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Foto: Twitter / Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Defensa Civil de Colombia reportó 11 personas rescatadas y continúa en la búsqueda de posibles sobrevivientes en el municipio de Mallama, departamento de Nariño.

En el municipio de Mallama, al suroeste de Colombia, un deslizamiento de tierra provocó este martes la muerte de al menos 11 personas, cifra que podría ser mayor debido a que hay unos 20 personas desaparecidas, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El alud se produjo por las intensas lluvias que se han registrado en esa zona rural del departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. La avalancha de lodo y piedras sepultó un hotel, un restaurante y un billar, según reportó el medio local El

De acuerdo a lo informado por Defensa Civil de Colombia, 11 personas fueron rescatadas con vida del lugar, mientras que dos viviendas quedaron destruidas. 

Los 11 sobrevivientes fueron trasladados a centros de salud de Pasto y Tumaco, con pronósticos reservados.

En tanto, Hader Gaviria, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Nariño, alertó que podrían ocurrir nuevos deslizamientos en la zona, por lo que recomendó a la población que habita en lugares cercanos a los ríos que estén pendientes ante la eventual necesidad de una rápida evacuación.

Naciones Unidas

Un avance frente a la impunidad de las multinacionales

 

Por Santiago Gómez Vallejo | 30/10/2021

Se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda.

El profesor estadounidense John Ruggie, desgraciadamente fallecido este mes de septiembre, fue autor, junto a un grupo de expertos, de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados en 2011. 

Estos Principios, nadie lo duda, fueron un avance relevante para establecer unos baremos de comportamiento para las empresas y, sobre todo, para las transnacionales, allá donde mantienen actividades. Pero, eso sí, al derivar a los estados su cumplimentación normativa, así como los instrumentos de vigilancia y sanción, los llevan al marco de la Responsabilidad Social Corporativa y la voluntariedad. 

Fue el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el que encargó la elaboración de estos Principios al profesor de Harvard en el año 2005, tras varios fracasos anteriores, y fue en abril de 2008 cuando el profesor Ruggie hizo pública su propuesta para fijar unos elementos de respeto de los derechos humanos internacionalmente que se viesen reconocidos por parte de las empresas. Las discusiones y aproximaciones, la búsqueda de consensos por parte de gobiernos y actores económicos le llevaron otros 3 años. El logro de estos Principios no sólo se debe al establecimiento de responsabilidades y de comportamientos empresariales correctos, sino también a la inclusión en el mismo texto de la pretensión de ‘mitigar’ y ‘reparar’ el daño potencialmente causado. Para ello, aluden a una necesaria y previa diligencia debida que ayude a las decisiones de inversión y funcionamiento empresarial. 

De este mismo árbol propositivo provienen, sin lugar a dudas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, asumidas por 42 países (más que sus actuales socios) y la revisión en 2017 de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo que, en principio, goza de un carácter más universal. 

Tanto en las Líneas de la OCDE, como en la Declaración actualizada de la OIT, hay un elemento que amplía la capacidad operativa de los Principios al crear mecanismos de acuerdo con los cuales una parte interesada puede solicitar mediación o denuncia de un supuesto mal comportamiento de una empresa –fijado en las Líneas o Declaración- ante un organismo administrativo, sito en el país en el que se encuentre la sede social de la empresa. 

Esto supone un avance claro frente a la impunidad de aquellas empresas que actúan en países con gobiernos de limitada capacidad para el control y sanción de esos supuestos malos comportamientos o en los que no cabe esperar un funcionamiento adecuado del régimen de derechos humanos. Pero, no lo olvidemos, los únicos mecanismos actualmente operativos, los de la OCDE, a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) – en España dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, siguen siendo voluntarios. Por lo tanto, la empresa demandada, en el mejor de los casos, por supuestas malas prácticas, y en función de su capacidad de presión ante un organismo no independiente, puede verse afectada, si acaso, en que haya unas líneas escritas en un informe que estará en algún rincón de la nube digital y en que los afectados intenten señalar esas malas prácticas corporativas sin recibir mitigación o reparación alguna por el daño sufrido. 

Pensemos en los indígenas guatemaltecos depauperados entre cinco presas construidas por Cobra (ACS) que no fueron consultados, o los palestinos inermes ante el poder israelí que ha contratado a CAF, GMV y TYCSA para facilitar la transferencia y movilidad de colonos en los Territorios Ocupados palestinos. Por cierto, Israel es socio de una OCDE que dice defender el derecho internacional.   

En cierta ocasión, y en la misma OCDE, tuvimos oportunidad de preguntar al profesor Ruggie, en el marco de una reunión del TUAC (Comité Asesor Sindical de la OCDE) por qué no figuraba en sus Principios (y en el texto, entonces no aprobado, de las Líneas) ninguna referencia contraria a las prácticas empresariales de elusión fiscal en las guaridas fiscales, mal llamadas paraísos. Él nos confesó que, para que viesen la luz los Principios (y las próximas Líneas de la OCDE), había que hacer concesiones a los gobiernos, aunque éstos manifestasen en público que desean el mejor de los mundos. Muchos de ellos están cooptados por esas grandes empresas.   

Por todo ello, constatando que la voluntariedad de acceder a una mediación y seguir unas recomendaciones no obligatorias tiene un limitado recorrido frente a empresas que quieren conscientemente lucrarse con sus malas prácticas, diversos Estados, inicialmente Ecuador y Sudáfrica, promovieron, escuchando las reclamaciones de múltiples organizaciones, un tratado vinculante que, esta vez sí, tuviera un mecanismo de denuncia que pudiera obligar, en su caso, a mitigar y reparar a las víctimas por el mal comportamiento empresarial. Un tratado que tuviera esas características supondría la culminación de la obra del profesor Ruggie. 

Ahora, en octubre, se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda incluso el mandato para su elaboración o el que disponga de mecanismos de control y aplicación efectiva respecto a las empresas presuntamente infractoras. 

España, remisa a intervenir cuando ha sido miembro del Consejo, tiene la oportunidad de construir junto a los otros miembros de la Unión Europea una norma coherente y que fortalezca una gobernanza acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tanto se reclaman como fundamento de su actuación. 

Santiago González Vallejo. Economista, USO. Plataforma de la Justicia Fiscal 

Miembros de milicias armadas afroamericanas marcharon con sus armas en Tulsa, Oklahoma, para conmemorar el aniversario 100 de la masacre contra la comunidad afroamericana de esa ciudad. Foto: Getty Images.

La notoria Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, NRA) de Estados Unidos, un grupo que históricamente ha tenido formidable influencia para promover la venta, posesión y uso de armas y frenar los intentos de control de éstas, se encuentra actualmente en decadencia y enfrenta severos problemas legales que podrían imponerle su disolución.

Pero la compra, posesión y portación de armas de fuego en Estados Unidos tienen actualmente niveles récord y, en paralelo, otros grupos han surgido para promover, afirman, el ejercicio de la Segunda Enmienda entre poblaciones diferentes.

Es el caso, por ejemplo, de la Latin Rifle Association (LRA, que podría traducirse como Asociación del Rifle Latino) que, como comenta la televisora CBS News, fue constituida como autodefensa y para promover visiones de izquierda de propietarios latinos de armas de fuego.

Sus argumentos

“No creo que la defensa propia, que es fundamentalmente autonomía corporal, deba se ejercida exclusivamente por personas políticamente de derecha”, dijo P.B. Gómez, fundador de LRA de 23 años.

La LRA fue fundada en 2020 y se afirma cuenta ya con cientos de miembros en varias partes de Estados Unidos.

“Nuestros principales simpatizantes han sido izquierdistas, han sido socialistas, progresistas. Uno tiene que tener una desconfianza de la autoridad. La policía y el gobierno no estaban cuidándome, así que yo tuve que hacer las cosas por mi cuenta”, añadió Gómez a CBS News.

Gómez cuenta que la masacre provocada por un tirador en un Walmart de El Paso, Texas, lo impulsó a crear la LRA, ante el hecho de que un supremacista blanco haya específicamente atacado a latinos.

Así, la LRA promueve la posesión y portación de armas, y en la lógica de Gómez eso sería una forma de dar a latinos como él la capacidad de protegerse y lograr esa autonomía corporal en un contexto hostil. El ejercicio de la Segunda Enmienda, él considera, no es exclusivo de los anglosajones o de la derecha.

No es ciertamente un caso único. “Hemos visto un dramático incremento de grupos que apoyan el derecho a las armas para personas LGBTQ, personas de color y otros grupos de orientación de izquierda en los años recientes”, dijo a la CBS News el profesor de derecho constitucional de UCLA, Adam Winkler.

Con todo, Winkler señala que esos grupos aún son pocos y distanciados unos de otros.

También entre los afroamericanos

Otro caso es la Asociación Nacional Afroamericana de Armas (National African American Gun Association) que actualmente suma ya 30,000 miembros y ha crecido en los años recientes.

Casos de grupos afroamericanos que portan abiertamente armas no son nuevos, y se han dado casos de diversos cuños desde hace décadas. Van desde grupos históricos como los Black Panthers hasta otros de reciente creación como la Not Fucking Around Coalition, que ha organizado notorias marchas de personas afroamericanas fuertemente armadas.

Nick Bezzel, fundador del Elmer Geronimo Pratt Gun Club, también promueve la posesión y portación de armas entre los afroamericanos. Su organización fue bautizada en alusión a Elmer Geronimo Pratt, veterano del ejército y uno de los líderes de los Black Panthers a finales de los años 60 y principios de los 70 que pasó casi tres décadas en prisión tras una condena por asesinato que luego fue anulada.

“Todos tienen derecho a la autopreservación, sin importar quién sea… No promuevo la violencia, pero sí la autodefensa”, dijo Bezzel a CBS News.

El auge de organizaciones como las fundadas por Gómez y Bezzel se da en un contexto de severa polarización en Estados Unidos, y en el rudo contexto de masacres como la de El Paso o de la Iglesia Emanuel AME o del asesinato a manos de policías del afroamericano George Floyd.

Y, al parecer, ambos ven a las armas y al ejercicio irrestricto de la Segunda Enmienda como una forma de protegerse de ataques supremacistas y racistas ante una autoridad que no los protege.

Con todo, la proliferación de armas y la actividad de grupos que las poseen y portan abiertamente y en gran escala puede catalizar las tensiones, y algunos expertos cuestionan que esas expresiones, así sean de autodefensa y en reacción a presiones ominosas, pueden ser destructivas “del debate político y del tupo de comunicad que necesitamos para salir adelante en los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos”, señaló el profesor Winkler.

29 octubre 2021

(Tomado de Yahoo Noticias)

Estados Unidos vuelve a insistir con la extradición de Julian Assange

La justicia británica está examinando la solicitud de Estados Unidos de revocar la decisión de una jueza de primera instancia de rechazar la extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje. Washington lo acusa de 17 cargos de espionaje que suman una pena posible de 175 años de prisión. El fundador de WikiLeaks es señalado por divulgar cientos de miles de documentos confidenciales de militares y diplomáticos estadounidenses.


El abogado de Estados Unidos en el caso contra Assange, James Lewis, alegó que la jueza Vanessa Baraitser se equivocó al fallar que Assange podría suicidarse debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.

En enero, Baraitser rechazo la demanda de extradición de Washington argumentando que existía riesgo de que Assange se suicidara debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.El fundador de WikiLeaks es considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra la libertad de expresión. Assange estuvo recluido durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres, en 2019 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Belmarsh.

Por su parte, Lewis dijo que el gobierno de Estados Unidos prometió que Assange, de 50 años, no será mantenido en una prisión de máxima seguridad ni en condiciones de aislamiento antes de ser juzgado. Además, aseguró que si es condenado podría cumplir su sentencia en su natal Australia.

En respuesta, el abogado Edward Fitzgerald, el defensor de Assange, dijo en un escrito que Australia todavía no aceptó recibir a Assange en caso de que sea condenado en Estados Unidos. En caso de que aceptara, el proceso legal en EE.UU. podría alargarse una década, "durante la cual el señor Assange permanecerá detenido en un aislamiento extremo", argumentó Fitzgerald que acusó a Lewis de intentar “minimizar la severidad del trastorno mental y el riesgo de suicidio del señor Assange".

Libertad de expresión

Afuera del tribunal, ubicado en el centro de Londres, se congregaron decenas de seguidores del fundador de WikiLeaks. Los manifestantes pedían por la libertad de Assange al tiempo que calificaron de “juicio político” el proceso judicial en su contra.

Se esperaba que Assange compareciera por videoconferencia, pero Fitzgerald dijo que su cliente había recibido una alta dosis de medicación y no se sentía bien para participar del procedimiento. Más tarde, en una pantalla de video en la sala se lo vio conectarse por momentos para seguir la audiencia.

La pareja de Assange, Stella Moris, manifestó su preocupación por la salud de su compañero. “Lo vi el sábado. Está muy flaco”, afirmó. La audiencia se extenderá hasta el jueves aunque los jueces que la presiden, entre ellos el jefe de la judicatura del Reino Unido, Lord Ian Burnett, no tienen previsto dar su veredicto hasta dentro de varias semanas. La parte que pierda esta audiencia puede apelar la decisión ante la Corte Suprema del Reino Unido. Los cargos contra Assange contemplan una pena máxima de 175 años. Según Lewis "la condena más larga jamás impuesta por estos mismo delitos es de 63 meses".

Una década de persecución

Tras siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, Assange fue detenido en abril de 2019 cuando el entonces presidente ecuatoriano, Lenin Moreno revocó el asilo político y la ciudadanía otorgada por su predecesor, Rafael Correa. El fundador de WikiLeaks se había recluido en la embajada mientras estaba con libertad bajo fianza. Assange temía ser extraditado a Estados Unidos o Suecia, que lo requería por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.


Su libertad es reclamada por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La directora de campañas internacionales de RSF, Rebecca Vincent, aseguró que en el último año se intensificó la atención mundial sobre el caso, aunque se subestima la gravedad de la situación desde el punto de vista de la libertad de prensa, según consigna el diario británico The Guardian.

"El hecho de que se haya llegado tan lejos tiene un efecto escalofriante en la información sobre seguridad nacional en todo el mundo. Sigue habiendo una tendencia entre algunos a compartimentar esto, o a tomar una posición particular basada en opiniones personales sobre Julian Assange, pero si Estados Unidos tiene éxito en asegurar su extradición, entonces el precedente que podría establecer para cualquier organización de medios de comunicación no puede ser exagerado".

A mediados de octubre instaron al fiscal general de Estados Unidos a abandonar las medidas contra Assange. El proceso en su contra fue lanzado durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), mientras que en la administración de Barack Obama (con Biden como vicepresidente) la justicia norteamericana había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks. Actualmente la Casa Blanca no modificó la postura endurecida durante el gobierno de Trump.

27 de octubre de 2021

El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico invade nuestras vidas

La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida,  desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

  • La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
  • la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
  • el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
  • los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
  • la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
  • la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

Tampoco es inevitable.

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.

Por Thalif Deen | 27/10/2021

Jiuzhang 2.0, un septillón veces más poderoso que la supercomputadora más avanzada del mundo, contribuirá a la teoría de grafos, el aprendizaje automático y la química cuántica.

En un intento de lograr la supremacía cuántica, un equipo de investigadores dirigido por el profesor Pan Jianwei, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, ha desarrollado un prototipo de computadora cuántica bautizado Jiuzhang 2.0 a través de la cual se detectaron 113 fotones. El estudio fue publicado este lunes en la revista científica Physical Review Letters.

La supremacía cuántica se da cuando un nuevo prototipo de computadora cuántica consigue realizar una tarea específica utilizando exponencialmente menos recursos que las computadoras existentes más poderosas.

Jiuzhang 2.0 se basa en el algoritmo de muestreo de bosón gaussiano expansible, un algoritmo de simulación clásico que le permite alcanzar un rendimiento sin precedentes. Este modelo es un septillón de veces más poderoso que la supercomputadora más avanzada del mundo y tardará un milisegundo en resolver tareas que llevarían al ordenador más potente existente 30 billones de años, según China Daily.

Se espera que la nueva supercomputadora se muestre muy eficaz para profundizar en los conocimientos en áreas como la teoría de grafos, el aprendizaje automático y la química cuántica.

Su versión anterior, Jiuzhang, que se presentó en diciembre del año pasado, marcó la primera vez que China alcanzó la supremacía cuántica, convirtiéndose en el segundo país del mundo en lograr esta meta.

Publicado: 26 oct 2021

Fuentes: Rebelión [Imagen: Ponencia plenaria de Víctor Galaz del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo (Suecia)]

– 500 profesionales de la ecología se han reunido durante cuatro días en el XV Congreso Nacional de la AEET, para compartir los conocimientos más actuales en ecología y entender las respuestas de los ecosistemas ante las perturbaciones del cambio global.

– El motivo central de este Congreso celebrado en Plasencia es “la puesta en valor de la ecología” y la puesta en práctica de los conocimientos generados dentro de esta área científica. “Desde la ecología tenemos claro qué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado”, ha declarado Ignasi Bartomeus, presidente de la AEET.

– Durante este evento se han compartido más de 450 trabajos científicos para profundizar en procesos ecológicos globales como la degradación de los ecosistemas, las emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad o la inseguridad alimentaria.

500 profesionales de la ecología se han reunido durante cuatro días en el XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre, un evento para el intercambio de los conocimientos ecológicos más actuales y desde el cual se reclama “la puesta en valor de la ecología”, como ciencia capaz de dar respuesta a los efectos negativos del cambio global. “Desde la ecología tenemos señales muy claras de que es el momento de actuar y tenemos claro qué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado”, segúnha declarado Ignasi Bartomeus, presidente de la AEET.

  

Sesión científica sobre Inteligencia Artificial

En este encuentro celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia del 18 al 21 de octubre, se han compartido 450 trabajos científicos que son clave para entender cómo funcionan los cambios detectados en la naturaleza, tanto a nivel local como global, para que “a partir de este conocimiento científico podamos tomar las mejores decisiones de cara a que estos cambios no nos afecten en negativo o que sepamos aprovechar aquellas oportunidades que nos pueda brindar la naturaleza”, según ha explicado Gerardo Moreno, profesor de la Universidad de Extremadura y miembro del Comité Organizador del congreso.

Los temas tratados en el Congreso se han centrado principalmente en cómo la ecología puede ayudarnos a entender y enfrentarnos a retos derivados del cambio global tales como la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, los cambios en el uso del suelo, la inseguridad alimentaria o la mejora de la gestión y conocimiento de los ecosistemas, entre otros.

La ceremonia de apertura de este congreso contó con la participación de Antonio Hidalgo, Rector de la Universidad de Extremadura; Jesús Alonso, Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de Extremadura; Fernando Pizarro, Alcalde de Plasencia e Ignasi Bartomeus, Presidente de la AEET.

Un evento que ha sido impulsado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), la cual aúna a más de 800 profesionales de la ecología y el medio ambiente terrestre, con el apoyo de la Universidad de Extremadura y el Instituto de Investigación de la Dehesa (Indehesa), así como de la Junta de Extremadura y de las entidades Fundecyt PCTEX y AllGenetics.

Desde la ecología estamos trabajando para medir y entender los riesgos a los que nos enfrentamos”

Durante estos cuatro días se han dado cita personas expertas en todas las áreas de la ecología terrestre, entre las que destacan científicos y científicas de reconocido prestigio nacional e internacional como Sara Varela de la Universidad de Vigo, investigadora que lidera el proyecto de predicción «Mapas Lab», quien ha resaltado el papel fundamental de la ecología en la actualidad: “la naturaleza está cambiando y desde la ecología estamos trabajando en medir y entender los riesgos a los que nos enfrentamos, para que el impacto sea el menor posible”, según ha apuntado en declaraciones durante el congreso.

Por su parte, Marta Goberna del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), investigadora que coordina el proyecto europeo EJP SOIL, ha señalado algunas de las barreras a las que se enfrenta la comunidad científica a la hora de poner en práctica los conocimientos generados: “nos encontramos con dificultades a la hora de transmitir a la sociedad que hay determinadas prácticas humanas que rompen los equilibrios naturales, lo que frena el impulso de actividades que respeten este equilibrio”, ha explicado.

A este respecto, desde la AEET han destacado que para conseguir “ese equilibrio con la naturaleza, no podemos seguir mirando a corto plazo”, ya que según explica Ignasi Bartomeus, los retos del cambio global requieren de una visión holística que mire a la totalidad del problema.

La importancia de la ecología en una sociedad global

En este evento se han celebrado dieciséis sesiones temáticas centradas en profundizar sobre procesos y cambios ecológicos que se están dando a nivel mundial, para comprender de forma conjuntacómo responderán los ecosistemas a lo largo del tiempo ante las perturbaciones derivadas del cambio global y poner en marcha estrategias de mitigación.“La sociedad mundial se enfrenta a desafíos medioambientales comunes como la COVID 19 o el cambio climático, lo que demuestra la vital importancia de la ecología a nivel global, el motivo central de este Congreso”, tal y como ha señalado la AEET.

Es por eso, que las sesiones han estado focalizadas en cuestiones globales tan relevantes hoy día como: la recuperación y restauración a gran escala de ecosistemas degradados para mitigar el cambio climático; las respuestas de la ecología del paisaje para hacer frente a dos procesos globales que ponen en compromiso la conservación de los ecosistemas como son la intensificación agraria o expansión urbana y el abandono o renaturalización; la función de los sistemas agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria; la relación de la biodiversidad y el bienestar humano para avanzar hacia una sociedad más sostenible; la era del big data y su valor para el seguimiento de la biodiversidad; los avances tecnológicos para predecir de una forma más precisa los impactos humanos sobre procesos tan relevantes como el intercambio genético entre poblaciones, la polinización, la dispersión de semillas;el potencial y límites de la Eco-informática para abordar problemas ecológicos complejos; o los últimos avances en el estudio de un recurso tan valioso como el agua, captación, almacenaje, transporte y redistribución del agua en el ecosistema terrestre.

Mesa Redonda «Ecología en la educación», en el XV Congreso Nacional de la AEET

La transferencia de conocimientos científicos a la sociedad ha sido otro asunto clave de este Congreso, donde se ha visto la “necesidad urgente” de educar en ecología a las futuras generaciones o la difusión e intercambio de conocimientos ecológicos para la gestión pública y social de los ecosistemas. En este sentido, la AEET ha otorgado durante este congreso los Premios Luis Balaguer a la investigadora Montse Vilà, especializada en el estudio de los impactos de plantas invasoras, y a Fernando Valladares, profesor investigador del CSIC que dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, por su excelente trayectoria y transferencia de conocimientos ecológicos a la sociedad.

Para entrevistas pueden contactar con Alba Villanueva (637 873 604)

Publicado: 23/10/2021

Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la despenalización delaborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.

Desde que el órgano inició el debate el viernes pasado, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión, que se tomará a más tardar a fines de noviembre.

Desde 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.

Por eso la Corte está analizando ahora dos recursos de inconstitucionalidad que apuntan a que las mujeres dejen de ser criminalizadas por abortar.

Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada por el colectivo feminista Causa Justa; y otra el magistrado Alberto Rojas Ríos en respuesta a una solicitud del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.

La discusión se enmarca en los recientes avances que han logrado los movimientos de mujeres en la región y que son conocidos como "la marea verde", ya que es el color del pañuelo que simboliza la lucha por el derecho aborto y que muestran de manera masiva en las manifestaciones.

Uno de los momentos culminantes de esta lucha ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, pero todavía falta el aval del Senado.

Escenario

Para despenalizar el aborto en Colombia se requieren por lo menos cinco de los nueve votos que hay en la Corte Constitucional.

Por ahora, se prevé que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

Parte de la incertidumbre se debe a que falta conocer los detalles de las ponencias de Rojas Ríos y de Lizarazo, y debatirlas en el pleno. En ambos casos, la tesis central es que se debe declarar la inconstitucionalidad del Artículo 122 del Código Penal porque discrimina a las mujeres.

Por otro lado, la semana pasada la Consultora Ipsos reveló que, de acuerdo con una encuesta global, en Colombia la legalización del aborto solo tiene un apoyo del 26 % y que el 9,0 % lo considera inadmisible en cualquier circunstancia. Por el contrario, un 36 % la aprueba solo en determinados casos.

Más allá de que el respaldo social no es mayoritario, el movimiento Causa Justa advierte que el derecho al aborto en Colombia no está plenamente garantizado, ya que hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia para no interrumpir embarazos aunque cumplan con alguna de las tres causales que ya están despenalizadas.

El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que esta organización realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas.

Uno de los datos más destacados del documento, que fue presentado en julio pasado, es que demuestra que desde 2006, cuando se logró la despenalización por causales, las denuncias en lugar de reducirse, aumentaron hasta alcanzar un promedio de 400 al año.

21 octubre 2021

Calles vacías por el paro en la maltratada nación caribeña.. Imagen: AFP

La banda armada que secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití pidió un rescate de un millón de dólares por cada una de las personas captivas, según informó el ministro de Justicia, Litz Quitel. Mientras que en el país caribeño, especialmente en Puerto Príncipe, las calles amanecieron casi vacías por segundo día consecutivo debido a una huelga promovida por organizaciones patronales y sector transportista en reclamo por la inseguridad, raptos y asesinatos tras el reciente secuestro. Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital.

"La banda haitiana que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses está pidiendo 1 millón por cada uno para su liberación, un total de 17 millones de dólares", aseguró Quitel, que luego indicó que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas durante las negociaciones.

El ministro de Justicia subrayó que el FBI y la policía de Haití están en contacto con los secuestradores, y que las negociaciones podrían durar días o semanas. "Estamos intentando lograr su liberación sin pagar un rescate. Esta es la primera vía de acción. Seamos honestos: Cuando les demos ese dinero, ese dinero será usado para (comprar) más armas y municiones”, afirmó Quitel.

El ministro además señaló que su equipo no participa en las negociaciones. "No tengo los datos específicos, no quiero interferir con quien está negociando y los secuestradores. Cada caso es diferente", dijo al diario The Washington Post.

Quitel añadió que las autoridades del país buscan llegar a un desenlace similar al del secuestro en abril pasado de un grupo de sacerdotes y monjas católicos por parte de la misma banda, 400 Mawozo. En esa negociación los cinco curas, dos monjas y tres de sus familiares fueron liberados a finales del mismo mes con el pago de rescate únicamente por dos de los sacerdotes, aseguró el ministro de Justicia.

En abril, 10 personas, entre ellos dos religiosos franceses, estuvieron secuestrados 20 días por la banda 400 Mawozo en la misma región situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana. Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Puerto Príncipe, afirmó que la banda 400 Mawozo estuvo detrás de cerca del 80 por ciento de los secuestros del tercer trimestre de 2021, según consigna el matutino estadounidense.

Según indicó Quitel, las 17 personas están siendo retenidas en una casa justo afuera de Croix-des-Bouquets, donde lsos misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobus al este de Puerto Príncipe. La zona está controlada por la banda 400 Mawozo.

Por su parte, Estados Unidos reiteró que no negociará con quien secuestra a sus ciudadanos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Washington mantiene su política de no negociar con secuestradores remarcó que el objetivo continúa siendo "traerles a casa". En el grupo de víctimas figuran cinco niños, el menor de ellos de ocho meses y otros de 3, 6, 14 y 15 años.

La Policía Montada de Canadá confirmó este martes que está trabajando con las fuerzas policiales de Haití y Estados Unidos en el caso de los misioneros secuestrados. En una declaración a los medios, la policía canadiense señaló que "está tomando muy en serio esta situación y está colaborando con las autoridades policiales de Haití y Estados Unidos en este incidente". Por otra parte, afirmaron que no harán más comentarios sobre investigaciones en marcha en otros países.

En tanto la cancillería canadiense señaló que está recabando más información junto a las autoridades locales y Christian Aid Ministries tras conocerse el secuestro de los misioneros. Las autoridades canadienses no han revelado la identidad del ciudadano de ese país que hace parte del grupo de rehenes.

Reclaman acción al gobierno

En las calles de la capital haitiana habían unos pocos vendedores ambulantes. Sólo algunos grandes mercados abrieron las puertas, pero la mayoría de las escuelas, instituciones financieras y de la administración pública se adhirieron a la huelga.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, Mehu Changeux, explica que el paro reclama la acción del Gobierno para combatir a las pandillas y critica una supuesta campaña de las autoridades para ahogar las demandas de la población. "Les decimos que no es el dinero lo que hace que los conductores y los ciudadanos se queden en casa, es la convicción", tuiteó el sindicalista.

Sin embargo, cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital, y en algunas zonas se experimentaba una reactivación del transporte colectivo, mientras que en otros departamentos más alejados de la capital los sectores no acataron la huelga, precisaron medios locales.

20 de octubre de 2021

24 hipopótamos de Pablo Escobar se suman a los 11 que ya habían sido esterilizados de forma tradicional.. Imagen: EFE

Buscan frenar su reproducción descontrolada

Con el objetivo de controlar el crecimiento "descontrolado" de hipopótamos en Colombia, organismos ambientales desarrollaron la primera prueba de inmunocastración en 24 ejemplares que viven en la región de Magdalena Medio, descendientes del zoológico personal de Pablo Escobar.

A los hipopótamos capturados les inyectaron GonaCon, medicamento del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis, por su sigla en inglés), del Gobierno de Estados Unidos (USDA), donado a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), autoridad ambiental colombiana.

"Se trata de un anticonceptivo que tiene efectividad en machos y hembras y se implementó inicialmente en la población que se encuentra aledaña al Parque Temático Hacienda Nápoles (lugar del que escaparon los hipopótamos de Escobar)", explicó Gina Paola Serna, médica veterinaria de Cornare, citada en un comunicado de la embajada de EE.UU. en Bogotá.

El zoológico personal de Pablo Escobar

Pablo Escobar, el poderoso jefe del cartel de Medellín, importó en 1981 de un zoológico de Estados Unidos cuatro hipopótamos: tres hembras y un macho. El líder narco tenía una colección de animales exóticos en una finca de 3.000 hectáreas cerca del Magdalena y hoy dedicada al turismo.

Con el tiempo, la población de esta especie creció de manera descontrolada. Por eso los organismos involucrados esperan que la iniciativa sea una referencia "para el control de la población de los hipopótamos invasores, caso único en el planeta". 

El número de hipopótamos y el territorio ocupado fue creciendo, ya que algunos se escaparon de la hacienda y se instalaron a lo largo del Magdalena, donde los locales tuvieron la oportunidad de frecuentar estos animales.

Con la donación de Aphis, el producto fue aplicado a 24 hipopótamos. Estos hipopótamos se suman a los 11 que ya habían sido esterilizados de forma tradicional previamente.

La estelización con GonaCon es más económica que la quirúrgica tradicional, que cuesta entre 6.600 y 8.000 dólares).  

Hipopótamos invasores, un problema ambiental

En este momento hay identificados 80 hipopótamos que están repartidos en tres grupos poblacionales ubicados en la Región del Magdalena Medio. 

Liberados en la hacienda abandonada, luego de que Pablo Escobar fuera detenido por la policía en 1993, los hipopótamos se multiplicaron. El resto de los animales, como flamencos, jirafas, cebras o canguros fueron vendidos a zoológicos. 

Los expertos señalan que el particular legado del narco podría conformar la mayor manada de hipopótamos fuera de África y, por lo tanto, un problema ambiental en Colombia

El coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare, David Echeverri, explicó que "la presencia de estos animales en un ecosistema ajeno trae consecuencias como desplazamiento de nuestra fauna local, modificación de los ecosistemas y ataques" a pescadores, todo debido a que "el crecimiento de la población está descontrolado".

"Necesitamos salvaguardar los ecosistemas del Magdalena Medio, proteger nuestras especies nativas y controlar la población de hipopótamos", añadió Echeverri.

"Estados Unidos siempre está dispuesto a ayudar a los países a controlar animales y plantas invasoras. Entonces, cuando nos llamó Cornare, teníamos los expertos y el producto que pensamos podría ayudar", afirmó Jeromy McKin, agregado de Agricultura de USDA APHIS en la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

19 de octubre de 2021