Cumbre Agraria envía carta al Presidente de la República

Dos indígenas muertos, uno desaparecido, cinco detenidos, un centenar de heridos y siete procesos de judicialización, es el lamentable saldo arrojado hasta el momento por la represión de que han sido objeto las movilizaciones que están en curso por todo el país en el marco de la Minga que lideran indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianas. El lamentable saldo fue entregado por voceros de la Cumbre Agraria en rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia –Onic– en la mañana del 2 de junio. Aumenta la represión del Estado y también la disposición de lucha de los marchantes que dicen permanecer firmes hasta que el Gobierno cumpla los acuerdos pactados desde el 2013. En carta enviada al Presidente de la República exigen garantías y convocan al dialogo. Cumbre agraria, campesina, étnica y popular dispuesta a permanecer movilizada el tiempo que “sea necesario” para lograr los objetivos trazados.

 

 

Hablan los voceros de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular

 

En rueda de prensa que tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones de la Onic, voceros de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, entregaron a la opinión pública un balance de las movilizaciones y la jornada de paro decretado desde el pasado domingo 29 de mayo. A su vez, leyeron a los medios de comunicación una carta remitida al Presidente de la República y luego procedieron a radicarla en las instalaciones del Palacio de Nariño.

Los reportes entregados informan que hasta el momento son dos los indígenas asesinados (uno en la carretera Cali–Buenaventura, otro en el Norte del Cauca), un desaparecido, cinco detenidos, 130 heridos y 7 procesos de judicialización, hechos dolorosos que siembran la indignación entre indígenas y campesinos manifestantes.

El mensaje al Gobierno fue claro y preciso. Los manifestantes exigen: 1. Garantías para la movilización, cese de la represión y del tratamiento militar a la movilización, 2. Instalación de la mesa de negociación por el Presidente, su bancada de ministros y miembros de la Cumbre Agraria, étnica y popular el 3 de junio en Cali, 3. Cese de la campaña de estigmatización y desinformación a la opinión pública sobre la marcha, 4. Liberación de indígenas y campesinos que fueron capturados y están siendo judicializados en el desarrollo de la minga.

Los voceros expresaron también su desacuerdo con los frecuentes intentos por dividir la marcha, así como los recurrentes intentos por denominarlo un paro armado y asociarlo con el Eln. Exigen del Gobierno plenas garantías para que la protesta se lleve a cabo de manera pacífica.

 

Una movilización preparada para todo.

 

Ricardo Herrera, presidente del Coordinador Nacional Agraria (CNA) participe de la Cumbre Agraria, opinó en entrevista para el periódico desdeabajo: “Nuestra posición como organizaciones campesinas agrarias, que hacemos parte del CNA, del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina étnica y Popular, es que respaldamos, saludamos, estamos en un total acuerdo de los diálogos que se están desarrollando entre las Farc y el gobierno nacional y nos parece muy importante en la medida que se podrán resolver algunos problemas, algunas situaciones que se viven en el país, pero decimos que esto no es suficiente, porque es con una parte, con un sector del pueblo colombiano, no es con el conjunto ni con la mayoría del pueblo colombiano”.

Por esto el líder campesino solicitó la creación de un espacio más amplio de participación para otros sectores con reivindicaciones y propuestas para modificar la política del país. Herrera precisó: “En el caso concreto de nosotros como organización agraria, pedimos que se nos tenga en cuenta el tema de la tierra, el tema del derecho a la tierra y sus posibilidades y sus mecanismos para ponerla a producir. Si vemos la negociación de La Habana, los diálogos de La Habana, este tema ha sido muy tímido, no satisface la gran mayoría del sector agrario, del sector popular, quienes estamos exigiendo que el problema agrario se solucione a nivel nacional, a nivel de país”. Es claro que en los acuerdos entre Gobierno y Farc muchos sectores no se sienten incluidos.

El líder campesino enfatizó que en las negociaciones entabladas con el Gobierno no van a tratarse temas nuevos, sino que va a hablarse sobre acuerdos pactados desde el 2013, los mismos que el Gobierno ha incumplido. Sus palabras reflejan que la posición de Cumbre Agraria es mantenerse firme en la exigencia del cumplimiento por part del Presidente, así como la refrendación de lo pactado a través de mecanismos que impidan otro incumplimiento por parte del Estado.

Ricardo Herrara dice que la marcha está preparada para prolongarse indefinidamente. En cuanto a los tiempos se refirió: “Nosotros iniciamos el treinta de mayo, inclusive algunas comunidades empezaron a salir desde el 28, el 29 [...] llevamos ya cuatro días. Hasta hoy –dos de junio– llevamos ya cuatro días de movilización, de paro. El tiempo que duremos nosotros en los sitios de concentración, de las carreteras, en las principales ciudades, en las vías, todo depende de la respuesta que de el Gobierno, a quien le estamos exigiendo que nos sentemos a mirar ese mecanismo de respuesta inmediata de las exigencias. Puede ser, como lo está planteando, mañana, la otra semana, en diez días, en quince días, pero nosotros tenemos la capacidad en este momento de estar como mínimo de quince a veinte días en las carreteras, en la principales vías de este país, denunciando y visibilizando nuestra problemática”.

Además, agregó: “También esta Minga tiene la característica que la vamos a hacer escalonadamente: si los que salieron el treinta de mayo estamos quince o veinte días, pues vendrán otras comunidades, vendrán otros compañeros a relevarnos y a seguir hasta que el Gobierno nos d una respuesta satisfactoria”. Dura prueba al gobierno nacional que en esta oportunidad parece se mide a una movilización estructurada, con voluntad inquebrantable por mantenerse en pie de lucha hasta que los compromisos pactados sean finalmente cumplidos.

 


La carta enviada al Presidente de la República.


Bogotá, 01 de Junio de 2016

 

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ESD

 

Señor Presidente, reciba un atento saludo.

 

Desde el 25 de junio, fecha en que nos reunimos con usted para presentarle un balance del estado de la negociación del Pliego MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR, POR LA REFORMA AGRARIA ESTRUCTURAL, TERRITORIAL, LA SOBERANÍA, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, así como del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el acta del 13 de mayo de 2014, no ha sido posible avanzar en el cumplimiento de los compromisos hechos por usted, señor Presidente, para avanzar en los dos sentidos: el pronto cumplimiento de los acuerdos y la definición e implementación de una ruta para destrabar la negociación de los puntos del pliego priorizados: Economía Propia, Minería-Energía y Ruralidad y Cultivos de Uso Ilícito.

No obstante, que la Cumbre Agraria ha presentado propuestas concretas para avanzar en los dos sentidos mencionados, la precariedad en materia de resultados no dista, en lo sustancial, del balance que le presentamos en la mencionada reunión.

Para el día 14 de abril estaba acordada una sesión de la Mesa Única Nacional, precedida de tres mesas técnicas que adelantaríamos el 13 de abril sobre los temas: Economía Propia, Minería – Energía y Ruralidad, y Cultivos de Uso Ilícito. A través del Ministerio del Interior, el 12 de abril, nos informaron que la Agenda se reducía al tema de Cultivos, incumpliendo el acuerdo suscrito el 10 de marzo que incluía a los tres puntos aludidos. También se había acordado que el Ministerio de Minas y Energía daría respuesta, por escrito, a las cinco propuestas presentadas por la Cumbre Agraria sobre el punto de Minería – Energía y Ruralidad, compromiso que tampoco fue honrado por parte de la Ministra Encargada. En conclusión, la sesión fue desmontada, de manera unilateral, por parte de la representación del gobierno en la mesa. Por tal razón, consideramos que no era útil participar en sesiones de la Mesa Única Nacional que no conducen a resultados satisfactorios y en las que se incumple, por parte del Gobierno, hasta lo más mínimo: dar curso a una Agenda previamente pactada.

Estos hechos evidencian, una vez más, la sistemática estrategia de dilación y desgaste a que ha sido sometida la negociación, por parte de la delegación gubernamental. Cumplidos dos años de haberse iniciado no hay resultados efectivos que den cuenta de la supuesta voluntad política de paz de su gobierno. Políticas como la ley de ZIDRES; el Plan de Desarrollo la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley de reforma tributaria, la venta de ISAGEN, entre otras, van en contravía de una paz con justicia social.

El 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal del 2014, no han sido desembolsados, en medio de obstáculos solapados bajo argumentos técnicos y jurídicos en contravía de los acuerdos sobre un Manual Especial para la Cumbre Agraria. Los recursos de las vigencias fiscales 2015 y 2016 están pendientes en su totalidad incumpliendo el compromiso de principio de anualidad. La estructura de los proyectos de infraestructura es extremadamente lenta, a la fecha no hay ningún proyecto estructurado.

En el tema de derechos humanos el avance es nulo no obstante los compromisos de su gobierno para brindar garantías y acordar alternativas penales para las y los judicializados, en razón del ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta. Asistimos a un contexto de incremento de violación sistemática de los mismos que se traduce en nuestras comunidades en asesinatos, persecución política, desplazamientos, criminalización de la protesta social y amenazas a defensores de DDHH y líderes sociales.

No obstante se han generado algunos escenarios de participación en el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC, en los que los movimientos sociales y populares y la sociedad en general hemos presentado importantes propuestas, estas continúan siendo parte de una agenda social pendiente. Por tal razón, consideramos necesaria e inaplazable la participación autónoma, vinculante y decisoria de la sociedad en el proceso de paz, prioritariamente de esa parte marginada de las decisiones políticas y económicas excluyentes que constituyen las causas estructurales del conflicto que padecemos en Colombia. Nuestros pliegos deben ser considerados como parte de una agenda social para la paz y la mesa nacional, las mesas regionales, sectoriales y temáticas como parte de los mecanismos de participación de la sociedad y de negociación del conflicto social.

En síntesis, el gobierno ha profundizado la crisis de la Mesa Única Nacional. Las mesas regionales no corren mejor suerte, están estancadas y la mayoría de acuerdos también han sido incumplidos.

Tal como está acordado en la metodología de la negociación lo convocamos a usted, señor Presidente, desde el pasado 13 de abril a una reunión para presentarle, nuevamente, un balance de la negociación. La respuesta inicial del Ministro del Interior fue que no será posible hasta finales del mes de junio. Sin embargo, reafirmamos nuestra disposición al diálogo en el entendido que, posteriormente, el gobierno nos informó que estaría interesado en reunirse con la Cumbre Agraria antes de la fecha señalada por el Ministro. Para tal efecto, le proponemos que se instale inmediatamente la mesa de negociación de la minga en la ciudad de Cali y que sea rotativa en otras regiones, manteniendo a Bogotá como el centro de seguimiento y monitoreo.

Debido al panorama descrito anteriormente, la Cumbre Agraria está adelantando una Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular como ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta social y ciudadana en medio de la cual aspiramos a que con el gobierno nacional encabezado por usted, señor Presidente, discutamos, las propuestas priorizadas y desarrolladas en el marco del Pliego Único Nacional que se discute en la Mesa Única Nacional, que presentamos en el documento adjunto.

Exigimos plenas garantías por parte del gobierno para continuar adelantando pacíficamente la Minga y para iniciar la negociación, que cesen la estigmatización gubernamental, los intentos de dividir la Cumbre Agraria y el tratamiento militar con abuso de autoridad, que se le ha venido dando a la Minga con el lamentable saldo de muerte del hermano Willintong Quibarecama Nequirucama y decenas de heridos, contusos, detenidos y judicializados en medio de las arremetidas violentas del ESMAD y la Fuerza Pública contra las comunidades movilizadas en el Valle del Cauca, Huila, Risaralda, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Antioquía, Arauca, Huila y otras regiones.

Finalmente, el presidente del Senado, Doctor Luis Fernando Velasco, ha propuesto adelantar un debate político sobre la problemática agraria en el país que consideramos pertinente y oportuno. Lo invitamos, señor Presidente, a que acepte esta convocatoria.

 

Atentamente,

CUMBRE AGRARIA, CAPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Publicado enColombia
Viernes, 20 Mayo 2016 07:56

La Noche en Pie

La Noche en Pie

Surgió en protesta contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, que acaba de ser aprobada por el Parlamento, pero en realidad expresa un malestar mucho más profundo de sectores de la sociedad francesa y conecta en parte con la “indignación” manifestada por los españoles hace cinco años.

 

Desde el 31 de marzo pasado miles de personas ocupan una de las principales plazas de París, la de La República. El movimiento, llamado La Nuit Debout (La Noche en Pie), surgió en protesta contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, que acaba de ser aprobada por el Parlamento, pero en realidad expresa un malestar mucho más profundo de sectores de la sociedad francesa y conecta en parte con la “indignación” manifestada por los españoles hace cinco años y que tuviera traducciones similares en otras partes del mundo. El quinto aniversario del 15 M se celebró el fin de semana en alrededor de 500 ciudades de 25 países (la mayor parte europeas, pero también de Estados Unidos, Australia, Filipinas e incluso Chile), y hubo una delegación de los protagonistas de La Nuit Debout en la madrileña Puerta del Sol, así como ha habido intervención de los “15 mayistas” españoles en distintas expresiones de la revuelta francesa. “Ellos tienen millones, nosotros somos miles de millones”, fue el lema común de la conmemoración.


***


Desde aquel 31 de marzo, miles de ciudadanos, fundamentalmente jóvenes militantes de asociaciones, trabajadores precarios, gremialistas, también extranjeros indocumentados, invadieron la céntrica plaza parisina, ocupándola masivamente de día, y luego, por las noches, con acampadas. Desalojados, a menudo violentamente, por la policía, vuelven una y otra vez. Ya llevan más de un mes y medio en ese ida y vuelta. Han creado incluso su propio calendario, en un guiño a los revolucionarios de 1789, y hablan de 32 de marzo, 33 de marzo, 34 de marzo, etcétera. Es un movimiento asambleario, muy similar en ese plano a lo que fuera el 15 M, y está atravesado por tensiones del mismo tipo.


La ley de trabajo elaborada por la ministra Myriam El Khomri y fuertemente respaldada por el primer ministro, Manuel Valls, un “social liberal” partidario de cambiarle el nombre al Partido Socialista, ha logrado unir en su contra a distintos sectores hasta el momento dispersos, al proponer una flexibilización que no se había animado a impulsar la derecha: la reforma dispone que las jornadas laborales puedan durar hasta diez e incluso 12 horas en función de la necesidad de las empresas, suprimirá o disminuirá el pago de horas extra, privilegiará los acuerdos por empresa en vez de las negociaciones colectivas, dará mayores facilidades para despedir trabajadores “excedentarios”. Y así. Una reforma “radical” que entronca con lo exigido por la Comisión Europea a los países con legislaciones más garantistas, de cara, entre otras cosas a la armonización “por abajo” que se impondrá en caso de firmarse el tratado transatlántico de libre comercio entre Washington y Bruselas.


Aquel 31 de marzo el economista y sociólogo Frederic London, director de estudios en el Centro Nacional de Investigación Científica e investigador del Centro Sociológico Europeo, uno de los referentes intelectuales de La Nuit Debout, saludaba la involuntaria contribución de los gobernantes socialistas al movimiento: “Nunca tendremos cómo agradecer a François Hollande, Manuel Valls y Myriam El Kohmri la oportunidad que nos dieron de hacer converger todas nuestras luchas”, dijo.


En un artículo publicado recientemente en el diario en la web Mediapart, el filósofo Jacques Rancière, autor de libros como La palabra obrera, La noche de los proletarios y La filosofía y sus pobres sostuvo que de todas maneras no se le debe pedir mucho a un movimiento que dada su espontaneidad y juventud evoluciona de una manera poco ordenada y en direcciones todavía no muy claras.


La heterogeneidad de la convocatoria, la horizontalidad de la organización, el asambleísmo, la independencia política, han sido puntos de acercamiento básicos entre los dos movimientos surgidos con un lustro de diferencia a un lado y otro de los Pirineos. El 15 M y La Nuit Debout nacieron además bajo gestiones socialistas (de José Luis Rodríguez Zapatero y de Hollande), desafiando a las izquierdas tradicionales en el terreno de lo social y proponiendo “nuevas formas de hacer política”. También vieron la luz en coyunturas parecidas: Zapatero acababa de anunciar una dura política de recortes y una reforma laboral, más o menos en la misma línea que Hollande. En España el 15 M fue de todas maneras “tolerado”, y se debió esperar bastantes meses –hasta la instalación del gobierno de Mariano Rajoy– para que la criminalización de la protesta fuera una constante. La reacción francesa ha sido mucho más dura.


VIOLENCIA.


En la tarde del martes 10, una decena de días después de multitudinarias concentraciones obreras con motivo del Primero de Mayo en las que convergieron representantes de La Nuit Debout, miles de personas se congregaron en las afueras de la Asamblea Nacional para protestar ante la inminente aprobación de la ley de reforma laboral. El gobierno acababa de anunciar que recurriría a un artículo de la Constitución que autoriza la aprobación de proyectos de ley sin discusión parlamentaria, una disposición que unos años antes tanto Hollande como Valls consideraban antidemocrática y decían que debía ser eliminada. Pero la división interna de los socialistas, muchos de cuyos diputados calificaron a la reforma laboral como “de cuño neoliberal”, forzó al gobierno a recurrir a ese artículo para obligar a la bancada a votar unificada.


Ese 10 de mayo tuvo pues lugar una concentración pacífica, convocada por los colectivos animadores de La Nuit Debout, sindicatos y diversas fuerzas de izquierda, en las cercanías de un parlamento rodeado de fuerzas de choque de la policía con carros lanza agua. A pesar de que los manifestantes se mantuvieron tranquilos, parados detrás de sus pancartas o sentados con las manos levantadas, las fuerzas policiales los gasearon y persiguieron por las calles aledañas. Testigos dijeron haber visto a policías marchar al trote golpeando sus cachiporras contra los escudos, como si se tratara de militares. Lo cierto es que estas escenas se vienen repitiendo en Francia ante cada protesta social de cierta envergadura. El “estado de urgencia” vigente desde los atentados del 13 de noviembre, que ha sido renovado dos veces, es la excusa utilizada por el gobierno para justificar la actitud policial. Pero los excesos han sido casi que la norma. El 17 de diciembre, antes del nacimiento de La Nuit Debout, la policía había quebrado un tabú: reprimir a estudiantes dentro de un recinto universitario, cuando las fuerzas antidisturbios ingresaron a la Universidad de París I, golpeando y deteniendo a los jóvenes. Un día después, una marcha en solidaridad con los detenidos culminó con nuevos abusos policiales documentados por filmaciones. El grupo Defensa Colectiva (Defcol), integrado por abogados “comprometidos”, viene denunciando la violencia y la arbitrariedad de las intervenciones policiales en los conflictos sociales, empleadas a repetición en el caso de La Nuit Debout, por ejemplo para desalojar la plaza. El colectivo registra más de 300 detenciones por motivos políticos y en torno a 2 mil allanamientos de domicilios de militantes sociales, incluidos los de liceales menores de edad, entre diciembre pasado y este mes de mayo.


EXTENSIÓN.


A priori, el 15 M parece haber sido un movimiento mucho más espontáneo que La Nuit Debout, con un tiempo de gestación y permanencia en la plaza más corto (alrededor de un mes duró la ocupación de la Puerta del Sol) pero con estructuras que se definieron de una manera más concreta y una comunicación encauzada sin mayores dificultades. A La Nuit Debout le cuesta, todavía, extenderse más allá de algunas categorías y tener el carácter masivo que fue asumiendo el movimiento español. Le cuesta, por ejemplo, trascender hacia las periferias urbanas populares, cargadas de inmigrantes, y ese “déficit” ha sido una de las discusiones más reiteradas en filas del movimiento. La otra: el vínculo con los trabajadores sindicalizados, promovido expresamente por alguna de sus corrientes, y rechazado también expresamente por otra, que ve en las dirigencias sindicales a aliados de la preservación del sistema. De hecho, si bien La Nuit Debout comienza a definir estructuras mínimas, aún esta tarea le resulta complicada a la hora de concretar las ideas en acciones. La propia represión le ha hecho reconcentrarse, obligándola a destinar tiempo y recursos a la “interna” y a pensar formas de resistencia a los embates policiales, que provocan un desgaste difícil de superar.


Pero quizás la más importante de las diferencias entre el movimiento español y el francés tenga que ver con el después, y en particular con su relación con la política partidaria. En España, el 15 M surgió desafiando a los partidos –a todos–, y en las acampadas de la Puerta del Sol no se aceptaba la presencia de dirigentes políticos, del grupo que fuera. Esa, y el rechazo a los liderazgos “personalistas”, es una condición casi unánimemente aceptada por los 15 mayistas. Unos pocos meses después, de las filas del 15 M nacía Podemos, con la intención de “asaltar las instituciones” y articulado en torno a la figura de un fuertemente mediático dirigente, como Pablo Iglesias. En Francia, si bien La Nuit Debout se plantea como un movimiento horizontal donde nadie se siente representado por el otro y hasta los responsables de las distintas comisiones internas son rotativos, desde un comienzo la presencia de dirigentes políticos y sindicales ha sido aceptada. En la Plaza de la República se pueden ver por ejemplo puestos de las Juventudes Comunistas, del Nuevo Partido Anticapitalista y de la Francia Insumisa, un grupo liderado por el ex candidato presidencial del Frente de Izquierda Jean-Luc Mélenchon. Por ahí han pasado además referentes de distintas tendencias de la izquierda europea, incluido el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. En los debates que se arman por las noches –sobre precariedad, inmigración, refugiados, el Ttip, derechos civiles, violencia social, consumo, etcétera–, el del futuro del movimiento, su ampliación y hacia dónde ir, es de los que más caldea los ánimos...



(No) Futuro


El 20 de abril tuvo lugar en la Bolsa del Trabajo de París, a muy poca distancia de la Plaza de la República, una discusión sobre el futuro de La Nuit Debout. La convocó el equipo del diario Fakir, dirigido por el cineasta François Ruffin, realizador de Merci, patron!, la película símbolo del movimiento (véase recuadro), y dos de las comisiones de los movilizados (Convergencia de las Luchas y Huelga General). El objetivo de los convocantes era claro: “inyectar política en algo que se ha ido transformando en un ágora gigante” algo descosida, según resumió una cronista del diario digital Médiapart. Ruffin dijo entonces, y lo planteó nuevamente algunas semanas después, que si el movimiento no busca confluir con los sindicatos obreros se agotará en sí mismo. “Con La Nuit Debout ya respiramos mejor. Emociona, pero necesitamos un plan de batalla, una maduración política y eso vendrá de la mano de la confluencia con los sindicatos.” Entre los 350 participantes que se sucedían en la tribuna estaba Serge Halimi, director de Le Monde Diplomatique, para quien el movimiento francés debe evitar caer en la deriva en la que cayó el neoyorquino Occupy Wall Street, que “se enamoró de sí mismo” y murió de narcisismo. “Hay que trascender las luchas reivindicativas y la crítica para inscribir al movimiento en el largo plazo una vez que las manifestaciones y la ocupación decaigan”, declaró Halimi, que propuso a los nocheros franceses vincularse a la resistencia al Ttip, tanto o más “peligroso” que la reforma laboral de Hollande, para darle globalidad a un movimiento que “necesariamente debe tener una dimensión transfronteriza”. Pero entre los asambleístas de la Bolsa del Trabajo la idea que resonó con más fuerza fue la de ir preparando una huelga general. Según otro portal, Rue 89, alguien hizo referencia a que le alegraba que “algunas buenas consignas de los años setenta, como la de la unidad obrero-estudiantil, volvieran al centro de la escena, aunque también reconoció que los eventuales actores de esa deseada unidad son hoy muy distintos a lo que eran hace cuarenta años. Eso dificulta en mucho las cosas y crea malos entendidos mayores aun que los que había en los setenta”.


Pero si “malos entendidos” hay entre los jóvenes de las plazas –aun entre aquellos más afines a buscar la confluencia– y los sindicatos, qué decir de los que existen entre esos jóvenes y los habitantes de las ciudades periféricas, fundamentalmente los “no blancos” de piel, que tienen la sensación de que los rebeldes de La Repúblique no pasan de ser “unos pocos miles de hijos malhumorados o más o menos marginales de la pequeñoburguesía urbana, intelectual y blanca parisina”, según dijo en otra reunión una militante barrial de origen árabe. Ruffin reconoce la realidad de ese “muro” y es una de sus “obsesiones” destruirlo, pero no son pocos los colectivos de los barrios periféricos que sostienen que las buenas intenciones son una cosa y la realidad otra. “La izquierda de la izquierda hace años que admite su distancia con los jóvenes de los barrios populares, pero nada hace en los hechos para que nos sintamos atraídos hacia un movimiento como este”, sostiene por ejemplo la militante antirracista Sihame Assbague. Mohamed Mechmache, presidente de una asociación que forma parte de un colectivo de 200 grupos barriales (Pas Sans Nous, “No sin nosotros”), reclama que se los escuche “en serio”. “Ustedes se dicen indignados. Nosotros estamos indignados hace añares”, declaró en una reunión convocada por La Nuit Debout. “Más de treinta años llevamos los barrios populares en estado de emergencia. No se nos aplica el derecho, y los jóvenes de buena familia no se imaginan la violencia y la opresión escandalosa que vivimos en nuestros barrios”.


Daniel Gatti

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Paro distrital ante contraataque de Peñalosa para vender la Etb

Un paro distrital fue anunciado desde la sede de Sintratelefonos el lunes 2 de mayo. Su objetivo: impedir la venta de la Etb, para lo cual radicó solicitud el alcalde Enrique Peñalosa ante el Concejo de Bogotá. Versiones encontradas y cifras que se contraponen para justificar la privatización, el quinceavo intento de enajenación de esta empresa pública, cuyo inicial intento lo encabezó la administración de Mockus. Sintrateléfonos, Atelca y educadores distritales dispuestos a dar la pelea en contra de la privatización.

 

El lunes 2 de mayo, en rueda de prensa llevada a cabo a las 10:00 am en la sede de Sintratelefonos (1), fue anunciado a los medios el rechazo enfático del sindicato y de organizaciones sindicales asociadas, al quinceavo intento de privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá liderado en esta oportunidad, y de nuevo, por el alcalde Enrique Peñalosa. El pasado viernes 29 de marzo, cuando el Alcalde radicó el Plan de Desarrollo en el Concejo, solicitó al cabildo la autorización para vender la compañía de teléfonos más antigua del país, patrimonio histórico y comercial de los quienes habitan la capital del país.

Este anunció del Alcalde desencadenó la protesta. El presidente de Sintratelefonos, William Sierra; la presidenta de Atelca (Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines), Martha Alejandra Wilches y el presidente de la Ade (Asociación Distrital de Educadores) William Agudelo, anunciaron de manera conjunta el inicio de los preparativos para el inicio en los próximos días, de un paro distrital que tiene como principal objetivo ejercer presión para evitar la venta de la Etb. Ante esto fue enfático William Sierra: “[...] Se anuncia que el día jueves miraremos la hora cero para comenzar el paro con todas las empresas distritales, transportadores, etcétera, porque esto no nos lo van a robar tan fácilmente [...]”.

No es la primera vez que el Alcalde intenta vender la compañía. 18 años atrás, el primero de febrero de 1998, cuando el Concejo de Bogotá instaló el primer periodo de sesiones ordinarias y Peñalosa empezaba a desenvolverse en la primera administración de la ciudad, también solicitó el permiso para vender la compañía. Este proyecto de privatización tuvo que enfrentarse a cuatro acciones de nulidad y 14 demandas interpuestas antes los Tribunales de Cundinamarca y el Concejo de Estado. Seis intentos de privatización más lideraría el alcalde durante sus cuatro años de gobierno, pero no pudo vender la compañía porque en septiembre del 2000 las empresas Telefónica (España) y Telecom (Italia) abandonaron la mesa de negociaciones al vislumbrar irregularidades en la venta de la empresa que pretendían comprar ( https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28438-vuelve-y-juega-la-venta-de-etb.html ).

Este nuevo intento del alcalde, quien parece haber “quedado en ascuas” por su fracaso al intentar vender la compañía, tampoco será fácil de lograr pues organizaciones gremiales comienzan a levantar las banderas de lucha para oponerse a esta nueva privatización que acusan de improcedente, inviable, pero congruente con el talante neoliberal de la política del mandatario distrital. Una de las primeras acciones de Sintratelefonos para minar el proceso de enajenación consistió en remitir un comunicado al Concejo de Bogotá donde fueron señaladas las inconformidades de la asociación frente a la propuesta de venta de la Etb, además de solicitar al cabildo la autorización para presentar una exposición en alguna de sus plenarias, donde sea abordada la situación económica “real” de la empresa de telefonía. Además, el presidente de Sintratelefonos anunció que serán tomadas todas las acciones jurídicas (2) necesarias para impedir que se venda la empresa.

No es solo cuestión de política. En términos laborales el proceso de privatización también preocupa a los sindicalistas y trabajadores, así lo expuso William Sierra: “Vendrán despidos injustificados o justificados. Aplicarán unas indemnizaciones que no van a suplir las necesidades de esta cantidad de trabajadores que hay en Etb son más de 2.800, donde pasamos el promedio de los 40 años, pero en esos 40 años tenemos una experiencia y una experticia, en este momento con 30 o 40 millones de pesos que nos den de indemnización, ¿cuál será el futuro de 2.800 trabajadores y sus familias? ¿Qué pasará? Ese será el gran perjuicio para los trabajadores que han hecho de esta empresa rentable y competitiva, esa será la recompensa, pagarnos así [...] y ¿El futuro de 8.000 contratistas que todavía quedan? (3) ¿Qué pasará con ellos?”.

Si este paro distrital se concreta, será el primero de los grandes desafíos de la actual administración para llevar a cabo políticas que parecen multiplicar y radicalizar opositores. En esta oportunidad varios serán los sectores que se espera unan fuerzas, así lo confirmó William Agudelo: “Las organizaciones sindicales y sociales nos vamos a reunir en la Coordinadora Distrital, vamos a invitar también a los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional [...] Nosotros estamos preparando también al movimiento estudiantil, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, para ir a las movilizaciones [...] va a ser un paro distrital contra toda la política neoliberal impuesta por Peñalosa y privatizadora de entrega de los colegios en concesión, de entrega del espacio público, del espectro electromagnético [...] hasta los de Abastos van a salir porque estamos hablando con los compañeros a ver como rechazamos la reubicación que quiere hacer de Abastos [...]”.

Ánimos de lucro, negocios, favorecimientos y acumulación parecen estar guiando, al igual que los anteriores, este nuevo proceso de privatización aún cuando la empresa sigue generando importantes recursos como resaltó Martha A. Wilches: “La cifra que le ha otorgado la Etb a la Universidad Distrital desde 2002 a 2014 es de 13.8 millones de dólares, como ustedes saben la empresa, por ser una empresa del distrito aporta a la bolsa de la Alcaldía y la Alcaldía decide en qué se invierten [...] finalmente la Alcaldía es la que destina esos recursos y les recuerdo que el año pasado fueron 388.000 millones de pesos que se entregaron y que no sabemos en qué se van a dedicar en esta nueva administración”.

La estrategia de la administración distrital para justificar la venta de la Etb, además de retórica ( https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28313-la-retorica-amanada-para-justificar-la-venta-de-la-etb.html ), parece discurrir por el plano mismo de la administración. Así parece confirmarlo el hecho de que al asumir funciones su presidente, Jorge Castellanos, “archivó” el proceso de instalación de fibra óptica para la ciudad. Aunque en Bogotá la Etb cuenta con fibra óptica instalada en más del 80 por ciento del territorio, este servicio se encuentra disponible solo en 137.664 hogares de los potenciales 1.3 millones a los que puede llegar.

Tanto el Internet como los servicios de TV que la empresa presta vía fibra, la hacen altamente competitiva al ofertar velocidades de navegación hasta de 150 Mbps y un precio sin competencia en el mercado de estos servicios. Al día de hoy son incontables los pedidos de los usuarios solicitando la instalación de estas compañías y aunque existe la infraestructura, las instalaciones (de la calle a la casa) están suspendidas hasta nueva orden bajo los pretextos: 1. el marketing debe anteceder a la venta e instalación (pero también fueron suspendidos los recursos para publicidad), 2. la compañía no cuenta con el dinero para llevar a cabo la instalación (el sindicato parece tener cifras que contradicen esta afirmación). Una irresponsable dilación que afecta las cifras y la imagen de la Etb ante la ciudadanía. Nuevamente, ¿derribar la imagen, afectar financieramente la Etb para justificar su privatización?

Mientras los preparativos para el lanzamiento del nuevo paro se llevan a cabo, parte importante de la ciudadanía mira con preocupación este nuevo proceso de enajenación. El discurso del Alcalde ha pretendido justificar la venta de la Etb bajo el argumento de que el dinero será invertidos en una política social renovada que traerá consigo el mejoramiento de hospitales, colegios, vías, universidades y construcción de nuevas viviendas en la ciudad, cuando son los recursos de la Etb los que en parte han financiado en el transcurrir de los años estas mismas inversiones.

Los bogotanos y bogotanas esperan que en esta nueva oportunidad tanto la organización del paro como la movilización liderada por Sintratelefonos pueda ejercer la presión política necesaria para evitar la venta de la compañía, que puedan crearse mecanismos amplios de participación ciudadana en las protestas, de la misma manera que confía en que la disputa sea encauzada por los linderos del interés general y no sobre personalismos o intereses de gremio.

 

Notas:

1    Es una organización sindical democrática, clasista, autónoma, pluralista, unitaria y solidaria, conformada por los trabajadores y trabajadoras al servicio de la ETB, que promueve la defensa de los derechos humanos laborales, convencionales y el trabajo decente y digno en la sociedad, en el sector de las telecomunicaciones y en la ETB. Igualmente, la organización sindical promueve el diálogo social, la equidad de género, la protesta social y la defensa del Estado social, democrático y de derecho; que le brinda a sus afiliados y afiliadas servicios de asesoría, recreación, educación y capacitación; y que promueve la unidad sindical de todos los trabajadores en los niveles local, regional, nacional e internacional. Tomado de http://www.sintratelefonos.org/index.asp?id=2&ide=188&id_seccion=479&flota=b

2 Aunque los voceros del paro que apenas empieza a moverse se mostraron bastante cautelosos para destapar las cartas con las que en términos jurídicos jugarán la partida, Martha Wilches precisó: “ […] Sí le podemos informar que en este momento se está radicando un derecho de petición al Concejo, porque no sobra decirle a la ciudadanía que Enrique Peñalosa está ocultando información, está engañando a la gente. Cuando pasa su proyecto de Plan de Desarrollo no incluye a Etb por ningún punto de este articulado, cuando ya lo radica el día viernes el articulado es totalmente diferente, es decir, que no pasó por las diferentes instancias para revisión y para observación del Consejo Territorial. Eso es directamente un engaño a la ciudadanía y tenemos que estar atentos porque quiere engañarnos, así como está diciendo que Etb tiene que venderse para desarrollar un buen plan de trabajo social”. 

3 En la actualidad cuatro de cada cinco trabajadores (entre 10 mil y 11 mil ) de la Etb está vinculado a la empresa a través de esquemas de tecerización laboral que vulneran su dignidad al ofrecer bajos salarios, pocas condiciones de seguridad, violan sus derechos de asociación y proporcionan pocas condiciones de estabilidad laboral, entre otras afectaciones. Desde que asumió la presidencia Jorge Castellanos, a principios de año, han sido despedidos alrededor de 2.000 trabajadores que llevaban a cabo la instalación de redes y servicios en los hogares, establecimientos comerciales e industriales de la ciudad.

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Lunes, 02 Mayo 2016 19:17

El Plan anticorrupción del Cura

El Plan anticorrupción del Cura

Uno de los más graves problemas del gobierno es la corrupción que implica un despojo crónico de los recursos estatales y el enriquecimiento de elementos delincuenciales.


Lo hemos visto recientemente en el departamento del Quindío, en el que los clanes de la politiquería ligados a la mafia de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y su peligroso conyugue (el Toto de Vargas Lleras) realizaron el más inaudito saqueo de los dineros de las regalías petroleras transferidas a las arcas territoriales.


Digamos de paso, que en el Quindío se ha vivido, en años recientes, similar situación a la del departamento de la Guajira, de amplio conocimiento nacional.


Se trata de una problemática que requiere de la más decidida acción ciudadana para esclarecer, mediante exhaustivas investigaciones, el lugar o bolsillos al que fueron a parar casi 400 mil millones de pesos entregados como parte del sistema general de regalías establecido en el año 2010.


En ese sentido, con un grupo de expertos, vamos a revisar cada uno de los contratos depositados en los archivos oficiales, desde el 2011 hasta el 2015, mediante los que se ejecutaron, desviaron y esfumaron las regalías petroleras y mineras quindianas.


El triunfo del Padre Osorio como candidato a la gobernación para el periodo 2016-2019, es justamente la más contundente reacción de la ciudadanía frente a esa grave situación que afecta a la moralidad pública.


Consecuente con el respaldo masivo dado, ya en el ejercicio de su cargo como primera autoridad del departamento, el Gobernador acaba de expedir el Plan anticorrupción con el correspondiente mapa de riesgos y en los términos establecidos por diversas normas de la administración pública nacional ( http://bit.ly/1QNyV9U ).


Se trata de una trascendental herramienta que debe ser socializada entre los quindianos y apropiada para que estos puedan ejercer un control adecuado sobre el gasto público y la marcha de la administración departamental.


Dicho Plan anticorrupción ( http://bit.ly/1QNyV9U ) se orienta a la identificación de los riesgos y la indicación de las acciones para su adecuado manejo.


El Plan tiene varios componentes referidos a la regulación de los trámites para evitar su burocratización y manipulación por funcionarios maliciosos; las reglas de adecuada y oportuna atención al ciudadano; la realización transparente y abierta de las Rendiciones de cuentas; y los mecanismos para la transparencia y la atención al ciudadano.


Estos componentes tienen en el Plan una matriz estratégica con las correspondientes actividades, metas, indicadores y responsables a quienes se puede pedir informes en cualquier momento y circunstancia.


La Corporación más Transparencia emprenderá una amplia campaña de pedagogía y socialización para promover la aplicación del Plan anticorrupción adoptado en el Quindío y la aplicación de cada una de las acciones establecidas.

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Tierra y libertad: luchas campesinas por la humanidad

De Palestina a Brasil, pasando por Indonesia, Sri Lanka, Mozambique, País Vasco, Kurdistán, países europeos y latinoamericanos, llegaron hasta la Amazonia más de 170 delegadas y delegados de la Vía Campesina, pescadores artesanales y otros movimientos y organizaciones sociales, a la Conferencia internacional sobre reforma agraria en Marabá, Pará, Brasil, del 13 al 17 de abril de este año. La cita tenía mucha historia, razones y urgencias, además de abrazar desde los movimientos de todo el mundo el acto de memoria y protesta a 20 años de impunidad de la masacre de 19 campesinos en Eldorado dos Carajás en 1996, crimen de Estado a favor de latifundistas y por mano de la policía militar.

 

A 20 años de esa masacre de campesinos sin tierra, que motivó que La Vía Campesina declare el 17 de abril Día Mundial de las Luchas Campesinas, la criminalización y represión de campesinos, trabajadores rurales, defensores de territorios y derechos, incluso en regiones como Europa, sigue siendo un tema que atravesó las participaciones en la Conferencia, desde todas las esquinas del planeta.

 

Situación más grave aún sabiendo que la lucha por la tierra y por seguir siendo campesinas y campesinos, no sólo es justa, es un aspecto fundamental de la sobrevivencia de todos, estemos en campo o ciudad, y es un elemento esencial para responder a las más graves crisis planetarias.

 

Un 70 por ciento de los habitantes del planeta se alimentan gracias a la producción campesina, la pesca artesanal, la recolección de alimentos silvestres, las huertas urbanas. Pese a este notable aporte, solamente tienen 25 por ciento de la tierra agrícola global. (Grain, 2014, goo.gl/6uR1R7) 90 por ciento son campesinos e indígenas y hay millones de trabajadores agrícolas sin tierra. En casi todo el planeta, sufren ataques permanentes a sus modos de vida, tierras y recursos, además de políticas públicas discriminatorias, clientelares o para generar dependencia.

 

Sus tierras, en muchos casos las que quedaron después de ser desplazados de las praderas más fértiles, siguen siendo codiciadas y arrebatadas por grandes inversionistas, sea para instalar monocultivos de granos de exportación y/o árboles, para explotar otros recursos, para abrir paso a proyectos de infraestructura, energía, ampliación especulativa de mancha urbana, para transporte para todos esos emprendimientos o hasta para especular con mercados de carbono. O deben abandonarlas porque les secan y contaminan las fuentes de agua.

 

En todos los casos, la vida, las culturas, la enorme y esencial contribución histórica y presente de las formas de vida campesina e indígenas, parece siempre quedar en último lugar. No sólo en políticas que favorecen los intereses corporativos, también por el mito falso de que campesinos e indígenas producen poco, cuando en realidad son responsables de la alimentación de la mayoría de la población mundial.

 

La contracara es que el sistema alimentario agroindustrial, dominado por empresas trasnacionales, ocupa la mayor parte de la tierra y usa entre 70 y 80 por ciento de todos los combustibles y agua que se usan en la producción alimentaria, contaminando con agrotóxicos suelos, aguas y la comida de todos, con enorme desperdicio de alimentos desde el campo a los hogares. Esto es el principal factor de cambio climático, aunque solamente alimenta 30 por ciento de la población mundial y emplea una ínfima parte, la mayoría en semiesclavitud o salarios miserables.

 

Estas condiciones hacen que la lucha campesina por la tierra sea aún más importante. La conferencia de Marabá afirmó esa lucha, pero también dejó claro que su camino va mucho más allá. A partir de reflexiones y experiencias acumuladas en sus regiones, creciendo las conclusiones de su conferencia internacional de 2012 en Indonesia, plantearon nuevas metas y desafíos. Integraron a sus metas el concepto de reforma agraria popular, propuesto desde el trigésimo Congreso del Movimiento Sin Tierra de Brasil: la producción alimentaria es un tema de toda la sociedad y requiere ser asumida por todos los movimientos. La necesidad de alimentos es de todos, así como los impactos en salud, ambiente, sociales, económicos, culturales que el sistema agroalimentario conlleva. El sistema industrial es controlado por unas cuantas empresas trasnacionales que operan en todo el planeta y son un pilar fundamental del sistema de explotación global. Otros desafíos que formularon fue pasar de la lucha por la tierra a la defensa de territorios; integrar los conceptos de autonomía y soberanía alimentaria; cambiar el modelo de producción agrícola capitalista por otros basados en agricultura ecológica y campesina, cuestionando no sólo la propiedad de la tierra, sino también la matriz tecnológica que subyace al modelo capitalista; fortalecer los procesos permanentes de reflexión y formación política y teórica; desarrollar y crear medios propios de comunicación, a la par que denunciar la manipulación informativa de medios masivos; afirmar la lucha feminista, de género y por diversidad sexual; construir alianzas con otros movimientos y luchas urbanas y rurales; articularse a nivel internacional, especialmente contra trasnacionales, contra la criminalización; afirmar la solidaridad internacional en zonas de guerra como Palestina y Kurdistán.

 

Cuando lanzaron la convocatoria de la conferencia, no sabían que coincidiría con el reality show de votos comprados en el Congreso de Brasil para esta nueva clase de golpes de Estado. La conferencia lo denunció y expresó todo el apoyo a los movimientos contra el golpe. Pero la mejor medida fue sin duda la reflexión colectiva y crítica sobre lo construido, los errores, faltas y aciertos, asumiendo un amplio espectro de nuevos desafíos.

 

*Integrante del Grupo ETC

 

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Comunidades afro sumadas a ola de movilizaciones en el Cauca.

Segunda jornada de movilización social en el Cauca en menos de un mes. En esta oportunidad fueron 700 miembros de las comunidades afrocolombianas, agrupadas en 41 consejos comunitarios del norte del Cauca, quienes tomaron el día 26 de abril la Vía Panamericana en señal de protesta por la agudización de las condiciones sociales en que viven y por el incumplimiento del Estado ante antiguos pactos efectuados con la comunidad. Terminó la movilización el día 27 con el establecimiento de un nuevo comité de evaluación integrado por miembros del Gobierno y la comunidad. Hay dudas respecto a la capacidad de esta nueva instancia para ponerle punto final a la situación.

 

Vigentes se encuentran los factores artífices de profundas condiciones de pobreza, marginación y exclusión que caracaterizan la vida de las comunidades negras en el departamento del Cauca, foco de elevadas conflictividades y violencia en Colombia. En esta oportunidad fueron alrededor de 700 personas integrantes de los concejos comunitarios del norte del Cauca, quienes se manifestaron en la Vía Panamericana, entre la vereda Quimayo y el municipio de Santander de Quilichao, para denunciar esta realidad y demandar corrección a la misma.

En la mañana del 26 de abril inició la marcha nutrida por los representantes de 41 delegaciones provenientes de cada uno de los consejos comunitarios de la zona norte del Cauca. ¿Los objetivos generales? Levantar la voz en contra de situaciones irresolutas por gobierno colombiano, denunciar ante la comunidad internacional las constantes violaciones sobre los derechos étnicos territoriales, amenazas, muertes, y desplazamientos afrontadas por líderes en sus territorios.

Lo marchantes llevaban consigo exigencias especificas para el Gobierno: 1. La compra de tierras para el reconocimiento de los concejos comunitarios del norte del Cauca; 2. Consulta, consentimiento previo e informado sobre proyectos viales y de infraestructura proyectados sobre el territorio; 3. El cumplimiento de acuerdos pactados en otras movilizaciones; 4. Reparaciones y restablecimiento de derechos territoriales; 5. Inclusión de un enfoque diferencial en los acuerdos de paz que se desarrollan con los grupos insurgentes en el país; 6. Titulación como reservas especiales mineras los territorios de los consejos comunitarios del norte del Cauca. 7. La creación de programas de desarrollo social liderados por el Icbf y el Departamento de Prosperidad Social, con enfoque étnico diferencial y congruente con los planes de desarrollo propios; 8. La construcción de 20.000 viviendas rurales, afros y gratuitas; 9. Garantías ampliadas para la protección y cumplimiento de derechos humanos para los líderes defensores de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades.

Golpear y maltratar para ablandar, luego negociar. Otra vez la formula propuesta por el gobierno nacional para tratar a quienes se movilizan exigiendo derechos vulnerados. Así lo denunció Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), el martes 26 de abril: “Hacia el medio día, el ESMAD arremetió violentamente, atacando con gas lacrimógeno y balas de goma a mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s que se encontraban en la carretera panamericana que conduce de Cali a Popayán. Los miembros del ESMAD lanzaron granadas de gas lacrimógeno directamente contra las personas lo cual causó varios heridos al explotar las granadas de gas. Igualmente dispararon a quemarropa balas de goma contra [email protected] [email protected], [email protected] mayores de más de 70 años que tienen la sabiduría de conocer el valor de su territorio”.

Al día siguiente, el 27 de abril, tuvieron lugar las negociaciones entre representantes del gobierno departamental, nacional y consejos comunitarios afro. Fue acordado el levantamiento de la movilización y la ocupación por miembros de las comunidades de la Vía Panamericana. Sobre el acta del acuerdo señala el diario Proclama del Cauca : “En el acta, que lleva la firma de Carmen Inés Vásquez Camacho, viceministra del interior; Juan Pablo Diazgranados, viceministro de agricultura; María Isabel Ulloa, viceministra de minas; Oscar Campo, gobernador del Cauca; Alvaro Mendoza, alcalde de Santander de Quilichao; Nigeria Rentería, defensora delegada para los indígenas y las minorías étnicas; César Romero y Víctor Hugo Moreno, representante legal de la ACONC, se acordó la conformación de una mesa técnica integrada por 20 representantes de las comunidades con el equipo gubernamental designado para ello, la cual, instalada durante la segunda semana de mayo de 2016, revisará los acuerdos omitidos por el Gobierno para determinar las rutas con los plazos para su cumplimento, y que hacen relación al acta Salvajina 1986, acta INCODER San Rafael 2013; acta 7 de mayo de 2014, y actas de movilización de mujeres, diciembre 12 de 2014”.

Otra mesa técnica instalada entre Gobierno y comunidad, similar a la que en Popayán puso fin hace dos semanas, al paro departamental de maestros liderado por Asoinca (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28571-en-el-cauca-asoinca-docentes-levantan-paro.html). Una aparente voluntad de negociación gubernamental comienza a ser desplegada en el Cauca ante la masiva movilización de sectores sociales que intentan alcanzar reivindicaciones sobre problemáticas cuya soluciones fueron pactadas décadas atrás e incumplidas por cada una de las administraciones sucedidas hasta la actual. Como puede apreciarse, en esta nueva movilización seguían luchando por lo pactado desde el año de 1986. Inaudita situación.

 

Aprovechar la coyuntura para protestar.

 

La nueva coyuntura, generada por los diálogos establecidos entre Gobierno e insurgencias, vinieron de la mano con nuevos discursos oficiales en torno a la paz, reconciliación, rehabilitación de territorios y poblaciones golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Las comunidades y sectores sociales del Cauca responden ante las posibilidades que abre el escenario del postacuerdo para la superación definitiva de problemáticas, asumen la movilización como estrategia de integración al nuevo “proyecto de sociedad” cuya llegada comienza a vislumbrarse. No quieren quedarse por fuera del tren de la paz.

El momento es el propicio. Asumiendo la aparente apertura del Gobierno, la estrategia de movilización puede ser la apropiada, la misma que en menos de quince días ha tenido dos importantes episodios en el Cauca. Sin embargo hay motivos para dudar. El viejo proceder del Gobierno puede ser el mismo desplegado en esta oportunidad: enfrentar, golpear y encarcelar, negociar, dilatar e incumplir acuerdos a la comunidad. Al procedimiento se agrega el hecho nada despreciable que el contenido de las exigencias presentadas por las comunidades afros exigen la implementación de reformas en el municipio que chocan con los intereses de explotación de recursos y acumulación del posacuerdo, contra la vergonzosa estructura de tenencia de la tierra en el Cauca.

No es claro cómo podrá el Gobierno cumplir a estas comunidades en movilización, cuando ha dejado clara su posición de no discutir el modelo económico, el régimen de propiedad imperante en Colombia, mientras las exigencias de los pueblos Afro del Cauca encuadran precisamente en la necesidad de que estos dos temas, metidos entre paréntesis por el Gobierno, más allá de ser discutidos sean modificados en el plano local.

El Cauca se mueve apostando a la movilización popular, que no debe bajar la guardia, ni desarticularse ante dilaciones introducidas por los representantes del Estado colombiano. Tiempos de movilización popular donde se siembra esperando cosechar resultados en tiempos de paz.

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La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a Washington, desde donde se lanzan las políticas contra las drogas a las que se oponen los activistas, argumentando que están llenando de muertos América Central y México.

 

WASHINGTON, abr 2016 (IPS) - Todos los días, en la capital de Estados Unidos, se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas en la región. Aquí están, por ejemplo, las oficinas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos.

 

Washington ha sido clave en la historia de América Latina, desde las intervenciones militares que patrocina hasta su aval para salvar economías en riesgo. Pero poco se habla de su responsabilidad directa en dos de los mayores problemas de la región:

 

Uno, el flujo de migrantes que abandonaron sus países cuando la Casa Blanca y el Kremlin jugaron a la Guerra Fría en América Central. Y dos, la penalización de las drogas.

 

El presidente Richard Nixon (1969-1974) sentó las bases de la actual política persecutoria después que el nivel de consumo en los estadounidenses se elevó exponencialmente en los años 60.

 

Lo que nunca se ha reconocido es que el número de adictos a las drogas ilegales creció por el apoyo de la Casa Blanca a los productores de opiáceos, como la entonces Vietnam del Sur, ni tampoco la promoción directa del consumo que hizo entre sus soldados para resistir el infierno de la guerra que perdieron.

 

Tampoco se habla del beneficio económico que deja el combate al narcotráfico para los fabricantes de armas, ni del presupuesto millonario asignado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

 

Después de recorrer 8.000 kilómetros desde América Central, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a esta ciudad, que alberga la Casa Blanca, sede de la Presidencia, y el Parque Lincoln, testigo de muchas manifestaciones por los derechos civiles y donde Marthin Luther King dio su emblemático discurso por el trabajo y la libertad en 1963.

 

Los activistas promueven el cambio de enfoque en la política de drogas. Las posturas son diversas, pero todos coinciden en la importancia de abrir la discusión.

 

Aquí, tres posturas que apuestan a un cambio de paradigma para las comunidades que sufren las consecuencias de esta política.

 

1)  Con reservas, la legalización para la población blanca de clase media

 

En Estados Unidos, las víctimas invisibles de la guerra contra las drogas son los afroamericanos y los latinos, dice el activista Marco Castillo.

 

Entonces comienza a lanzar una serie de cifras que lo explican: 37 por ciento de las personas presas en cárceles federales son latinos por delitos no violentos vinculados a las drogas; 20 por ciento de los presos en prisiones generales son latinos, siendo ellos el grupo étnico migrante más bajo, con 17 por ciento.

 

“Discriminación, marginación económica, social y política, eso es lo que vemos. El tráfico de drogas, de armas, de personas, encuentra en las comunidades latinoamericanas condiciones para arraigarse porque la gente busca desesperadamente trabajo, tiene intereses de desarrollo y las opciones que el Estado provee no son suficientes”, dice Castillo.

 

“Por ahí es por donde se ha ido desarrollando esta industria, en las comunidades más pobres de Estados Unidos y América Latina, entonces se fortalece el estereotipo de que los latinos son traficantes, ‘gangueros’ o miembros de bandas delictivas y una vez más, se desarrollan políticas públicas de criminalización y persecución”, añade.

 

El activista mexicano, director de Asociación de Apoyo a las Familias Migrantes (Apofam) celebra las recientes legalizaciones del consumo de drogas que se han dado en distintos estados de Estados Unidos, como Colorado, Oregón, Washington y Alaska.

 

Sin embargo, advierte que de quedarse ahí, esas políticas serán benéficas solo para las clases medias, altas, blancas, privilegiadas, sin romper con las dinámicas de desigualdad que han generado violencia y marginación en las comunidades pobres.

 

“Lo que hay ahora (en Estados Unidos) son soluciones que tienen que ver con el derecho de clases medias y altas al consumo. En ese sentido el panorama no es el mejor”, argumenta Castillo.

 

“Las soluciones de regularización y legalización regionales no van a tener impacto en la vida de las comunidades, solo tenemos ciertos focos donde ciertas clases van a acceder al consumo y donde el resto de las poblaciones van a seguir sufriendo el impacto”, explica.

 

Por ello, aduce, “se necesita cambiar el enfoque, a uno de salud pública, libertades individuales y atacar las causas estructurales de desigualdad. Mientras haya comunidades pobres va a haber industria que saque ventaja de ello”.

 

2) Por una regularización con usos médicos

 

El obispo Martín Barahona subió a la Caravana por la Paz en su país natal, El Salvador, un país que inició 2016 con 23 homicidios diarios.

 

Lo hizo convencido de que la guerra contra las drogas es una excusa para justificar el armamentismo y militarización de los países de la región centroamericana.

 

Y también de que las principales víctimas son los jóvenes que viven la violencia de pertenecer o no a una pandilla, la violencia de la policía que persigue y la violencia de no tener acceso a sus derechos.

 

Para este obispo emérito de la Iglesia Anglicana, una propuesta es la regularización de las drogas para fines de salud.
“Venimos con la propuesta de una regularización de las sustancias psicoactivas, pero no con una visión punitiva sino de salud pública. Regularización en condiciones de que las drogas puedan ser usadas para tratamientos de medicina, con fines de salud, terapéutico, que esté a la mano de quien lo necesita, no de quien lo puede comprar”, explica.

 

3) Necesario, el combate a la impunidad

 

Vitalino Similoux Salazar, secretario general del consejo ecuménico cristiano de Guatemala, plantea la urgencia de fortalecer el estado de derecho y el sistema de justicia en los países latinoamericanos, a la par de la discusión del combate contra las drogas.

 

“Se empieza a hablar sobre la despenalización, la legalización, pero esto debe hacerse desde un tratamiento integral al tema, pero sobre todo políticas públicas que atiendan a las comunidades históricamente castigadas, como en Guatemala que han sido los migrantes”, dice.

 

Vitalino, quien ha escrito varios libros sobre los pueblos indígenas de su país, dice que la política prohibicionista de las drogas del gobierno de Estados Unidos, ha impactado en el ataque al derecho de los pueblos a migrar.

 

“El impacto es la militarización de la sociedad, la violación a los derechos humanos, lo que hemos visto en Guatemala es un impacto gravísimo en las familias migrantes, a ellas les ha tocado contener la violencia de la guerra contra las drogas, son atascados, agredidos y se les impide su derecho a migrar con el pretexto de detener el flujo de armas y drogas”, aduce.

 

“En lo personal, no creo en la legalización, para nosotros es un tema integral: educativo, informativo, fortalecimiento del estado de derecho y justicia. Sin eso, no podemos esperar resultados de otras políticas regulatorias o legalizatorias”, concluye.

 

Este artículo fue originalmente publicado en Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie financiado por Open Society Fundations. IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

 

 

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Inclusión financiera y dominación de espectro completo

Siendo la inclusión financiera una de las principales iniciativas neoliberales, es difícil aceptar el escaso debate existente entre quienes se proclaman enemigos de ese modelo centrado en el dominio del capital financiero. El Banco Mundial (BM) es el principal impulsor de la inclusión financiera, con el objetivo de que toda la población del mundo sea dependiente del sistema bancario que, en paralelo, se propone eliminar el dinero físico.


El argumento inicial consistió en que la inclusión financiera es necesaria para el combate al lavado de dinero y al narcotráfico. Luego el mismo banco fue agregando nuevos argumentos, muy similares a los que utiliza para el combate a la pobreza. En 2015, en su página web decía: Dos mil millones o 38 por ciento de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aun mayor de pobres no tiene cuenta bancaria (http://goo.gl/3Tf0Nt).


El BM defiende la tesis de que la inclusión financiera contribuye a reducir la pobreza, a empoderar a las mujeres e impulsar la prosperidad compartida. Entre sus objetivos figura que todos los ingresos y gastos de los sectores populares se realicen por vía electrónica y promueve que las prestaciones sociales no se paguen en efectivo, sino a través del sistema bancario, como ya viene sucediendo en varios países.


A corto plazo, el BM se propone llegar a otros mil millones de personas que hoy se encuentran excluidas del sistema financiero, utilizando incluso la palabra clave, exclusión, para dar la impresión de que son personas carenciadas y que el acceso a los servicios financieros es clave para su inclusión como ciudadanos (http://goo.gl/NCpYqp). El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, impuso metas para brindar acceso universal a los servicios financieros a todos los adultos en edad de trabajar a más tardar en 2020.


El objetivo es avanzar en la bancarización en los países emergentes y del sur del mundo. En Estados Unidos y en Europa las personas que no tienen cuenta bancaria son menos de 20 por ciento, cifra que trepa en América Latina a 50 por ciento y en varios países de África supera 80 por ciento de la población.


Lo que resulta llamativo, por decir lo menos, es que los gobiernos progresistas hayan adoptado esta política sin abrir previamente un debate. En Brasil, el salario creció 80 por ciento entre 2001 y 2015, pero el crédito individual aumentó 140 por ciento. El resultado es un crecimiento exponencial del consumismo y del endeudamiento de las familias: en 2015, 48 por ciento de sus ingresos se dedicaban al pago de deudas, frente a 22 por ciento en 2006.


La inclusión financiera es el primer paso para la eliminación del dinero físico, con lo que todos seremos dependientes de la banca y el sistema financiero, anulando o dificultando en extremo nuestra autonomía individual y colectiva. Es una modalidad micro de la dominación de espectro completo. En varios países, como Uruguay, ya se imponen limitaciones a la cantidad de dinero a extraer de los cajeros automáticos y este año los viajes en taxi deberán ser pagados con tarjetas de débito o crédito.


En Alemania hay una campaña contra la extinción del dinero físico bajo el lema El efectivo te protege de la vigilancia del Estado. Varios grupos políticos condenaron las limitaciones al dinero efectivo. El diputado del partido verde Konstantin von Notz explicó las razones en su Twitter: El efectivo nos permite permanecer en el anonimato durante las operaciones del día a día. En una democracia constitucional, es una libertad que tiene que ser defendida (http://goo.gl/CD53LE).


Los datos muestran una clara divergencia en el comportamiento de los alemanes respecto a otros ciudadanos de países desarrollados. Sólo 18 por ciento de los pagos en Alemania se hicieron con tarjetas en 2013, comparado con 59 por ciento en Reino Unido, 54 por ciento en Estados Unidos y 50 por ciento en Francia. Cuatro de cada cinco facturas las pagan con billetes y monedas (http://goo.gl/CD53LE).


Encuentro dos razones para que la inclusión financiera y la desaparición del dinero físico no sean parte de los debates necesarios en el pensamiento crítico latinoamericano, en las izquierdas y en los movimientos populares.


La primera es la opción por no cuestionar las bases actuales del capitalismo, o sea, poner en la mira al uno por ciento, aunque los discursos digan otra cosa. El capital financiero juega un papel central en el mundo actual y disputarle poder implica jugar fuerte, al punto de poner en riesgo la conservación de los sillones presidenciales y los beneficios que suelen tener los dirigentes políticos, ya que ese sector cuenta con enorme capacidad para provocar crisis y precipitar la caída de cualquier gobierno.


Atravesamos un periodo de acomodamiento de las izquierdas y del progresismo al sistema. Es más fácil criticar al imperialismo en abstracto que trabajar con las propias bases sociales que están entrampadas en el consumismo –y por lo tanto con el capital financiero a través de la banca– para que superen la cultura del consumo. La derrota cultural del campo popular ha llevado a desestimar el conflicto como fuente de los cambios y a sobredimensionar la cuestión electoral.


La segunda afecta de lleno al pensamiento y a los pensadores críticos. Puede definirse como la incapacidad de ir contra el sentido común, adaptarse a la realidad y no poner en cuestión las ideas hegemónicas entre los sectores populares por falta de compromiso con ellos. Es imposible avanzar si no se es capaz de nadar contra la corriente, lo que evidentemente implica cierto aislamiento, tanto de las instituciones estatales como de la parte de la población que aún cree en ellas.


Si el capital consigue consolidar un tipo de sociedad basada en el consumo de masas, habrá solucionado la principal traba para su dominación: la existencia de heterogeneidades estructurales y sociales. Aunque una parte de la izquierda cree que son resabios del pasado, sin tianguis, tequio y reciprocidad no podemos siquiera soñar con superar el capitalismo.

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Viernes, 15 Abril 2016 06:25

Las cuatro crisis de Brasil

Las cuatro crisis de Brasil

El fracaso del modelo del PT y de unas instituciones al servicio de las empresas lleva al gigante sudamericano a su mayor crisis en décadas.

En el caos brasileño es posible detectar cuatro crisis simultáneas, superpuestas en el tiempo pero no necesariamente encadenadas, en el sentido de que no hay un orden que lleve de una a otra. Sin embargo, hay canales comunicantes entre todas estas crisis que, en su conjunto, dibujan un panorama más que preocupante para la sociedad brasileña y, por extensión, para toda Sudamérica.


Brasil atraviesa una seria crisis de la democracia. La mayoría absoluta de los diputados han sido acusados en algún momento de corrupción, ya que no es posible acceder al Parlamento sin alguna financiación por parte de empresas privadas. Hay bancadas evangélicas, ‘de la bala’ (que defienden el armamento individual como autodefensa), del agronegocio, sindicales, y así, que involucran a casi todos los partidos aunque en proporciones diferentes.


Los estudios indican que por cada real donado a una campaña electoral las empresas consiguen 8,50 reales en contratos públicos, una relación alucinante que explica los cientos de millones de aportan a las cajas de los partidos. Pero ahí radica, también, el nudo del problema: los cargos electos (desde concejales en pueblos remotos a senadores) adquieren una deuda con las empresas que los financiaron. Que la pagan con obras públicas.


Mutaciones


En segundo lugar, existe una crisis de convivencia: entre ricos y pobres, entre petistas y antipetistas, entre blancos y negros, entre habitantes del sur desarrollado y los del norte “atrasado”. La base obrera del PT en São Paulo emigró hacia otros partidos, en particular al PMDB, un partico clientelar que no tiene programa. A su vez, la base social del caudillismo en el norte emigró al PT gracias a las políticas sociales.


En plena crisis política, Chico Buarque fue abucheado en la calle por apoyar al Gobierno; personas vestidas con color rojo son agredidas porque se supone que son de izquierda; una pediatra se negó a seguir atendiendo a un niño de un año porque su madre milita en el PT. Y así, hasta el infinito.


La tercera es la crisis del lulismo, ese proyecto encabezado por Lula y el PT que se propuso mejorar la situación de los pobres sin afectar a los ricos. Fue posible gracias a un ciclo virtuoso de aumento de los precios de las commodities que exporta el país, en particular soja, carne y mineral de hierro.


Los superávits comerciales lubricaron las políticas sociales y auspiciaron la integración de 40 millones de pobres a través del consumo. Funcionó unos años, hasta que llegó el abismo: la mitad del salario de los brasileños se la llevan las deudas con la banca, precio a pagar por el desenfrenado consumismo que impulsó el PT, facilitando el pago de coches nuevos hasta en 60 cuotas.


Por último, la crisis de modelo de país puede considerarse la suma del fracaso del PT y de las instituciones brasileñas. Los tres primeros gobiernos petistas habían diseñado una propuesta de “Brasil Potencia” que suponía un sostenido crecimiento de la economía, la integración de las mayorías excluidas, la modernización de la infraestructura y de las fuerzas armadas para defender la Amazonía y las reservas marítimas de petróleo, y un proyecto de integración regional integral, político, económico y de defensa, que trascendía la tradicional integración comercial que promovía el neoliberalismo.


La peor recesión del siglo


Con la crisis actual, todos los proyectos trazados y que comenzaron a caminar con cierta lentitud, se desbarrancaron. Brasil vive la peor recesión económica en un siglo, con la proyección de una caída del PIB del 4% para este año, que se suma al descenso del año anterior. Es un momento clave, decisivo, una crisis profunda cuya resolución marcará el lugar del país en las próximas décadas.


Es cierto que una parte de las élites juega contra el proyecto del PT, como la poderosa federación industrial de São Paulo, los grandes medios de comunicación, la clase media y los neoconservadores de EE UU. Pero también es cierto que la banca y el agronegocio no sólo no apuestan contra Dilma, sino que se han mostrado más cercanos al Gobierno de lo que cabía esperar. Sobre todo, es una crisis interna, que no viene de afuera como suelen argumentar algunos intelectuales.


El principal responsable es el propio PT. Porque mucho más allá de los errores cometidos –el proyecto lulista no contempló reformas estructurales en el país más desigual del mundo, para no enfrentarse a las élites dominantes–, se entrampó en la corrupción, al punto que buena parte de sus dirigentes está en la mira de la justicia o fueron procesados. Aunque consiga sobrevivir a este abril, la crisis de confianza entre sus propias bases sociales puede terminar hundiendo la barca del mayor proyecto progresista de la región.

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“La izquierda tiene que repensar su aparato teórico y táctico”

David Harvey, uno de los pensadores marxistas más prominentes de nuestro tiempo, se sentó con el activista colectivo AK Malabocas a discutir las transformaciones en el modo de acumulación capitalista, la centralidad del terreno urbano en las luchas de clase contemporáneas, y las implicancias de todo esto para la organización anti-capitalista.

 

AK Malabocas: En los últimos 40 años, el modo de acumulación capitalista ha cambiado globalmente. ¿Qué significan estos cambios para la lucha contra el capitalismo?


DH: Desde una perspectiva macro, cualquier modo de producción tiende a generar un tipo distintivo de oposición, la cual es un espejo curioso de sí mismo. Si miras atrás, en los ’60 o ’70, cuando el capital estaba organizado en grandes formas corporativas, jerárquicas, tenías estructuras de oposición que eran corporativas, tipos sindicalistas de aparatos políticos. En otras palabras, un sistema fordista generaba una oposición de tipo fordista.


Con el quiebre de esta forma de organización industrial, particularmente en los países capitalistas avanzados, se terminaba con una configuración del capital mucho más descentralizada: más fluida sobre el espacio y el tiempo que lo pensado previamente. Al mismo tiempo veíamos el surgimiento de una oposición que está ligada a las redes, a la descentralización y a la que no le gusta la jerarquía y las formas previas de oposición de tipo fordista.
Así, que de una manera curiosa, las y los militantes de izquierda se reorganizan a sí mismos en el mismo modo en el que la acumulación del capital se reorganiza. Si entendemos que la izquierda es una imagen en espejo de lo que estamos criticando, entonces tal vez lo que debamos hacer es romper el espejo y salir de esta relación simbiótica con aquello que estamos criticando.

MK: ¿En la era fordista, la fábrica era el principal sitio de resistencia. Dónde podemos encontrarla ahora que el capital se ha movido lejos del piso fabril hacia el terreno urbano?


DH: Antes que nada, la forma fabril no ha desaparecido. Todavía encuentras fábricas en Bangladesh o en China. Lo que es interesante es cómo el modo de producción en las ciudades centrales cambió. Por ejemplo, el sector logístico se ha expandido: UPS, DHL y todos sus trabajadores y trabajadoras están produciendo valores enormes hoy en día.


En las últimas décadas, un gran cambio tuvo lugar en el sector servicios también: los más grandes empleadores de mano de obra en la década de 1970 en los Estados Unidos eran General Motors, Ford y US Steel. Los más grandes empleadores de mano de obra hoy son Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken y Walmart. Antes, la fábrica era el centro de la clase obrera, pero hoy encontramos a la clase obrera más que nada en el sector servicios. ¿Por qué diríamos que producir autos es más importante que producir hamburguesas?


Desafortunadamente la izquierda no se siente cómoda con la idea de organizar a los trabajadores y trabajadoras de la comida rápida. Su imagen de la tradicional clase obrera no encaja con la producción de valor de los trabajadores y trabajadoras de servicios, los de distribución, de restaurants, de los supermercados.


El proletariado no desapareció, pero hay un nuevo proletariado que tiene características diferentes del que tradicionalmente la izquierda solía identificar como la vanguardia de la clase trabajadora. En este sentido, las y los trabajadores de Mc Donalds se convirtieron en las y los trabajadores metalúrgicos del siglo XX.


MK: ¿Si esto es lo que es el nuevo proletariado, cuáles son los lugares desde organizar la resistencia hoy?


DH: Es muy difícil de organizar en los lugares de trabajo. Por ejemplo, las y los trabajadorss de la distribución se mueven de un lado a otro. Así que esta población tal vez podría organizarse mejor fuera del lugar de trabajo, quiero decir, en sus estructuras barriales.


Hay una frase interesante en el trabajo de Gramsci de 1919 que dice que organizarse en el lugar de trabajo y tener concejos fabriles está muy bien, pero que deberíamos tener también concejos en los barrios también. Y los concejos de los barrios, dijo, tienen un mejor entendimiento de lo que son las condiciones de toda la clase trabajadora, comparado con el entendimiento sectorial de la organización en el lugar de trabajo.


Las organizadoras y organizadores fabriles solían saber muy bien lo que un trabajador metalúrgico era, pero no entendían lo que el proletariado era como un todo. La organización barrial habría incluido, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza urbana, de la distribución y las trabajadoras doméstica. Gramsci nunca tomó esto y dijo: “Vamos! el Partido Comunista debería organizar asambleas barriales”


No obstante, hay algunas excepciones en el contexto europeo donde los partidos comunistas organizaron, de hecho, concejos barriales, porque no podían organizarlos en las fábricas, por ejemplo en España. En la década de 1960 esta era una forma de organización muy poderosa. Por ello, como he discutido por un largo tiempo, deberíamos ver la organización barrial como una forma de organización de la clase. Gramsci sólo lo mencionó una vez en sus escritos y nunca lo desarrolló más en profundidad.


En Gran Bretaña en los ’80, hacía formas de organización laboral en plataformas a lo largo de la ciudad, sobre la base de concejos de oficios, que estaban haciendo lo que Gramsci sugirió. Pero dentro del movimiento sindical, estos concejos siempre fueron mirados como formas inferiores de organización laboral. Nunca se los trató como un componente fundacional de cómo el movimiento sindical debería operar.


De hecho, ocurrió que los concejos de oficios fueron a menudo mucho más radicales que los gremios tradicionales y eso era porque estaban basados en las condiciones de toda la clase trabajadora, no sólo de los sectores más privilegiados de la clase. Así, al punto de que estos tenían una definición mucho más amplia de la clase, los concejos tendieron a darse políticas mucho más radicales. Pero esto nunca fue valorado por el movimiento sindical en general, siempre fue mirado como un espacio en el que lxs radicales podían actuar.


Las ventajas de esta forma de organización son obvias: supera la brecha entre organizarse de manera sectorial, incluye todas las formas de trabajo “desterritorializado” y es muy adaptable a nuevas formas de organizaciones comunitarias y de base asamblearia, como Murray Boockchin planteó, por ejemplo.


MK: En las recientes oleadas de protesta -en España y Grecia, por ejemplo, o el movimiento Occupy- puedes encontrar esta idea de “localizar la resistencia”. Pareciera que estos movimientos tienden a organizarse alrededor de cuestiones de la vida cotidiana, más que en torno a grandes cuestiones ideológicas en las que la izquierda tradicional solía enfocarse.


DH: Por qué dirías que organizarse alrededor de la vida cotidiana no es una de las grandes cuestiones. Yo creo que es una de las grandes cuestiones. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y la vida cotidiana urbana es a lo que la gente está expuesta y en lo que encuentra dificultades. Estas dificultades residen tanto en la esfera de realización del valor como en la esfera de la producción del valor.


Este es uno de mis más importantes argumentos teóricos: todo el mundo lee el Volumen I del Capital y nadie lee el Volumen II. El Vol I es acerca de la producción del valor, el II es sobre la realización del valor. Al enfocarse en el Vol II, puedes ver claramente que las condiciones de realización son tan importantes como las de producción.


Marx a menudo hablaba de la necesidad de ver al capital como la unidad contradictoria entre la producción y la realización. Donde el valor es producido y donde es realizado son dos cosas diferentes. Por ejemplo, mucho valor es producido en China y, de hecho, es realizado por Apple o por Walmart en los Estados Unidos. Y, por supuesto, la realización del valor trata de la realización del valor por medio de costoso consumo de la clase obrera.


El capital puede conceder salarios más altos en el punto de la producción, pero luego los recupera en el punto de la realización por el hecho de que los trabajadores y trabajadoras tienen que pagar alquileres y gastos de vivienda más elevados, costos de teléfono, tarjetas de crédito y así sucesivamente. Así que las luchas de clase en torno a la realización, alrededor de viviendas más baratas por ejemplo, son tan significativas para la clase trabajadora como las luchas acerca de salarios y condiciones de trabajo. Cuál es el punto de tener un salario más alto si te es inmediatamente extraído en términos de gastos más elevados para tener un techo?


En su relación con la clase trabajadora, los capitalistas han aprendido hace mucho que pueden hacer un montón de dinero recuperando lo que antes habían entregado. Y, al punto que -particularmente en los 60 y 70- lxs trabajadorxs se empoderaron de manera creciente en la esfera del consumo, así que el capital comienza a concentrar mucho más en extraer valor a través del consumo.


Así que las luchas en la esfera de la realización, que no eran tan fuertes en los tiempos de Marx, y el hecho de que nadie lea el maldito libro (Vol II), es un problema para la izquierda convencional. Cuando vos me decís: “¿cuál es el problema macro aquí?”- bueno, ¡esto es un problema macro! La concepción del capital y la relación entre producción y realización. Si no ves la unidad contradictoria entre ambos entonces no vas a tener la imagen completa. Tiene lucha de clases escrita todo alrededor y no puedo entender por qué un montón de marxistas no logran ver cuán importante es esto.


El problema es cómo entendemos a Marx en el 2015. En los tiempos de Marx, la extensión de la urbanización era relativamente conveniente y el consumo de la clase trabajadora era casi inexistente, así que de lo único que Marx tenía que hablar era acerca de la clase trabajadora arreglándoselas para sobrevivir con un salario magro y cómo eran bastante sofisticados para hacerlo. El capital los dejaba hacer con sus propios dispositivos lo que les gustaba.


Pero hoy en día, vivimos en un mundo en el que el consumo es responsable de casi el 30% de la dinámica de la economía global; en EE UU llega al 70%. Así que ¿por qué estamos aquí sentados y diciendo que el consumo es casi irrelevante, pegándonos al Volúmen I y hablando acerca de la producción en lugar del consumo?


Lo que hace la urbanización es forzarnos a cierto tipo de consumo, por ejemplo: tienes que tener un auto. Y tu estilo de vida está dictado en muchos sentidos por la forma que toma la urbanización. Y de nuevo, en los tiempos de Marx esto no era significativo, pero en nuestros días es crucial. Tenemos que amigarnos con formas de organización que de hecho reconozcan este cambio en la dinámica de la lucha de clases.


Los grupos que marcaron los recientes movimientos con su estilo, viniendo de tradiciones anarquistas y autonomistas, están mucho más metidos en la política de la vida cotidiana, mucho más que las y los marxistas tradicionales.


Les tengo mucha simpatía a las y los anarquistas, tienen una mucha mejor línea en este tema, precisamente al lidiar con la política del consumo y su crítica acerca de lo que el consumo es. Parte de su objetivo es cambiar y reorganizar la vida cotidiana alrededor de nuevos y diferentes principios. Así que creo que esto es un punto crucial hacia el cual mucha de la acción política debería ser dirigida en estos días. Pero desacuerdo con vos cuando decís que esta no es una “gran cuestión”.


MK: Así que, mirando ejemplos de Europa del Sur -redes de solidaridad en Grecia, auto-organización en España o Turquía- parece ser muy crucial para construir movimientos sociales alrededor de la vida cotidiana y las necesidades básicas en estos días. ¿Ves esto como un acercamiento promisorio?


DH: Creo que es muy promisorio, pero hay una clara limitación ahí, lo que es un problema para mí. La propia limitación es la reticencia para tomar el poder en algún punto. Bookchin, en su último libro, dice que el problema con las y los anarquistas es su negación del significado del poder y su inhabilidad para tomarlo. Bookchin no va tan lejos, pero yo creo que es su rechazo a ver al Estado como un posible aliado hacia la transformación radical.


Hay una tendencia a considerar al Estado como enemigo, el enemigo al 100 %. Y hay muchos ejemplos de estados represivos fuera del control público en el que este es el caso. No hay duda: el estado capitalista debe ser combatido, pero sin dominar el poder del estado y sin tomarlo, pronto vuelves a la historia de lo que pasó por ejemplo en 1936 y 1937 en Barcelona y luego en toda España. Al rechazar tomar el Estado en un momento en el que tenían el poder para hacerlo, los revolucionarios y revolucionarias de España permitieron que el estado volviera a caer en las manos de la burguesía y del ala estalinista del movimiento comunista. Y el estado se reorganizó y aplastó la resistencia.

MK: Eso puede ser cierto para el estado español en la década de 1930, pero si miramos al estado neoliberal contemporáneo y el retroceso del estado de bienestar, ¿que queda de estado para conquistar, para aprovechar?

DH: Para empezar, la izquierda no es muy buena para responder la pregunta de cómo construimos infraestructura masiva. ¿Como construirá la izquierda el puente de Brooklyn, por ejemplo? Toda sociedad reposa sobre grandes infraestructuras, infraestructuras para toda una ciudad, como el suministro de agua, electricidad, etc. Yo creo que hay una gran reticencia dentro de la izquierda para reconocer que necesitamos diferentes formas de organización.


Hay áreas del aparato de estado, aún del aparato de estado neoliberal, que son terriblemente importantes; el centro de control de enfermedades, por ejemplo. ¿Cómo respondemos a epidemias globales como el Ébola o similares? No puedes hacerlo al modo anarquista del “hazlo tu mismo o tú misma”. Hay muchas instancias en las que necesitas alguna forma de infraestructura de tipo estatal. No podemos confrontar el problema del calentamiento global a través de formas descentralizadas de confrontación y actividades solamente.


Un ejemplo que es frecuentemente mencionado, a pesar de sus muchos inconvenientes, es el Protocolo de Montreal para enfrentar el uso de clorofuorocarbono en heladeras para limitar la afectación de la capa de ozono. Fue reforzada de manera exitosa en los ’90 pero necesitó de un tipo de organización que es muy diferente a aquella que proviene de una política basada en asambleas.


MK: Desde una perspectiva anarquista, yo diría que es posible reemplazar aún instituciones supranacionales como la OMS con organizaciones confederales que serían construidas de abajo hacia arriba y que eventualmente arribarían a una toma de decisiones global.


DH: Quizás a un cierto grado, pero tenemos que ser conscientes de que siempre habrá algún tipo de jerarquías y de que siempre enfrentaremos problemas como la responsabilidad o el recurso correcto. Siempre habrá relaciones complicadas entre, por ejemplo, gente lidiando con el problema del calentamiento global desde el punto de vista del mundo como un todo y desde el punto de vista de un grupo que está en el territorio, digamos, en Hanover o similar, y que se pregunta, por qué debería escuchar lo que ellxs están diciendo?


MK: Entonces, ¿crees que esto requeriría alguna forma de autoridad?


DH: No, va a haber estructuras de autoridad de cualquier modo, siempre las habrá. Nunca he estado en una reunión anarquista en la que no hubiera una estructura de autoridad secreta. Está siempre esa fantasía de todo siendo horizontal, pero me siento, miro y pienso, “oh dios, hay toda una estructura jerárquica acá pero está encubierta”


MK: Volviendo a las protestas recientes alrededor del Mediterráneo, muchos movimientos se han concentrado en luchas locales. ¿Cuál es el siguiente paso hacia la transformación social?


DH: En algún punto tenemos que crear organizaciones que sean capaces de ensamblar y reforzar el cambio social en una escala más amplia. Por ejemplo, será ¿Podemos en España capaz de hacer eso? En una situación caótica como la crisis económicas de los últimos años, es importante que la izquierda actúe. Si la izquierda no lo hace, entonces la derecha será la siguiente opción. Yo pienso -y odio decirlo- que la izquierda tiene que ser más pragmática en relación a las dinámicas que están ocurriendo ahora.


MK: ¿Más pragmática en qué sentido?


DH: Bueno, ¿por qué apoyé a SYRIZA aunque este no fuera un partido revolucionario? Porque abría un espacio en el que algo diferente podía pasar y eso era una movida progresiva para mí.


Es un poco como Marx diciendo: el primer paso hacia la libertad es la limitación de la duración de la jornada de trabajo. Demandas muy estrechas abren un espacio para resultados más revolucionarios, y aún cuando no hay ninguna posibilidad para ningún resultado revolucionario, tenemos que buscar soluciones de compromiso que sin embargo se apartan del sinsentido de la austeridad neoliberal y abren el espacio en el que nuevas formas de organización pueden tener lugar.


Por ejemplo, sería interesante si Podemos buscara organizar formas de confederalismo democrático, porque en cierto modo Podemos surgió de un montón de reuniones de tipo asambleario teniendo lugar a lo largo de España, así que tienen mucha experiencia con ese tipo de estructura.


La cuestión es cómo conectarán la forma asamblearia a formas más permanentes de organización, en relación a su creciente posición como un partido fuerte en el parlamento. Esto también vuelve a la pregunta de la consolidación del poder: tienes que encontrar maneras de hacerlo, porque si no la burguesía y el capitalismo corporativo van a encontrar modos de reafirmarse y tomar nuevamente el poder.

MK: ¿Qué piensas acerca del dilema de las redes de solidaridad llenando el vacío que dejó la retirada del estado de bienestar e indirectamente convirtiéndose en un aliado del neoliberalismo en ese sentido?

DH: Hay dos formas de organizarse. Una es el vasto crecimiento del sector ONG, pero mucho de eso está financiado de manera externa, no son organizaciones de base, y eso no se acerca a la cuestión de los grandes donantes que marcan la agenda, la cual no será una agenda radical. Aquí nos acercamos a la privatización del Estado de bienestar. Esto me parece que es muy diferente políticamente a las organizaciones de base en las que la gente dice “Ok, el estado no se ocupa de nada, así que vamos a tener que hacernos cargo de nosotros y nosotras mismas” Esto me parece que tiende a formas de organizaciones de base con un status político muy diferente.

MK: Pero ¿cómo evitar llenar esa brecha al ayudar, por ejemplo, a gente desempleada para que no sean exprimidos por el estado neoliberal?

DH: Bueno, tiene que haber una agenda anti-capitalista, para que cuando el grupo trabaje con gente todo el mundo sepa que no se trata sólo de ayudarla a arreglárselas sino que hay todo un intento organizado de tratar de cambiar políticamente el sistema en su integralidad. Esto quiere decir tener un proyecto político muy claro, lo cual es problemático con tipos de movimientos no centralizados, no homogéneos, donde alguna gente trabaja de un modo, otra trabajan de manera diferente y no hay ningún proyecto colectivo en común.


Y esto se conecta con la primera pregunta que hiciste: no hay coordinación acerca de lo que son los objetivos políticos. Y el peligro es que sólo estes ayudando a la gente a arreglárselas y que no haya política saliendo de ahí. Por ejemplo, Occupy Sandy ayudó a la gente a volver a sus casa e hizo un maravilloso trabajo, pero en última instancia, hicieron lo que la Cruz Roja y los servicios de emergencia federales deberían haber hecho.

MK: El fin de la historia parece haber pasado de largo. Mirando las condiciones actuales y los ejemplos concretos de lucha anti capitalista, ¿piensas que “ganar” es todavía una opción?

DH: Definitivamente; y más aún, tienes fábricas ocupadas en Grecia, economías solidarias a través de cadenas productivas siendo forjadas, instituciones de democracia radical en España y muchas cosas hermosas ocurriendo en muchos otros lugares. Hay un crecimiento saludable del reconocimiento de que necesitamos ser mucho más amplios y amplias en lo que concierne a la política en todas esas iniciativas.


La izquierda marxista tiende a desdeñar un poco estas cosas y creo que está equivocada. Pero al mismo tiempo no creo que ninguna de estas cuestiones sea lo suficientemente grande en sí misma como para lidiar con las estructuras fundamentales de poder que necesitan ser desafiadas. Aquí hablamos de nada menos que del Estado. Así que la izquierda debe repensar su aparato teórico y táctico.


Fuente: https://roarmag.org/magazine/david-harvey-consolidating-power/
Traducción: de Gabriela Mitidieri para Democracia Socialista, editado por VIENTO SUR

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