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Una ola de disturbios y saqueos jaquea a Sudáfrica

Al menos 72 muertos se contabilizan en seis días de estallido

Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el desempleo y el impacto del coronavirus.

 

La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país, acumula ya 72 muertos. Los incidentes continuaban el miércoles en algunos puntos de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la policía y el ejército, que intentan hallar a los instigadores. La escasez de alimentos y combustible empezó a amenazar a la nación africana tras el sexto día de una ola de violencia que tuvo su inicio tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. Ese hecho alimentó el malestar de la sociedad frente a los elevados niveles de pobreza y desempleo, y la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Saqueos, incendios y justicia por mano propia

De acuerdo al último balance oficial difundido por la policía, el total de víctimas fatales por los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes asciende a 72, mientras que los detenidos ya son 1.234. El miércoles, aunque más reducidos que en jornadas previas, todavía se registraban incidentes en algunos puntos de las dos regiones más afectadas por la ola de violencia, que son la oriental provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. 

La policía, completamente desbordada, tuvo que recibir el apoyo de 2.500 efectivos del Ejército y el miércoles, tras seis jornadas de escalada de la violencia, esa presencia se dobló hasta 5.000 soldados. Además la fuerza de seguridad indicó que están investigando cada una de las muertes, en principio relacionadas con las estampidas producto de los saqueos, pero también por explosiones, incendios y disparos.

"Estamos apretando el acelerador para que lo que ha pasado no vaya a más en términos de destrucción", prometió el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, en declaraciones a los medios durante una visita a un centro comercial devastado en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria. El alto funcionario sostuvo la hipótesis de que "el crimen organizado podría estar escondiéndose detrás del hambre y los problemas sociales de la comunidad".

Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes no deben reaccionar aplicando justicia por mano propia. En ese sentido, en el distrito de Vosloorus, al sureste de Johannesburgo, se investiga la muerte de un adolescente que habría sido asesinado por choferes de taxis informales tras ser sorprendido intentando robar un negocio.

El principal centro comercial de la región fue devastado y parcialmente incendiado, y varios cadáveres fueron hallados en el lugar. "Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón", decía abatido Mike de Freitas, de 45 años y dueño de una carnicería que había ido a verificar los daños. En la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. "La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas", lamentó el director de la organización agrícola AgriSA Van der Rheede.

En la ciudad costera de Durban las tomas aéreas mostraron a cientos de personas saqueando grandes tiendas comerciales. Una mujer fue vista tirando a su bebé desde el segundo piso de un edificio para salvarlo de un incendio, luego de que los negocios del piso de abajo fueran quemados. Transeúntes pudieron recibir al bebé sano y salvo. "Todo lo que podía hacer era confiar en completos desconocidos", dijo la joven de 26 años Naledi Manyoni en diálogo con la BBC, y contó que tanto ella como su hija Melokuhle se encuentran bien.

Los extensos daños materiales aún no fueron cuantificados y se teme que en los próximos días haya problemas de suministro de alimentos y de combustible, por lo que el miércoles muchos sudafricanos hacían cola desde primera hora en supermercados y en estaciones de servicio. Además la violencia obligó a interrumpir, por ejemplo, los servicios médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas, como diabetes, tuberculosis y VIH, y la aplicación de vacunas contra la covid-19.

Según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los incidentes son de una magnitud nunca vista en democracia, solo comparables con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa tras el final del sistema segregacionista del apartheid. "El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo", lamentó el lunes Ramaphosa en un mensaje a la nación.

De protestas pro-Zuma al malestar general

Jacob Zuma, de 79 años, fue un luchador contra el apartheid que pasó 10 años preso en la cárcel de Isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. En la Sudáfrica democrática llegó a ser vicepresidente y luego presidente, antes de ser depuesto por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en 2018 al proliferar una serie de escándalos de corrupción. Aún así, Zuma mantiene su popularidad entre muchos sudafricanos pobres, especialmente entre militantes de base del CNA que lo ven como un defensor de los marginados.

Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, cuna del expresidente, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por una de las causas de corrupción que lo salpican. Aunque Zuma se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte".

En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar caminos como muestra de apoyo. En los días siguientes las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras regiones. Para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la gestión de la pandemia.

15 de julio de 2021

Califican como un "éxito abrumador" el mayor experimento del mundo de una semana laboral de cuatro días

El programa piloto, que redujo la semana laboral a entre 35 y 36 horas sin reducción del salario total, involucró a más del 1 % de toda la población activa de Islandia.

El experimento más grande del mundo de una semana laboral de cuatro días, realizado en Islandia, fue un "éxito abrumador" y debería considerarse en otros países, como el Reino Unido, según un análisis conjunto del 'think tank' británico Autonomy y la Asociación para la Sostenibilidad y la Democracia (Alda) islandesa.

El programa piloto, que redujo la semana laboral a entre 35 y 36 horas sin reducción del salario total, involucró a más de 2.500 personas, o más del 1 % de toda la población activa de Islandia.

Aunque el país nórdico tiene una población relativamente baja, el estudio —que se desarrolló entre 2015 y 2019— es el más grande de este tipo jamás realizado.    

Menos estrés sin reducir la productividad

El ensayo descubrió que el bienestar de los trabajadores mejoró dramáticamente en una variedad de indicadores. El estrés y el agotamiento se redujeron, mientras que la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida mejoraron de manera significativa en prácticamente todos los grupos incluidos en el experimento.

Además, como resultado, la productividad y el nivel de la prestación de servicios se mantuvieron iguales o mejoraron en la mayoría de los lugares de trabajo participantes.

Lecciones para otros Gobiernos

El ensayo "nos dice que no solo es posible trabajar menos en los tiempos modernos, sino que el cambio progresivo también es posible", sostiene Gudmundur Haraldsson, investigador de Alda, recogen medios británicos. 

Entretanto, Will Stronge, director de investigación de Autonomy, subrayó que el estudio muestra "que la prueba más grande del mundo de una semana laboral más corta en el sector público fue, en todos los sentidos, un éxito abrumador". Las conclusiones ponen de manifiesto que "el sector público está listo para ser pionero en semanas laborales más cortas, y se pueden aprender lecciones para otros Gobiernos", en particular, para el Reino Unido, enfatizó.

En consecuencia, en Islandia, las federaciones sindicales ya han comenzado a negociar la reducción de las horas de trabajo. Los investigadores estiman que como resultado de los nuevos acuerdos alcanzados entre 2019 y 2021, después de que terminaran los ensayos, el 86 % de toda la población trabajadora de Islandia ahora tiene horas reducidas o flexibilidad dentro de sus contratos para acortar la jornada laboral.

Publicado: 5 jul 2021 08:42 GMT

Miércoles, 30 Junio 2021 05:59

Una memoria energizante

Una memoria energizante

Hoy 27 de junio de 2021, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó renovó la memoria de EDUAR LANCHERO, al cumplirse 9 años de muerte. Como de costumbre, a las 2:00 de la madrugada comenzaron a sonar con gran volumen las marchas fúnebres de los grandes clásicos de la música y la Comunidad se fue reuniendo junto a su tumba para la celebración eucarística. Su madre y sus hermanos se hicieron presentes desde Bogotá con sentidos mensajes y las lecturas de la Misa resaltaron nuevamente su talante de profeta y de servidor.

Eduar acompañó a nuestra Comunidad de Paz desde sus inicios. Cuando el ejército y los paramilitares bombardearon casi todas las veredas de San José, en respuesta a la Declaratoria pública de no participación en la guerra y de negativa a colaborar con cualquier estructura armada, provocando un gigantesco éxodo hacia el pequeño centro urbano, Eduar se ofreció a acompañar a los desplazados corriendo enormes riesgos en su vida, pues el caserío fue cercado inmediatamente por militares y paramilitares y fueron numerosas las víctimas fatales. Eduar fue detectado inmediatamente como inspirador de una resistencia que buscaba impedir el despojo masivo de tierras, que era el objetivo del bloque militar/paramilitar, y durante sus 15 años de acompañamiento tuvo que hacer frente a 25 intentos de asesinato, de los cuales salió ileso gracias a la protección de gentes de la Comunidad que detectaban a tiempo el peligro. Los montajes y calumnias urdidos por la Brigada XVII del ejército no tuvieron treguas y sus grados de suciedad no tuvieron parangón. Su salud se vio progresivamente comprometida y finalmente un cáncer muy agresivo lo llevó a la tumba el 27 de junio de 2012. Sus restos reposan en el centro del parque monumento a las víctimas de nuestra Comunidad y su memoria constituye una fuente de energía permanente que recuerda los ideales que le dieron nacimiento a nuestro proyecto de vida.

Eduar llegó a nuestra realidad impulsado por un fuerza interior que él mismo definió muchas veces como un deseo ardiente de “convertir el dolor en esperanza”. Y realmente lo logró. Su gran sabiduría, que supo compartir con todos nuestros líderes, lo llevaba a descubrir las trampas perversas mediante las cuales un sistema criminal busca cooptar a sus víctimas. Así se fue tejiendo nuestra resistencia que aún mantenemos con firmeza.

Al recordar con gratitud el regalo de su vida y su presencia entre nosotros, también hemos repasado el cuerpo de principios que le fue dando identidad a nuestra Comunidad de Paz y que él compendió en una exposición magistral que en este aniversario volvimos a escuchar para que continúen sirviéndonos de guía.

No repetimos la acostumbrada fórmula “paz en su tumba”, cuando esa “paz” se entiende como pasividad e inacción. Su tumba es más bien un lugar energizante de permanente cuestionamiento a todos nuestros intentos de ajuste pasivo al statu quo de muerte que nos envuelve. Repetimos, por el contrario, con convicción: EDUAR, SIGUES MÁS VIVO QUE NUNCA EN NUESTRA COMUNIDAD DE PAZ.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                          Junio 27 de 2021

Snowden anuncia el "fin del caso contra Assange" tras la confesión de un testigo clave de que mintió

Sigurdur Ingi Thordarson hizo creer a las autoridades de EE.UU. que Assange le pidió que 'hackeara' ordenadores para acceder a las grabaciones de las conversaciones privadas de parlamentarios.

Un testigo clave en el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Julian Assange, Sigurdur Ingi Thordarson, ha confesado en una entrevista concedida al periódico islandés Stundin que mintió en sus declaraciones utilizadas por las autoridades norteamericanas para armar el caso contra el fundador de WikiLeaks. "Esto es el fin del caso contra Julian Assange", escribió el excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) Edward Snowden en referencia a estas revelaciones.

Sigurdur Ingi Thordarson era un voluntario de WikiLeaks convertido en el primer informante conocido del FBI dentro de la organización a cambio de unos 5.000 dólares e inmunidad de la persecución judicial. Ahora, Thordarson ha admitido que su afirmación previa de que Assange le pidió que 'hackeara' los ordenadores de los parlamentarios para acceder a las grabaciones de sus conversaciones telefónicas privadas es falsa y que nunca lo solicitó.

El hombre ha explicado que, en realidad, recibió unos archivos de terceros que le dijeron que habían grabado a los parlamentarios y propuso compartirlos con Assange sin comprobar su contenido.

La Justicia británica decidió no extraditar a Assange a EE.UU. por temor a que se suicide, un país donde afronta hasta 175 años de prisión por 18 cargos en su contra, a raíz de la publicación de documentos secretos en su portal WikiLeaks. Lo acusan de violar la Ley de Espionaje y conspirar para cometer una intromisión informática y acceder a ordenadores gubernamentales con información clasificada.

Sin embargo, ahora la veracidad de la información en la que se basa la acusación formal estadounidense ha sido desmentida por el testigo principal, cuyo testimonio ha sido clave. Si bien la corte británica se guió por motivos humanitarios al fallar en contra de la extradición de Assange, la argumentación del equipo legal de EE.UU. incluyó la afirmación de que el acusado y su informador, Thordarson, trataron de descifrar juntos un archivo robado de un banco islandés.

Thordarson ha aclarado a Stundin que el incidente descrito fue bien conocido y el archivo encriptado fue filtrado del banco y compartido en Internet entre los entusiastas que trataron de descifrarlo por motivos de interés público en un intento de descubrir los motivos de la crisis financiera en Islandia, y que nada confirma que el archivo fuera "robado" en algún momento, ya que se presume que lo divulgaron los propios empleados del banco.

Otro punto expuesto en el mencionado proceso judicial fue que Assange "utilizó acceso no autorizado" otorgado por Thordarson "para acceder a un sitio web gubernamental" destinado a rastrear vehículos policiales. Entrevistado por Stundin, el informante ha precisado que los datos del 'login' eran sus propias identificaciones y no fueron obtenidos por medios ilícitos.

Thordarson ha contado que tenía acceso a aquella página web debido a su trabajo como socorrista cuando era voluntario en un equipo de búsqueda y rescate, y que el fundador de WikiLeaks nunca le pidió los datos de acceso.

"Tejer una telaraña para atrapar a Assange"

El entonces ministro del Interior de Islandia, Ogmundur Jonasson, opina que los estadounidenses trataban de utilizar las cosas en su país y sus ciudadanos "para tejer una red, una telaraña que atrapara a Julian Assange" y recordó el momento exacto cuando el FBI contactó con las autoridades islandesas por primera vez el 20 de junio de 2011 para advertirles de una inminente intrusión en las computadoras gubernamentales, ofreciendo su ayuda que fue aceptada.

En opinión de Jonasson, el objetivo que EE.UU. perseguía de verdad era atrapar a Assange y no ayudar a Islandia, y en aquel entonces sus agentes ya estaban sentando las bases para conseguir su propósito final.

Lo que el exministro del Interior islandés sigue preguntándose desde aquel entonces es si todo empezó con la aceptación de la ayuda estadounidense y el establecimiento de cooperación "que podrían haber utilizado como pretexto para visitas posteriores".

Publicado: 27 jun 2021 05:27 GMT

“Págales más”: la respuesta de Joe Biden a los planteos de falta de mano de obra

Filosa contestación del presidente de Estados Unidos

"Págales más". Así respondió el presidente estadounidense Joe Biden (foto) ante las preguntas por la falta de mano de obra durante una conferencia de prensa donde el presidente anunció un plan de inversión masiva en infraestructura tras meses de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.

“No los estoy criticando, realmente lo digo en serio. Me preguntan, ‘Bueno, ¿sabés qué? Los empleadores no encuentran trabajadores’ ” dijo el mandatario en referencia a las consultas que planteaban la falta de mano de obra. “Yo les dije, ‘Págales más’ ” afirmó Biden simulando un susurro. “Esto ahora es una moneda de cambio para los empleados”, agregó.

El plan se apoya en más de 1,2 billones de dólares de inversiones en ocho años (973.000 millones en los primeros cinco años), precisó la Casa Blanca. Unos 312.000 millones son para transportes, incluyendo rutas y aeropuertos, y 266.000 millones de dólares en otras infraestructuras como el servicio de agua potable o internet de mayor ancho de banda.

Si bien esto representa un gran paso adelante, este acuerdo no marca el final de las discusiones. "No tengo ninguna garantía" de conseguir los votos para aprobar este proyecto en el Senado, reconoció Biden, aunque se mostró optimista. "Ninguno de los dos partidos obtuvo lo que quería", destacó, al asegurar que es el precio de obtener un consenso.

Hacia fines de marzo Biden había propuesto invertir unos 2 billones de dólares en infraestructura durante ocho años, con el fin de crear "millones de puestos de trabajo" en Estados Unidos, para mantenerse al frente como economía mundial por delante de China y también para luchar contra cambio climático.

El principal acuerdo entre republicanos y demócratas se refiere al financiamiento de este amplio proyecto de infraestructura. Los republicanos rechazaban un alza de impuestos corporativos propuesto por Biden, mientras que la Casa Blanca rechazaba nuevos impuestos -como por ejemplo sobre la gasolina- a hogares que reciban menos de 400.000 dólares anuales.

El acuerdo finalmente preveé un plan para reforzar las inspecciones fiscales para reducir la evasión y redireccionar fondos desbloqueados en 2020 para luchar contra la pandemia que no fueron utilizados, entre otras medidas.

26 de junio de 2021

Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

Fuentes: Al Jazeera [Foto: Israel arroja con frecuencia agua de mofeta en el pueblo cisjordano de Bilin ( Anne Paq / ActiveStills)]

Las fuerzas israelíes la utilizan como arma de “control de masas” para castigar colectivamente a los civiles palestinos que se atreven a protestar

En Nazaret, Haifa, Ramala, Jerusalén y otros lugares, las y los palestinos se manifiestan contra la limpieza étnica permanente que practica el régimen israelí. Motivados e inspirados ahora por la firme resistencia de las familias palestinas que se enfrentan a los desalojos forzosos de sus hogares en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén, han salido a la calle con valentía –porque lo hacen a sabiendas de que lo que les espera es una brutal represión por parte del ejército y la policía israelíes.

De hecho, en el recinto de Al Aqsa, donde se ha producido gran parte de la violencia contra los y las manifestantes, los palestinos fueron atacados con gases lacrimógenos y disparos mientras rezaban. Más al sur, Israel ha lanzado ataques aéreos sobre Gaza que han alcanzado edificios civiles y han matado a más de 40 personas, entre ellas al menos 14 menores.

Además de los muertos, centenares de personas han resultado heridas por balas reales y de goma, por gases lacrimógenos y palizas, pero también por un arma menos conocida por los medios de comunicación internacionales que cubren las protestas. Muchos se han referido erróneamente a ella como cañón de agua o camión de aguas residuales.

En árabe lo llamamos jarara –literalmente “el cagadero”, por su olor pútrido. En inglés, se llama skunk water, o agua de mofeta, por el olor ostensiblemente putrefacto que desprenden las mofetas. El agua de mofeta la ha desarrollado como “arma de control de multitudes” una empresa israelí llamada Odortec.

Se trata de un compuesto líquido con un olor horrible descrito por quienes lo han experimentado como el olor de aguas residuales mezclado con cadáveres en descomposición. En realidad se trata de una mezcla de sustancias químicas que provoca intensas náuseas, impide la respiración normal y provoca violentas arcadas y vómitos. El informe de seguridad de la empresa que lo fabrica indica asimismo que puede causar irritación de la piel, dolor ocular y abdominal. Los palestinos también han informado de que provoca la caída del cabello.

Las fuerzas de seguridad que utilizan agua de mofeta afirman que no es letal ni tóxica. Sin embargo, en dosis altas puede tener un efecto letal, y disparada desde un cañón de agua y rociada a una presión extremadamente alta puede causar lesiones graves. Una pequeña rociada de agua de mofeta deja hedor en la piel durante días. En la ropa y en los edificios el hedor puede prolongarse aún más. Las fuerzas israelíes, claro está, no sólo la utilizan para reprimir las protestas; también la emplean como castigo colectivo. Los camiones con agua de mofeta pasan por los barrios palestinos rociando los edificios en represalia contra los residentes locales que protestan contra la ocupación israelí y el apartheid.

Cuando eso ocurre, las tiendas y negocios tienen que cerrar durante días y las familias tienen que abandonar sus casas durante un tiempo prolongado hasta que el hedor desaparece. Eso es lo que la convierte en una brutal herramienta de castigo colectivo.

Además de vender agua de mofeta al gobierno israelí para que la utilice contra los y las palestinas, Odortec también la exporta. En Estados Unidos la suministra la empresa Mistral Security, que recomienda su uso en “pasos fronterizos, centros penitenciarios, manifestaciones y sentadas”. Varios departamentos de policía como el de Ferguson (Misuri) ya la adquirieron tras las protestas de 2015 contra la brutalidad policial y el racismo institucional.

Que esta arma desarrollada por una empresa israelí esté ganando adeptos en el extranjero no es sorprendente. Israel es el mayor exportador de armas per cápita del mundo y utiliza a los y las palestinas como conejillos de indias para probar su “eficacia” y “letalidad”. Odortec y otros fabricantes de armas israelíes ni siquiera tienen que invertir en la comercialización y propagada de sus armas; los canales de noticias que difunden las imágenes de los ataques brutales del ejército israelí les hacen el trabajo.

Las empresas israelíes que fabrican armas para matar en masa tienen Gaza para probarlas. Los israelíes han llegado a calificar a la superpoblada Franja –en la que los civiles no tienen una “cúpula de hierro” ni sofisticados refugios militares para protegerse– como una “vaca lechera”. El trágico resultado de décadas de prácticas y “pruebas” de las empresas armamentísticas israelíes han sido miles de palestinos y palestinas muertas y mutiladas.

Israel exporta armas probadas en civiles palestinos a unos 130 países, incluidos gobiernos con un historial execrable de derechos humanos. A las poblaciones de esos países, que son las receptoras finales de la agresión de las fuerzas locales que utilizan armas israelíes, los palestinos pueden darles muchos consejos. En concreto, para hacer frente a la “jarara” se recomienda lo siguiente: si se mancha la piel hay que frotar tomates y aceite de oliva para ayudar a quitar el olor; si se mancha la ropa, mejor tirarla. En general, lo mejor es evitar a toda costa que te rocíe. Y para hacer frente a los efectos psicológicos de la represión violenta y el castigo colectivo, las y los palestinos también tienen una recomendación: el humor negro. La “jarara” ya es un clásico en la temática de los chistes palestinos. Por ejemplo: ¿con qué prefieres, que te ataquen, con balas o “jarara”?

 

Por Yara Hawari | 13/05/2021


Traducción del inglés para Rebelión de Loles Oliván Hijós

Yara Hawari es miembro de Al Shabaka

En las garras de un “progreso” antihumano

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

En las últimas semanas se viene implementando una arremetida de construcción ilegal de carreteras por las veredas de San José de Apartadó. Sabemos que los mayores impulsores de estas carreteras son los paramilitares, pues ya han venido reuniendo a los pobladores de las diversas veredas del corregimiento, imponiéndoles altas sumas de dinero, que son impuestos ilegales y extorsivos, para comprar supuestamente el combustible para las máquinas de la Brigada XVII del Ejército que son las que van a ser utilizadas en las obras.

Todo comenzó por Nuevo Antioquia hace un tiempo, con una carretera hasta La vereda La Esperanza y luego otro ramal desde Nuevo Antioquia hasta La vereda Rodoxali. En ese momento se  hicieron indagaciones y se comprobó que esos proyectos de vías no tenían ningún sustento legal; alcaldes e instituciones nacionales y regionales afirmaron no estar enteradas en absoluto de esos proyectos puestos en marcha por los paramilitares.

 Ahora de nuevo se impulsan todas estas carreteras ilegales por las demás veredas. Ya han comenzado con la apertura ilegal desde el casco urbano de San José hacia la vereda La Linda; días antes ya los paramilitares habrían reunido a la población civil de las veredas Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes, entre otras, para exigirle a cada poblador un aporte de 800. 000,oo (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las maquinas que entrarían a trabajar, y según informaciones, estas máquinas pertenecen a la Brigada XVII del Ejército.

Se sabe que se está implementando el arreglo o mejoramiento de la carretera que desde un punto conocido como Campamento conduce a la localidad de Belencito, del  corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. ¿Quien la está mejorando? Es de público conocimiento que todo poblador del área tiene que aportar dinero  obligatoriamente  para abrir o mejorar las carreteras.

Como comunidad nos preocupa la doble estrategia que se está poniendo en juego para explotar los recursos naturales de nuestra región. Lo más preocupante es que la población de nuestro entorno se está prestando para que sea despojen de su propia tierra.

Es evidente que todo este plan, que se presenta con apariencia de “progreso” o “desarrollo” de la región, se está implementando de manera ilegal, como ha sido la costumbre en la región. En primer lugar, esas vías no hacen parte de ningún Plan de Ordenamiento Territorial ni cuentan con licencias ambientales y menos con consultas previas a las comunidades; se apoyan en recaudación ilegal de impuestos extorsivos, rodeados de amenazas; su implementación está coordinada por una estructura criminal que ha inundado de sangre la región y ha sido premiada por un Estado criminal garantizándole absoluta impunidad por sus crímenes; la maquinaria pertenece a una estructura armada del Estado: la Brigada XVII, implicada también en centenares de crímenes impunes y que ha querido “lavarse las manos” de tanta sangre asumiendo tareas que no pueden ser asumidas legítimamente por una estructura armada, pues son tareas civiles, ya que su relación con las armas constituye una violación más extensiva y profunda de los derechos de la población civil. Pero quizás lo más perverso es que los objetivos de ese falso “progreso” o “desarrollo” está disimuladamente orientado al sevicio de empresas transnacionales de extracción de recursos mineros y energéticos que destruyen el ambiente y la salud humana y de una transformación económica de la agricultura a la ganadería, no menos destructiva, no solo del ambiente sino también de la producción alimentaria tradicional, esencial para la vida.

Algún funcionario del gobierno ha salido a defender tal monstruosidad, alegando que esas carreteras hacen parte de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que están previstos  en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (Numeral 1,2). Pero tal funcionario - Consejero Presidencial- no cae en cuenta que está actuando en contravía de lo que el Acuerdo de Paz establece sobre los PDETs. En efecto, allí se definen como objetivos primordiales de los PDETs: “el bienestar y el buen vivir de la población de las zonas rurales –niños y niñas, hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto (…) y El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades …” (No. 1.2.1)

¿Cree el gobierno que cumple con el Acuerdo  de Paz sin consultar lo más mínimo a las comunidades, a no ser en asambleas convocadas por paramilitares y juntas comunales cooptadas por éstos, engañando a los campesinos al destruir su economía campesina y familiar para cambiárselas por estrategias que arruinan los suelos y desplazan a sus pobladores, entregando la planeación, diseños e implementación a los victimarios que con más saña han destruido vidas en la zona: militares y paramilitares, y sometiendo a la población a impuestos extorsivos ilegales y empobrecedores? Esto es demasiado perverso.

 Ya son muchos los años que llevamos dejando constancias públicas de este tipo de barbarie que se esta implementando en la zona. De sobra conoce el gobierno que se están creando carreteras ilegales en esta región y todo con intereses corruptos de los poderosos de facto.

Es claro que los que están coordinando y controlando estos planes de “progreso” y “desarrollo” son los paramilitares y los que ponen el trabajo son las brigadas militares. Así lo han manifiestan personajes como Cesar Jaramillo, quien hace parte a la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-; según lo manifesta dicho personaje: ahora sí se van abrir carreteras por las veredas, lo cual ya es un hecho y ya existe la plata para ello. ¿Cuál será esa plata? ¿Será la que le quitan los paramilitares a los campesinos como impuestos extorsivos? 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 28 de marzo de 2021, en horas del día, en el corregimiento de Frasquillo, de Tierralta, Córdoba, fue visto un reconocido político de los paramilitares que controlan aquella región. Allí el control paramilitar es evidente y a la vez hay un puesto militar antinarcóticos recientemente colocado, que supuestamente controla, pero lo que se deja ver es que los que controlan son los paramilitares que permanentemente se movilizan por allí en embarcaciones tipo Johnson, de su propiedad, sin ser molestados por nadie.
  • El miércoles 31 de marzo de 2021, cuando una comisión humanitaria de nuestra comunidad pasaba por la vereda Baltazar, del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo notar que allí había una fuerte presencia paramilitar, pues en el camino se dejaban ver los puntos o informantes con radios de comunicación, los cuales pasaban con mucha prisa, seguramente para informar la presencia de nuestra comunidad.
  • El domingo 11 de abril de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz conoció informes según los cuales el señor CÉSAR JARAMILLO comentó de un plan que se estaría realizando desde la Brigada XVII del Ejército para continuar abriendo las carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó.
  • El lunes 12 de abril de 2021, nos llegaron informes de que los paramilitares estaban reuniendo a las juntas de acción comunal de diferentes veredas de San José de Apartadó para imponer a sus pobladores cuotas de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para empezar a abrir las carreteras que se estarían impulsando con maquinarias de la Brigada XVII del Ejército.
  •  El martes 13 de abril de 2021, en horas del día, se notó una fuerte presencia paramilitar en la vereda La Unión, de San José de Apartadó. Según informaciones recibidas, estaban muy cerca de nuestro asentamiento Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, en la vereda La Unión, y al parecer están haciendo recorridos desde la vereda El Porvenir, donde llevan varias semanas acantonados.
  • Este mismo martes 13 de abril de 2021, un grupo de paramilitares prohibió a unas familias de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, trabajar sus tierras, al tiempo que les ordenaron abandonar los potreros, cultivos y viviendas en la propiedad, o de lo contrario tendrían que abandonar la región.
  • El jueves 15 de abril de 2021, en horas del día, nos comunicaron que la junta de acción comunal de la vereda La Esperanza, de San José de Apartadó, se había reunido con otras juntas comunales para organizar una posible invasión a nuestra propiedad privada allí, según ellos, porque nuestra Comunidad de Paz no les ha permitido pasar por allí una carretera, carretera que está siendo construida por los paramilitares. Nuestra comunidad ha rechazado dicha carretera, pues los impulsores de la misma son los paramilitares. Es de conocimiento público que los paramilitares empezaron con maquinaria pesada a abrir esta carretera desde el corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo hasta la vereda La Esperanza y un ramal hacia la vereda Rodoxalí,  y cuando se investigó la legalidad de estas vías, ninguna institución de las que por ley debe intervenir en las licencias sabía nada de ese proyecto. La misma junta local manifiesta que se va a empezar a abrir con maquinaria de la Brigada XVII del Ejército, pero en días anteriores los mismos paramilitares habrían reunido a la población de la zona e impuesto unas cuotas entre $ 500.000 (quinientos mil pesos) y $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las máquinas de la Brigada.
  • El sábado 17 de abril de 2021, en horas del día, en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, fueron vistos dos grupos de paramilitares que se movilizaban camuflados y portando armas largas, cada uno de esos grupos contaba con unos 15 hombres, y se dividieron para patrullar y controlar la zona. Se sabe que uno de los encargados de mando es ALIAS SAMUEL, reconocido paramilitar de la vereda La Unión. Estos paramilitares llevan ya varias semanas allí, portando vestidos militares y armas largas y actúan a todas sus anchas y nadie los molesta. Aún se encuentran acantonados en esa vereda.
  • El miércoles 21 de abril de 2021, en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, muy cerca a la propiedad de nuestra Comunidad de Paz, hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados.
  • El jueves 22 de abril de 2021, hacia las 13 horas, y por más de 3 horas en la vereda la Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares reunió a los pobladores de varias veredas, Miramar, San José, La Linda entre otras, para imponer la suma de dinero que deben pagar, para contribuir con la construcción de la carretera que ya llega a la vereda la Linda proveniente del casco urbano de San José. La advertencia de los paramilitares en dicha reunión es que todo el mundo debe pagar la tarifa impuesta por ellos, quien no lo haga asume las consecuencias.  
  • En los últimos días, por las redes sociales han circulado fotos de reuniones y acuerdos entre pobladores del corregimiento de San José, con efectivos de la brigada XVII para la construcción de carreteras en San José de Apartado. Mismos proyectos que hoy impulsa e impone los paramilitares en veredas del corregimiento de San José con maquinaria y operadores de la Brigada XVII. Según las informaciones allegadas, en dicha reunión entre pobladores de San José y efectivos del Batallón Vélez ultimaban detalles para la apertura de carreteras en San José, después de terminado el encuentro un coronel afirmo a uno de los asistentes que la relación entre militares y paramilitares es conjunto. Que mas evidencia que por un lado los militares con sus máquinas y operadores de la Brigada XVII abren nuevas carreteras mientras los paramilitares van adelante imponiendo y obligando a los campesinos a contribuir con dicho proyecto.

El control paramilitar sigue siendo el sostén de los intereses económicos. Se ha llegado  al punto de que se prohíbe incluso trabajar la tierra, como estrategia para expropiar al campesino de su tierra o para que termine aburriéndose y vendiéndosela al mismo empresariado que contrata a los paramilitares para realizar el trabajo sucio.

Ahora no hay caminos aptos para transitar, pues el barro y el agua se apoderaron de lo que era un camino construido a pico y pala por muchos años.

Persiste el afán por exterminar nuestra Comunidad Paz y para ello el Estado y los paramilitares incentivan a la población a actuar en contra de nuestra Comunidad, todo con la promesa de construir carreteras ilegales a las cuales después no les van a hacer mantenimiento, porque no le interesa el campesino sino su destrucción y lastimosamente los campesinos se están prestando para su propia destrucción.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no siga destruyendo  nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 23 de 2021

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La mayoría de los países latinoamericanos no ratifican el acuerdo de Escazú para proteger a defensoras ambientales

En el Día de la Tierra

 

El acuerdo solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. Algunos de los que más agresiones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela, no lo han firmado.

Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra este 22 de Abril, Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia la falta de compromiso de los países de América Latina  y el Caribe con el acuerdo internacional Escazú, auspiciado por la ONU, con el objetivo de garantizar un entorno seguro a personas y grupos defensores de derechos humanos y ambientales. El acuerdo, en principio adoptado en 2018, solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. De hecho, faltan algunos de los que más agresiones y persecuciones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela.

Aunque este jueves, 22 de abril, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a día de hoy, el acuerdo solo ha sido firmado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina. 

Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuerda que en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos en el mundo. El 69% estaban implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales, de ellas 44 fueron mujeres, según el informe de FrontLine Defenders. La organización destaca que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para las defensoras –solo en Colombia, en 2020, fueron asesinados 177- y denuncia las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, aludiendo a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico. 

La ONG, que trabaja en América Latina y Caribe desde hace más de 35 años, ha lanzado la campaña #GuardianasDelAguaylaTierra para visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras y denunciar su persecución. Desde que se comenzó a negociar el Acuerdo han sido asesinadas más de 2.500 personas en todo el mundo, la mayoría en una región, cada vez más codiciada por empresas extranjeras y, a la vez, muy afectada por los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La mercatilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Caal Xol, a las que hay que recordar en días como éste. Son quienes están en primera línea defendiendo derechos que se vulneran con la connivencia de sus gobiernos, algo que vemos que va en aumento y hace muy necesario este tipo de regulaciones”, ha señalado Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la organización.

Asimismo, una reciente investigación en la revista Nature ha concluido que, sólo a causa del cambio climático, la producción agrícola en América Latina y Caribe ha disminuido casi un 26%. Esto implica que, a menor producción, hay más dificultades para las comunidades campesinas, que deben, además, afrontar el expolio de sus territorios a manos de compañías extranjeras.

Por ello, Alianza por la Solidaridad reclama a todos los países de la región –y especialmente a Colombia, Guatemala, Honduras o Brasil- que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Asimismo, pide a la Unión Europea y al Gobierno de España que se involucren en la puesta en marcha de instrumentos como éste, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitarios; así como favoreciendo las inversiones privadas en países que lo hayan ratificado. En este sentido, también se insta al Gobierno de España a poner en marcha una ley que regule la debida diligencia de las empresas respecto a los derechos humanos y ambientales, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Por | 22/04/2021

Un hombre con mascarilla pasa junto a un vagabundo sentado en una acera en Manhattan, Nueva York (EE.UU.), el 5 de mayo de 2020.Mike Segar / Reuters

Se estima que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

De igual forma que algunos pacientes que superan el covid-19 tienen síntomas de larga duración, la economía global seguirá notando efectos negativos "una vez que se desvanezca el rebote en forma de V de este año", pronostica un artículo de Bloomberg.

Según la publicación, si bien los estímulos por valor de 26 billones de dólares y la llegada de vacunas han impulsado "una recuperación más rápida" de lo que muchos anticipaban, "el legado de la educación atrofiada, la destrucción de puestos de trabajo, unos niveles de deuda propios de periodos de guerra y las desigualdades cada vez mayores entre razas, géneros, generaciones y geografías dejarán cicatrices duraderas, la mayoría de ellas en las naciones más pobres".

Los efectos que "duran décadas"

El profesor asistente Vellore Arthi, de la Universidad de California en Irvine, que ha examinado el impacto económico y de salud a largo plazo de crisis pasadas, explica que, aunque "es muy fácil después de un año agotador, o de más, sentirse realmente aliviado de que las cosas hayan vuelto a la normalidad", muchos de los efectos que vemos históricamente a menudo "duran décadas y no se abordan fácilmente".

En total, la caída del producto interno bruto el año pasado fue la mayor desde la Gran Depresión, lo que equivaldría a 255 millones de personas en trabajos a tiempo completo, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entretanto, los investigadores del Pew Research Center calculan que la clase media mundial se contrajo por primera vez desde la década de 1990.

"Volver al estándar anterior al covid llevará tiempo", confirma Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, al tiempo que recalca que las secuelas de coronavirus "no se revertirán" en muchos países.

De hecho, Bloomberg explica que no todas las naciones se verán afectadas por igual. Así, el Fondo Monetario Internacional considera que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus este año y en el futuro, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

¿"Una década de decepciones"?

El pasado mes de enero, el Banco Mundial advirtió en un informe que nos adentramos en "una década de decepciones en el crecimiento global" a menos que se tomen medidas correctivas. Los expertos consultados por la agencia matizan que no es necesario que se pierda una década si se toman las medidas políticas adecuadas, especialmente en las áreas de reconversión de las habilidades de los trabajadores y de apoyo a los más afectados por la crisis. 

Sin embargo, Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, advierte de la existencia de "una incertidumbre genuina sobre cuánto cambia el comportamiento de la gente en términos de patrones de consumo como resultado de esta crisis". Si las personas vuelven a "comer en restaurantes, realizar viajes de placer, hacer ejercicio en gimnasios", muchas de las industrias afectadas revivirán, pero también es posible que "los gustos de la gente cambien de verdad", en cuyo caso habrá más desempleo, a lo que se une el hecho nada reconfortante de "no hay una buena solución del Gobierno para eso", recalca.

Por otro lado, como la crisis ha acelerado el uso de robots, tanto en la fabricación como en la industria de servicios, millones de puestos de trabajo se verán amenazados, con importantes interrogantes sobre si se crearán suficientes empleos nuevos en el proceso. De hecho, según McKinsey & Co, más de 100 millones de personas en ocho de las economías más grandes del mundo pueden necesitar cambiar de ocupación para 2030, viéndose más afectados los menos educados, las mujeres, las minorías étnicas y los jóvenes. 

Los efectos a más largo plazo también serán evidentes en el capital humano después de que la pandemia sacara de las aulas a niños y a los estudiantes universitarios durante un año en algunos países.

Finalmente, la forma de financiar una recuperación total será complicada por los 24 billones de dólares adicionales en préstamos que el mundo asumió en 2020, lo que eleva la deuda total a un nuevo récord de 281 billones, según el Instituto de Finanzas Internacionales.

Publicado: 19 abr 2021 02:19 GMT