta mucho la ausencia paterna.

Por Alejandro Gutiérrez 29 septiembre, 2020

Reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.

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