Personas hacen fila para recibir comida en el Gran Depósito de Alimentos de Chicago, en el barrio Auburn Gresham.Foto Ap

Los costos del manejo político de la pandemia por el gobierno de Donald Trump continúan manifestándose en el ámbito económico y de salud, con otros casi 3 millones de desempleados en la semana previa y más evidencia de que no sólo se podría haber evitado que Estados Unidos fuera el epicentro mundial de contagio, sino nuevas advertencias de expertos de que una "reapertura" del país antes de tener bajo control la pandemia, tal como desea el presidente, implicará aún más sufrimiento y muerte.

Otros casi 3 millones de trabajadores se registraron para obtener beneficios de desempleo durante la semana anterior, reportó el gobierno federal, con lo cual ahora suman 36.5 millones de desempleados en sólo ocho semanas de esta crisis, que es comparada en algunos rubros con la Gran Depresión.

La Reserva Federal detalló en un informe que los más perjudicados económicamente son los más vulnerables, con casi 40 por ciento de los hogares con ingresos menores a 40 mil dólares al año afectados por el desempleo.

Mientras se divulgaban las cifras más recientes de los costos económicos de la crisis, en la Cámara de Representantes, Rick Bright –quien encabezaba la agencia responsable de vacunas e investigación biomédica y que recientemente fue reasignado como consecuencia de su crítica a propuestas médicas del presidente– alertó que Estados Unidos enfrentará "el invierno más oscuro de su historia moderna" si el gobierno no procede urgentemente con la elaboración de un plan nacional integral para enfrentar el coronavirus, que aún no está bajo control.

Bright argumentó que si desde un inicio el gobierno hubiera actuado siguiendo las recomendaciones de los expertos, incluyéndolo a él, se hubieran salvado muchas vidas. "La ciencia, y no el politiqueo o el amiguismo, debe encabezar el camino para combatir a este virus fatal", sentenció.

Trump lo descalificó aun antes de iniciar su testimonio, señalando en un tuit que nunca había conocido a Bright, "pero para mí es un empleado descontento, quien no es querido ni respetado por gente con quien he hablado y quien, con su actitud, ya no debería estar trabajando para nuestro gobierno".

A principios de esta semana, el doctor Anthony Fauci, el experto oficial de mayor perfil del equipo que coordina la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia, advirtió del grave peligro de reabrir el país –o sea, suspender las medidas de mitigación– de manera prematura, ya que aún se está propagando el virus. Eso tendría "consecuencias serias", declaró ante una audiencia en el Senado. Subrayó que reabrir las escuelas podría tener efectos aún desconocidos en los estudiantes.

Pero para Trump la reapertura del país es su prioridad y por lo tanto no tardó en regañar a uno de sus principales expertos médicos. En comentarios con reporteros, Trump expresó que la respuesta de Fauci no sólo lo "sorprendió", sino que "para mí no es una respuesta aceptable, especialmente cuando se trata de las escuelas". Agregó que Estados Unidos "tiene que regresar (al trabajo) lo más pronto posible y no considero que nuestro país haya regresado si las escuelas están cerradas".

En tanto, sindicatos nacionales de maestros, trabajadores de aviación y movimientos sociales de los más vulnerables están llamando a frenar cualquier reapertura hasta que los científicos y expertos médicos –y no los políticos– den luz verde.

Trump viajó este jueves a un centro de distribución de mascarillas médicas N95 en Pensilvania, donde dio un discurso de elogio a la respuesta de su administración. Los trabajadores y su comitiva (con la excepción de su jefe de gabinete) usaban mascarillas, menos él, violando las recomendaciones de su propio gobierno. Ahí celebró a los doctores y enfermeras que están en las trincheras del combate contra el coronavirus: "Están corriendo hacia la muerte al igual que soldados corren hacia las balas. Veo eso con los doctores y las enfermeras y toda esa gente que entra a esos hospitales. Es increíble y es algo hermoso verlo".

Palabras, comentó una observadora, que hubieran hundido a cualquier otro presidente.

Todo mientras el número de muertos por Covid-19 supera 85 mil y el total de contagiados confirmados llega a 1.4 millones en Estados Unidos, el epicentro mundial de la pandemia.

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Economía informal, la más afectada por confinamiento: OIT

Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar la pobreza de quienes trabajan en la economía informal a nivel mundial; las mujeres serán el grupo más afectado, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe.

 

Con base en datos del informe “La crisis por COVID-19 y la economía informal”, se estima que las medidas de distanciamiento social ya tienen un impacto significativo en 1.6 billones de trabajadoras y trabajadores informales, con mujeres sobrerrepresentadas en los sectores más afectados. Estos incluyen a quienes laboran en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultoras y agricultores que abastecen los mercados urbanos.

En 2020, más de 2 mil millones de personas trabajadoras se ganan la vida en la economía informal. Esto es 62 por ciento de todas los y los trabajadores del mundo. El empleo informal representa 90 por ciento del empleo total. Sin embargo, de acuerdo con la OIT, las mujeres están más expuestas a la informalidad en los países de ingresos medios bajos y bajos, y a menudo se encuentran en más situaciones vulnerables que sus pares masculinos. Las mujeres, además, se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destacó el informe.

Lo mismo pasa en las empresas informales, que representan ocho de cada diez empresas en el mundo. Esto incluye a empresas que a menudo emplean a diez o menos personas, incluidas trabajadoras familiares no remunerados, que son principalmente mujeres que trabajan en condiciones precarias, sin protección social o medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estos negocios tienen baja productividad, baja tasas de ahorro e inversión, y capital acumulado insignificante, lo que los hace particularmente vulnerables a los choques económicos y a menudo están excluidos de los programas de asistencia financiera a corto plazo para enfrentar la crisis por COVID-19.

Muchas mujeres y hombres en la economía informal necesitan obtener un ingreso para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ya que la mayoría de ellos no pueden confiar en el reemplazo de ingresos o ahorros. No trabajar y quedarse en casa significa perder sus trabajos y sus medios de vida, sin embargo, el distanciamiento físico es difícil de aplicar para quienes trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y de mercado, o trabajadoras a domicilio.  “‘Morir de hambre o del virus” es un dilema real que enfrentan muchas personas trabajadoras de la economía informal’”, señaló el organismo. 

Sin embargo, dado que las condiciones laborales precarias derivan en malas condiciones de vida, las y los trabajadores de la economía informal también son un grupo vulnerable incluso si se quedan en sus hogares. De acuerdo con la OIT, en las zonas urbanas, las y los trabajadores y sus familias permanecen expuestas al virus debido a las condiciones insalubres o de hacinamiento en las que viven, y que hacen que el distanciamiento físico sea casi imposible. Estas personas también enfrentan obstáculos para acceder al agua corriente en sus hogares, lo que no solo limita las posibilidades de lavarse las manos, sino que a menudo obliga a las mujeres a hacer fila para obtener agua, lo que las pone en peligro a sí mismos y a su comunidad.

Frente a esta situación la OIT señaló que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 requieren medidas rápidas y efectivas para mejorar la seguridad de los ingresos para las y los trabajadores en la economía informal, especialmente para mujeres con niños pequeños, un grupo con mayor riesgo económico privación. Los países pueden usar diferentes mecanismos para extender el apoyo a los ingresos a los trabajadores de la economía informal.

Por ejemplo, es factible canalizar fondos a través de bancos, instituciones microfinancieras y cooperativas financieras con criterios de divulgación claramente definidos y anunciados oficialmente y con transparencia. Esto mejoraría la difícil situación de las mujeres empresarias informales en especial, dijo el organismo. 

La OIT también expresó que quienes trabajan en la economía informal deben ser sujetos centrales para todas las respuestas frente al COVID-19. Para esto, fortalecer la participación de las mujeres el diálogo entre el gobierno y la sociedad puede ser clave. 

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La pobreza golpeará a la mitad de la humanidad

Las proyecciones estadísticas más pesimistas van quedándose cortas ante la dimensión de la crisis. Desempleo, desinformación y pobreza aparecen como algunas de las piezas de un rompecabezas todavía no armado, pero con efectos directos y colaterales devastadores. La mitad de los empleos en la escala mundial se ven amenazados

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El «privilegio» del empleo

 

En el mundo, 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis, según un informe publicado el 7 de mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Por otra parte, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, “corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, señalaba la OIT en su 3er documento analítico de fines de abril.

Entre su primer informe sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo publicado el 18 de marzo pasado y las estimaciones actualizadas difundidas a fines de abril la OIT cambió su punto de referencia. Ya no se trata de comparar la actual crisis con el terremoto financiero del 2008, sino con los estragos resultantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 81% de la fuerza de trabajo – más de 2.700 millones de trabajadoras y trabajadores- padecía desempleo total o parcial a fines de abril. Y de continuar esta tendencia, en el segundo semestre del año en curso la reducción del empleo golpeará a 305 millones de trabajadoras y trabajadores a tiempo completo, teniendo como referencia una jornada laboral de 48 horas semanales.

En el estudio actualizado de la OIT (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang–es/index.htm) la alarma suena con respecto a los trabajadores de la economía informal, que representan en su totalidad, unos 2.000 millones de personas, la mayoría en países emergentes y en desarrollo de ingreso bajo y mediano.  Con el agravante que, en general, carecen de protección básica, de cobertura de seguridad social, de atención médica y, en caso de enfermedad, de sustitución de ingresos.

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadora-es de la economía informal – el sector más vulnerable-, de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas a escala planetaria. Las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados por la crisis, determinan esta dramática situación.

India, con 400 millones de trabajadores informales, Nigeria, Brasil, Indonesia, Pakistán y Vietnam, se encuentran entre las naciones que por concentración demográfica más sufrirán el impacto. Sin embargo, regiones enteras, como Centroamérica, o la América andina, dependen en gran medida de las actividades informales. Las que tienen, también, una fuerte incidencia en las concentraciones urbanas latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pasando por Bogotá, Caracas, Lima o La Paz.

La pandemia desinformativa

Beber alcohol fuerte, comer gran cantidad de ajo, bañarse con agua casi hirviente, ingerir medicamentos caseros… Miles de informaciones falsas sobre el COVID-19 explotan en internet, en las redes sociales y en las plataformas de comunicación.

«La información falsa y poco fiable pone en riesgo muchas vidas”, señala la Organización Mundial de la Salud. Con los Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters) intentó salir al cruce de creencias, desinformaciones o métodos “caseros”, que se presentan como eficaces para contrarrestar el virus. Con el agravante, además, de que detrás de muchas desinformaciones se expande el comercio creciente de medicamentos falsificados o adulterados.

Ya en la segunda quincena de marzo la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que nuclea a 600.000 trabajadores del sector había advertido sobre la necesidad que “periodistas y medios informen sobre hechos y con fuentes fiables, sin especulación alguna…” Y convocaba a autoridades públicas e instituciones médicas a suministrar “información puntual y transparente”. Fue la misma FIP quien en la segunda semana de abril condenó los ataques sistemáticos del presidente brasilero Jair Bolsonaro a periodistas de su país. Un estudio al que hace referencia la central sindical mundial con sede en Bruselas contabiliza más de 140 ataques de este tipo, en los últimos tres meses, en torno a la cobertura informativa de la pandemia.

Futuro dramático

Si la explosión desbocada del desempleo y la problemática de la desinformación acompañan la nueva coyuntura pandémica mundial el tema de la deuda externa se convierte en agenda crucial de países y regiones.

No solo la antigua, acumulada y pendiente. Sino también la nueva, que muchos Estados contraerán para hacer frente a la crisis de sobrevivencia. Fue uno de los temas cruciales, por ejemplo, del debate interno de la misma Unión Europea durante las últimas semanas y aún pendiente de resolución.

Un grupo de 60 organismos y agencias de las Naciones Unidas, llamaron el pasado 10 de abril a los gobiernos a abordar la actual recesión y su repercusión en las naciones más empobrecidas del planeta. Según las instituciones onusianas miles de millones de personas viven en países al borde del colapso económico debido a la combinación explosiva de los “problemas financieros impulsados por la pandemia del COVID-19, pesadas obligaciones de deuda y un descenso de la ayuda oficial al desarrollo”, subraya el documento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo.

Actores de primer orden de la sociedad civil internacional subrayan, también, el riesgo de que a causa de la pandemia más de 500 millones de personas, adicionalmente, caigan en la pobreza.  Así lo señala Oxfam internacional en su último informe Elijamos dignidad, no indigencia (https://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia), que fue difundido en abril pasado.

La magnitud de esta crisis, según la ONG internacional, excede toda proyección racional. “Podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza y de hasta 30 años en algunas regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia”.

Oxfam exige a los organismos internacionales (incluidos al FMI y al Banco Mundial que tuvieron su reunión de primavera el tercer fin de semana de abril) “cancelar inmediatamente el pago de la deuda en 2020 y alentar a otros acreedores que hagan los mismo…” Y recomienda “… acordar la inmediata inyección de dinero en los países de desarrollo para ayudarles a rescatar a las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Pronósticos, estadísticas, proyecciones, cada día peores, cada semana más dramática. En solo algo más de cuatro meses, la Tierra parece ser otro planeta y la humanidad no termina de agotar su capacidad de asombro.

Por Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra, Suiza

09/05/2020

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Un hombre sostiene  una bandera de Finlandia durante una protesta en Helsinki. - AFP

Finlandia presenta las conclusiones definitivas del mayor experimento realizado sobre esta prestación en Europa. Los perceptores no dejaron de buscar un trabajo al tiempo que aumentó su seguridad económica y su bienestar mental.

 

En enero de 2017 el Gobierno finlandés puso en marcha una renta básica para comprobar si entregando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados a lo largo de 2017 y 2018 se podía incentivar la búsqueda de empleo entre los parados y de paso limitar la burocracia. 

El proyecto original consistía en entregar una renta básica de 560 euros al mes libres de impuestos durante 24 meses a 2.000 parados de entre 25 y 58 años, que fueron elegidos al azar entre las 175.000 personas de todo el país que percibían algún tipo de subsidio por desempleo. Los seleccionados, que estaban obligados a participar en el experimento si querían mantener sus prestaciones sociales, seguirían recibiendo la renta básica incluso si  encontraban trabajo durante ese tiempo.

Al mismo tiempo, se estableció un grupo de control formado por desempleados de la misma franja de edad a los que no se concedió la renta básica, sino que percibieron los subsidios habituales, y con quienes posteriormente se compararon los resultados obtenidos.

El ensayo, el primero de este tipo en Europa y cuyo coste ascendió a 20 millones de euros –no se amplió más allá de 2018 por falta de fondos– tenía como objetivo estudiar la modernización del sistema finlandés de seguridad social para adaptarlo a los desafíos de un mercado laboral en la era digital, en un tiempo marcado por la robotización y las nuevas tecnologías.

Aunque ya se habían avanzado algunos datos preliminares, ahora acaban de publicarse las conclusiones definitivas. La principal de todas, saber si una renta básica universal e incondicionada desincentiva el trabajo o no, ha sido positiva: en ningún momento disuadió a los perceptores en la búsqueda de un trabajo; es más, el grupo de personas que recibía una renta básica trabajó más días de media que el grupo de control, que no obtuvo el ingreso.

Además, la renta básica tuvo efectos positivos en los perceptores: contribuyó a aumentar su seguridad económica y su bienestar mental.

Según los datos definitivos, quienes recibieron la renta básica trabajaron una media de 78 días en el segundo periodo de comparación establecido –entre noviembre de 2017 y octubre de 2018–, mientras que los parados del grupo de control lograron trabajar 73 días.

Las diferencias del primer periodo de comparación -el año 2017- fueron aún más insignificantes, ya que los receptores de la renta básica trabajaron una media de 49,6 días, frente a los 49,3 días del grupo de control.

"En general, los efectos sobre el empleo fueron pequeños. Esto indica que para algunas personas que reciben subsidios de desempleo los problemas para encontrar trabajo no están relacionados con la burocracia o los incentivos financieros", afirma en un comunicado el investigador Kari Hämäläinen, uno de los autores del estudio.

Según Hämäläinen, los resultados sobre el empleo de este ensayo se vieron afectados en 2018 por la entrada en vigor del llamado "modelo de activación laboral", una reforma que endureció los criterios para recibir los subsidios de desempleo, pero no la renta básica.

En cambio, los autores del estudio coinciden en que la renta básica sí tuvo efectos claros en la percepción de los desempleados de su propio bienestar económico y mental, como confirma una encuesta realizada poco antes de terminar el programa piloto.

 

Se vive mejor

 

De los receptores de la renta básica que participaron en la encuesta, el 13% dijo vivir cómodamente y el 47% sin apuros económicos serios, frente al 8% y al 44% del grupo de control, respectivamente. En Alaska, donde existe una especie de renta básica, se ha podido comprobar que supone un estímulo para la natalidad.

En el otro extremo, un 12% de quienes cobraron la renta básica afirmó que sobrevive a duras penas y un 28% tiene serios apuros económicos, mientras que en el grupo de control las cifras equivalentes fueron del 15% y el 32%, respectivamente.

"Los encuestados que recibieron la renta básica tenían una percepción más positiva de sus ingresos y su bienestar económico que el grupo de control. La mayoría siente que su situación financiera es manejable y que tiene margen de maniobra", señaló Minna Ylikännö, investigadora de la Seguridad Social de Finlandia (Kela).

En cuanto al bienestar mental, el 22% de los receptores de la renta básica admitió sufrir depresiones, diez puntos porcentuales menos que el grupo de control.

Asimismo, la satisfacción con la vida de los receptores de la renta básica fue de 7,3 (en una escala de cero a diez), frente al 6,8 del grupo de control

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El experimento como modelo

 

El experimento finlandés despertó un gran interés internacional y muchas voces lo consideraron un fracaso cuando el país nórdico presentó los resultados preliminares en febrero de 2019, algo que las autoridades finlandesas no comparten.

"La ejecución del experimento fue un éxito y proporcionó nueva información", afirma el investigador Olli Kangas, máximo responsable del ensayo

"La ejecución del experimento fue un éxito y proporcionó nueva información que no habría sido posible obtener sin él", afirmó en un comunicado el investigador Olli Kangas, máximo responsable del ensayo.

La ministra finlandesa de Sanidad y Asuntos Sociales, Aino-Kaisa Pekonen, coincide con Kangas y cree que "la información obtenida gracias al experimento será utilizada para afrontar la reforma del sistema de seguridad social".

Aunque otros países como Canadá, Holanda o Escocia también han lanzado experimentos de renta básica, el de Finlandia es el primero del mundo a nivel nacional, aleatorio y cuya participación es obligatoria por ley, lo cual aporta conclusiones más fiables, según sus responsables.

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El desempleo amenaza con convertirse en la nueva pandemia de Estados Unidos

Miles de trabajadores de gigantes como Amazon, Mc Donald’s o Walmart están yendo al paro porque sus empleadores no respetan las medidas de seguridad e higiene. Disney decidió dejar de pagarle el sueldo a 100 mil empleados.

En Estados Unidos hay un registro que crece en paralelo a la curva de contagio del coronavirus: el desempleo. Y lo hace a pasos agigantados. El jueves pasado se supo que en la semana del 4 al 11 de abril, al menos 4,2 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. De esta forma, ya son 26 millones los nuevos desocupados en las últimas 5 semanas. Los nuevos datos ofrecidos por el gobierno estadounidense renuevan el debate sobre la urgencia de levantar las restricciones sociales que ayudan a contener la propagación de la covid-19, en el contexto de una economía en recesión, para muchos la mayor desde la Gran Depresión de los años 30.

La crisis económica reactiva además los conflictos laborales. Miles de trabajadores de gigantes como Amazon, Mc Donald’s o Walmart están protestando y yendo al paro porque sus empleadores los obligan a seguir en actividad a pesar de la pandemia, sin dotarlos de las medidas de seguridad necesarias. En el peor de los casos estas grandes empresas, beneficiadas por los millonarios planes de estímulo aprobados por el Congreso, eligen la vía del despido: el último gran ejemplo es el de Disney, que dejó de pagarle el sueldo a 100 mil empleados.

Una crisis sin precedentes

"El ritmo de los reclamos se ha desacelerado en las últimas tres semanas y debería continuar haciéndolo, pero el ritmo sigue siendo enorme. Espero que esta inundación desemboque rápidamente en un río angosto. Muchos empleadores se esfuerzan por mantener a sus equipos de trabajo, pero cada semana algunos se dan por vencidos". Quien habla es Aaron Sojourner, economista experto en empleo y profesor de la Universidad de Minnesota. No hay antecedentes que se puedan comparar con la crisis de desempleo que se está viviendo en Estados Unidos. Expertos prevén una tasa de desempleo cercana al 20 por ciento en abril, cuando en febrero había alcanzado un mínimo histórico del 3,5 por ciento y era una de las principales banderas de la campaña por la reelección de Donald Trump

Sin embargo, Sojourner sugiere centrarse en la tasa de empleo, es decir la proporción de adultos empleados, para entender mejor lo que está pasando en el país. "Muchas personas no buscan trabajo debido a las órdenes de quedarse en casa, y la realidad es que pocos están contratando. Centrarse en la tasa de desempleo subestima a la cantidad de personas que quieren trabajo y no lo tienen. Calculo que solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses ahora están empleados, en comparación al 61 por ciento de marzo. Este es el porcentaje más bajo desde 1948", destaca el economista en diálogo con Página/12.

"Parece claro que continuaremos teniendo pérdidas de empleo, y no veo que la situación mejore mucho, incluso si partes del país deciden detener sus bloqueos", agrega por su parte Victor Chen, sociólogo y profesor de la Universidad de Virginia. Abrir la economía en este momento es un arma de doble filo para la vida de los estadounidenses. Esta salida fue fogoneada en las últimas semanas por el propio presidente Donald Trump. Pero para Sojourner, la apertura también sería un error: "¿Qué tan esencial es la salida? ¿Qué tan segura es la producción? Los estados no deben permitir que el grado de desesperación de los trabajadores por conseguir dólares para sobrevivir conduzca a la toma de peligrosas decisiones".

Víctimas y victimarios

Las familias afroamericanas y latinas residentes en Estados Unidos son las que sufren las peores consecuencias de la crisis. El 61 por ciento de los trabajadores latinos dicen haber perdido un trabajo o sufrido un recorte salarial, según una reciente encuesta del Pew Research Center. Párrafo aparte merecen los indocumentados que residen en el país. Huffington Postretrató el jueves la historia de Alma Brigido, madre de tres hijos de 35 años que no tiene trabajo hace más de cinco semanas después del cierre del restaurante de Pittsburgh donde cocinó durante cuatro años. Brigido no califica para el beneficio de desempleo por ser indocumentada. Tampoco recibió nada del paquete de ayuda de 2 billones de dolares del gobierno federal, que otorgó cheques por 1.200 dolares a estadounidenses de bajos ingresos, pero excluyó de esa ayuda a millones de inmigrantes no incluidos en el seguro social.

Sin embargo, como en toda crisis, otros actores se ven beneficiados. "El Congreso aprobó préstamos para ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores en la nómina", destaca Chen, quien supone que no es necesariamente una mala idea subsidiar a las empresas, tal como ocurre en países como Francia, Alemania o Reino Unido. "Lo problemático es que un programa originalmente destinado a las pequeñas empresas termine siendo explotado por las grandes corporaciones", se lamenta. Parte de esa avaricia se ve reflejada en la poderosa Walt Disney Company, que pese a reportar ganancias siderales decidió despedir a 100 mil empleados.

Una de las herederas del emporio, Abigail Disney, criticó a la compañía por no proteger a sus trabajadores peor pagos "mientras los jefes han estado recaudando bonos atroces durante años". Anteriormente, la sobrina nieta de Walt Disney había calificado de "enfermo" al salario del exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger. El año pasado, Iger ganó 47 millones de dólares, más de 900 veces el salario promedio de un trabajador de la compañía.

Los peligros de la "segunda fase"

En un interesante artículo publicado en The Atlanticjunto al sociólogo Ofer Sharone, Victor Chen destaca que luego de haber investigado las experiencias de los trabajadores desempleados durante los últimos 20 años, espera que esta nueva crisis de desempleo tenga dos fases. "En la primera fase, los estadounidenses reconocerán que las fuerzas externas (el coronavirus y las políticas gubernamentales) han desencadenado estos despidos masivos, y verán la difícil situación de los trabajadores desempleados bajo esa óptica, desarrollando un sentido solidario", detalla Chen desde la ciudad de Richmond. 

En la segunda fase, que será de lenta recuperación, las compañías comenzarán a recontratar trabajadores. El problema para Chen es que muchos empleadores aprovecharán esta oportunidad para reemplazar a algunos de sus antiguos trabajadores con "mano de obra más barata". "Durante los tiempos económicos normales, recortar los salarios o eliminar la seguridad laboral provoca una reacción violenta de protesta. Pero reducir estos costos laborales es fácil cuando la economía está estancada y los trabajadores agradecen cualquier oportunidad", afirma el investigador.

En Estados Unidos, la tasa de trabajadores sindicalizados, comparada con la de otros países, es baja. De acuerdo al ultimo censo nacional, en 2016 el país tenía 14,6 millones de afiliados sindicales, lo que representa apenas el 10,7 por ciento de todos los trabajadores del país. "Una mayor representación sindical daría a los trabajadores cierta capacidad para luchar contra los despidos permanentes, lo cual es esencial. Los sindicatos también son muy buenos para abogar por mejores condiciones de trabajo, lo que será fundamental a medida que los empleadores dicten nuevos procedimientos de trabajo en un contexto de crisis como el actual", destaca Chen, que encuentra allí una poderosa vía de resistencia al desastre económico.

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Pie de foto: médicos del hospital público de Leticia que renunciaron masivamente

La histórica crisis que sobrelleva la salud en Colombia gana nuevos ribetes con la llegada al país del covid-19: precaria dotación de los centros de salud, atraso en el pago de salarios y otras garantias laborales para el personal médico, a lo que hoy se suma la ausencia de dotación adecuada para atender a pacientes afectados por el virus de moda sin por ello poner en riesgo la salud y vida.

Desde hace varias semanas, día tras día, llegan denuncias de los trabajadores de la salud, hombres y mujeres, provenientes desde ciudades como Cartagena, Sogamoso, Zarzal, Leticia, última ciudad donde 27 médicos (6 especialisstas y 21 médicos generales), del único hospital público del departamento, presentaron renuncia el pasado 20 de abaril por falta de garantías para trabajar en medio de la pandemia del covid-19.

En la carta de renuncia masiva presentada el pasado 20 de abril expusieron 8 exigencias, de las cuales el gobierno se comprometió a cumplir 7 para el jueves 23 de abril, solo no podían cumplir con la petición relacionada con el pago de prestación de servicios (vea el documento de renuncia). Los médicos retomaron labores el mismo día de la renuncia masiva.

 

   

 

  

 

¿Un gobierno de palabra y hechos?

Con expectativa, los renunciantes vivieron estos tres días, esperanzados en poder desempeñar su trabajo sin riesgo de contagio y mucho de menos de muerte. Tanto para ellos como para la población del departamento. Y llegó el día 23, y la esperanza se desinfló.

En efecto, desdeabajo conversó con un médico del hospital San Rafael quien confirmó que el trato entre el gobernador del Amazonas, Jesús Galdino y el alcalde de Leticnia, Jorge Luis Mendoza, no fue cumplido a cabalidad: “Solo nos dieron unos trajes de bioseguridad que tenían guardados. Seguimos con unas máscaras y overoles, que son suministros muy reducidos y, esos elementos los tenemos que reutilizar”, comentó el médico preocupado por su salud y la de los miles de personas que viven en Leticia. Además, amplió, “nos prometieron 20 ventiladores para todo el hospital y seguimos con los mismos 4 ventiladores viejos que hay, de los cuales ahora hay dos en uso; si llegan a venir 3 infectados por el covid–19, tendríamos que tomar una decisión muy difícil: a quién no suministrarle un ventilador”, comentó este trabajadpr de la salud, quien no suministró su nombre porque teme las represalias por parte de las autoridades.

¿Pero por qué dice qué hay represalias contra el personal médico?, preguntamos, y en su respuesta angustiada precisó: “empezaron a indagar por los contratos del personal de la salud que renunciaron, para después ser echados”.

Y prosiguió:“El hospital no tiene unidad de aislamiento para pacientes con covid-19. Ellos se comprometieron a acondicionar un lugar para eso. Y adaptaron unas carpas militares a las afueras del hospital pero esas no son carpas sanitarias. Una persona con covid-19 no va resistir bajo el sol y la humedad en una carpa de esas bajo 38 grados centígrados. Las carpas ya las desinstalaron porque una comisión de diputados verificó que no funcionaron”.

Memoria y territorio

Los médicos del hospital de la capital del Amazonas, ya habían expuesto sus preocupaciones sobre falta de garantías sanitarias para atender la crisis de la pandemia en la zona. “La única manera como nos puso atención el gobierno central fue con la renuncia”, comentó nuestro entrevistado.

La frontera entre Tabatinga, Brasil y Leticia, Colombia, es una avenida que los lugareños comparten. Muchas personas utilizan los pasos irregulares para transitar entre los dos lugares. El cierre de frontera, decretado por el presidente Iván Duque, no funcionó porque hace más de 10 días en Tabatinga, Brasil, se contagiaron 12 personas con el virus y fallecieron 2. El virus se traslado y el primer caso positivo en Leticia fue confirmado el pasado viernes 17 de abril, un médico que atendió una persona proveniente de Tabatinga. La noticia voló rápido en Leticia y la población ya estaba sumida en el terror y el pánico.

Al día siguiente, los leticianos, recibieron la noticia de que 4 pruebas aleatorias que se hicieron dieron positivo. El domingo en la mañana llegó un paciente al hospital público con todos los síntomas del covid-19, quien falleció en la noche, y ya hay confirmación de que murió por el virus. Una propagación masiva del virus estaba en camino, hasta la fecha, 23 de abril en Leticia hay 14 casos positivos, pero se teme que sean más puesto que los resultados llegan con 6 días de retraso, después de realizadas las pruebas.

Ahora que se cumplió el plazo que acordaron los entes gubernamentales con los médicos, y que no cumplieron a cabalidad el trato es evidente que el llamado de atención no sirvió para dar las garantías del personal de salud y a la población, que teme por su vida y que no podrá ser atendida de forma digna en medio de la pandemia.

 

 

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Las remesas de emigrantes caerán este año un 20% en todo el mundo, la mayor caída “en la historia reciente”

 

 

El zarpazo de la pandemia sobre los mercados de trabajo hunde las transferencias de los desplazados a sus familias y añade presión sobre los países emergentes, según el Banco Mundial

La pandemia va camino de convertirse en una hidra de mil cabezas para los países emergentes. A la brutal salida de capitales de las últimas semanas y el hundimiento en la cotización de las materias primas ―de las que dependen muchos países del bloque― se suma ahora la constatación de un hecho que flotaba en el ambiente desde hace días: la dentellada sobre los mercados de trabajo de las economías avanzadas repercutirá, y mucho, sobre las remesas que envían los emigrantes a sus familias en sus países de origen. El Banco Mundial proyecta este miércoles “la mayor caída de la historia reciente” en el volumen total de estas transferencias por la disminución de los salarios o, en los peores casos, por la pérdida de su puesto de trabajo. Las remesas se hundirán un 19,7% desde el máximo histórico del año pasado, hasta los 445.000 millones de dólares (411.000 millones de euros), según las cifras del organismo multilateral. Un desplome que se cebará con los hogares de los emigrantes en las naciones de ingresos bajos y medios, que tienen en esta fuente de ingresos una “línea de vida financiera”. También para los propios países de destino de ese dinero, para los que las remesas son "una fuente de ingresos vital” y que ya están sometidos a una presión mucho mayor que en la crisis financiera de hace una década.

Los migrantes constituyen uno de los grupos sociales más vulnerables ante terremotos en el mercado de trabajo como el que ha desatado la crisis del coronavirus. “La recesión está pasando una severa factura a la capacidad de enviar dinero a casa y añade argumentos para tratar de acortar el periodo de tiempo hasta la recuperación de las economías avanzadas”, subraya en una nota el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Las mayores disminuciones en los envíos de dinero por parte de los emigrados las sufrirán los países de Asia central y Europa (-27,5% interanual en 2020), África subsahariana (-23,1%) y Asia meridional (-22,1%). Algo menores, aunque igualmente notables, serán las caídas en Oriente Medio y el norte de África (-19,6%), América Latina y el Caribe (-19,3%) y el este de Asia y el Pacífico (-13%). Sin embargo, y a pesar del desplome agregado, las remesas ganarán importancia como fuente de entrada de divisas a los países de ingreso medio y bajo. El motivo es puramente comparativo: la caída en la inversión extranjera directa será aún mayor, de cerca del 35%, y las llegadas de capitales a sus mercados de renta fija y variable se desplomarán, atención, un 80%.

El eslabón más débil

Toda la literatura económica apunta en una única dirección: las remesas son un factor clave para aliviar la pobreza y la pobreza extrema, mejora la nutrición de quienes se quedan y reduce el trabajo infantil en los países de origen. Y su caída, claro, "afectará a la capacidad de gasto de las familias, con la mayor parte de su dinero teniendo que ser dedicado a alimentación y necesidades inmediatas”, subrayan los técnicos del organismo con sede en Washington. También resultará en un aumento de la carestía y, algo especialmente grave en las circunstancias actuales, “reducirá el acceso de las familias a los muy necesarios servicios sanitarios”.

En paralelo al curso general de la economía —el PIB global caerá un 3% este año, la mayor contracción desde la Gran Depresión, para rebotar un 5,8% el próximo— habrá que esperar a 2021 para ver una recuperación de los flujos de remesas a escala global: crecerán entonces un 5,6%, hasta cerca de 470.000 millones de dólares. Una cifra, sin embargo, notablemente menor de la registrada en los años precedentes e “incierta” por la propia evolución del coronavirus. En el pasado, apuntan los técnicos del Banco Mundial, las remesas han actuado de forma contracíclica: los trabajadores mandaban más dinero a sus familias en tiempos de crisis y privación en casa. “Esta vez, sin embargo, la pandemia ha afectado a todos los países, creando incertidumbres adicionales”. Pero en plena recesión en los países avanzados, los migrantes son el eslabón más débil, “los más vulnerables a la pérdida del empleo y a la reducción de los salarios en su país de acogida, más que los trabajadores nacionales".

Cambio de tendencia en la migración interna

Aunque el grueso del estudio publicado este miércoles por el Banco Mundial se centra en las remesas internacionales (las enviadas por personas que emigran a otro país), el organismo llama a las autoridades de los países emergentes a “no ignorar” la situación de los migrantes internos, unos movimientos que más que duplican las salidas al extranjero. “Los confinamientos, las pérdidas de empleo y las medidas de distanciamiento social han creado un proceso caótico y doloroso de retorno masivo de inmigrantes [a sus localidades o regiones de origen] en India y muchos países de América Latina”, desgrana el reporte publicado este miércoles. “Los Gobiernos deben afrontar los desafíos que enfrentan los migrantes internos, incluyéndolos en los servicios de salud, las transferencias directas y otros programas sociales, así como protegiéndolos frente a la discriminación”. Hasta ahora, concluyen, las respuestas de los Ejecutivos a la crisis del coronavirus “han dejado fuera a los migrantes y sus familias”.

Madrid - 22 abr 2020 - 08:00 COT

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Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia la frontera de su país procedentes de Colombia. En vídeo, el éxodo de los migrantes. FOTO: FERNANDO VERGARA (AP) | VÍDEO: REUTERS

El fenómeno, incipiente frente a un éxodo de millones de personas, saca a la luz el debate sobre la atención a los migrantes en Colombia

Una migración masiva, miles de personas sin apenas recursos y los efectos de una pandemia que en todo el mundo golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. El cóctel es la premisa de un fenómeno numéricamente incipiente, aunque significativo porque pone de manifiesto el debate sobre la atención a los migrantes venezolanos. Los reportes desde la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde mediados de marzo como parte de los esfuerzos para contener el coronavirus, dan cuenta del retorno de más de un millar de personas, aunque según el chavismo son casi 4.000. Decidieron desandar sus pasos y regresar a su país, pues las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno de Iván Duque hasta el 26 de abril les impiden ganarse la vida en las ciudades colombianas que los acogían.

Se trata de personas que habían optado por emigrar ante el colapso económico y de servicios que se agravó en Venezuela desde que Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez, en 2013, y que no pueden ser atendidas por las autoridades colombianas. Al menos medio centenar de buses coordinados por gobernaciones, alcaldías y asociaciones de migrantes los han transportado en la última semana desde distintos lugares como Bucaramanga o Soacha –que colinda con Bogotá– hasta la ciudad de Cúcuta, fronteriza con el Estado Táchira. Incluso desde ciudades tan distantes como Pasto, la capital del departamento de Nariño que limita con Ecuador, en el otro extremo del país. Este jueves más de 300 migrantes fueron retenidos a la salida de la capital, que como el resto del país se encuentra en estricto régimen de confinamiento. En varias carreteras colombianas se observan grupos de caminantes, decididos a hacer a pie y autostop el largo trayecto hasta la frontera.

El número de retornados, que de momento es muy contenido frente a las abrumadoras cifras del éxodo venezolano, se enfrenta a un aumento si la comunidad internacional no incrementa su financiación para apoyar la respuesta del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria, ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “Es algo que no hemos visto antes. Por supuesto, hay muchos más venezolanos que se quedan. No conocemos los números precisos”, explica a este periódico Dominika Arseniuk, directora del NRC en Colombia. Además de los siete cruces oficiales, a lo largo de la frontera de más de 2.200 kilómetros abundan los pasos ilegales conocidos como trochas. “Para muchos venezolanos no es seguro volver. La situación en Venezuela no ha cambiado y sigue empeorando. Entonces nosotros esperamos que los venezolanos que han venido a Colombia puedan quedarse, pero para esto necesitamos ayudarles a sobrevivir este periodo muy difícil para ellos”.

Colombia es por mucho el principal destino de una diáspora de casi cinco millones de venezolanos que huyeron de su país. Los que ahora retornan son una muy pequeña porción de los radicados en el país vecino, más de 1.825.000 hasta el 29 de febrero según los datos difundidos por Migración Colombia. En la última semana se abrió un corredor humanitario para cerca de 2.000 retornados, una cifra que palidece incluso frente a los más de 30.000 que pudieron regresar en los días siguientes al cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, o a los más de 50.000 que cruzaban cada día la línea limítrofe antes de la pandemia.

Sin embargo, la emergencia sanitaria y las consecuentes medidas de aislamiento obligatorio han sacado a la luz el espinoso asunto de la atención a los venezolanos en Colombia. La prensa ha registrado la expulsión de familias migrantes de pensiones que no pueden pagar en plena cuarentena nacional. Muchos de los venezolanos afincados en Colombia forman parte de las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de nueve de cada diez alimenta las filas de la informalidad. “Muchos ya han vuelto, muchos quieren volver y muchos que se quedan en Colombia también se han encontrado en situación de calle”, resume Arseniuk. Pese al gran esfuerzo de Colombia, algunos incluso regresaron a su país quejándose de malos tratos recibidos. Dentro de Venezuela, la noticia ha sido recibida con cierta incomodidad ante la posibilidad de que estén infectados, aunque el aparato chavista intenta sacar rédito político del fenómeno.

Política de acogida

Bajo una enorme presión, Colombia ha mantenido una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente, y busca continuarla pese a la contingencia de la Covid-19. A pesar de esos esfuerzos, los recursos con insuficientes. El Gobierno ha pedido con insistencia mayor cooperación de los organismos multilaterales. Lanzado en noviembre de 2019, el plan de ayuda regional de la ONU para responder a una inédita crisis migratoria que precede al coronavirus ha recibido apenas el 3% de los fondos solicitados.

“Ha sido una situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades, aun así, se ha logrado responder frente a las circunstancias. Hace falta mucho, pero el compromiso del Gobierno por acoger e integrar a los migrantes no desfallece”, ha dicho Felipe Muñoz, gerente presidencial para la frontera. Su despacho coordina ahora mismo diversas acciones como la entrega de 200.000 bolsas de alimentos en 40 municipios del país para población migrante o reforzar –con el acompañamiento de Acnur– la capacidad del hospital de Maicao, otra de las poblaciones fronterizas más impactadas.

En tiempos de crisis, el origen de los fondos para ayudarlos con alimentación o auxilios de arrendamientos se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo de Duque y algunos mandatarios locales. La reciente “peregrinación”, como la llamaron las autoridades en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fue desordenada. Allí temen que cualquier embudo de personas en la frontera, justo en medio de las medidas de aislamiento obligatorio, sería el peor escenario posible y un potencial foco de contagio.

Colombia tiene hasta este viernes casi 2.500 casos confirmados de coronavirus y contabilizó 80 muertes. Venezuela reporta oficialmente 175, con 9 fallecidos. Muchos de estos emigrantes viven de lo que producen diariamente. Desesperados ante los problemas económicos y episodios de xenofobia, sin estatus legal, han decidido regresar como llegaron, tres años atrás. Sin lujos y, a menudo, caminando. Después de haber contemplado en silencio la brutal diáspora de personas que abandonó Venezuela por los pasos fronterizos con Colombia a partir de 2016 –rumbo también a Ecuador, Perú y Chile–, la jerarquía chavista ha reseñado con alborozo, aunque con cierta discreción, el retorno de estos días. Regresan a un país quebrado económicamente, metido en un conflicto político interminable y con una infraestructura sanitaria en ruinas.

Tan pronto cruzan la frontera, los retornados son recibidos por efectivos militares para ser interrogados. El canciller, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter: “Estamos registrando y coordinando el regreso de miles de compatriotas desde Colombia. Todos son evaluados clínicamente y se les realizan pruebas de despistaje del coronavirus. Muchos están de tránsito, rumbo a los puestos fronterizos”. Esta semana el chavismo colocó una etiqueta en las redes cuyo llamado era “Bienvenidos a casa” para colocar en relieve esta inusual circunstancia.

Freddy Bernal, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que actúa como “protector” del Estado fronterizo de Táchira –un cargo al margen de la Constitución que tiene en sus manos todo el poder político del cual carece la actual gobernadora electa, militante de la oposición– declaró que “a todos los venezolanos que por alguna circunstancia deciden volver a su patria, aquí en casa les estamos esperando”. “Con disciplina y consciencia les invitamos a cumplir las medidas sanitarias recomendadas (…) No están solos, su patria venezolana, presidida por Nicolás Maduro, está lista para recibirlos con amor y darles atención y abrigo”, insistió. Declaraciones similares han hecho en estos días miembros de las Fuerzas Armadas. En un intento por contrarrestar los devastadores efectos para la reputación del Gobierno de un éxodo sin precedentes, Maduro ya había comenzado a organizar el plan ”Vuelta a la Patria” que ha hecho retornar, en avión, unas 10.000 personas.

Bogotá / Caracas - 11 abr 2020 - 19:21 COT

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Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

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Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

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Domingo, 22 Marzo 2020 06:25

Elogio del riesgo  

Elogio del riesgo  

“Vivir es una invención arrancada del terror”, escribe Anne Dufourmantelle (París, 1964). Encendida opositora de la obediencia, filósofa y psicoanalista, escarba con pasión en las miserias emocionales de hombres y mujeres de clase media urbana bajo el capitalismo. “Un terror que algunos apaciguan entre brazos siempre distintos, otros en el alcohol, otros aún en una hiperactividad enfermiza: los seres son desiguales ante la angustia”. Nada más tramposo que la mentalidad del autoayudismo asustado y narcisista, plantea. Vivir ya es un riesgo, opina. Y sale al cruce de la conformidad con uno mismo, esa profusión de libros que forman el mercado mundial del reaseguramiento en un mundo donde no hay nada seguro. Nada más lejos del publicitado riesgo cero. Si Dufourmantelle carga contra los tabúes individuales, no menos va contra los sociales. Por ejemplo, en su “Trabajar, el undécimo mandamiento”, dispara: “El trabajo libera son palabras de siniestra memoria. En nuestras sociedades democráticas llamadas liberales, el trabajo es aquello sobre lo que reposa todo el sistema económico-político de la deuda. ¿Qué libertad permite esta sociedad a los individuos que preferirían no hacerlo? El imperativo, repetido desde el jardín de infancia hasta la vejez, que dicta que el trabajo es aquello que nos hará libres, ¿nos deja aún la opción de aceptarlo o de rechazarlo? De ahí se deriva —y de esto soy testigo como psicoanalista— una falta afectiva que mina a los seres hasta conducirlos, en ocasiones, a querer salir del juego”.

Dufourmantelle se aparta de los rebusques del hermetismo y prefiere la claridad. Su prosa es capaz de irrumpir en medio de un razonamiento discursivo con una frase cortante, una imagen que, con la potencia de la metáfora, descubre otra cosa, una que acechaba en lo reprimido y no podía ser expresada de otra forma. Y pregunta: “¿Por qué será que la extrañeza del mundo deja a ciertos seres como desollados en vida? Muchas veces éstos se vuelven creadores, a menos que sucumban – la angustia es insoportable en altas dosis o cuando dura demasiado tiempo – o bien abdiquen inmediatamente, se agarren de un objeto balsa (la botella, la jeringa, la crisis), único proveedor de esa posibilidad de un refugio que no han recibido o no han sabido recibir en la cuna. ¿Y por qué será que otros parecen haber sido inmunizados desde el nacimiento?” A Dufourmantelle no le intimida arriesgarse en sus intervenciones clínicas mediante la formulación de interrogantes tanto cuando se encuentra ante un paciente o en la situación silenciosa y meditativa de la escritura. Y sí, la escritura es esencial, constitutiva en ella. Reflexionando, anota que “el gesto de la escritura se parece a un deshechizo, a una promesa de fidelidad, pero, ¿a quién? ¿Lo sabrá el escritor en el instante en que escribe?”. Otra reflexión: “Contra la extrañeza del mundo, la escritura inventa un lenguaje para traducir lo intraducible, para hacer oír lo innombrable e intentar inscribir en él una forma nueva. Así nace una lengua propia, para parafrasear a Virginia Woolf, un recinto particular donde el sujeto a cubierto por un tiempo ha negociado su paso en la tormenta de lo real”. Importa señalarlo, además de haber escrito un ensayo sobre la hospitalidad con Jacques Derrida, Dufourmantelle ha publicado novelas.

La literatura, define, es la búsqueda de la belleza, “una parte desnuda del mundo que se nos revela”. Y escribe: “Seamos o no creyentes, la belleza abre un espacio a la trascendencia, o por lo menos a aquello que señala hacia lo que posibilita. Alcanza nuestro caos interior en la aflicción de nuestra relación con nosotros mismos, la desherencia de lo que dejamos al abandono”. No obstante, no es ingenua y va contra la idea de lo bello como salvación. “Hay en la belleza un espanto del que ha hablado toda una literatura. Aquello hacia lo cual nos señala desiste al mismo tiempo completamente”.

El año pasado, en una librería, encontré su “En caso de amor”, un pequeño tratado de psicopatología amorosa contemporánea, relaciones devastadas traducidas en una serie de ensayos provenientes de su labor clínica, pero no sólo. Si “En caso de amor” me impresionó, apenas al hojearlo, se debió a su estilo, eso que decía al principio, una legibilidad infrecuente en la escritura psi, por lo general engrupida. Sus temas: humillaciones, derrotas, vergüenzas, culpas, secretos que se resisten a la luz. Este es su material de trabajo y sus experiencias pueden leerse tanto como con un interés psi como de simple y pura curiosidad ficcional. ¿Acaso la novela familiar, esa que nos inventamos para seguir aguantando y aguantándonos, no es una ficción?

Con sólo leer uno de sus nuevos –nuevos para nosotros– breves y punzantes ensayos del 2011 que integran “Elogio del riesgo” uno ya se da cuenta con qué clase de inteligencia está entrando en tránsito, porque, hay que decirlo, Dufourmantelle exige eso, dejarse llevar, estar dispuesto a una introspección cuestionadora, ser otro, sentir de pronto que le tiraron a uno de la alfombra o como proponía Wittgenstein, al llegar a lo alto de la escalera, en el último peldaño, animarse a patearla sin tener de qué agarrarse. Pero, me pregunto, ¿acaso no es esta la impresión del comienzo desconcertante de un tratamiento, animarse a la primera sesión?

“La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros los vivos, corremos” escribe. Le importa dejar en claro que no se trata de otra cosa que arriesgarla. “Vivimos bajo anestesia local, envueltos en celofán, buscando desesperadamente una sustancia o un amor que pueda despertarnos sin asustarnos”. En esto coincide con Kierkegaard: somos nuestros propios enterradores. Entonces, nos desafía, por qué no arriesgar el porvenir. Su coherencia es profunda. Y sus apuestas al riesgo deben ser leídas como proféticas, un saber por anticipado acerca de cuál será su destino, un destino que sólo se puede captar desde la responsabilidad de la elección y reside, como en lo escritural, en una decisión ante una circunstancia que, como en una tragedia griega, no parece fortuita. Que este libro tan deslumbrante y sabio como su angustia existencial se titule “Elogio del riesgo” cobra un sentido admirable al enterarnos cómo terminó sus días. En julio de 2017, a los cincuenta y tres años, estaba en una playa de la Riviera cuando cambió el clima y el área de nado se volvió peligrosa. Divisó a dos chicos de una pareja amiga en peligro y, sin vacilar, se lanzó al mar. Logró salvarlos, pero sufrió un paro cardíaco. Unos rescatistas la sacaron inconsciente del agua y trataron de reanimarla pero no lo lograron. Los chicos sobrevivieron. 

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